Antonio Gutiérrez
Los pueblos indígenas de México han creado espacios específicos para reunirse y decir su Derecho; patios municipales, salones de usos múltiples, aulas escolares.
En esos sitos realizan las conversaciones y los diálogos, pues en la idea de mundo de los pueblos, la construcción de comunidad se realiza a través de la palabra hablada, durante las asambleas y mediante la conversación cara a cara, en las fiestas, durante las faenas, en el seno familiar, y ahora con auxilio de nuevas tecnologías, en las aulas virtuales, como son los bachilleratos comunitarios, las universidades y en general todas las escuelas.
En todos esos sitios también es posible la conversación que nos permite decirnos de todo, hasta nuestras confidencias sobre los temas del momento.
Y no están para saberlo ni yo para contarlo, pero a estas alturas, los temas del momento ya son un secreto a voces.
Por ejemplo: sabemos que existe un desgaste descomunal de las creencias sobre las instituciones de justicia de México, y que actuaciones deficientes de esas instituciones han provocado la decepción general.
Unos más, otros menos, pero todas y todos estamos padeciendo la falta de efectividad de los tribunales, de las salas y de los juzgados del Estado.
No obstante, cuando vemos que todo este orden institucional se desploma, nos queda la esperanza de que los usos y costumbres normativas que han nacido de las conversaciones y de los diálogos que se verifican en los espaciosos comunitarios, siguen firmes. En Oaxaca, por ejemplo, la convivencia social se desarrolla sobre los causes de los sistemas normativos internos, mejor conocidos como usos y costumbres; lo que demuestra que los pueblos y las comunidades no están dispuestas a dejarse arrastrar por el caos, ni por soluciones artificiales y engañosas.
Es un secreto a voces que estamos pasando por una crisis de justicia largamente incubada; los pueblos de México lo saben; lo saben porque no habían sido incluidos ni reconocidos como sujetos de derecho sino hasta hace unos días y porque durante siglos han resuelto sus carencias y problemas internos con sus propias normas.
Esta es una de las razones de porque los pueblos indígenas de México en la próxima elección de 1 de junio buscarán ser representados por su propia gente, es decir, por personas portadores de los usos y costumbres indígenas, pero no sólo eso, sino que elegirán a personas que se han esforzado por armonizar las normas escritas y las normas orales para legitimar, desde el Estado, la justicia que se imparte a partir de las propias experiencias, de los conocimientos y de las propias visiones de las asambleas.
Sobre ésta posibilidad, en Oaxaca ya se ha dado el primer paso, con la creación de la Sala de Justicia Indígena en el año 2016. El mérito de la Sala de Justicia Indígena es que 19 de noviembre de 2019, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimara correcta la primera sentencia que emitieron los magistrados integrantes de la Sala Indígena, sobre un juicio de derecho indígena promovido por autoridades municipales.
Con esa sentencia se rompió el silencio, y por primera vez en la historia del Poder Judicial de México, la Corte mexicana convalidó y legitimo el sistema normativo interno del Ayuntamiento de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca.
Es la razón por la que la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca se ha convertido también en un espacio para el diálogo y para la conversación cara a cara.
Crece pues la esperanza de trastocar el viejo orden existente y hacer que las comunidades puedan ejercer su poder desde las instituciones del Estado, ya existe un marco jurídico estatal para ello; no obstante, aún le urge a México la aportación que puedan hacer, desde su interior, las voces de los pueblos y comunidades; de ahí la importancia de las convocatorias, de los foros y los conversatorios, que de un tiempo acá, se vienen realizando en los espacios comunitarios con la participación de maestras y maestros, padres de familia, autoridades y público en general.
Más crece la esperanza de los pueblos y comunidades cuando vemos que las candidaturas a puestos de elección de autoridades judiciales también las encabezan profesionistas del derecho que se auto adscriben como indígenas, y que, además, poseen la experiencia y los conocimientos de diversas tradiciones jurídicas.
Creemos que dichos profesionistas entienden que las autoridades y las asambleas de los pueblos, buscan siempre fortalecer las relaciones humanas para lograr soluciones cada vez más justas y equitativas. Las asambleas aceptan esas responsabilidades.
Lo saben las personas que se auto adscriben como indígenas. Saben también que para proteger los derechos de las personas y de las comunidades es necesario buscar por diversos caminos jurídicos, incluso, abrirse paso por nuevas veredas y conocer la gran variedad de tradiciones normativas, hasta encontrar las normas que más se ajusten a la equidad y a la idea de justicia de cada pueblo, pues todo eso nos falta.
Tomando en cuenta estas consideraciones, debe reconocerse que la próxima elección de autoridades judiciales es lo que más se parece a la forma de elección de autoridades de los pueblos; a pesar de las inconsistencias y falta de claridad de los procedimientos del órgano electoral.
Se entiende, desde luego, que la próxima elección de autoridades judiciales no es una elección a mano alzada, pero es muy semejante a las elecciones que realizan las asambleas comunitarias, en las boletas sí se señalan los nombres y apellidos de las personas que han sido llamadas a servir.
Y esos nombres y esos apellidos si se pueden decir y sí se pueden compartir, por ejemplo: revisando los perfiles uno se encuentra candidatas y candidatos que son personas semejantes a nosotros.
Con el número 05 aparece Norma González Jiménez, candidata a Magistrada de Circuito del Tribunal Colegiado de Apelación (Oaxaca).
Con el número 43 Irán Francisco Vázquez Hernández, candidato a Juez de Distrito en Materia Penal por el Estado de Oaxaca.
Con el número 04 Sandra Pérez Cruz, candidata a Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Con el número 34, Hugo Aguilar Ortiz, candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con el número 06 Camelia Gaspar Martínez, candidata a Magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Ellas y ellos son las candidatas y candidatos portadores de un prestigio que se han labrado pulso, su primer logro es haber impulsado, en diversos foros, la reforma indígena, y por eso es que ya representan la esperanza para recobrar la confianza en la autoridad JUDICICIAL, tan necesaria para devolvernos la paz.
En los pueblos sabemos que los pollitos, para ver la luz, rompen su propio cascaron a los veinte días de empollamiento.
Pues ahora también nosotros, podemos imaginar el silencio impuesto como si fuera un cascaron que los pueblos y comunidades de México están a punto de romper con su voz.
Sirva esta recordación para tratar de actualizar nuestra conversación y explicar el proceso que actualmente viven los pueblos y comunidades de México, y que lo viven y lo dicen, porque han caído en la cuenta de que ya es la hora de romper el silencio y decir su Derecho.
Nada que no sepamos, los seres humanos cuando hablamos cara a cara, tenemos la sana costumbre de compartir nuestras confidencias, nuestros secretos, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, y hasta nuestros defectos compartimos. Lo hacemos tal vez, porque lo que más nos gusta, es estar juntos.
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