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Ugartechea: que ponga los pies en la tierra

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+ “Cambiar la ciudad”: una promesa gastada

Luis Ugartechea Begué debe asumir con seriedad el nada despreciable reto que tiene ante sí. Gobernar la ciudad de Oaxaca de Juárez, para nadie, ha sido una tarea fácil. Y si hoy considera que tiene a su favor el bono democrático conseguido por las fuerzas coaligadas de oposición en los comicios de julio pasado, también debe considerar que para el gobierno citadino esta no es la primera alternancia de partidos; que las viejas promesas del cambio repentino están ya superadas y corroboradas en el fracaso; y que la capital necesita mucho más que buenas voluntades o vocaciones democráticas, para funcionar de modo distinto —y mejor— al actual. La expectativa ciudadana y el reto de gobierno, en suma, son nada sencillos de solventar.

Pero vayamos por partes. Una cuestión que ha sido remarcada firmemente luego de saberse el resultado de los comicios del 4 de julio pasado, es que el equipo del gobernador electo, Gabino Cué, debe dejar de alimentar expectativas que son improbables de conseguir aún haciendo un ejercicio correcto durante los seis años de su gobierno.

El haber derrotado a un PRI que parecía invencible, el haber generado una idea de cambio sustancial en la forma de conducir el gobierno, la política y la gestión administrativa, y el tener un respaldo ciudadano determinante, fueron algunos de los elementos que alimentaron el llamado “bono democrático” del que hoy goza el gobernador electo Cué, y que, en términos sencillos, se enmarca en la idea de que, al inicio de la gestión, grandes porciones de la población tienen confianza en el cambio, y por eso creen en su gobernante.

Sin embargo, como hemos apuntado en otros momentos, esas expectativas altas y ese llamado “bono democrático” también pueden resultar contraproducentes. Si hoy amplios grupos de ciudadanos tienen confianza en que el gobierno será sustancialmente distinto, y mejor, que el actual; y que hará grandes e impactantes obras de beneficio social que hasta no se han realizado, entonces: o los ciudadanos tienen ideas desproporcionadamente altas sobre lo que verdaderamente puede hacer su gobierno; o éste alimentó ideas irrealizables para lograr que los habitantes les favorecieran con su voto. En cualquiera de los casos, sin y sin siquiera tomar en cuenta un mal ejercicio gubernamental, el resultado es el fracaso. Por la simple imposibilidad material de llegar a las metas.

Este es el riesgo que corre el gobierno de Gabino Cué. Pero es, en la misma, o quizá en más alta proporción, un bono democrático que en cualquier momento se puede convertir en un alto peligro para el gobierno municipal de Luis Ugartechea.

Porque contrario a lo que se ha dicho de los últimos gobernantes citadinos —como que son parte de una clase política pero no de los verdaderos habitantes de la capital, que les ha faltado arraigo, que no conocen los problemas de la municipalidad, o que desconocen cuál es el rumbo que los grupos influyentes de ciudadanos desean para su ciudad—, él sí es un oaxaqueño de arraigo; proveniente de una familia de importante tradición dentro de los altos círculos sociales de la capital; y que, por su ascendencia empresarial, se supone que tiene un conocimiento “a ras de piso” y sensible de esos problemas que ellos mismos han recriminado a sus últimos gobernantes.

Sin embargo, más allá de toda esa ascendencia social, empresarial y hasta política —hay quienes lo ven como un demócrata, o como un representante de las trincheras ciudadanas, aunque todo eso en realidad está apenas por verse—, el edil electo Ugartechea debe cuidar, en primer término, de no morder los anzuelos, y hacer suyas las recriminaciones, que él mismo ha lanzado tanto al gobierno actual, como a los anteriores.

PROBLEMAS ABUNDANTES

Oaxaca de Juárez es una monumental joya de la cultura y la historia para la humanidad, pero, sin duda, es también un paraíso lleno de problemas. Por lo menos en la última década, las administraciones municipales han luchado con problemas en común. Éstos, en términos sencillos, pueden resumirse en ambulantaje, una deficiente inversión destinada a obra pública, y líos aparentemente irresolubles con las vialidades, con la basura, y con la inseguridad. Esas, independientemente del color del partido, y de las buenas o malas decisiones que han tomado los últimos cuatro ediles, han sido las calamidades contra las que ha luchado el gobierno de la capital.

Por eso, el edil electo Ugartechea debería comenzar a enmarcar sus ofrecimientos, para hacerlos más cercanos a la realidad. Más allá de la demagogia política, deberíamos preguntarnos por qué hoy el gobierno del ausente José Antonio Hernández Fraguas tiene una deuda de más de 60 millones de pesos. La respuesta, dejando de lado las especulaciones partidistas, radica justamente en que éste gobierno hizo una inversión importante, que llegó hasta los préstamos, con tal de atender con obra pública a los sectores populares. Esta administración municipal hizo más obra pública, mucha más, que todas sus antecesoras.

Todo eso, evidentemente, no se paga con saliva. Cuesta mucho dinero que tuvo que salir de algún lado. Por eso, es un despropósito creer que, como lo dice, el nuevo gobierno invertirá el 70 por ciento del presupuesto destinado a obras, lo canalizará a colonias populares. Es cierto que éstas necesitan atención urgente en diversos rubros. Pero si canalizan tal cantidad de recursos a eso, entonces tendremos que estar preparados para no ver mejores obras de beneficio colectivo, es decir, de desarrollo urbano, por ejemplo, ejecutadas por el gobierno municipal. Quizá tendríamos también que acostumbrarnos hasta a los baches.

RIESGO LATENTE

Ugartechea tiene a su favor el emparejamiento de su gobierno con el de Gabino Cué, que también fue edil citadino, que conoce perfectamente esas y todas las calamidades antes descritas, y que hasta por decoro político tratará por lo menos de ya no seguir actuando con desdén hacia a la capital oaxaqueña, como ha ocurrido en los últimos años. Al contrario. Sin embargo, más allá de la ayuda que le provea el gobierno estatal, la próxima administración municipal debe enmarcar sus objetivos. Para no generar expectativas inalcanzables que, para el ciudadano, terminen siendo un fraude no sólo en lo que respecta al gobernante, sino también respecto a la alternancia y las ideas de cambio. Es decir, que en sus manos también está, en buena medida, el no generar más desencanto.

EPR: ¿Por qué la tregua está a punto de romperse?

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+ Guerrilla y delincuencia: el gobierno nos confunde

Con sus decisiones recientes, los funcionarios que encabezan el gobierno federal demuestran no tener voluntad para responder al llamado del Ejército Popular Revolucionario. Independientemente de los amagues sobre la reactivación de actos de sabotaje, es fundamental tomar en cuenta el contexto y el fondo de las demandas de ese grupo armado, así como de la forma en que, hasta ahora, le ha respondido el gobierno. Dejar este asunto de lado, es tanto como “garantizar” la apertura de batalla que no sería benéfico para el gobierno, pero que sobre todo pondría en riesgo la endeble estabilidad social del país.

Veamos el contexto. El pasado viernes, el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario, y la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario —órganos de dirección política y militar del EPR, respectivamente— emitieron un comunicado dirigido a la Comisión de Mediación, en la que le solicitan que informe al pueblo de México sobre los posibles avances en las labores de intermediación para localizar a sus compañeros desaparecidos en mayo de 2007 en Oaxaca.

En el comunicado, hacen esta solicitud, debido a que “en el actual marco de la estrategia de contrainsurgencia que está intensificando este gobierno con la criminalización del descontento, la protesta y lucha popular (…) el hilo es muy delgado y el gobierno ilegítimo de Calderón y sus instituciones es el único responsable si se rompe o no en cuanto a la solución que dé a nuestra demanda.”

La ruptura, en efecto, se refiere a la tregua unilateral que ellos mismos decretaron, mientras la Comisión de Mediación realizara labores de interlocución con el gobierno federal, y que en un anterior comunicado amagaron con dar por terminada en cualquier momento, ante el desprecio oficial mostrado respecto a sus exigencias.

En este sentido, la actitud del gobierno federal ha sido ambigua respecto a los grupos armados. Incrustados en la dinámica de la guerra contra el crimen organizado, los funcionarios federales han demostrado un total desdén por las peticiones, y aún los amagues del EPR, respecto a sus militantes desaparecidos. Salvo las reuniones habidas entre la Comed y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, no ha habido atención federal expresa al asunto, y sólo testimonialmente han manifestado su voluntad para que estas desapariciones sean resueltas.

Sin embargo, la actitud federal es ambigua porque al menospreciar las exigencias de un grupo armado, respecto a la posible comisión de un delito que bien puede ser tipificado como de lesa humanidad, también parece desdeñar su importancia política y su eficacia militar, así como los planteamientos políticos e ideológicos por los que estos grupos existen.

Empero, al mismo tiempo, desde los mismos sótanos del poder federal, se han filtrado versiones respecto a que fue un grupo armado —se habló en un principio del propio EPR— quienes habían perpetrado el secuestro del abogado, político y militante del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos, ocurrido a mediados de mayo pasado, y sobre el cual no se tiene información clara al interior de los mismos órganos de inteligencia civiles y militares del gobierno federal.

Se ha tratado de hacer pasar como válida la idea de la responsabilidad guerrillera en este secuestro, a través de cierta exaltación sobre el alto grado de eficacia en el sostenimiento de su clandestinidad, en su resistencia y paciencia, y en la impermeabilidad que ha tenido el grupo responsable del secuestro del abogado Fernández, a cualquier investigación policiaca o militar del gobierno federal.

Con esta versión, o especie, que se construyó desde el mismo gobierno, se pretende dar una imagen de poder, a un grupo que ellos mismos desdeñan. Así, lo que parece, es que tratan de manipular a la opinión pública: desestiman a la guerrilla cuando exige que se aclare la investigación sobre la desaparición de sus militantes; pero se le exalta cuando al gobierno federal no le conviene reconocer que es un grupo criminal el que secuestró al abogado Fernández de Cevallos, y tiene la credibilidad federal en jaque, y no un grupo guerrillero, como pretende hacerlo creer a la ciudadanía.

RESPUESTA DE FUERZA

El EPR ha endurecido el tono de sus comunicaciones, obligado por las circunstancias. Desde el momento en que se supo del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, se les trató de involucrar, ante el eficiente modo de operación que mostró el grupo que lo privó de la libertad. En el mismo gobierno federal dejaron ver la posibilidad de que fuera un grupo guerrillero el responsable, porque la operación había sido quirúrgica, sin contratiempos, y dotada de un aura de misterio y sorpresa que, según ellos, no son propias del actuar burdo, estruendoso y nada cuidadoso del crimen organizado, sino de células bien organizadas como las de la guerrilla.

Se dijo entonces, casi de inmediato, que esto podría ser responsabilidad del EPR, o de alguna de sus organizaciones periféricas. Esto se fundamentó, en el hecho de que los antecesores armados de esos grupos, habían realizado secuestros de alto impacto como una forma de reivindicación política, para obtener sumas de dinero que les permitieran financiar sus operaciones, y para conseguir fines a través de la negociación política de la vida de un secuestrado que, a su vez, era para ellos un rehén.

Todo parecía encajar. Sólo que, en un primer momento, la dirección eperrista negó categóricamente cualquier relación con el hecho y, después, se esperó —como hasta ahora— la manifestación de una proclama o exigencia de orden político, como parte de la negociación para liberar al secuestrado. Esto, hasta ayer domingo, no había ocurrido.

RIESGO LATENTE

Por eso se desvanecen las posibilidades de que sea un grupo armado el responsable de ese secuestro, y se fortalece la tesis de que es un grupo delincuencial, perfectamente organizado y con un alto grado de eficiencia, el responsable de esta acción. El gobierno trató de achacar el plagio a la guerrilla, para evitar reconocer el tamaño del problema que significa el secuestro, y el modo tan perfeccionado en cómo éstos se pueden realizar libre e impunemente, aún en contra de los hombres más poderosos y emblemáticos del país. Pero en esto, dio pautas a la guerrilla para fortalecer una exigencia de primer orden que ahora tendrán que reconocer y atender. O encarar, como un tercer frente de guerra.

Bicentenario: ¿qué hacemos para conmemorarlo?

AM Histórico

No sólo la fiesta; también las acciones individuales


Estamos a escasas tres semanas de que se celebren los 200 años del inicio de la Guerra de Independencia, y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Para la ocasión, el gobierno federal, y los gobiernos estatales y municipales, se supone que están organizando una serie de festejos conmemorativos, que honren la historia nacional y los principales acontecimientos que nos dieron patria y libertades. Lamentablemente, esos actos hoy son fuertemente criticados no sólo por el alto costo económico, sino también por los garrafales errores de organización que han tenido. Sólo por esas dos razones, nuestros festejos patrios serán más deslucidos de lo que pudiéramos imaginarnos. Pero no por ello deberíamos pensar en no conmemorar estas fechas.

Vayamos por partes. En un primer momento, debemos hacer notar que existen diferencias sustanciales entre una conmemoración y un festejo. La primera, la conmemoración, tiene que ver con la evocación no necesariamente festiva de un acontecimiento determinado. Para el caso, se pueden establecer ciertas metas o acciones que hagan particular y resaltable eso que se conmemora; el festejo, por su parte, tiene esas características pero enmarcadas en lo que comúnmente conocemos como un acontecimiento de tipo más alegre o festivo que la conmemoración. Así, la primera bien puede ser para evocar un hecho lamentable o doloroso, mientras que el segundo tiene por definición un matiz jubiloso.

En ese sentido, hay quienes dicen que el centenario de la revolución, y el bicentenario de la independencia, deberían conmemorarse pero no festejarse. La razón central de todo esto, tiene que ver con el hecho de que se asume que, doscientos años después de haber comenzado el proceso de emancipación de la Corona Española, y cien después de haber iniciado una lucha revolucionaria por alcanzar las libertades y derechos humanos, sociales y políticos que antes estaban limitados o negados por el Estado, no hay alguna razón o motivo sustancial para festejar.

En ese sentido, dicen los que sostienen esos argumentos, que mejor prueba de ello no hay que la sola realidad actual del país: una guerra interminable contra el crimen organizado; 28 mil muertos por esa guerra; una economía dispareja que no atiende a los más desprotegidos, mientras privilegia la concentración de capitales en muy pocas manos; una pobreza creciente; imposibilidad del Estado para garantizar derechos sociales básicos eficientes, como la educación o la salud de calidad para todos; y un gobierno que no tiene la suficiente fuerza como para hacer valer su autoridad y determinaciones frente a quienes quieren ver a un México sumido en la desesperanza o en el imperio de la anarquía.

Podría haber razón para ello. Enmarcado en eso, es ampliamente cuestionable que los festejos por el bicentenario tengan un costo de casi 3 mil millones de pesos. Y sobre todo, que haya no sólo una mala, sino una pésima organización de los festejos. Quizá nadie mejor que el periodista René Delgado, ha hecho una crítica aguda a esta onerosidad que, además, está determinada por la ineptitud en la planeación gubernamental de los festejos del bicentenario. Y toma como ejemplo, la construcción caprichosa de la llamada Estela de Luz, que como símbolo de los festejos del Bicentenario y Centenario de hechos patrios, será inaugurada más de un año después de lo previsto.

Delgado, en su columna Sobreaviso, que se publica en Reforma, apuntaba en su más reciente entrega que “la anulación del acto inaugural de la Estela de Luz durante las fiestas patrias no es, aunque así se pretenda, un acto de responsabilidad para no precipitar una “inigualable obra de arte y de ingeniería”. No, es un acto de enorme irresponsabilidad que resume, sin proponérselo, el carácter de la administración calderonista. Ese error, minúsculo si se quiere, es elocuente. Retrata de cuerpo entero a la administración: falta de coordinación, relevo de funcionarios, confusa convocatoria, mal diagnóstico, pésima planeación y estrategia, presupuesto equivocado, pérdida del objetivo, ausencia de resultado. Si la Estela de Luz llega a estar lista algún día, será el emblema no de un logro, sino de un fracaso.”

Un fracaso para el gobierno; pero no debería ser un fracaso extensivo a todos los mexicanos, que sí deberíamos tomar conciencia de cómo conmemorar, civilizadamente, estos dos hechos patrios fundamentales.

EVOCACIÓN PERSONAL

Hacer patria no significa —como se dice coloquialmente en varias regiones del país—, “matar a un chilango”. Al contrario. Si analizáramos con detalle esa idea de “hacer patria”, tendríamos que entender, y preguntarnos, qué hacer personalmente para construirla, o para convalidarla. A partir de ello, podemos generar una serie de propuestas tendientes a conmemorar de modo personal el centenario y bicentenario, sin gastar un solo peso y, como se dice, verdaderamente “haciendo patria”. ¿Cómo?

Podríamos proponernos, por ejemplo, honrar el bicentenario de forma personal y no onerosa, dejando de lado las mentiras, o los actos de corrupción. Es evidente que para cualquier persona, o país, resulta imposible e inviable, tratar de enderezar a los árboles que ya están torcidos. Es decir, que uno, con voluntad, puede hacerse cargo de uno mismo, pero no necesariamente de los demás. Tomando en cuenta eso, cada persona consciente de su entorno y los problemas que éste enfrenta, podría decidir algo así. Por ejemplo, dejar de prestarse a cualquier acto de corrupción, hasta el más sencillo, de los que normalmente, casi cualquier mexicano, es parte.

Otra podría ser la de incrementar la conciencia ecológica, la conciencia cívica, o quizá un poco hasta tratando de conocer un poco más del pasado, para poder comprender el presente.

IDEA PERDURABLE

La fiesta conmemorativa será una celebración fatua, de la que no quedarán más que algunos destellos, unos meses después de ocurrida. Y luego se olvidará por completo de la mente y el registro de la mayoría de los mexicanos. Lo importante, en todo esto, sería que este momento nos dejara alguna idea clara que perdurara; es decir, un pequeño cambio de actitud que, en realidad, se convirtiera en cierto fomento a algo que construyera más, en la conciencia social, hacia el futuro. Sería, sin duda, un reto y una propuesta interesante. ¿Qué propuestas haría al respecto, usted, querido lector, sobre el bicentenario?

Chedraui, empleos e inversión: verdades a medias

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+ Fomento no se logra con empleos de bajo ingreso

Uno de los argumentos centrales que utilizó el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez para tratar de legitimar la autorización de la construcción de la nueva tienda Chedraui, en el llamado “Predio Sarmiento”, es el relativo a que ésta inversión generará empleos y provocará derrama económica de beneficio para la entidad. Una verdad, pero a medias que, hasta ahora, nadie se ha tomado la molestia en cuestionar e indagar. Al ver el asunto fríamente, puede corroborarse que las supuestas bondades laborales, y la captación de capitales, no son tan atractivas ni tan benéficas como parecen.

En efecto, según las estimaciones dadas a conocer al mismo tiempo que el reinicio del proyecto de construcción, el pasado martes, los responsables de la obra aseguraron que “se generarán 400 empleos temporales durante la construcción de la obra, misma que contará con un año a partir de esta fecha para su conclusión, además de la generación de 250 trabajos indirectos y 300 empleos más de forma indirecta.” También indicaron que la obra tendrá un costo total de unos 220 millones de pesos, y que será ecológicamente vanguardista tanto a nivel local, como nacional, e incluso en América Latina.

Sí. Todo eso suena muy bien. De hecho, esos fueron los mismos argumentos que utilizó la autoridad municipal, para justificar su decisión de dar por inválidos todos los argumentos con los que anteriormente negó los permisos, y ahora sí dar públicamente su anuencia para la edificación de otra sucursal más de Chedraui. Por conveniencia, ellos nunca ponen en tela de juicio la calidad tanto de la obra, como de la derrama económica, e incluso de los empleos que todo eso está generando. Lamentablemente, pareciera que pocos ciudadanos tienen conciencia crítica respecto al peso real que tienen esos argumentos, y la gran manipulación de que todo eso es objeto.

Por principio de cuentas, tanto Chedraui como la empresa inicial encargada de la construcción, son de origen veracruzano. Ello, en sí mismo, no genera ningún cuestionamiento, pues es perfectamente legal y legítimo que una empresa de origen mexicano, invierta donde mejor le acomode dentro del territorio nacional. Es una libertad fundamental. El problema, para el caso que ocupa a los ámbitos de gobierno municipal y estatal de Oaxaca, es que el reporte de impuestos de esas empresas, evidentemente, se encuentra en sus lugares de origen, y no aquí. Así, la generación de impuestos, y de riqueza para las arcas públicas, es en total beneficio de otras entidades federativas que no son la nuestra.

Ahora bien, es evidente que, al no tener la constructora asiento en Oaxaca, la gran mayoría de los materiales e insumos que habrán de utilizarse, no serán adquiridos o encargados a empresas de origen local. Si acaso, son los empleos relacionados directamente con la mano de obra, los que constituirán la derrama más importante de dicha obra, tanto en trabajo como en recursos económicos relacionados con el empleo. En pocas palabras, será el de trabajadores como el de maestros albañiles, ayudantes en general, plomeros y demás técnicos —pero muy pocos profesionistas—, la mayoría de los empleos que se generen durante toda la construcción de esa nueva sucursal.

DESARROLLO ENGAÑOSO

A lo largo de la última década, en más de una ocasión los oaxaqueños nos hemos creído aquel cuento de que la llegada de tiendas departamentales es sinónimo de desarrollo. Habría que ver el asunto con un poco menos de frivolidad, y con más apego y sensibilidad a la realidad y los escollos que eso ha provocado en la economía estatal.

Es cierto que hasta antes de la llegada de grandes tiendas de autoservicio y departamentales, muchas de las empresas oaxaqueñas que se dedicaban a vender esos mismos productos, lo hacían incurriendo en no pocos abusos. Aún hay personas que tienen la idea de que, como era hace veinte años, las tiendas al vender hacen un favor al consumidor, trabajan con horarios reducidos e inflexibles, y tienen precios por momentos inalcanzables para los particulares. Eso, ciertamente, ha cambiado. Sin embargo, eso no necesariamente significa que ahora la economía y el empleo son mejores para las varias miles de personas que, en conjunto, trabajan en Oaxaca para esas cadenas de tiendas departamentales.

La economía no mejoró y, al contrario, empeoró. En gran medida, fueron los propios empresarios oaxaqueños los que no tuvieron ni la visión, ni las estrategias empresariales, que eran necesarias para hacer frente a las grandes inversiones que comenzaban a llegar desde otras entidades. El dinamismo y la actitud innovadora de las sucursales recién llegadas a Oaxaca, rápidamente avasallaron a los empresarios locales, que seguían pensando que ésta era la misma ciudad de los años sesentas, y que por tanto creyeron que el mercado cautivo, los excesos, y el atraso en sus estrategias y organización empresarial, podrían ser eternos. No tuvieron la capacidad de competir. Y así, desaparecieron comercios locales de todo tipo; salas de cine, farmacias, etcétera.

El empleo, en realidad, tampoco mejoró. La llegada de esos nuevos centros de trabajo no significó que la calidad de los puestos y los ingresos mejoraran. La gran mayoría, casi la totalidad, de los trabajadores de las tiendas departamentales, tienen salarios bajos, con prestaciones mínimas o a veces inexistentes, y con pocas posibilidades de verdadero desarrollo laboral. Es decir, que en esos negocios no es sencillo que un empleado común pase a ocupar puestos gerenciales, y tampoco que ambos tipos de empleo sean sinónimo de ingresos aceptables, ya sea para una persona que ha demostrado esfuerzo y lealtad, como para aquellas que sí gozan de preparación académica sólida. Unos y otros, en esos empleos, difícilmente logran ingresos suficientes como para asegurar que tienen garantizado el progreso personal.

ARGUMENTOS ENGAÑOSOS

Poco, o casi nada, es lo que todo eso se toma en cuenta. Las inversiones no son benéficas, en la medida que reportan verdaderos beneficios colectivos, y no sólo ganancias para unos cuantos. Oaxaca parece estar condenada a repetir ese mismo círculo vicioso: el de suponer que con la llegada de esas empresas hay beneficio, pero que mientras éstas hacen creer esto a sus consumidores, hacen negocios millonarios, y a bajo costo. A costa de la economía y el empleo locales. ¿Chedraui, o las demás, dejan sus ganancias en Oaxaca?

Confrontación GCM-URO: ya debía terminar

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+ Hostilidad, poco útil en condiciones actuales

Más allá de sus propios errores como político, Gabino Cué Monteagudo fue, y es, el villano favorito del actual grupo gobernante. Lo es ahora, y lo fue antes, aunque la diferencia se encuentra entre lo frontales que eran las disputas y descalificaciones ­­—que eran mutuas— hasta antes del 4 de julio, y lo disimuladas que, quizá, sean a partir de ahora que él es el inminente gobernador electo de Oaxaca, y que comienza a construir una relación de entendimiento con el gobernador Ulises Ruiz Ortiz. La hostilidad era hasta cierto punto natural, como ahora quizá lo sea la aparente civilidad y prudencia entre los grupos políticos entrante y saliente.

A diferencia de otros “rencores” que tiene el grupo político del gobernador Ruiz, es evidente que el que añeja respecto a Gabino Cué Monteagudo, es uno de los más antiguos y enraizados. Desde hace seis años, ambos personajes y grupos, ya eran adversarios políticos declarados, y ya contaban entre sus haberes varios frentes no de batalla política, sino de guerra; ya habían competido por conseguir el máximo cargo político de la entidad; y unos y otros ya se habían lanzado todo tipo de acusaciones sobre su respectivo pasado, sus orígenes, su desempeño en el sector público, e incluso, en algunos casos, sobre aspectos personales o maritales, e incluso respecto a sus preferencias sexuales.

Así, si desde 2004 la cadena de agravios entre uno y otro grupo ya era extensa, seis años después ésta supuraba ya adversidades y odios, que bien podrían haber ya traspasado lo político para convertirse en asuntos personales. Las discordias no habrían sido sólo entre los personajes directamente involucrados, sino fundamentalmente entre los grupos que rodeaban a cada uno de ellos. En esas circunstancias, lo menos que podía esperarse era que una vez reeditada la más intensa de las batallas entre ambos grupos —la de la gubernatura del Estado—, era que también los rencores mostraran sus residuos y nuevamente adquirieran concentración.

Eso fue exactamente lo que ocurrió en la reciente campaña proselitista. Aún cuando el equipo de campaña, y el propio candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del Estado, Eviel Pérez Magaña, aseguró —y en buena medida lo cumplió— que no se referiría directamente a Gabino Cué como uno de los ejes de ataque de su discurso, fue claro que los personajes que lo rodearon, y el propio gobernador Ruiz como militante priista, sí fueron implacables en los juicios emitidos en contra de su adversario y la alianza que lo postulaba. Aunque con mucha menos cobertura mediática, fue evidente que el entonces candidato Cué sí estableció como uno de sus elementos discursivos el ataque directo a la administración estatal y al gobernador Ruiz.

Incluso, una vez ocurrida la jornada electoral, y conocido el desenlace de ésta, ciertos núcleos del priismo se negaban a reconocer las circunstancias, y fue eso lo que motivó que las hostilidades se reavivaran, aunque mutuamente, con motivo de la conformación del llamado “equipo de transición” y la exigencia del inicio del proceso de entrega-recepción de la administración estatal.

En el fondo, ésta no era propiamente una batalla por lograr una transmisión de poderes ordenada y sistematizada. Fue, más bien, el pretexto a través del cual, una vez más, ambos grupos trataron de medir fuerzas. Por un lado, los opositores que habían ganado la elección, aún sin tener la legitimación legal necesaria, dispusieron el inicio inmediato de los trabajos de entrega-recepción, como una muestra de derrota aplastante para sus adversarios.

Por su parte, los oficialistas que habían perdido los comicios trataron de envolverse en diversos legalismos para justificar sus particulares resistencias a iniciar unos trabajos de transmisión de poderes que, irremediablemente, en algún momento, y antes del mes de noviembre, tendrían que comenzar a ocurrir.

Así, una vez que tanto el Gobernador en funciones, como el Mandatario electo, se sentaron en una mesa a tener un primer diálogo institucional, quedaron atrás las hostilidades que muchos esperaban, pero que parecían indeseables para una entidad como Oaxaca, que de por sí abreva incontables turbulencias y frágiles equilibrios políticos. Si ambos se jactaban de ser políticos reales, entonces más temprano que tarde tendría que haber ocurrido este encuentro que, valga decirlo, tampoco deberá ser entendido como un sinónimo de tersidad o avenencia en la transmisión de poderes.

NECESIDAD MUTUA

Pero además de las razones estrictamente políticas, era ya evidente la urgencia de un primer acercamiento entre ambos grupos. En un primer momento, esto se aparece como una garantía de entendimientos mínimos. Pero también es una muestra de que más allá de los rencores personales o de grupo, en ambos bloques tienen la idea clara de que uno no podrá gobernar, ni ser oposición, sin el otro.

El gobierno de Ulises Ruiz dice ser el más auditado del país. Sin embargo, es claro que no en sólo los puntos estratégicos que se han revisado en auditoría, sino en las múltiples dependencias que tiene la administración estatal, habrán de ocurrir faltantes y la revelación de ejercicios presupuestales ilegales, que necesariamente tendrán que ser enfrentadas por ambos grupos, pero que pueden evitarse a través de una revisión conjunta en tiempos —como éstos— que aún no son apremiantes.

Por su parte, el gobierno de Gabino Cué tendrá múltiples necesidades que sólo podrán ser solventadas, ahora y después, a través de cierto grado de entendimiento con quienes fueron sus adversarios. Esto no necesariamente debe significar una política de “borrón y cuenta nueva”, sino más bien de conjunción de las tareas que hasta ahora se han realizado, con el proyecto de gestión y políticas públicas que tiene el nuevo gobierno.

ADVERSARIOS, SIEMPRE

Es evidente que adversarios nunca dejarán de ser, y que ahora mismo lo siguen siendo. Sin embargo, en los umbrales del cambio de administración, ninguno de los dos grupos tiene todas las certezas consigo. Por eso comenzamos a ver con claridad esas aparentes actitudes de civilidad y compromiso con el diálogo, que ambas partes se reiteran, ahora que las controversias legales están prácticamente resueltas. Este entendimiento será sólo momentáneo. Por eso ni se le dará carpetazo al pasado, como tampoco ocurrirá una disputa a muerte, como muchos lo pronosticaban. No, por lo menos ahora.

Caso Chedraui: una historia de complicidades

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Autorización: traición a conciencia ciudadana

Ayer, con el anuncio de la autorización para que Tiendas Chedraui construya su polémica sucursal de la colonia Reforma, en esta capital oaxaqueña, el Ayuntamiento citadino demostró cuán poco que le interesa el verdadero sentir y la movilización ciudadana civilizada, y también cuánto calculó sus conveniencias políticas.

Alejada ya la administración municipal de Oaxaca de Juárez, de todas las efervescencias electorales, y más bien arrinconada por las derrotas continuadas, ahora sí se animaron a hacer lo que hace poco más de dos años el entonces edil José Antonio Hernández Fraguas, negó rotundamente a hacer no en base a su conciencia ciudadana, sino a sus intereses políticos: expedir las autorizaciones y legitimar la construcción de una edificación que, en sí misma, ha provocado importantes muestras de rechazo ciudadano.

Esta historia, como bien ha de recordarse, comenzó un miércoles 9 de julio de 2008, cuando en las primeras horas de la mañana, un grupo de trabajadores de la Constructora Ingrid, se apersonaron en un predio localizado entre las calles de Pensamientos y Heroica Escuela Naval Militar, en la colonia Reforma de esta capital, para derribar alrededor de 150 arbustos adultos que eran parte del terreno, e iniciar los trabajos de cimentación de lo que sería una sucursal más de las Tiendas Chedraui.

Desde el amanecer, centenares de vecinos se hicieron presentes en el lugar, para protestar por lo que ellos mismos calificaron como un ecocidio. Horas después, otros grupos de inconformes se hicieron presentes en la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, para exigirle al entonces presidente Municipal, José Antonio Hernández Fraguas, que cancelara los trabajos e impusiera una multa ejemplar tanto a la empresa constructora, como a quien la contrató, por la tala no autorizada de esos árboles que eran parte del patrimonio ecológico de la zona.

En un primer momento, el edil Hernández dijo que los trabajos serían clausurados temporalmente, en tanto se indagaba si era o no viable continuar con los trabajos, y dijo que había que tener ciertas consideraciones, porque esa inversión era un ejemplo claro de que Oaxaca era un sitio atractivo para las inversiones de capital. Sólo que ante el fuerte incremento de las protestas, el Munícipe tuvo que recular.

Así, unos días después, también en sesión de Cabildo, y a través del entonces regidor Guillermo Zavaleta Rojas, anunció la cancelación definitiva de la licencia de construcción, así como la imposición de una multa de 10 millones de pesos a la cadena comercial por el ecocidio. Con esto, el gobierno municipal fingió responder al reclamo ciudadano, a través de un anuncio y una multa espectaculares. Era difícil anticipar, entonces, que todo eso sería echado por tierra.

La primera fuerza que destruyó esa aparente sensibilidad municipal para decretar la cancelación de la licencia de construcción a Chedraui, y su castigo ejemplar, fue la legal. En abril del año pasado, la cadena comercial, cobijada en la protección de la justicia federal que obtuvo a través de un juicio de amparo, obligó al Ayuntamiento citadino a rectificar en el monto de la multa, y reducirlo a menos de una décima parte de la cantidad que originalmente se había impuesto. El juicio de garantías tuvo el efecto de conminar a la autoridad municipal a utilizar las normas correctas, e interpretarlas adecuadamente para imponer sus sanciones, no en base a manipulaciones políticas, sino conforme a derecho.

Así, como lo previmos en nuestra entrega del lunes 13 de abril de 2009 al analizar los preceptos correctos de los que se tendría que valer la autoridad para imponer sanciones, la multa final no podría rebasar la cifra de un millón 39 mil pesos. Y así fue. Apenas en junio pasado se supo que la sanción última fue de sólo 990 mil pesos. Poco más de nueve veces menos que aquella espectacular multa de 10 millones de pesos que, según lo dicho ayer por la autoridad, fue pagada por Chedraui desde mayo pasado.

LICENCIA ANUNCIADA

El pasado 26 de junio, en relación a este caso, apuntamos en este espacio que “Hernández Fraguas tomó el asunto [de Chedraui] como una de sus principales banderas políticas, y también para demostrar a todos que él sí es un político sensible. Aplicó una multa millonaria y canceló permisos. ¿Y qué pasó dos años después? La sanción económica ejemplar, ya no lo es tanto. De 10 millones se redujo, como aquí lo advertimos desde hace 14 meses, una cifra cercana a un millón de pesos. Y en cualquier momento podría reiniciar la edificación de esa plaza comercial. Mucho compromiso, ¿no?”.

Todo eso finalmente ocurrió. Hoy es evidente que al haber sido superados todos los intereses políticos y electorales, quienes integran el Ayuntamiento citadino ahora sí decidieron tomar decisiones impopulares que antes se negaron a asumir, al encontrarse envueltos en una aparente casaca de representantes ciudadanos, aunque ocultando sus verdaderos cálculos electorales mezquinos.

En su momento, el gobierno de José Antonio Hernández Fraguas decidió tomar el caso Chedraui como una demostración de su eficacia como gobernante. Hoy como ya no tiene aspiración alguna, ni le interesa seguir teniendo una importante ascendencia entre el electorado que pudiera reportarle beneficios electorales, y ni siquiera encabeza el gobierno de la ciudad, entonces sí decidieron darle luz verde a la construcción.

Al final de cuentas, no está mal que hayan autorizado un proyecto que, quizá, cumple con todos los lineamientos y requerimientos de las autoridades municipales, ecológicas y reguladoras de las construcciones. Lo que no tiene explicación, ni justificación, es, por un lado, que la administración municipal haya manipulado de tal modo este caso para tratar de salir ganancioso en aspectos políticos o electorales; y por el otro, que ahora, sean ellos mismos quienes convaliden un proyecto que en julio de 2008, habían anunciado que estaba “muerto y enterrado”, pero en el que cometieron, quizá voluntariamente, tal cantidad de errores e inconsistencias, que en el fondo parecían estar encaminadas a lograr, en última instancia, la legitimación de la decisión de, ahora sí, autorizarle su construcción a la nueva sucursal de Chedraui.

DERROTA CIUDADANA

Esta cancelación fue un triunfo ciudadano auténtico. Fue la gente, movilizada y oponiéndose civilizadamente, la que consiguió esto. Más que de la ecología, esta es una derrota para ellos.

Iglesia vs matrimonios gay, en Oaxaca buscará consensos locales

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+ ¿Clero endurece su posición, para “doblar” a GCM?

Hoy, cuando una discusión tan barroca como la de los matrimonios entre personas del mismo sexo parece tan lejana a Oaxaca, la jerarquía católica ha corroborado su apoyo irrestricto a una de las posiciones más conservadoramente radicales de que se tenga memoria. Dijeron respaldar al cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, respecto de los señalamientos fuertemente discriminatorios y ofensivos que lanzó en contra de los homosexuales que hoy tienen la posibilidad, en la capital del país, de contraer matrimonio y adoptar menores. Aunque parece un tema irrelevante, esa posición de severidad de la Iglesia Católica no parece ser sino una repetición de la estrategia con la cual, hace casi un año, logró que en Oaxaca se vedara constitucionalmente cualquier posibilidad de legalizar los abortos.

En efecto, a principios de año, cuando la alianza entre partidos de oposición estaba en francas vías de trabarse en Oaxaca, para buscar la gubernatura, las alcaldías y las diputaciones locales, algunos medios de información cuestionaron al dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega Martínez, que si los partidos de derecha e izquierda tenían posiciones radicalmente opuestas en temas como el de la legalización del aborto, o el de los matrimonios entre personas del mismo sexo, cómo harían para conjuntar esas visiones de ganar el gobierno y el Congreso de una entidad federativa como Oaxaca.

La respuesta salomónica del Líder nacional perredista, fue que como esos temas no se incluían en la plataforma conjunta de gobierno que habían creado y aprobado tanto ellos, como el Partido Acción Nacional, Convergencia y el Partido del Trabajo, entonces eran asuntos que no se habrían de contemplar, y que tampoco estarían a discusión al seno de una coalición que, de sí, se aparecía como aquel lugar común “del agua y el aceite”.

Con esa seguridad —que en realidad no estaba comprada ni garantizada—, todos los opositores de izquierda y derecha, fueron juntos a encabezar un proyecto político que, hoy que tiene formalmente el poder estatal en las manos, seguramente dentro de algún tiempo se verá orillado, por presiones aviesas, a discutir y, potencialmente, aprobar ese tema que originalmente se dijo que no sería abordado.

¿Por qué asegurar lo anterior? Porque, en primer término, es claro que el nuevo gobierno tendrá que buscar la porción de legitimidad que le hace falta. Aunque su victoria electoral fue clara y difícilmente cuestionable, es evidente que el bloque de ciudadanos que no votaron por esa opción es igualmente numeroso y, en términos sencillos, superior a quienes los prefirieron.

En ese sentido, parece claro que ese es, para la Iglesia Católica, el escenario perfecto para conseguir ciertos fines que, ni legal ni políticamente, han podido frenar los integrantes de la derecha nacional, a través de procesos legislativos o acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Por qué esas son dos razones que se combinan? Porque para cualquier régimen de gobierno, es nada despreciable la posibilidad de conseguir cierta porción de la legitimidad que les hace falta, a través de una institución que, nos guste o no, tiene una influencia determinante sobre la sociedad, como lo es la Iglesia Católica. Ésta, por su parte, siempre ha aprovechado los momentos de debilidad de los regímenes de gobierno, para conseguir sus fines. ¿Cómo? Valiéndose de la crítica agria y sistemática, hasta conseguir un margen de negociación a través del cual conseguir algo, a cambio de disminuir la intensidad de sus señalamientos.

MONEDAS DE CAMBIO

Todo ciudadano interesado en los asuntos públicos, se habrá dado cuenta que a partir de septiembre del año pasado, la jerarquía católica oaxaqueña prácticamente cesó cualquier señalamiento importante en contra del gobierno; también habrá notado que antes de ello, sus posiciones parecían ser de una dureza innecesaria en contra de la administración estatal, que de por sí cargaba con fuertes y recurrentes crisis de legitimidad por los incontables señalamientos que los involucraban y responsabilizaban.

Y, aunque no se aceptó —porque era obvio que fue un pacto de naturaleza inconfesable—, fue evidente que el interés mostrado por los diputados locales priistas y panistas por lograr la aprobación de la reforma al artículo 12 de la Constitución Estatal —que “consolidaba” el derecho a la vida desde el momento de la concepción, y por tanto cerraba la puerta a cualquier posibilidad de legislar, bajo el esquema constitucional actual, cualquier reforma que autorizara la práctica de abortos por voluntad—, fue directamente proporcional al cese de las críticas y señalamientos que la jerarquía católica lanzaba en contra del gobierno de Oaxaca.

¿No podría ocurrir lo mismo en este caso? Si el gobierno de Gabino Cué Monteagudo encuentra sus márgenes de legitimidad por otras vías, y si logra conservar la inmunidad frente a la acidez de la Iglesia, entonces nada de esto ocurrirá. Pero si los señalamientos comienzan a hacer mella, y éstos ceden en los intentos derecho-panistas de emprender reformas para cerrar cualquier posibilidad de aprobación de matrimonios entre personas del mismo sexo, entonces pronto veremos a los diputados locales por lo menos discutiendo tal reforma.

El mismo conservadurismo y tradicionalismo de nuestra sociedad, hace lejana la “bienvenida” a una discusión de esa naturaleza. Sin embargo, aquí ni siquiera se había discutido el tema de la legalización del aborto, y de todos modos hubo reformas para cancelarlo.

¿Cómo lograr dicho objetivo? Fácil: estableciendo en el mismo, y controversial, artículo 12, octavo párrafo de la Constitución del Estado, que la familia está integrada en base al  matrimonio celebrado entre un solo hombre y una sola mujer. De hacer eso, lograrían sus fines morales, atávicos y falsamente divinos, al menos en el ámbito estatal. Y doblarían al Congreso. Aún cuando los diputados tanto del PAN, como del PRD y las fuerzas de izquierda, aseguraran que temas como ese no serían discutidos en las dos siguientes Legislaturas locales.

¿TRICOLORES LAICOS?

Disimuladamente los priistas guardan silencio a todas estas discusiones. No son temas suyos, dicen. ¿Qué nadie se acuerda que, al menos en Oaxaca, ellos, los laicos defensores de la Revolución, fueron los que le hicieron la chamba a la Iglesia con el tema del aborto?

Lorenzo San Pablo: paradigma impune del 2006

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+ APPO y S-22: lucha vs régimen, sólo testimonial

Digan lo que digan los grupos involucrados, la única muerte directamente relacionada con el conflicto magisterial y popular de 2006, que no tiene, ni tendrá más explicación que la del ataque artero y desproporcionado de agentes estatales, y que es muestra total y vergonzosa de impunidad, es la de Lorenzo San Pablo Hernández.

En efecto, ayer domingo se cumplieron cuatro años de aquel homicidio, que presuntamente ocurrió a manos de efectivos policiacos estatales, en medio de un operativo que hasta ahora carece de explicación y fundamento. La realidad indica que no existe investigación ni justicia, en ese y todos los asuntos relacionados con la crisis magisterial. Pero, particularmente, el problema es que a casi un lustro de distancia, no sólo ha sido el gobierno de Oaxaca, sino también los grupos opositores, quienes han procurado la impunidad en ese homicidio que, por sus características, resulta ser un paradigma de aquella revuelta social, y sus componendas finales.

¿Por qué decir que el homicidio de Lorenzo San Pablo no tiene más explicación que el ataque desproporcionado y artero de las fuerzas del orden? Porque a pesar de su gravedad, diversas autoridades del gobierno estatal, aseguraron en su momento tener conocimiento —aunque ello no signifique que participación directa o capacidad de decisión y mando— de aquel “Operativo de limpieza de vialidades” que realizaron agentes de la entonces Policía Ministerial, Preventiva y Auxiliar del Gobierno del Estado, frente a la toma de estaciones de radio —ocurrida la mañana del 21 de agosto de 2006.

Aquel operativo, teóricamente, se justificó tanto en la ocupación de instalaciones radiofónicas por parte de los grupos inconforme, como en el cierre de algunas vialidades cercanas que éstos hicieron, para resguardar la toma de oficinas, equipos y antenas transmisoras de las estaciones. En sus argumentos de defensa, las autoridades estatales aseguraron que tal operativo se habría realizado para despejar las calles y brindar seguridad a la ciudadanía.

Lo cierto es que más allá de los dichos oficiales, ese operativo de limpieza de calles provocó un doble desastre: en su único día de funcionamiento, protagonizaron una balacera en la colonia Reforma, en calles aledañas a donde se ubican las instalaciones de la empresa Radio Publicidad de Oaxaca (RPO), que entonces estaba ya ocupada por el magisterio y la APPO, y cuya señal convirtieron en “La Ley del Pueblo”.

Fue un doble desastre, porque en esa operación cayó muerto de un disparo, sin explicación o justificación alguna, Lorenzo San Pablo; y porque fue nada menos que ese hecho lo que motivó que, a partir de entonces, los grupos inconformes invitaran a la población, a través de las señales radiofónicas, a instalar barricadas en todas las arterias viales que les fuera posible, precisamente para evitar la posibilidad de tránsito nocturno de lo que ellos, fundadamente, denominaron “Las caravanas de la muerte”.

El gobierno estatal, evidentemente, jamás tendría la voluntad política para iniciar investigaciones que involucraran a funcionarios de ese mismo régimen, tanto para esclarecer la muerte de Lorenzo San Pablo, como también para identificar la cadena de mando que dispuso aquel operativo de limpieza de calles, e imponerle las sanciones correspondientes.

Todos se centraron en defender o satanizar la instalación de barricadas. No se sabe si accidental o deliberadamente, tanto la Sección 22 como la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, olvidaron tanto el hecho de sangre (la muerte de San Pablo) como la causa (las caravanas de la muerte) que desencadenó la instalación de las mismas; y nada le convenía más al propio gobierno, que mantener en silencio, y en el olvido, la verdadera razón por la que ellos fueron corresponsables de los bloqueos viales nocturnos que, durante varios meses, fueron los que impusieron ley en la capital oaxaqueña.

IMPUNIDAD CONVALIDADA

En ese olvido, aparentemente accidental o posiblemente deliberado, de toda la serie de hechos que fueron determinantes y que ocurrieron entre el 21 y 22 de agosto de 2006, tanto la Sección 22 como la APPO y demás grupos detractores del gobierno estatal, lo único que han hecho es convalidar por partida doble la impunidad que se ha procurado respecto a ese crimen.

Hasta ahora, las exigencias de justicia y los reproches por la inexistencia de una investigación seria sobre ese caso, han sido meramente testimoniales. Es cierto que este gobierno jamás tendrá la voluntad para indagarse e incriminarse a sí mismo. Pero también es evidente que fuera de la entidad, existen otras instancias nacionales e internacionales, a través de las cuales sí se podría exigir efectivamente justicia, e incluso presionar a todas las esferas gubernamentales involucradas a que investigaran ese hecho, que marca el capítulo más negro del conflicto magisterial, y de la actuación del gobierno estatal, en medio de los hechos del 2006.

A la Sección 22, la APPO y demás, les interesa mucho continuar en la escena pública, asegurando que exigirán juicios penales en contra de los funcionarios involucrados en los hechos de 2006, que dejarán sus cargos en el próximo mes de diciembre. Esa es una mera posición política, que sin embargo no cuenta con el verdadero interés de ser llevada a los hechos. Sólo buscan su decoro como frente de lucha política, pero no justicia efectiva para las banderas que ondean.

No buscan justicia efectiva, porque sólo conmemoran la muerte de San Pablo y de otras personas más que, a su juicio, murieron por causa del conflicto magisterial; pero esos grupos —que tienen los recursos, la legitimidad y la atención como para emprender acciones más contundentes— no han sido capaces de acudir con verdadera energía ante instancias internacionales de tutela de derechos humanos, o de justicia penal, para lograr la investigación y el esclarecimiento, al más alto nivel, de estos hechos. Con sus lamentos, sólo ayudan al gobierno a procurar su propia impunidad.

JUSTICIA RESTAURATIVA

Este día, la PGJE celebra el tercer aniversario de su Centro de Justicia Restaurativa. A través de éste, han buscado proveer mecanismos de vanguardia en la solución de conflictos entre particulares, a través del avenimiento y la mediación. Enhorabuena por la maestra en Derecho, Jhazibe Valencia de los Santos. Ojalá que, en esas tareas, sigan cosechando éxitos.

Toma de estaciones de radio: cuatro años

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+ 21 de agosto: determinante para la APPO

Quizá esta sea ya una jornada para muchos intrascendente. Pero el 21 de agosto de 2006, resulta ser una fecha trascendental porque ésta fue la que marcó el antes y el después de las jornadas de lucha de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, y los profesores de la Sección 22 del SNTE en aquel año aciago de la revuelta magisterial y popular.

Hace exactamente cuatro años, un grupo de profesores que se encontraba resguardando las antenas de transmisión de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, fueron atacados por sujetos desconocidos. En respuesta, cuadrillas bien organizadas de profesores e integrantes de la APPO, ocuparon prácticamente todas las estaciones de radio de la capital oaxaqueña, primero en protesta por la agresión sufrida esa madrugada, pero sobre todo para poner en marcha una fase superior de su plan de acción, tendiente a masificar el conflicto, que entonces ya se encontraba en un relativo estado de estancamiento.

Hagamos memoria de qué pasaba en los últimos días del mes de agosto en Oaxaca. Los profesores e integrantes de la APPO, habían resistido estoicamente el paso de todo el periodo vacacional de verano, pero se encontraban en un dilema importante frente al inicio del nuevo ciclo escolar: tenían la opción de sostener su lucha, pero volver a las aulas, y así evitar que el gobierno estatal decretara la retención de sus salarios; la segunda opción, era la de sostener su lucha en términos de radicalización, y paro indefinido de labores, hasta lograr que los ámbitos de gobierno cedieran a sus demandas y les dieran respuestas satisfactorias. Una, pues, era la postura moderada, y la otra, la tradicional que ocupa el magisterio de poner contra la pared a sus adversarios, para iniciar desde ese punto las fases de negociación.

Si bien se recuerda, una asamblea estatal de la Sección 22 ocurriría apenas unos días después de aquel aciago 21 de agosto de 2006. En ella, había un claro encaminamiento a lograr destrabar el paro indefinido, y conseguir que por lo menos grupos representativos de profesores inauguraran el ciclo escolar 2006-2007, sin que esto significara que las escuelas reanudarían sus labores por completo, ni tampoco que todos los profesores abandonarían sus tareas sindicales para regresar a las aulas. Era, o parecía, un movimiento táctico para dar un aire a la intensa lucha política que libraban en contra del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

Sin embargo, a la par de esa postura moderada, se encontraba la de los sectores radicales del magisterio y la APPO, que llamaban a continuar el paro indefinido de labores, y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Eran quienes decían que no podía existir ningún margen de negociación, ni ninguna demostración de flaqueza por parte de los profesores democráticos frente al mal gobierno, y que por tanto había que sostenerse en sus posiciones hasta conseguir los objetivos planteados.

El caso es que, ante esas dos posturas, había una clara tendencia por privilegiar la primera. Sólo que, sospechosamente, ante el inminente inicio del ciclo escolar, comenzaron a ocurrir ciertos hechos que orillaron a los profesores democráticos a abandonar sus intenciones iniciales, y optar por el recrudecimiento de la lucha política.

Eso fue exactamente lo que ocurrió el 21 de agosto de aquel año. Independientemente de que tal ataque hubiese o no ocurrido, o que se hubiere perpetrado en la forma en que los democráticos dijeron que había sido, lo cierto es que eso marcó una tendencia irreversible en el magisterio a continuar en bloque frente a la lucha.

Ante el ataque, ellos no se podían permitir concesiones. Por eso, ese fue el día en que se canceló cualquier posibilidad de arreglo civilizado con los profesores, y se inició, con ayuda involuntaria de la radio, el periodo más violento y plagado de incertidumbre que ocurriera en Oaxaca durante el conflicto magisterial de 2006.

ARENGA NOCIVA

Desde la mañana de aquel 21 de agosto, los profesores de la Sección 22 tomaron todas las estaciones comerciales de radio, en protesta por el ataque sufrido. Junto con la agresión a balazos, ellos aprovecharon para protestar en contra de un cerco informativo del que se decían objeto.

Tomaron, en razón de ello, todas las frecuencias radiofónicas existentes en la capital oaxaqueña —sólo dejaron libre a la del empresario Humberto Lópezlena Cruz—, bajo el argumento de poder difundir su mensaje y su versión del conflicto magisterial. Hubo la expectativa de que las estaciones serían devueltas a la brevedad posible, o que, en su caso, intervendrían las instancias federales encargadas de las telecomunicaciones, para impedir que el uso indiscriminado de las señales se convirtiera en una tarea cotidiana.

El gobierno estatal se encontraba totalmente paralizado. No ejercía autoridad alguna sobre nadie en la entidad; y el gobierno federal hizo como que ese problema no existía, y que por tanto no tenía nada que hacer en la entidad. El problema es que mientras unos se decían incapaces, y los otros desinteresados, los grupos inconformes que se apoderaron de las frecuencias de varias estaciones, por más de tres meses, vertían mensajes poco mesurados sobre la necesidad de la participación del pueblo en la lucha del magisterio y la APPO, instrucciones sobre la colocación de barricadas y la autodefensa, e incluso la información, en tiempo real, de qué era lo que estaba ocurriendo en ciertos lugares álgidos, cómo tomar providencias, o cómo tendría que contrarrestarse algún intento policiaco de reacción frente a los grupos inconformes.

No hubo autoridad alguna que, en todo ese tiempo, se pronuncia por lo menos con preocupación por lo que ocurría en Oaxaca capital. Pero esas arengas constantes y accesibles hasta para el público menos pudiente, fueron determinantes para redimensionar el conflicto magisterial, y proporcionarle esas bases que fueron quienes le dieron fuerza a una lucha del magisterio que, por sí solo, no habría podido librar del todo.

ILEGALIDAD IMPUNE

Por esas usurpaciones en las estaciones de radio, debieron haber investigaciones ministeriales, y quizá detenidos. Se violaron, nada menos que estrictas leyes federales sobre radiodifusión, y sobre telecomunicaciones. Esta fue una demostración genuina de lo poco que le interesaba Oaxaca al gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada, y de la ignominia que fuimos capaces de cometer los ciudadanos, contra nosotros mismos.

“Pulpo” camionero y gobierno se arreglan. ¿Y la sociedad?

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+ Resistencias internas… rasgo de priismo cambiante

Un aspecto que no debería quedar fuera de la discusión sobre el transporte público, es el de la opinión y postura que tiene el usuario. Al menos en Oaxaca, es imposible que las personas que todos los días utilizan los autobuses urbanos, puedan hacer una queja efectiva, y una recriminación real al pésimo y peligroso servicio que reciben. No pueden porque el sector está sujetado hegemónicamente a un duopolio, en el que el común denominador se localiza en las arbitrariedades y el mal servicio; porque el gobierno es totalmente omiso e insensible al sentir ciudadano; pero también porque nosotros mismos, los ciudadanos, hemos construido poca conciencia, poca cultura, y pocos caminos para poder quejarnos adecuadamente.

El asunto no es menor, si se observa desde las trincheras ciudadanas. En esta ocasión, como en casi todas, el tema de la discusión sobre el transporte público, se centró en las necesidades económicas que argumentaron los concesionarios que controlan las líneas camioneras, y las “resistencias” que débilmente puso el gobierno estatal, para tratar de ejercer sendas presiones, y lograr un acuerdo respecto al establecimiento de una nueva tarifa. Nadie tomó en cuenta, cualquier cosa que tuviera que decir quienes finalmente son quienes utilizan, quienes pagan, y quienes padecen el servicio de transporte urbano que reciben. Es decir, el sentir de los usuarios.

Ese es, en realidad, uno de los aspectos más graves de la deslegitimación que hoy pesa sobre el incremento a la tarifa del transporte público. En un momento dado, pudiera considerarse como válido aquel argumento que señala que los costos del combustible, de las refacciones, y de los insumos de las unidades, se ha elevado tanto como para hacer necesario un incremento al precio del pasaje, que rebasa el 20 por ciento respecto a su importe anterior.

Podría también comprenderse que, como lo dice la autoridad, estos incrementos fueran sólo una recatada correspondencia al aumento anual de la inflación, y a la contención de las tarifas —para no incrementarse anualmente en relación al aumento del costo de la vida— decretadas por disposición oficial. La autoridad dice, como argumento de defensa, que de todos modos las tarifas tienen que ajustarse a la realidad económica, y que por eso era necesario este incremento.

Sí. Esa y cualquier otra razón podría asumirse totalmente como válida, siempre que unos y otros —es decir, el gobierno y los concesionarios— honraran medianamente su palabra y sus promesas. Si a partir de diciembre de 2007, hubiera ocurrido un mejoramiento visible en la calidad del servicio que prestan, en la renovación de unidades, en la contratación del seguro del usuario, y en la disminución en las estadísticas de accidentes, lesionados y muertos en los que estuvieran relacionados autobuses de servicio urbano, entonces, de entrada, no habría problema alguno para legitimar este incremento al costo del pasaje.

Pero si esto —que son las meras razones objetivas— no ocurrió, mucho menos hubo sensibilidad para comprender que como no son ellos —camioneros y gobierno— quienes pagan los costos de sus decisiones, entonces cuando menos tendría que ser necesario escuchar al usuario, y que éste legitimara los incrementos base a su propia experiencia en la utilización del servicio.

Nadie voltea a ver al ciudadano que todos los días utiliza el transporte urbano, porque esto equivaldría a tener un choque artero con la realidad. A diferencia de otras ciudades, en las que el transporte público se usa como opción y no como una necesidad irremediable, nadie en Oaxaca utiliza el transporte público como una alternativa: todo aquel que puede, se compra un automóvil, para dejar de padecer al “pulpo”. Esto, de entrada, tendría que ser al revés, y así se evitarían congestionamientos, contaminación y cientos de percances viales cada año.

Sin embargo, lo que queda claro es que en la entidad, el grueso de los usuarios no tiene ni la idea de exigir un transporte público más eficiente, y mucho menos la de poder castigar enérgicamente a quien no cumple con las expectativas. Por una parte no puede hacerlo, porque no existen opciones. Pero por el otro, y también queda claro, es un asunto que no le provoca mayor interés.

OPOSICIÓN PRIISTA

Sin embargo, frente a toda esta aparente estela de desencuentros, habría que comenzar a considerar algunos destellos importantes, nada menos que entre las fuerzas partidistas involucradas en el asunto. Uno de esos destellos, fue la propia oposición que presentó al Cabildo, el bloque de concejales priistas en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

Fueron éstos, a través del regidor Rodrigo González Illescas, y no los partidos de oposición, quienes presentaron un punto de acuerdo en el que solicitaban al Gobierno del Estado, y al Congreso local, que no autorizara incrementos a la tarifa del transporte público, por la difícil situación económica por la que atraviesa el país, y por el incumplimiento de los acuerdos por parte del llamado “pulpo camionero”.

Aunque se ha soslayado dicha acción por quienes desearían una oposición ruidosa pero poco efectiva, es evidente que esta resulta ser una primera demostración de oposición interna, planteada con responsabilidad y mesura, al seno de un priismo que está acostumbrado a actuar siempre en bloque, convalidando las decisiones que se toman desde los órganos superiores del partido o del gobierno, sin siquiera considerar si la medida tiene o no impacto negativo para sus propios intereses, para su imagen como fuerza política cercana a la ciudadanía, o para la misma población que es quien enfrenta las consecuencias.

¿Ese sería uno de los posibles caminos que podría seguir el priismo de ahora en adelante? No sabemos si eso se encuentre entre sus planes, o entre sus márgenes de tolerancia. Pero, sin duda, tendría que ser una primera demostración de algo que ellos prácticamente no conocen, y que se llama autocrítica tolerante.

VER FANTASMAS

Ha sido común, en los días recientes, que la reacción virulenta de los concesionarios, y la respuesta condescendiente del gobierno estatal, haya sido tratada de explicar por un choque entre grupos políticos. Es decir, entre opositores y priistas. Si eso hubiera sido, entonces los camioneros no se habrían conformado con el incremento de un peso a la tarifa. Es más, se habrían empecinado con los 7 pesos. No. Este no es un asunto partidista. Es un tema de fuertes intereses económicos.