+ Entender las transformaciones sociales; ésta no es la primera
El pasado jueves, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso importante en la resolución del debate jurídico respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Por al menos tres argumentos distintos, la mayoría de los ministros del máximo tribunal de justicia en el país, refrendaron la constitucionalidad de la reforma al Código Civil, ocurrida hace unos meses en el Distrito Federal, a través de la cual se abrió la posibilidad de que personas del mismo sexo se unieran a través del contrato de matrimonio.
Esta decisión, independientemente de cuál sea la postura moral de cada persona o grupo, representa una decisión de avanzada en nuestro país, en cuanto a la validación legal de ciertas formas de tolerancia y no discriminación, establecidas en nuestra Constitución que, sin embargo, aún provocan cierta polémica entre la sociedad.
Recapitulemos, para contextualizar. En diciembre del año pasado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó modificaciones a la legislación de la capital del país, para abrir paso al reconocimiento de las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo. Y no sólo eso: también, dentro de la misma reforma legal, quedó abierta la posibilidad —que más bien, es una no limitación— de que esos matrimonios formados por personas del mismo pudieran acceder a los beneficios de la adopción de menores. Esto provocó polémica, molestia y hasta escozor en diversos sectores de la sociedad, por un cúmulo de razones que, en breves líneas, trataremos de reflejar.
Mucha de la polémica surgió incluso en quienes no veían con malos ojos una aprobación de esa naturaleza. Los defensores a ultranza de las libertades fundamentales y de los postulados acerca de que la igualdad entre las personas, radica justamente en el reconocimiento y la tolerancia a las diferencias que existen entre cada uno de los integrantes de la sociedad, se mostraron satisfechos con tal medida.
Pero fuera de ellos, otros sectores sociales más moderados, y que no reprobaban la medida, también se preguntaban si no eran éstos pasos demasiado acelerados, en medio de una sociedad que no parecía estar del todo preparada para entender y tolerar estas transformaciones sociales y jurídicas que sólo ocurren en los países más desarrollados del mundo; o si, en esa misma lógica, también muchos se preguntaban si no era esto un intento más por equiparar —haciendo algo así como una copia— a la ciudad de México con otras capitales cosmopolitas del mundo, sin que en realidad hubiera el sustento social o político suficiente como para hacerlo.
Otros grupos, contrarios a esas ideas y más ligados a los conservadurismos sociales, aseguraban más bien que dicha reforma era atentatoria en contra de una de las instituciones que son, según son, pilares fundamentales de la sociedad mexicana: la familia. Decían que al aprobar una reforma de esta naturaleza, se cometía una aberración no sólo jurídica, sino también en contra de los designios de Dios o de la naturaleza, que indicaban que la unión natural entre un hombre y una mujer tiene como objeto la procreación, y que por esa razón tratar de variar la forma de esa unión era nocivo para la sociedad, y que al final de cuentas la llevaría a destruirse desde su propia base.
En ese sentido, una polémica aún mayor —que en algunos casos llevó a varios hasta a la intolerancia más recalcitrante, a la discriminación, o a las demostraciones de homofobia— se suscitó al discutir el tema de las adopciones. Nadie ha tenido la posibilidad de probar científica y confiablemente la magnitud de los daños que se provocan a un menor al ser adoptado y criado por dos hombres o por dos mujeres. Pero todos, propios y extraños, vertieron opiniones de corte moral a una discusión que más bien tendría que haberse dirimido en el ámbito de lo jurídico, de lo psicológico o de todo lo que tiene que ver con la formación emocional y social de los menores.
APROBACIÓN CONSTITUCIONAL
Este asunto fue llevado por el gobierno federal, a través de una Acción de Inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte. La Procuraduría General de la República se inconformó por dichas reformas y, siguiendo el modelo conservador del panismo, presentó dicha acción para tratar de dejar sin efectos, a través de una declaración de inconstitucionalidad, las reformas ocurridas en diciembre pasado al Código Civil del Distrito Federal. Luego de conocer el asunto, la mayoría de ministros del Alto Tribunal establecieron un criterio a favor de la constitucionalidad de tales preceptos, basados en cuando menos tres razones distintas.
En su edición de ayer viernes, el periódico El Universal, apuntaba sobre el asunto, lo siguiente: “Los ministros Sergio Valls, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Arturo Zaldívar, José de Jesús Gudiño, Luis María Aguilar, Olga Sánchez y Juan Silva se pronunciaron por declarar válido el artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, pero lo hicieron por distintos motivos. De esa mayoría, tres ministros —Valls, Sánchez y Silva— se pronunciaron por validar la reforma, por considerar que se implementó en la capital del país para proteger los derechos de las parejas homosexuales a fin de evitarles un trato discriminatorio.
“Cuatro más —Franco, Zaldívar, Gudiño y Aguilar— se pronunciaron por declarar la validez porque consideraron que el DF y los estados de la República son libres de legislar y definir el concepto de matrimonio como consideren necesario, ya sea para permitir las uniones entre personas del mismo sexo o para limitarlas a parejas formadas por un hombre y una mujer. Y, de manera solitaria, en una tercera opción, el ministro Cossío propuso validar la reforma por considerar que la Constitución protege a la familia, sin importar el modelo del que se trate, y porque, derivado de esto, tampoco se puede considerar un modelo único de matrimonio.”
NUEVO DEBATE
Con esa votación y razonamientos, a los que hace puntual referencia El Universal, una sola cosa queda clara: que son constitucionales las reformas al matrimonio en el Distrito Federal; que esa decisión valida esencialmente una expresión social que, independientemente de que estemos o no de acuerdo con ella, es legítima y merece ser respetada; y que, sobre todo, tendrá que ser un paso a favor de la tolerancia y la no discriminación, en medio de una sociedad de avanzada que, según somos, pero que poco demostramos.
