+ Gobierno erró estrategia apelando a la piedad

Ayer, mediante un comunicado, finalmente el Gobierno del Estado de Oaxaca rechazó cualquier intento de llevar a cabo operativos para detener vehículos que ostenten placas emitidas por otras entidades federativas. La negación de de ese tipo de actos de molestia, constituye a todas luces un triunfo de la ciudadanía, que a mediano plazo también contribuirá a que el gobierno estatal centre bien su relación con los contribuyentes y permita establecer una dimensión justa a este debate que, por distintas razones, se ha llevado innecesariamente a los extremos.
Ayer, al filo de las tres de la tarde, la Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo, emitió un escueto comunicado de cuatro pequeños párrafos, en el que, textualmente, asentaba lo siguiente: “El Gobierno del Estado informa que no realiza ni llevará a cabo ningún operativo en contra de vehículos con placas de circulación foráneas.
“Luego que en los diferentes medios de comunicación se difundiera que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSP), encabezaba este operativo, esta dependencia aclara que no se tiene previsto acciones de esta naturaleza.
“La dependencia señala que no existe ninguna ley que obligue a los ciudadanos en portar placas exclusivamente del estado, lo único que establece el reglamento es portar placas vigentes, por lo que la SSP solo ha buscado concientizar a la gente, con el fin de que los recursos que se cobren por derechos de emplacamiento sirvan para apuntalar el desarrollo de Oaxaca.
“En ese sentido, el personal que integra a la Secretaría de Seguridad Pública está comprometido a preservar la legalidad y seguir el ejemplo del Gobernador Gabino Cué Monteagudo en el sentido de conducirnos dentro el  orden institucional.”
¿Qué se desprende de todo esto? Son varios aspectos, de entre los cuales se destacan dos para estos efectos. El primero de ellos, es que como finalmente lo acepta la administración estatal, no existe fundamento jurídico alguno para sostener la ilegalidad de los emplacamientos en otras entidades federativas, pues tal y como se encuentra asentado en los reglamentos que al efecto ha emitido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal —que es la legalmente encargada de normar la emisión de estas medidas de identificación en todas las entidades del país—, lo único que se exige es que la portación sea de placas vigentes en la entidad federativa en la que fueron emitidas.
Esto significa, también, que como se veía desde el principio, la ciudadanía no estaba tan equivocada como lo trataban de hacer ver las Secretarías de Finanzas y Seguridad Pública Estatal; y que la ciudadanía tampoco estaba tratando de defender una ilegalidad, como también intentaron señalarlo ambas dependencias.
Y el segundo de los aspectos, tiene que ver con la escasa sensibilización que hasta el momento ha podido hacer el gobierno estatal de las necesidades económicas del estado, frente a la ciudadanía. ¿De qué hablamos?
De que, como lo señala en el comunicado, el gobierno de Oaxaca intenta por todas las vías recaudar más impuestos. Para ello ha aplicado una serie de medidas impopulares, justamente como el negarse a derogar la tenencia vehicular y, como en este caso en particular, ha buscado “concientizar” a los oaxaqueños sobre la importancia que tiene el pago de impuestos como detonante del desarrollo estatal.

CENTRAR LAS SOLUCIONES
El problema, es que el gobierno estatal no termina de entender que la ciudadanía no piensa, ni tiene por qué pensar, como si fuera parte del gobierno, o como si tuviera la responsabilidad en el manejo de éste; pero también queda claro que el gobierno tampoco ha estado dispuesto a ponerse en los zapatos de los oaxaqueños, porque tampoco tiene el deber de hacerlo.
¿De qué se trata todo esto? Que independientemente de las necesidades del sector público, es claro que el ciudadano siempre optará por acudir a donde pague menos. Eso es lo lógico, es justamente lo que está sucediendo; y es la razón por la que desde hace meses se ha conminado al gobierno estatal a promover incentivos reales a la ciudadanía —y no los “mejoralitos” que hasta ahora ha tratado de dar— para que ésta decida seguir emplacando sus autos en Oaxaca, y no busque ir a otros donde dicho impuesto se encuentra derogado.
Y lo que ya debiera entender el gobierno, es que apelando fallidamente a la piedad (por lo pobres que somos, y por lo benéfico que sería que todos pagaran sus impuestos), aquí se siga generando un desgaste de la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Es evidente que ésta tiene que pagar lo justo. Pero es también claro que, en las condiciones actuales, será muy difícil que se logre obligar a pagar aquí por lo que ya no se paga, y también es legal, en otras entidades federativas.
¿Para qué creemos que servirá todo esto? Primero, para que el gobierno no intente de nuevo tomar medidas ilegales para cobrar. Pero, en segundo término, también servirá para que el gobierno ahora sí cobre con toda legitimidad los impuestos que están autorizados por la ley. Esta discusión, en el fondo, no versó sobre si se debe seguir o no pagando la tenencia —cuestión que sería muy benéfico someter a consideración colectiva, pero que de antemano se sabe que el gobierno no lo permitirá por lo previsible de su resultado—, sino los límites que debe haber en el cobro de ésta.
A partir de ahora, lo que debe ocurrir es —ahora sí— un ejercicio creativo en el planteamiento de alternativas para mejorar la recaudación, incluso a costa de los derechos vehiculares. Pues queda claro que siguiendo la ruta que lleva hasta ahora esta discusión, lo único que ocurrirá es que los extremos se acentuarán, y será más difícil encontrar soluciones efectivas y posibles para un asunto tan importante como este.

TRAGEDIA EN EL CIVIL
El pasado 13 de enero, falleció un bebé de siete días de nacido, en un accidente automovilístico ocurrido en la calle doctor Mario Pérez Ramírez, justo a unos metros de donde se realiza la obra de ampliación de la Sala de Espera para familiares de internos en el Hospital General “doctor Aurelio Valdivieso”. Esto, a decir de los vecinos, nunca había ocurrido. ¿Esto fue consecuencia indirecta de la obra, o una desafortunada casualidad? Lo cierto es que hechos como esos, sólo contribuyen a cuestionar una obra de por sí polémica. Por eso, pronto abundaremos en el tema.

+ Urge discusión serios, sin ataques ni enojos oficiales

Qué lamentable que el sector oficial asuma como “chismes de las redes sociales” un intento genuino de la ciudadanía, por inconformarse en contra de una potencial medida de cobro de impuestos en contra de los automovilistas. Qué lamentable, también, que la autoridad tenga una visión tan reducida de lo que significa la ciudadanía, y asuma como ataques las reacciones que ésta tiene ante ciertas disposiciones que son consideradas como ilegítimas e ilegales. Esto es lo que ocurre, hoy en Oaxaca, alrededor del cobro de la tenencia vehicular, y de la actitud frente a los automotores que ostentan placas de otra entidad federativa.
Desde mediados de la semana pasada, en algunos espacios periodísticos, y en redes sociales como Twitter, se comenzó a insistir en el hecho de que tanto la Secretaría de Finanzas, como la de Seguridad Pública Estatal, preparaban operativos para detener a todos los vehículos que circularan por calles y carreteras estatales, y que portaran placas de otras entidades federativas.
Se decía que el intento iba encaminado a confrontar el domicilio del emplacamiento, con el domicilio proporcionado por el dueño del vehículo en sus demás documentos vehiculares. Si se corroboraba que en el emplacamiento había un domicilio foráneo, y que en los documentos había otro de la misma persona pero en la entidad oaxaqueña, entonces podrían configurar un supuesto jurídico de evasión fiscal, y que a través de ello podrían inmovilizar el vehículo y llevarlo a un encierro, y obligar al propietario a pagar aquí su tenencia para recuperar la unidad de motor.
El intento no parecía del todo lógico, a la luz del derecho. Todo aquel que tiene medianos conocimientos jurídicos, sabe que si bien existe cierta irregularidad en el emplacamiento de un vehículo en una entidad federativa a sabiendas de que se habita en otra, también es cierto que los supuestos (prácticos, económicos, fiscales, o por evitar actos de molestia, etcétera) por los que una persona decide emplacar su auto en uno u otro estado de la República, son simplemente infinitos.
En ese sentido, coincidió el señalamiento, con el hecho de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal sí inició operativos “de concientización” a la ciudadanía sobre los supuestos beneficios del emplacamiento en el estado; pero aunque la autoridad se negó a reconocerlo públicamente, aquellos que fueron objeto de los operativos señalan que los agentes de la Policía Estatal que los detuvieron, les dijeron que la “concientización” sería sólo pasajera, y que después se tomarían otro tipo de medidas (coercitivas) para conseguir que esos ciudadanos emplacaran sus unidades en el estado de Oaxaca.
Todo eso despertó una importante reacción ciudadana en contra de la medida. Al menos en las redes sociales, la espontaneidad demostrada frente a los cuestionamientos hechos por algunas personas, fue inmediata y contundente.
Por eso, el mismo jueves por la tarde el secretario de Finanzas se dio a la tarea de desmentir los rumores, asegurando (en el caso particular, al autor de este espacio, quien así lo dejó asentado en su cuenta de Twitter) que si bien estaban en contra de los emplacamientos que él calificó como “ilegales”, también dijo que buscarían algunas otras medidas para conseguir que más oaxaqueños emplaquen sus vehículos en la entidad, y por consiguiente disminuyera el número de vehículos que circulan en la entidad con placas de otras entidades federativas.

NO SE AYUDAN
Parecía que el mismo jueves el tema había quedado agotado. Habiendo escuchado las precisiones del secretario Cajiga, muchos confiaron en que los operativos no se llevarían a cabo. Sin embargo, al día siguiente el secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, insistió en el tema, y tanto en declaraciones a la prensa, como en su cuenta personal de Twitter, confirmó la medida.
Por ejemplo, a través de su cuenta @jaimeguerrero08, el reportero Jaime Guerrero preguntó directamente al secretario López Escamilla (quien responde personalmente en la cuenta @sriosegoax), el pasado 13 de enero, si “@GobOax [haciendo referencia al Gobierno del Estado] pretende detener vehículos con placas d otros Estados x supuesta evasión fiscal…”// será así @SrioSegOax, confirmado?” A lo que Lopez Escamilla (@SrioSegOax) respondió tajante: “si”.
Con esta posición, que luego trató de ser fallidamente matizada en algunos medios locales, era el propio secretario López Escamilla quien reabría un debate, que ya no sólo versaba sobre el emplacamiento, sino también la visión que tienen de cómo la ciudadanía debe responder ante las disposiciones de la autoridad.
Quedó claro que para él, y para todo el gobierno, la ciudadanía tiene negado el derecho a inconformarse con una medida que considera injusta, y que tampoco tiene derecho a expresarlo. Así quedó claro cuando ambos funcionarios, López y Cajiga, decidieron reducir todo a un “chisme de las redes sociales” y hasta se mostraron sarcásticos frente al genuino derecho de ciudadanos de expresarse en contra de algo que, según ellos, no estaba en los planes hacer, pero que de algún modo sí estaban ejecutando.
La respuesta ciudadana a todo esto, fue excepcional. Porque aunque ésta no gustó a los funcionarios, y trataron fallidamente de llevar a cabo un “control de daños” también pésimamente planeado, lo cierto es que los oaxaqueños que se expresaron (nos expresamos) lo hicieron como debieran ser todas las protestas: inundadas de ideas y argumentos sobre el tema; porque de inmediato quedaron excluidos los ataques personales; porque en la expresión de la inconformidad nadie violó la ley (como sí lo hacen las organizaciones de lucha social, que cierran calles o toman oficinas públicas, y que lejos de ser fustigadas, son protegidas por la autoridad); y porque finalmente la ciudadanía dio muestras claras de estar despierta y pendiente para hacer frente a medidas que, con todo derecho, considera impropias y violatorias de sus derechos fundamentales.

OPORTUNISTAS
Qué mal se ven aquellos que, ante la reacción ciudadana, pretenden montarse en el asunto sólo para enrarecerlo. Ahí está, por ejemplo, el dirigente estatal de la CNOP del PRI, Jorge Toledo Luis, tratando de adherirse a este intento. Si de verdad quiere ayudar, mejor que no se meta. Él viene de un gobierno que, le guste o no, lo acepte o no, es corresponsable de esto. Y su cuchara partidista sólo abona a enrarecer las acciones que pretenden llevar a cabo ciudadanos, no priistas. También, qué lamentable.

+ Formación política pobre: esos son los resultados

La trama de la elección de candidatos a cargos de elección popular en el Partido Revolucionario Institucional de Oaxaca, parece como sacada de una historieta chafa de terror. Porque en esta historia, una serie de huérfanos, mal educados y mal preparados para la vida, están intentando determinarse sin saber cómo, y en medio de un escenario hostil y adversarios ponzoñosos que sólo están esperando el momento de comérselos vivos. Quien no crea que esta historia es real, es porque en realidad no termina de ver que, según como va, la del priismo es la historia de un descuartizamiento anunciado.

El problema que hoy apenas alcanzamos a ver, en realidad está segmentado en varias capas. Porque si bien es cierto que la parte visible de todo esto radica esencialmente en la pugna entre algunos grupos (los leales al dirigente estatal, los rebeldes, y los antiguos patriarcas), lo cierto es que en el fondo esta aparente orfandad tiene otros orígenes que se remontan a más tiempo y circunstancias de las que apenas alcanzamos a ver.

Y si hoy hay determinaciones, en este momento, no es sólo porque no existan los consensos en este momento, sino porque en la tradición partidista tampoco se encuentran este tipo de ensayos. E incluso porque los antiguos jerarcas de ese partido nunca fomentaron la creación de líderes y cuadros políticos de verdad. Pero vayamos por partes.

En primer término, lo que hoy alcanzamos a ver es el mismo problema de siempre, pero magnificado por las circunstancias. Es decir, que el —ahora “autodenominado”— Jefe Político en turno pretende imponer a su delfín como candidato al mayor cargo político de elección popular, luego del de Gobernador del Estado. Es decir, como Senador.

Este intento de imposición, se está encontrando con las mismas resistencias y competencia que siempre existieron al interior del tricolor. El problema es que hoy, ese autodenominado Jefe Político (léase, el ex Gobernador inmediato anterior) ya no tiene las facultades coercitivas del Estado (o del erario) que siempre tuvo al alcance para disciplinar a sus muchachos.

La resistencia, hoy a diferencia de antes, es encabezada desde dos grupos distintos. Porque por un lado se encuentran los rebeldes que intentan una suerte de “parricidio”, pero por el otro están aquellos que gobernaron en otros tiempos y que hoy intentan regresar por sus fueros.

Unos y otros, argumentan a su favor, que el partido tricolor no puede ser sólo de unas cuantas personas, y que tampoco se vale que se intenten las mismas formas antidemocráticas que en el pasado. Y, según parece, tienen razón. El problema es que ellos intentan hacer, con sus propios métodos y formas, algo muy parecido a lo que tanto se han deshecho en criticar.

Y es que, desde todas las trincheras alcanzan a percibir los riesgos de ir en esas condiciones a una contienda electoral como la que se espera para los próximos meses. Es decir, que los detractores argumentan exigir la democratización de los procesos internos, en primer término para evitar la ruptura partidista, pero en segundo término para evitar que ello provoque afectaciones al proyecto mayor —cosa que, en general, parece importarles poco a aquellos que pretenden el juego de las imposiciones. Pues según ha quedado claro, su lógica parte de conseguir ellos caer de pie, aunque el mundo a su alrededor se esté deshaciendo por completo.

NO HAY LÍDERES

Todos batallan y temen, pero al mismo tiempo se sienten grandes y con derecho a ser todo dentro de su partido, porque en realidad la lógica de la preservación del poder del priismo de las últimas décadas fue la de erradicación de los liderazgos crecientes para no poner en riesgo el actual, por encima de la visión de largo plazo que, se supone, debiera llamar a la perpetuación de nuevos liderazgos, para que a través de ello pudiese haber continuidad en la preponderancia de la institución política que todos juntos dicen representar. De ahí parte el problema, ya en sus capas interiores.

¿Por qué, por ejemplo, el centro del conflicto actual se llama Eviel Pérez Magaña? Fácil: porque él, como la mayoría de los políticos actuales del tricolor, fueron creaciones de un gobierno y/o de un régimen. Fueron esencialmente circunstanciales. Y por esa razón les es indispensable mantener la presencia de manera permanente. Saben, pues, que sin el banquito, es muy fácil que se caigan.

Y es que, sin el banquito, es muy fácil que se caiga Eviel, pero también la mayoría de sus adversarios internos, salvo unos cuantos. Porque si lo vemos en perspectiva, Eviel es apenas el factor de negociación del grupo que lo respalda, mientras que los demás, por esa misma razón buscan otros cobijos para poder transitar en esta compleja ruta que parece tener el ánimo de depurar a los aspirantes por sus propios orígenes y circunstancias.

Hasta ahora, ha quedado claro que el ánimo de no hacer líderes fuertes está hoy teniendo un costo alto para las definiciones del priismo. Pues como no existe un factor que tenga a su favor la elegibilidad constitucional, que además ostente liderazgo, y que además haya sido formado sólidamente por su partido, para poder ser la figura sustentada que de cauce en estos momentos de difíciles definiciones, entonces todos los que medio tienen alguna de esas características se sienten con la posibilidad de competir entre sus iguales. Y eso, no sólo para un partido como el PRI, sino para la democracia —e incluso para el Estado y para el país— es gravísimo.

En el fondo, no se ve con claridad si en las otras fuerzas políticas hay algo mejor —o más estructurado, o más organizado, o más ordenado, o más disciplinado— que en el priismo. Pero si se puede apreciar el hecho de que tantos años de supuesta historia y tradición, han servido para poco ante las inclemencias del ambiente, y sus propias circunstancias.

AGUAS CON LA DEMOCRACIA

Estos juegos perversos que ya comenzamos a ver en Oaxaca, en el fondo parecen buscar llevarse a las causas democráticas entre sus fauces. Es decir, pretenden culpar a la democracia y al entramado institucional por sus insuficiencias e indefiniciones. Sólo esperemos a ver cuando la autoridad electoral, saque sus armas y comience a sancionar todos los excesos que hasta ahora se han cometido en Oaxaca por los partidos y sus candidatos. En eso, por cierto, el PRI será el menos culpable. ¿Ya lo vemos en respectiva? Ya deberíamos…

+ Concertacesiones en tiempos de crisis; van al abismo

Es poco probable que los priistas oaxaqueños piensen en una “tercera vía” para elegir a sus candidatos al Senado. Y es así, porque en la tradición tricolor, en realidad no existen las mismas prioridades que pudieran explicar la búsqueda de cuadros ganadores, independientemente de su origen o pertenencia grupal. Como su lógica es otra, entonces los procesos internos para definir sus candidaturas, están regidos por reglas distintas a las que cualquier otra persona —incluso inmersos en la vida política— pudiera concebir. El problema, al menos en Oaxaca, es que hoy, a diferencia del pasado, los priistas ya no son gobierno.
En efecto, hoy la carrera por el Senado en Oaxaca, entre los priistas, es feroz. Y esa ferocidad se ve alimentada no sólo por el hecho de que hay tantos aspirantes como un puño de arena, sino sobre todo porque hoy el priismo local carece de Jefe Político; porque los equilibrios nacionales se rompieron con la salida del dirigente nacional tricolor, Humberto Moreira Valdés; porque todos los factores internos de poder en el priismo pretenden inclinar la balanza a su favor. Y porque hay quienes, incluso frente a todo eso, pretenden hacer valer linajes, lazos políticos o débitos con la dirigencia estatal, con la nacional, con el candidato presidencial, o con su equipo de trabajo.
Todo eso, apenas si alcanza a explicar la anarquía que prevalece en el priismo oaxaqueño. Por un lado, el aún dirigente estatal, Eviel Pérez Magaña, pretende seguir haciendo creer a unos cuantos incrédulos, que la unidad del priismo oaxaqueño existe y que, además, gira en torno a él; frente a esto, se encuentran los factores internos (léase, los ex gobernadores) que pretenden influir en una decisión que finalmente tomará el CEN, aunque no sólo en base a sus recomendaciones, a sus bendiciones, o a sus imposiciones. Y finalmente se encuentran algunos que decidieron jugar “por la libre” sus aspiraciones, y que, seguros de que de todos modos serán “algo importante” ante al triunfo de Enrique Peña Nieto en la contienda presidencial, decidieron jugar el todo por el todo, para ver si finalmente pueden regresar, dentro de algunos años, como candidato a Gobernador del Estado.
Como puede verse, todo esto tiene mucha “lógica” dentro de un partido como el PRI, pero muy poca si se ve de cara a las formas tradicionales —que se supone debían imperar— para hacer política. ¿Por qué? Porque en el tricolor todo pretende hacerse valer a través de influencias que no necesariamente son ni el mejor proyecto, ni la mejor representación, ni la mayor competitividad, y tampoco las mejores condiciones para ganar unos comicios.
Y es que esa ha sido siempre su tradición. Si revisamos todos los “procesos de elección interna de candidatos” del pasado, encontraremos que siempre fueron otros factores, y no los que se supone que son democrática y políticamente determinantes, los que decidieron la imposición de candidatos a todos los cargos —desde los más encumbrados, hasta las más modestas concejalías.
El problema es que los priistas no conocen en realidad la democracia, y saben poco de competitividad real. Por eso, en un escenario limpio —como el de Oaxaca: sin Jefe Político, con un gobierno que todos los días les regala banderas electorales para explotar, y con la efervescencia de quienes quieren remontar la derrota de 2010—, en el que se supone que no debiera haber dados cargados para nadie, todos buscan destruirse en aras de salir avante a partir de patentes de corso por padrinazgos, y no de demostraciones fehacientes de que la cuota democrática —la real, que se cuenta en votos, en confianza, en causas y en aceptación— se encuentra a su favor.

ARREGLOS BAJO LA MESA
En todo esto, queda claro que el PRI oaxaqueño no ha entendido que ya no son gobierno, ni tienen las garantías que éste otorga; y que como no son gobierno, y que como sus pesadas estructuras electorales se encuentran abandonadas y carentes de combustible económico, tampoco son prioridad para el CEN de su partido. Aún en esas condiciones, sin embargo, todo pretenden resolverlo según las reglas del pasado, y no en relación a las condiciones actuales, como se supone que deberían intentarlo.
A un partido en las condiciones actuales, el que sea, lo menos que le conviene es que aún con la pena de la derrota, se le sume el dolor de la pulverización. La conjunción, pues, de la pena con la tristeza, siempre dan un mal resultado. Y eso es exactamente lo que le pasa al priismo. Y eso es, exactamente, lo que no terminan de entender. Por eso, pareciera que por el intento de jugarse chueco entre ellos mismos, van a conseguir algo distinto de lo que hasta ahora han logrado.
Y cómo no. Reza el refrán que entre gitanos no se leen la mano. Pero eso es lo que intentan hacer hoy los tricolores respecto a sus candidaturas. La estructura formal del priismo pretende leerle la mano a todos los demás, asegurando que como ellos tienen la bendición del CEN co-mo-di-ri-gen-cia-es-ta-tal, también la tienen como potenciales candidatos a cargos de elección popular. Los ex gobernadores, por su parte, han tratado de generar la idea de que, cada uno de ellos, tiene la mejor ascendencia con el dirigente Pedro Joaquín Coldwell, y que por eso serán el fiel de la balanza. E incluso, el diputado federal Héctor Pablo Ramírez, hoy se asume como seguro candidato a Senador, a partir de su clara cercanía con el equipo del Precandidato Presidencial de su Partido.
No obstante todo lo anterior, ¿qué garantías de triunfo, objetivas, ofrece cada uno de los aspirantes oaxaqueños a la Cámara alta? ¿Qué causas institucionales, de Estado, puede demostrar cada uno de ellos que tiene, y que irá a defender en el Senado? ¿Qué antecedentes y compromisos claros haría distinto a alguno de ellos de los demás? Esas son las preguntas a las que ninguno ha podido dar respuesta. Y no pueden porque siguen inmersos en sus soñados “arreglos en todo lo alto”, cuando en Oaxaca todo está a ras de suelo. En fin.

HORRORES ELECTORALES
¿Usted votaría por una candidata que, en sus espectaculares y en su cuenta de Twitter, escribe su propio nombre con faltas de ortografía? ¿Usted confiaría en alguien que descuida esas formas mínimas? Eso es que debería poner a pensar a la diputada Margarita García García, que al parecer desconoce que en su apellido (doble) la letra “i” va acentuada, y que en nombres propios la primera letra se escribe en mayúsculas. Es cierto, son formas. Pero eso, para el elector sensible, también cuenta.

+ Peña Nieto ¿preveía que redes lo golpearían?

¿Es síntoma de buena salud de una sociedad, el hecho de que se creen normas sobre normas, sólo para tratar de contener conductas que de todos modos ocurren? Tal parece que no. Y ese es el problema esencial que tiene hoy la legislación electoral en México. Porque el Instituto Federal Electoral ya dejó de ser un árbitro para convertirse en un auténtico policía electoral, encargado vigilar que nadie traspase los límites que debían ser consecuencia de la moral y de la ética política, y de amenazar con la aplicación de sanciones a quienes quebranten ese delicado orden que, se supone, debe prevalecer en los procesos electorales.
Por ejemplo, ayer mismo circulaba en la prensa del distrito federal, una nota en la que el precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, que sus adversarios políticos (partidos y aspirantes presidenciales) utilizan las redes sociales para atacarlo. Sin embargo, Peña Nieto se dijo respetuoso de lo que se diga de él en esos espacios.
En ese sentido, ayer mismo El Instituto Federal Electoral anunció que investigará los casos de calumnias o difamación que se registren a través de las redes sociales o internet durante las campañas electorales, siempre que se presente la queja correspondiente, ya que la ley no prevé que las autoridades efectúen monitoreos a estas plataformas de información para detectar irregularidades, indicó el consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita.  Respecto a las campañas en México y el uso cada vez más frecuente de las redes sociales con fines proselitistas, Valdés Zurita señaló que el IFE no puede monitorear estas plataformas. “El Legislador no estableció ningún limite a la libertad de expresión en las redes sociales, de tal suerte que el IFE no monitorea redes sociales, no tiene ninguna actividad en ese terreno”, indicó. El consejero presidente destacó sin embargo que “el único aspecto que podría ser de conocimiento del IFE es que el legislador estableció que está prohibida la calumnia y la difamación en la propaganda de los partidos políticos. Si el IFE recibiera alguna queja en el sentido de que la propaganda de algún partido político en algún medio de internet o de redes sociales es calumnioso, el IFE realizará las investigaciones correspondientes”.
¿De verdad necesitamos un IFE con esas características? Porque no se trata de tener una autoridad de adorno, como tampoco es posible tener un órgano regulador que se erija en un auténtico censor de toda la actividad que pudiera desarrollarse alrededor de unas campañas políticas fundamentales para un país, como son las presidenciales. ¿De verdad deben evitar cualquier situación de ese tipo? ¿De verdad tienen capacidad para conseguirlo?
Lo que vemos actualmente es a todas luces un exceso. En aras de mantener la equidad en la contienda presidencial, la ley impuso que el IFE fuera un megarregulador de la actividad electoral, y además le dio elementos para evitar que las campañas de difamación se llevaran a cabo a través de los medios electrónicos.
No obstante, ni es sano que todos los actores políticos estén permanentemente con la boca cerrada y los brazos atados, como tampoco es sano que en el intento de mantener la equidad y el orden en el proceso electoral, pueda llegarse a estos extremos.
Porque tan malos son los excesos en la difamación y la calumnia, como también lo es una campaña en la que los espacios discursivos se encuentren de tal modo acotados que nadie pueda plantear algo más que “propuestas” —que nadie sabe si realmente sean eso u otra cosa. ¿El IFE tendrá mecanismos para evitar la demagogia y la falsa propuesta? Eso, aunque pudieran evitar todas las calumnias, podría dañar tanto o más no sólo al proceso electoral, sino al futuro de la nación.

REDES, INCONTROLABLES
¿Cómo poder controlar algo que en esencia es libre? Porque lo bueno y lo malo de las redes sociales, radica en que éstas son redes accesibles a todas las personas, en las que cada quien puede decir lo que se le pegue la gana, en la que existen públicos interesados en cada tema —desde los más inocentes, hasta los más nefastos—, y en los que esencialmente no existen límites ni muchas posibilidades de control.
En ese sentido, Twitter es paradigmático. Porque la red social de los 140 caracteres no sólo ha demostrado en México su amplio potencial como difuminador de noticias, ideas y debates, sino que también se ha aparecido como la red social en la que participan personas de mayor nivel intelectual, económico, social y cultural. Si de por sí una red es difícil de contener, al estar ésta integrada por personas de esas características el nivel de dificultad se incrementa exponencialmente.
Quizá eso es lo que han entendido algunos políticos que, como el ex gobernador Peña Nieto, ven en Twitter más una herramienta de golpeteo, que de veras un espacio en el que pueden ganar adeptos y hacer una difusión de sus ideas, plataforma, propuestas y razones por las que los ciudadanos deben preferir a ellos como opción electoral.
El problema, para ellos, es que una red como Twitter deja al descubierto todo el potencial y/o insuficiencias de cada persona. A pesar de ser cuentas personales o institucionales, casi nadie, nunca, está exento de equivocaciones o dislates, que van desde los “errores de dedo” o las faltas de ortografía o sintaxis, hasta las afirmaciones desafortunadas, discriminadoras o degradantes para ciertos sectores sociales o instituciones que son también parte de la vida pública.
El caso Peña Nieto fue particularmente llamativo. Éste cometió un error en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero fue objeto de un escarnio brutal en las redes sociales. Independientemente de que él asegure que las redes sociales se utilizan para atacarlo, lo cierto es que nada de todo lo que tuvo como contenido el tema “Librería Peña Nieto” —es decir, toda la serie de críticas que se llevó por confundir y no recordar nombres de autores de libros— hubiera ocurrido si no fuera él quien hubiera dado pie a toda la crítica.

TWITTER, UN PARADIGMA
Finalmente, una red como Twitter es incontrolable para efectos de una campaña política, y casi para cualquier otro, porque esa red explota al máximo el potencial crítico de la mayoría de las personas. Ni al mejor creativo se le pudieran ocurrir todos los temas, chistes, y críticas mordaces que todos los días se dejan ver en las redes sociales. Ese es el menudo reto del “control” que pretende hacer el IFE.

+ Oaxaca, mal referente para normalistas de Guerrero

La impunidad se construye, y se reitera, a partir de la negación de la autoridad para aplicar la ley, y para cumplir con las atribuciones que ella le establece. Cuando un ciudadano, o grupo de ciudadanos, ve que ante cierta conducta prohibida por la ley, no hay respuesta de la autoridad, entonces asume que, cuando sea y donde sea, puede volver a realizar el acto sin que ocurra la consecuencia coercitiva prevista por la misma ley.
Eso es lo que ocurre en el caso de la toma de radiodifusoras por parte de grupos inconformes con alguna acción oficial, que inició en Oaxaca durante el conflicto magisterial de 2006, y que se convirtió no sólo en un mal precedente, sino en el punto de referencia para que ese tipo de acciones se reiteren.
Apenas el pasado martes, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa —que fyeron objeto de un acto de represión ante un bloqueo en la Autopista del Sol, que culminó con el asesinato a tiros de dos normalistas que protestaban— irrumpieron en varias estaciones radiofónicas de la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, para insistir en su demanda de juicio político contra del gobernador de aquella entidad, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y en el esclarecimiento del crimen de dos de sus compañeros.
Según los reportes de la Agencia Proceso, alrededor de las 12:40 horas del pasado 3 de enero, los normalistas tomaron de manera simultánea las cabinas radiofónicas de las empresas ABC y Radiorama, así como las instalaciones de Radio Universidad. Para llevar a cabo esas acciones, quedó perfectamente claro que los estudiantes contaron con el apoyo de normalistas de Chihuahua, Saltillo y Oaxaca, aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y, en su mensaje, los normalistas exigieron justicia para las tres víctimas del fatal desalojo y criticaron que el gobernador guerrerense haga uso político de la muerte de Rivas Cámara para deslindar su responsabilidad en la ejecución de los dos estudiantes.
Todo esto, en términos generales, es una casi exacta reproducción de lo que ocurrió en Oaxaca hace casi seis años, cuando profesores y normalistas de la Sección 22 del SNTE, en diversos momentos tomaron instalaciones de diversas radiodifusoras locales para difundir sus consignas. Sin embargo, el caso de Oaxaca fue aún más grave porque en la última toma de instalaciones éstos se apoderaron de la mayoría de las estaciones radiofónicas y de la televisora del gobierno estatal, durante más de tres meses, y las utilizaron de forma permanentemente no sólo para emitir sus proclamas, sino también para incitar a la población a participar en la revuelta social que entonces ocurría.
Tanto las características de estas tomas, como la consecuencia legal que esto ha tenido, es inédita no sólo para México, sino bien podría serlo para el mundo. ¿Por qué? Porque aún cuando nosotros aquí podríamos ver como algo relativamente “normal” que grupos inconformes se apoderaran de señales de telecomunicación propiedad del Estado (por eso las estaciones de radio operan a partir de concesiones o permisos) para difundir cierta información, lo cierto es que ello además de constituir un delito es una de esas acciones que difícilmente un Estado sólido podría darse el lujo de permitir a sus ciudadanos.
¿Por qué? Porque digan lo que digan, de un factor como ese puede depender una parte importantísima de la gobernabilidad y el orden social. Y la consecuencia de permitir libremente que una señal radiofónica permanezca en manos de personas que no buscan una transmisión responsable, es la que vimos en Oaxaca durante el conflicto magisterial, y es la misma que podríamos ver en cualquier otro momento, si aquí mismo, o en otra entidad, se recrudece la inconformidad social y la autoridad insiste en minimizar el problema para no enfrentarlo ni aplicar la ley.

DATOS DUROS
A propósito de este tema, rescatamos algunos datos publicados en la edición 73, del mes de noviembre de 2006, en la revista etcétera, a propósito de cómo se veía —desde entonces y desde otras sociedades en la que habían vivido álgidos conflictos armados en años recientes—, el inédito caso de la toma deliberada de instalaciones radiofónicas por grupos de manifestantes.
Para Carlos Chamorro —asentábamos en aquel reporte titulado “Oaxaca, la suma de todos los males”—, director del semanario Confidencial, con sede en Managua, Nicaragua, la situación que prevalece en Oaxaca en relación con la toma de estaciones radiofónicas es inédita. En entrevista vía telefónica aseguró que durante los más de diez años que duró la guerrilla en ese país, jamás se retuvo una estación radiofónica por más de una hora.
“‘A lo mucho eran entre 30 o 40 minutos los que los rebeldes ocupaban la señal para lanzar sus proclamas, y luego las liberaban. Además –dijo– jamás hubo enfrentamientos con los directivos, la policía o las autoridades. Lo que comentas que sucede en tu ciudad es algo que no tiene comparación en todo el mundo. Ni en el caso de El Salvador ni en mi país ocurrió algo así’.
“Francisco Valencia, director del diario Co Latino, considerado un decano de la prensa salvadoreña, se mostró sorprendido después de enterarse que dos meses después de haber sido ocupadas, al menos una radiodifusora sigue en poder de los inconformes, y sobre todo porque no se trata de un conflicto bélico, sino que sólo es un “movimiento social”. “Es increíble que las autoridades no hayan intervenido para recuperar las instalaciones de radio. Hasta donde sé, el conflicto empezó con los mentores y luego se creó la famosa APPO; pero creía que, como aquí en El Salvador, la o las estaciones se tomaban sólo para emitir mensajes y luego liberarlas.
“Sin embargo, según lo que comentas, en Oaxaca transmiten las 24 horas del día desde la estación que mantienen ocupada como instrumento de instrucción, comunicación e incitación a la revuelta, a la violencia por medio de arengas y consigas en contra de la administración pública. Es inconcebible que las autoridades no hayan hecho algo… también son culpables por complicidad u omisión”, sentencia el periodista salvadoreño.
ANTECEDENTES DE IMPUNIDAD
Aquí en Oaxaca, y en Guerrero, se transmitió libremente todo lo que se quiso, sin que ninguna autoridad hiciera algo para evitarlo. En ese escenario, es innecesaria la violencia. El problema es que el Estado se resiste a actuar como es su obligación.

+ Desempeño pobre como legislador; ¿se acuerda?

El ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano se aprovecha de la desinformación y la falta de memoria ciudadana, para tratar de postularse nuevamente como candidato a legislador federal. Más allá de su desempeño como Titular del Poder Ejecutivo del Estado en el periodo 1992-1998, es evidente que lo que hasta ahora ha hecho como representante popular es mucho menos de lo que cualquier ciudadano promedio esperaría de quien presume de tener vasta experiencia y conocimiento de los asuntos de interés público.

En efecto, desde hace meses el ex gobernador Carrasco dejó ver su decisión de contender por una senaduría. Primero, por su cercana relación con la precandidata a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, deslizó la posibilidad de buscar una candidatura a la Cámara alta a través de la vía de la representación proporcional. Pero, ya aterrizando en los hechos, asumió que sólo podría regresar a la Cámara alta (porque ya había sido Senador, antes de ser Gobernador de Oaxaca) postulado por el Partido Acción Nacional por la vía de la mayoría relativa. ¿Por qué no a través de las llamadas “listas plurinominales”?

La respuesta es muy sencilla: porque si bien tiene el apoyo del “josefinismo” dentro del partido blanquiazul, lo cierto es que para ser candidato a Senador por la vía de representación proporcional debiera tener mucho más que el apoyo de una precandidata. Esto es, que debiera ser respaldado tanto por la cúpula estatal, como por la dirigencia nacional del panismo, y además por el Consejo Nacional del que son integrantes nada menos que el Presidente de la República, los Gobernadores panistas, los dirigentes estatales del panismo en el país, y la auténtica cúpula de hombres y mujeres notables de ese mismo partido.

De hecho, el Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular que rige a Acción Nacional establece, en su Sección Tercera, relativa a la Elección de Candidatos a Senadores por la vía de representación proporcional, que el proceso respectivo consta de tres fases que, a simple vista puede verse, serían simplemente insuperables para cualquier panista adherente —no militante— que además tiene un pasado “impuro”, como es el caso del pasado priista del ex gobernador Carrasco.

¿En qué consiste dicho proceso? Al respecto, el reglamento señala que la selección de candidatos a Senadores de representación proporcional se hará por fórmula, propietario y suplente; y que las tres fases son las siguientes:

Primera: Elección por el Consejo Estatal o Regional del Distrito Federal para definir en su entidad una fórmula de precandidatos a participar en la Segunda Fase; segunda: Elección por el Consejo Nacional para elegir y ordenar, de entre las fórmulas electas en la Primera Fase, la lista de candidatos que se integrarán a la que registrará el Partido; y tercera: Elección por el Comité Ejecutivo Nacional de hasta tres propuestas de fórmulas de candidatos, que ocuparán los lugares 1, 4 y 7 de la lista nacional de candidatos a Senadores de Representación Proporcional que registrará el Partido ante el IFE.

Además, para el caso de los aspirantes a una candidatura a senador por el principio de representación proporcional, cada uno de ellos debe comparecer y ganar la votación respectiva en el Consejo Estatal del PAN respectivo, para después superar un proceso más o menos similar pero ante el Consejo Nacional de ese partido. Y solamente después de haber pasado por todas esas etapas, es que la Comisión Nacional de Elecciones puede integrar una lista definitiva de fórmulas de candidatos a la Cámara alta, y asignar el lugar que corresponde a cada uno de ellos en la preeminencia, para finalmente ser registrada ante el Instituto Federal Electoral y surtir los efectos correspondientes.

El ex gobernador Carrasco sabía que no difícilmente podría superar todas estas etapas. Por eso decidió ir a intentar “jugarse” la senaduría por el principio de mayoría relativa.

DIPUTADO IMPRODUCTIVO

Sin embargo, más allá de la compleja grilla interna del panismo nacional, es claro que el ex gobernador Carrasco no tiene en realidad otros méritos para aspirar nuevamente a una Senaduría, que los relativos con la urgencia por ocupar nuevas posiciones políticas, y las ansias no sólo de ser de nuevo un hombre influyente en la política local, sino de hacerlo desde la cámara alta.

Sin embargo, el primer referente que debiéramos buscar es el relativo a su desempeño como diputado federal, cargo de representación popular que ostentó apenas en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, entre los años 2006 y 2009. ¿Qué de importante hizo el ex gobernador Carrasco, además de presidir la Comisión de Gobernación? Sin exagerar, podríamos decir que nada.

Y es que, de nuevo, más allá de las grillas internas del Partido Acción Nacional, y de la fuerza con la que él reingresó a la política nacional a través del grupo zedillista que al inicio de su gobierno adoptó el presidente Felipe Calderón, lo cierto es que en datos duros su desempeño como legislador es bastante pobre.

Al menos así lo deja ver su propio record de actividades legislativas realizadas durante dicho periodo —que aún aparece en la página de internet de la Cámara baja—, en el que aparece que sólo propuso dos iniciativas de reforma, y suscribió menos de una decena de proyectos de reforma y puntos de acuerdo impulsados por integrantes de su partido. Es decir, que si hubiera forma de evaluarlo objetivamente como diputado, de acuerdo a sus resultados, tendría todo para ser reprobado por la ciudadanía por haber sido un diputado improductivo y poco propositivo.

UNA APUESTA

A LA DESMEMORIA

¿Para eso quiere ser de nueva cuenta Senador? Porque a él le cabe perfectamente la misma pregunta que en innumerables ocasiones hemos hecho en este espacio a los aspirantes priistas —y que, valga decirlo, ninguno de ellos se ha animado a responder. ¿Qué proyecto tiene para Oaxaca? ¿Qué causas defiende? ¿Cuál es su proyecto para hacer algo mejor, como legislador en la Cámara alta, de lo que hasta hoy ha hecho desde los privilegiados espacios del sector público en los que le ha tocado participar? Eso no queda claro. Lo único visible, es su animada incidencia en la vida panista, y en las arcaicas formas, propias del pasado, por las que quiere ser un Senador respaldado por el “régimen del cambio”. Qué barbaridad.

+ Todos: centren debate y reconozcan sus fallas

Qué mal que hoy, desde el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, se intente “partidizar” una cuestión sencilla, pero trascendente, como lo es la obra que se construye en el Hospital General “doctor Aurelio Valdivieso” y la porción de vía pública en la que se ejecuta la ampliación de la sala de espera para familiares de pacientes. En realidad, entre funcionarios y ciudadanos responsables, esta debiera ser una discusión respecto a cómo se dispone la utilización de la vía pública, y no de cómo se utilizan banderas para darse golpes mediáticos con tintes partidistas.

En la víspera, el regidor del Ayuntamiento citadino, Mario Arturo Mendoza Flores, salió al paso a la serie de declaraciones vertidas en los días previos entre vecinos inconformes y funcionarios municipales, para aclarar que la obra que se realiza en el Hospital Civil no es ejecutada por el Municipio de Oaxaca de Juárez, y que tampoco se desincorpora ninguna calle.

Sin embargo, el Concejal por Movimiento Ciudadano no perdió la oportunidad de dejar ver una supuesta motivación partidista de quienes encabezan la inconformidad. Y es que de acuerdo con una entrevista publicada ayer por el portal electrónico RiOaxaca, Mendoza Flores aseguró que algunos vecinos de la zona “están siendo mal informados por parte de algunos personajes de la política ligados al PRI, como es el caso de Celestino Gómez Soto, con quien se habló y se canalizó con el regidor de Desarrollo Urbano, Enrique Cortés Guzmán.”

Y remató diciendo lo siguiente: “En primer término no es obra pública municipal, se está mal informando al decir que se está desincorporando una calle, es falso; no existe esta figura como sucedió en su momento con el caso de la empresa ADO, se va adecentando esta vialidad para dar oportunidad para que las personas que por necesidad tienen que llegar al hospital Civil tengan mayor espacio y comodidad, es una iniciativa que de alguna manera toma la Secretaría de Salud…”

Ante todo esto, es claramente posible que el Concejal tenga razón en lo relativo a “adecentar” la vialidad a favor de quienes tienen pacientes internados en el citado centro hospitalario. Porque, como ya lo señalábamos en nuestra entrega del pasado 30 de diciembre, nadie en su sano juicio podría estar en contra de que se mejoraran las condiciones en que esas personas están al pendiente de sus pacientes, y tampoco porque el Hospital Civil mejorara su infraestructura y la forma en cómo brinda las formas mínimas a esos hombres y mujeres que, si bien no son pacientes, tampoco se encuentran ahí por gusto o por decisión propia, sino con motivo de un problema de salud.

Sin embargo, lo cierto es que el regidor Mario Mendoza Flores confunde gravemente la necesidad no sólo de cumplir la ley, sino de cumplirla de cara a la ciudadanía, con el posible hecho de que toda esta protesta e inconformidad —que tampoco es mucha, ni ha sido más estruendosa o trascendental que lo dicho en algunos espacios noticiosos y de prensa escrita— tuviere, en el fondo, una motivación de tipo partidista, ligada a “algunos personajes de la política ligados al PRI, como es el caso de Celestino Gómez Soto”. ¿De verdad es posible reducir a eso, un asunto que, por su propia naturaleza, es —y debiera siempre ser, en todo tiempo y circunstancia— del interés de toda la ciudadanía?

ESCUCHAR A LA CIUDADANÍA

El edil citadino Luis Ugartechea Begué, sus regidores, y todos los funcionarios municipales, debieran recordar que más allá de los partidismos, las intrigas y las confabulaciones entre grupos de poder, se encuentra la ciudadanía, y que al menos en Oaxaca, ésta ha dado muestras eficaces y contundentes de saber movilizarse y protestar y exigir, cuando tiene dudas respecto a una obra, o cuando no está de acuerdo con alguna decisión tomada por la autoridad —así sea por razones “humanitarias”, o por cualquier otra en la que incluso la lógica y la razón debieran estar a favor de lo decidido por los funcionarios municipales o del Estado.

En ese sentido, sería un insulto equiparar a una disputa de fondo partidista, las valientes defensas que han hecho de sus espacios, vecinos de distintas zonas de la capital oaxaqueña en diversos momentos. Sería artero, por ejemplo, suponer que la defensa de la vía pública en el Barrio de Jalatlaco, por vecinos que, en dos bandos, estaban a favor y en contra de la construcción de la terminal de autobuses ADO, fue motivada por simples partidismos.

En esa misma lógica, sería insultante creer por ejemplo que la inconformidad de los vecinos de la colonia Reforma por la autorización de la construcción de la Tienda Chedraui en el llamado “Predio Sarmiento”, fue también producto de una confabulación partidista para desacreditar a un gobierno que, como el municipal actual, tomó una decisión sin tomar en consideración a la ciudadanía.

Antes hubieron otras acciones ciudadanas al respecto. Como las hechas por vecinos también de la colonia Reforma hace unos años, en contra de la posible construcción de una gasolinera en el predio aledaño a la antigua agencia automotriz VolksWagen, en esa zona.

Así podrían hacerse repasos interminables de las ocasiones en que la ciudadanía de la capital oaxaqueña se pronuncia en contra de ciertas decisiones de la autoridad, y lo hace por una razón legítima, y no por la defensa de un partidismo que, en términos reales, tampoco llevaría a nada a sus protagonistas. ¿A poco al arquitecto Gómez Soto, por ejemplo, le redituaría mucho andar de gritón oficioso para una causa partidista en la que hace años ni siquiera es tomado en cuenta?

Finalmente, lo que el Ayuntamiento citadino debe entender y asumir, es que las decisiones de un go-bier-no-de-mo-crá-ti-co no sólo deben ser legales, sino también legítimas. Y que incluso cubriendo estos dos prerrequisitos, la autoridad debe también tener la capacidad de tolerar, entender, explicar e incluso consensar esas decisiones, cuando existan expresiones de inconformidad por las mismas.

EDIL ¿QUE ESCUCHA?

Si el edil Ugartechea se ufana de encabezar un gobierno cercano a la gente, debe hacer más que simplemente “canalizar” a uno de tantos inconformes con uno de sus funcionarios, para que le aclare sus dudas. Debiera hacerlo de frente a la ciudadanía, sin enojos ni soberbia, y sin anteponer justificaciones insuficientes como la de la intriga partidista. Mario Mendoza es un hombre honesto, y un excelente amigo. Pero en este caso equivoca gravemente las razones por las que dice que el municipio citadino actúa correctamente.

+ No es “inocentada”: en Oaxaca urge seguridad

En menos de una semana, ocurrieron en Oaxaca dos crímenes de personajes representativos de la vida pública de la entidad: el pasado 24 de diciembre por la madrugada, fue asesinado a tiros el ex dirigente de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rafael Vicente Rodríguez Enríquez; y dos días después, fue ultimado de forma similar el ex regidor y ex diputado local suplente por el Partido Revolucionario Institucional, José Luis Reyes Mota. Aunque en ambos casos se han pretendido ver los crímenes desde ópticas cargadas de cuestiones políticas, lo cierto es que las autoridades estatales se encuentran ante un problema mucho más simple, pero también mucho mayor, denominado “impunidad”.
Por un lado, el profesor Rodríguez Enríquez, ex secretario de Organización de la sección 22 del SNTE, fue asesinado con armas de fuego por sujetos desconocidos en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino. De acuerdo con información difundida los días previos por medios locales, el actual secretario general del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO) sufrió el ataque alrededor de las 3:30 horas, cuando se encontraba en las afueras de las oficinas de esa organización, situada en la esquina de las calles Río Chiquito y Sauces, en la colonia del Bosque Sur, después de acudir a la celebración de 15 años de una sobrina, en un salón de fiestas cercano.
Según los reportes, el profesor —que era integrante de la APPO—, fue atacado por sus victimarios mientras esperaba en los alrededores de su vehículo a su hermano y cuñada, quienes se habían introducido a la sede del FACMEO para guardar la comida sobrante del festejo. Fue atacado con dos disparos de arma de fuego en el rostro, y murió mientras era trasladado a un hospital privado por sus mismos familiares.
Ahora bien, ¿qué pasó con el ex regidor Reyes Mota? Él, que era bien conocido en el ámbito de la política local por haber sido un firme activista político del PRI, y eterno aspirante a mejores responsabilidades que la de las suplencias, fue asesinado la tarde de del pasado domingo 25 de diciembre, en su natal San Agustín Amatengo, en Ejutla de Crespo. Según los reportes de prensa, el homicidio ocurrió en medio de una riña personal, en la que también habría resultado herido el hermano de José Luis, Omar Reyes Mota, actual presidente municipal de esa localidad.
Incluso, en este caso, el procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, dio a conocer un día después de los hechos, que el presunto asesino está plenamente identificado y responde al nombre de Jaciel Ramírez Juárez quien, según afirmaba, ya era buscado por la policía. En ese sentido, la Procuraduría detallaba que el supuesto homicida llegó hasta donde se encontraban los hermanos Reyes Mota para molestarlos, por lo que Omar se lió a golpes con él, pero éste sacó su pistola e hizo varios disparos sobre José Luis, quien murió en el acto.

POLITIZACIÓN…
¿DE LA IMPUNIDAD?
El profesor Erangelio Mendoza González, compañero de lucha y líder máximo de la Sección 22 en el tiempo en el que el malogrado profesor Rodríguez Enríquez fungió como secretario de Organización del gremio magisterial, no perdió la ocasión para hacer un posicionamiento político relacionado no con el homicidio del mentor, sino con el movimiento magisterial.
Esto porque, ante el féretro de su compañero de lucha y de trabajo, el ex Dirigente de la Sección 22, dijo lo siguiente: “Le exigimos a este movimiento que debemos llegar a acuerdos, debemos llegar a pactos para darle rumbo, está perdida la dirección seccional que me disculpe Chepi (Azael Santiago Chepi, actual secretario general del magisterio oaxaqueño), tenemos que encontrar el rumbo de este movimiento”.
Por otro lado, en las redes sociales hubo un intento claro por asumir que el crimen de Reyes Mota ocurrió por su militancia partidista o por su participación en la política local, antes que por un conflicto de cualquier otro tipo. Y lo cierto es que son muchas más las posibilidades de que ese crimen haya ocurrido por conflictos no relacionados con su actividad política, que con el hecho de que lo hayan ultimado particularmente por ser priista. Y lo mismo ocurre con el caso del profesor Rodríguez Enríquez: es mucho más posible que haya sido un crimen motivado por cualquier otro asunto, que por su pertenencia a la Sección 22 del SNTE.
¿Qué queda en el fondo de todo esto? Que el gobierno estatal se enfrenta a un asunto gravísimo. Porque en este caso no parece ser la política o el sindicalismo el causante de los crímenes, sino la pérdida del sentido y el temor a la autoridad por parte de persones comunes, que por la razón que sea, decidieron tomar un arma para cometer estos delitos, particularmente en contra de personajes sobre los cuales, sabían de antemano que sí pesaba alguna carga o identificación política, y que por tanto había mayores posibilidades de que hubiese una investigación que derivara en su detención.
En este sentido, ¿cómo asegurar que existe autoridad, cuando las personas no le temen ni a la investigación ni al “largo brazo” de la ley? ¿Cómo decir que las cosas caminan en el rumbo correcto en el terreno de la procuración de justicia, cuando cualquiera es capaz de cometer un delito, al tener casi la certeza de que a las autoridades no les alcanzará el tiempo, el talento o los recursos, para tener la seguridad de quién fue el homicida y detenerlo?
El problema, evidentemente, es mucho más grave de lo que parece. Porque es evidente que la impunidad está rebasando de forma abierta a cualquier otro factor para cometer crímenes. Y es claro que eso es mucho más peligroso, porque entonces cualquier persona es susceptible de cometer cualquier delito, siempre que tenga como premisa que la autoridad no podrá identificarla, e incluso si es así, detenerla.

¿”INOCENTADA”?
Y no. Esto no es cosa del día de los inocentes, ni mucho menos. Es un asunto muy serio que hoy deben estar valorando todos aquellos que se asumen como dueños de la verdad en cuanto a los temas de seguridad pública y procuración de justicia. 2011 fue otro año negro —ya llevamos varios al hilo en los que ocurre lo mismo— en cuanto a crímenes coronados por la impunidad. Y el problema no es sólo que haya personas decididas a matar, robar o violar. Lo grave es que eso ocurra y que la autoridad dé excusas en lugar de resultados.

+ Contrasentido, que FCH amenace a quienes demandan

Qué decisión más ilógica y visceral, fue la del presidente Felipe Calderón Hinojosa cuando decidió anunciar públicamente, a través de un comunicado emitido por la Presidencia de la República, de la que él es titular, que exploraban todas las posibilidades de proceder judicialmente en contra de las de las de 28 mil personas que habían firmado la demanda presentada por el abogado mexicano Netzaí Sandoval ante la Corte Penal Internacional, para que investigara los posibles crímenes de lesa humanidad que se habían cometido durante los últimos cinco años de “guerra contra el crimen organizado” que encabeza el gobierno federal en contra de grupos criminales.
La gravedad de las amenazas no resulta específicamente de lo que se demandó ante la Corte Penal Internacional, sino de los efectos que esto tiene tanto en el corto, como en el mediano plazo, en nuestro país. Y es que, en efecto, la Corte Penal Internacional está facultada por el Estatuto de Roma para conocer de hechos en los que posiblemente se cometieron crímenes de lesa humanidad, y esa fue la razón por la que el personaje antes mencionado acudió ante ese tribunal para que iniciara una indagación al respecto.
Sin embargo, en ese punto inicial deben quedar varias cuestiones perfectamente claras. La primera de ellas, es que el hecho de que se haya presentado la denuncia ante la CPI, no necesariamente hace por sí mismo responsable al gobierno federal, o al Presidente de la República, de los hechos que se denuncian y de los delitos que se asegura que se han cometido.
La segunda cuestión, es que la demanda presentada también señala como posibles responsables a los presuntos líderes de varios grupos criminales que, al igual que el gobierno federal a través de sus agentes, también han contribuido al clima de violencia y muerte que impera en nuestro país.
Un tercer aspecto que debe considerarse, es que todo el escándalo surgió de la sola presentación de la demanda. De hecho, la CPI ni siquiera ha anunciado si admitió o no la demanda para darle la tramitación correspondiente; y bien a bien, no está claro que si los hechos que se describen en la demanda, en el contexto en el que vive nuestro país, sean necesariamente constitutivos de los delitos que el Estatuto de Roma faculta para conocer a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, sin tomar en consideración todo eso, el gobierno federal decidió amagar con “contrademandas” a todos los que se habían atrevido a señalarlo. Esto, desde todos los ángulos se presenta como un contrasentido. Esto porque su enojo equivale a negar lo que, en efecto, es público, y en lo que, también en efecto, todos los mexicanos conocen, padecen, y están por ello facultados para exigir explicaciones e incluso que tribunales establezcan si, a la luz del derecho, son legales las acciones del gobierno federal, o estas deben ser censuradas y castigadas con apego a la ley.
El asunto, contrario a lo que parece, no debiera ser visto sólo como una treta de los enemigos del Presidente o del partido al que él pertenece. En el fondo, todo esto debiera ser visto como una enorme oportunidad de poder conocer, en el mediano o largo plazo, qué es lo que hoy ocurre en nuestro país, y que por la razón que sea, no está siendo correctamente relatado o reseñado por quienes deben hacerlo.

VERDAD HISTÓRICA
Esto no debiera ser visto, pues, como una simple artimaña, sino como una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Fundamentalmente, de conocer qué ocurre hoy, frente a los diversos tipos de mordazas que privan sobre ciertos sectores de la población en nuestro país, justamente frente a la guerra contra el crimen organizado. Veamos si no.
La prensa, por ejemplo, está en buena medida, impedida hoy para relatar todo lo que ocurre respecto a la violencia y el accionar del crimen organizado. En amplias regiones del país, los periódicos, la prensa electrónica, radio y televisión, han sido brutalmente intimidadas y amordazadas —tanto por criminales, pero también por autoridades y poderes fácticos—para evitar que participen plenamente de la incidencia de hechos en los lugares en que desarrollan sus actividades.
Del mismo modo, en amplias regiones del país, las autoridades municipales y estatales han sido fuertemente reprimidas por bandas criminales, narcotraficantes, tratantes de personas, extorsionadores y secuestradores, para que éstas no actúen como deben, para que no den parte a otras autoridades sobre hechos que ocurren, o simplemente para que omitan “ver” hechos abominables que sí ven, pero que son realizados por poderes que rebasan sus capacidades de actuación.
Ante todo esto, ¿cómo entenderemos, en el mediano o largo plazo, la verdad histórica de este tiempo? ¿Dejaremos que sean los vencedores quienes escriban la historia de este tiempo? ¿O nos limitaremos, como hasta ahora, a levantar los hombros en señal de resignación, y haremos sólo el recuento de lo que sabemos, pero no de todo lo que verdaderamente ocurrió?
Para eso justamente podría servir esa demanda ante la Corte Penal Internacional, o ante otros tribunales. Esto podría servir para realizar investigaciones verdaderamente exhaustivas que pudieran darnos cuenta de lo que verdaderamente ocurrió, y de los alcances que todo eso tiene para nuestro contexto nacional. Además de la justicia dada a sus familiares directos, el resultado de una investigación como la de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, nos sirve a todos los mexicanos para constatar que, en efecto, el Estado sí cometió esos delitos, y no fueron sólo denuncias “de oídas” como habían sido hasta ahora.
Es inadmisible que finalmente, por la sinrazón de un personaje, los mexicanos nos quedemos sin la posibilidad de conocer esta parte de nuestra historia, y sin poder entender lo que somos, y producto de qué es esa realidad que nos tocará vivir en el futuro, a nosotros y a nuestros hijos.

DERECHO AL VOTO
El consejero Electoral Suplente, Salvador Avendaño, señala a esta columna que más de 2 mil vecinos de fraccionamientos pertenecientes a San Pablo Etla, no tendrán la oportunidad de votar, toda vez que la cabecera municipal se encuentra a más de 10 kilómetros de distancia. Por ello, señala, solicitarán al Consejo Local del IFE, que preside Roberto Cardiel Soto, que instale una casilla extraordinaria que sea accesible a todos los ciudadanos el próximo 1 de julio de 2012.