+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Votar ‘5 de 5’, a favor del partido que sea, es un riesgo para nuestra débil democracia

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En el último tramo de las campañas proselitistas, las principales coaliciones y partidos que participan en la carrera por la Presidencia de la República, intensificaron el llamado a que los ciudadanos votemos “cinco de cinco”, el día de la jornada electoral. Dicha frase implica que la ciudadanía emita su sufragio por el mismo partido o coalición en las cinco papeletas electorales que recibirá el día de los comicios, para elegir Presidente de la República, Senadores, Diputados federales, Diputados locales y Presidentes Municipales. Las fuerzas políticas lo hacen por una conveniencia concreta. Sin embargo, ¿qué tanto le conviene a la democracia ese salto al vacío?

En efecto, desde el mes de marzo pasado el candidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador cambió radicalmente el sentido de su discurso, y dejó de orientarlo al llamado “proyecto alternativo de nación” o a su figura en específico, para centrarlo en el voto a los candidatos a diputados federales, senadores y cargos locales (diputaciones y alcaldías) de su partido.

En alguna lectura política, ese cambio se interpretó como parte de la confianza del tabasqueño sobre su fortaleza y posible triunfo; aunque también, y sobre todo, eso fue tomado como la preocupación del tabasqueño por la aparente imposibilidad de romper la inercia de la pluralidad en la integración de las cámaras federales, y con ello ver frenados —frustrados, quizá— los objetivos de su gobierno.

Y es que desde hace tiempo, López Obrador se ha asumido como un candidato robusto que ya no necesita seguir alimentando el ego de la imagen, y que más bien debe comenzar a preparar las condiciones para su gobierno. En esa lógica, lo que en un inicio pudiera verse como un desplante o un acto de soberbia, en realidad parecería estar más encaminado a generar las condiciones que hacen falta para poder consolidar un gobierno cómodo que le permita los márgenes para cumplir con su polémico y contradictorio programa de gobierno, y con las promesas concretas que también ha lanzado.

Si a Andrés Manuel le queda claro que aún en una democracia incipiente como la nuestra, sería imposible gobernar por decreto, entonces le debe preocupar sobremanera no ganar los suficientes espacios en el Congreso. Esa misma preocupación hoy es compartida por los demás candidatos presidenciales y fuerzas políticas, ya que tanto en la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, como en la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, han compartido el llamado a que los ciudadanos votemos el 1 de julio por los candidatos de los mismos partidos en todas las boletas electorales.

Todos quieren, en esencia, ganar no sólo la Presidencia sino la mayoría de los espacios en disputa. El sentido y la trascendencia de este llamado, es la misma que la del tabasqueño: romper la pluralidad de fuerzas políticas en el Congreso, porque eso implica un proceso más complejo y tortuoso de negociación entre partidos para sacar adelante casi cualquier reforma.

Paradójicamente, hoy que la sociedad está más polarizada y que el resultado electoral es particularmente incierto, resulta que todos le apuestan al ‘5 de 5’ como una fórmula de brincarse la impronta de la pluralidad que ha tenido nuestra democracia desde hace más de 20 años.

GOBERNAR CÓMODOS

¿Por qué quieren votos ‘5 de 5’? Van algunas razones:

López Obrador ha dicho que de llegar a ser Presidente podría tomar decisiones del tamaño de la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, la venta del avión presidencial, la cancelación de las reformas educativa y energética, y la modificación de los esquemas de combate a la corrupción y de nombramiento de los integrantes de órganos del Estado a los que la Constitución federal ya les reconoce plena autonomía, y sobre los que señala que su nombramiento es potestad del Congreso y no del Ejecutivo.

A AMLO le debe quedar claro que habría algunas decisiones que sí podría tomar y procesar como Presidente sin romper la división de poderes, pero que habría otras sobre las que simplemente no podría actuar. En el caso de la cancelación del nuevo aeropuerto o la venta del avión presidencial, tendría que establecer innumerables condiciones no sólo relacionadas con las acciones del Ejecutivo, sino también con la forma en que el propio Estado procesa los compromisos que contrae de forma institucional.

No obstante, todo cobra mayor complejidad cuando se asume la sola posibilidad de que el tabasqueño quisiera cancelar la reforma educativa o la energética. En ambos casos, la implementación y seguimiento de las reformas se encuentra en manos de órganos constitucionalmente autónomos —el INEE, en el caso de la reforma educativa; y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otros órganos no dependientes ni de Pemex ni de Hacienda, en el caso de la reforma energética— y no del Ejecutivo, como para que él quisiera encabezar los trabajos de desmantelamiento de dichas reformas.

Más aún: el propio Andrés Manuel sabe que en el caso de reformas como la educativa, tendría que ser su obligación no sólo la de impulsar la derogación de las disposiciones actuales, sino también y sobre todo, la de suplir esas normas por otras. Sería imposible pensar que podría derogar la reforma educativa —con todo el entramado legal que eso implica— para simplemente dejar todos los temas educativos en la situación en que se encontraban antes de la reforma. El principio constitucional y convencional de progresividad de las normas que contienen derechos humanos —y el derecho a la educación es uno de ellos— impedirá una derogación lisa y llana, y le terminará imponiendo la obligación de quitar una reforma educativa para impulsar otra.

Todo eso debe estarle preocupando a Andrés Manuel, a partir de una cuestión bastante concreta: está entendiendo que a pesar de la autocracia de su partido y de la verticalidad de las decisiones en el partido político que él comanda, al país no podrá administrarlo de la misma forma. Habrá diversos contrapesos a los que se tendrá que sujetar, y tendrá también que someterse al desgaste ciudadano que implicará el hecho de que deje de ser el líder opositor para convertirse en el presidente en turno.

COMODIDAD COMPARTIDA

Por esa razón, Andrés Manuel y todos los demás candidatos presidenciales, hoy están preocupados por impulsar el voto para sus demás candidatos, como una forma de allanarse el camino de su posible gobierno, pero también de salvarse —al menos parcialmente— del implacable juicio de los ciudadanos que ya están enojados, y que aún con el triunfo de cualquiera de los candidatos, seguirán molestos como hasta ahora cuando se den cuenta que las promesas de campaña son más fáciles de decir que de cumplir. Por eso el ‘5 de 5’ representa más riesgos que beneficios para nuestra democracia.

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