+ Su presentación, tan desastrosa como su aprobación

Independientemente de las cuantiosas fallas metodológicas e inconsistencias que presenta el Plan Estatal de Desarrollo, que el gobierno estatal entregó al Congreso el pasado 31 de mayo, queda claro que en sí mismo éste es un ejemplo andante de ilegalidad e incapacidad. Que está a punto de coronarse hoy que los diputados pretenden “prorrogar” la votación, aprobación y publicación del mismo. De principio a fin, esta historia presenta irregularidades que revelan en toda su magnitud la informalidad y el poco respeto que actualmente se tiene por el mandato de la ley en Oaxaca.

Habría que comenzar preguntándonos qué es un Plan Estatal de Desarrollo, y para qué debe realizarse. De acuerdo con la Constitución de nuestra entidad, los fines del proyecto estatal contenidos en la misma Carta Magna, determinarán los objetivos de la planeación. Éste, también dice la Constitución en su artículo 20, es un proceso político, democrático y participativo “que tomará en cuenta las peculiaridades de cada una de las regiones que comprende el Estado de Oaxaca. Será regional e integral y tendrá como unidad de gestión para el desarrollo, a los planes elaborados a nivel municipal.

Asimismo, dicho numeral señala que será mediante la participación de los diversos sectores sociales, como se recabarán las aspiraciones y demandas de la sociedad, “para incorporarlas al Plan Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública”.

Y, en este sentido, la Constitución dispone, de modo obligatorio, lo siguiente: “La Ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo coordine (…) las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.”

Ahora bien, en primer término debemos preguntarnos si, en efecto, en este caso se siguieron todos los pasos establecidos en la ley para la formulación de dicho Plan. En este punto, es donde se presenta el primer escollo que presenta el documento elaborado en mayo pasado por el Ejecutivo del Estado.

Aunque en el Plan Estatal de Desarrollo se establece desde su planteamiento inicial, que es producto tanto de la participación de la sociedad como del trabajo conjunto realizado primero por la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso, luego por el gobierno electo, y finalmente por los foros temáticos organizados recientemente por la administración estatal, queda claro que esa supuesta amplia participación social no tiene correspondencia con el resultado de esa conjunción de ideas y aspiraciones, pues son más las cifras desalentadoras y los abundantes señalamientos sobre el fracaso de las políticas públicas del pasado —en aras de legitimar la alternancia partidista en el poder—, que verdaderamente los planteamientos encaminados a establecer de qué modo se abordará la problemática social que preocupa a los oaxaqueños.

Incluso, sobre las deficiencias técnicas, metodológicas y de elaboración que tiene el presente Plan, en distintos medios escritos y electrónicos, varios especialistas oaxaqueños han hablado ya con amplitud. Habría que releer, en este sentido, un artículo denominado “Un plan de papel”, firmado por Emiliano Golay, y publicado en el portal de noticias Libertad Oaxaca (www.libertad-oaxaca.info), y los que al respecto ha publicado en estas mismas páginas, y en varios momentos, el doctor Felipe Martínez López, los cuales también pueden ser consultados en su blog personal (http://fmtzlopez.blogspot.com).

ILEGALIDAD ANDANTE

Sin embargo, el único problema del Plan Estatal no radica en sus fallas técnicas o en las deficiencias que presenta en cuanto a establecer verdaderas directrices sobre los objetivos y metas posibles de alcanzar, sino que también presenta un grave problema de ilegalidad… desde su origen.

Éste, como apuntábamos al inicio, fue entregado el último día de mayo al Congreso del Estado, para que éste lo discutiera, aprobara y publicara. Ni el plazo ni el cumplimiento de todos esos requerimientos, no son capricho de nadie. Y aunque queda claro que hoy mismo el Plan Estatal ya se encuentra en un plano de ilegalidad, todavía los diputados pretenden seguir incrementando esa situación a través de figuras legaloides que en nada abonan al Estado de Derecho.

¿De qué hablamos? De que la necesidad de que el Plan de Desarrollo del gobierno en turno esté presentado, discutido, aprobado y publicado a más tardar seis meses después del inicio de la administración, no es consecuencia de un capricho, sino del dictado ineludible de la Ley de Planeación. Ésta, en su artículo 23, establece que “El Plan Estatal de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse, en un plazo de seis meses contado (sic) a partir de la fecha en que tome posesión el Gobernador del Estado…”

Además de la falta de respeto al Poder Legislativo que significó el hecho de que el Plan Estatal fuera entregado de manos de un funcionario menor (el Secretario Particular del Gobernador), el Gobierno del Estado y el Congreso son cómplices de la franca violación a la ley que implica el hecho de que hoy mismo (23 de junio) la entidad no cuente con el Plan de Desarrollo que marcan la Constitución y la norma reglamentaria de este rubro.

No obstante, como si eso fuera menor, y haciendo todo lo mismo para seguir violando la ley, que para dar tiempo al Gobierno del Estado para que enmiende las inconsistencias de dicho documento, en las fracciones parlamentarias del PAN, PRD y PRI se busca otorgar una “prórroga” al Plan, para que se asienten las observaciones que están preparando cada uno de ellos.

PLAN CON MAÑA

¿Una prórroga? Hasta donde se sabe, esta figura jurídica no se encuentra ni en la Constitución ni en la Ley de Planeación, como una herramienta posible para prolongar la discusión o análisis del Plan Estatal. Más bien, lo que están buscando es una salida decorosa, aunque ilegal, para enmendar tanto la excesiva demora, como la incapacidad del gobierno estatal para articular un documento que verdaderamente contara con todos los elementos para poder ser el eje rector del desarrollo en el Estado. Pero ahí van, sin ver ni escuchar a nadie, a seguir convalidando la irresponsabilidad y la ilegalidad, que son comunes en estos tiempos.

+ PRI sólo vio por los suyos; gobierno persigue a todos

Qué bien que, al menos por decoro, la dirigencia y los sectores del PRI en Oaxaca, finalmente hayan alzado la voz para, al menos de forma declarativa, manifestar su respaldo al ex coordinador de Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón, y denunciar los intentos de persecución política que se enderezan desde la administración estatal en contra del priismo.

Alzaron la voz, sí, aunque tarde, porque la persecución política real inició hace meses, y la gran mayoría de los platos rotos los ha pagado la burocracia estatal, tildada de “priista”, a la que no han respaldado ni dirigentes ni fracciones parlamentarias para conservar dignamente su empleo, y a quienes tampoco respetó el gobierno estatal, que se dijo inicialmente “comprometido” con ellos.

Si bien se recuerda, el primer viso de represión y persecución entre los regímenes saliente y entrante de gobierno, se dio justamente con quienes trabajaban directamente en la administración estatal. A los pocos días de ocurrida la jornada electoral (a mediados del mes de julio del año pasado), se dejaron correr cuando menos sendos rumores por parte tanto del gobierno electo de Gabino Cué, como del saliente de Ulises Ruiz.

El primero, que surgió de los funcionarios salientes —de algún modo en represalia a una supuesta falta de apoyo por parte de la burocracia estatal a la causa priista, como si con sus votos les hubiera suficiente para ganar esos comicios en los que fueron arrollados—, consistía en asegurar que cuando el nuevo gobierno tomara posesión, de inmediato decretaría el cese de unos cinco mil empleados de confianza, por el solo hecho de haber servido al gobierno de los adversarios del nuevo régimen.

El segundo, surgido del gobierno electo, insistía en asegurar que antes de culminar la gestión del gobernador Ruiz, éste otorgaría nombramiento como trabajador de base, a esos mismos cinco mil empleados de confianza. Tal acusación sirvió de base no sólo para poner los ojos de la opinión pública en el proceso de basificación de trabajadores al cierre de la administración, sino también, y de algún modo, para ir preparando el terreno respecto a la limpieza que irremediablemente harían entre los empleados de confianza del gobierno estatal.

No obstante, esos dos rumores —porque aquel no era el momento para que algo de eso ocurriera— despertaron asimismo sendas exigencias que, sin embargo, fueron desoídas por los dos grupos que se disputaban el poder: al oficialismo priista, en aquel momento, se le exigía que encabezara la defensa de la dignidad del trabajo público, y que por tanto no permitiera que grandes grupos de trabajadores de confianza fueran despedidos, por el solo hecho de haber trabajado en una administración emanada de un partido distinto al del gobierno entrante.

Empero, frente a las intenciones del gobierno entrante, también se propuso el replanteamiento de la forma de contratación y la estabilidad laboral de los empleados públicos no basificados.

En esencia, se proponía —y la administración del gobernador Cué inicialmente no vio mal la propuesta— de que se implementara un sistema de servicio profesional de carrera, que diera certidumbre al trabajo de los servidores públicos en el rango de los llamados “mandos medios”, y eliminara las tentaciones sectarias y autoritarias características de los gobiernos no democráticos, que pretendían reinventar la gestión pública, y renovar a todo el funcionariado —con el altísimo costo negativo que eso implica— cada seis años.

OLVIDO Y PENITENCIA

Tanto el PRI como el gobierno estatal olvidaron sus promesas, y tan pronto llegó el 1 de diciembre, grandes grupos de empleados de confianza fueron quienes comenzaron a pagar el costo real de la alternancia y la llamada “transición a la democracia” en Oaxaca. En prácticamente todas las dependencias públicas estatales, inició un proceso gradual pero implacable de sustitución de funcionarios, en el que de nuevo —e igual que en el pasado— los únicos criterios para la permanencia o destitución de empleados de confianza fueron las demostraciones de servilismo, o la simple filiación partidista.

El Revolucionario Institucional, que fue quien aseguró que defendería la causa de esos trabajadores que sí fueron obligados a hacer activismo a favor del entonces partido oficial, simplemente se olvidó de esas y otras que sí deberían ser causas cotidianas para ellos, y sólo reaccionó —tarde, mal y temerosamente— ahora que un ex alto funcionario de la administración ulisista fue detenido y llevado a prisión, por la presunta comisión de delitos en el desempeño de sus funciones.

En este sentido, aunque es cierto que la aprehensión de Gonzalo Ruiz Cerón sí amerita en sí mismo una respuesta firme del priismo opositor, también es cierto que éste fue sólo un paso más que dio el gobierno estatal en el ajuste de cuentas con el grupo gobernante de los seis años anteriores, pero en el que también hizo pagar a justos por pecadores. Hasta ahora, el gobierno de Cué se ha deshecho en amagar y perseguir a terceros, y no a quienes aparecen en su lista de verdaderos enemigos políticos.

No obstante, lo más grave de todo esto es que ese insaciable ánimo persecutor del gobierno estatal en contra de la misma burocracia, los ha hecho revivir aquella vieja máxima del refranero, que dice que en el pecado han llevado la penitencia. ¿Por qué? Porque más allá de las grandes aprehensiones y las reyertas políticas contra la cúpula de poder del sexenio anterior, el gobierno estatal ha separado de sus filas a cientos de personas, en todas las dependencias, que eran quienes verdaderamente le daban operatividad técnica al gobierno estatal.

Se preguntan, por ejemplo, por qué innumerables áreas del gobierno estatal se encuentran atoradas, de cabeza, y llenas de rezagos, problemáticas y subejercicios. La respuesta está en que, sin más ni más, despidieron a gente que tenía años haciendo ese trabajo, y que conocía las normas, las reglas de operación, y todos los aspectos subjetivos de las labores que desempeñaban. En efecto, en el pecado están llevando la penitencia. Pero los platos rotos los han pagado todos aquellos que hoy, a pesar de su experiencia, se encuentran en las amplias filas del desempleo.

INCERTIDUMBRE

¿Que la cacería de brujas no sólo no ha terminado, sino que apenas inicia? Volteen a ver a los juzgados penales. Ahí ya se radica una veintena de respuestas a ese cuestionamiento insistente.

+ Eviel, Martín y todos, ajenos a amagos oficiales

No deja de llamar la atención que casi al cumplirse el término constitucional ampliado de seis días, para que un juez determine si dicta o no auto de formal prisión al ex coordinador de Transporte del gobierno estatal, Gonzalo Ruiz Cerón, hasta la tarde de ayer siguiera sin haber un solo pronunciamiento oficial al respecto, por parte de la dirigencia priista en Oaxaca.

Llama la atención este asunto, por las inconsistencias legales que ya se conocen de la Averiguación Previa que sirve de base a este procedimiento. Y llama también la atención porque este es un botón de muestra más, de cómo la desarticulación, el desdén y las traiciones, son la moneda común en un partido que hoy debía estar más cohesionado que nunca.

En este momento, son perfectamente conocidas las inconsistencias del proceso penal que se le sigue a Gonzalo Ruiz Cerón. Se sabe que las acusaciones tienen un sustento endeble, lo mismo que la Averiguación Previa en la que sustentaron la emisión de la orden de aprehensión; se sabe también que la acusación sobre el tráfico y presunta venta ilegal de más de nueve mil concesiones, no fue sino parte del show mediático del gobierno estatal para justificar la acción.

Se sabe, en el fondo, que son tan altas las posibilidades de que finalmente se declare, o el auto de libertad, o que se triunfe en la vía de amparo —y que por tanto los delitos imputados a Ruiz Cerón no son tantos ni tan graves ni tan evidentes ni tan escandalosos como inicialmente parecían—, que todos ya debieran haber acusado la evidente persecución política que se está ejecutando.

Por todo eso, hoy debiéramos preguntarnos dónde está no sólo la dirigencia priista, sino también los líderes de los sectores y organizaciones que integran ese partido; los coordinadores de las fracciones parlamentarias tanto en el Congreso federal como en la Legislatura local; dónde se encuentran todos los ex funcionarios icónicos de la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Y dónde están todos aquellos que fueron parte de la bonanza del poder en los pasados seis años, y que hoy, con su silencio y apatía, están dejando morir solo al encarcelado ex Coordinador de Transporte de la pasada administración.

En primer término, y en un análisis riguroso de la actitud demostrada en los últimos días por los quienes se dicen priistas por convicción, debiéramos preguntarnos dónde se encuentran tanto los dirigentes formales, como sus detractores. Queda claro que más allá de cualquier diferencia interna que hoy tengan los tricolores, en el fondo todos fueron parte de la misma gestión gubernamental, y por tanto todos debían tener el deber moral de defender a sus ex compañeros funcionarios, que hoy son objeto no sólo de un proceso judicial, sino claramente también de una característica persecución política.

En este sentido, habría que cuestionarse, en el mismo plano, dónde se encuentran los diputados federales Eviel Pérez Magaña y Jorge Franco Vargas. Uno y otro, que se dicen dirigentes “legítimos” del mismo partido, hoy simplemente han levantado los hombros, como si fueran ajenos a un asunto que esencialmente también los atañe. Y es así no sólo porque a quien persiguen fue funcionario en la misma administración que ellos, sino por el supuesto “compañerismo” y lealtad de militancia que, sin embargo, no han demostrado públicamente ni en su más mínima expresión.

Algo similar ocurre con todos los sectores que, de uno u otro modo, tuvieron relación con este asunto, y también son piezas de un partido político que, esencialmente, implica mucho más que sus solos liderazgos o figuras particulares. De ellos, tampoco ha habido el pronunciamiento que pudiera esperarse.

PODERES REALES

Sin embargo, queda claro que más allá de los solos posicionamientos partidistas o de liderazgos sectoriales o regionales, el priismo ha demostrado un alto grado de debilidad (o quizá entreguismo, o hasta abierta traición) al permanecer inmóvil en los terrenos donde verdaderamente tendría la fuerza para presionar al gobierno estatal a conducirse en el estricto marco de la legalidad, y dejar de lado las disputas políticas que insiste en alimentar. ¿Dónde están las fracciones parlamentarias en un momento como este?

Pareciera, aunque no deja de ser una percepción, que los más activos han sido los diputados federales. Aunque no particularmente por este asunto, quienes hoy representan al PRI de Oaxaca en el Congreso de la Unión, sí han demostrado tener ciertos arrestos para encarar y exigir al gobierno estatal. Sólo que en este caso en particular —y aun conociendo todos los detalles que desvirtúan los indicios de corrupción que cayeron sobre Ruiz Cerón cuando fue aprehendido— éstos no se han pronunciado en ningún sentido.

Caso tanto o más grave es el de los diputados locales del tricolor. Encabezados en su actitud de desprecio a la persecución contra Ruiz Cerón, por el presidente de la Junta de Coordinación Política, y coordinador de bancada priista, Martín Vásquez Villanueva, hoy se sabe que algunos diputados del tricolor se negaron rotundamente a por lo menos ser parte de un posicionamiento que la tarde de ayer trataba de consensarse, tardíamente, desde la dirigencia estatal.

Ellos, y todos los demás, en el fondo debieran tener la honestidad para aceptar que los cargos que tienen fueron gracias a ese ente abstracto (el Revolucionario Institucional) a quien hoy desprecian, y por el que debieran estar luchando y defendiendo con mayor ahínco. También queda claro que, unos y otros, todos, se encuentran más preocupados por temas como la elección de gobernador en el Estado de México, o por sus propios proyectos personales rumbo al Senado de la República.

Todo esto, como si en realidad, personajes que sólo cargan en sus haberes políticos actuales —como el mismo Vásquez Villanueva, sin demérito de los demás— derrotas, visos de cooptación, y hasta tomaduras de pelo por parte de sus supuestos adversarios políticos, tuvieran verdadera legitimidad, y hubieran demostrado eficacia y oficio político, como para aspirar a mejores cargos políticos.

¿PRIISTAS ORGÁNICOS?

En todo esto, queda claro que hay quienes, desde la oposición, comienzan a hacerle el juego abiertamente al gobierno estatal. Sin embargo, pensar en que el o los próximos senadores del PRI pueden ser “orgánicos” o “colaboracionistas” con el régimen gobernante en la entidad, es tanto como una ingenuidad o un insulto para su propio partido, y para el electorado que ya no es aquel menor de edad que era hasta hace no mucho tiempo.

+ Mentiras de PGJE, pronto quedarán en evidencia

Hoy que Gonzalo Ruiz Cerón se encuentra en prisión, y que su aprehensión provocó enorme expectativa respecto al ajuste de cuentas, o cacería de brujas, o persecución de los corruptos del gobierno anterior, habría que preguntarse si verdaderamente tienen solidez las acusaciones que se le imputan, o si todo esto puede ser nada menos que un castillo de arena, que más temprano que tarde se le deshaga en las manos al gobierno estatal, y deje en claro que, o actuó bajo una lógica estricta de la persecución política, o que tiene un órgano incompetente de procuración de justicia, o ambas.

A reserva de que pronto veamos la resolución de este asunto, vale la pena analizar algunos aspectos que revelan que este asunto no es ni tan estruendoso ni tan eficaz ni tan justiciero, como parece.

El pasado 15 de junio, cuando ocurrió la aprehensión del ex Titular de la Cotran, el procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, aseguró que ésta había ocurrido “por haber otorgado de forma indiscriminada al menos 9 mil títulos de concesión a personas ajenas al gremio del transporte público entre julio y noviembre de 2010” y por “no haber depositado a la finanzas locales los fondos derivados de los permisos otorgados de manera indiscriminada”. En esos términos lo aseguró a diversos medios editados en la capital del país, que reseñaron el hecho.

¿Realmente es por eso que Ruiz Cerón se encuentra en prisión? En realidad, no. Más que un asunto de descubrimiento de actos de corrupción (tráfico de concesiones, falsificación de documentos, quebranto al patrimonio del Estado, etcétera), lo que tiene en prisión al ex Titular de Cotran es un conjunto de pruebas endebles por un conflicto entre particulares. A reserva de que en su momento las partes directamente involucradas den a conocer todos los pormenores del asunto, hoy podemos establecer algunas coordenadas a través de las cuales podemos entender mejor este asunto.

Desde hace varios años, dos grupos de taxistas de Santa María El Tule, sostienen una disputa por la operación de vehículos de alquiler a través de concesiones falsas. Esos documentos, presuntamente habrían sido emitidos cuando Aurora López Acevedo era secretaria de Transporte del gobierno estatal, y por causa de ellos presentaron denuncias penales por la comisión de los delitos de tráfico de concesiones.

Ante disputas como esa, que ocurrían por todos lados entre taxistas legales e irregulares, la administración anterior emitió un decreto a través del cual se ordenó el inicio de un proceso de regularización de las concesiones que cumplieran con los requisitos de ley. Y los taxistas de El Tule fueron algunos de los cientos de beneficiados por ese programa de regularización de concesiones.

¿Qué ocurrió respecto a ese sitio? Que la Cotran dispuso que para evitar más conflictos entre los dos grupos de taxistas de esa comunidad, se llevara a cabo una regularización equitativa de cierto número de concesiones para cada una de las organizaciones. Sin embargo, el problema no sólo no se resolvió, sino que se agudizó, debido a las diferencias internas entre las organizaciones. Y ante la lentitud en el proceso de regularización, uno de esos grupos se inconformó ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que fue quien finalmente ordenó a Cotran que emitiera las concesiones regularizadas que correspondían.

MENTIRAS Y ENREDOS

Las denuncias penales presentadas por ese asunto, finalmente parecía ser un asunto entre particulares, en el que nada tenía que ver un grupo de servidores públicos, que no sólo no parecían haber cometido delitos, sino que actuaron en función primero de un decreto de regularización emitido por el Titular del Poder Ejecutivo, y luego por un mandamiento del Tribunal Contencioso Administrativo, respecto a esas concesiones. Si todo parece así, ¿entonces en qué punto apareció la responsabilidad que tiene a Gonzalo Ruiz Cerón tras las rejas?

Pues bien, aseguran que la base de la acusación contra Ruiz Cerón, son los expedientes de esas concesiones regularizadas y el señalamiento de dos funcionarios actuales de la Coordinación de Transporte, que aseguran que el proceso de regularización no se realizó conforme a derecho. Señalan, además, que los soportes documentales de la Averiguación Previa, a través de los cuales un juez penal del fuero común obsequió el auto de formal prisión, es ese conjunto de expedientes que sólo fueron integrados en copias simples.

Jurídicamente se sabe, y así lo ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, por ejemplo, en un expediente judicial las copias simples no pueden obrar como medio de prueba, y que incluso, por su debilidad jurídica, no pueden siquiera ser tomadas como indicio para sostener una acusación penal, que mantenga a un individuo privado de su libertad.

Frente a cuestiones de este tipo, queda la duda sobre la capacidad habida en la Procuraduría General de Justicia para integrar las averiguaciones previas, y para probar los delitos que imputa a particulares. Del mismo modo, este tipo de cuestiones despiertan la sospecha sobre el uso parcial de las actuaciones del Poder Judicial del Estado.

En el peor de los casos, el Ministerio Público puede equivocarse o actuar facciosamente, ¿pero qué pasa cuando esos supuestos yerros o excesos, son convalidados por un juez que emite una orden de aprehensión sin tener a la vista verdaderos elementos de certeza, como para decir que sí se cumplen con los requisitos que exige la ley, y mandar a que se aprehenda a un individuo?

Estos son sólo algunos de los puntos que hacen endeble la indagatoria por la cual Ruiz Cerón se encuentra en prisión. Mañana mismo se verá bajo qué lógica actúa realmente el Poder Judicial del Estado, cuando uno de sus jueces valore las acusaciones, las pruebas, y los recursos que interpuso ya la defensa del indiciado, y decida si le dicta o no auto de formal prisión.

CONTROL EXTERNO

En el peor de los casos, y como este es un asunto esencialmente jurídico y no político —y como tal debe entenderse—, tanto una actuación sólida y correcta, como posibles inconsistencias o actuación facciosa tanto de la PGJE como del Poder Judicial del Estado, quedarán a la vista si interviene el Poder Judicial de la Federación, a través de un juicio de amparo. Ahí veremos qué tan eficaces, y qué tan imparciales, son nuestras autoridades encargadas de procurar e impartir justicia.

+ Corrupción de S-22, ¿esa sí se pasará por alto?

No debiera sorprender que alguna de las próximas aprehensiones que ejecutara la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de funcionarios de la administración anterior, fuera por asuntos relacionados con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Esa dependencia es una de las que guarda mayores secretos y oscuridades con hedor a corrupción. La pregunta de fondo, sin embargo, radica en si el Gobierno del Estado perseguirá sólo a los ex funcionarios, o también a quienes desde las trincheras magisteriales hacen y deshacen a su antojo innumerables actos de corrupción relacionados con el presupuesto, la situación laboral y las prestaciones de los trabajadores de la educación.

En efecto, al ser el IEEPO una de las instancias estatales con mayor presupuesto y número de trabajadores activos, fácilmente puede preverse que sea una de las más problemáticas. Esa percepción toma fuerza cuando se sabe que ahí no sólo han confluido servidores públicos que posiblemente han realizado desvíos o actos de corrupción, sino también funcionarios impulsados y protegidos desde el sindicato magisterial, que podrían haber hecho tanto o más que los nombrados por el grupo gobernante en turno.

Hasta el momento, se sabe que la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo le sigue la pista a varias cuestiones relacionadas con el manejo presupuestal de ese Instituto, y que podría estar ahora mismo integrando, o consignando ante un juez, sendas averiguaciones previas en contra de quienes posiblemente cometieron actos indebidos en el manejo de los recursos humanos, el presupuesto destinado a salarios, y ciertos rubros de las millonarias adquisiciones de bienes y recursos materiales que cada año realiza para dotarse, y para dotar a las 13 mil escuelas de educación básica en la entidad, de los implementos necesarios para la realización de sus actividades.

Hablando en abstracto de los desfalcos presuntamente hallados en esa instancia, el director del IEEPO, Bernardo Vásquez Guzmán reconocía ayer, en una entrevista concedida al periódico Noticias, que en las auditorías que hasta el momento ha realizado la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, han encontrado más de 700 millones de pesos utilizados irregularmente.

Todo esto, además, del manejo discrecional de la nómina de trabajadores. “las nóminas que recibieron al inicio de la administración carecen de elementos mínimos de control, por lo que a esta altura no saben todavía la cifra de trabajadores que pudieran estar recibiendo salarios sin devengarlos”, señalaba Vásquez Guzmán.

Y es que, en efecto, los problemas y la posible corrupción del IEEPO son del mismo tamaño de la misma institución. Sin embargo, es también cierto que al tratar de revisar ciertos rubros, tanto la dirección del Instituto, como la Contraloría del Gobierno del Estado, necesariamente tendrán que pasar por la revisión de ciertos asuntos que no están en manos de funcionarios leales al régimen gobernante, sino al sindicato magisterial.

¿Qué asuntos son esos? Y sobre todo, ¿Cómo impactarían no sólo en la legalidad, sino también en la gobernabilidad e incluso en la congruencia y la voluntad por la ley del gobierno estatal? El asunto, sin duda, es mucho más complejo de lo que hasta ahora parece.

OTRA CAJA NEGRA

Sin duda, el IEEPO implica tantas o más tentaciones que las provocadas por el manejo y las potencialidades de corrupción, relacionadas con el transporte concesionado. Esto porque, además del volumen de sus recursos económicos y trabajadores, muchos de sus procesos continúan siendo oscuros y sujetos no al orden administrativo, sino a las necesidades políticas del régimen en turno.

Es posible que parte de los 700 millones de pesos presuntamente utilizados de forma irregular por la administración anterior, hayan ido a parar a gastos electorales o al bolsillo de funcionarios corruptos que inflaron precios, que inscribieron en la nómina a trabajadores fantasma para cobrar ellos su salario, o que traficaron con los innumerables servicios y atribuciones que el Instituto tiene respecto a los trabajadores de la educación.

No obstante, en una dependencia como el IEEPO, el sindicato magisterial tiene un amplio margen de maniobra, y es de todos sabido que ellos no son ajenos a los manejos excesivos, irregulares, e incluso corruptos. En ese sentido, ¿no ha sido nota recurrente en medios informativos de la capital del país, que sólo en Oaxaca existen unos 10 mil trabajadores de la educación “asignados a tareas sindicales”, que posiblemente cobran sin trabajar?

Esa sólo podría ser la primera fase de un asunto mucho mayor. Institucionalizadamente, el sindicato magisterial tiene en sus manos el otorgamiento de prácticamente todas las prestaciones sociales y salariales a que tienen derecho los trabajadores de la educación. Y también, institucionalizadamente, se ha vuelto costumbre que esos derechos sean no otorgados sino traficados, y que éstos sean entregados no en base a las necesidades y méritos laborales reales, sino a los favores y disciplina demostrados a la causa sindical.

Por eso, un verdadero proceso de saneamiento tendría que ir encaminado no sólo a perseguir y castigar a los ex funcionarios estatales corruptos, sino también a quienes “institucionalizadamente” trafican con los servicios prestados con el Instituto, y hacen de ellos parte central de una maquinaria coactiva que limita, y exige disciplina o castigo, a los trabajadores de la educación para demostrar obediencia a los mandatos de su sindicato.

Si paulatinamente el IEEPO desmantela esos vicios, a la par de perseguir a quienes abusaron de sus atribuciones, entonces todo este proceso estará verdaderamente encaminado a la justicia, a la transparencia y al combate a la corrupción. Empero, si se persigue a unos y se deja intactos a los otros, entonces todo será parte de la cacería de brujas que, hasta ahora, los opositores al régimen tanto acusan.

BARBAS A REMOJAR

La “rumorología” impulsada desde “fuentes confiables”, asegura que la lista de ex funcionarios a quienes ya se les libró orden de aprehensión, o está en proceso de ello ocurra, tiene alrededor de veinte nombres. Habrá que ver de qué modo impacta esto en la estabilidad política entre partidos, y sobre todo si son verdaderamente sólidas las acusaciones y los procesos judiciales que se instauran. Pero mientras varios, varios de verdad, ya comenzaron a tomar las precauciones legales (o de huída) debidas.

+ Zorrilla y Palma: ir y venir de verdugos a reses

Solamente quien no conoce la historia reciente del Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca, podría creer que existe trabajo político y ánimo de crecimiento por parte de su dirigencia estatal; o que la disidencia busca verdaderamente democratizar y reimpulsar a ese instituto político. En realidad, el pleito por ese membrete político, desde hace años y hasta hoy, continúa ocurriendo entre dos “familias” que se disputan el control de una representación hueca, que sin embargo reporta importantes dividendos políticos. Veamos si no.

En los últimos años, la dirigencia del Partido Verde en Oaxaca ha estado en manos de sólo dos dirigentes: la primera fue Ana Luisa Zorrilla Moreno, y el actual, Rogelio Enríquez Palma. Ambos personajes, cada uno en su propio momento, prometieron hacer de ese un partido competitivo y con representación… y sin embargo, ambos han entregado cuentas que sólo redundan en simulación, fracaso y reiteradas negociaciones con el Partido Revolucionario Institucional para obtener jugosas ganancias electorales. Si alguien ha ganado en el Verde, han sido sus dos dirigentes estatales. Y nadie más.

En primer término, producto de una dirigencia y de un partido meramente testimonial, y gracias al resultado electoral de una alianza trabada entre el priismo y la dirigencia nacional del PVEM desde la Ciudad de México, en 2004 Ana Luisa Zorrilla se convirtió, desde la nada, en diputada al Congreso del Estado en Oaxaca.

En este sentido, no es exagerado asegurar que Zorrilla se convirtió en diputada a partir de la nada. Esto porque la supuesta militancia registrada del Partido Verde en Oaxaca —y así lo aceptó ella misma cuatro años después, en 2008— no rebasaba los 450 afiliados. Además, porque su diputación fue en realidad un mal cálculo del priismo.

Éstos suponían que, al ganar las 25 diputaciones de mayoría en los comicios en los que fue electo gobernador Ulises Ruiz, no habría cabida para los plurinominales. Empero, habiendo perdido siete de esas diputaciones, entraron “de chiripa” varios candidatos por representación proporcional, entre ellos la entonces Dirigente estatal del Partido Verde.

En todo ese tiempo, Zorrilla Moreno actuó como una priista más. Ésta, haciendo eco de sus propias conveniencias, y de la alianza entre el Verde y el PRI en 2004, atendió todas y cada una de las órdenes que daba el Jefe Político de los priistas y Gobernador del Estado para que se hiciera y votara en el Congreso.

El premio a su disciplina, y al supuesto posicionamiento de un partido que en realidad seguía teniendo una representatividad democrática meramente testimonial, en 2007, y aún siendo dirigente estatal del Verde, Zorrilla Moreno fue nuevamente premiada al ser incluida en la lista de candidatos a concejales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que encabezaba el candidato José Antonio Hernández Fraguas. Así, pesar de no contar con estudios ni experiencia en Hacienda Pública, Zorrilla fue colocada en el lugar exacto para fungir como regidora de Hacienda del municipio citadino durante la administración anterior.

FRACASOS RECURRENTES

En 2008, la mano del entonces aún poderoso operador político del gobernador Ruiz, Jorge Franco Vargas, se posó sobre la dirigencia estatal del Partido Verde. El objetivo era no sólo degradar a Zorrilla Moreno, sino también retribuir, a través de “democracia prefabricada”, a la entonces recién nombrada auditora Superior del Estado, Rosa Lizbeth Caña Cadeza y a su marido, Rogelio Enríquez, por los servicios y la lealtad demostrada al régimen gobernante.

Ambos fueron siempre militantes y candidatos a cargos de elección popular por el Verde Ecologista. Por eso, para ellos era una importante retribución moral que les fuera entregada la dirigencia estatal de su Partido. Y así sucedió, cuando en agosto de 2008, a través de una Asamblea previamente construida, Enríquez Palma fue legalmente electo como presidente estatal de ese instituto político.

Todo esto ocurrió frente a la inconformidad de la ex dirigente Zorrilla Moreno, que se sintió desplazada, y dejó el cargo no sin acusar corrupción e irregularidades en la elección de Enríquez Palma. Y éste, una vez asumido como líder partidario, prometió incrementar el nivel de representación política y de aceptación ciudadana del Verde Ecologista. Sólo que, a la vuelta del tiempo, éste hizo exactamente lo mismo que su antecesora. ¿Por qué?

Porque Enríquez Palma no marcó posicionamiento alguno, ni fue parte aguas de nada en el Verde Ecologista. Éste partido, a pesar de seguir teniendo una representación sólo virtual y supuesta, no dejó de buscar beneficios para su dirigente a partir de la alianza trabada a nivel nacional entre el priismo y el PVEM. Por eso, al igual que en su momento Zorrilla Moreno, Enríquez Palma apareció en la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, pero ahora individualmente por el Verde.

Fue hasta entonces que la dirigencia del Verde fue ubicada en su realidad. El margen de votación obtenida por el Verde ni siquiera alcanzó el porcentaje mínimo de la votación total requerida, para poder tener representación en el Congreso. Enríquez, incluso, libró una batalla en tribunales para defender una diputación local, que finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le reconoció al Partido Acción Nacional.

Sin embargo hoy, cuando el Verde no tiene representación en ninguno de los Poderes del Estado ni en municipios importantes, cuando su margen de votación obtenida sigue siendo mínimo (37 mil votos, en una elección en la que su aliado obtuvo más de 600 mil), y cuando la dirigencia estatal parece carente de interés por realizar cualquier intento de reposicionamiento electoral, resulta que surgió una supuesta corriente democrática que acusa el “agandalle” de Enríquez Palma. En el fondo, sus detractores no son sino los mismos que resultaron damnificados cuando Ana Luisa Zorrila fue separada de la dirigencia estatal.

¿QUÉ BUSCAN?

En realidad, el negocio del Verde Ecologista no ha radicado en su posicionamiento o fortaleza electoral, sino en la capacidad de sostener su alianza con el Revolucionario Institucional. Por eso, enriquistas y zorrillistas se pelean por la dirigencia, para operar desde ahí el reparto del botín electoral de 2012. A ninguno de ellos les interesa de verdad su partido. Si fuera así, en todos estos años ya habrían hecho algo real por él. Y en ese terreno no ha habido nada.

+ Cinco años después, S-22 y APPO al margen de reformas

Hace exactamente cinco años ocurrió el hecho que encendió el conflicto magisterial y la revuelta social que ocurrió en Oaxaca. De dicho episodio, se desprendieron varias de las demandas sociales y políticas que finalmente se coronaron el 4 de julio de 2010, cuando la mayoría de los oaxaqueños decidió que el PRI dejara de gobernar la entidad, para pasar a un régimen “de transición”, que hiciera las reformas democráticas pendientes. Hoy, a un lustro de distancia, habría que preguntarse cuál es la situación real de esas demandas democráticas y banderas de lucha porque aún cuando parece lo contrario, se ve que hoy los actores y las demandas fundamentales están al margen del régimen gobernante.

Haciendo un ejercicio rápido de memoria, debemos preguntarnos qué ocurrió hace cinco años. Pues bien, la madrugada del 14 de junio de 2006, y luego de 24 días de plantón en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, el Gobierno del Estado decidió desalojar a los integrantes de la Sección 22 del SNTE que se encontraban ahí, exigiendo el cumplimiento de su demanda de rezonificación salarial.

Aquel día, luego de varias horas de enfrentamiento, en el que se combinó la mala planeación del operativo con el mal cálculo de a cuántas personas se enfrentarían, los elementos de la entonces Policía Preventiva, se toparon con un bien agrupado, y numeroso, contingente de profesores, que defendieron los espacios que mantenían ocupados hasta replegarlos por completo.

Así, los 700 elementos dispuestos para la tarea, fueron dispersados por los varios miles de manifestantes con quienes se enfrentaban. Y por eso, al final de la jornada, el gobernador Ulises Ruiz ya no sólo enfrentaba la demanda económica de la Sección 22, sino que ya también se le exigía tanto su renuncia como la de varios de sus funcionarios, y el magisterio se hermanaba con otras organizaciones sociales que también se decían agraviadas por el gobierno estatal, para juntas exigir la salida del régimen gobernante.

Fue a partir de entonces, que la Sección 22 inició el proceso de creación de un organismo que agrupara a todas las organizaciones y grupos ciudadanos que entonces les mostraron adherencia, y estableció un catálogo de demandas cuyo común denominador era la democratización del estado, el arribo de un régimen de gobierno respaldado por la ciudadanía, y la realización de reformas para garantizar que hubiera democracia, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio público.

Así, del primero de los procesos surgió la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca; y del segundo surgió la exigencia de una nueva legislación que diera cauce a las demandas democráticas del movimiento magisterial y popular, y que se materializara en una legislación y un gobierno con verdadero apego al interés de la ciudadanía. Tanto la Sección 22, como la APPO, establecieron, en abstracto, todo ese conjunto de demandas, que además fueron su parapeto y justificación durante el tiempo que duró el conflicto y en los años posteriores.

Sólo que hoy, cinco años después, debíamos preguntarnos en qué estado se encuentran ya no esas reformas en abstracto, sino en específico, que se demandaban y que se supone que fueron cumplidas con la reciente reforma constitucional; pero sobre todo, debíamos preguntarnos en dónde se encuentran hoy aquellos actores fundamentales del movimiento que dio legitimidad, fuerza y motivos al grupo político que hoy gobierna Oaxaca.

¿Y LOS PROTAGONISTAS?

Aunque poco se recuerda, el movimiento magisterial y popular que había encabezado la revuelta social de 2006, perdió toda capacidad de interlocución con el gobierno federal —que entonces acababa de ser asumido por el presidente Felipe Calderón Hinojosa— cuando éste le exigió (a la Sección 22 del SNTE, y a la APPO), que presentaran sus respectivos proyectos de reforma integral al sistema jurídico local, como condición para continuar las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación.

Era claro que luego de, a principios de 2007, habían sido cumplidas buena parte de las demandas planteadas para la distensión del conflicto en Oaxaca, ahora se debía pasar al terreno de las modificaciones estructurales para dar un nuevo cauce democrático al gobierno de la entidad. Sólo que nadie, desde las trincheras del movimiento popular, pudo o quiso articular un proyecto que estableciera las coordenadas de esas reformas democráticas que, en abstracto, se habían exigido hasta el cansancio.

Fue por eso que, a partir de entonces, por un lado el gobierno de Ulises Ruiz tomó como suyas las banderas de la reforma del Estado, y realizó un proceso de modificaciones que dieron la apariencia de democratización, aunque todos los cambios constitucionales fueron realizados para su propia protección y beneficio.

Y también fue por eso, que desde la trinchera político-partidista opuesta, el grupo del ahora Gobernador del Estado recogió todas las banderas del conflicto del 2006, para legitimar su aspiración de llegar al poder, y para dar cierto contenido a su razón de ser como posible gobernante.

En realidad, los grupos protagonistas del conflicto quedaron por completo marginados de la reforma. En 2010, buena parte del voto ciudadano se dio por exclusión: es decir, no a favor de la causa opositora, sino en contra del priismo. Por eso, no se sabía bien a bien qué rumbo tomaría ese nuevo gobierno. Y tampoco hoy se sabe si las reformas realizadas eran las que se planteaban cuando ocurrió el conflicto, o si éstas fueron las que concibieron los protagonistas reales y convencidos (es decir, los ciudadanos y grupos verdaderamente convencidos, porque también los hubo) de aquellos episodios.

En todo esto, algo que queda claro es que tanto la Sección 22 como la APPO son actores y grupos que se encuentran al margen de los procesos que se desarrollan en la entidad. Ellos pusieron las banderas, para que otros las aprovecharan. Y así, en esas condiciones, queda claro que el 2006 combinado con el 2010, y visto a la luz de las reformas constitucionales ejecutadas, puede ser todo menos el triunfo real del movimiento popular en Oaxaca.

ADIÓS, ZENÉN…

Por cierto, ayer hizo pública su renuncia el ex diputado y ahora ex subsecretario de Asuntos Indígenas, Zenén Bravo Castellanos. Él, que fue un ferviente profesor appista, y defensor del actual régimen, ahora dice que se va del gobierno porque nada ha cambiado. Grande su descubrimiento.

+ País inmóvil: todos se quejan pero nadie cambia

Uno de los temas que más se le ha reprochado al presidente Felipe Calderón Hinojosa desde que inició la guerra contra el crimen organizado, es que haya dispuesto del uso de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública.

Se le reprochó porque se decía, con razón, que el Ejército Mexicano no está preparado ni es su función la de policía; se le censuró también porque éstos carecían del marco jurídico adecuado; incluso, se le señaló por excederse en las atribuciones que le daba la Constitución federal respecto a los alcances y límite de las fuerzas armadas. Propios y extraños criticaron lo anterior, sin ver que en realidad México enfrenta un problema grave por la criminalidad; o lo hicieron sin reconocer que más que reproches, o junto con ellos, el país también requiere de soluciones.

La lucha del gobierno federal contra el crimen organizado, formalmente inició en diciembre de 2006. Desde entonces, el presidente Calderón dispuso que el Ejército patrullara las calles el país y realizara ciertas labores de control de la criminalidad, que hasta entonces, y por atribución constitucional, se encontraban en manos de fuerzas policiacas federales, estatales y municipales.

¿Qué labores se encomendaron al Ejército? Se le encargaron labores de patrullaje, de vigilancia, de interacción con la sociedad, de control e incluso de ejecución de órdenes judiciales. Todas esas, son labores de corporaciones policiacas. Y ante la falta de una regulación específica, pero una necesidad apremiante de utilizar el mayor grado posible de fuerza en las acciones de seguridad pública, de todos modos se dispuso que el Ejército realizara esas funciones.

Uno de los cuestionamientos fundamentales hacia esa decisión, radicaba en señalar que al no tener las fuerzas armadas, atribuciones constitucionales y/o legales para realizar ese tipo de tareas, muchas de sus actuaciones resultaban ser anticonstitucionales.

Lo grave no era sólo que los militares actuaran al margen, o excediéndose de su ámbito de atribuciones, sino que además sus intervenciones eran parte de expedientes judiciales en proceso, que luego pasarían a ser sometidos al control de jueces y magistrados, y que ahí ellos juzgarían no sólo los hechos señalados, sino también la calidad en la actuación de quienes, en nombre del Estado, aplicaron la fuerza o limitaron la libertad de los procesados. Ahí fue donde se trabó un conflicto que hasta el momento no tiene posibilidad de ser destensado.

¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Ejército no tiene fe pública para actuar en casos de flagrancia, ni tiene reconocidas las facultades constitucionales como para realizar las labores que le toca a la policía, como cuestiones de vigilancia, investigación e incluso de presencia en las calles en tiempos de paz.

El gobierno federal, a través de la PGR, comenzó a toparse con fracasos reiterados, cuando se dio cuenta que muchos de los expedientes judiciales en los que intervenía el Ejército como autoridad ejecutora, eran sancionados por los jueces de control constitucional, y las actuaciones echadas abajo.

Por cuestiones de constitucionalidad, delincuentes que probadamente habían infringido la ley, eran liberados y declarados inocentes porque quien les ejecutó cierta orden no tenía la legitimación legal necesaria para llevar a cabo esa tarea. Ese, que es un problema mayor, ha tratado de ser corregido sin que hasta ahora haya éxito. Y en buena medida no lo ha habido, porque replantear los alcances del ejército también se aparece como el principio de una peligrosa tentación autoritaria para quien ejerce el poder, que tampoco es saludable para nuestra democracia.

¿PONDERAR? ¿CÓMO?

Este debía ser un ejercicio de ponderación: es decir, de plantear un escenario en el que se ampliara el marco de actuación del Ejército, para hacer más sólidas sus intervenciones en tareas de seguridad pública, y no seguir siendo víctima del fracaso que constituyen sus actuaciones eficaces, pero al margen de la ley. Este escenario, habría que contrastarse con el hecho de que el partido gobernante podría, a partir de esas atribuciones, cometer excesos en contra de la población civil o sus adversarios políticos, en nombre del cumplimiento de una supuesta guerra anticrimen que en realidad sería selectiva. ¿Cómo empatar estas pretensiones?

La primera cuestión, trató de hacerla el gobierno federal a través del envío de una propuesta de ley de seguridad pública, en el que ensanchaba el marco de acción de las fuerzas castrenses. Los partidos de oposición, sin embargo, frenaron la posibilidad de aprobar dicha norma, bajo el argumento de que darle más atribuciones en materia de seguridad al Presidente, equivaldría a seguir satisfaciendo su sed de violencia, y a ensanchar la capacidad de operación de un Ejército que en cualquier momento podría cometer excesos, e incluso usurpar el poder en nombre del control de la seguridad pública o nacional.

Es cierto que se deben limitar todas las tentaciones autoritarias. Pero a la par de ello, ¿cómo enfrentar un problema real, que ocurre todos los días en las calles, que hace vulnerable no sólo al Ejército sino a toda la lucha anticrimen que libra el gobierno federal, y que también necesita ser resuelta?

Ante esta realidad sólo quedan dos caminos posibles: primero, sacar al Ejército de las calles, con el riesgo de desbordamiento de la criminalidad que todo esto implica; o mantenerlo a costa del riesgo de que se les sigan cayendo las investigaciones que la autoridad civil consigna al Poder Judicial Federal, por la falta de atribuciones de los soldados. En cualquiera de los casos, quien pierde es el Estado de Derecho y la exigencia ciudadana de no más impunidad.

El caso más reciente es el del empresario Jorge Hank Rohn. Pronto saldrán a la luz pruebas firmes de que el Ejército se excedió en sus funciones, y ello podría poner en libertad a un individuo que quizá sí haya cometido delitos.

PARA NINGÚN LADO

Así es como, en el fondo, está nuestro país. Pareciera que sus necesidades son tantas como las de un auto desvencijado; pero sus posibilidades de movilidad son tantas como las de un vehículo sin ruedas, y sin impulso alguno. Como no se le quiere “premiar” al Presidente, se frena la ley; y éste, ante la falta de regulación, se excede. Esto sólo en México ocurre. Y el problema es que en esa vorágine, somos los ciudadanos, y es la legalidad y la seguridad, quien paga todos los platos rotos.