+ Gobierno no necesitaba a Elba Esther Gordillo

Desde el 1 de diciembre, cuando sorpresivamente se anunció que la ex candidata a la gubernatura por el Partido Nueva Alianza, Irma Piñeyro Arias, ocuparía la Secretaría General de Gobierno de la administración del gobernador Gabino Cué, iniciaron las especulaciones sobre si esa posición, era el pago de una cuota a la presidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales. Aunque la posibilidad es morbosamente atractiva, en realidad habría que ir a los datos duros para corroborar si en realidad existió tal alianza, si sirvió para algo, y si en realidad el Mandatario tenía algo que pactar con la cuestionada Líder Magisterial.

Por lo menos en el mes previo a la toma de posesión del gobernador Cué, abundaron las especulaciones sobre quién ocuparía la General de Gobierno. Conforme se acercaba la fecha en que el nuevo régimen asumiría el poder, se supo que habría un replanteamiento de las estructuras administrativas del gobierno estatal.

Todo esto quedó claro apenas unos días antes del cambio de poderes, cuando fue presentada al Congreso la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la que se contemplaba la creación de una Oficina de la Gubernatura (como una especie de jefatura fáctica de gabinete), y la modificación y reagrupación de las atribuciones de la mayoría de las secretarías de gobierno. En la reforma misma, quedaba claro que la General de Gobierno, ya no sería la dependencia políticamente fuerte de la administración estatal.

Mientras todo eso ocurría, arreciaban las especulaciones sobre los nombres posibles de quienes ocuparían cada una de las dependencias. Se decía, en la segunda quincena de noviembre, que lo mismo podría quedar como secretario General de Gobierno Celestino Alonso Álvarez, que Benjamín Robles Montoya, o Alberto Esteva Salinas. Todos los que especularon, o dijeron tener seguridad de que entre esos nombres se resolvería la Segego, se fueron con un palmo de narices cuando la definición cayó sobre Piñeyro Arias.

De inmediato, corrieron los rumores respecto a cuál había sido el arreglo para su arribo a la dependencia encargada de la política interna de la entidad. La explicación más lógica, derivada de la fortaleza que tiene el SNTE (y el Panal) en la gobernabilidad nacional, y de los posibles pactos del nuevo Gobernante con los más importantes factores reales de poder, concluyó que el nombramiento de Piñeyro como secretaria General de Gobierno, era consecuencia de un pacto del gobernador Cué con la profesora Gordillo Morales.

Todo esto, sin embargo, pudo haber seguido una lógica distinta. Muchas de las modificaciones hechas a la estructura de gobierno, tuvieron que ver justamente con la búsqueda del sostenimiento de los equilibrios entre los grupos que lo rodean. No podía colocar en puestos clave del gobierno estatal, en un primer momento, a dos funcionarios de los dos principales grupos que lo apoyaron.

Es decir que, por ejemplo, no podía poner a Esteva y Robles al mismo tiempo para que “convivieran” en la General de Gobierno y la Oficina de la Gubernatura, respectivamente, porque más que cualquier efecto positivo, esto traería una confrontación infinita, pues esos y otros personajes no han aprendido a vivir en correlación: cada uno de ellos pretende tener todo el control de todas las decisiones, y eso no provoca más que roces y confrontaciones que, visto está, no llevan a nada bueno a un gobierno.

Pero podría haber habido más: al mismo tiempo, al arranque de su gestión, el gobernador Gabino Cué otorgó sendos cargos en su gabinete a sus dos adversarias en la batalla por la gubernatura. Al integrarse a su gobierno Irma Piñeyro y María de los Ángeles Abad, el Mandatario buscó enviar señales políticas de inclusión, y de que el PRI se quedaba solo en su calidad de opositor. Queda claro, sin embargo, que estas fueron sólo señales de cierto decoro, pues en los hechos a ninguna se le permitió nunca la posibilidad de hacer algo más que fungir como un simple elemento decorativo de un gobierno pretendidamente “democrático”.

ELBA ESTHER, ¿PARA QUÉ?

Ahora bien, vayamos a la sustancia del supuesto pacto entre el gobernador Cué y la profesora Gordillo, y preguntémonos lo siguiente: ¿Buscando qué, habría pactado algo el Mandatario con la Líder Nacional del magisterio? Ella, a la luz de los hechos, carece de los hilos necesarios en Oaxaca, y en el país, para ayudar al Gobernador de un estado con tantas complejidades, como lo es Cué en Oaxaca.

Si fuera otra la composición magisterial en la entidad, podría pensarse que la posición habría sido entregada para mantener la correlación de fuerzas con el magisterio estatal, a través de una medida de control con el CEN del SNTE. Sólo que, aquí, la Sección 22 es disidente al CEN del SNTE, y por tanto éste no tiene ningún tipo de control ni ascendencia sobre las decisiones de aquél. Ese supuesto pacto, no pudo evitar que en mayo pasado hubiera plantón y paro de labores magisteriales en la entidad, y mucho menos que el gobierno entregara más dinero que nunca a la Sección 22, a cambio del regreso a las aulas.

En otra lógica, podría suponerse que el acuerdo radicó en la entrega de la General de Gobierno, a cambio de que la profesora Gordillo le sirviera al gobernador Cué como interlocutora para resolver asuntos de trascendencia nacional con el gobierno federal, y todas las fuerzas políticas. esto podría ser. Sólo que La Maestra hoy más que nunca tiene una relación desgastada y adversa con el presidente Felipe Calderón (quien tampoco le da mayor importancia al gobernador Cué), y el Gobierno de Oaxaca se ha encargado de romper cualquier posibilidad de diálogo con los opositores del Revolucionario Institucional (que, valga decirlo, tampoco le reconocen mayor ascendencia a la Líder Magisterial).

Incluso, podría suponerse, en un último caso, que el pacto fue de corte partidista rumbo a las elecciones federales de 2012. Esta posibilidad, sin embargo, también queda descartada ante la inminente alianza del PRI y el Panal para los comicios presidenciales.

MAL NEGOCIO

Si hubo, en realidad, éste fue costoso y poco benéfico. Irma Piñeyro no hizo todo lo que podía, en buena medida porque la atajaron y menospreciaron sistemáticamente, pero también por sus propias limitaciones. Y por eso, más que pacto, su paso por Segego parece consecuencia de una decisión aventurada, de un gobierno nunca acabará de cumplir con los compromisos que creó para llegar al poder.

Pésimo signo, que fiscalización siga “entre cuates”

Una de las razones por las que justamente la ley prevé que ciertos órganos del Estado sean renovados en periodos distintos a los ejercicios de gobierno, estatales o federales, radica en la inhibición de la posibilidad de que las administraciones y los grupos políticos en el poder, puedan tener fiscalizadores a modo.

Se supone que todo esto, debe estar reforzado por la participación auténtica de ciudadanos que garanticen que la revisión del ejercicio público sea puntual y objetiva, y no cargada a favor o en contra del grupo gobernante. Si se entiende que todas estas son condiciones naturales de toda “sociedad democrática”, como la que dicen que ya comenzamos a ser, ¿entonces por qué en Oaxaca se está promoviendo la repetición de los viejos esquemas —propios de los regímenes priistas hegemónicos— para la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado?

El asunto no es menor. Al menos en el Congreso del Estado, y en los corrillos de la política gubernamental, ya se desborda la especie de que “el bueno” para encabezar la ASE próximamente, es el hasta ahora secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, Carlos Altamirano Toledo.

Esto, dicen, podría ya estar “autorizado” por el gobierno estatal, y es posible que incluso cuente el apoyo con las bancadas opositoras en el Congreso. Independientemente del interés particular que guardan cada una de las fuerzas representadas, y el régimen gobernante, consolidar esta posibilidad constituirá un golpe implacable para nuestra —incipiente y nada clara— “sociedad democrática”. ¿Por qué?

Sencillo. Porque independientemente de que Altamirano —o cualquier otro personaje afín al poder— pueda ser un extraordinario economista, y que cuente con todas las potencialidades para desarrollar inmejorablemente las atribuciones del cargo, queda claro que tanto su procedencia, como su modo de arribo, abonarían no sólo a las peores condiciones para su nombramiento (pues llegaría señalado y cuestionado, con toda razón, por la potencial sumisión al gobierno para el que trabajó y por el que fue impulsado para el cargo desde donde él se dedicaría a fiscalizarlo), sino que también serían la repetición fiel y exacta del pasado: es decir, que Altamirano caminaría sobre los pasos que marcó Rosa Lizbeth Caña Cadeza, como una auditora subordinada e impuesta por el gobierno en turno, que luego fue depuesta por la administración siguiente. Marcaría, de entrada, su destino y su paso (incompleto) por el órgano de fiscalización del Congreso.

Desde la creación de los órganos tales como la ASE, el Instituto de Acceso a la Información, y demás, quedó claro que su único gran cuestionamiento radicaba en la forma como fueron integrados. Aunque democráticamente era inadmisible que el entonces gobernador Ulises Ruiz impulsara a una serie de personajes de amplia cercanía a él para encabezar a esos órganos, la llegada de personajes como Caña Cadeza a la ASE, o Genaro Vásquez Colmenares al IEAIP, fueron “entendidos” bajo la lógica pura del poder, que indicaba que si bien el régimen anterior ya había creado los órganos, dejaría a sus sucesores la tarea de iniciar el verdadero proceso de independencia, y de desincorporación de los integrantes de éstos del grupo gobernante.

En esa lógica, comprensible pero no admisible, la democratización e independencia plena de esos órganos debió llegar en el momento de que sus primeros integrantes culminaran sus respectivos periodos, y entonces se combinaran tanto la voluntad democrática del grupo gobernante, como el interés verdaderamente ciudadano por participar de esos procesos, para conseguir titulares e integrantes de los órganos autónomos, verdaderamente comprometidos con las causas y los fines que éstos persiguen.

Sin embargo, parece que eso podría quedar eventualmente cancelado.

¿ESTABILIDAD EN LOS CARGOS?

Uno de los puntos que provocó mayores cuestionamientos, incluso antes de que se aprobara la reforma constitucional ocurrida recientemente en Oaxaca, era la firme voluntad que manifestaba el grupo gobernante por “renovar” la integración de los órganos autónomos. Esa voluntad —que caminaba lo mismo sobre los rieles de la democracia, que sobre los del exterminio al régimen anterior—, fue finalmente convalidada por todos los partidos políticos, que votaron modificaciones sustanciales a sus alcances e integración, y que dieron la pauta para que los actuales titulares fueran removidos.

El primer órgano sobre el que se puso la mirada, fue justamente la ASE. En un principio, la auditora Caña decidió dar la batalla, y a través de distintos canales, manifestó la necesidad de que los titulares de esas instancias culminaran sus periodos. Y es que, independientemente de sus dichos y sus formas de defensa, para todos quedaba claro que sería un mal ejemplo del gobierno entrante, el tratar de forzar cambios constitucionales para expulsar a funcionarios que gozaban de estabilidad en sus cargos, sólo porque eran afines a un gobierno distinto al actual.

Lo más riesgoso, en ese sentido, radicaba en la posibilidad de que los nuevos titulares de los órganos corrieran, seis años después, con la misma suerte que sus antecesores. Todo eso, rompería con varios de los principios fundamentales sobre los que se fundan los alcances de ese tipo de órganos, y provocaría que materialmente los cambios en entidades como la ASE, el IEAIP y demás, quedaran sujetos también a los vaivenes políticos sexenales de los que, se supone, deberían ser ajenos.

Al final, la reforma se pactó, aunque nunca quedó claro si los partidos de oposición pusieron como condición que para la nueva integración de los órganos autónomos, se hiciera un verdadero proceso de auscultación. Seguramente eso no ocurrió, porque independientemente de las “formas democráticas”, parece que ya existe un personaje perfilado —que bien podría ser Altamirano Toledo, u otro personaje ligado al gobierno estatal— para ocupar dicha responsabilidad. Aunque cargará con los mismos cuestionamientos con los que sus impulsores descalificaron la integración actual de la Auditoría.

INSENSIBILIDAD

Los adultos mayores que recién recibieron su primer cheque del programa Bienestar, deben acudir per-so-nal-men-te a la sucursal bancaria a cobrar el apoyo económico. No importan sus enfermedades, ni su edad, ni las larguísimas filas, ni la burocracia, ni las inclemencias del tiempo. Abundaremos.

Zorrilla: cada 40 días cambia de Secretario Particular

Culpar y justificar, equivale a no tener la capacidad para elevar el debate. Y hasta el momento, eso es lo que hemos visto entre el gobierno estatal y sus opositores: la diputación federal priista ha denunciado insistentemente las dilaciones en el ejercicio del presupuesto autorizado para 2011; y la administración estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, insiste en pagarles con la misma moneda, señalando que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz dejó más de ocho mil millones de pesos pendientes de ejercer. En un debate serio, y más allá de sus particulares trifulcas, cualquier oaxaqueño de a pie podría decirles a todos: “Y eso, ¿qué?”

Y es que, en efecto, queda claro que ni las culpas ni las justificaciones sirven de algo, cuando éstas no vienen acompañadas de soluciones. Y hasta el momento, todo lo que hemos escuchado de los actores y grupos políticos involucrados, son acusaciones, réplicas y lamentaciones, sin que exista posibilidad de que unos y otros comprendan que más allá de sus posiciones e intereses, lo que importa —o debería importar— es lo que pueda o no hacerse por Oaxaca.

En los últimos días, por ejemplo, el diputado federal priista Jorge González Ilescas, ha denunciado que, en base a información oficial que asegura le fue proporcionada por instancias federales, de un total de 103 obras planeadas en la cartera del ejercicio fiscal 2011 para la entidad en cuanto a obras destinadas a pueblos y comunidades indígenas, a la fecha únicamente 41 obras cuentan con proceso de adjudicación y 62 obras aun ni si quiera han iniciado con dicho proceso.

Según el legislador federal, todo eso indica que del total de la cartera, a la fecha únicamente un 39 por ciento cuenta ya con un proceso ya definido de adjudicación, mientras que casi un 61 por ciento no han sido licitadas. Incluso, el diputado González puntualizaba que aún cuando 41 obras cuentan ya con un proceso de adjudicación, eso no significa que físicamente se encuentren ya en proceso de construcción.

Esto, sin embargo, se contrapone con las aseveraciones hechas por el secretario Gerardo Cajiga Estrada, quien el domingo pasado detalló en conferencia de prensa que de la pasada administración, “se localizaron más de mil 923 millones de pesos que el gobierno anterior dejó en cuentas bancarias y que no fueron utilizados para el bien de los oaxaqueños”.

Según información dada a conocer ayer en TIEMPO, el secretario Cajiga Estrada explicó que también hallaron casi  mil millones de pesos de Alianza para el Campo 2009 y 2010 que estuvieron a punto de perderse, pero que en el presente se corrigieron. Además, aseguró haber logrado el refrendo de 250 millones de pesos para infraestructura básica para pueblos indígenas y medio ambiente.

Señaló que en 2008, mil millones de pesos no fueron ejercidos, mientras que en 2009 fueron más de 2 mil 300 millones en subejercicios para salud, carreteras, educación, “y ahora pretenden señalar y cuestionar cuando ni siquiera se ha terminado el presente ejercicio fiscal; se avanza en tiempo: son casi 1 mil millones en total de la pasada administración los cuales se buscan ahora rescatar. Y dijo: “A diferencia de lo que han dicho algunos legisladores federales, no tenemos previsto que se generen subejercicios en esta administración”.

NUMERITOS HABLAN

El quid de la discusión debía centrarse no sólo en si se ha gastado o no, sino también en si se ha gastado bien, en cómo se planea gastar y, sobre todo, qué impacto tendrá ese gasto en el bienestar de las personas. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es una tortuosa, inservible, ruidosa y bizantina discusión respecto a culpas y justificaciones. La disputa, en el fondo, no es sino una mezcolanza de intereses políticos, combinados con ánimos opositores, y rematados por la voluntad que tiene el gobierno estatal de seguir alimentando una polémica que, finalmente, no llevará nada positivo para nadie.

¿Qué pretenden los diputados priistas en su calidad de opositores? ¿Pretenden sólo jorobar al gobierno de Gabino Cué Monteagudo, o en realidad tienen preocupación porque ese dinero se gaste, y se gaste bien en pro de los que menos tienen? Si el ánimo es el primero, seguramente continuarán haciendo lo propio incansablemente; empero, si es lo segundo, entonces tienen que comenzar a buscar los mecanismos alternos para que ese dinero no se pierda, pero sobre todo, para que éste pueda llegar íntegro y en tiempo a las comunidades que lo necesitan.

En lo que les toca a ellos, el gasto no debe seguirse haciendo en base a compromisos o intereses políticos, sino en cuanto a las necesidades reales de los pueblos que lo necesitan. Si se gasta mucho y se gasta mal (porque no hay planeación, porque no se le da seguimiento a los proyectos de largo plazo, porque los recursos se comprometen en base a intereses partidistas, o lo que sea), de todos modos no sirve de nada. La parte de la planeación y la responsabilidad en el gasto debía ser también una preocupación propia. Es decir, estar pendientes de en qué, cómo y para qué pretende gastar el gobierno estatal el dinero que le ha sido dado, y le será concedido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Empero, el Gobierno del Estado debe también ver el asunto con verdadera responsabilidad, y asumir que el verdadero “enemigo” —si es que lo hay— no debieran ser los opositores locales (que les reprocharán hasta el más mínimo error), sino el gobierno federal, que sistemáticamente se resiste a entregar los recursos que pueden ser de mucha utilidad para la entidad.

Insistimos. Este asunto, más que constituir una riña constante entre el gobierno de Oaxaca y la diputación federal (que más temprano que tarde se verán las caras, para trabajar juntos por el presupuesto del año próximo), debía ser un asunto genuino de preocupación y trabajo común a favor del estado. Seguir alimentando la disputa, y reprochándose lo que ya se hizo mal, no sirve de nada. Ojalá todos juntos dejaran de ser parte del problema, y pasaran a ser partes fundamentales de la solución —que sin duda le caería de maravilla a Oaxaca.

EL TUMBA PARTICULARES

No. No es Patricia Santos, la “tumba hombres”. Este personaje, llamado José Zorrilla, que funge como secretario de Economía y Turismo del Gobierno de Oaxaca, en promedio ha cambiado de secretario particular cada 40 días. Lleva aproximadamente siete meses y medio en el cargo, y ha cambiado seis veces de Secretario Particular. ¿Será casualidad, o es que el problema es él?

+ Pérdida de decoro, única demostración de aspirantes

Pareciera que los grupos de poder al interior del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, no terminan de comprender que lo inédito de estos tiempos también conlleva la pérdida del poder real para decidir, aquí, quiénes serán los candidatos para los próximos comicios.

Al estar erradicada la antigua figura del Jefe Político, y teniendo en puerta una elección presidencial, queda claro que las variables para elegir a los candidatos a cargos de elección popular, en Oaxaca seguirá una lógica distinta a cualquier otra vista hasta ahora. No obstante, para comprender a cabalidad este nuevo contexto, es importante analizar detalladamente cada una de sus aristas.

Primero. Tradicionalmente, el Jefe Político del priismo, era también el Jefe Político de la entidad, y tenía un grado importante de ascendencia frente a las cúpulas nacionales del tricolor. En los mejores tiempos del PRI, y hasta hace no mucho, literalmente el Gobernador del Estado era quien mandaba tanto en el partido, como en el Estado.

¿Qué significaba esto? Que él era quien decidía el rumbo de la militancia partidista, quien hacía y deshacía candidatos, y quien proyectaba a ciertas figuras o liderazgos para los procesos sucesorios. Así, independientemente del momento político que se viviera, el Gobernador del Estado podía hacer trascender a ciertos personajes de su grupo aún frente a la contrariedad u opinión de la cúpula tradicional de su partido.

Hoy, sin embargo, a quien podría aún ubicarse como Jefe Político del priismo oaxaqueño (el ex gobernador Ulises Ruiz), a lo mucho sigue siendo Jefe pero ya sólo de su grupo político; todas las demás fuerzas al interior del PRI están atomizadas (es decir, ya no reconocen su liderazgo); y, además, hoy el ex gobernador Ruiz ya no tiene ni la ascendencia frente al Comité Ejecutivo Nacional, ni la “mano” para decidir las definiciones de candidatos en el estado que gobernó hasta el mes de noviembre pasado.

Segundo. Si hoy el otrora Jefe Político no tiene mano para decidir quiénes serán candidatos en el próximo proceso electoral, mucho menos tiene esta posibilidad la dirigencia estatal. Más allá de la dirigencia formal, y de las cuestiones de forma que también se esgrimen, queda claro que el Comité Directivo Estatal, a lo mucho llega a ser algo así como un carro desvencijado, que por pura casualidad sigue andando, aunque ya sin ninguna posibilidad real de competir.

En ese sentido, el cargo partidario que ostenta Eviel Pérez Magaña no resulta una ventaja para sus aspiraciones, ni mucho menos posibles “dados cargados” a su favor, o en contra de cualquier otro aspirante a diputaciones federales, o al Senado de la República. En realidad, ninguna estructura formal partidaria tiene hoy ni la fuerza ni los recursos “per se” para poder impulsar a tal o cual figura usando al tricolor como trampolín. Y eso debiera comenzar a quedar claro entre todos aquellos que insisten en seguir viendo al CDE, o a los sectores priistas, como auténticas herramientas para, según ellos, construir candidaturas sólidas rumbo a 2012.

Tercero. Por si algo faltara, hoy queda claro que todas las decisiones importantes serán nuevamente concentradas en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Nunca como ahora, en los 12 años que llevan como partido de oposición, habían tenido tantas posibilidades de recuperar la Presidencia de la República, ni tampoco habían tenido sendos liderazgos tan marcados, reconocidos y legitimados, como los del coahuilense Humberto Moreira Valdez, como dirigente nacional, y del aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, como potencial candidato presidencial.

Si algo queda claro, es que serán ellos quienes decidirán el rumbo del tricolor en todos los rincones donde puedan hacerlo. Y que para decidir ya no habrá “mano” para los Jefes Políticos ni respeto a las viejas ascendencias que hoy difícilmente representan algo. Más bien, para asumir sus decisiones y garantizar buenos resultados, no tendrán otro factor sino el puramente pragmático de postular a candidatos que sean competitivos electoralmente, y que garanticen el triunfo en la parte que les sea encomendada.

MALOS ANTECEDENTES

¿Habrá quedado entendido todo eso en el priismo oaxaqueño? Aquí, la militancia y las cúpulas se encuentran inmersos en una feroz lucha, en la que no existe regla alguna ni visión de mediano plazo, porque todos consideran que todos son avasalladores, y porque todos asumen que con sus respectivos rounds de sombra podrán ganar algo frente a una dirigencia nacional que sólo mira cómo todos acaban con cualquier buena reputación como partido unido, sólido y disciplinado, que alguna vez pudo tener el priismo oaxaqueño.

La primera de las luchas que hoy se libra ferozmente —y que difícilmente tendrá un dividendo positivo frente a las decisiones nacionales—, es la que ocurre entre los integrantes del antiguo grupo gobernante por la candidatura al Senado.

Los mismos diputados federales y locales, que tienen tatuado el sello del ulisismo, ahora mismo se pelean por sostener a un timorato Eviel Pérez Magaña, que por convalidar, de la forma menos constructiva, el madruguete que intenta dar el diputado Héctor Pablo Ramírez Leyva; e incluso por impulsar “terceras vías” como la del diputado local Martín Vásquez, u otras figuras que, en realidad, nadie sabe si —todos ellos— tienen un verdadero grado relevante de competitividad frente a los electores, y respecto a las opciones de los demás partidos.

En los otros bandos priistas ocurre más o menos lo mismo. Los “orgánicos” pretenden desacreditar a la dirigencia formal del priismo y al grupo ulisista, pero siempre desde las trincheras que les ofrece el oficialismo. Los berrinchudos, como Jorge Franco, intentan hacerla de “kamikazes” al intentar destruir al tricolor, aún a cambio de tampoco obtener ellos nada a futuro. Los más moderados, incluso, han optado por hacerse a un lado y dejar a su dirigencia estatal y su partido, simplemente a la deriva.

ROUNDS DE SOMBRA

Seguramente, para la dirigencia nacional nada de todo eso es necesario. Ellos, en su momento, y quién sabe si no desde ahora, ya están haciendo números para tomar decisiones en cuanto a valores objetivos. Así, no será por su calidad de puros o conversos que sean postulados, sino más bien por quién sí puede ganar, y quién no. Esos serán los factores. Todo lo demás, son penosas demostraciones de voracidad y desorden, que no hacen sino poner en evidencia a esta singular clase política priista oaxaqueña.

+ Doble golpe: mensaje político y llamado de atención

En los últimos días, diversos medios informativos, han dado a conocer las investigaciones que realizan tanto la Secretaría de Hacienda, como la PGR, en contra del secretario de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, José Zorrilla de San Martín Diego.

Esta información, que no ha sido desmentida ni por fuentes gubernamentales estatales, ni por el mismo indagado, pone en evidencia no sólo el hecho de que, un gobierno estatal que ha puesto tanto énfasis en el cobro, sostenimiento y potencial incremento de impuestos, como el actual de Oaxaca, sea justamente quien esté poniendo el mal ejemplo sobre el trato que da a los presuntos evasores al fisco; sino que, además, esto podría ser apenas la punta de la madeja respecto a un posible llamado de atención al gobierno estatal, por parte del federal, respecto a las decisiones político-partidistas que está tomando, de cara a los comicios federales del próximo año.

De acuerdo con información difundida por TIEMPO, en su edición del pasado miércoles 3 de agosto, el secretario Zorrilla de San Martín Diego es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR por la presunta comisión de un fraude fiscal por un monto que no fue especificado. A ese respecto, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Oaxaca, confirmó que la Administración Local Jurídica instruye contra el funcionario estatal el expediente 905/11-15-01-3.

La nota señala que, además, la Administración Local de Auditoría Fiscal inició en su contra el expediente 691/10-15-01-5 por tener un “comportamiento fiscal irregular” en sus declaraciones de impuestos desde hace varios años; y que, asimismo, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelaron que contra el responsable de la política turística y económica de Oaxaca se inició un esquema de “vigilancia profunda” para detectar otras irregularidades e incongruencias en sus declaraciones parciales o anuales.

En primer término —y sin entrar en ningún tipo de detalle respecto a que esto pudiera constituir el principio de una persecución de fines políticos—, debiéramos preguntarnos qué tipo de ejemplo envía el Gobierno del Estado, al tener a un funcionario de primer nivel que tiene problemas importantes con el fisco federal. Este primero, es un simple —pero importantísimo— asunto de imagen y ejemplos.

Para nadie es un secreto que, contrario a lo que había ocurrido en las últimas administraciones, la actual tiene un empeño muy particular en incrementar la recaudación de impuestos estatales. Por ello, y citando un ejemplo, lo mismo a través de campañas publicitarias que de hostigamiento vil, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado se ha empeñado en que los dueños de unidades de motor cumplan con el pago del impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos.

Lo mismo ha ocurrido con los demás gravámenes de tipo estatal. Respecto a todos, sin excepción, el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, ha sido tajante asegurando siempre que el gobierno estatal no puede dejar de cobrar un solo peso de impuestos, en un estado tan necesitado de recursos como el nuestro.

Frente a estas dos cuestiones, ¿Cómo tener calidad moral para exigir a la ciudadanía el cobro de tributos, cuando en las mismas filas de quienes cobran impuestos, se tiene a un personaje con amplios antecedentes, avalados por las investigaciones que la autoridad fiscal federal tiene iniciadas en su contra, justamente respecto a la evasión y comportamientos fiscales irregulares?

En primer término, este resulta ser un pésimo ejemplo, y un duro golpe a su imagen, que el gobierno estatal no debería tolerar ni siquiera por la estrecha amistad entre el Secretario de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, y los personajes más encumbrados del poder público en la entidad.

¿MENSAJE POLÍTICO?

Sin que esto sea menoscabo de lo anterior, la investigación que realizan tanto la PGR y la SHCP en contra del secretario Zorrilla de San Martín Diego, también podría ser una primera forma a través de la cual el gobierno estatal comenzara a presionar al estatal por sus definiciones políticas.

Independientemente de que el Gobierno de Oaxaca tenga su propia capacidad de decisión sobre a quién apoya, no se debe olvidar que el PAN y el gobierno federal fueron aliados determinantes para ganar la gubernatura del Estado, y que ya en el poder el gobierno estatal, se ha echado por completo a los brazos justamente de dos de los principales adversarios del panismo gobernante: el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Es de todos sabido que el gobierno federal tiene innumerables herramientas a través de las cuales presionar a quienes incumplen acuerdos con ellos. Y la posibilidad de que estas investigaciones tengan cierto trasfondo político, no significaría en ningún sentido que por ello el secretario Zorrilla fuese de antemano inocente, o que le estuvieran fabricando delitos sólo para perjudicar al gobierno estatal en turno.

Por todo eso, hoy mismo en el gobierno estatal debieran estar haciendo algo más que guardar silencio. Esto es, debieran estar iniciando un proceso de control de daños, a través del cual se aclarara todo lo posible, y se tomaran las decisiones que fuesen pertinentes para evitar que las personas dañen a las instituciones. No hacerlo, equivaldría a convalidar no sólo los artilugios de un contribuyente que decide evadir sus deberes, sino también la posibilidad de perpetuar ciertas decisiones —como el jineteo de recursos públicos— que finalmente no afectan al gobierno estatal, sino a toda la población.

ACARREADOS

Qué mal que la Secretaría de Desarrollo Social haya decidido convocar el miércoles pasado a cientos de ancianos para el arranque del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, prometiéndoles que ahí recibirían un primer apoyo económico. Sólo unos cuantos se fueron con su cheque. Y como bien dice hoy el licenciado don Ildefonso Reyes Soto en estas mismas páginas, la gran mayoría de los ancianos, que pusieron en riesgo su vida, distrajeron a sus familiares para que los acompañaran, y gastaron en transporte, sólo sirvieron para la fotografía, y regresaron a su casa igual, o peor, que como se fueron.

+ Subejercicios burocráticos: efectos del centralismo

No se necesita ser erudito para poder llegar a la preocupante conclusión de que, si en ocho meses el gobierno de Oaxaca no ha podido ejercer a plenitud el presupuesto federal que le fue asignado por el Congreso de la Unión, quién sabe si pueda hacerlo en los cuatro meses que restan. Más allá de los temas políticos y partidistas, e incluso de las disputas entre los personeros del gobierno anterior y el actual régimen, este asunto debiera preocuparnos a todos por el dinero, por la voracidad federal, y por las oportunidades de desarrollo que podría estar dejando pasar nuestra entidad por este asunto.

El pasado martes, un grupo de diputados federales priistas, encabezados por Héctor Pablo Ramírez y Jorge González Ilescas, denunciaron que por efectos del subejercicio presupuestal, el Gobierno de Oaxaca estaría a punto de perder los primeros mil millones de pesos del gasto que le fue asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del presente año.

También denunciaron la lentitud, casi inmovilidad, con que se está ejerciendo el presupuesto destinado a comunidades y pueblos indígenas, y se dolieron por la ineficacia del gobierno estatal para atender no sólo los temas presupuestales o de obra pública, sino también para abocarse a cuestiones como la atención de los conflictos agrarios o postelectorales, que en lo que va del año han dejado ya varias docenas de indígenas muertos y heridos, y varias comunidades con serios riesgos de choques violentos.

A esto, la respuesta oficial no se dejó esperar: Ayer mismo, el propio gobernador Gabino Cué Monteagudo, dijo que la denuncia de los legisladores federales tenía como telón de fondo intereses políticos y electorales para lastimar a su gobierno, de cara a los comicios federales del año próximo. También aseguró que la Federación no le quitará a Oaxaca ni un peso del presupuesto aprobado para el presente año; y dijo que, en particular, es un compromiso del presidente Felipe Calderón, respetar los montos de dinero federal que fueron asignados para cuestiones indígenas.

Frente a todo esto queda claro, en primer término, que, en efecto, unos y otros fundan sus señalamientos de cargo y descargo, en sus respectivos intereses políticos: aún cuando el motivo es noble y cierto, queda claro que la preocupación de los legisladores federales no nace del subejercicio en sí: claramente, parte de su calidad de opositores. Ningún priista hizo señalamientos como éste, respecto a subejercicios (aún mínimos), cuando la administración estatal se encontraba en manos del gobernador Ulises Ruiz.

Empero, la reacción del gobierno estatal también fue en esa lógica: en primer término, se estableció que la crítica de sus opositores provenía del tema político rumbo al 2012, sin siquiera alcanzar a reconocer que, en efecto, el gobierno estatal ha tardado más tiempo del debido para ejercer los recursos asignados, y que si parte del problema radica en que el gobierno federal no radica los recursos, la otra mitad se encuentra en el hecho de que las dependencias estatales sí están teniendo problemas para ejercer el gasto que les fue asignado.

Al final, más allá de los envalentonamientos opositores y de la “piel sensible” del gobierno de Oaxaca respecto a esos señalamientos, lo que debería preocupar a todos por igual es que la entidad se quede sin los recursos que con toda anticipación les fueron presupuestados.

Ello constituiría, además de una burla del gobierno federal hacia la Cámara de Diputados —que hoy decide el gasto público en última instancia— y hacia los compromisos contraídos con el Gobierno del Estado, un enorme daño para las posibilidades de desarrollo de nuestro estado. Si esos recursos no se radican y se gastan, se pierden definitivamente y se quedan en manos del gobierno federal. Lejos de seguir peleando, frente a eso los diputados federales priistas y el Gobierno del Estado deberían comenzar a hacer causa común para evitar el subejercicio y la disminución del presupuesto.

¿CAUSA COMÚN?

Al gobierno federal, que a veces por ser ordenado en el gasto se convierte en codicioso y avaro, siempre le va a convenir que las entidades federativas tengan subejercicios. ¿Por qué?

Porque el retorno, o la no radicación de recursos económicos de las arcas federales a las estatales, les permite dos posibilidades: la primera, reducir el déficit en el gasto; o, segunda, reorientar discrecionalmente esos recursos para obras o proyectos prioritarios que le interesan o convienen ya no a la entidad federativa que le fue retirado, sino directamente al gobierno federal.

En cualquiera de los dos casos, claramente puede verse que el perjuicio es directamente para la entidad federativa que incurrió, deliberada o involuntariamente, en el subejercicio. Esto porque, si el gobierno federal deja de gastar un recurso y endosa el ahorro a la disminución del déficit, esto luego es puesto como un punto a favor de la disciplina fiscal federal.

Nunca se reconoce que ese “ahorro”, en realidad pudo provenir no sólo de la incapacidad de gasto y planeación del gobierno estatal al que se le retiró el recurso, sino también del “chicaneo” del gobierno federal respecto a la entrega de los recursos. Éste, puede dilatarse 10 meses en entregar un recurso, y liberarlo a punto de terminar el año. En esas condiciones, los gobiernos estatales son incapaces de ejercerlo con orden, y por eso termina siendo devuelto.

Y el segundo de los casos es igual de grave, o peor. La reorientación de los recursos queda a criterio del gobierno federal y sus necesidades. Y por eso, a través de ese esquema, dota de dinero a ciertos proyectos que le interesan a éste (o a entidades federativas a las que pretende beneficiar), pero ya no al estado al que le fue retirado.

LUCHAR ¿JUNTOS?

Por todo esto, lejos de seguir disputándose asuntos políticos a costillas del gasto, el subejercicio y la incapacidad de gestión de funcionarios estatales, lo que todos deberían estar, es preocupados porque ese gasto siga siendo de Oaxaca. Ojalá primero eliminaran cualquier posibilidad de regateo, codicia o dilación federal, para después pelear porque ese recurso fuese repartido con orden y eficacia entre todos los sectores necesitados de la entidad. La solución es necesaria, pero no parece posible entre dos grupos que están siempre dispuestos a anteponer sus confrontaciones particulares, al interés superior de nuestro estado. Algo lamentable.

+ PRI Oaxaca: Por qué nadie para sus cuotas

Pareciera que la historia del priismo oaxaqueño, es cíclica. El grupo que aún detenta el control de la dirigencia estatal del PRI, y que en otros tiempos tuvo el control pleno no sólo del gobierno de Oaxaca, sino del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido —e incluso estuvieron en posibilidades de llegar a la Presidencia de la República—, ha tenido como leit motiv de sus derrotas, el agandalle. Y ahora, pareciera, se preparan exactamente para lo mismo. Veamos si no.

Volvamos el tiempo al no tan lejano año de 2004. Cuando el ahora ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz se convirtió en candidato a la gubernatura del Estado, el grupo político al que pertenecía tenía el control pleno del priismo a nivel nacional a través del tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, y se encontraba en francas posibilidades de regresar, apenas un sexenio después, a la Presidencia de la República.

La candidatura de Ruiz al gobierno de Oaxaca, fue obtenida directamente gracias a ese control, sin permitir que hubiera algún tipo de concurso o elección abierta a otros militantes que pudieran también aspirar a la postulación. Fue, en palabras sencillas, una demostración clásica del “dedazo”, pero ahora manifestada no desde la Presidencia de la República, sino desde la dirigencia nacional del tricolor.

Ulises Ruiz llegó al gobierno de Oaxaca flanqueado por lo que hasta entonces parecía una dirigencia nacional fuerte del PRI. Roberto Madrazo lucía —y se hacía lucir—, desde el CEN priista, como el único candidato capaz de hacerle frente a las intenciones del gobierno federal panista, de imponer un candidato y, a través de carretadas de dinero, hacerlo ganar de nuevo la Presidencia de la República. Sólo que Madrazo, siendo el padrino y mentor político de Ruiz, realmente creía que los cargos y las postulaciones se ganaban por la vía del “agandalle”, y no a través de métodos medianamente democráticos.

Todo esto lo demostró cuando llegó el momento real de la disputa por la candidatura presidencial, y se dio cuenta que, como es natural, ni tenía de su lado a todos los priistas de las diversas regiones del país; ni toda la militancia, y mucho menos la cúpula tricolor, permitiría, sin chistar, que Madrazo se hiciera de la candidatura presidencial sin antes pasar por el consenso, la competencia o la pluralidad respecto a todos los factores de poder.

El llamado Tucom (Todos Unidos contra Madrazo) se creó justamente para eso: para evitar el “agandalle” madracista. Sólo que éste se encontraba decidido a no poner en juego sus aspiraciones presidenciales, y entonces decidió pasar por encima de todos (la entonces secretaria General, Elba Esther Gordillo, gobernadores, líderes regionales, senadores, diputados federales, priistas de ascendencia, y la militancia en general, a la que tampoco preguntó si él debía ser el candidato presidencial).

El resultado de eso fue que, al final, todos lo traicionaron, o cuando menos le dieron la espalda. Al momento de la votación, en julio de 2006, la gran mayoría de los gobernadores rechazaron la posibilidad de volver a tener un Presidente-Jefe Político del Partido; todos vieron el retorno del verticalismo radical al PRI a través del Presidente de la República; y entonces muchos de ellos decidieron pactar su apoyo al PAN o PRD en los comicios presidenciales. Y por eso Madrazo, en su derrota, llevó no sólo el peso de su imagen, sino también el costo extra de todos los frentes de batalla que abrió, dentro de su partido y antes y durante la campaña, para hacerse de la candidatura presidencial y mantenerla a como diera lugar.

DOS REPETICIONES

El gobierno de Ulises Ruiz no distó de esa “tradición”. Aquí, mientras el Jefe Político de los priistas fue también el Gobernador del Estado, las cosas se mantuvieron por la verticalidad en cuestiones partidistas: aquí, sólo la palabra del Gobernador valía para designar candidatos a todos los cargos de elección popular. Todos aquellos que durante el sexenio 2004-2010 detentaron algún cargo —legislativo, municipal o estatal—, no fue por sus méritos, sino por la decisión del Jefe Político.

Esa era una tradición, además de todo, entendida. Sólo que al llegar el momento de las definiciones sobre la sucesión gubernamental, de nuevo apareció el fantasma del agandalle y ese fue un factor importante para que, otra vez, todo terminara rompiéndose. El gobernador Ruiz no tomó en cuenta ningún otro factor que no fuera su conveniencia particular.

Se decidió, en la persona de Eviel Pérez Magaña, por el menos competitivo y conocido de los posibles candidato. Desplazó, descalificó y ninguneó, hasta llevarlos al punto del enojo, a todos los demás aspirantes a la Gubernatura. Y al final, todos sin excepción, contribuyeron a una derrota electoral de múltiples factores, al negarse a cualquier forma real de involucramiento con ésta, que era la batalla política más importante de todas sus vidas.

Hoy, por ejemplo, nadie quiere hacerse cargo, ni contribuir al priismo, porque señalan que es inadmisible que Eviel Pérez Magaña construya su candidatura al Senado teniendo como trampolín la dirigencia estatal del PRI. Lo señalan, con cierta razón —aunque también con mucha paranoia y ánimo de justificar sus propias aspiraciones—, y señalan que todo aquel que desee ser líder priista y no esté cooptado por el gobierno o los grupos contrarios al del ex gobernador Ruiz, necesariamente debe renunciar a cualquier aspiración respecto a las Cámaras federales.

Dicen, con cierta razón, que si desde la dirigencia tricolor se prepara de nueva cuenta un “agandalle” de la fórmula al Senado y las diputaciones federales, lo que habrá será un cisma de magnitudes importantes. Es decir, se terminará de romper un partido ya de por sí muy quebrado. Y el problema es que hasta hoy, nadie ha sido el “sacrificado” que diga que pretende hacer algo por el priismo, sin tener de por medio sus aspiraciones personales.

SUBEJERCICIO

Ayer, varios diputados federales del PRI, organizaron un foro para denunciar el subejercicio en que, dicen, está incurriendo el gobierno estatal. Esto, que podría parecer un mero acto de revanchismos partidistas, fue más allá, al reunir a más de 100 ediles y unas 20 organizaciones sociales. Ahí, resolvieron presentar un punto de acuerdo en San Lázaro para que el gobierno de Oaxaca explique por qué no aplica el presupuesto a casi ocho meses del presente ejercicio fiscal. Abundaremos.

+ Ciudadanía, política… ¿y partidos parasitarios?

Una de las tantas versiones que existen sobre la puesta en marcha de la estrategia de combate al crimen organizado, por parte del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, señala que ésta fue implementada como una bien enmascarada estrategia de movilización política, para evitar que las discordancias postelectorales surgidas de los comicios presidenciales de 2006, pudieran devenir en un movimiento beligerante, o en una respuesta violenta por parte de la ciudadanía.

A partir de esa posibilidad, hoy pueden entenderse a la perfección situaciones tan particulares como la de Andrés Manuel López Obrador, y la del recién cambiado de denominación Movimiento Ciudadano, que hasta hace unos días se llamaba Partido Convergencia.

Esa versión, que es una de las tantas conocidas sobre el origen de la sangrienta guerra anticrimen que hoy libra el gobierno federal asegura, entre otras cosas, que este plan fue delineado por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, que a finales de 2006 estaba preocupado por las altas posibilidades de que el resultado de los comicios presidenciales de ese año, pudiera devenir en un conflicto violento —ya fuere porque AMLO llamara a una especie de resistencia o desobediencia no pacíficas, o porque otros grupos, beligerantes, aprovecharan la ocasión para desencadenar algún tipo de revuelta o asonada violenta.

Se asegura que, derivado de esa preocupación, el gobierno estadounidense ideó las generalidades del plan, el cual incluiría el aprovisionamiento por parte de ellos hacia el gobierno mexicano, con tal de que éstos iniciaran una ofensiva sin precedentes en contra de los cárteles mexicanos.

Tal plan, luego denominado Iniciativa Mérida, tendría dos objetivos: el primero, visible, ir a combatir frontalmente a las bandas criminales, que no sólo provocan problemas en México, sino también en los Estados Unidos. Y el segundo —aparentemente invisible, pero que sí claramente perceptible por parte de la población— iría encaminado justamente a desmovilizar a la ciudadanía que hasta entonces pudiera encontrarse inconforme.

Esto último, evitaría los riesgos de asonadas o revueltas, al infundir miedo a la población a través de la presencia policiaca y militar en las calles; en el mediano plazo, aislaría a los adversarios políticos del gobierno del presidente Felipe Calderón, y los disminuiría; y globalmente, daría seguridad a los Estados Unidos de que sus intereses e inversiones en el país se mantendrían a salvo.

De todo esto, hoy llama la atención que todos los efectos de ese supuesto plan estadounidense —que no es nuevo ni desconocido, aunque nunca oficial— parecen estarse cumpliendo a la perfección. A simple vista puede verse que la guerra anticrimen (y no sólo la presencia criminal en las calles, sino también la policiaca y militar) mantiene en el terror a docenas de ciudades y comunidades en todo el país, que prefieren no salir a las calles —y mucho menos manifestarse— para no ponerse en riesgo, ni toparse con esas personas a las que, sean militares o criminales, los consideran un cáncer y un peligro para la sociedad.

En el caso de las efervescencias políticas, hoy ocurre exactamente lo mismo. Independientemente de cuál sea la razón específica, seis años después de aquellos comicios en los que López Obrador estuvo a punto de ganar (y también a punto de convertirse en un icono de la política mexicana, un referente indispensable dentro de su partido, y un líder indiscutible de la oposición, etcétera), lo que más bien vemos es a un candidato desprovisto de una parte importante de la fuerza que se le vio hace seis años, e incluso buscando un partido político que le permita postularse, en una segunda posibilidad, para acceder al poder presidencial.

PARÁSITOS MUTUOS

Quién sabe si Andrés Manuel López Obrador sepa lo que realmente representa Movimiento Ciudadano en cuanto a fuerza real y presencia electoral en el país; quién sabe si, al contrario, Movimiento Ciudadano sepa que AMLO hoy no es lo que fue en 2006, y que hoy sus posibilidades de repetir una hazaña como la de hace casi seis años, es mucho menos probable. Quién sabe, aunque seguramente ambos están concientes de lo que son. Y si es así, ¿entonces para qué se buscan mutuamente?

Queda claro que Convergencia cambió de nombre para poder entregarse a López Obrador; del mismo modo, queda claro que éste conformó a su Movimiento de Regeneración Nacional, y está aceitando sus estructuras electorales, justamente para ocupar la plataforma que significa un partido político (nada menos que ser uno de los privilegiados que tiene la posibilidad de beneficiarse del monopolio de acceso al poder público) que le permita la postulación presidencial, y nuevamente posicionarse ante el electorado como un líder de izquierda, aunque ya no necesariamente como un potencial ganador de los comicios federales.

¿Y qué busca Movimiento Ciudadano? Más claro, ni el agua: busca subirse al trampolín lopezobradorista para, a partir de él, generar las condiciones que le permitan ya no digamos que ganar muchas diputaciones o senadurías, sino simplemente sobrevivir y conservar su registro como partido político. Saben que preservando esto último, tienen la garantía de prerrogativas por tres años más, posibilidad de postular a cuadros no partidistas, e incluso de que las familias que hoy se ostentan como dueñas de esa “franquicia democrática” puedan seguir viviendo y aprovechándose de ella.

Pareciera que ambos, López Obrador y Movimiento Ciudadano, se encontraron bastante lejos de la senda del verdadero provecho común de las alianzas. Más bien, lo que claramente buscan es su provecho particular mutuo, y pasar satisfactoriamente la prueba de la preservación del registro como instituto político.

Pareciera que no buscan ganar mucho; pero en realidad sí se llevarán lo suficiente como para seguir esperando a la siguiente forma de reinventarse. Queda claro que no es el poder; es la supervivencia.

ADIÓS AL BULLICIO

Con la celebración de la Octava del Lunes del Cerro, Oaxaca prácticamente cierra el ciclo de las actividades más coloridas y atractivas del año. Ojalá que independientemente de eso, siga la promoción intensa a la cultura y a todos los atractivos que tiene nuestra entidad, que tiene para mucho más que seguir siendo un destino de ocasión, y de un par de noches de hotel. Ojalá tengan la visión, en el Gobierno del Estado, para conseguir ese objetivo.

+ Ejemplos de desfalco, burdos e insostenibles

Aprovechando los millonarios recursos que el gobierno estatal erogó en la compra de espacios publicitarios a medios informativos de la Ciudad de México con motivo de las fiestas de la Guelaguetza, en la última semana la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, concedió una serie de entrevistas en las que habló de los quebrantos encontrados, de la “piel sensible” de los ex funcionarios señalados, y de los ejemplos que, según ella, corroboran que, en efecto, la treintena de colaboradores del ex gobernador Ulises Ruiz se llevaron más de tres mil 300 millones de pesos. Si alguien en el gobierno estatal es inteligente, o tiene asesores que lo sean, deberían recomendarle a la Contralora que, por su propio bien, dejara de emitir ese tipo de declaraciones.

¿Qué dijo la contralora Woolrich? Por ejemplo, en una entrevista concedida el jueves pasado al periodista Carlos Puig, para el programa “En 15”, que se trasmite por Milenio Televisión, la Secretaria de la Contraloría se dijo sorprendida por la “piel sensible” de los 32 funcionarios que fueron señalados, expresamente, por ella, en una conferencia de prensa el pasado 11 de julio, y dijo no comprender a todos aquellos que primero exigían que el gobierno estatal diera nombres sobre los quebrantos, y después se sintieron ofendidos.

En otra parte de la entrevista, la secretaria Woolrich puso como ejemplo el desfalco que la actual administración había encontrado de la gestión previa en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, del cual depende el Seguro Popular. Dijo que sólo en esa dependencia habían encontrado un desfalco de más de mil 100 millones de pesos, y dijo que ese faltante, entre otras cosas, había provocado el desabasto de medicamentos que hubo al inicio de la administración. También aseguró que una parte de esos mil millones de pesos irregulares, se había detectado por el otorgamiento irregular de contratos, obras y otras cuestiones de ese tipo.

Finalmente, Woolrich Fernández aseguraba que a muchos de los ex funcionarios señalados no se les había podido “correr traslado”, debido a que éstos ya no se encontraban en el domicilio particular en el que hasta hace poco tiempo habitaban. Decía que a cada uno de ellos se le daría el término de 15 días para solventar las irregularidades que se les señalaban, pero daba por hecho que había desfalcos millonarios.

Ante todas estas aseveraciones, habría que preguntarse qué es lo que realmente busca el Gobierno del Estado a través de la contralora Woolrich; pero, sobre todo, queda la duda inicial respecto a si hoy mismo pueden estar seguros de todos los desfalcos que aseguran, y de la responsabilidad de cada una de las personas a las que han señalado.

¿DECLARACIONES RESPONSABLES?

En primer término, los empleados de la administración estatal encargados de la revisión de los recursos ejercidos, tendrían que repensar con más seriedad qué entienden por “piel sensible”. Aunque puede pensarse que acusan la excesiva “sensibilidad” de quienes antes ejercieron el poder, abusaron de sus cargos, y ahora se dicen perseguidos, en realidad este no es, ni debe ser —por lo menos en su cara visible—, un asunto político sino estrictamente administrativo y materialmente jurisdiccional. Expliquémonos.

¿Cómo se vería el Procurador General de Justicia (a la razón representante social, tradicional “abogado del Estado” y, se supone, defensor de las causas de la ciudadanía), acusando de tener “piel sensible” a los enemigos del régimen, a quien él procesa por la supuesta comisión de delitos? ¿No parecería —y, en efecto, así sería— que atenta contra los principios de certeza, objetividad e imparcialidad, que se supone que representa? Eso es exactamente lo que ocurre hoy con la contralora Woolrich. ¿Y qué no se supone que en este país todos son inocentes, en todos los procedimientos seguidos por la autoridad en forma de juicio, hasta que se les demuestra lo contrario? Y si es así, ¿son culpables por priistas, o porque verdaderamente se les corroboraron los desfalcos?

Pero más allá de eso, hay cuestiones igualmente inexplicables. Si había un ejemplo desafortunado sobre los presuntos desfalcos encontrados, ese es precisamente el del Seguro Popular. ¿Por qué? Porque como ya se ha señalado, los más de mil 100 millones de pesos por los que se acusa de irregularidades a dos ex funcionarios estatales encargados de ese programa, son nada menos que la totalidad de los recursos ejercidos. Es decir, que si en verdad fuera cierto lo que dice la contralora Woolrich, entonces lo que habría ocurrido en 2010 habría sido nada menos que la desaparición del Seguro Popular —y el enorme daño social que eso habría provocado— en aras de la ambición y la voracidad de sólo dos personas.

¿A poco el Seguro Popular dejó de funcionar? ¿A poco en todo 2010 no se pagaron alrededor de 800 millones de pesos, en salarios al 40 por ciento del total de personal que labora en los Servicios de Salud de Oaxaca? ¿Si no se les pagaron, entonces por qué esos miles de trabajadores nunca protestaron? ¿Y en serio no hubo ni medicamentos ni servicios médicos ni nada? Incluso, los organismos evaluadores de ese servicio médico a nivel nacional, reportan que en el último año, el nivel de satisfacción del usuario del Seguro Popular en Oaxaca, fue de nada menos que del ¡97 por ciento!

Lo peor de todo, es que la contralora pretende tasar todo no en base a la justicia o la ley, sino un evidente interés político y hasta partidista, además de sus atavismos personales. Queda claro que todos aquellos que, en efecto, resulten tener una responsabilidad administrativa o penal, deben ser castigados con todo el rigor de la ley. Pero de eso a suponer que hoy mismo se puede enjuiciar a priori, en los medios, a través de ejemplos burdos, y basados en suposiciones no corroboradas fehacientemente.

¿Y LOS JUICIOS?

Las leyes prevén, desde hace muchísimo tiempo, todas las formas posibles para notificar de formas alternas a la de tipo personal, y evitar con eso que el gobernado quede en estado de indefensión. Si hay quien, en efecto, desapareció, lo que debe hacerse es seguir escrupulosamente los procedimientos administrativos hasta su conclusión. No vaya a ser la de malas que, al final de un largo y costoso proceso, los particulares le ganen los juicios a la Contraloría por notificaciones mal realizadas, o por haberlos dejado en estado de indefensión. Suele ocurrir. Pongan sus barbas a remojar.

Viabilidad, en candidatos, no en nombre

Hoy que la militancia convergente se deshace en un pleito interno por el nombre y el control formal su partido, queda claro que la lucha tiene la clara intención de asegurar el rumbo de las candidaturas para los comicios federales del próximo año.

Sólo que los integrantes de los dos bandos en disputa en Oaxaca —partidarios de Benjamín Robles Montoya, y de Alberto Esteva Salinas— no quieren entender que para un instituto político como Convergencia, lo menos importante es el acceso a las candidaturas. Todos debieran estar más preocupados por construir, desde el gobierno, y desde fuera de él, los liderazgos que no tienen y que les urgen si es que de verdad pretenden intentar perpetuarse en el poder en la entidad.

Parece una cuestión “natural”, decidida por algún tipo de instinto de sobrevivencia, que todo partido o grupo político que llega al poder, siempre va a intentar perpetuarse en él. En el caso particular del México actual, el sistema político no permite la permanencia indefinida de las mismas personas en los espacios del poder público, pero sí la de los grupos políticos. Así fue como el PRI, independientemente del nombre del gobernador en turno, gobernó varias décadas. Y así es como, se supone, ahora debería intentarlo hacer el grupo político gobernante que emanó de Convergencia, y que encabeza el gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Sólo que este grupo, que aún no comienza a construir claramente —o al menos no se ve— los liderazgos que debieran perpetuar al ahora equipo gobernante luego de un proceso sucesorio, ya se está peleando por el control del partido político que, formalmente, significa la vía de acceso al poder. Y aunque este parece un paso sustancial, en realidad queda claro que esto es insuficiente mientras no tengan las figuras sólidas, a través de las cuales puedan ganar elecciones.

Esto es claro. Los grupos de Robles Montoya —con el apoyo del gobierno estatal— y el de Esteva Salinas, entraron ya en la ruta de colisión, en la que el pretexto es el control del partido, pero el fondo radica en la definición de las candidaturas al Senado. Ambos personajes, emulando la tradición priista, consideran que encabezando la fórmula de candidatos a la Cámara alta, tendrá automáticamente la calidad de “candidato natural” a la gubernatura del Estado en 2016.

Esa disputa parece franca. En realidad, los únicos dos personajes que acompañaron la larga carrera del gobernador Cué desde la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, hasta ahora como Mandatario Estatal, fueron Esteva y Robles, aunque ambos respondiendo a intereses y grupos distintos. Robles como senador, representaría al grupo puramente gabinista.

Pero Esteva Salinas, en esa misma situación, encarnaría también a un gabinista, aunque éste con un importante grado de reconocimiento, altura y ascendencia política respecto a otros grupos de poder (como el del jefe de Gobierno de la capital del país, Marcelo Ebrard Casaubón) que en diversos momentos han apoyado al gobernador Cué.

Hasta hoy, queda claro que la disimulada actitud del Jefe de ese grupo político (es decir, el Gobernador del Estado) frente a la disputa por Convergencia, lo único que denota es que su apoyo se encuentra a favor de quienes pretenden convertirlo en Movimiento Ciudadano y pretenden que las candidaturas se queden dentro del grupo puramente gabinista que hoy se encuentra en el gobierno del Estado.

¿CANDIDATOS, QUIÉNES?

Sin embargo, este asunto está lejos de reducirse a las dos candidaturas al Senado, e incluso a la posibilidad de que éstas se queden entre los gabinistas “puros” o entre los “ebrardistas”. El tema que realmente debiera preocupar a todos, es que ni Robles, ni Esteva Salinas, ni ninguno otro de los personajes que rodean al gobernador Cué, tiene hoy el potencial para crecer a tal grado de garantizar no sólo un triunfo en 2012, sino también que en 2016 pueda ser un producto electoralmente “rentable” para retener la gubernatura del Estado en manos del gabinismo convergente.

Hoy, independientemente de que el partido finalmente se llame Convergencia o Movimiento Ciudadano, y de la plataforma electoral o intereses que represente, al menos lo que queda claro es que no tienen figuras para lograr crecimiento y mayor presencia.

Es decir, hoy no se nota que se estén construyendo, desde el gobierno y fuera de él, las candidaturas a diputados federales y senadores (Esteva no construye siendo funcionario del gobierno del Distrito Federal, y Robles Montoya mucho menos, al tomar el lugar de  “Maquiavelo” del régimen) para el proceso electoral que ya está en puerta, mucho menos para quienes serán los diputados locales que serán aliados, y que facilitarán el trabajo del Gobernador del Estado desde la Legislatura local siguiente. Y, bueno, frente a todo eso, no se ve qué rumbo pueda tener la visión —si es que la tienen— de que otro convergente gobierne la entidad cuando el gobernador Cué concluya su gestión.

Por eso, hoy todos los convergentes que se deshacen por el control de su partido, debieran ver con mayor claridad que pueden hacerse de la cancha y hasta del balón, pero que sin jugadores competitivos —que metan goles—, esa cancha y ese balón de todos modos sirven para nada.

Y, lo más importante, antes que disputas palaciegas —que, además, cada día descienden de nivel, hasta dejar ver la verdadera vocación de quienes la encabezan— que sólo degradan integralmente a la fuerza que representa, puros y conversos debieran estar preocupados por seguir creciendo políticamente, hasta ser, o parecer, algo más que simples integrantes de un partido que seguiría siendo meramente testimonial hasta en la única entidad federativa del país donde gobierna un militante de ese partido. De nada les servirá esforzarse en lo segundo, si siguen siendo nada en cuanto a lo primero. ¿Entenderán? Sólo ellos saben, aunque hasta hoy no parece.

BOLETINITIS

¿Se había visto antes que un funcionario de segundo nivel —un secretario particular— enviara todos los días boletines de prensa estableciendo posiciones políticas o asumiéndose como el actor político o funcionario de responsabilidad que, en realidad, no es? Eso es lo que extraña de Benjamín Robles: que se pretenda dar una importancia que formalmente no tiene, y que haya foros en los que, por conveniencia, por convenio o por oficiosos, le abran la puerta y alimenten su ego. ¿Por qué no piensa en asumir él la dirigencia de su partido? Eso lo colocaría donde siempre ha soñado estar; y le evitaría muchos problemas al gobierno estatal.