Antonio Gutiérrez
Las buenas prácticas de la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca ilustran la construcción de una nueva relación del sistema de justicia del Estado con lospueblos y comunidades indígenas.
Las felicitaciones a los integrantes de la Sala de Justicia Indígena que empiezan a circular en redes sociales después de una mención honorífica que emitió el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) con motivo de la implementación del Centro de Información de Justicia Indígena (CIJI), nos hablan no sólo de las “Buenas prácticas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas, municipios y sociedad civil 2023”, que motivaron la mención, sino que además, reconocen el trabajo colaborativo, como los cursos y diplomados,que el Poder Judicial viene realizando a favor de la concretización del pluralismo jurídico de la entidad.
Debe decirse también que las “buenas prácticas” que se premian no son flor de un día; pues entraron en vigor desde el 1 de marzo de 2016, fecha de implementación de la Sala de Justicia Indígena en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, un tribunal especializado que los pueblos y comunidades indígenas rápidamente han hecho suyo, como lo evidencia el hecho de que a la fecha han acudido a dicha Sala unas 300 comunidades, aproximadamente, todas, provenientes de alguno de los 16 pueblos indígenas de Oaxaca.
Forman parte de estas 300 comunidades las que han aportado información para alimentar la nueva plataforma digital conocida como Centro de Información de Justicia Indígena, a saber:
Municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Distrito de Coixtlahuaca; Agencia de Policía “El Rastrojo”, Municipio de San Juan Copala, Distrito de Juxtlahuaca; Agencia de Santa María Nativitas, Coatlán, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec,Distrito de Tehuantepec; Municipio de Villa Hidalgo Yalalag, Distrito Villa Alta; Municipio de Santa Ana del Valle, Distrito de Tlacolula; Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Distrito de Tuxtepec;Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, Distrito de Tlacolula; Agencia Municipal de Santa María Mixistlán, Municipio de Mixistlán de Reforma, Distrito Mixe; Agencia de San José Xochixtlán, Perteneciente al Municipio de Itunyoso; Municipio de Tataltepec de Valdés, Distirto de Juquila; Municipio de San Juan Bautista Atepec, Distrito de Ixtlán; Agencia Municipal “El Gachupín”, Municipio de Santiago Tlazoyaltepec, Distrito de Etla.
Largas, persistentes y a veces cruentas, han sido lasexigencias de los pueblos indígenas que pugnan por su inclusión en el sistema de justicia del Estado. Quizá sea esa una de las razones por las que las comunidades indígenas, desde sus inicios, vieron en la Sala de Justicia Indígena una especie de luz para evidenciar sus problemáticas, pues a partir de la proximidad con ellas la Sala ha empezado a contrarrestar la oscuridad que impedía ver y palpar la existencia de otra realidad social jurídica y culturalgeneradora de sus propias reglas de convivencia.
Las demandas jurídicas de los pueblos indígenaempezaron a atenderse de manera más directa en el Poder Judicial de Oaxaca hace siete años. Antes de la existencia de esta Sala especializada era más común que los casos judiciales se abordaran, sin considerar los rasgos culturales de los individuos o de las comunidades indígenas, y simplemente se les criminalizaba; actualmente esa tendencia empieza a tomar otros rumbos, las comunidades indígenas de Oaxaca ven en la Sala un horizonte nuevo, un espacio institucional donde acuden para decir su derecho y reclamar sus derechos.
Es justo decir también que los operadores de justicia del Poder Judicial de Oaxaca, para enriquecer sus acervos y contar con mayores elementos culturales a la hora de interpretar el derecho indígena y abordar sus problemáticas judiciales, han contado con la colaboración del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y traducción A. C. (CEPIADET) y con la participación directa de las comunidades indígenas.
Sin duda, estas participaciones han inyectado más dinamismo a la implementación de la justicia indígena desde el Poder Judicial Oaxaca. Un dinamismo que noha pasado desapercibida para las instituciones interesadas en las distintas dimensiones de los jurídico, como: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); la Universidad Autónoma de Colombia; la universidad Carlos Tercero, de España; la Universidad de Viena; la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU); la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); los poderes judiciales de Chihuahua; Puebla; Yucatán; Estado de México, el Poder Judicial de la Ciudad de México; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; los tribunales constitucionales de España y Colombia; el Poder Judicial de Perú; el Relator especial de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay; en el 2021 el Poder Judicial de Oaxaca ganó el Premio Internacional Copilli, tras la implementación del proyecto “Diálogo entre justicias”. Este premio, según se lee en el portal del Poder Judicial, lo otorgan la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, denominada GIZ (por sus siglas en alemán) a las buenas prácticas gubernamentales. (https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/Home/getPublicacion?idInformacion=264642)
Estas personalidades e instituciones han manifestado su reconocimiento y han hecho menciones especiales sobre el sistema de justicia indígena de la entidad,dichas menciones explican porque la Sala de Justicia Indígena se ha convertido en un referente nacional e internacional.
Otra razón igualmente importante que explica la reciente mención honorífica es el trabajo inclusivo que han venido implementado los magistrados de la Sala Indígena como lo ejemplifica el Centro de Información de Justicia Indígena en cuya construcción están participando, haciendo las veces de coordinadores del proyecto, el mismo Presidente del Poder Judicial, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, el actual presidente de la Sala de Justicia Indígena, Luis Enrique Cordero Aguilar, el magistrado integrante de la misma, Alejandro Magno González Antonio, acompañados, todos ellos, de sus equipos con formaciones profesionales acordes con las nuevas necesidades de información, en el marco del pluralismo jurídico cada vez más posicionado en elPoder Judicial de Oaxaca.
La historia pues, se escribe siempre a partir de un origen, por eso consideramos que no debe pasarse por alto un breve recuento de los hechos que han llevado al CONEVAL a expedir el reconocimiento a las “Buenas prácticas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas, municipios y sociedad civil 2023”.
La concreción de este proyecto colectivo está dando como resultado una relación institucional sólida,afincada en el respeto mutuo y el intercambio de conocimientos con las autoridades municipales y con las asambleas comunitarias; de modo que, en los hechos, el CIJI representa una alternativa exitosa y una forma de “inteligencia colectiva” que ha ido posicionado el tema de la justicia indígena en la opinión pública, como lo evidencian los recientes comentarios en redes.
La construcción del Centro de Información de Justicia Indígena (CIJI) va más allá de las reiteradas lamentaciones por el abandono en que han vivido por siglos los pueblos y comunidades indígenas de México. El CIJI nace de la necesidad que tienen los operadores de justicia del Estado de contar con información actualizada sobre la producción del Derecho en los pueblos, y de las facultades que las normas consuetudinarias le otorgan a las autoridades y a sus comunidades para tener derecho a lo suyo. En tal sentido es que el CIJI sí viene siendo una mínima aportación para la concretización de la justicia indígena.
Lo saben las y los operadores del Derecho en el Poder Judicial, lo saben las autoridades de los pueblos, las comunidades, lo saben. Lo saben y lo dicen los especialistas maestros en Derecho, el Estado no es la única fuente productora de Derecho; las asambleas comunitarias arraigadas en su propia historia y en su propio contexto, natural y cultural, producen sus propias normas; ordenan su vida colectiva siguiendo las normas consuetudinarias y las normas legisladas escritas, resuelven sus conflictos internos aplicando sus propias normas, y dependiendo de cada caso, aplican ambas, las normas orales y las normas escritas del Estado. Participan y colaboran con el gobierno del Estado, sí, pero exigen que se respeten las culturas, de donde como es sabido, nacen todas las normas, la ley, el derecho y los derechos.
La mención honorífica a las buenas prácticas de la justicia indígena es producto de un largo proceso de formación y participación de profesionales de las ciencias sociales; un proceso en el que empiezan a reflejarse los aportes de abogadas y abogados operadores de justicia del Poder Judicial de Oaxaca.
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