+ La discusión democrática va contra el pragmatismo
Como era de esperarse, la reforma constitucional y legal ocurrida hace dos días en el Estado de México, que canceló las candidaturas comunes, provocó fuertes cuestionamientos sobre las aspiraciones del gobernador Enrique Peña Nieto, y la forma en cómo está construyendo su propio escenario electoral para el próximo año. Nada disculpa al Mandatario por sus maniobras antidemocráticas. Pero esta discusión, debía también ponerse a contraluz respecto al tipo de alianzas (oportunistas) que fueron clausuradas. Parece ser que, al final, nadie sale bien librado.
¿Por qué el gobernador Peña Nieto está tan interesado en consolidar dicha reforma? En primer término, él mismo ha declarado que sus aspiraciones presidenciales se basan en el resultado de los comicios estatales de 2011. La prueba de heredar su cargo de Gobernador a otro priista, de llevarlo al triunfo a través de un resultado legítimo y aventajado; y de seguir teniendo el control del Estado de México —con todas las fortalezas y ascendencia política que ello implica—, habrá de ser un factor determinante para definir si tiene posibilidades o no de competir, el año siguiente, por la Presidencia de la República.
Nadie mejor que el propio gobernador Peña Nieto sabe que, en efecto, sin 2011 no habrá 2012. El aparente juego de palabras, nace precisamente del hecho de que los comicios estatales del próximo año serán la prueba de fuego no para quien aparezca como Candidato a Gobernador, sino para el mandatario saliente. Una derrota electoral dejaría estigmatizados no sólo a los más aventajados de sus colaboradores, sino sobre todo marcaría al mismo Peña Nieto como un perdedor. Esa imagen, para cualquier efecto —pero particularmente el político—, sería simplemente devastadora. Y qué decir de ello, si luego de la derrota llegara a convertirse en candidato presidencial.
Además, la llamada Ley Peña Nieto responde a otros intereses, que tampoco están alejados del ámbito electoral. Desde 2009, el Gobernador del Estado de México, y el de Oaxaca, cerraron sendos acuerdos a través de los cuales, los diputados de esas entidades federativas apoyarían las cuestiones que se dispusieran en la casa presidencial, a cambio de que el Partido Acción Nacional prometiera no realizar alianzas en los estados en donde habría comicios para renovar las gubernaturas en 2010.
Evidentemente, unos y otros no cumplieron. Y lo grave de todo esto, fue la fuerte disputa, y los amagues, que unos y otros enderezaron en contra de ellos mismos, por los incumplimientos de un pacto antialianzas, y de un incremento de impuestos, que ni eran legítimos, ni eran democráticos, ni respondían a los llamados de la sociedad para construir una democracia más fuerte y consolidada.
El problema no sólo fue que se rompieran los pactos electorales por la modificación del esquema presupuestario para 2010. La crisis de fondo, en realidad, impactó apenas en julio pasado, cuando en entidades en las que el tricolor parecía invencible —como Oaxaca—, fue derrotado por una alianza de partidos de oposición que ni tienen concordancias ideológicas ni prácticas políticas comunes entre sí, pero que lograron conjuntar todos los elementos para poder aventajarlos en número de votos.
Así, a través de dicha reforma, dicen, el gobernador Peña Nieto quiere cancelar de fondo cualquier posibilidad de que en la entidad que gobierna pueda erigirse un pacto electoral entre las fuerzas de derecha e izquierda, que ponga en riesgo no sólo la posibilidad de que el Estado de México quede en manos de un priista; sino, sobre todo, entraña la inquietud del gobernador Peña Nieto por arreglar las cuestiones que, para sus intereses, son indebidas políticamente hablando, y con ello mandar a cancelar las candidaturas comunes para fortalecer su futuro político.
DEMOCRACIA Y PODER
En este punto, es necesario diferenciar los argumentos que tienen que ver con razones democráticas, y los que se establecen a partir de las conveniencias y el pragmatismo de la praxis política pura. Los primeros son aquellos que pretenden analizar las cuestiones positivas o negativas que, para el entramado democrático del país, representa una reforma como la reciente del Estado de México. Y los segundos son los que se refieren al ejercicio puro del poder, y la necesidad permanente que existe entre quien lo detenta, de tratar de mantenerlo y utilizarlo al máximo a su favor.
En el primero de los casos, veamos lo que apunta el constitucionalista Lorenzo Córdova Vianello en un texto publicado ayer en El Universal. Dice que, ante esa reforma, “resulta inevitable pensar en la regresión que implicó la reforma electoral de 1990, cuando en el plano federal se prohibieron las candidaturas comunes (que habían sido permitidas por las reformas de 1977 y de 1986) como una clara reacción al inesperado resultado que obtuvo la postulación de Cuauhtémoc Cárdenas por varios partidos que en las elecciones presidenciales de 1988, y se endurecieron los requisitos para conformar coaliciones electorales.”
Dice, además, que al ser la conformación de alianzas una responsabilidad de los partidos, resulta contradictorio con las dinámicas propias de los sistemas de partidos en una democracia, el tratar de condicionar desde las normas la posibilidad de que se produzcan alianzas electorales. Por eso, a juicio del constitucionalista, dicha reforma es restrictiva y regresiva.
Sin embargo, es también necesario ver la razón de fondo por la que se llegó a esta controversial decisión. En un ejercicio puro de pragmatismo, en 2010 se trabaron diversas alianzas igualmente regresivas y contradictorias, entre partidos ideológicamente distintos que, por ende, no tuvieron la capacidad de explicar su unión más que por la alternancia y por la búsqueda del poder, pero no en verdaderas plataformas o contenidos programáticos comunes.
PRAGMATISMO EN EL ESPEJO
Digan lo que digan quienes se coaligaron, éstas fueron meras alianzas de oportunidad que no tienen otra justificación inicial, más que la de la búsqueda del poder. Hasta que asuman las gubernaturas que ganaron, podrán demostrar si existe en ellos verdadero contenido político y democrático. Lo grave del asunto es que una decisión pragmática (la de las alianzas) derivó en otra (la ley Peña Nieto) que es igualmente nociva para la democracia. Por el bien del país, se debía reparar más sensiblemente, en esta forma suicida de hacer política y disputarse el poder.
