+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Oaxaca debería aprovechar la incidencia del sismo, para reforzar la cultura de la prevención

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Si la sociedad y el gobierno en Oaxaca lograran aprovechar integralmente la dolorosa experiencia del sismo del pasado siete de septiembre, esta sería el momento de convertir la crisis en una oportunidad. Es cierto que hoy el gobierno estatal se encuentra volcado en organizar la ayuda humanitaria para las miles de personas damnificadas, y que de la mano con el gobierno oaxaqueño, el federal trabaja en la organización de la reconstrucción de comunidades enteras. Lo que hasta ahora nadie ha hecho es considerar la necesidad de aprovechar esta circunstancia para redoblar la cultura de la prevención y la organización durante un evento de este tipo, que tanta falta hace en Oaxaca.

En efecto, hay una extraña coincidencia entre los expertos y la gente que ha recibido algún tipo de capacitación en materia de protección civil, y en aquellos que han vivido experiencias más o menos similares a la del terremoto del pasado siete de septiembre. Todos, sin excepción, afirman que si dicha eventualidad hubiera ocurrido en días y horas hábiles, muy probablemente el resultado habría sido exponencialmente mayor en cuanto a pérdidas humanas y lesionados. La razón simple, que esgrimen de entrada, radica en el hecho de que el pánico habría descontrolado a muchas personas y habría provocado accidentes que afortunadamente no ocurrieron, por la hora y circunstancia en que ocurrió el siniestro.

En ese sentido, afirman que, si el terremoto hubiera ocurrido de día, se habrían repetido muchas de las escenas que se han visto en otras eventualidades, pero magnificadas. Por ejemplo, en los complejos administrativos del gobierno estatal —Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, que son las de mayor tamaño—, se han realizado realmente pocas actividades calendarizadas y estandarizadas sobre qué se debe hacer en caso de una eventualidad de esta magnitud. Existen comités de Protección Civil por cada área administrativa —que en la mayoría de los casos cuenta con personal que sabe qué debe hacer—, pero la realidad es que no sólo ellos, sino todos los trabajadores de esos complejos, deberían estar verdaderamente conscientes de los riesgos que implica el no seguir las indicaciones adecuadas y preestablecidas de Protección Civil para un siniestro como ese.

Por eso, en un sismo anterior —el que ocurrió en Oaxaca el 20 de marzo de 2012—, en el complejo de Ciudad Administrativa hubo varios lesionados, pero ninguno como consecuencia directa del temblor de 7.4 grados en la escala de Richter, que ocurrió alrededor del mediodía de aquel martes. ¿Qué ocurrió? Que, como siempre, todos repetían hasta con cierto sarcasmo las cuatro indicaciones básicas frente a los temblores: no corro, no grito, no empujo, y me dirijo a la zona de seguridad. Sin embargo, en el momento en el que ocurrió la eventualidad, en su mayoría las personas —los trabajadores, jefes y demás— no sólo no atendieron correctamente las indicaciones de Protección Civil, sino que en muchos casos hicieron lo contrario.

Es decir, salieron despavoridos, gritando y suplicándole a Dios que detuviera el sismo, y corriendo sin control a través de las escaleras de los edificios para llegar de inmediato a las zonas de seguridad. Los trabajadores que sí lograron controlarse y decidieron, o dirigirse a una zona de seguridad dentro de cada uno de los edificios, o bajaron de acuerdo con las indicaciones y los planes de Protección Civil, pudieron corroborar que las personas que resultaron con alguna lesión fue por correr, por empujar, por resbalarse en las escaleras, por ser pisadas o lastimadas por otras personas que no cumplieron con las indicaciones básicas, o que —eso sí es irremediable— sufrieron de crisis nerviosa por el hecho.

Otra cosa que ocurrió en aquella ocasión, y que también fue muy recurrente en el sismo del 30 de septiembre de 1999, fueron las personas que salieron a las calles fuera de sí para tratar de llegar a sus casas. Ambos temblores ocurrieron en días y horas hábiles, y en las calles hubo infinidad de accidentes de tránsito derivados no del sismo en sí, sino de la falta de control de las personas que trataban de llegar a sus casas, o de ir por sus hijos a la escuela, pero lo hacían sin respetar las normas cotidianas de urbanidad al conducir.

REFORZAR LA PREVENCIÓN

Es perfectamente entendible que un padre o madre de familia quiera llegar de inmediato donde se encuentran sus familiares —sus hijos, sobre todo, máxime si son pequeños— para corroborar que todos se encuentran a salvo, luego de un sismo. Lo que no es comprensible es que pierda el control o, sobre todo, que su angustia se derive de la inexistencia de un plan previo de actuación para el caso de una contingencia.

Esto es nada nuevo: permanentemente, las autoridades y los promotores de la Protección Civil recomiendan a las familias establecer un sencillo plan de contingencias, consistente en que cada uno de los integrantes de la familia sepa qué hacer, a quién acudir, y fijar un punto de reunión para el caso de un sismo, en el que normalmente se interrumpen las comunicaciones y la situación puede tornarse caótica. En casos como esos, dicho plan llevaría a todos a hacer lo previamente planeado, independientemente de haberse podido comunicar o no. El problema es que en la mayoría de los casos, el miedo hace su presa a las personas, y la inexistencia de dichos planes hacen que se pierda el control y entonces la situación se torne doble o triplemente riesgosa para terceros.

En esa lógica habría que establecer algunas coordenadas básicas y hoy el gobierno estatal tiene esa oportunidad que no debe desaprovechar: debe explicar, por ejemplo, por qué —por su estructura de acero— es casi imposible que colapsen los edificios de Ciudad Administrativa y Judicial; por qué todos deberían tener un plan personal, familiar y grupal de protección civil para contingencias como la del pasado 7 de septiembre; y por qué es importante la realización de simulacros que no se presten a la chacota o las bromas que son muy comunes entre los trabajadores.

Del mismo modo, entre la población en general sería muy importante impulsar y redoblar esa parte de la cultura cívica en general. Tendría que ubicarse como parte de la ciudadanía, saber qué hacer en esas situaciones. Por eso mismo, no debería ganarle la soberbia a ninguno de los órdenes de gobierno frente a esta situación, ni suponer que como en la capital oaxaqueña, los Valles Centrales y algunas regiones no hubo daños, entonces se puede pensar que todo está muy bien y que no es necesario redoblar esfuerzos en la cultura de la prevención.

APROVECHAR LA CIRCUNSTANCIA

La sensibilidad actual frente al siniestro debería ser una oportunidad, derivada de la crisis, para concientizar a la población sobre el tema, y evitar correr los riesgos que implica un comportamiento inadecuado en una circunstancia como esta. Los oaxaqueños acabamos de vivirlo a flor de piel. No desaprovechemos esta oportunidad.

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