A partir de la próxima semana, irán creciendo aceleradamente los debates, y la presencia en medios, de todo lo que tiene que ver con la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el año 2011. De nuevo, el tema se verá inundado por otros asuntos periféricos que, sin embargo, habrán de determinar el rumbo que tenga tanto el gasto público como el país, para el próximo año. Las mezquindades partidistas de nuevo serán parte aguas para los asuntos de Estado.

Como contexto, es necesario apuntar que en nuestra entrega de ayer viernes, dimos cuenta de cómo una lucha por el poder, se puede tornar en una guerra contra el poder. Apuntamos que uno de esos ejemplos, reciente, era el de la lucha proselitista, que luego se convirtió en una auténtica guerra postelectoral entre el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador y el gobierno federal —sin entrar en consideraciones de quién tenía la razón en aquel entonces— terminó poniendo en riesgo no sólo las posiciones políticas que estaban en juego, sino que provocó un desgaste intenso, y en algunos puntos irreparables, al conjunto de instituciones y certezas que dan vida al Estado Mexicano. Dijimos, pues, que ese era un grave ejemplo de cómo un asunto partidista (que, se supone, luchan en el marco de la institucionalidad por acceder al poder) confundía la lucha por el poder, por una lucha contra el poder.

Y, en ese sentido, también apuntamos que “Otra de ellas [de esas batallas], que es menos estruendosa, pero a su vez más riesgosa, es aquella que año con año se libra por el Presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Qué pasó hace un año? Que el Congreso de la Unión decretó un alza a los impuestos, en la que los priistas apoyaron una propuesta del PAN. Había dos explicaciones posibles: primera, salvar al país del colapso económico; y segunda, hacer una serie de concesiones e intercambios de tipo político o partidista.”

En efecto, si bien lo recordamos, hace exactamente un año, ante la recesión económica estadounidense, y la crisis financiera global, en México se discutió la necesidad urgente de darle viabilidad a las finanzas públicas a través de un incremento de impuestos. El gobierno federal manejó la posibilidad de establecer un gravamen del dos por ciento al consumo, que no tuviera exención alguna ni en alimentos, medicinas, u otros productos que hasta ahora están gravados con tasa cero de Impuesto al Valor Agregado.

Los priistas afirmaron, frente a esa propuesta, que lo que el gobierno federal intentaba era realizar una generalización disfrazada del IVA, y que además, ese impuesto del dos por ciento, que el gobierno federal había etiquetado exclusivamente para el combate a la pobreza, y que sería manejado por la Secretaría de Desarrollo Social, no era sino una herramienta para fines electorales, a través de la manipulación de los programas sociales. Independientemente de cuál fuera la explicación final, lo cierto es que los priistas decidieron no aprobar ese incremento de impuestos, y salvaguardar además su propuesta de campaña en la que aseguraron que ellos no aprobarían incrementos a los impuestos que paga la población.

Luego vinieron los arreglos. Desde la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público se confeccionó el llamado “Plan B” a la negativa de incrementar los impuestos, y se le entregó al PRI a cambio de una negociación política. ¿Qué ocurrió? Que a los diputados federales identificados con los gobiernos de Oaxaca, Estado de México, y algunas otras entidades federativas, se les hizo un jugoso ofrecimiento:

Apoyar la iniciativa de incrementar el IVA un punto porcentual general, a cambio de ganancias económicas y políticas. Económicas porque particularmente los presupuestos de las entidades cuyos legisladores federales priistas apoyaron la iniciativa, fueron beneficiados con fuertes incrementos; y políticas, porque pactaron también la no realización de alianzas electorales entre las fuerzas de derecha e izquierda para los comicios venideros.

TERROR A ALIANZAS

En los primeros meses del presente año, de nuevo el tema presupuestal hizo crisis. El PRI denunció el incumplimiento del pacto antialianzas, cuando Acción Nacional y el PRD anunciaron que irían juntos a varios comicios estatales. Todos respingaron. La razón era obvia: al PRI no le importaban las razones de Estado, sino que más bien acordó el alza de impuestos a cambio de preservar sus propios intereses. Por eso, todo se descompuso cuando unos incumplieron un supuesto pacto partidista.

¿Qué pasó entonces? Que, de nuevo, por un asunto partidista la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, que fácticamente es influenciada de modo determinante desde el Estado de México, declaró la guerra política al gobierno federal. Luego de los comicios, en los que Acción Nacional, en alianza con el PRD, PT y Convergencia, arrebató tres gubernaturas esenciales para los tricolores, éstos decidieron asumir el control del Poder Legislativo federal a costa de lo que fuere. Desoyeron pactos. Hicieron valer su mayoría. Y accedieron a la presidencia de las dos cámaras federales para tratar de hacerle la guerra presupuestal al Presidente.

Para 2011, dice el gobierno federal que no hace falta más impuestos. El PRI, en contraparte, pide que se elimine el uno por ciento que ellos mismos impulsaron y aprobaron el año pasado. Han esgrimido que ésta es la consecuencia del incumplimiento de los pactos, pero lo matizan asegurando que la emergencia económica ya pasó, y que por tanto es innecesario continuar con su política de que el pueblo mexicano pague más impuestos.

De las anteriores, ninguna es razón de Estado. ¿Y si el PAN hubiera cumplido a cabalidad los pactos, y se hubiera echado a los brazos del PRI para cogobernar abiertamente, entonces los priistas no habrían dispuesto nada de esto? ¿Si ello hubiera ocurrido, y la federación quisiera más recursos, ellos lo habrían aprobado?

RESPUESTAS EN SILENCIO

No escucharemos contestación a ninguno de esos cuestionamientos. Son igual de inexplicables los argumentos de panistas y priistas, que no saben cómo explicar que conducen este país sin una visión de Estado, y sin un verdadero proyecto de futuro. Este gobierno es sólo “para irla pasando”, y ellos y sus contrapartes, se la pasan “trabajando” para cuánto ganan mientras ven cómo sobrellevan al país.

+ Presupuesto: un arma electoral de riesgos

Teóricamente, la lucha por el poder político se da desde al menos tres vertientes: la lucha desde el poder, la que se libra por el poder, y la que se endereza contra el poder. Aunque esto pareciera un mero juego de palabras, son claras las distinciones que existen entre cada una de esas acepciones. La lucha desde el poder la encabeza quien ya lo ejerce y se dedica a preservarlo; las que se libran por el poder, se dan entre quienes desean acceder a él; pero la lucha contra el poder se da entre quienes pretenden destruirlo. En el México actual, tendríamos que ver qué tipo de lucha libran nuestros representantes políticos, porque de esa visión depende fundamentalmente nuestro porvenir como nación.

Ocupémonos, muy a grandes rasgos, de la distinción entre la lucha por el poder, y la lucha contra el poder. La primera es la que se libra institucionalmente, entre entes legitimados que pugnan por llegar a los altos espacios del poder para tratar, desde ahí, de instaurar cierta visión o plan ideológico o de gobierno, pero siempre entendiendo que más allá de las batallas políticas existe un marco fundamental que no debe ser cuestionado ni trastocado.

Mientras tanto, la lucha contra el poder entraña diferencias sustanciales con la primera, porque en ésta sí existe un intento claro por dinamitar las estructuras políticas, se opta por luchar al margen de la institucionalidad, y se tiene como objetivo desarticular todas las bases de legitimidad, credibilidad y fuerza del Estado, para luego reconstruirlas pero con fundamentos distintos a los establecidos. Como puede verse, mientras la primera de las acepciones se refiere a una lucha democrática, como la que teóricamente libran los partidos políticos y sus representantes que buscan acceder al poder, en la segunda lo que se busca es un rompimiento institucional.

Así pues, una vez establecidas esas dos vertientes, tendríamos que preguntarnos qué tipo de lucha se libra en México entre los partidos y facciones políticas. Teóricamente, lo que ocurre en el país es una civilizada y nutrida lucha política, que tiene como objetivo que grupos e individuos identificados con ciertas corrientes políticas o ideológicas, luchen democráticamente, y dentro del marco de las instituciones, la equidad y los equilibrios políticos, por conseguir las investiduras que se renuevan periódicamente a través de la voluntad popular.

Lo cierto es que, sistemáticamente, esta lucha —que tendría que ser eminentemente institucional y desprovista de otro tipo de alcances más riesgosos para la estabilidad nacional—, deja de ser por el poder, y se convierte contra el poder. Es decir, que en lugar de establecer un marco democrático en el que se privilegie el debate, la contrastación de opiniones, e incluso la confrontación de las mismas, lo que se pone bajo todo tipo de cuestionamientos, son a las mismas instituciones democráticas, de justicia y de gobierno mismas.

Por eso, en México hemos visto tan reiterados intentos por transformar las instituciones y los órganos ejecutivos y garantes de la democracia, la justicia y el gobierno mismos — supuestamente para hacerlos más creíbles y confiables a la vista de la población. Lo que hemos logrado, también sistemáticamente, es perfeccionar ciertos órganos que, sin embargo, no han tenido el suficiente sustento (porque no depende de ellos, sino de quienes interactúan con éstos) como para lograr que la sociedad tenga confianza y verdaderamente se convenza de que las instituciones sí representan la visión democrática que tantas veces ha hecho falta en quienes tienen en sus manos el deber de materializarla.

PRESUPUESTO EN JUEGO

Esta visión de lucha por y contra el poder, la hemos visto sistemáticamente plasmada en las competencias electorales. En 2006, un candidato presidencial llegó al extremo de mandar al diablo a las instituciones, y a manifestar todas las formas posibles de desconfianza no sólo en contra del órgano autónomo encargado de organizar y conducir los procesos electorales, sino también del gobierno y el Estado mismo.

Puede decirse que Andrés Manuel López Obrador sólo evitó —y qué bueno— la vía armada; pero es también evidente que con sus protestas —en gran medida fundadas, por los ataques sistemáticos que se enderezaron en su contra durante toda la campaña presidencial— finalmente no logró ninguno de sus objetivos, pero sí consiguió un doloroso desgaste que puso en tela de juicio el sistema de partidos, la democracia, las instituciones garantes de la legalidad y la constitucionalidad, y los poderes mismos. ¿Los poderes? Sí. Y si no, como ejemplo recuérdese aquello del “gobierno legítimo” y también aquello del “presidente espurio”.

El caso es que ese no es el único ejemplo que existe sobre las luchas que se tornan contra el poder en México. Otra de ellas, que es menos estruendosa, pero a su vez más riesgosa, es aquella que año con año se libra por el Presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Qué pasó hace un año? Que el Congreso de la Unión decretó un alza a los impuestos, en la que los priistas apoyaron una propuesta del PAN. Había dos explicaciones posibles: primera, salvar al país del colapso económico; y segunda, hacer una serie de concesiones e intercambios de tipo político o partidista.

Los tricolores, teniendo la oportunidad de asumirse como garantes de la visión de Estado, asumiendo el primero de los argumentos, se decidieron por el segundo. De ahí derivó todo un escándalo por las alianzas electorales que se trabaron en entidades como Oaxaca, Puebla o Sinaloa. El PRI había pactado incrementar impuestos a cambio de un tema partidista. Y para bien o para mal, la población fue quien pagó esos pactos que, por su justificación, resultaron ser a todas luces inmorales.

¿BAJAR IMPUESTOS?

Hoy van en reversa. Aún cuando la economía del país sigue colapsada, y los signos de mejoría son mínimos, hoy los priistas, también por una revancha partidista, van por una baja a los impuestos. En 2010 decidieron tener a un gobierno rico frente a un pueblo pobre; y ahora pretenden ellos seguir teniendo recursos a cambio de rasurar presupuestos y programas, motivados también por una revancha que nada tiene que ver con las razones de Estado. Ciertamente, bajar impuestos es muy popular. ¿A cambio de qué, o a costa de qué lo están haciendo? Más allá de la popularidad, ¿esto será viable para el país? Al actuar así, no luchan por el poder, sino en su contra.