Ernesto Ruiz

• — Las leyes más peligrosas para los pueblos originarios no han sido las que despojan de frente, sino las que prometen reconocimiento y autonomía, pero lo condicionan en el fondo —

En mi andar por y con las comunidades de Oaxaca, he aprendido que el derecho no es neutral, el que hace la ley hace la trampa y sabe la salida. A lo largo de la historia, las leyes más peligrosas para los pueblos originarios no han sido las que despojan de frente, sino las que prometen reconocimiento y autonomía, pero lo condicionan en el fondo.

En septiembre de 2024 todos celebramos un paso largamente anhelado: la reforma al artículo 2o. constitucional reconoció por fin a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Para reglamentar esta inédita reforma, el Gobierno Federal preparó la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. La idea de aterrizar la autonomía en una ley suena loable y plausible, una ley que no aterriza es letra muerta. Sin embargo, si te tomas el tiempo para ir desgranando el documento, que contiene más de 450 artículos —Así le proponemos a las comunidades que lo hagan—, descubrimos que debajo del discurso demagógico se esconden trampas legales que ponen en riesgo directo nuestra tierra, nuestras aguas y nuestra paz comunitaria. El diablo está en los detalles.

Convocan a las comunidades a validar a toda prisa una propuesta sumamente compleja. Entregan un cuadernillo oficial de 104 páginas muy vistoso, pero que deja en la sombra el alcance real de las restricciones que contiene el texto legal.

Desde la perspectiva jurídica y los derechos humanos, esta consulta nace con vicios graves:

• Viola el Convenio 169 de la OIT (Arts. 6, 7.3 y 14): Este tratado internacional —el cual se encuentra al mismo nivel que nuestra Constitución— exige que se nos consulte ante cualquier medida susceptible de afectar nuestros derechos, ofreciendo información completa y objetiva sobre los riesgos. La propuesta de ley hace trampa: reduce ese derecho y dice que solo nos consultarán cuando ellos consideren que hay un “impacto significativo”, entendiéndose como un daño “permanente e irreversible” (Arts. 326 y 333). Por poner un ejemplo: si una empresa minera o un megaproyecto contamina nuestra agua por algunos años, pero la autoridad dice que es “reparable”, según esta propuesta, no tendrían ni que pedirnos permiso.

• No cumple con el Consentimiento Libre, Previo e Informado (DNUDPI, Arts. 19 y 32): Las Naciones Unidas son claras según su Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: no se puede imponer ningún proyecto sin el acuerdo previo de la comunidad. Pero en la fracción III del artículo 333 de esta iniciativa se guarda una puerta trasera: si la comunidad dice que “NO” a un proyecto, pero el Estado determina que el daño no es “significativo”, la autoridad podrá pasar por encima de la asamblea e imponer la obra alegando “interés público”.

• Atenta contra las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Casos emblemáticos como Saramaka o Sarayaku exigen que la información previa sea transparente, honesta y culturalmente adecuada. El material explicativo oficial menciona conceptos decisivos como “áreas estratégicas” e “interés público”, pero no explica su alcance ni las consecuencias que tienen sobre nuestros derechos, que es justamente lo que una comunidad necesita saber antes de opinar.

• Incumple con el Acuerdo de Escazú: Este tratado ratificado por México obliga al Estado a proporcionar información ambiental clara, oportuna y comprensible, asegurando una participación pública real desde las etapas iniciales de cualquier proyecto o ley. No explicar con claridad en los materiales oficiales los riesgos de contaminación o la pérdida de control sobre los recursos atenta contra el derecho a la información ambiental transparente que garantiza Escazú.

Los riesgos ocultos: lo que está en juego en el territorio

Al analizar el texto apoyado por razonamientos de especialistas agrarios y organizaciones comunitarias, identifico cuatro focos rojos que amenazan la vida en nuestras regiones:

• La trampa de las “áreas estratégicas” y la “urgencia ambiental” (Arts. 33 y 332): La ley dice que podemos disponer de nuestros recursos naturales, salvo los de las áreas estratégicas. ¿Y cuáles son esas áreas? La ley no lo dice, extiende un cheque en blanco al Estado para decidir que el agua, los minerales, el litio o la energía son de ellos y no de los pueblos. Peor aún, el artículo 332 invoca la “urgencia ambiental” para imponer reservas naturales o prohibiciones sin consulta previa, violando el Artículo 7 del Acuerdo de Escazú, el cual exige que las decisiones sobre conservación e impacto ambiental cuenten siempre con la participación directa de las comunidades afectadas.

• Tierra por decreto: la restitución convertida en favor político (Arts. 109 a 111): Se crea la “propiedad comunal tradicional”, una forma de titular tierras mediante Decreto de la persona Presidente. El peligro está en una sola palabra: el texto dice que el Ejecutivo podrá titular, no que deberá hacerlo. Al volverlo una facultad opcional y no un derecho obligatorio, la entrega de títulos de propiedad queda condicionada a la simpatía o negociación política del gobierno en turno.

• El conflicto social de “Dos asambleas sobre la misma tierra” (Arts. 112 a 116): La iniciativa pretende equiparar la Asamblea Comunitaria con la Asamblea Agraria, y el Censo Comunitario con el Padrón Agrario. En nuestros ejidos y comunidades hay vecinos, hijos o avecindados que no tienen certificado de comuneros, pero viven ahí. Al darles poder de decisión sobre la propiedad de la tierra sin definir qué asamblea manda ni cómo se coordinan con la Ley Agraria, la ley va a sembrar conflictos internos entre familias, comuneros y avecindados sobre el mismo territorio.

• Vulnerabilidad de las y los defensores del territorio según lo previsto en el Acuerdo de Escazú: La imposición de proyectos bajo la excusa del “interés público” y la falta de información transparente suelen detonar criminalización y agresiones contra quienes defienden la tierra. La propuesta omite mecanismos claros para proteger a las autoridades y defensores comunitarios, ignorando el mandato del Artículo 9 de Escazú, que obliga al Estado a garantizar un entorno seguro e investigar cualquier amenaza contra quienes cuidan los bienes comunes.

¿Qué podemos hacer desde nuestras asambleas en Oaxaca?

En Oaxaca sabemos bien lo que cuesta defender la tierra y las formas de gobierno tradicionales. No podemos quedarnos cruzados de brazos, ni permitirnos firmar actas a ciegas en reuniones armadas al vapor que avalen lo que no conocemos. Si nos convocan a consulta, propongo que actuemos con estrategia comunitaria:

1. Exigir la información completa y culturalmente adecuada: Dejemos asentado en acta que el material del gobierno resultó insuficiente porque no explica el alcance de las restricciones de la ley, y exijamos que nos entreguen el texto íntegro de los artículos 33, 109, 326, 332 y los transitorios antes de votar. Solicitemos la suspensión de la Asamblea hasta no contar con toda la información y un periodo de debate adecuado para poder profundizar en la propuesta.

1. Llevar propuestas de redacción hechas por la propia comunidad:

1. Titulación obligatoria: Exigir que el artículo 109 diga “deberá” en lugar de “podrá”, obligando al Poder Ejecutivo a titular la tierra cuando se cumplan los requisitos. 
   1. Consulta sin trampas: Exigir que se consulte toda medida susceptible de afectarnos, eliminando el candado de “impacto significativo”. 
   1. Proteger la paz comunitaria: Exigir un artículo transitorio que aclare que la Ley Agraria prevalece sobre la propiedad individual hasta que la propia comunidad apruebe su Estatuto Comunitario de común acuerdo entre ambas asambleas.
   1. Un árbitro neutral: Exigir que quien decida si una consulta procede o no, no sea el mismo gobierno (INPI/SEGOB), sino un comité tripartito imparcial con representantes indígenas, afromexicanos y peritos independientes.

1. Garantizar el Estándar Escazú: Exigir que cualquier estudio de impacto o consulta cumpla con el estándar del Acuerdo de Escazú, entregando las manifestaciones de impacto ambiental y los análisis socio-territoriales traducidos a las lenguas originarias correspondientes y con la debida anticipación.

Para revisar esta ley con ojos críticos, además de mi opinión sugiero consultar, descargar y compartir los materiales de análisis independiente que la sociedad civil y especialistas agrarios han puesto a nuestra disposición de forma gratuita:

MATERIALES PARA EL TRABAJO EN ASAMBLEA

Cuadernillo Sombra “Deshilachando la propuesta de Ley Indígena”: Redactado por Álvaro Mena a partir de los análisis del jurista Francisco López Bárcenas y el equipo de Indígenas 3D y Comunidades por la Autonomía. Es un texto pedagógico y directo diseñado para el trabajo en asambleas.

Serie “Análisis a Fondo” y Notas Temáticas de Raíces y Conexiones: Elaboradas por el mediador agrario Gonzalo Villalobos López. Incluyen el Análisis a fondo —que cierra con una hoja de ruta de seis pasos para incidir en la consulta— y las notas temáticas Tierra por decreto, Dos asambleas, una misma tierra, La conciliación no se decreta y El dinero siempre se queda en la cabecera.

Que la lucha por la defensa del territorio y el reconocimiento pleno de los pueblos originarios y afromexicanos no se vean empañados por las trampas ocultas de una ley disfrazada de nobleza. No permitamos que la prisa del gobierno ni los discursos bonitos pasen por encima de nuestra historia: ¡hilo por hilo vayamos desenredando esta madeja de ley en cada asamblea, levantemos la voz y exijamos que el respeto a la tierra y a la dignidad de nuestros pueblos no se quede en palabras, sino que se firme y se cumpla!

SOBRE EL AUTOR

José Ernesto Ruíz López es abogado ambientalista, maestrante en Derecho Ambiental y licenciado en Ciencia Política, con veintiocho años de trabajo en comunidades de Oaxaca y de otros ocho estados del país. Fue Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca y Delegado Federal de la SEMARNAT en la entidad. Dirige la consultoría Guidxilayú, coordina la Red de los Humedales de la Costa de Oaxaca y es miembro fundador de la Red Nacional para la Defensa Jurídica del Territorio y la Implementación del Acuerdo de Escazú.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Alberto Benítez Tiburcio

Hasta hace muy poco había una parte de nuestra vida que no dejaba expediente. Pensamientos absurdos, deseos que nos avergonzaban, resentimientos pasajeros, preguntas que jamás habríamos formulado en público. Pensábamos, exagerábamos, cambiábamos de opinión y buena parte de aquello desaparecía sin consecuencias. La vida interior era siempre provisional. La inteligencia artificial comienza a modificar esa condición: convierte dudas, impulsos, hipótesis y conversaciones íntimas en registros persistentes, almacenados y potencialmente recuperables.

No se trata de un fenómeno marginal. Más de 70% de las conversaciones de consumidores con ChatGPT corresponde a actividades no laborales y una parte creciente se relaciona con orientación personal, decisiones privadas, salud, apoyo emocional y organización de la vida cotidiana. Hay cierta lógica en ello: una máquina no se decepciona, no juzga, no se cansa y está disponible a cualquier hora. La usamos para ordenar una decisión antes de tomarla, ensayar una explicación o formular preguntas que preferimos no hacer delante de nadie.

Ahí comienza el verdadero problema constitucional: los chats con inteligencia artificial pueden servir como evidencia, pero cuanto más íntima sea la información que revelan, más estrictos deben ser los límites para acceder a ella. Control judicial, justificación, proporcionalidad y prohibición de búsquedas indiscriminadas deberían ser el punto de partida. 

Algunos tribunales estadounidenses han comenzado a autorizar el acceso a conversaciones concretas con la IA, aunque su jurisprudencia constitucional ha reconocido que entregar datos a una empresa tecnológica no equivale a renunciar a toda expectativa de privacidad frente al Estado. Europa avanza en la misma tensión; a partir del 18 de agosto de 2026 entrará en vigor su nuevo régimen de evidencia electrónica, que permitirá a autoridades judiciales ordenar directamente a proveedores la preservación o entrega de datos digitales, incluso a través de fronteras, pero bajo requisitos de necesidad, proporcionalidad y protección de derechos fundamentales. La tendencia parece clara: facilitar el acceso a evidencia digital, sin convertir la intimidad almacenada en territorio libre para la investigación. 

Suele presentarse esta discusión como un nuevo episodio del conflicto entre seguridad y privacidad. Creo que esa descripción se queda corta. Lo que está en juego es algo más elemental: la diferencia entre lo que una persona piensa y aquello que finalmente decide hacer. La condición humana es menos coherente de lo que aparenta. Podemos odiar por unos minutos a una persona que amamos durante décadas, imaginar una venganza y descartarla, ensayar un argumento para descubrir que es incorrecto o preguntar por una posibilidad precisamente porque queremos evitarla. La conciencia está llena de borradores, tachaduras y contradicciones. Nadie debería ser definido por las versiones preliminares de sí mismo.

Por eso hay una secuencia que el derecho no puede permitirse olvidar: imaginar no es querer, querer no es intentar e intentar no es ejecutar. Entre cada una de esas etapas existe una distancia psicológica, moral y jurídica. Buena parte de lo que llamamos libertad ocurre precisamente dentro de esa distancia.

El derecho penal de un Estado constitucional no castiga almas imperfectas ni pensamientos impuros. Persigue conductas. Puede reconstruir intención para explicar un acto, pero no debería convertir cada pensamiento incómodo en evidencia anticipada de culpabilidad. La presunción de inocencia exige bastante más que encontrar palabras que, observadas en retrospectiva, parezcan inquietantes.

La inteligencia artificial vuelve esa frontera más frágil porque registra aquello que antes era efímero. Guarda la pregunta que descartamos, la hipótesis que exploramos y la decisión que finalmente no tomamos. Además, la conversación no es un monólogo. La IA propone alternativas, completa razonamientos, introduce conceptos y reorganiza argumentos. Por eso un chat no puede leerse como una fotografía transparente del pensamiento humano. Puede contener elementos probatorios relevantes, pero su significado depende del contexto de la interacción.

Nada de esto significa que esas conversaciones deban convertirse en un santuario de impunidad. Si el Ministerio Público cuenta con datos objetivos que relacionan a una persona con un delito y existen razones específicas para considerar que determinadas conversaciones pueden aportar elementos para esclarecerlo, el Estado debe poder preservarlas y solicitar su acceso conforme al procedimiento aplicable y bajo estricto control judicial.

La cuestión está en el orden constitucional de la investigación: primero los indicios, después la persona, finalmente los datos necesarios. Cuando esa secuencia se invierte aparece una forma distinta de poder.

Los llamados reverse prompt warrants muestran con claridad el problema. Ya no se trataría de investigar las conversaciones de una persona previamente individualizada, sino de pedir a una plataforma que identifique quién formuló determinadas preguntas o utilizó determinadas expresiones. “Dígame quiénes preguntaron esto para decidir a quién investigar” empieza a pertenecer al Estado policial.

En el ejemplo, la intimidad de millones de personas se convierte en el lugar donde el Estado sale a pescar sospechosos. Nuestro artículo 16 constitucional fue construido precisamente contra esa lógica. La fundamentación y motivación, el control judicial sobre determinadas intervenciones y la protección de las comunicaciones privadas no son obstáculos burocráticos para dificultar la procuración de justicia. Son límites deliberados a la capacidad invasiva del poder.

Una orden para acceder a conversaciones de inteligencia artificial debería exigir una motivación reforzada, relación directa con el hecho investigado, delimitación material y temporal estricta, minimización de información ajena y control judicial efectivo. Explorar indiscriminadamente años de conversaciones para encontrar algo incriminatorio sería un abuso autoritario.

La privacidad protege algo más que secretos: protege la posibilidad de vivir sin estar permanentemente expuestos a la mirada del poder. La vigilancia modifica el comportamiento de quien sabe que puede ser vigilado. Si asumimos que una pregunta formulada hoy podrá ser reinterpretada dentro de diez años por una fiscalía, un gobierno o un algoritmo, comenzaremos a autoinhibirnos. Evitaremos ciertas palabras, abandonaremos algunas curiosidades y aprenderemos a autocensurar nuestras dudas antes incluso de formularlas.

El constitucionalismo tendrá que aprender a proteger ese nuevo territorio sin convertirlo en refugio de impunidad. La privacidad, en el fondo, protege precisamente eso: el derecho a no convertir cada duda en confesión, cada impulso en intención y cada pensamiento en evidencia. El derecho a pensar en privado.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Antonio Gutiérrez

Doña Carmelita Jiménez Mata es una maestra jubilada hablante de la lengua mixteca. Es originaria de Santiago Amoltepec, Sola de Vega, y radicada en el Municipio de Santiago Tlazoyaltepec, Distrito de Etla. Oaxaca. 

Como maestra, como madre y como principal transmisora de la cultura comunitaria, durante una entrevista realizada en el mes de abril de 2022, Carmelita nos compartió sus observaciones sobre la forma como aprenden la lengua materna los integrantes de las comunidades de las regiones donde ella ha vivido, la Sierra Sur y los Valles Centrales de Oaxaca

Sobre este proceso de enseñanza aprendizaje, que en las comunidades indígenas sucede de manera natural, directa y sencilla, ella dice:

“Lo primero que les sucede a los recién nacidos es que sus madres los toman en sus manos, los levantan, los abrazan; los aprietan contra sus senos y luego les dicen en mixteco las palabras que ambos necesitan escuchar”. Aquí las escribimos:

”nene, come, leche, toma, mamá”, conalgunas variantes, esas son las primeras palabras que aprenden los recién nacidos para familiarizarse con la familia, con la lengua y con la comunidad. 

“Después de escuchar esas palabras, y solitos sin que nadie los obligue, siguen libremente hablando en mixteco”, no obstante, como ejemplo, aclara; “en otras comunidades nene pequeño en mixteco se dice suchi yɨkɨn”. 

Según el testimonio de Carmelita no es exagerado decir que en las comunidades indígenas las madres entregan a sus hijos toda la cultura a través de la lengua. Veamos si no: 

Primero les dan el alimento para que crezcan sanos y fuertes; a través de la lengua materna les trasmiten los significados de las palabras; el nombre de las cosas y de las personas; les enseñan las prácticas y las ideas; entretejen en ellos los afectos y las relaciones sociales; les enseñan las normas de comportamiento, los valores y los principios, lo permitido y lo prohibido al interior del grupo; en otras palabras, a través del habla de su propia lengua les transmiten la idea de comunidad y de mundo. Son las madres quienes más aportan a la construcción de la cosmovisión indígena. 

Este es tan sólo un ejemplo de cómo en las comunidades indígenas las lenguas maternas, la comunidad y los niños nacen crecen y se desarrollan simultáneamente.

Tal vez por eso las culturas indígenas de México han resistido tanto al silencio, la indiferencia y los intentos de olvido, siempre florecen.

Los niños efectivamente nacen en el seno de una familia, pero la familia no vive desligada de la comunidad.

Los niños van a la escuela, conocen otras personas, hacen nuevos amigos, y en la misma lengua intercambian sus experiencias, juegan y jugando pasan a formar parte del colectivo.  Aquí sí, la cultura se hace jugando. 

Por eso es muy difícil que los recién nacidos cuando llegan a la adultez no recuerden los primeros ruidos, los tonos y los ritmos de sus lenguas. Lo que los estudiosos han dado en llamar las variantes lingüísticas. Yo me imagino que así, más o menos, lo mismo pasa con todas las lenguas que se hablan en México, dice Doña Carmelita Jiménez Mata.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.