+ Partidos deben tomar en cuenta más que votos

Desde el gobierno estatal, y las fuerzas de oposición, debía comenzar a entenderse que Oaxaca es mucho más que dos partidos, o dos grupos políticos. Hoy, queda claro que quienes luchan desde el poder, y por el poder, tienen comparten una visión que no tiene matices. Así, recíprocamente, sólo existen los buenos y malos; los blancos y los negros; los tricolores y los aliancistas. Y con esa visión, desdeñan a todos aquellos que más allá de las fobias partidistas, no desean más que el bien para toda la comunidad.

Hoy podemos ver claramente cómo las prácticas del pasado se repiten libremente. Para nadie es un secreto que mientras el Partido Revolucionario Institucional tuvo en sus manos el poder, los grupos que sucesivamente ejercieron el gobierno fueron excluyentes en todos los sentidos. El problema, en realidad, radica en que ese tipo de prácticas eran algunas de las que tenían que comenzar a varían con el “cambio”, pero hoy se repiten indiscriminadamente como si las promesas de cambio no hubiesen sido sino una mera mascarada.

En el pasado, no era raro que más allá de cualquier calidad moral, profesional o de experiencia, sólo la filiación partidista o la pertenencia al grupo gobernante, fueran sendos elementos indispensables para que una persona ocupara cargos de responsabilidad, o al menos para que fuera tomada en cuenta en las opiniones o representatividad que pudiese tener. Esa era precisamente una de las prácticas que hacía fuerte tanto al partido hegemónico, como a quienes desde ahí accedían al poder y lo preservaban.

Todos aquellos que en esos momentos ocupaban las trincheras de la oposición, se quejaban amargamente de que fuesen elementos excluyentes meramente partidistas, y no de otro tipo, los que determinaran que la política se redujera a los acuerdos autoritarios y no consensados; a que nunca hubiese posibilidad de concertación; que los ajenos fueran ignorados y disgregados. Y que las posibilidades de que hubiera un ejercicio transversal de acción política —en el que, sin concederse concesiones recíprocas, sí hubiera garantía de que todos fueran al menos escuchados—, eran prácticamente nulas.

Esa fue una de las razones de fondo por las que los partidos opositores buscaban el “cambio”. Quienes entendían bien las necesidades políticas reales, aseguraban a los ciudadanos, y a los demás grupos de poder, que un elemento fundamental para llegar al bien común, consistía en que hubiera una práctica incluyente y más democrática, que dejara atrás los verticalismos y verdaderamente pugnara por ensanchar los cauces democráticos en los que también debía participar la sociedad, independientemente de sus filias o fobias partidistas.

El problema es que junto a ellos, también se generó otro grupo integrado por opositores resentidos, que comenzaron a buscar el poder para sólo repetir las mismas prácticas de que ellos eran objeto. Así, al comenzar a ganar elecciones, hicieron blanco de su desprecio a todos aquellos que no comulgaban con sus ideas o concepciones políticas. Se dedicaron a reproducir la práctica de “estás conmigo o estás contra mí”. Y se dedicaron a consolidar las mañas del partido hegemónico, que en realidad era uno de los asuntos más sentidos que ellos tenían la misión de desarticular.

Frente a todo esto, los oaxaqueños tendríamos que comenzar a preguntarnos, con seriedad, qué tipo de gobierno de alternancia y cambio tiene hoy en sus manos la gobernabilidad del estado.

REPETIR PATRONES

Cuando los ahora partidos aliados que gobiernan Oaxaca, se encontraban del lado de la oposición, siempre le reprochaban al PRI que al éste tener el poder los despreciaba y los ignoraba, usando sólo sus mayorías para legitimar o sacar adelante las decisiones que previamente ya se habían tomado, y desoyendo todo aquello que no fuera exactamente concordante con lo que ellos querían.

Decían que el priismo entonces gobernante, no tomaba en cuenta que ellos también tenían representatividad, que llevaban la voz de sectores importantes de la población que no eran incondicionales del poder, y que por esa razón debían ser tomados en cuenta.

Aunque tenían razón —pues desde hace más de una década nadie en Oaxaca (ni el priismo ni la oposición) gana de manera arrolladora una elección—, ¿por qué no eran tomados en cuenta? Porque en nuestro sistema institucional, aquí quien gana los comicios gana todo, y quien lo los pierde, se queda sin nada.

Esto no ha cambiado ni en lo más mínimo, a pesar de la “transición”. Aquí los mecanismos de equilibrio entre quienes gobiernan, y los que se oponen, simplemente no existen. Y si bien es cierto que tal cambio no podría ocurrir por arte de magia, en automático, o por la voluntad de una sola persona, también lo es que por lo menos la práctica del poder sí debería comenzar a modificarse, tanto desde el oficialismo como en las fuerzas de oposición, para comenzar a desmantelar los verticalismos —y el autoritarismo— del que tanto se quejan, pero al que todos son proclives.

En ese sentido, el Gobierno del Estado debía comenzar a considerar que si bien ellos ganaron de forma indiscutible la elección, eso no anula del panorama a sus opositores, ni les da derecho a ignorarlos por completo para nutrir el diálogo político. Del mismo modo, a los tricolores no se les debe olvidar que su representatividad radica en la ciudadanía, y que por tanto ellos no son ni una ínsula de poder, ni una mera facción en la que no exista la posibilidad de abrir el diálogo institucional a todos los sectores de la sociedad.

Todo eso debían comprenderlo, unos y otros, para discutir los temas de fondo. En realidad, lo que está en juego es tanto la gobernabilidad, como los cambios institucionales que se pretenden para democratizar la práctica del poder. No entender ese aspecto sustancial, equivale a que las fuerzas políticas sigan en el autoengaño indefinidamente. Sólo que así no habrá transición, no habrá cambio ni habrá democratización. Y sólo se consolidará la idea de que la alternancia fue un simple enroque del tipo “quítate tú, para que me ponga yo”.

¿Y LA INICIATIVA?

Fue un gran amigo de este espacio quien hizo el favor de hacernos llegar la propuesta de reforma constitucional que recientemente presentó el PRI oaxaqueño a la Legislatura local. Lo correcto habría sido, sin embargo, que alguien de la dirigencia estatal se encargara de hacer eso. No entienden que ahora son ellos quienes deben buscar y generar sus propios espacios.

+ ¿Cómo enfrentar desdén por y desde sociedad?

Existen diversos planteamientos en los que, más allá de las posiciones “políticamente correctas”, se supone que todos los oaxaqueños estamos de acuerdo. Nadie en su sano juicio podría estar en contra de tener una mejor educación pública, servicios de salud más eficientes, gobernabilidad real y un eficaz ejercicio del poder y los servicios públicos. Si se supone que esto es así, ¿entonces por qué el gobierno y la sociedad representan dos grandes bloques, lejanos, que bajo ninguna circunstancia desean mezclarse?

Hoy la realidad oaxaqueña hace perfectamente visible esa circunstancia. Por un lado, el Gobierno del Estado está comenzando a enfrentar los flagelos sociales comunes de los oaxaqueños (tales como la beligerancia magisterial y de los grupos sociales, los múltiples problemas municipales, los chantajes políticos, etcétera) y vemos que, más allá de los fatalismos o la exageración, el Gobernador del Estado se encuentra completamente solo. ¿De qué hablamos?

Hablamos de que, en una de las vertientes, su equipo de gobierno no lo ayuda; y que, en la otra, la sociedad no ha querido respaldar el cumplimiento de sus promesas de campaña respecto a la gobernabilidad y el cabal goce de los derechos fundamentales de todas las personas.

El asunto, visto desde esa perspectiva, no es menor. Por un lado, estos primeros tres meses de gestión han demostrado que el equipo con el que el gobernador Cué Monteagudo llegó al poder, no ha sido capaz de articular una política de gobernabilidad con capacidad de demostrar eficacia en la contención de los problemas sociales.

Si bien se recuerda, como fuerza opositora, el grupo del ahora Gobernador reprochaba fuertemente a los gobernantes por su marcada incapacidad para contener las efervescencias sociales y garantizar el goce de derechos de los terceros afectados. Ya defendiendo intereses electorales, ellos usaron eso como arma de lucha asimismo reprobando la incapacidad gubernamental y prometiendo que ellos sí lograrían hacer lo que sus adversarios políticos no conseguían. Hoy, sin embargo, queda perfectamente claro que sus promesas de campaña no fueron más que eso.

Sin embargo, la segunda vertiente es tanto o más grave. Ayer, por ejemplo, vimos por enésima ocasión cómo un reducido grupo de integrantes de las escuelas normales superiores, y de la Sección 22 del sindicato magisterial, convirtieron a la capital oaxaqueña en un enorme estacionamiento, al instalar bloqueos en varios de los principales cruceros viales de Oaxaca de Juárez.

Aunque decenas de miles de personas fuimos las afectadas, llama la atención que nadie absolutamente hace algo, aunque sea de forma retórica, para respaldar al Gobernador del Estado y, en función de ello, exigir que los eternos inconformes de la Sección 22, cesen sus constantes actos de molestia a la ciudadanía.

Es relativamente comprensible que los funcionarios subordinados al Gobernador del Estado estén fallando gravemente en las tareas de contención de la gobernabilidad. Puede agregarse, incluso, que es la inexperiencia o una posible mala intención, lo que los está llevando a cometer este tipo de errores.

Sin embargo, es altamente preocupante que hoy en día no exista prácticamente ningún sector de la sociedad (grupo ciudadano organizado, cámara empresarial, organización no gubernamental, etcétera) que tenga el valor, la decisión o al menos la identidad con la visión de gobierno del actual régimen, como para salir públicamente a respaldar al Mandatario y exigir no represión ni persecución a los inconformes, sino simplemente que la ley se cumpla y los derechos de la ciudadanía sean garantizados.

PARTIDISMOS FÓBICOS

Cuando hace apenas unos meses, el actual régimen llegó al poder estatal, prometieron a la ciudadanía “una limpia” de todo lo que oliera, o se tuviera la sospecha, de preservar identidad o pertenecer al PRI. Desde la posición partidista y de arenga a la ciudadanía que los apoyó, la medida era perfecta. Sin embargo, el llevar al extremo esa práctica dizque “política”, hoy les está provocando más problemas que beneficios.

¿Por qué? Porque si bien es relativamente comprensible que su ánimo de “limpiar” de priistas al gobierno estatal, los esté llevando a hacer un despido masivo e indiscriminados de empleados públicos, que no tiene otra motivación ni justificación que sus fobias y rencores partidistas (aunque curiosamente están dejando en puestos clave de todas las dependencias oficiales a personas con amplios conocimientos de corrupción), también es cierto que esa práctica la están extendiendo a la sociedad.

En efecto, hoy el Gobierno del Estado reitera cada que puede su desprecio a organismos eminentemente ciudadanos, al tacharlos simplemente de “priistas”, o por tener sospechas de que sus integrantes tienen esa filiación partidista.

En razón de ello, grupos como el Observatorio Ciudadano del Delito —integrado por expertos en seguridad y representantes de las principales cámaras empresariales en el Estado—, así como varios otros que se están integrando para aportar elementos al debate público, más allá de cualquier visión maniquea o partidismos, han sido olímpicamente despreciados por el gobierno estatal, que al tacharlos de “priistas” simplemente los ignora y por ende les regatea la importancia que tienen.

Hoy, cuando el gobierno estatal apenas inicia y tiene un alto grado de legitimidad, puede darse el lujo de despreciar a la sociedad a partir de una visión reduccionista y polarizada en la que sólo hay malos y buenos. Sin embargo, nadie más que ellos resentirán las consecuencias de ese evidente error de cálculo, cuando dentro de no mucho tiempo necesiten del respaldo ciudadano, y reparen en que al sembrar vientos, sólo cosecharán tempestades.

¿Qué grupo de ciudadanos estará dispuesto a respaldar a un gobierno que por iniciar su gestión teniendo una perspectiva ajena a los matices, los desdeñó, los ninguneó y hasta los tachó de priistas? Evidentemente, ninguno. Y, sin duda, al ser esa la ruta inicial que está marcando el gobierno estatal, la del rechazo será la que marquen los grupos ciudadanos organizados cuando el poder público tenga necesidad de legitimación a partir de ellos.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Qué bueno que el PRI presentó su propuesta de reformas a la Constitución del estado. Sería bueno que hicieran público, y distribuyeran masivamente dicho documento. El debate debe ser amplio. Más allá del estruendo inservible, Oaxaca necesita propuestas.

+ Ver el ejemplo federal: sólo cuotas e inmovilismo

Aunque las promesas de campaña de la coalición ganadora de la gubernatura, y de la mayoría en el Congreso del Estado en Oaxaca, fueron en el sentido de velar por el interés general, la democracia y la inclusión de toda sociedad en el ejercicio del poder, hoy queda claro que sólo están repitiendo los mismos esquemas de siempre para repartirse el poder. Es cada vez más claro que el cambio fue sólo rotativo, pero no cualitativo.

Hoy las contradicciones son claramente visibles. La Coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca —como conjunto de partidos que postularon al Candidato a Gobernador, y a los aspirantes a las curules estatales— abanderó las causas no sólo contrarias al partido en el poder, sino que también pugnaba porque hubiera inclusión de la sociedad, democracia y claridad en los procesos democráticos y en las decisiones políticas que se tomaran. ¿De qué hablamos?

De que, como fuerza de oposición, se dedicaron a captar a todos aquellos sectores sociales, económicos e incluso políticos, que habían sido desplazados por lo que ellos mismos denominaban “el autoritarismo”. En ello encasillaban todas las decisiones tomadas con sentido faccioso, partidista o de grupo, desde el poder. En su visión —ahora sabemos que bastante maniquea— asumían como “malo” todo lo ejercido o decidido por el priismo, y como “buenas” todas las promesas de democracia que ellos hacían a la ciudadanía.

Los ofrecimientos, en el fondo, tenían como base la posibilidad de que la sociedad participara en ciertos rubros de la democracia, se empoderara, y ahora sí pudiera convertirse en un factor efectivo de equilibrio entre el poder público y los gobernados. Esa demanda de inclusión ciudadana, encontraba como puerto de arribo la integración —ahora sí ciudadana— de los órganos autónomos, como el encargado del acceso a la información, el de la fiscalización, y el que tiene como función el organizar los procesos electorales.

Para fundamentar dicho planteamiento, y exigir una verdadera integración ciudadana de esos órganos, se aseguraba que en los tiempos del autoritarismo priista, la integración de esas instancias estaba determinada por la filiación partidista, o la pertenencia al grupo político gobernante de esos supuestos “ciudadanos apartidistas” que tenían bajo su control esos órganos equilibradotes del ejercicio del poder.

Y seguramente no les faltaba razón. En sus tiempos de esplendor, el priismo gobernante nunca tuvo empachos en aceptar que su función no era la de la democratización, sino la de ejercer y conservar el poder que entonces tenían en las manos. Aún hoy, nadie duda que los órganos autónomos fueron integrados en función no de la democracia, sino del interés faccioso del ahora ex gobernador Ulises Ruiz.

Sólo que es tanto o más grave que en estos “nuevos tiempos” de Oaxaca, en los que se supone que reina la democracia, la inclusión y el desmantelamiento del aparato autoritario del pasado, los representantes de los partidos políticos (¿y de la sociedad?) en el Poder Legislativo decidieron, sin ningún pudor, un reparto meramente partidista del órgano ciudadano por excelencia, como lo debería ser el Instituto Electoral.

Esto significa no sólo una grave decisión que, según la experiencia federal, podría desacreditar más de lo que pudiera ayudar a la democracia electoral en Oaxaca, sino también una grosera repetición de los esquemas de reparto del poder, que las entonces fuerzas de oposición tanto criticaban en la entidad hace apenas unos meses.

¿CIUDADANIZACIÓN?

Uno de los mayores triunfos de la democracia obtenido por los mexicanos gracias al accionar institucional y democrático, y no de la convulsión, la agitación o las armas, fue la completa ciudadanización, a principios de la década de los 90’s, del Instituto Federal Electoral.

Si se recuerda, hasta entonces esa institución estaba en manos del gobierno federal —era, particularmente, un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, que era quien organizaba los procesos electorales, contaba los votos y declaraba al ganador (siempre militante del PRI) de las jornadas electorales—, y esa era la razón fundamental por la que toda la sociedad mexicana desconfiaba de ellos. El punto “cúspide” de aquella Comisión Federal Electoral, ocurrió en 1988 al darse la tristemente célebre “caída del sistema” que, dicen, le dio el triunfo al candidato presidencial priista, Carlos Salinas de Gortari.

Así, luego de una compleja lucha los partidos consiguieron no la partidización, sino la ciudadanización del órgano electoral federal. Y entonces, ya como Instituto Federal Electoral, esa instancia vivió su época de mayor credibilidad, aceptación ciudadana, y fuerza moral como árbitro en los procesos electorales.

Sólo que la experiencia, en sí misma, no siempre ha sido buena. De hecho, luego de un exitoso periodo en el que el IFE fue integrado por personas de reconocida calidad profesional, académica, e incluso política (con José Woldenberg a la cabeza), pero sin una marcada tendencia partidista, las fuerzas políticas decidieron “partidizar” ese órgano. Y con eso asestaron un duro golpe a ese, que era el más exitoso ejercicio democrático que había ocurrido con las instituciones democráticas del país. ¿Por qué?

Porque por tratar de repartirse “democráticamente”, entre ellos, los asientos del Consejo General del IFE, abandonaron la vocación eminentemente ciudadana de ese Instituto, y lo sujetaron ya no al interés general, sino a la conveniencia de las dirigencias partidistas y sus respectivos grupos parlamentarios. El resultado fue que el primer sacrificado de la elección presidencial de 2006, fuera precisamente el IFE.

REPETIR ERRORES

En Oaxaca queda claro que los partidos coalicionistas están dispuestos a repartirse, en nombre de la democracia, la integración del IEE. El resultado, desde hoy, podemos preverlo: tachándolos de “priistas” y de servir al régimen del ex gobernador Ruiz, eliminarán a todos los integrantes del Consejo General encabezados por José Luis Echeverría Morales, para luego nombrar a otros consejeros que, evidentemente, ya no defenderán el interés priista, pero sí el de ellos y el del Gobernador del Estado. Y así, ¿qué cambia entonces? Es claro que nada. Los ciudadanos habrán sido nuevamente desdeñados. Sólo que ahora no en nombre del autoritarismo, sino de la “democracia” de los aliancistas. Qué desgracia.

+ Objetivos políticos perdidos: alerta lanzada por FARP

Entendiendo claramente que en política, como en todo a nuestro alrededor, el análisis del sentido de los hechos debe estar alejado de las coyunturas simples, de las casualidades, y sobre todo de la ausencia de matices, el estado actual de la Sección 22 del SNTE debía verse más allá de sus rejuegos con el gobierno estatal. Sus más recientes actuaciones y determinaciones, se inscriben en el marco de su dinámica interna de la lucha por el poder. No debíamos perder de vista esa cuestión trascendental.

Hasta el momento, ha sido largamente analizada la actuación y las determinaciones del llamado “magisterio democrático” de Oaxaca, a la luz de sus relaciones y los compromisos políticos que tiene con el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

Queda perfectamente claro que unos y otros fueron copartícipes en la lucha político-electoral contra el régimen priista del ahora ex gobernador Ulises Ruiz, y que de una u otra forma, ambos grupos asumieron el poder el pasado 1 de diciembre.

Del mismo modo, este tiempo ha puesto en claro algo que muchos no quisieron ver mientras todos eran parte de la oposición: que finalmente, el Gobierno del Estado comenzaría a tomar decisiones, y que éstas no serían avaladas incondicionalmente por la Sección 22.

Al contrario, se dijo desde siempre —y se ha venido constatando en la realidad— que el sindicato magisterial de Oaxaca no hace alianzas incondicionales ni tiene amigos, sino intereses; y que lucharía hasta el final por la defensa de sus causas, independientemente de quién fuera el Gobernador del Estado.

Incluso, ha quedado claro que en buena medida, el llamado “martes negro” (15 de febrero pasado, día que en un grupo de profesores se enfrentó con elementos federales durante la visita presidencial a la capital oaxaqueña) fue provocado por la falta de habilidad de los operadores políticos del gobierno estatal, para entender que al negociar con la Sección 22 no sólo debe hacerlo con su Secretario General, sino esencialmente con los líderes de los casi quince grupos que controlan fácticamente la asamblea estatal.

Sin embargo, un elemento que ha sido ignorado por completo hasta hoy, es el de los propios procesos, y momentos internos, que se viven en la Sección 22. ¿De qué hablamos? De que al interior, existe también una pugna abierta entre sus grupos de control por hacerse del cargo que ostenta hoy Azael Santiago Chepi, y que la lucha por alcanzar la dirigencia estatal del Sindicato Magisterial, ha desatado la furia y las tácticas más bajas que alguien pueda imaginarse.

Aunque pareciera extraño, podría ser que siguiendo esas coordenadas, se encuentren algunas de las respuestas que hacen falta, tanto de las relaciones entre el Sindicato magisterial y la administración del gobernador Cué, o con gente identificada con el gobierno priista de Ulises Ruiz.

Es altamente llamativo que sea desde el mismo seno de las organizaciones armadas, de donde surjan invitaciones a la Sección 22 a no perder el enfoque, el liderazgo y la ruta de su lucha; desde donde los llaman a sostener sus banderas y a no permitir que sus postulados de lucha queden extraviados; y desde donde les advierten de los peligros de confiarse de un gobierno (el del gobernador Cué) que para ellos no es tan amigable como hoy aún lo aparenta.

ADVERTENCIAS

El pasado 7 de marzo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, las FARP, emitieron un comunicado a través del cual advierten que la Sección XXII de la CNTE se encuentra “en la mira represiva”. Aunque parece un poco extenso el extracto que a continuación reproduciremos, éste debe ser analizado con todo detalle en cada una de sus palabras:

“Empieza a salir a flote la lucha política e ideológica de dos de los principales grupos al interior del movimiento magisterial. Uno de ellos argumenta, contra el otro, complicidad y alianzas con el ulisismo (léase priismo) y agrega una larga lista de denostaciones. El otro argumenta que su contraparte está aliada con el diodorismo, el cual detenta en la actualidad parte de las mieles del poder estatal.

Pero las declaraciones de estos grupos y sus representantes no ayudan al movimiento magisterial ni popular, por el contrario lo perjudican mucho. Ambos se rasgan las vestiduras, sacando a flote su inmadurez y un poco de soberbia en sus alocuciones. En juego está el relevo de la dirigencia seccional, así es que muchas corrientes o grupos ya enfilan sus baterías. Al presentarse la oportunidad de hacer resbalar al oponente, no se pierde la oportunidad de hacerlo.”

La lucha ideológica no está demás, siempre y cuando se haga de manera adecuada, siguiendo los canales adecuados. La lucha política por los espacios es un derecho conquistado, pero es necesario ubicar correctamente cuál es el enemigo de clase, teniendo la capacidad de detectar el momento y las formas de hacerlo de tal manera que no se le den armas al adversario para golpear. En la lucha legítima por dirigir el movimiento magisterial no debe nadie llevarse entre las patas todo un proceso histórico. Con sus muchos aciertos pero también con sus muchos errores, la Sección XXII es en la actualidad un símbolo de la lucha social a nivel nacional.”

El señalamiento es clarísimo: que en su lucha por el poder, los grupos o corrientes internas de la 22 no sólo se están descalificando entre sí para ganar adeptos, sino que están corriendo el grave riesgo de desacreditar todo el proceso histórico por la democratización, y el referente nacional que son en cuanto a la lucha social.

Todo esto, según lo dicen atinadamente las FARP, lo que hará es dar armas a los oponentes: armas para desacreditar socialmente la lucha magisterial, para desautorizar a sus dirigentes, y para deslegitimar las banderas que ellos ondean para justificar su lucha como movimiento social.

RIESGO NO CALCULADO

Las FARP advierten sobre la revelación de datos de corrupción en el IEEPO. Dicen que esos datos, en cualquier momento, comenzarán a tocar las partidas presupuestales que fueron destinadas al Comité Ejecutivo Estatal de la 22. “El objetivo —dicen— es generar un ambiente de linchamiento en la opinión pública y sentar las bases para justificar una ofensiva represiva.” ¿Todo esto le queda claro a los “democráticos”? Tal parece, sin embargo, que en su lucha por el poder ya perdieron los límites. ¿Permitirán que “todo se vaya al traste”?, como lo advierte el grupo armado. El tiempo, sin duda, confirmará esa tendencia.