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AL MARGEN || Tras los restos de Nueva Alianza Oaxaca

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

Pudiera parecer increíble que hasta entre los grupos políticos más testimoniales existen disputas. Es lo que ocurre con el partido Nueva Alianza en Oaxaca, en donde a pesar de no contar con representación legislativa, ni con una identidad propia, ni un derrotero claro, sus militantes se encuentran metidos en una lucha intestina que no parece tener otra razón que la disputa por los restos mortales de ese partido. 

En efecto, el dirigente estatal Bersahín López López ha corrido con suerte. El partido que representa en Oaxaca hace mucho dejó de tener una base social real en la entidad, y sin embargo ha logrado mantener sus prerrogativas. Nueva Alianza nació como un apéndice político del SNTE, y pretendió ser articulado como un ariete magisterial en los procesos electorales. La realidad indica que tal objetivo nunca se cumplió en Oaxaca, porque el magisterio local ha sido disidente de su dirigencia nacional, y las fuerzas magisteriales oaxaqueñas se han ido aglutinando en otras expresiones políticas, que no necesariamente corresponden a las que se identifican con Nueva Alianza.

Aún así, Nueva Alianza en Oaxaca mantuvo su registro como fuerza política, administrada por López López, que siempre intentó —sin éxito— ser quien figurara en alguna de las posiciones de representación para ese partido. No lo logró en las legislaturas previas sino hasta la LXV Legislatura, a través de Adriana Altamirano. En un pésimo cálculo político —que más bien pareció ser una rabieta—, Bersahín López anunció que no construirían ningún tipo de alianza con otros partidos para los comicios de 2022; y se autoproclamó, a través de una asamblea que él mismo conformó, como candidato a Gobernador. 

Su campaña fue francamente intrascendente. En algunos momentos intentó friccionarse con el entonces candidato de Morena Salomón Jara que, aunque acusó recibo de sus señalamientos, decidió nunca responder a alguno de ellos. En el cálculo del morenista, contestarle significaría darle visibilidad a Nueva Alianza y reconocerle a su candidato una estatura que no tenía. Obviamente en la jornada electoral arrasó Jara, y una vez convertido en gobernador se reunió con todo tipo de actores políticos de oposición; pero nunca tuvo, y parece que ni tendrá, la disposición de recibir a su antiguo oponente del Partido Nueva Alianza.

Esa es la raíz de muchas de las fricciones intestinas en Nueva Alianza. Bersahín se dedicó a presionar a la entonces diputada Altamirano de diversas formas, para mantener provechos de la posición legislativa que habían conseguido gracias a los márgenes de votación logrados por sus candidatos a diputados en los comicios de 2021. Le vendió la falsa idea de que ella había llegado a ser diputada gracias a él, y que debía obedecer ciegamente a sus intereses. De esa actitud es de donde surgieron los señalamientos —probados ante el Tribunal Electoral de Oaxaca—, de violencia política, e incluso personal, ejercida por López en contra de Adriana Altamirano. 

Y es que, de hecho, Bersahín no logró lo que Adriana Altamirano sí: interlocución con el grupo en el poder, construcción de acuerdos y la posibilidad de espacios. La presión permanente del dirigente a la diputada radicaba en lograr que el Gobernador lo recibiera y negociara con él. Al ver que esto no ocurriría (porque es posible que ningún gobernador en los últimos tiempos haya tenido tan amplio margen de maniobra como Jara, lo cual le hace innecesario negociar), decidió imprimir fuerza a sus presiones. Lo probado ante el Tribunal Electoral no se invalida por los señalamientos de que la Magistrada Presidenta es cercana —comadre, de hecho— de la ahora exdiputada Altamirano. Como dice la conseja: una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa… 

Así, la frustración se convirtió en un conflicto personal; en un cruce de acusaciones y en diversas agresiones. En eso mismo se inscribe el supuesto atentado —lleno de contradicciones e interrogantes— que sufrió López López hace algunas semanas, del que inmediatamente acusó a su ex correligionaria. Todo ello ocurrió en los días previos a la emisión de la resolución del Tribunal Electoral local, por el que se probaron en su contra los actos de violencia. La respuesta fue la acusación del supuesto conflicto de interés, y la expulsión del partido de la exlegisladora; ambas, cuestiones que aún no pasan por el tamiz de la legitimidad ante los tribunales. 

¿Qué se disputan hoy? Por un lado, los espacios políticos que no tienen ni uno ni la otra; y las prerrogativas del partido, sobre las cuales tiene el control el dirigente y de las que ha hecho una forma de vida. No hay que buscarle demasiado. Al final, el pleito es por lo poco que queda de Nueva Alianza que, en los hechos, nuevamente se quedó sin ninguna representación relevante en la escena política oaxaqueña. 

@ortizromeroc

@columnaalmargen

Nos leemos en: http://columnaalmargen.mx

La Suprema Corte analizará por primera vez el alcance de los derechos lingüísticos en materia de violencia de género

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó atraer el recurso de revisión presentado por María Fernanda Hernández Morales, activista indígena zapoteca, en el que se plantea un tema inédito en la agenda judicial mexicana: la traducción completa de una ley estatal al zapoteco para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las mujeres indígenas.

La joven es activista de Litigio Estratégico Indígena AC asociación que litiga por el rescate de los ríos Salado y Atoyac en Oaxaca.

El asunto deriva de un juicio de amparo promovido contra el Congreso del Estado de Oaxaca por la omisión de traducir y difundir en lenguas indígenas la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. El Juzgado Segundo de Distrito reconoció la violación a derechos fundamentales, pero ordenó únicamente traducir una versión sintetizada de la norma.

La quejosa consideró insuficiente esta medida, por lo que solicitó la revisión de la sentencia. El recurso fue admitido y atraído por la Segunda Sala de la SCJN el pasado 2 de abril de 2025, bajo el número de expediente 148/2025.

Este caso abre la puerta para que el máximo tribunal del país determine si el derecho de acceso a la información de las personas indígenas implica la obligación estatal de traducir las normas jurídicas en su totalidad y no solo en versiones resumidas.

Carlos Morales, abogado de Litigio Estratégico explica que “La resolución sentará un precedente clave para la protección de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios, y contribuirá al fortalecimiento de políticas públicas en materia de igualdad, no discriminación y acceso a la justicia con enfoque intercultural.”

CONTRAFUEGO || Nace un führer

Aurelio Ramos Méndez

“Sobre advertencia, no hay engaño”, reza el refrán. Nadie podrá llamarse a sorpresa, si en enero de 2029 Donald Trump inaugura un tercer periodo presidencial o de plano anuncia su perpetuación en el poder, vía un golpe de Estado, sin necesidad siquiera de una ley habilitante a lo Adolfo Hitler.

El 2 de abril el megalómano, mesiánico y desquiciado presidente gringo dejó perplejo al mundo con el anuncio de aranceles al por mayor y el estallido de una guerra comercial global. El genuino golpetazo, que era para haber desatado no preocupación sino espanto, lo había asestado sin embargo 72 horas antes. 

Quedó para la historia su declaración del domingo 30 de marzo respecto a la intención de buscar un tercer mandato, con el peligro que ello significa para el género humano: “No estoy bromeando”, dijo.

“Cada vez hay más personas que me piden un tercer mandato, que de alguna manera es un cuarto mandato por la otra elección, la de 2020, que fue totalmente amañada”, añadió, develando una genuina vocación de führer

Se equivocará de manera rotunda quien no tome en serio las amenazas de este narcisista patológico de retener el mando, así sea mediante la violencia. 

Como si estuviéramos en Alemania, en 1933, espérese incluso la peor locura, si el gobernante de la principal potencia ya intentó un autogolpe de Estado para no soltar el mando.

Ensayo de lo que puede venir habría sido en tal caso, en efecto, lo ocurrido el 6 de enero de 2021. 

Ese día Trump azuzó a sus seguidores, quienes con pistolas, explosivos y rifles, y ataviados con cuernos de búfalo y piel de bisonte, tomaron el Capitolio al costo de cinco vidas.

Semejante antecedente torna ocioso presumir hoy que la Constitución, las leyes y las costumbres políticas hacen inviable la permanencia del despreciable ególatra un tercer cuatrienio en la Casa Blanca. Inviable incluso mediante la machincuepa de usar al vicepresidente JD Vance como patético “Juanito”, poniéndolo a calentarle el asiento.

Dese más bien por seguro que, si se lo propone ni el previsible fracaso de su estrategia comercial internacional a base de tarifazos o el inexorable trabajo de Cronos –finalizará su segundo periodo a la edad de 82 años—lo harán desistirse de su propósito de eternización en el Salón Oval. 

Para el cultor del “primero yo, yo, yo, y por último yo” la permanencia en el cargo resulta imperiosa, condición indispensable para intentar concretar su delirante y peligroso programa de gobierno; ese contra el cual el expresidente Barack Obama ya convocó abiertamente a la resistencia civil.

El presidente 44 de EU instó con firmeza a los estadunidenses ir más allá de las palabras y tomar acciones concretas de oposición a Trump:

“Durante la mayor parte de nuestras vidas ha sido fácil decir que eres progresista, o decir que estás a favor de la justicia social, o decir que estás a favor de la libertad de expresión, y no tener que pagar un precio por ello… 

“Ahora estamos en uno de esos momentos en los que no basta con decir que estás a favor de algo. Puede que realmente tengas que hacer algo y posiblemente sacrificarte un poco”, les dijo.

Luego criticó sin sutilezas al magnate de la pelambrera anaranjada, de quien dijo que actúa “como un aspirante a dictador que anda por ahí tratando de castigar a sus enemigos”.

En modo alguno es improbable que veamos la reedición del mitin “Salvemos América”, de aquel 6 de enero, ahora con los extravagantes supremacistas de QAnon, Tea Party, nacionalsocialistas, Proud Boys y otras linduras jugándose a fondo para atornillar en la silla al convicto de 34 delitos.

Para horror de la Humanidad y no obstante sus pavorosas, sádicas políticas, Trump podría clasificarse entre los gobernantes más longevos. Por encima de Joe Biden y Ronald Reagan, y aun de personajes como el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, que en 2018 regresó al poder a los 92 años de edad.

Y de gobernantes latinoamericanos famosos por su permanencia y ancianidad. Desde el paraguayo Alfredo Stroessner, que llegó al poder a los 42 y permaneció en él 35 años, hasta el dominicano Joaquín Balaguer, quien dejó la presidencia a los 89, o el peruano Alberto Fujimori, fallecido en septiembre pasado, que pretendía postularse de nuevo en 2026, a los 85.

Para hacerse de todo el poder en la Alemania nazi, Hitler maquinó la Ley para Remediar las necesidades del Pueblo y del Reich, ley habilitante del 24 de marzo mediante la cual se arrogó la totalidad de facultades legislativas. Hace rato que Trump avanza por ese sendero.

Un Congreso asustado le ha cedido toda la autoridad en diversos aspectos; el principal, que el paso por el Legislativo de sus órdenes ejecutivas en materia comercial –los arancelazos– sea un mero trámite.

Por mandato constitucional senadores y representantes deben discutir y discernir mediante votos el establecimiento de tales gravámenes; pero eso hoy en el país dizque de la libertad y la democracia es una extravagancia.

Las órdenes ejecutivas tienen fuerza de ley por el poder de la firma del delincuente-presidente.

El congresista republicano por Tennessee, Andrew Ogles, como en cualquier república bananera, ya propuso revisar la Enmienda 22 de la Constitución que prohíbe la elección presidencial en más de dos ocasiones.

La justificación de Ogles lo deja a uno entelerido de pavor: 

Que Trump es “la única figura en la historia moderna capaz de revertir la decadencia de nuestra nación y restaurar la grandeza de Estados Unidos”.

El abogado del magnate, Boris Epshteyn, reveló que hace dos años escuchó a aquel decir que no piensa limitarse a gobernar sólo dos periodos, y que él, tras haber estudiado las leyes, llegó a la conclusión de que Trump “encontrará la manera” de postularse en 2028.

Con mayor fervor el desembozado neonazi y exestratega del ultraderechista mandatario 47, Steve Bannon, ya le pidió que se lance otra vez por la presidencia, y el interfecto no dijo no.

Trump incluso comentó que la elección de Vance y la inmediata cesión por éste de la silla puede ser una maniobra releccionista, “pero también hay otras”.

A todo esto, será interesante, en la hipótesis de consolidación de una dictadura, constatar cuál será la postura del piquete de mexicanos admiradores hasta la adoración del aspirante a führer y de su combo de neonazis. Porque Eduardo Verástegui no está solo.

BRASAS

Insiste no con perseverancia sino con franca necedad el empresario Ricardo Salinas Pliego en verles cara de estúpidos a los mexicanos.

Ahora salió con el chorro de babas de los motivos que tuvo para haber roto su amistad con el expresidente López Obrador.

“Solíamos ser amigos al principio y teníamos muchas conversaciones”, dijo, como si la amistad fuese no un sentimiento continuo, permanente, sino intermitente, esporádico, una relación que se practica de vez en cuando.

Con la inocencia de un recién nacido el contumaz evasor de impuestos agregó: “me di cuenta (de) cómo se aprovechaba de mí y me mentía todo el tiempo”.

Salinas P. hizo sus comentarios en una entrevista con el economista Matt Kibbe y refirió así una de las razones del rompimiento:

“Tuvimos una gran discusión al principio de su mandato sobre cómo no podía soportar que el sector privado hiciera obras de caridad. Todo se haría a través del gobierno”.

Al margen su opción preferencial no por las políticas públicas sino por la caridad, el concesionario de TV Azteca fingió ausencia de noción del tiempo o fue abiertamente mentiroso.

Dijo que dicha gran discusión ocurrió en 2021, a propósito de la iniciativa presidencial para prohibir la condonación de impuestos a las empresas y sus fundaciones.

Sólo que 2021 no era “al principio” sino a la mitad del sexenio, precisión que resulta relevante pues lleva a preguntar por qué, rotas ya sus relaciones con el Presidente, permaneció cerca de éste hasta el final del mandato.

¿Será que, logrero como es, esperaba sacar algún provecho de esa cercanía? ¿Estar cerca le permitía traficar con influencias? ¿Aspiraba a que le fuesen condonados sus impuestos? 

El deudor de ¡63 mil millones de pesos! a la hacienda pública se abstuvo de explicar por qué se mantuvo como integrante del consejo económico del gobierno obradorista, si entre él y Amlo había un abismo ideológico insalvable.

Mendaz hasta la médula, dijo que el tabasqueño “mató a miles de fundaciones que hacían todo tipo de trabajos diferentes, unas buenas, otras malas (…). Quería que todos estuvieran al servicio del Estado”.

¡Pues, claro! ¡Hasta las piedras saben que la filantropía y las fundaciones son socorridos recursos empresariales para la evasión de impuestos!

Po lo mismo un gobierno responsable tiene la obligación de exigirles a los causantes que paguen sus impuestos y hagan después con su dinero lo que les venga en gana.

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El bien más devaluado de la temporada ha sido la palabra Joaquín López Dóriga.

No es que se cotizara muy alto, pero mantenía un nivel aceptable en el régimen de flotación de voces del periodismo.

El viernes pasado, en Milenio, Joaquín exhibió la devaluación en ciento por ciento de su palabra, que es decir de su fiabilidad.

Dijo que continuará en el ejercicio de su oficio hasta que el cuero aguante. O sea, que incumplirá su compromiso de renunciar, a pesar de que perdió la apuesta que cruzó con Gerardo Fernández Noroña.

El periodista aseguró que el presidente del Senado viajó a Francia en primera clase y éste ofreció que renunciaría a su carrera política si se demostraba que eso era verdad.

López Dóriga aceptó el desafío y perdió, pero ya dijo: “No me voy”. Pobre. Quedó como mendaz y cobardón.

RESCOLDOS

Sin audiencia y por consiguiente sin anunciantes, y peor sin publicidad gubernamental ni recursos por debajo del agua, Atypical TV ya da sus últimas boqueadas. El publicista Carlos Alazraki, dueño y director, otrora beneficiario de costaladas de dinero público, ya salió con sus colaboradores a pasar el sombrero entre los televidentes. El más dispuesto, ese dechado de simpatía que es Javier Lozano Alarcón. Sí, el compinche del ciudadano chino Zhenli Ye Gon, a quien en tiempos de Calderón le fue incautada ¡una habitación de cuatro por cuatro repleta de fajos de dólares!

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

Romper el silencio y decir el Derecho

Antonio Gutiérrez

Los pueblos indígenas de México han creado espacios específicos para reunirse y decir su Derecho; patios municipales, salones de usos múltiples, aulas escolares.

En esos sitos realizan las conversaciones y los diálogos, pues en la idea de mundo de los pueblos, la construcción de comunidad se realiza a través de la palabra hablada, durante las asambleas y mediante la conversación cara a cara, en las fiestas, durante las faenas, en el seno familiar, y ahora con auxilio de nuevas tecnologías, en las aulas virtuales, como son los bachilleratos comunitarios, las universidades y en general todas las escuelas. 

En todos esos sitios también es posible la conversación que nos permite decirnos de todo, hasta nuestras confidencias sobre los temas del momento.

Y no están para saberlo ni yo para contarlo, pero a estas alturas, los temas del momento ya son un secreto a voces. 

Por ejemplo: sabemos que existe un desgaste descomunal de las creencias sobre las instituciones de justicia de México, y que actuaciones deficientes de esas instituciones han provocado la decepción general. 

Unos más, otros menos, pero todas y todos estamos padeciendo la falta de efectividad de los tribunales, de las salas y de los juzgados del Estado. 

No obstante, cuando vemos que todo este orden institucional se desploma, nos queda la esperanza de que los usos y costumbres normativas que han nacido de las conversaciones y de los diálogos que se verifican en los espaciosos comunitarios, siguen firmes. En Oaxaca, por ejemplo, la convivencia social se desarrolla sobre los causes de los sistemas normativos internos, mejor conocidos como usos y costumbres; lo que demuestra que los pueblos y las comunidades no están dispuestas a dejarse arrastrar por el caos, ni por soluciones artificiales y engañosas. 

Es un secreto a voces que estamos pasando por una crisis de justicia largamente incubada; los pueblos de México lo saben; lo saben porque no habían sido incluidos ni reconocidos como sujetos de derecho sino hasta hace unos días y porque durante siglos han resuelto sus carencias y problemas internos con sus propias normas.

Esta es una de las razones de porque los pueblos indígenas de México en la próxima elección de 1 de junio buscarán ser representados por su propia gente, es decir, por personas portadores de los usos y costumbres indígenas, pero no sólo eso, sino que elegirán a personas que se han esforzado  por armonizar las normas escritas y las normas orales para legitimar, desde el Estado, la justicia que se imparte a partir de las propias experiencias, de los conocimientos y de las propias visiones de las asambleas. 

Sobre ésta posibilidad, en Oaxaca ya se ha dado el primer paso, con la creación de la Sala de Justicia Indígena en el año 2016. El mérito de la Sala de Justicia Indígena es que 19 de noviembre de 2019, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimara correcta la primera sentencia que emitieron los magistrados integrantes de la Sala Indígena, sobre un juicio de derecho indígena promovido por autoridades municipales. 

Con esa sentencia se rompió el silencio, y por primera vez en la historia del Poder Judicial de México, la Corte mexicana convalidó y legitimo el sistema normativo interno del Ayuntamiento de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca.

 Es la razón por la que la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca se ha convertido también en un espacio para el diálogo y para la conversación cara a cara. 

Crece pues la esperanza de trastocar el viejo orden existente y hacer que las comunidades puedan ejercer su poder desde las instituciones del Estado, ya existe un marco jurídico estatal para ello; no obstante, aún le urge a México la aportación que puedan hacer, desde su interior, las voces de los pueblos y comunidades; de ahí la importancia de las convocatorias, de los foros y los conversatorios, que de un tiempo acá, se vienen realizando en los espacios comunitarios  con la participación de maestras y maestros, padres de familia, autoridades y público en general.  

Más crece la esperanza de los pueblos y comunidades cuando vemos que las candidaturas a puestos de elección de autoridades judiciales también las encabezan profesionistas del derecho que se auto adscriben como indígenas, y que, además, poseen la experiencia y los conocimientos de diversas tradiciones jurídicas.

Creemos que dichos profesionistas entienden que las autoridades y las asambleas de los pueblos, buscan siempre fortalecer las relaciones humanas para lograr soluciones cada vez más justas y equitativas. Las asambleas aceptan esas responsabilidades.

 Lo saben las personas que se auto adscriben como indígenas. Saben también que para proteger los derechos de las personas y de las comunidades es necesario buscar por diversos caminos jurídicos, incluso, abrirse paso por nuevas veredas y conocer la gran variedad de tradiciones normativas, hasta encontrar las normas que más se ajusten a la equidad y a la idea de justicia de cada pueblo, pues todo eso nos falta. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, debe reconocerse que la próxima elección de autoridades judiciales es lo que más se parece a la forma de elección de autoridades de los pueblos; a pesar de las inconsistencias y falta de claridad de los procedimientos del órgano electoral.

Se entiende, desde luego, que la próxima elección de autoridades judiciales no es una elección a mano alzada, pero es muy semejante a las elecciones que realizan las asambleas comunitarias, en las boletas sí se señalan los nombres y apellidos de las personas que han sido llamadas a servir.

Y esos nombres y esos apellidos si se pueden decir y sí se pueden compartir, por ejemplo: revisando los perfiles uno se encuentra candidatas y candidatos que son personas semejantes a nosotros.

Con el número 05 aparece Norma González Jiménez, candidata a Magistrada de Circuito del Tribunal Colegiado de Apelación (Oaxaca).

Con el número 43 Irán Francisco Vázquez Hernández, candidato a Juez de Distrito en Materia Penal por el Estado de Oaxaca. 

Con el número 04 Sandra Pérez Cruz, candidata a Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 Con el número 34, Hugo Aguilar Ortiz, candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con el número 06 Camelia Gaspar Martínez, candidata a Magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

 Ellas y ellos son las candidatas y candidatos portadores de un prestigio que se han labrado pulso, su primer logro es haber impulsado, en diversos foros, la reforma indígena, y por eso es que ya representan la esperanza para recobrar la confianza en la autoridad JUDICICIAL, tan necesaria para devolvernos la paz.  

En los pueblos sabemos que los pollitos, para ver la luz, rompen su propio cascaron a los veinte días de empollamiento. 

Pues ahora también nosotros, podemos imaginar el silencio impuesto como si fuera un cascaron que los pueblos y comunidades de México están a punto de romper con su voz.

Sirva esta recordación para tratar de actualizar nuestra conversación y explicar el proceso que actualmente viven los pueblos y comunidades de México, y que lo viven y lo dicen, porque han caído en la cuenta de que ya es la hora de romper el silencio y decir su Derecho.  

Nada que no sepamos, los seres humanos cuando hablamos cara a cara, tenemos la sana costumbre de compartir nuestras confidencias, nuestros secretos, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, y hasta nuestros defectos compartimos. Lo hacemos tal vez, porque lo que más nos gusta, es estar juntos. 

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

Esclavos del gobierno

Carlos R. Aguilar Jiménez

Un esclavo como cualquier cautivo e incluso un prisionero, no tiene absolutamente ninguna libertad, autonomía, libre albedrío ni posibilidad de queja o refutación respecto de lo que le ordenen sus amos o custodios, porque los esclavos no funcionan con solicitudes, peticiones, sugerencias o iniciativa propia, son casi igual que soldados, únicamente cumplen ordenes irrebatibles; condiciones de vida y trabajo que también se dan con los llamados trabajadores o empleados de confianza del gobierno federal, estatal y municipal a quienes con el pretexto de “confianza” se trata como viles esclavos, sin derechos ni amparo de la ley federal del trabajo.

Reconozcan o no, son esclavos, como ocurría en tiempos de esclavitud cuando, no obstante trabajaban en casa del amo y tenían ciertos privilegios y “confianza”, seguían siendo propiedad del amo, igual que ahora los empleados de confianza del gobierno, quienes al no tener amparo o protección legal o moral alguna, ya sea de derechos humanos, sindicales o gremios, los funcionarios igual que amos o patrones, les tratan como esclavos, exigiendo sumisión, obediencia, sometimiento y acatamiento absoluto a la hora y día que sea, obligándolos a trabajar hasta quince horas, sin consideración respecto de sus esclavos-empleados y reflexionar que el cargo es efímero y quedan siempre resentimientos o animadversión y que debían ser los jefes o funcionarios quienes dieran ejemplo de buen trato, consideración y respeto a sus subordinados, no por ley, sino por valor humano. 

Los esclavos del gobierno o empleados de confianza no tienen derecho alguno (excepto su elevado sueldo-bono) únicamente obligaciones, debiendo reportarse personal, telefónicamente o por cualquier medio a su jefe-amo a la hora que a este se le antoje, ya sea para cumplir como acarreados a un mitin político, como comparsa a alguna actividad electorera, publico en acciones cívicas, tequios populistas e incluso para desempeños domésticos en casa del jefe-amo, porque por un puñado de pesos pierden hasta su dignidad, Algunos lo hacen con gusto o ideología, pero son los menos. Y honrosamente quienes se indignan por el trato esclavista, prepotente y abusivo, renuncian.

Los esclavos del gobierno no trabajan en función de la Ley Federal del Trabajo, ni de estatutos sindicales de emancipación, porque antes de iniciar su trabajo deben firmar su renuncia, además de ser advertidos de todo el poder que tiene el gobernante que les contrata y de no reclamar nunca emancipación ante las consecuencias a que se enfrentarían, por supuesto, durante el tiempo que dure el poder, ya que al terminarse, el jefe-amo, se convierte en don nadie, anodino, como algunos jefes del pasado que al llegar al cargo público con toda pedantería escondían su incompetencia e ignorancia  y hoy no son más que insignificantes individuos que se creyeron divinidades como directores, jefes, autoridades o políticos, sin reflexionar que el cargo público es temporal y la vida es larga y los ajustes de abusos, excesos y humillaciones, se cumplen.

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Las demasiadas muertes

Renato Galicia Miguel

En unos años, se han muerto demasiados conocidos míos cercanos y lejanos. Amigos entrañables y gente que se ha cruzado por mi vida por una u otra razón. Duele su partida en ambos casos.

Aunque entiende uno que es parte de llegar a los 60 años de vida o más pues se entra a la recta final, no se deja de pensar que ya no se les verá, que ya no se repetirán situaciones de vida y de convivencia, fuera una simple plática en una redacción o en el metro, una borrachera, una conferencia sesuda en algún foro equis, un viaje, una entrevista.

Un viaje a Michoacán con una bola de poetas de todo el mundo a inicios de los años noventa es por lo que recuerdo siempre al escritor Hernán Lara Zavala (Ciudad de México, 28 de febrero de 1946-15 de marzo de 2025), quien en ese tiempo era director de Literatura de la UNAM. El buen Armando Domínguez fungía como su jefe de prensa y a través de éste, en mi papel de reportero de Gaceta UNAM, es como pude vivir una experiencia alucinante en Morelia. 

Como suele ocurrirme, esa ocasión también me tocó rolar con los más desmadrosos y borrachos, que eran los poetas rusos, unos roperos que tomaban el tequila como agua, y un húngaro que luego resultó ser el tercero más importante de su país y que le gustaba caminar por los barrios cabrones y tomar a pico de botella en plena calle, una situación un tanto desafiante en un estado donde el gobernador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano había dejado como herencia una ley seca de todos los fines de semana.  Igual tuve el gusto de ponerme una briaga en colectivo con el escritor cubano Senel Paz y después llevarlo al mercado para que nos la curáramos.

Pero el punto álgido fue cuando, en un recorrido nocturno al lago de Pátzcuaro, me subí a la lancha hasta la madre  y por mi insolencia reporteril, me senté al lado de Hernán Lara Zavala, quien a partir de ahí me cuidó para que no cayera al agua y escuchó todo el viaje mi dolor por la entonces reciente muerte de mi cuñado Isaí Franco Miranda a los 43 años por cáncer de pulmón. Al otro día en la mañana, tenía que entrevistarlo. Andaba yo todo crudo y apenado, por eso, lo primero que intenté hacer fue pedirle disculpas, pero me detuvo en seco y me dijo: “No, hermano, para eso estamos, no te preocupes”.  Era un tipazo.

A Carlos-Blas Galindo (Ciudad de México, 1955-10 de marzo de 2025) no lo conocía personalmente, pero sí a través de la lectura cotidiana de su columna en la sección cultural de El Financiero, a cargo del máster Víctor Roura, cuando su servidor fue reportero y colaborador en ese espacio. 

Se me quedó muy grabado, en especial, su texto en que definió a los artistas Rodolfo Morales y Francisco Toledo como caciques culturales de Oaxaca, que obviamente causó conmoción y le costó no ser nombrado director del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, el tan degradado y manoseado MACO de hoy.  

Con el tiempo, lo conocí personalmente y lo entrevisté para la revista Tangente/ Toca tu Vida —junto con la artista multidisciplinaria Iris Atma—, cuando era director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) del INBAL. Gran personaje, igual.

Son vidas que se cruzan con la de uno y que dejan huella. Descansen en paz, los másters Hernán Lara Zavala y Carlos Blas Galindo Mendoza.

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AL MARGEN || En Teuchitlán nada debería ser ‘normal’

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Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Hemos llegado a tal nivel de normalización de la violencia y el quebranto a la ley, que pareciera que una parte de la sociedad mexicana se siente “aliviada” porque la versión gubernamental dice que el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán Jalisco, no era un campo de exterminio sino “sólo” de entrenamiento para el crimen organizado. En cualquier otra sociedad, e incluso en cualquier otro país, esa sola última afirmación tendría que estremecer a propios y extraños. Alrededor de ese predio, y en cualquier cosa que ahí haya o no ocurrido, el común denominador es la ilegalidad, la criminalidad y la ausencia de cualquier garantía de legalidad y de Estado de Derecho. 

En efecto, hace algunas semanas diversos colectivos de personas buscadoras de desaparecidos denunciaron que en dicho lugar había centros crematorios, restos humanos, prendas y objetos personales de cientos de personas sobre las que no se conoce su paradero. La inferencia llevó a pensar en los centros de exterminio o en los campos de concentración que hubo durante el holocausto, y otros conflictos armados en los que se cometieron delitos de lesa humanidad. A lo largo de las semanas, la autoridad ha intentado moderar las versiones asegurando que no existen tales sitios, y que dicho predio era utilizado sólo como un campo de entrenamiento para criminales. En cualquier otra sociedad habría que responderse algunos cuestionamientos que aquí podrían parecer —paradójicamente— preguntas retóricas. Veamos. 

1.      La posesión del llamado Rancho Izaguirre. Versiones señalan que dicho predio les fue materialmente despojado a sus propietarios originales, a los que integrantes del crimen organizado, los orillaron mediante amenazas y violencia, a abandonar la posesión del mismo. De todo esto, seguramente, tuvieron en algún momento conocimiento las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y el resultado fue el mismo: nadie impidió que, a la mala, los dueños del inmueble fueran despojados de él. 

2.      El paradero de los supuestos “adiestrados”. Increíblemente, a pocos días de revelada la información por las personas buscadoras que denunciaron la presunta existencia del campo de exterminio, a través de un video un grupo criminal negó la veracidad de las afirmaciones y, básicamente, se plegó a la misma narrativa oficial. ¿Cuál es la realidad? Que hasta el momento existen algunos testimonios que sostienen los horrores que ahí ocurrían. Pero no ha habido una sola voz que asegure lo contrario, y que reafirme al menos con una narrativa coherente, que ahí los reclutados eran entrenados para labores criminales, pero sin agredirlos. 

3.      Que no sea un campo de exterminio, no alivia la realidad. ¿Debemos entonces estar tranquilos con la versión oficial? Pareciera que sí, pero ello también resulta insostenible. En un verdadero estado constitucional de derecho no tendría por qué haber ni centros de extermino, ni ranchos de entrenamiento de criminales. En un estado de legalidad real, ninguna autoridad podría sostenerse ante tal complicidad, ante su incapacidad por mantener el orden, o por su abierta omisión de decirse autoridad sin saber qué pasa en su municipio, entidad federativa o nación. Y aún así, sorprendentemente todos siguen en sus respectivos cargos, y sigue pareciendo un alivio lo del campo de entrenamiento, que no lo era de exterminio. 

4.      Cómplices involuntarios. El Estado está decidido a impedir, hasta donde le sea posible, que se consolide la versión del exterminio. Negándola, involuntariamente se pone una vez más del lado equivocado, igual que como cuando intentaron ocultar la realidad de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Más bien, deberían abrir y ampliar la investigación al máximo posible. Ello correspondería a una visión responsable, de Estado, que fuera capaz de reconocer los hechos, repararlos integralmente, y tomar medidas para evitar su repetición. No hacerlo los ubica, así sea accidentalmente, del lado equivocado frente al largo e intrincado juicio de la historia. 

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Martillo de las brujas

Carlos R. Aguilar Jiménez

El Martillo de las Brujas o Malleus Maleficarum, es un tratado respecto de las mujeres-brujas escrito por los frailes dominicos. Data de 1486 y tuvo casi 40 ediciones haciendo accesible a un publico amplio el concepto de brujería demonológica, que fue muy útil a la iglesia católica y autoridades en general, pero especialmente para los sacerdotes en su propósito de identificar esencialmente a mujeres sabias o a quien no les gustara o aceptaran lo que los curas o autoridades pedían, y condenarlas, si se negaban, a procedimientos de tortura y posterior asesinato en hogueras.

La Bula del Papa Inocencio VIII, apoyó la campaña cristiana contra las mujeres consideradas brujas, y también hombres, pues en el decreto papal Summis Desiderantes, reconoció la existencia de brujas. Los cálculos de mujeres quemadas por la iglesia católica varia de dos a cinco millones; mujeres que una vez acusadas no tenían forma de defenderse ni nadie que se atreviera a hacerlo porque las autoridades no les prestaban ninguna atención ni les creían, excepto que mostraran pruebas y evidencias irrefutables, de que no habían tenido relaciones sexuales con el diablo

El Martillo de las Brujas argumenta que la brujería es fundamentalmente asunto de mujeres libidinosas, mentirosas, provocadoras, malignas y seductoras, y lo sustenta mencionando gran numero de citas del extenso acervo misógino del cristianismo, afirmando que la fe y moralidad de la mujer son naturalmente mas débiles, argumentando la licitud del uso de la tortura y de pruebas llamadas “Juicios de Dios”, admitiendo la reserva mental por parte del interrogador, que le dispensa de cumplir eventualmente promesas hechas para sacar confesiones

Ha transcurrido el tiempo desde que dejó utilizarse contra las mujeres el Malleus Maleficarum y, si bien las mujeres se han reivindicado al demostrarse evolutiva, fisiológica e intelectualmente que mujeres y hombres somos iguales, equivalentes, parejos, lo cierto es que soterradamente existe una gran diferencia con la realidad social y ahora en política nacional, porque al protegerse a un hombre investido de todo el poder y arropado incluso por mujeres en tribuna, se demuestra que el Martillo de las Brujas sigue vigente, y que, no obstante los discursos políticos, demagogia, oratoria de equidad y proclamas de justicia, lo cierto es que la inmensa mayoría de mujeres únicamente pueden acceder a donde lo permitan los hombres, principalmente si tienen todo el poder económico, corporal o político, donde lo que importa son los intereses creados, si bien ya no amparados en divinidades celestiales e infalibilidad papal, si en mayorías misóginas cristianas, católicas, porque según los creyentes bautizados en la iglesia, la política y el Martillo de las Brujas, la mujer es inferior al hombre y no se le debe creer lo que diga si no tiene pruebas, evidencias, testigos, videos, grabaciones, fotografías de estudio y el aval de un hombre, aunque sea un póngido.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

CONTRAFUEGO || Cuauhtémoc y los farsantes

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Aurelio Ramos Méndez

Si tan sólo fuera por el perfil de algunos de los más persistentes y estridentes activistas en contra de Cuauhtémoc Blanco, alineados en la más obcecada, sistemática y montonera oposición al gobierno federal, más vale tomar distancia frente a su causa y hasta ubicarse en la otra orilla.

De ninguna manera el distanciamiento constituye un gesto irreflexivo y menos de empatía con la tentativa de un grave delito. Es apenas un acto reflejo ante el total descrédito de la palabra de los opositores, que satura la atmósfera. 

En nuestro sistema de información un escándalo dura hasta que llega otro que lo sustituye –más aun si ha sido artificialmente creado–, lo cual puede ocurrir incluso varias veces al día. El caso del exfutbolista sofocó la campaña sobre los “campos de exterminio nazis” en suelo mexicano.

Con el crack tepiteño, debe decirse, no obstante, está cometiéndose una verdadera infamia mediante humillaciones, insultos, juicios por duplicado y hasta triplicado por una misma presunción de delito, en comisiones y en el pleno de diputados, y sentencias a partir de indicios y suposiciones las veinticuatro horas del día en la prensa, radio, televisión, medios digitales y hasta en grafitis y en marchas y mítines.

Semejante escándalo impone reflexionar acerca de aspectos que gravita sobre el mismo, en particular el fuero legislativo y la impostura de quienes atizan la pira en que pretenden quemar al creador de la Cuauhteminha.

¿Cuántos de los que vociferan e intentan defenestrar a Cuauhtémoc pasarían la prueba del ácido, en lo concerniente al respeto genuino y riguroso a los derechos y la integridad de las mujeres?

¿Cuántos de ellos posan de feministas de ley, pero mostrarían el cobre si se les rasca por encimita su vida privada y se indaga su actitud ante el machismo y la equidad de género?

Y, ¿cuántos de los diputados y senadores que se hacen lenguas en contra del fuero legislativo, que protege al exfutbolista, actúan con honestidad intelectual y sin cálculos políticos, y a la hora de la verdad votarían a favor de eliminar esta figura jurídica?

¿Sufragarían a favor de tal eliminación a sabiendas de la vulnerabilidad que ello representaría para la libertad de expresión de los legisladores, en especial los opositores del régimen?

Hablamos de políticos que consintieron y hasta festejaron las insolencias de un expresidente que calificó a las mujeres de “lavadoras con patas” y solía llamar a su esposa con silbidos de arriero.

Y de quienes forjaron chistes del peor gusto atribuyéndole alcoholismo a la cónyuge del Jefe del Estado iniciador de la etapa neoliberal.

¿De qué feminismo hablan conductores de televisión pillados en flagrancia, columnistas en queveres con subordinadas, políticos con más parejas en su historial que dedos de las manos, payasos de televisión que cosifican y sexualizan a colaboradoras, periodistas que vilipendian a colegas y competidoras laborales? 

En cuanto al fuero, hasta las piedras saben que en las cámaras del Congreso todos están en contra de esta figura sólo de dientes para afuera. Porque a ninguno de ellos les conviene la eliminación que a muchos dejaría a merced de la justicia o de la venganza.

A esto se debe que iniciativas van e iniciativas vienen –la más reciente de Alfonso Ramírez Cuellar—y ninguna consigue luz verde en las plenarias camerales. Diputados y senadores de todos pelajes y colores partidistas juegan a base de aritmética con las expectativas de los ciudadanos.

Desde una oposición calculada suelen hacer declaraciones contrarias al fuero; mas, a la hora de la verdad, papel y lápiz en mano llevan la cuentan de los votos necesarios para el rechazo. Alcanzados los cuales brincan de gusto en una pata y vuelven a la pantomima de su férrea oposición al fuero. ¡Farsantes! Ninguno era partidario de eliminar esta coraza.

El pecado está en el engaño y la simulación, pues bien mirado el asunto en un régimen político como el nuestro el fuero sigue siendo indispensable para garantizar la libertad de expresión de los representantes populares.

Conviene reparar en el destino que sin el fuero hubieran tenido Porfirio Muñoz Ledo increpando a Miguel de la Madrid o a Carlos Salinas de Gortari; Lily Téllez y sus desafueros que frisan entre la grosería y el ridículo; o Gerardo Fernández Noroña señalando de narco a García Luna. Y los Alitos, las Rabadán, los Anaya, los Fernández de Cevallos y otros famosos tribunos lengualarga.

Cuauhtémoc Blanco le dio a la afición futbolera incontables motivos de júbilo, muchas veces en los momentos de mayor desasosiego nacional, lo cual, en efecto, en modo alguno es excluyente de responsabilidad.

Si deberá pagar por un amago de violación, tendrán que pagar, pero vía un proceso justo, con apego a la legalidad, al margen de gérmenes políticos y menos de confabulaciones como las que traslucen el episodio en que tristemente se debate.

Tiene fuero porque este es beneficio que rige para todos los legisladores y él accedió a la Cámara baja desprovisto de este grueso caparazón, mucho antes de que fuese acusado de intento de violación, no a una media hermana suya –según ha dicho– sino del mayor de sus cinco hermanos.

Podrá decirse que buscó ingresar al Congreso en pos de inmunidad por delitos cometidos durante su vida política, en especial su desempeño como gobernador, sólo que… ¿no es esta una maniobra ordinaria de todas las fuerzas políticas? ¿Hay alguna libre de culpa capaz de lanzar la primera piedra?

El ex gobernador de Morelos no entró al Legislativo para protegerse del delito que ahora con razón o sin ella se le atribuye, con relación al cual ya expuso su verdad ante el pleno de su bancada e hizo señalamientos valerosos que merecen ser tomados en cuenta.

El dato más sobresaliente fue la acusación directa de vinculación con el narcotráfico al exfiscal morelense Uriel Carmona –de muy dudosa reputación-, algo sobre lo cual las autoridades deben deslindar responsabilidades con prontitud.

Blanco Bravo dijo su verdad entre sollozos, pero un coro de farsantes ripostó con burlas. “Lágrimas de cocodrilo”, dijeron algunos, a pesar de que el también exalcalde de Cuernavaca cumplió su palabra de presentarse ante la fiscalía estatal para rendir declaración ministerial.

El deplorable caso está sirviendo menos para hacerle justicia a la real o supuesta víctima del exfutbolista, que para persistir –duro y dale– en el furioso ataque de quienes son capaces de maquinar cualquier patraña y tripular cualquier causa con tal golpear a un gobierno con 80 por ciento de aceptación popular.

BRASAS

Tan enamorado está Nayib Bukele de su imagen personal y de su gobierno, que –cual moderno Narciso– ya recibió de su némesis un castigo letal en lo político, equivalente a quedarse absorto contemplando su figura en el agua, y acabar arrojándose para perecer ahogado en el arroyo.

“Espejito, espejito”, le preguntó el presidente de El Salvador a la inteligencia artificial Grok, “¿quién es el presidente más popular del mundo? Responde con una palabra”. “Sheinbaum”, fue la –para él– descorazonadora respuesta.

Toda una tarde ocupó el mandatario haciéndole a Grok preguntas debidamente fraseadas, cuyas respuestas unívocas lo aludían a él, su país o su gobierno.

“Cuál es el país más seguro de América Latina”, “¿quién es el presidente que más ha reducido los homicidios en el mundo?”, fueron algunos de los interrogantes del émulo del personaje mitológico símbolo del excesivo amor propio.

Las respuestas que satisfacían el ego del gobernante –quien días antes le había recomendado a Sheinbaum imitar sus políticas de seguridad– fueron republicadas en las redes hasta la náusea.

El ejercicio narcisista duró hasta que Bukele disparó por la culata. La contestación al cuestionamiento sobre el presidente más popular del mundo le acarreó un aluvión de burlas.

El salvadoreño está urgido de legitimidad para sus políticas de seguridad, escandalosamente violatorias de los derechos humanos. 

Políticas entre las cuales ahora destaca, por exigencias de Donald Trump, la conversión de su país en una inmensa cárcel para presos de Estados Unidos.

El Narciso salvadoreño se ha entregado mansito al mandatario gringo menos por admiración y afinidad ideológica que por miedo cerval.

En julio de 2024, en la clausura de la convención republicana, al hablar sobre migración, esto dijo Trump sobre Nayib Bukele:

“Tiene mucha popularidad por ser un buen pastor de su país, su criminalidad está bajando (…) y me di cuenta de que envía los criminales a Estados Unidos. Él no lo dice, trata de convencer a todos de que hace un trabajo maravilloso, pero no hace un trabajo maravilloso”.

Añádase que la corte de Nueva York investiga un presunto pacto secreto de Bukele con los líderes de las pandillas de su país, algo que podría conducirlo a una cárcel de alta seguridad en EU.

No sería para menos. A los cabecillas de las maras les habría ofrecido impunidad a cambio de colaboración para llenar las cárceles con maleantes de poca monta y aun con inocentes.

RESCOLDOS

¡Qué decepción! Gerardo Fernández Noroña no viajó a Francia en primera clase, pero este es el momento en que Joaquín López Dóriga no se despide de sus audiencias. Había dicho que renunciaría a su oficio, si el presidente del Senado demostraba que no viajó en primera. Lo demostraron el legislador, el Senado y la línea aérea; pero el Güero, como el dinosaurio de Monterroso, sigue ahí…

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

AL MARGEN EXPRESS || Caro Quintero y las penas inusitadas

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

El narcotraficante Rafael Caro Quintero fue entregado el pasado 27 de febrero por autoridades mexicanas al gobierno de Estados Unidos, como parte del acuerdo para evitar las sanciones arancelarias anunciadas por el presidente Donald Trump. Constitucional y legalmente, el gobierno de México no ha explicado bajo qué figura jurídica entregó a ese y a otros 28 criminales, ya que respecto a ellos, no se agotó el proceso de extradición internacional que prevén las leyes mexicanas. Hoy se anunció la posibilidad de que el Fiscal estadunidense pida la pena de muerte para el ex líder del cártel de Guadalajara y luego del de Sinaloa. Parece que nadie ve el dilema que esto último significaría para la imagen y la reputación internacional de nuestro país en cuanto al respeto y protección de los derechos humanos; y las responsabilidades de derecho internacional que le podrían resultar a las autoridades que entregaron a esos criminales sin agotar las reglas del procedimiento.

En efecto, Caro Quintero llegó a Estados Unidos acusado de cuatro delitos: dos de narcotráfico internacional; uno por ser parte de una empresa criminal continuada; y otro por el homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena. Hoy 26 de marzo un juez de Nueva York le dio 90 días de plazo a la Fiscalía para determinar si solicita la pena de muerte para el mexicano, particularmente por lo que toca al homicidio de Camarena.

En este contexto, dice el artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional que: “El Estado Mexicano exigirá para el trámite de la petición (de extradición), que el Estado solicitante se comprometa: (…) V.- Que si el delito que se impute al reclamado es punible en su legislación hasta con la pena de muerte o alguna de las señaladas en el artículo 22 constitucional, sólo se impondrá la de prisión o cualquier otra de menor gravedad que esa legislación fije para el caso, ya sea directamente o por substitución o conmutación.”

Esto, en un primer momento, es producto de la reciprocidad internacional: México no contempla la pena de muerte por la comisión de un delito; y por eso está obligado a exigir a cualquier otro Estado que, para procesar judicialmente en su jurisdicción a un presunto criminal aprehendido en México, aplique las mismas reglas de derecho que se le aplicarían al acusado en nuestro territorio.

Pero hay más: el artículo 22 de la Constitución federal prohíbe las penas inusitadas. ¿Qué son éstas? De acuerdo con la jurisprudencia mexicana vigente, “el término inusitado aplicado a una pena no corresponde exactamente a la acepción gramatical de ese adjetivo, que significa lo no usado, ya que no podría concebirse que el Constituyente hubiera pretendido prohibir la aplicación, además de las penas que enuncia el citado precepto 22, de todas aquellas que no se hubiesen usado anteriormente; interpretar gramaticalmente el concepto, sería tanto como aceptar que dicha disposición constituye un impedimento para el progreso de la ciencia penal, pues cualquier innovación en la forma de sancionar los delitos implicaría la aplicación de una pena inusitada. Así, por “pena inusitada”, en su acepción constitucional, debe entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad.”

Tal es el caso de la pena de muerte, que además de ser una pena inhumana, cruel, degradante y excesiva, es una pena que no cumple con las finalidades para las que fue creado el sistema penal, que básicamente —se supone— fue creado para lograr la reinserción social de las personas que cometieron un delito.

Si llegaran a procesar en Estados Unidos a Caro Quintero, contemplando la posibilidad de solicitar e imponer la pena de muerte, ¿qué explicación daría el Estado mexicano por este abierto quebranto a diversos principios y normas nacionales? ¿Qué responsabilidad de derecho penal internacional, enfrentarían esas autoridades que decidieron entregar fuera de todo procedimiento a esos criminales?

Queda claro que hoy puede ser impopular, y hasta parecer una especie de “abogado del diablo” por hablar de los derechos fundamentales de los criminales. Puede ser que nadie en México, ni en Estados Unidos, se duela hoy porque se aplique la pena capital a un criminal que cometió tantos delitos de los dos lados de la frontera. Pero aún así, en otro momento, alguien tendrá que rendir cuentas no por la pena aplicada a un criminal sino por haber actuado al margen de las normas y principios que rigen a los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional.

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