Aurelio Ramos Méndez
¿Si el jefe, amigo y cómplice del narcotraficante Genaro García Luna, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, fuese arrestado hoy?, ¿aceptarían los mexicanos –en especial quienes nutren la oposición—su extradición a Estados Unidos, bajo el riesgo de ser ejecutado mediante inyección letal o en la silla eléctrica? La respuesta tendría que ser un rotundo no.
Ningún Estado que, se repute democrático y soberano, y sea digno de estas consideraciones puede entregar para fines de justicia a sus nacionales, por monstruosa, aborrecible o peligrosa que sea la ralea de estos, al sistema judicial de otro país.
La cesión significa el reconocimiento tácito de inexistencia de un sistema básico de justicia y la renuncia del Estado de Derecho.
Viene a cuento esta disquisición ante la entrega por el gobierno mexicano al de Estados Unidos de 29 delincuentes, una extradición que es la más grande –y vergonzosa– de la historia.
Extradición a la cual la potencia vecina, con miras a eludir compromisos, busca despojar de su calidad jurídica desmereciéndola mediante eufemismos tales como expulsión, expatriación, destierro o simple traslado.
Hizo bien el fiscal Alejandro Gertz Manero en asentar, en respuesta a preguntas sobre el riesgo de aplicación de la pena capital, lo que para México significa la entrega de esos delincuentes:
“Conforme a los acuerdos y tratados entre México y Estados Unidos, no se puede aplicar la pena de muerte porque ella no existe en las leyes mexicanas, y eso debe ser respetado”.
Dijo que “cuando se sujeta una operación internacional a convención internacional, como en este caso, se tienen que respetar las condiciones de esa convención”.
Ilustrar la triste coyuntura en la persona de Calderón no es gratuito, sino producto de la voluntaria exposición del exmandatario como caso hipotético.
Y, porque, además, él celebró con bombo y platillo la extradición colectiva, sin percatarse de que su propio pellejo está en juego.
La condena de García Luna a 38 años de prisión en EU es prueba no de descuido ni mera tontería sino de complicidad de quien lo nombró y mantuvo durante seis años como su brazo derecho y secretario de Seguridad Pública.
Calderón anda por el mundo a salto de mata y la posibilidad de su arresto no es remota, sobre todo si se atiende a lo dicho con insolente grandilocuencia por el director del FBI, Kash Patel:
“El FBI y nuestros socios recorrerán los confines de la Tierra para llevar a los terroristas y a los miembros de los cárteles ante la justicia”.
El usurpador de la Presidencia 2006-2012 festejó en las redes el envío de los 29, a pesar de que la designación ahora como “terroristas” puede significarles la pena de muerte.
Peor, si se considera que el destino de todos ellos está en manos de un delincuente convicto de 34 delitos.
Existe, sí, un tratado de extradición que en efecto prohíbe la aplicación de la pena capital; pero ¿alguien puede dudar de que del matón del Despacho Oval pretenderá hacer con los 29 lo que le venga en gana?
“Aunque haya sido bajo la presión del gobierno de @DonaldTrump, hay que reconocer la acción del gobierno de extraditar a Rafael Caro Quintero, y a los hermanos Treviño, los muy violentos líderes de los Zetas, el z-40 y el Z-42”, escribió Calderón en X.
Se entiende que el entreguista exgobernante esté dichoso con el tributo y no considere atenuante de la penosa obsecuencia, el que el traslado de los criminales se haya concedido “bajo la presión del gobierno de Trump”.
Soslayó que nuestro gobierno debió torcerle el cuello al cisne del patriotismo para aceptar la cesión, dadas las presiones del despreciable tirano gringo, quien –dicho sea de paso– ya se perfila con nitidez jefe de un desembozado movimiento neonazi a escala global.
Menos procedía la extradición tratándose de “los muy violentos lideres de los Zetas”. Porque semejante condición implica que estos criminales tienen abultadas cuentas pendientes con la justicia en México, y, por lo mismo, deben pagar sus culpas acá no en Estados Unidos.
Tal como tendría que ser el caso de Calderón, que le causó inmenso daño a México y sería acá donde tendría que pagar por sus delitos, a satisfacción de la sociedad mexicana.
La sanción a todo delincuente busca de modo primordial resarcir el daño o agravio causado por éste a una sociedad específica, o conforme a un determinado orden de prioridades si fuesen más de una las comunidades ofendidas.
Salvo los acusados de violencia y asesinatos, secuestros y extorsiones, en el mundo del narcotráfico –y entre los 29– hay mafiosos que no sólo no les han causado daño alguno a los mexicanos, sino que –por cínico que parezca—les han reportado beneficios, inyectándole al circuito financiero ingentes cantidades de dinero.
Se trata de delincuentes que han jugado con las reglas del libre mercado, las leyes de la oferta y la demanda y del capitalismo más salvaje –ese que seduce a Trump, Musk y Bezos—, y hasta podría decirse que, a riesgo de su vida, han cumplido una función socialmente útil. Les han acercado a millones de adictos lo que más les gusta.
¿Qué de malo tiene, conforme a las reglas norteamericanas, darle a alguien la substancia que demanda, si laboratorios y farmacias allá ahora mismo están vendiendo opioides para ensanchar el mercado de adictos al fentanilo?
Los narcos mexicanos han proveído a los viciosos de un vasto menú de drogas, cuya circulación es patentemente permitida por el gobierno más poderoso, con el ejército más temible de la tierra, hasta el punto de que son materia de compra-venta a las puertas de la Casa Blanca.
Se metió pa lo hondo Calderón por lengua suelta. “Sólo falta que, como acostumbra la justicia americana, les reduzca las sentencias y les dé trato privilegiado, convirtiéndolos de victimarios en héroes”, escribió en las redes.
En su tesitura, con la justicia del Tío Sam respirándole en la nuca, debió haberse atenido al dicho según el cual “el que por otros pide por sí aboga”, y demandado reducciones de penas para sus congéneres.
De ese modo, en la cercana hipótesis de su captura, estaría en aptitud de defender con uñas y dientes su no extradición.
Y, si por la razón que sea fuese enviado a hacerle compañía a García Luna, podría legítimamente implorar la conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua, por ejemplo, sin tener que salpimentar sapos para tragárselos sin hacer gestos.
BRASAS
La orden de aprehensión girada en contra del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, infunde la esperanza de que, ahora sí, en materia de combate a la corrupción el gobierno de la 4T pasará de las palabras a los hechos.
Durante la administración de López Obrador fue patente la existencia de una amnistía a grandes corruptos de todo pelaje, desde empresarios hasta funcionarios y políticos de las más disímbolas ideologías y colores partidistas.
Menudearon en medios y aun en la conferencia matutina del Jefe del Estado denuncias públicas, bien documentadas, que sin embargo no tuvieron consecuencia alguna en términos de sanciones, lo que dejó en la gente la sensación de que reinaba la impunidad y el aquí no pasa nada.
Ya no. La captura de cuatro colaboradores cercanos de Aureoles y el probable arresto del propio gobernador de extracción perredista, entraña el mensaje de que los más grandes ladrones tendrán su merecido.
El michoacano está acusado, de inicio, de peculado, lavado de dinero y vinculación con la delincuencia organizada, algo que hasta las piedras gritaban incluso años antes del paso de Aureoles por la gubernatura.
No se requiere imaginación para anticipar que, de ser atrapado, este pájaro de cuentas se refugiará en el socorrido burladero de la persecución política.
Y en el cuento chino de la censura a la libertad de expresión y de empresa, pues como se sabe este político fue uno de los financiadores –con dinero formal o ilícitamente sustraído del erario– del portal de noticias LatinUS.
De las andanzas de Aureoles sabían desde hace más de una década hasta los niños de pecho, menos Marko Cortés, Alejandro Alito Moreno y Jesús Zambrano, dirigentes del PAN, PRI y PRD, quienes le ¿prestaron?, ¿vendieron?, ¿alquilaron?, el aval de sus partidos para que buscase ser diputado federal por Zitácuaro, algo que afortunadamente no consiguió.
En todo caso, vale esperar que la entrada en acción de la justicia no sea una nueva engañifa, sino el inicio del cabal cumplimiento de las promesas de campaña de la Presidenta Sheinbaum concernientes a la corrupción. Lo veremos.
RESCOLDOS
Al grito de ¡fuera máscaras!, el propietario del diario The Washington Post y de Amazon, Jeff Bezos, decidió emular a nuestros más veteranos y conspicuos dueños, editores y directivos de medios de medios de comunicación. Usará su periódico para plegarse al gobierno y así proteger y ensanchar sus negocios, sobre todo en áreas que el Estado abandonará en su proceso de adelgazamiento. Ordenó que desde el miércoles pasado el famoso rotativo publique sólo columnas de apoyo a “las libertades individuales y al libre mercado”, es decir, convertirlo en un medio de propaganda de Donald Trump. ¿Tendrán aún como referente profesional al Post ciertos periodistas de nuestros pagos que babean de admiración por la prensa gringa?
Parece mentira que a estas alturas de la historia nuestros políticos no hayan comprendido que el narcotráfico es fenómeno capaz de permear a todos –todos– los estamentos sociales, sin distinciones de ideología, filiación partidista, educación, credo, sexo o nivel socioeconómico. O, bien visto el asunto, quizá no es ignorancia sino más bien maniobra motivada por el odio y el ánimo de venganza, o en pos de impunidad. En todo caso, algo de todo esto causó que la dirigencia panista ejecutara un estruendoso tiro por la culata. Denunció vociferante a políticos de Morena que homenajearon al abogado de El Mayo Zambada, Juan Pablo Penilla Rodríguez, sólo para enterarse luego de que el homenaje, en 2023, fue promovido por su copartidaria María Teresa Casatell, diputada entonces por el Estado de México. Se vale reír…
¿Pena de muerte para Rafael Caro Quintero, que ya pesó tres décadas en prisión por el asesinato de un policía gringo en suelo mexicano y por vender mariguana, yerba legalizada en casi la totalidad de estados norteamericanos?
aurelio.contrafuego@gmail.com
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