+ Hoy busca explotar cuestionamientos a derrotados

Ana Luisa Zorrilla sí que sabe aprovechar las oportunidades. A lo largo de casi una década, capitalizó diversas oportunidades, coyunturas y momentos para hacer de la representación estatal del Partido Verde Ecologista de México, un pequeño feudo que le fue altamente redituable. Hoy, sin embargo, aislada del poder —y sus beneficios— busca aprovechar el cuestionamiento de que es objeto la dirigencia priista local (sempiterna aliada del PVEM) para ver si logra recuperar los espacios que, según parece, ha perdido para siempre.

En efecto, todo aquel que conoce la vida del Verde Ecologista en Oaxaca, sabe perfectamente que el grupo que hoy cuestiona al dirigente estatal, Rogelio Enríquez Palma, está lejos —pero lejos, lejos— de tener la calidad suficiente como para hablar de democracia, de rendición de cuentas, de resultados electorales aceptables, de inclusión y de equilibrios dentro de ese partido. Si las cuentas entregadas son pobres para la actual dirigencia, sus antecesores (y ahora cuestionadores) no parecen poder hablar de algo mejor que eso.

Ana Luisa Zorrilla, para quien no lo recuerda, tuvo el control del Partido Verde desde inicios de la década anterior, hasta casi finales de la misma. Para acceder al Comité Directivo Estatal, se valió del hecho de que, en aquellos años, una pariente cercanísima suya, de nombre Ana Victoria Gutiérrez Zorrilla, era empleada administrativa en el CEN del Verde.

Ante la inexistencia de representación de ese partido en la entidad, aquella recomendó a Ana Luisa Zorrilla como una posible representante. Una vez ostentando el cargo, la entonces Dirigente se dedicó a manejar discrecionalmente los recursos económicos del partido, sin que éste lograra obtener de verdad resultados importantes.

De hecho, la primera parte de ese largo periodo de gestión al frente del Verde, se caracterizó por la negación total de recursos económicos para los comités municipales, además de los nulos apoyos para campañas proselitistas. Incluso, en aquel tiempo puso a su chofer, a su hija, a su sobrino, y a los amigos de su hijo, como candidatos a diputados federales. Fue justamente en ese momento, cuando apareció por primera vez el ahora “dirigente estatal legítimo” del Verde, Hafid Alonso García, cuyo único mérito es ser amigo del hijo de Zorrilla.

Luego vino la elección de Gobernador en 2004, en la que el Verde ya apareció formalmente como aliado del PRI en Oaxaca. Habiendo negociado una “cuota de partido” para unas diputaciones plurinominales que, según, iban a quedar fuera del Congreso, Zorrilla Moreno fue la única candidata plurinominal, que además iba en la lista del PRI.

Ahí, por primera vez, negoció para ella a costillas del Verde y fue diputada local por la vía de la representación proporcional. Tres años más tarde, al terminar su periodo como legisladora —en el que se caracterizó por haber hecho nada productivo para Oaxaca—, negoció nuevamente el “apoyo” (testimonial) del Verde al PRI en los comicios citadinos de octubre de 2007, pero ahora para aparecer como candidata a regidora en la planilla del PRI. Y fue tres años síndica hacendaria, en el gobierno municipal de José Antonio Hernández Fraguas.

A lo largo de todo ese tiempo, Zorrilla Moreno fue también dirigente del Partido Verde en Oaxaca. Y Hafid Alonso fue su secretario particular tanto en el Congreso como en el Ayuntamiento citadino. Además, en aquellos tiempos como concejal, su sobrino José Ángel Álvarez fue director de Bienes y Servicios Municipales.

Fueron muchos pagos, personales y familiares, en todo ese tiempo, a cambio del apoyo al PRI, de un partido que realmente captaba pocos votos y simpatías de un electorado que ya para entonces se había dado cuenta del gran negocio familiar que constituía el Verde para los Zorrilla, su parentela y su círculo de amistades.

PODER PERDIDO

Sin embargo, la gracia se les acabó en 2009 a los Zorrilla. Impulsado por el aún poderoso gobernador Ulises Ruiz, en aquel momento el Verde se vio obligado a cambiar de manos, para pasar al control de Rogelio Enríquez. Éste, un militante añejo de ese partido, llegó a la dirigencia no tanto por sus méritos, sino por la ascendencia e influencia del aún Jefe Político del priismo y sus aliados en Oaxaca. Su arribo no fue precisamente un destello de democracia, aunque sí constituía el fin de una larga dirigencia que pretendía ser perpetua.

Mientras fue perceptible la influencia del ex gobernador Ruiz como Jefe Político, Zorrilla se disciplinó hasta concluir su periodo como concejal. Pero hoy, cuando lleva casi un año separada de los beneficios (y los recursos económicos) que otorga el poder, pretende regresar no a tomar el control del Partido, sino a tratar de convertirse en un factor de negociación con su dirigencia nacional, para que esto les permita acceder a un posible reacomodo en los cargos legislativos que estarán en disputa el año próximo.

¿De qué hablamos? De que, abiertamente, Zorrilla, y sus incondicionales, están aprovechando el momento de incertidumbre que vive el PRI estatal (que es cuestionado por un grupo disidente, que ya constituyó una dirigencia alterna a la formal) para emular los posibles escenarios favorables de la disidencia. Es decir, que a partir de generar inestabilidad, pueda convertir su oposición en un abierto factor de negociación, a través del chantaje, para tratar de conseguir las candidaturas o los espacios de los que hoy es simplemente ajena.

Al igual que los priistas disidentes, el movimiento “legítimo” de Zorrilla en el Verde, pretende que la dirigencia de su partido se sienta insegura, y a partir de eso generen espacios de negociación que, ella espera, les sean favorables. Es posible que esta disidencia sea también financiada y alentada desde el gobierno estatal. Pero también lo es, que podrían estar aprovechando la coyuntura para regresar al control de un partido que, como a nadie, les ha dado mucho.

NEGOCIO DE LA OPOSICIÓN

Así uno de ellos hubiera llegado al cargo de Gobernador, de todos modos grupos como el Frente Popular Revolucionario pronto se declararía opositor y mártir del régimen. ¿La razón? La dijimos desde el momento del triunfo opositor: a nadie que ha obtenido todo por la vía de la presión, le conviene llegar al poder; no le conviene porque entonces tendría que defender lo que antes atacaba. Por eso, aunque el Gobernador fuese un efeperrista, de todos modos ese grupo hoy estaría haciendo los desmanes que, impunemente, protagoniza.

Pagarán costo de inmediatez e improvisación

En todos los partidos políticos en Oaxaca —hasta en el Verde Ecologista—, existe una inusitada efervescencia por la militancia y el arraigo. Aunque casi siempre las dirigencias partidistas son vistas, desde el poder, como sinónimo de tequio, carencias y representatividad testimonial, en tiempos electorales todo ese desdén se convierte en interés. Todos quieren ser parte del “piñatazo” y de la negociación de posiciones a cambio de apoyos o rebeldías. Ese es el escenario, fácil, de los comicios de 2012. Pero, ¿ya habrá pensado alguien en los riesgos que entrañan los comicios siguientes —es decir, los estatales de 2013— para todas las fuerzas políticas en la entidad?

Hoy, todos pretenden subirse al carro del 2012. Saben que, en mayor o menor medida, la concurrencia de las elecciones presidenciales, con las de diputados federales y senadores, pueden traerles beneficios importantes a partir de un trabajo —y de una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo— relativamente fácil, debido a que siempre ésta viene acompañado de un proceso visto, concurrido y competido, en el que la población sí se interesa por identificar a ciertos partidos, y es más susceptible de ser objeto de la “ingeniería electoral”.

En esa lógica, podemos entender hoy las pugnas internas que existen en todas las fuerzas políticas. Hoy, en cada una de ellas, cohabitan institucionales y rebeldes, que buscan preservar los equilibrios existentes (es decir, la estabilidad de sus grupos políticos), o que, por el contrario, pretenden romper por la fuerza las estructuras partidarias existentes para generar otras aparentemente con mayor legitimidad y apego a la militancia (es decir, el engañoso “quítate tú, para que me ponga yo”).

En el fondo, el objetivo de esas maniobras de preservación o rompimiento no responden sino a la lógica de la lucha por el poder: como los partidos políticos tienen el monopolio del acceso al poder público y, se supone que éstos son los espacios legitimados para que ocurra esa lucha, entonces en tiempos electorales puros y conversos ocupan todos los medios a su alcance para tratar de obtener o preservar el control de su dirigencia, y con ello asegurar el acceso al poder de los integrantes de sus respectivos grupos políticos.

La particularidad, en este sentido, es que a todos les brota el sentimiento y la vocación democrática justo en el momento previo a los procesos electorales. Hace un año, por ejemplo, justo después de que ocurrió la elección de Gobernador en Oaxaca, todos los grupos se encontraban en aparente calma.

Nadie, por ejemplo, cuestionaba a un PRI que se convertía aceleradamente en el refugio perfecto de los integrantes del grupo político que había perdido las elecciones y que se encontraba a punto de abandonar el poder.

Por su parte, en el PAN, PRD, PT y Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano), nadie cuestionaba nada, ni a nadie, porque todos estaban expectantes sobre el rumbo que habría de tomar la negociación particular que cada uno de ellos sostenía con el gobierno electo de Gabino Cué Monteagudo, en relación a las posiciones administrativas que les corresponderían. Eran los tiempos, pues, en los que la alianza funcionaba perfectamente y todos, en base un supuesto interés común por los temas públicos (y que más bien era por los recursos ídem), aseguraban encontrarse seguros de que la alianza funcionaría perfectamente.

Sólo que, ahora cuando apenas inician los primeros escarceos relacionados con la contienda electoral del próximo año, todos pretenden asumir sus viejas posiciones: los detentadores de las posiciones buscan preservarlas, y los que no las tienen, intentan obtenerlas.

Todos, en el fondo, buscan “subirse” en la aceptación nacional, en la propaganda, y en la imagen de su respectivo candidato presidencial, para obtener las posiciones que buscan. Y saben que como, ante tal vorágine, el gasto mayor (en publicidad, propaganda, mítines e ingeniería electoral) se hará desde otras trincheras, todos buscan la forma fácil de hacerse de alguno de los cargos que se encuentra en disputa.

LOS RIESGOS DEL 2013

Hasta hoy nadie piensa en el complejo escenario que será el 2013 en Oaxaca. Aunque suene a futurismo, aquellos comicios —ya no tan lejanos— serán la evaluación real tanto de la oposición como del gobierno ante el electorado oaxaqueño. Veamos si no.

En 2012 todos buscan subirse a la contienda presidencial, y desde esa posición cómoda hacer sus campañas. Sólo que todos los partidos irán solos al proceso electoral, y necesariamente tendrán que ocupar ciertas maniobras sucias respecto a sus adversarios, para tratar de posicionarse. De eso pueden surgir lastimaduras que podrían quedar abiertas, y no cerrarse para el año siguiente. De esa rispidez posible entre las hasta ahora fuerzas coaligadas, puede desprenderse un rompimiento definitivo.

Y lo peor: de un rompimiento de esa naturaleza, o de la preservación de la coalición, habrá de depender la estabilidad y el avance del gobierno del gobernador Cué. ¿Cómo sostendrá su proyecto de gobierno con un Congreso del Estado atomizado en fuerzas individuales, y con la consabida falta de capacidad para generar acuerdos, alianzas y, aún peor, agendas comunes de mediano plazo? Si algo de eso ocurre, puede preverse la falta absoluta de acuerdos duraderos, y con ello el fin anticipado (por inmovilidad) de un gobierno que habría generado grandes expectativas.

Lo mismo, pero en su propio contexto, ocurre con el priismo. ¿Qué pasa si en los comicios de 2013 ahora sí es borrado de las urnas por las fuerzas que para entonces sigan acompañando al gobernador Gabino Cué? Si eso pasa, entonces sí el priismo oaxaqueño —aún con sus posibles dos senadores— vería drásticamente disminuidas sus posibilidades de retomar el poder en 2016.

RUTA CRÍTICA

La ruta que llevan todos es la más peligrosa: todos van por lo inmediato, pero no construyen a mediano plazo. Nadie se quedará, obvio, cruzado de brazos. Pero es posible que más de uno tenga que pagar, más temprano que tarde los costos de la imprevisión, de la simulación y de la lejanía con el electorado. En 2013 cada uno irá solo, y no habrá alianza ni candidato presidencial que les ahorre trabajo. ¿Ya habrán pensado todos en eso? Esas serán las verdaderas elecciones que medirán el trabajo de cada uno de los actores y fuerzas políticas de Oaxaca. No falta mucho tiempo para que lo veamos.

+ Sólo candidatos sin propuesta ni compromisos

Cegados por la inmediatez de los beneficios económicos, de los cargos políticos y de las proyecciones a futuro, todos aquellos que hoy dicen aspirar a representar a Oaxaca en el Congreso de la Unión, a partir de septiembre de 2012, lo hacen sólo guiados por sus propias ambiciones: todos omiten la posibilidad de discutir un verdadero proyecto de trabajo, en el que pudieran centrar el fin de su labor como legisladores, y a través del cual pudieran explicar —además de sus ambiciones políticas— qué esperan conseguir y aportar desde el Poder Legislativo.

El asunto no es menor: en Oaxaca, en cada partido o facción política existe una lucha feroz entre sus principales “activos” por determinar quién tiene el mejor posicionamiento entre la población, y por tanto quién puede conseguir alguna de las postulaciones a diputaciones federales, y al Senado de la República, que estarán en juego a partir del próximo año. Todos basan las mediciones, a partir de sus “amarres” con las fuerzas internas de su partido, de la identificación o “aceptación” que pudiera tener el electorado de ellos; e incluso del grado de perversidad con la que cada uno pretende “bajar” de la carrera a sus compañeros que también aspiran a esas diputaciones.

La finalidad de todos, hoy, es específica: cada uno entiende que la “tradición política” de Oaxaca indica que quien logre llegar al Senado de la República se convierte, inmediatamente, en un candidato natural a la gubernatura del Estado; comprenden también que quienes se conviertan en diputados federales en 2012, llegarán también “posicionados” para luego pelear por nuevos cargos legislativos o administrativos en el ámbito estatal, luego de que inicie la segunda mitad de la gestión del gobernador Gabino Cué. Todos ven, pues, a las cámaras que integran el Congreso de la Unión, como un mero trampolín hacia nuevas ambiciones, pero no como una finalidad en sí misma que debiera ser la de servir al país desde el Poder Legislativo.

En ese sentido, cada partido tiene hoy su propia carga de intereses. El priismo, por ejemplo, vive una etapa inédita en su existencia como fuerza política local, porque hoy carece del líder político fuerte (el Gobernador del Estado), que marcara las prioridades y estableciera el orden interno. Ante ello, la locura se encuentra desatada, y por eso todos los diputados federales aspiran a ser senadores; los legisladores locales aspiran a diputaciones federales; y quienes se quedaron en el camino en los comicios locales del año pasado, ahora sí pretenden llegar al Congreso.

En las fuerzas de coalición que hoy gobiernan la entidad, las cosas no son distintas. Cada uno de los partidos pretende conservar sus respectivas cuotas de poder, pero pretende acrecentarlas con miras a llegar a la Cámara alta con buena ventaja, y desde ahí construir al candidato para los comicios de Gobernador del 2016, y el grupo que lo arropará desde el Congreso.

Es decir, la lógica no cambia: cada partido ve en la satisfacción de sus intereses futuristas, el fin último de los cargos legislativos. Nadie parece tomarle la importancia debida a éstos. Y esa es, en buena medida, la causa de que ni el gobierno nacional, ni el de Oaxaca, tengan un proyecto definido ni acompañantes consistentes que puedan llevar a cabo la materialización de los fines que, se supone, se plasman en las leyes que son construidas desde los poderes legislativos.

PROPUESTAS GENÉRICAS

Decir, por ejemplo, que se desea llegar al Congreso de la Unión (a cualquiera de sus dos cámaras) para “seguir contribuyendo al desarrollo de Oaxaca”, es tanto como asegurar que una persona respira para seguir viviendo. Es decir, algo obvio que pretende asegurar todo sin prometer nada.

¿De verdad es una promesa sostenible, esa de “seguir contribuyendo al desarrollo de Oaxaca”? ¿De verdad debíamos tomarla como una propuesta seria? Aunque muchos le dan crédito, en realidad debiéramos desconfiar de quienes dicen eso. La función principal de un legislador federal es la de participar, con su representación popular, en la creación de leyes que rigen a toda la nación; y de defender, justamente, las posiciones que le impone el mandato popular que le fue dado por la ciudadanía.

Debemos entenderlo claramente: La función principal de los diputados no es la de ser gestores, ni la de ser administradores, ni ser “facilitadores” de recursos públicos para la entidad, y mucho menos la de “donadores” o “llevadores” de obras o servicios a las comunidades que representan. Esas son funciones que vienen aparejadas a su investidura, que también deben de llevar a cabo, pero no son ni el fin que ellos persiguen como diputados, ni debía ser su principal oferta —porque todas esas “funciones”, las tiene siempre, cualquier diputado, a la mano.

Debíamos, por tanto, comenzar por cuestionar el proyecto legislativo real y verdadero que tiene cada uno de los aspirantes al Congreso. Y también debiéramos comenzar a exigir resultados a cada uno de los que hoy nos representan. ¿Qué proyecto serio y necesario para el país han defendido nuestros senadores? ¿Cuáles nuestros flamantes diputados federales?

Sus aspiraciones debieran construirlas sobre la base de sus resultados, y no de sus grillas, popularidad o “amarres”. El problema es que nadie se atreve a hablar ni de sus resultados actuales ni de su propuesta seria como legisladores, porque ni la tienen los que hoy aspiran a pasar de una cámara a otra, ni la han construido —y quizá ni se la imaginan— quienes desde trincheras partidistas, pretenden llegar al Congreso de la Unión.

Los partidos, con seriedad, debían cuidar eso. Pero lo dejan de lado, en aras de la inmediatez y de la preservación de sus propios intereses. Y es por eso, por la falta de agendas y de proyectos serios, que nuestro país hoy se encuentra asolado por un cúmulo de intereses que van para todos lados, pero que por su misma inconsistencia debilitan a las instituciones del país. Qué grave si eso no les preocupa.

OTROS ASPIRANTES

Con gran lucidez, don Luis Martínez afirmaba, en alguna entrevista concedida a este reportero, que en la política oaxaqueña “es muy fácil pasar de joven promesa, a viejo pendejo”. Él, y quizá algunos otros personajes de amplísima experiencia no sólo en la grilla local, sino también en la verdadera política y en los asuntos de Estado, aspiran a conseguir un cargo legislativo por nuestra entidad. ¿Valdrá la experiencia en estos comicios venideros? Ojalá que sí.

+ Discusión sorda y actores mudos: sólo eso tenemos

La decisión tomada en estos dos últimos días por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a las llamadas “leyes antiabortos”, tiene alcances que quizá la mayoría de las personas aún no alcanzamos a comprender.

Y si en gran parte del país es así, lo es mucho más en un estado como el nuestro, que tiene una sociedad esencialmente conservadora, pero que al mismo tiempo es gobernada por fuerzas políticas que predominantemente se dicen liberales, pero que callan, y se hacen los desentendidos, frente al avance constitucional de los dogmas y las expresiones renovadas del conservadurismo.

El asunto no es menor. Aunque pareciera que Oaxaca es una entidad ajena a la discusión que ahora mismo inunda de nuevo a la escena nacional por las resoluciones jurisdiccionales respecto al aborto, lo cierto es que, al únicamente tomar en cuenta la forma en cómo aquí fue establecida una disposición constitucional “antiaborto”, lo que debiera estar ocurriendo es un debate amplio, aquí en nuestro entorno doméstico, no sólo respecto a las posturas a favor o en contra de esa medida, sino a todo el universo de temas colaterales que trae aparejada esa disposición, respecto de las cuales nadie se hace responsable.

¿De qué hablamos? De que, en un primer momento, todos se hacen ajenos al asunto. El grupo anteriormente gobernante guarda silencio para que nadie les cuestione su actuación; los actuales, como saben que es un tema polémico que no les conviene abordar (porque respetan aquellos cánones de lo “políticamente correcto”), también se hacen a un lado. Y hasta las organizaciones civiles que debieran pro derechos humanos y de la mujer, estar abonando a ese debate, también están callados.

Todos callan, es cierto, aunque las implicaciones no son menores. Porque el establecimiento de la norma, y su falta de discusión y reconocimiento de los alcances que ésta tiene, deja sin respuesta una serie de preguntas que sin duda son vigentes, y que debieran hacerse también, todos aquellos que, sin ningún reparo, se dicen a favor o en contra de una medida (el aborto) que puede o no estar avalada por el Estado.

En este sentido, el jurista mexicano, y juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, señala lo siguiente: “Al estudiar el suicidio y la eutanasia nos preguntamos si es plausible imponer la vida a quien no la desea, e incluso la padece: es decir, si la vida misma es, además de un derecho, un deber inexorable. En el caso del aborto debemos reorientar la pregunta e indagar si es adecuado imponer a la mujer la vida de otra persona, más allá de sus deseos, o incluso a pesar de la violencia ilegítima.

“¿Existe un deber de maternidad, incluso en condiciones adversas, no queridas por la mujer o sufridas por ella, que implican la primera imposición y acarrearán, quizás, la segunda? ¿Tiene la mujer libre disposición de su cuerpo, o esa libertad se halla sujeta a determinadas contingencias y a ciertas normas que subordinan su voluntad y deciden, al subordinarla, todo su futuro? ¿Qué hacer frente a la decisión de la mujer de interrumpir el embarazo: poner a su disposición los medios para que lo haga con el menor riesgo posible para su salud, o negarle esta posibilidad y abrir la puerta a procedimientos clandestinos, engañosos, insalubres, torpemente ejecutados, que entrañan violación de la ley o acarrean notorios peligros para las mujeres encinta, sobre todo las que carecen de recursos —que son la inmensa mayoría— para obtener atención médica calificada, en su propio país o fuera de él?”

Un debate amplio con este contenido debió haber ocurrido en Oaxaca —e incluso debiera estar ocurriendo ahora mismo—. El problema es que todos han decidido levantar los hombros y asumir el tema como extraño a nuestro entorno, cuando no es así.

PROBLEMA MORAL…

Y DE SALUD PÚBLICA

El gran problema que prevalece en nuestra sociedad es que, independientemente de que sea o no una actitud deliberada, tendemos a confundir los alcances de una norma jurídica con las discusiones morales o de conciencia. Y es que, como lo dice el propio doctor García Ramírez en su texto “Una reflexión jurídica acerca de la muerte”, lo que está en litigio no es si el aborto es bueno o malo moralmente, sino si debe o no ser penalizado por el poder estatal.

Sobre ese aspecto en particular, nadie se hace responsable. Porque todos (defensores de la vida, y personas o grupos a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad) centran la discusión en los aspectos positivos o negativos de la medida, pero poco se preocupan por ver las consecuencias que tienen esos dos polos que se encuentran en constante choque.

El problema es que, al menos en Oaxaca, una minoría ya decidió —y lo hizo a favor de atajar una posible ley “pro aborto”, a partir del establecimiento de un candado constitucional que protege la vida desde el momento de la concepción—, sin haber satisfecho la necesidad establecer los medios y las herramientas jurídicas para garantizar que ese derecho a la vida fuese pleno, y ni siquiera haber establecido con precisión las posturas morales o de conciencia que los actores públicos —por el alcance colectivo de sus decisiones— debieran manifestar de cara a la sociedad.

Así, en el primero de los aspectos, en Oaxaca se legisló “a favor de la vida”, pero los grupos que respaldaron esa decisión “olvidaron” establecer los mecanismos para hacer de la vida protegida, un derecho pleno. Porque independientemente de lo que se diga, queda claro que aquí ningún individuo tiene garantizada la posibilidad de una vida plena, de un desarrollo decoroso, e incluso ni siquiera de un nacimiento en las condiciones mínimas de atención médica y seguridad que se requieren.

¿NADIE ES RESPONSABLE?

Aferrarse al derecho a la vida sólo declarativamente, no es más que demagogia. ¿Qué medidas tomó el anterior gobierno, y el actual, para garantizar los derechos mínimos a todos esos niños abandonados o no deseados que, aún con su derecho a la vida plenamente salvaguardados, de todos modos se encuentran en una situación de desventaja? ¿Qué han hecho por el DIF, y por los pocos organismos civiles y oficiales, que se encargan de esas labores? ¿Qué importa, finalmente, si estamos a favor o en contra del aborto, si de todos modos no existe ni siquiera el reconocimiento de que la vida trae aparejados muchos más derechos que al menos aquí no existen? Ante todo esto, los actores públicos sólo callan.

+ Democracia “de avanzada”… ¿sin ninguna reflexión?

Ayer, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válida la denominada “Ley antiaborto” contenida en el artículo 7 de la Constitución del Estado de Baja California. Dicho precepto, en realidad, es similar en todos sus términos a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 12 de la Constitución de nuestro estado… que sin ninguna discusión, debate o polémica alguna, fue aprobado y validado, hace dos años por el Congreso del Estado. ¿Sabemos los oaxaqueños el tipo de leyes que nos rigen, y en base a qué intereses particulares —y no aspiraciones comunes— fueron establecidas?

En efecto, fue justamente en septiembre de 2009 cuando, de repente, en el Congreso del Estado la entonces diputada local Perla Woolrich Fernández presentó una iniciativa de reforma a nuestra Constitución particular, para establecer, en su artículo 12, que en el Estado de Oaxaca “se protege y garantiza el derecho a la vida. Todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural.”

Dicha modificación, aquí, fue aplaudida por propios y extraños. Extrañamente, todos los diputados de la fracción priista —entonces de mayoría avasallante— no sólo no objetaron el proyecto de reforma, sino que decidieron discutirlo y aprobarlo de manera apabullante, apenas unos días después de ocurrida su presentación.

Tanto el gobierno estatal, como los opositores, se vanagloriaron de haber remarcado en el Texto Constitucional la protección que el Estado garantiza al derecho a la vida de las personas. Como pocas veces ocurre, todos festejaron y, por tanto, públicamente nadie objetó el contenido de esa reforma que, aparentemente, era de avanzada, pero que detrás de ella escondía una serie de intereses inconfesables que lo mismo manchaban al entonces grupo gobernante, como a varios funcionarios estatales actuales… todo por cumplir los caprichos de la entrometida y dogmática jerarquía católica local.

De todo esto, surgen dos preguntas rigurosas: primera, ¿cómo, y bajo qué términos, fue consensada dicha reforma al interior del Congreso local en aquellos momentos? Y, segunda, ¿qué intereses particulares se buscaban preservar, y a qué grupos se intentaba apaciguar, con la concesión de esa reforma constitucional que nadie en la esfera pública cuestionó?

Vayamos primero a la respuesta de la primera pregunta. Pues bien, como lo advertimos en este espacio desde el momento en que ocurrió la reforma, fue en realidad la fracción parlamentaria del PRI, y no la del PAN, la que elaboró, acordó y aprobó dicha reforma.

Aunque fue la entonces diputada Woolrich quien físicamente presentó el proyecto y se arrogó el triunfo de haber logrado una reforma planamente consensada, en realidad lo único que hizo fue prestar su nombre, su firma —y los postulados, dogmas y siglas de su partido—, para legitimar las formas legislativas de dicha modificación constitucional.

De hecho, —por afirmaciones serias de algunos personajes que en ese momento integraban el Congreso local— se sabe perfectamente que incluso el documento que contenía la propuesta de reforma fue elaborado por los asesores de la fracción priista, y que para concretarlo hubo una especie de “colusión” entre ambas fracciones. Y el resultado fue el establecimiento de un candado constitucional que impedirá, al menos mientras subsista el actual texto constitucional, que se establezca cualquier forma de legalización del aborto en Oaxaca.

INTERESES “A SALVO”

Desde que ocurrió el conflicto magisterial y popular en 2006, la Iglesia Católica y el Gobierno de Oaxaca marcaron verdadera distancia en cuanto a sus relaciones. Éstas, incluso, en diversos momentos llegaron a ser ríspidas y de cuestionamientos reiterados, por parte de la jerarquía eclesiástica hacia los gobernantes.

Razones para ello, había en abundancia: si se recuerda, un grupo importante de párrocos del interior del Estado, durante el mismo movimiento magisterial y popular de hace cinco años, se manifestaron expresamente a favor de que el entonces gobernador Ulises Ruiz se separara de su cargo y permitiera el establecimiento de un gobierno de transición. A estos posicionamientos, que nunca fueron controlados por la alta jerarquía católica, luego hubo una respuesta natural por parte del gobierno estatal.

Éste se alejó por completo de una relación que, aunque siempre había sido aparentemente lejana, también siempre había sido hipócrita y escondida entre gobernantes y jerarcas católicos. Y aunque tradicionalmente siempre hubo “sana distancia” entre éstos (se reunían en privado, o el gobernante consultaba al obispo sobre decisiones importantes, pero siempre con toda discreción), lo que ocurrió entre el régimen anterior y la Iglesia sí fue de frialdad absoluta.

El entonces gobernador Ruiz no era de por sí cercano al catolicismo. Y eso lo reafirmó al abrir la puerta a todo tipo de expresiones religiosas no católicas en la entidad (basta recordar el financiamiento que dio el Gobierno de Oaxaca a Luis Palau), e incluso algunos de sus pronunciamientos que más se recuerdan en el país (como aquello de que “sólo Dios quita y pone gobernantes”), los dijo justo frente a congregaciones de tipo protestante.

No obstante, llegó el momento de la pacificación entre ambos sectores. Y fue a través de la “cesión” de ese precepto constitucional —el del aborto— que el gobierno priista se congració con uno de sus detractores más ácidos, y le permitió una reforma plena al panismo en un Congreso dominado por mayoría absoluta de priistas.

¿Qué es lo cuestionable de todo esto? Primero, que esa reforma se realizó sin un consenso real, y sin siquiera tomar en cuenta la voluntad o la conciencia de cada legislador. Aquí fueron aplastantes la decisión política y el interés que se buscó preservar. Nunca se discutió sobre la conciencia o la postura de la mayoría. Y por eso, al mejor estilo del régimen de partido hegemónico, aquí la ley se adecuó a las necesidades del poder, no al sentir de la población.

Y el problema más grave, es que aunque eso pasó hace apenas dos años, en Oaxaca ya nadie se acuerda de esa historia.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

¿Se imaginan a nuestro flamante Tribunal Constitucional del Estado, discutiendo uno de esos temas? Ajenos todos sus integrantes al constitucionalismo, pronto veremos la calidad de sus pronunciamientos y resoluciones. ¿Debemos esperar mucho? Veremos.

+ Es momento de aclarar, de cara a la sociedad

Desde hace meses, los diputados federales del PRI por Oaxaca, insisten en que el Gobierno del Estado tiene serios problemas para ejercer el gasto federal autorizado para el presente año, y que eso, irremediablemente impactará en un subejercicio en el presupuesto que, según dicen, podría ser de proporciones escalofriantes.

Frente a ello, la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal reitera su afirmación de que el gasto corriente se ejerce sin problemas, y que son irreales los señalamientos respecto a la imposibilidad de ejercer el gasto. Ante tantos dimes y diretes, y opiniones tan politizadas y poco claras, es necesario que quede perfectamente constatado todo lo relativo al gasto público del presente año. Pues esto, aunque no lo parezca, es un asunto de seguridad y de interés general para toda la ciudadanía que tiene derecho a saber cómo, en qué, y a qué ritmo se gastan los recursos que se obtienen por los impuestos que paga.

En efecto, prácticamente todos los diputados federales del PRI por Oaxaca han convertido casi en lugar común, la afirmación de que el gasto federal asignado a la entidad para el presente año, no se está ejerciendo como corresponde. Para ello, se han apoyado fundamentalmente de señalamientos verbales, aunque en algunos casos más han aprovechado las fricciones que se han generado entre algunas delegaciones federales y dependencias estatales, para utilizar sus cifras y montos como probanza de las tardanzas en el ejercicio presupuestal.

Del mismo modo, en todas las ocasiones posibles, el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, ha tratado de salir al paso asegurando todo lo contrario. Sólo en esta última ocasión, aseguró a TIEMPO sobre ese asunto que “las finanzas públicas estatales van a un ritmo adecuado pues hay un uso correcto del recurso y hasta la fecha se han aplicado alrededor del 70 por ciento de los 58 mil millones de pesos de presupuesto con el que cuenta la entidad para este año”. Y aunque no sería natural, ni digno, ni propio, que aceptara una demora excesiva en el ejercicio del gasto, queda claro que sus palabras no son del todo creíbles, desde el momento que sus dichos se sustentan… sólo con sus propias palabras.

En primer término, queda claro que en medio de este asunto existe un predecible interés político desde ambos frentes. Al ser opositores el grupo de diputados y el gobierno estatal, es natural que existan críticas y señalamientos sobre las ineficiencias de unos y otros.

Esta disputa, de hecho, no es más que una prolongación de aquella vieja polémica sobre quién había sido el verdadero responsable de haber conseguido el “presupuesto histórico” que hoy tiene la entidad: si habían sido los buenos oficios del equipo financiero del entonces gobernador electo Gabino Cué; o si habían sido los —preocupados y sensibles— diputados federales del PRI por la entidad.

No obstante lo anterior, queda claro que más allá de las acostumbradas disputas políticas entre ambos grupos, este asunto sí alcanza a ser percibido por otros grupos que no necesariamente responden al interés de los legisladores federales de oposición, ni tampoco a los del gobierno estatal.

Y está a la vista, que más allá del gobierno estatal que niega todo, y de los diputados que afirman asimismo de forma absoluta, está una ciudadanía que sí percibe, y resiente, el hecho de que ahora está habiendo mayor lentitud en el ejercicio del gasto público, que es determinante para dinamizar toda la economía estatal.

PROBAR LOS DICHOS

Por todo lo anterior, y en vista de que el ejercicio presupuestal se encuentra ya cerca de concluirse, es necesario que si ambos grupos continúan aferrados a sus mismas posiciones, ahora sí tengan la capacidad de corroborar con datos fehacientes sus dichos.

Es decir, si el gobierno estatal asegura haber ya gastado —correctamente— el 70 por ciento del presupuesto, es necesario que muestre los elementos de prueba que tiene para ello. Y del mismo modo, si los diputados federales priistas afirman lo contrario, es necesario que se alleguen, y den toda la publicidad posible, a la información relativa a la demora excesiva en el ejercicio, que irremediablemente haría incurrir al gobierno estatal en un subejercicio al final del año.

Unos y otros podrían afirmar, ante tal señalamiento, que ni ninguno tiene obligación de corroborar, previamente, los dichos que han sostenido frente a toda la sociedad oaxaqueña. Sin embargo, en una sociedad verdaderamente democrática —como en la que, de uno u otro modo ambos grupos aseguran que vivimos—, no debiera ser ningún chiste, y tampoco un mero asunto de golpeteo político, el hecho de que oficialistas y opositores litiguen únicamente en los medios, y ambos sin pruebas, un asunto tan delicado como lo es la estabilidad en la gestión y destino del gasto público.

Hasta ahora, ese ha sido uno de los temas más recurrentes de crítica por parte del principal partido opositor al Gobierno del Estado. Y queda claro que independientemente de que la demora en el ejercicio del gasto público sea o no de la magnitud que aseguran los legisladores, lo cierto es que si ellos han sido tan insistentes en el tema es porque, en efecto, algo de ello sí es real. El problema es que el gobierno estatal simplemente ha apostado a que crean en su palabra, sin haber aportado otro tipo de elementos para reforzar y hacer fehacientes sus dichos.

Por todo eso, lo ideal sería que el gobierno estatal abriera, espontáneamente, todos sus archivos para desmentir, ya, a quienes los acusan del subejercicio. No hacerlo —cuando el ejercicio 2011 está ya tan avanzado, y cuando existen más voces aparte de las de los diputados, que concuerdan en la versión—, equivale a darles la razón, y con ello reafirmar, independientemente de que sea o cierto o no, que el gobierno estatal no tiene capacidad para hacer frente a sus compromisos (o a sus adversarios).

¿ASPIRACIONES POLÍTICAS?

Estamos por en el último tramo del año, y el grupo gobernante en Oaxaca se acerca al proceso electoral sin definir, y sin dar fuerza, a los que pretenderán ser sus diputados y senadores en el Congreso de la Unión. Personajes justamente como Gerardo Cajiga, debieran aprovechar su relación con aspirantes presidenciales, para enrolarse en el bullicio electoral. ¿A poco no aprovechará para ello, su amistad personal con el “delfín” presidencial panista, Ernesto Cordero Arroyo? ¿Serán capaces de no hacerlo? Serán capaces… ¿?

+ Administración hace grandes conflictos sindicales

Desde hace varios días, trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, protestan por una presunta “reubicación forzada” que pretende hacer de ellos el Gobierno del Estado. Queda claro que aún cuando la razón del conflicto se encuentra en una disposición de la nueva Ley de Seguridad Pública, la situación se ha agravado por los errores de las Secretarías estatales en la implementación del contenido de la ley, y por la insistencia de esas mismas dependencias por tratar dicho conflicto —que ni siquiera alcanzar a ser un tema de carácter laboral— como un asunto político.

Para entender a cabalidad este asunto, es necesario ir por partes. En primer término, la recién aprobada ley de seguridad pública, establece bases sobre lo que debe ser el modelo policial concebido no sólo por la administración estatal, sino fundamentalmente por el gobierno federal.

Como la gran mayoría de los recursos económicos que invierten los gobiernos estatales en materia de seguridad pública provienen de la Federación, entonces es el gobierno federal quien establece ciertos lineamientos que deben cumplir las corporaciones locales para seguir accediendo a mayores montos de dinero federal destinado para los rubros relacionados. Y uno de los requerimientos fundamentales que impone la Federación a los gobiernos estatales para conseguir esos recursos, tiene que ver con la certificación del personal que se encuentra directamente involucrado en las tareas relacionadas con la seguridad pública.

Ahí es justamente donde, curiosamente, se fija la litis dentro de esta innecesaria y politizada disputa entre el gobierno estatal y sus trabajadores sindicalizados. ¿Por qué? Porque uno de los artículos transitorios de dicho ordenamiento, establece que los trabajadores de base adscritos a la SSPE podrán adherirse al régimen administrativo que contiene esa norma, cumpliendo con los requisitos establecidos y aprobando los exámenes de control de confianza correspondientes.

Dicha posibilidad se abre, según parece, debido a que la norma establece que el personal que cuente con certificación de confiabilidad, tendrá mejor salario y prestaciones que los actuales basificados, aunque habrá de ser considerado como personal de confianza. Empero, la contraparte de la norma indica que los empleados que decidan no certificarse, habrán de ser reubicados a áreas no prioritarias para las labores de seguridad.

De esa disposición se desprenden varios puntos importantes. El primero de ellos, es que la norma no establece disposiciones obligatorias para el personal de base, sino que más bien les abre una posibilidad para que ellos la tomen o no.

El segundo punto importante, es que de antemano todo el personal de base rechazaría adherirse a ese esquema, si ello implicara la pérdida sus derechos y conquistas sindicales, para pasar a ser tratados como personal de confianza, con las vulnerabilidades que esto conlleva.

Hasta hoy, ni la SSPE ni la Secretaría de Administración, han fijado un criterio claro sobre cuál podría ser el tratamiento que darán a esa disyuntiva, e incluso si existirá la posibilidad de que los derechos laborales del personal de base pudieran quedar suspendidos temporalmente, pero a salvo, mientras desarrolla funciones propias del contenido de la Ley de Seguridad Pública.

Como hasta hoy todo ha sido un desastroso enredo entre esas dos Secretarías, lo único que han conseguido es que sobre ese tema, aparentemente ajeno a cualquier controversia, se monten los intereses propios de un sindicato que está próximo a renovar su Comité Ejecutivo, y de diversos grupos opositores que intentan ocupar cualquier conflicto potencial para generar inestabilidad en un gobierno estatal, que sólo ha demostrado su alto grado de inexperiencia, e ineptitud, en el manejo de asuntos como éstos.

SECRETARÍAS ENREDADAS

Ante la inconformidad de los trabajadores de base de la SSPE (que como todos los empleados sindicalizados del gobierno estatal, confunden maliciosamente el término de “inamovilidad”, añadiendo a la posibilidad de no ser despedidos, la del hecho mismo de no poder ser movidos ni siquiera del escritorio o del espacio físico en que laboran), la Secretaría de Administración no supo conducir ese asunto hasta que, como les ha ocurrido en muchos otros casos, se les salió de control.

¿Por qué Administración no pudo conducir ese asunto? Porque aún cuando la explicación sobre los alcances de la Ley de Seguridad Pública parecen bastante claros, obvios e inofensivos para el personal basificado, ni la Secretaría de Administración ni la SSPE encontraron la interlocución adecuada para atajar la efervescencia de los trabajadores.

Y como casi siempre ocurre, algunos representantes sindicales con intereses en generar conflictos para posicionarse electoralmente entre sus correligionarios, aprovecharon la desinformación que reina en sus compañeros sobre el alcance de la norma, así como la incapacidad de la autoridad para manejar un tema como éste, para generar el conflicto que en cualquier momento podría llevar a paros de actividades, toma de oficinas gubernamentales, o a protestas públicas por parte de los empleados de base de la SSPE.

Ante la inconformidad, la Secretaría de Administración pretendió que fuera la Secretaría General de Gobierno la encargada de resolver el asunto, como si éste fuese un conflicto político y no una discordancia interna entre el gobierno estatal y sus trabajadores de base. Pero pronto salió a flote el hecho de que este asunto debe conducirse por los cauces adecuados y no seguir magnificando un asunto que debe resolverse de una forma adecuada y bien dimensionada.

ADMINISTRACIÓN ¿EFICIENTE?

Y es que en el fondo, lo único que debe quedar bien constatado es el alcance de la ley, que no va más allá de lo antes dicho. Sin embargo, ahora el problema verdaderamente importante para el gobierno estatal consistirá en separar los conflictos, y hacer ver a los basificados que el conflicto de fondo no está en la norma, sino en el interés de algunos grupos al interior del sindicato, por generar conflictos —como ya los han creado últimamente en varias dependencias— para posicionarse políticamente y tratar de ganar la dirigencia sindical, que estará en disputa dentro de muy poco tiempo. Pero dados los antecedentes, este será un reto mayor para una Secretaría de Administración que ha demostrado todo, menos capacidad para manejar asuntos como éste.

+ 2012: un escenario distinto al que ve PRI-Oaxaca

A pesar de sus mutuos y reiterados llamados a la cordura, a la concordia y a la unidad, queda claro que ninguna de las corrientes internas del priismo tiene ganas de corregir el rumbo, ni de llevar a cabo un verdadero proceso de unificación. Aunque todos hablan y critican la inexistencia de los valores positivos de la militancia priista, todos caminan en el rumbo equivocado… no sólo respecto a lo que conviene a su propio partido, sino a lo que ocurrirá en 2012. Veamos si no.

Desde hace meses existe un grupo denominado “frente renovador” que, se supone, tiene como objetivo llevar a cabo un proceso de “saneamiento” de la dirigencia y los sectores priistas. Aunque a simple vista parece que el objetivo es no sólo loable, sino necesario, en realidad todo resulta ser parte de una gran faramalla en la que ellos mismos tienen escondidos intereses de diversos tipos.

Prácticamente todos los integrantes del frente renovador, en efecto son militantes priistas pero que tienen intereses y finalidades políticas perfectamente determinadas. Su interés de fondo no se encuentra en llevar a cabo un verdadero proceso de reconfiguración o renovación de la dirigencia priista, sino simplemente en el no permitir que la dirigencia de Eviel Pérez Magaña siga adelante, y se quede con la posibilidad de elegir las candidaturas a diputados federales y senadores. Es decir, un grosero y visible “quítate tú para que me ponga yo”.

En ese sentido, queda claro que el frente renovador no es mejor ni más eficaz que la dirigencia priista. Sus llamados no alcanzaron a tener el eco debido; y su disidencia se formó a partir de la unión de las frustraciones y enojos de un grupo de personas que, en efecto, fueron desplazadas y segregadas por la dirigencia actual del priismo.

Pero sus planteamientos y prácticas democráticas nunca pudieron ser —ni siquiera retóricamente— superiores a las de sus contrapartes. Y todo quedó claro con la conformación de su propia dirigencia, a la que obcecadamente insisten en denominar como “Comité Directivo Estatal”. Porque su calidad de disidentes, no necesariamente los lleva a ser legítimos, a gozar de calidad moral, o a tener mejores antecedentes que el grupo del ex gobernador Ulises Ruiz.

Sin embargo, si hay alguien que ha legitimado a los “renovadores”, esa es justamente la dirigencia que encabeza Pérez Magaña. Éste, a pesar de saber que sus disidentes carecían de los ánimos democráticos que argumentaban tener, y que representan intereses oficialistas o de otros grupos tricolores perfectamente identificados, nunca dio los pasos que eran necesarios para poder contener los cuestionamientos o para desactivar los argumentos que lo señalaban como carente de liderazgo, como lejano a la militancia, o como simple representante de una camarilla que tiene secuestrado a un partido político.

Ante los cuestionamientos, Pérez siempre se ha achicado. Ante el señalamiento de que carece del liderazgo para conducir a su partido, él se retraía y daba más espacio para que los priistas “institucionales”, hicieran lo que les viniera en gana. Ante el argumento de que él representa la más pura continuidad del ulisismo, lo que siempre prefirió hacer fue constatar a esos personajes que justamente le generaban el cuestionamiento, dejando de hacer algo para cuando menos establecer ciertos rasgos de pluralidad e inclusión en el priismo.

Por eso, en este escenario, son tan nocivos para el priismo los puros como los conversos. Éstos últimos, envueltos en piel de oveja, esconden los intereses de una serie de lobos que no van por la democracia del priismo, sino por la posibilidad de incidir en las postulaciones a senadurías y diputaciones, o por entregar al partido al oficialismo gobernante. Y los puros son iguales o peores que sus adversarios, porque éstos nunca han tenido la visión de crecerse a la crítica, o de hacer algo positivo de la circunstancia adversa. Más bien, ante ésta, se han encerrado, han reiterado los cuestionamientos que se hacen en su contra, y han dado las pautas suficientes para que siga sobre ellos la crítica.

INTERESES, EN EL FONDO

Todos creen que pueden ir libremente sobre el botín de las postulaciones. La dirigencia de Pérez Magaña, por un lado, dejó el camino libre para que todos hagan, y sueñen con lo que pueden conseguir. Y los disidentes creen que, en el hipotético caso que lograran llegar a tener el control de la dirigencia priista, podrían ser ellos quienes impulsaran candidatos. No logran entender que la lógica de las postulaciones será distinta a la del amiguismo y el grupismo que ha reinado en el priismo.

Queda claro que, en ese sentido, será el Comité Ejecutivo Nacional quien establecerá las reglas para las postulaciones, y quien funja como “gran elector” en entidades federativas donde no hay gobernador priista. Oaxaca será uno de esos escenarios. Y, seguramente, aquí habrá diversos factores objetivos, antes que intereses de grupo, los que serán evaluados para otorgar las postulaciones. Y en esa lógica no habrá espacio para las negociaciones o las demostraciones de disciplina. Simplemente quien pueda ganar y aportar votos a la contienda presidencial, será quien aparezca como candidato a Diputado o Senador por el PRI.

Casos posibles para ejemplificar, hay innumerables. Uno de ellos, clarísimo, es el del distrito electoral de Oaxaca Centro. Aquí, independientemente de todos los que aspiran a la candidatura, hay ciertos elementos clave que van a determinar la designación: el último candidato a diputado local por ese distrito, fue Martín Mathus Alonso. A pesar de su derrota, él obtuvo más votos que todos los demás partidos. Su descalabro ocurrió por la unión de resultados de los partidos coaligados. Pero es claro que de no haber habido ésta, él les hubiera ganado ampliamente a todos los partidos.

REGLAS CLARAS

Ese antecedente, por ejemplo, habrá de determinar la nueva postulación. Aquí no habrá “dedo elector”, sino consulta de elementos objetivos. Así, siguiendo el ejemplo, la decisión sobre quién será el candidato por este distrito se tomará en función de: 1. Quién es más conocido. 2. Quién es más aceptado. 3. Quién tiene más ascendencia partidista entre los votantes. 4. Quién sí tiene verdadero proyecto, etcétera. Y por ese tamiz, irremediablemente, pasarán a Mathus y a los demás aspirantes en ese distrito. Y así se replicará el ejercicio en todos los demás. Por eso no habrá recomendados, ni cuates, ni cuotas. ¿Apuestan?

+ Abrirse a la sociedad: necesidad inaplazable

Dentro de unos días, la Universidad Regional del Sureste definirá su destino para los próximos tres años. Al elegir nuevo Rector, sería bueno que quienes integran su Consejo de Asociados reflexionaran sobre las necesidades de esa Casa de Estudios no sólo en la medida que lo han hecho hasta ahora: es importante que esa Universidad, como todas en Oaxaca, logre dar el salto para convertirse en un polo de interacción con todas las corrientes de pensamiento, con todos los centros educativos, y con todas las instituciones, instancias y organizaciones —civiles y gubernamentales— con las que hasta ahora no tiene relación.

La URSE, como institución privada de educación superior, tiene un origen diametralmente distinto al de todas las universidades de su tipo en Oaxaca. Ésta, a diferencia de todas las demás, emana no de un afán de lucro o de la búsqueda de un negocio por parte de un grupo de inversionistas, sino de un conflicto político que marcó el rumbo de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca a finales de los años setentas. En medio de aquel conflicto, la creación de la URSE se dio como un intento de garantizar la subsistencia educación superior, que entonces corría graves riesgos en medio del movimiento estudiantil de aquellos años.

Aunque, por el momento y las condiciones en que surgió, durante años hubo ciertos cuestionamientos hacia esa Universidad, lo cierto es que ésta ni tuvo un nacimiento inconfesable, ni se forjó a la sombra del poder —a la distancia puede verse que no había razón para ello—, y mucho menos ha entregado malas cuentas a la sociedad oaxaqueña.

Como persona jurídica, logró alcanzar la estabilidad financiera que muchas instituciones no tienen; como institución académica, ha entregado a la sociedad oaxaqueña profesionistas exitosos y comprometidos. Y como oferta educativa particular, se ha mantenido como una prestigiada isla de laicidad, independencia y accesibilidad, en medio de un mar de ofertas educativas dominadas por el elitismo, por los altos costos, o por los dogmas religiosos.

En ese sentido, queda claro que la URSE ha sabido adaptarse tanto a sus necesidades como al dinamismo de la sociedad oaxaqueña. Quienes la vieron nacer hace 34 años, seguramente no imaginaron que esa Universidad —que inició actividades en un espacio que era utilizado como bodega de cacharros del gobierno estatal, en la que cada alumno tenía que llevar la silla en la que se sentaría, y en la que los catedráticos no contaban ni siquiera con gises y pizarrones— tendría más de dos mil alumnos; que poseería dos campus universitarios, y mucho menos que contaría con instalaciones y servicios de primer nivel. Dígase lo que se diga —y pesar de los escollos y las malas decisiones, de las que no ha sido ajena esa Universidad—, hoy nadie puede negar que todo eso se logra en base a la disciplina, al orden y al sostenimiento de la calidad académica como principal oferta a la sociedad.

Sin embargo, independientemente de que se quieran o no dar por válidos todos esos argumentos, queda claro que la responsabilidad social y académica de una Universidad como la que ahora señalamos, no se termina ahí. Y por eso mismo es necesario dar los pasos siguientes para que siga siendo una institución viable y competitiva en el mediano plazo.

PASOS A FUTURO

Hoy, por ejemplo, la URSE cuenta con importantes acreditaciones que la avalan a nivel nacional como una institución de calidad en la educación superior. No obstante lo anterior, su grado de vinculación con la sociedad y con todo tipo de organismos civiles y gubernamentales sigue siendo un paso pendiente. Es necesario que, por eso mismo, las personas que tienen capacidad de decisión sobre esa Universidad comiencen a dejar atrás los recatos excesivos y las reservas que han tenido por más de tres décadas, y se decidan a llevar a esa Casa de Estudios a niveles que hasta ahora no han explorado. ¿De qué hablamos?

De que a la URSE, sin duda, le hace falta establecer vínculos más estrechos con una sociedad que le ha permitido tener el lugar que hoy ocupa en Oaxaca. Es decir, la URSE debe asumirse no sólo como una institución educativa más, sino que debe tomar parte activa en la colaboración social y ciudadana que tanto hace falta en nuestra sociedad.

Debe ser, por tanto, una Universidad más librepensante, más abierta a todas las opiniones, más interactiva con la sociedad, y más atenta a sus necesidades. También de ese modo se debe honrar su determinación de ser una universidad competitiva, pero accesible a las clases populares; y comenzar a ser una institución con más capacidad de vinculación frente a un universo enorme de oportunidades, que debe ser permanentemente explorado y aprovechado por quienes tienen la fortuna de ser parte del ámbito académico.

Para lograr todo eso —además de preservar e incrementar sus bonos académicos y los temas en los que se ha ocupado hasta ahora—, los cambios siempre son oportunidades. Hoy, por eso, en la competencia por la rectoría de la Universidad que libran el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Alejandro Reyes Sánchez, y el actual rector interino, Benjamín Smith Arango, debe comenzar a permear ese sentido de apertura, de cambio y de renovación, que tanta falta le hace a esa Casa de Estudios.

El primero de ellos, es un académico de gran experiencia en las labores docentes, fundador de la Universidad, que ofrece un atractivo proyecto de trabajo encaminado justamente a generar las condiciones para una Universidad de futuro, más abierta y vinculada con una sociedad que exige más compromiso de sus instituciones educativas; y de acuerdo a su desempeño, el segundo representa el proyecto de continuidad del largo rectorado que encabezó el hoy extinto doctor Joaquín Cabrera Juárez.

Ojalá que los integrantes del Consejo de Asociados tomen la mejor decisión. Ojalá que lo hagan pensando no sólo en el momento actual, sino en lo que esperan a mediano y largo plazo de la importante institución que hasta ahora han logrado construir.

MALA INFORMACIÓN

Los empleados de base del Gobierno estatal, que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública, están aprovechando cualquier pretexto para “subirlo” a su lucha interna por la dirigencia sindical. El problema es que, aunque no existe controversia, la SSPE no logra articular una explicación que desactive las protestas. La ley no obliga a nadie. Pero, al menos en este caso, el pez por la boca está muriendo. Abundaremos.

+ Radicales legitimaron el cambio: Ahora qué sigue

Aunque disimuladamente, hoy es claro que el Gobierno del Estado se encuentra rompiendo relaciones con los antiguos aliados que, en momentos fundamentales, le dieron legitimidad a la bandera de cambio en el ejercicio del poder, que luego ellos capitalizaron a través de las urnas.

Los señalamientos reiterados que hoy tienen en su contra, personajes como el diputado Flavio Sosa Villavicencio, el sacerdote católico Wilfrido Mayrén Peláez, y representantes de grupos como el Frente Popular Revolucionario, sin duda dan cuenta de un alejamiento que no sólo tiene que ver con la negación de prebendas, sino con causas que en el mediano plazo podrían poner en entredicho la legitimidad de este gobierno del cambio.

¿Qué tienen en común los personajes antes aludidos, además de otros como el ex vocero de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, Florentino López Martínez o el profesor Germán Mendoza Nube? Que todos ellos, y varios otros más —que también hoy no cesan en pronunciamientos contra el gobierno estatal— fueron quienes físicamente encabezaron la lucha durante la revuelta magisterial y popular de hace cinco años. Y fueron ellos los que en buena medida construyeron el discurso y las condiciones de desbordamiento social, que luego aprovecharon las fuerzas políticas opositoras para generar su triunfo electoral.

En ese sentido, queda claro que tanto el FPR, como el ala radical de la Iglesia Católica en Oaxaca, e incluso los grupos más radicales de la Sección 22, entre muchos otros grupos de lucha social que, abierta o disimuladamente apoyaron el triunfo electoral del actual gobierno, están lejos de ser hermanas de la caridad. Son grupos que durante años han vivido de la connivencia con el gobierno estatal, pero que a la par de ello han cultivado innumerables formas de desestabilización y presión social, que han utilizado eficazmente como herramientas para lograr sus fines.

Por eso, más allá de sus respectivos discursos democráticos y sus aseveraciones sobre la defensa de los oprimidos, queda claro que ellos han luchado con toda apertura por intereses particulares perfectamente determinados, y por la consecución de fines específicos, que no siempre podrían ser explicados en función del interés general ni de la cara a la sociedad oaxaqueña.

En gran medida, es en función de ello que se explica tanto su participación en el proceso electoral, como el apoyo tácito que dieron a la causa opositora que entonces encabezaba el ahora gobernador Gabino Cué, e incluso las exigencias que hoy hacen al Gobierno del Estado. Como en toda guerra, al momento que se asumieron como parte de los ganadores, comenzaron a reclamar su parte del botín que todos juntos habían obtenido.

Sin embargo, hoy los reclamos de esos y varios otros grupos no deben tomarse únicamente como un berrinche que hacen aquellos a quienes no se les da todo lo que piden. No. En realidad las críticas que éstos realizan a quienes fueron sus aliados —que ahora están en el poder— entrañan otras finalidades, que en el último de los casos van más allá del solo cumplimiento de pretensiones: buscan socavar una construcción que ellos edificaron, pero que por eso mismo también saben cómo echar por tierra si es que deja de responder a los fines que éstos buscaban.

DESLEGITIMACIÓN ACELERADA

Es relativamente natural que no todos los grupos logren convivir en una sociedad tan plural y compleja como la nuestra. Sin embargo, debía tomarse con más detalle el hecho de que el gobierno estatal está perdiendo a sus aliados más esenciales, justamente porque son los principales grupos que saben ser enemigos perfectos de un régimen.

Los hechos hablan por sí mismos. En 2006, todos esos que hoy se pronuncian en contra del gobierno de Gabino Cué, comenzaron haciendo exactamente lo mismo del entonces gobernador Ulises Ruiz, que —como ahora— se negó a cumplirles ciertos caprichos; también como en los tiempos actuales, en aquellos momentos el gobierno no era homogéneo ni del todo eficaz ni capaz de cumplir con sus fines. Y, también entonces como ahora, los grupos tradicionalmente de lucha social decidieron utilizar esas circunstancias en contra de quien había prometido mejoras para la ciudadanía.

En 2006 el detonador de una inconformidad general entre esos grupos, radicó en el desalojo a la protesta magisterial. Queda claro que, sin embargo, ni los maestros democráticos, ni todas las organizaciones sociales eran verdaderamente representativas de lo que todos juntos denominaron como “pueblo de Oaxaca”; sin embargo, su capacidad de acción y presión fueron lo suficientemente importantes como para generar tanto la expectativa de que la revuelta tenía verdaderos fundamentos, como que los alzados eran en realidad correspondientes a una ciudadanía que en realidad se había quedado en medio de todas las circunstancias que ocurrían.

El resultado fue abrumador. Si recordamos, por responsabilidad de una mala relación entre el gobierno estatal y esos grupos, la capital oaxaqueña estuvo más de siete meses ahogada en un auténtico estado de sitio impuesto por esos grupos. Aunque el gobierno se decía fuerte y capaz de responder a la inconformidad de ciertos grupos, lo cierto es que éste también estuvo sitiado, aislado y maniatado, hasta que ocurrieron otras circunstancias que, por sus particularidades, salvaron la cabeza de un régimen que, por mucho menos que eso, pudo haber caído.

Independientemente de cuál es la pretensión actual de grupos radicales como el FPR, ¿el gobierno estatal está tomando en cuenta el riesgo de tener mala relación con esos grupos? la gobernabilidad no es un asunto de juegos. Y queda claro que, de desatender todos esos detalles que hoy parecen aislados, en cualquier momento el actual régimen puede ser medido con la misma vara con la que sus antiguos aliados midieron al régimen priista. Nadie tiene comprada la sobrevivencia política independientemente de las circunstancias. ¿Le permitirá su soberbia al gobierno actual, ver esa particularidad?

CORDERO EN OAXACA

No queda duda que Ernesto Cordero Arroyo tiene a toda la maquinaria del gobierno federal trabajando a su favor, y que hasta ahora todos sus adversarios se han “tragado”, lisos y llanos, todos los señalamientos que éste ha hecho en su contra. ¿Será eso eterno? Queda claro que no. Sin embargo, ¿dónde está el “priismo oaxaqueño” para responder esos y muchos otros señalamientos —mucho más que negativos— que hoy se vierten en su contra?