Aurelio Ramos Méndez

¿Qué brebaje, qué chochos, polvo, poción o potingue le habrán dado en Estados Unidos al expresidente Ernesto Zedillo como para haberlo instalado en un estado de alucinación y delirio que le hace ver fantasmas y oír ruidos extraños, con la certeza de que es de noche cuando en realidad es de día, y que estamos en 1994, en la inauguración del salinato, no en el arranque del sexenio 2024-2030?

Tiene sentido este interrogante porque sólo en condiciones de grave confusión alguien puede sostener –como Zedillo hizo el viernes pasado– que México “ha perdido la categoría de país democrático” y es ahora “una autocracia de partido dominante”, en la cual el poder real lo ejerce “un caudillo instalado oculto en la oficina anexa a la Presidencia de la República”.

De no hallarnos ante un caso de estado de conciencia alterado por algún menjurje estamos frente a un político cuya correa de transmisión de la realidad tiene que estar enteramente deshilachada, o frente a un embustero contumaz que busca endosarles a otros sus fallas, errores y deficiencias.

El exsecretario de Educación durante el gobierno escasamente democrático y escandalosamente autoritario de Carlos Salinas de Gortari –de quien hasta las piedras saben que le robó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas–, dio clases de democracia mediante una teleconferencia en el seminario Perspectivas Económicas 2025, organizado por el ITAM.

Contra lo esperado por no pocos observadores –incluida esta columna—el exmandatario 1994-2000 atacó con furia al actual gobierno y defendió su administración; pero a la vez dio prueba de que no come vidrio: no dijo ni una palabra relacionada con la obra cimera de su gestión, el Fobaproa, lápida de deuda eterna sobre las espaldas de los mexicanos.

Debatiéndose en agudas y ridículas contradicciones, eso sí, pidió dejar pendiente o dilatar la entrada en vigor de todas las reformas constitucionales y legales aprobadas desde el inicio de la presente Legislatura.

Y, además, derogar la figura de la revocación de mandato, “píldora de cianuro” dejada por López Obrador, que puede significar la destitución de Sheinbaum –mandataria cuya gestión él aborrece– en 2027.

La cosa es clara. Zedillo está furioso y aturdido porque su infame legado empezó –en buena hora– a ser desmontado a partir de 2018.

En su ofuscación este expresidente debería preguntarse si, a la luz de sus acciones más emblemáticas, él hubiera pasado la prueba de la revocación de mandato o hubiera sido echado a escobazos como suele hacerse con bichos y roedores. 

Es cosa de recordar que, a tan solo veinte días de iniciado, el zedillato, en coautoría con el salinato, cometió el denominado “error de diciembre”, que según expertos pulverizó el patrimonio de unos 20 millones de mexicanos.

Y que, consecuencia de tal “error” quizá deliberado y con tintes de estupidez –el haber anunciado, con horas de anticipación, una devaluación del peso que alcanzó 300 por ciento–, entró en aplicación el Fobaproa, el criminal rescate económico con dinero de todos a banqueros y empresarios trácalas.

¿Hubiera Zedillo pasado la prueba de la revocación con su reforma pensionaria de 1997 que, tal como ahora lastimosamente puede verse, les ha reportado jubilaciones de hambre a millones de rabajadores?

¿Merecería revalidación su mandato visto el desastre que significó la aniquilación del sistema ferroviario, no por conveniencia nacional sino por cochupo personal suyo con empresas ferroviarias que lo reclutaron luego como operario?

¿Hubiera calificado para seguir en el cargo tras el enorme respeto institucional demostrado con el desmantelamiento de la Corte, para lo cual echó a empellones 26 ministros y los sustituyó con once incondicionales, cancerberos de una justicia de cuates y de un inexistente estado de Derecho?

Con semejante antecedente, suena a insulto el que Zedillo haya ahora tenido el descaro de pontificar:

“Un país en el que no existe un poder judicial independiente y profesional que cuide que los otros poderes estén cumpliendo sus obligaciones constitucionales, formalmente puede llamarse democracia, pero en los hechos no es democracia”.

Capsulitas pal Alzheimer o bebedizos antipsicóticos debe necesitar el exjefe del Ejecutivo aquejado de amnesia y que en sus delirios ve fantasmas escondiéndose en oficinas anexas a la Presidencia.

Zedillo accedió al poder con amplio respaldo popular –17 millones de votos, seis millones más que los obtenidos por Salinas—producto no de su carisma arrollador ni del autoritario gobierno virtualmente de facto del cual surgió, sino de la conmiseración popular que inspiró el asesinato de Colosio.

Quizá eso explica su pretensión de ignorar la diferencia entre continuidad de un proyecto de desarrollo nacional avalado y refrendado en las urnas y los denodados esfuerzos para instaurar un régimen divorciado del pueblo y al servicio de la oligarquía.

En pocos años este expresidente se olvidó de que sirvió a un gobierno espurio y autoritario y que durante el sexenio 94-2000 no es que nos haya gobernado Aristóteles… En paracaídas llegó un advenedizo desclasado que ejerció una Presidencia perniciosa, mucama de los más adinerados.

No le va bien por ello soliviantarse para decir que los mexicanos “necesitamos una Presidenta que gobierne con autoridad un país democrático con reglas de la democracia”, como si no fuesen así –con todos sus asegunes— el nuevo régimen y la mandataria de turno. 

De Zedillo se esperaba que en el ITAM abriera el pico para señalar a los ganones del Fobaproa. Pudo, pero no quiso resarcir al menos parcialmente el inmenso daño que su Presidencia le causó al país. 

Optó por observar la ley del silencio, el código de honor que les impide a los mafiosos delatar a sus cómplices.

BRASAS

El descomunal fraude en el Infonavit detallado la semana pasada por el director de este instituto, Octavio Romero Oropeza, dará la medida de la voluntad de la Presidenta Sheinbaum para pasar de la retórica a los hechos en el combate a la corrupción por la 4T.

Se verá si el brazo de la justicia alcanzará a quienes en busca de impunidad se han guarecido bajo el alero del gobierno morenista.

De la densa corrupción hablan los números:

De 142 mil 865 viviendas cuya construcción fue propuesta por los sectores empresarial y de trabajadores y autorizada sin la menor evaluación en 2014, sólo han sido entregadas 34,800; es decir, 24 por ciento.

Se trata de 834 proyectos de construcción (305 del sector de trabajadores y 529 del empresarial), y del total de viviendas mencionado están en construcción 6,950, el 5 por ciento, con lo cual las terminadas sumarán 41,750, o sea 29 por ciento.

Lo cual significa que la edificación de 71 por ciento, 101 mil 115 casas, ¡ni siquiera han sido iniciada!

Añádase que de las viviendas concluidas numerosas presentan graves deficiencias, desde estructurales hasta de equipamiento.

En el pestilente sancocho flotan empresarios, funcionarios, representantes de trabajadores, directivos de entidades financieras para el otorgamiento de créditos, coyotes y otras alimañas que se alzaron con archimillonarias ganancias. 

Están en el caldero Alejandro Murat Hinojosa y David Penchyna, directores del Infonavit entre 2012 y 2015, el primero, y entre 2015 y 2018 el segundo.

Y el cacique de la representación de trabajadores ante el Instituto, Abelardo Carrillo Zavala, y la representante patronal María de Rosario Fernández Prieto.

De que el Infonavit es un insondable hoyo negro de corrupción se sabe desde hace por lo menos siete años.

En 2018 trascendió que ese pájaro de cuentas que es Penchyna Grub le propuso al consejo de administración del Instituto realizar un pago irregular por ¡más de cinco mil millones de pesos! a la empresa Teltra Realty.

En declaraciones de prensa el exgobernador de Oaxaca, Murat, ha tratado de deslindarse de todo cochupo; pero en 2014 era él quien estaba al frente del Instituto.

El asunto ya está sobre el escritorio del fiscal general de la República. Resta sin embargo un trecho largo para ver si los culpables cambiarán sus finos atuendos por el uniforme caqui de presidiarios.

RESCOLDOS

Vestidos y alborotados se quedaron Vicente Fox, Felipe Calderón y otros siete expresidentes de países latinoamericanos, morralla de la ultraderecha internacional, que dizque tenían intención de asistir a la “toma de posesión” de Edmundo González como presidente de Venezuela. A decir de Calderón, el avión que los trasladaría de República Dominicana a Caracas llegó tarde y “presentó dificultades”, además de que el espacio aéreo venezolano fue cerrado por la toma de posesión –tercer turno al bate—de Nicolás Maduro. “No hay condiciones logísticas”, dijo, apesadumbrado, como con un dejo de nostalgia por el sabroso ron Cacique.

Hasta para barrer las calles se requiere constancia de antecedentes penales, pero para ser Presidente de los Estados Unidos uno puede ser criminal confeso de 34 delitos y no pagar cárcel ni multa. Y pensar que es esta la democracia ejemplar que se intenta poner como modelo en México, América Latina y el mundo entero. ¡Que con su pan se lo coman!

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

Aurelio Ramos Méndez

Si ningún mexicano tiene la suerte de topase hoy con Melchor, Gaspar o Baltazar deambulando extenuados al término de su jornada de reparto de regalos, nadie interprete olvido de nuestro país por los Reyes Magos. Es una leve demora. El próximo viernes, con el expresidente Ernesto Zedillo como heraldo, de seguro nos darán el mejor presente del último cuarto de siglo: el derecho de conocer toda la verdad sobre el Fobabroa.

Conocer, por ejemplo, si la serie de traumáticos episodios político y sociales ocurridos al final del salinato, entre 1993 y 94 –Posadas Ocampo, EZLN, Ruiz Massieu, Colosio—no fueron obra del azar sino infames maquinaciones desde la cúpula del poder, orientadas a gestar una crisis económica y propiciar el negocio del siglo para unos cuantos, mediante el rescate con dinero público de bancos y empresarios tramposos.

Con suprema expectación se aguarda la conferencia magistral virtual que Zedillo dará el 10 de enero en el seminario Perspectivas económicas 2025, en el ITAM, pues tendrá oportunidad de hablarles sin engaños a los mexicanos y aportar detalles sobre la gestación del Fobaproa, cogollo del indecente negocio referido.

El Fobaproa fue ideado por Salinas en 1990 supuestamente para la eventualidad de una crisis económica similar a otras precedentes, como las desatadas en el cierre de los gobiernos de Echeverría y López Portillo.

Una sucesión de extraños episodios de sangre ocurrió al final del sexenio 1988-94, aunque no hubo entonces crisis económica declarada; la catástrofe intencional estallaría a los veinte días del zedillato.

Salinas consiguió controlar el curso de la economía y heredarle a Zedillo indicadores macroeconómicos pegados con babas, los cuales detonaron lo que por boca de ganso y con el cobarde afán de eludir responsabilidades Salinas bautizó “el error de diciembre”.

Enemistado con Zedillo porque éste metió a la cárcel al hamponazo Raúl Salinas, “el hermano incómodo”, Carlos Salinas vio con satisfacción la llegada de la crisis económica –devaluación del peso en 300 por ciento–, se configuraba por fin el anhelado escenario para la absorción por el Estado de las deudas privadas de sus compinches, banqueros y megaricos.

Es decir, para la aplicación del Fobaproa, cuyos cimientos él había colocado anticipada y malvadamente, y la consumación por esta vía de un negocio infame, obsceno, que les dejó a todos los mexicanos una deuda eterna, cuya cancelación por el gobierno federal por fortuna ya despunta en el horizonte.

El negociazo consistió en el rescate de quienes están en la punta de la pirámide social salvándolos de una crisis fraguada a cuatro manos entre Salinas y Zedillo, en sus buenos tiempos, despojando de su patrimonio –a partir del 12 de diciembre de 1998, cuando fue decretada la deuda pública– aun a los mexicanos más humildes.

¿Ganones? Los dos expresidentes, un puñado de altos funcionarios, empresarios y machuchones voraces, y políticos del PRI y del PAN. 

El error les reportó a todos ellos más oro del que Midas acumuló mientras tuvo la facultad de convertir en este codiciado metal todo lo que tocaba. Y, desde luego, muchísimo más oro del que Gaspar le llevó al pesebre al Niño Dios.

Tan descomunal fue el impacto sobre la economía popular que acabó por desplazar del poder a priistas y panistas. Ahora hasta los usufructuarios de los despojos de ambos partidos ponderan la conveniencia de eliminar aquel nefasto programa financiero.

Durante la discusión parlamentaria del Presupuesto de Egresos 2024, el diputado priista Rubén Moreira pidió en la tribuna de la cámara baja recortar 40 mil millones de pesos a los recursos destinados al fondo succionador de la savia vital de la nación y redirigirlos a la reconstrucción de Acapulco. 

“Quitemos a los banqueros la prebenda del Fobaproa”, dijo el ex gobernador de Coahuila, sin explicar cómo se dejarían de abonar las obligaciones aprobadas en su momento por el PRI y el PAN. Descaradamente oportunista y electorera, su propuesta se quedó flotando en la atmósfera. 

Para el presente año fueron asignados al denominado ramo 34 –el pago de intereses de la deuda depredadora– 52 mil 500 millones de pesos. En su origen la deuda era de 552,000 millones, pero ya han sido pagados más de 1.3 billones en intereses y el pesado fardo aun permanecerá siete décadas sobre los hombros de la nación.

En noviembre pasado, el 27, los diputados por el PT Reginaldo Sandoval y Magdalena Núñez presentaron una iniciativa de reformas a la Ley de Protección al Ahorro Bancario con objeto de eliminar el pago de la deuda del fondo en cuestión, lo cual ya es materia de análisis por Morena.

Tan verboso de un tiempo acá y tan aguerrido defensor de sus acciones de gobierno, entre estas el desmantelamiento de la Corte en 1994 –a punta de patadas en el rabo envió a casa 26 ministros–, Zedillo mal podrá disertar sobre las perspectivas económicas para el presente año sin hablar sobre el Fobaproa, su despreciable herencia.

Y hablar, por añadidura, de la imperdonable aniquilación de los ferrocarriles nacionales vía su privatización; es decir, su entrega a precio de regalo a extranjeros de quienes a la postre él se convertiría en el más abyecto de sus empleados. 

Su alocución del próximo viernes podrá significar el aval más importante rumbo a la cancelación de la asfixiante deuda del Fobaproa. A condición, claro, de que con honestidad intelectual desembuche toda la verdad acerca de su confabulación con Salinas.

Y que explique, con profusión de detalles, el tamaño de las respectivas tajadas asignadas a cada uno de estos expresidentes por los beneficiarios directos del macronegocio del rescate bancario. De oquis no habrá sido. 

RESCOLDOS

De nuevo, mediante un reportaje chambón The New York Times trató de apuntalar una eventual intervención militar gringa en nuestro país. Y pretendió verles cara de estúpidos a sus lectores. Les mostró fotos de un montaje sobre supuestas cocinas para la fabricación de fentanilo en pleno centro de Culiacán. La información gráfica muestra un habitáculo que podría ser útil para cocinar un puchero o freír unos tamales, pero no para producir la mortal droga que fascina a los gringos. Hizo mal la Presidenta Sheinbaum al responderle a ese diario desde su alta investidura. Una carta de la vocera presidencial habría bastado para tratar de atajar el bulo… 

Ciudadanos estadunidenses, no migrantes, fueron los autores de los más recientes actos terroristas en Estados Unidos, en Nueva Orleans –quince muertos– y Las Vegas. Para mayor agravio, se trata de Boinas verdes –soldado activos– y de veteranos del Ejército de Estados Unidos. El despreciable boquiflojo Donald Trump, sin embargo, se apresuró a culpar a trabajadores indocumentados y arreció su vomitiva cantaleta en contra de estos. Y medios como la cadena Fox News, tan rigurosos y éticos como The New York Times, mintieron con descaro: difundieron que el camión con que fue embestida una multitud en la ciudad del jazz había entrado a EU cruzando la frontera por Coahuila. Falso. Son gringos matando a gringos…

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

Aurelio Ramos Méndez

Serían desopilantes, buenas bromas del Día de los Inocentes, si no fueran lo que son: vergonzosas demostraciones de supina ignorancia sobre los alcances de la designación de los narcos como terroristas por Estados Unidos, por la presidenta Sheinbaum, e insultantes mentiras para disimular la traición a la patria, dándoles trato de estúpidos a los mexicanos, por el líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera. 

En la Mañanera del pueblo la Jefa del Estado expresó que Donald Trump, al anunciar la clasificación de los cárteles de las drogas como grupos terroristas desde el día uno de su gobierno, “nunca habló de realizar una intervención militar en territorio mexicano”. ¡Como si verbalizar algo así fuese necesario para ser creíble!

Por su parte, el dirigente panista y jefe del Cártel Inmobiliario, sin sonrojarse y contra un alud de evidencias, negó que su partido haya invocado hasta la náusea la invasión a México por Estados Unidos, que eso y no otra cosa significa, en última instancia, tal clasificación como terroristas de los traficantes de drogas.

“El PAN ¡claro que está del lado de México y de su Estado, como Estado soberano!”, mintió Romero por radio. 

Y hasta se dio el lujo de aludir a la Presidenta exigiéndole “que no nos mientan (…) que juzguen a la oposición por lo que dice y por lo que afirma, no por lo que se nos atribuye”.

Parece mentira que a estas alturas de la historia nuestras más altas autoridades y líderes políticos desconozcan –o finjan desconocer— uno de los rasgos más característicos y desmedidos de la arrogante prepotencia imperial.

Esto es, la vigencia en la potencia vecina de leyes –la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo, una de ellas—confeccionadas de manera unilateral, que establecen sanciones diversas de aplicación extraterritorial, so pretexto de perseguir y combatir el terrorismo.

Lo saben aun los observadores menos perspicaces o precariamente informados. Las sanciones, en principio, son de carácter económico, comercial o financiero, imposición de aranceles, bloqueo de créditos en organismos internacionales dominados por EU, cese de la exigua ayuda y colaboración para el desarrollo, la retención de pertrechos para el combate a la delincuencia, y en ultimas, de convenir así a los intereses gringos, la invasión territorial.

Si hablamos de acciones unilaterales y extraterritoriales, mal puede esperarse que el huésped de la Casa Blanca o cualesquiera otros funcionarios notifiquen de modo cortés y educado, con precisión de día, hora y estrategia la invasión territorial con algún fin específico de marines o agentes de las diversas agencias estadunidenses.

Así ha ocurrido en numerosos países al costo de decenas de millares de muertos. En Panamá, para capturar al exagente de la CIA y presidente de la República, Manuel Antonio Noriega. En Irak para derrocar y asesinar a Sadam Husein. En Afganistán para matar a Osama Bin Laden. Por sólo mencionar tres botones de muestra que no son suposiciones sino episodios históricos consumados.

Así ha ocurrido también en México. En 1990, cuando policías gringos secuestraron en Guadalajara al médico Humberto Álvarez Machain. Y, más recientemente, en un hecho aun no aclarado a cabalidad, cuando se llevaron a Ismael El Mayo Zambada.

Se entiende que la Presidenta Sheinbaum haya intentado, aun a costas de su imagen, restarle voltaje a los dichos de Trump. Y se entiende también el duro señalamiento que, con toda razón, le hizo a la oposición en los siguientes términos: 

“Increíble la verdad… ¡Celebrando la intervención, una intervención de Estados Unidos en México! Es que son iguales que los conservadores del siglo 19, que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a México, celebrando la intervención francesa contra Juárez y la Reforma; es lo mismo ahora”.

Con los peores y mentirosos argumentos el panista Romero buscó rebatir la acusación presidencial. “Nosotros en el PAN siempre vamos a creer en la fuerza del diálogo, y por supuesto que nosotros estamos del lado del Estado soberano, siempre. Que no nos mientan”, dijo. 

No señor. Estamos ante descaradas mentiras suyas orientadas a tratar de encubrir conductas desnacionalizadas y punibles. 

Suman decenas las declaraciones de diputados, senadores y dirigentes del blanquiazul solicitando y hasta promoviendo iniciativas de ley con la finalidad de clasificar como terroristas a los cárteles de las drogas. 

El caso más notable de quienes con desembozado colaboracionismo demandan semejante medida corresponde al exlíder nacional del panismo, Marko Cortés, muchas de cuyas declaraciones fueron difundidas ¡mediante boletines de prensa oficiales del comité nacional de su partido!

El 25 de septiembre pasado uno de esos boletines dio cuenta de esta declaración Cortés, en funciones de palafrenero del Tío Sam:

“Si el régimen morenista realmente quisiera frenar los actos de violencia y terror que genera el crimen organizado, hubieran aprobado nuestra propuesta para tipificarlo como narcoterrorismo, eso sí lograría una auténtica cooperación internacional para combatirlos y los mexicanos podamos vivir en paz”.

Consideró evidente “que se trata de narcoterrorismo cuando lo que infunde el crimen en las poblaciones es terror, violencia, violación a los derechos humanos, secuestros, desapariciones forzadas. 

“Es evidente que se trata de narcoterrorismo cuando incendian autos y casas, bloquean con autobuses calles para evitar el libre tránsito y en una ciudad se cancelan las clases y hay toque de queda, porque hay balaceras”.

Un mes después, el 24 de octubre, otro boletín, datado en Dallas, informó que por aquellos lares Cortés “urgió a que se tipifique el narcotráfico como terrorismo para que instancias internacionales puedan colaborar con las locales y se combata la inseguridad”. 

Y el 7 de noviembre, el jefe panista felicitó a Trump por su victoria electoral y criticó que durante el gobierno de López Obrador se registraron 200 mil asesinatos y 50 mil desapariciones, y “los hechos de narcoterrorismo” se dispararon a lo largo del país.

Vestido con piel de oveja, agregó:

“Hemos propuesto tipificar al narcoterrorismo como un delito grave. Es un delito que causa profundo dolor a las familias mexicanas, y lo que hemos propuesto es una estrecha colaboración internacional para que México pueda combatir eficazmente la delincuencia organizada”.

Enseguida posó de víctima. “El régimen morenista quiere confundir a la población con el falso argumento de que se trata de un intervencionismo y que se pone en riesgo la soberanía. Eso es completamente falso”.

Así dijo el jefe del panismo, según todos los indicios con plena determinación de darle cobertura política a las leyes extraterritoriales gringas y de propiciar una cuarta invasión a México. 

Traición a la Patria, por donde se mire.

BRASAS

Ni en Navidad Ricardo Salinas Pliego cejó en su afán de atacar con uñas y dientes al gobierno federal, empeñado en cobrarle la friolera de ¡63 mil millones de pesos! por concepto de adeudos fiscales.

“Feliz navidad y que Dios los cuide… porque Morena no los va a cuidar y les va a robar todo”, les dijo este mega evasor a sus seguidores en las redes sociales.

El magnate está furioso por el desplome de su imperio económico. De la noche a la mañana Grupo Elektra perdió 75 por ciento de su valor y terminó por emigrar de la Bolsa de Valores, lo cual significó para él la humillación de ser borrado de la lista de los diez hombres más ricos de México.

Por encima del blanqueador de dinero del narcotraficante Raúl Salinas de Gortari –en 1993 le prestó así nomás, por puro crédito a la palabra, ¡29 mil 700 millones de dólares! para comprarle al gobierno de Carlos Salinas, a precio de ganga, la televisión pública—está el Rey del Acero, Rufino Vigil González, cuya fortuna asciende a 4.4 mil millones de dólares.

Como si se tratara de un providencial regalo navideño para los mexicanos, el gobierno publicó el pasado jueves el expediente de los adeudos a la hacienda pública de este empresario, que no son 40 mil millones como la opinión nacional erróneamente suponía sino 63 mil millones de pesos.

El adeudo es descomunal porque asimismo llegó a ser estratosférica la fortuna malhabida de este empresario, que dice detestar a los políticos pero cuyo patrimonio ha sido forjado en descarada connivencia con políticos.

“Inflación e impuestos: las herramientas favoritas de los políticos para empobrecer a ese pueblo que dicen proteger… y del que no dejan de robar”, escribió en X sin sonrojarse.

“¿Hasta cuándo aguantarán o cuándo se irán a organizar para pedir a cambio de tanto impuesto, una vida más segura y que dejen de abrazar y proteger delincuentes?”, escribió también, sin vergüenza alguna, este negociante logrero que durante seis años fue consejero económico del gobierno que ahora deturpa.

RESCOLDOS

Con méritos de sobra por una carrera como jurista, académica, político-partidista y de funcionaria pública propia y destacada, Bertha Alcalde Luján rindió protesta como fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Fracasaron los miembros de la oposición que buscaron obstaculizar su nombramiento, con el inaplicable argumento del nepotismo. Se antoja inocentada de 28 de diciembre el que las acusaciones más acres provinieron de dirigentes del PAN, el más grande hervidero de nepotes en nuestro país…

Lo dicho: Donald Trump presenta graves problemas de salud mental. Sólo a un desquiciado se le ocurriría poner tantos fierros en la lumbre como él los ha puesto. Ahora dijo que Estados Unidos podría apropiarse del Canal de Panamá y comprarle a Dinamarca –hilarante inocentada– el territorio autónomo de Groenlandia. Sus baladronadas han perdido eficacia y pueden ser tomadas a chunga, pero –cuidado– no dejan de ser las de un loco peligroso.

¡Feliz 2025!

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

Aurelio Ramos Méndez

Distraídos en los preparativos de la llegada del Niño Dios, las posadas, los villancicos y el arbolito, o en las vacaciones, el grueso de los ciudadanos no se ha percatado del peligro: una caterva de políticos está abocada a idear maniobras para tramitar con éxito, a partir de enero, el registro oficial de turbios negocios denominados partidos políticos, verdaderos apiarios de la corrupción y la violencia.

La Operación Enjambre, primera redada de funcionarios coludidos con la delincuencia y señal de que en el presente gobierno federal la deshonestidad no será tolerada, ha encaminado a la cárcel una turba de munícipes mafiosos y desnudado la cobertura de los partidos a causantes de la barbarie que desangra el país.

En el primer minuto de 2025 iniciará por mandato de ley el plazo para que los ciudadanos interesados en constituirse en partido informen de ello a las autoridades del INE, con lo cual iniciarán las gestiones para tener derecho de contender en los comicios federales intermedios de 2027.

Y, en últimas y a partir de su desempeño en las urnas, tener acceso al descomunal presupuesto –no nos digamos mentiras, es el principal objetivo– destinado a financiar nuestra democracia, según especialistas en asuntos electorales la más cara del mundo.

Conviene, en semejante tesitura, exigirles a los consejeros, funcionarios y magistrados electorales el mayor rigor en el cumplimiento de sus obligaciones, y desear con fervor y las doce uvas del Año Nuevo que así sea.

A estos servidores públicos les corresponderá atajar no sólo francos delincuentes sino también a los zánganos del erario y políticos marcados por el desprestigio, o integrantes de clanes enquistados en el servicio público y la política que ya dieron la medida de su incompetencia e improbidad. 

Será imperioso revisar con lupa documentos básicos –declaraciones de principios, estatutos, programas de acción—, monitorear la realización de asambleas genuinamente democráticas, cotejar padrones y, sobre todo, validar el origen lícito del dinero, auténtica misión imposible.

¿Cómo determinar la licitud de los recursos, si el dinero carece de color y olor, es sólo dinero? 

¿Cómo, si se desconoce si sus aportantes los obtuvieron de manera honesta o si son producto de la evasión de impuestos, la especulación financiera, el contubernio para el encarecimiento artificial de productos básicos, el control monopólico de mercados, o de despojos y peculados cuando no la extorsión, el secuestro o el tráfico de drogas, influencias, armas o migrantes?

La delincuencia anidó en la política y el servicio público, mientras las autoridades, en particular del ámbito electoral, dormían plácidamente u ocupaban el tiempo en grillas y cochupos, como hicieron Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

Maniqueísmo y estridencia opositora aparte, la Operación Enjambre en marcha en el Estado de México, así como episodios de violencia en San Luis Potosí y otras entidades, prueban que el crimen ha experimentado una rápida enjambrazón, la formación de nuevas colmenas.

Los delincuentes ahora están infiltrados no únicamente en el gobierno, el partido en el poder y la totalidad de arco partidista, el PRI, PAN, PVEM y MC, sino que se esconden como en un enorme colmenar en la estructura institucional de los tres órdenes de gobierno. Un escándalo por estos días prueba el aserto.

El 15 de diciembre fue asesinado en San Luis Potosí, sobre la autopista Ciudad Valles-Tamazunchale, el alcalde (Morena) de Tancanhuitz, Jesús Eduardo Franco Lárraga. Crimen que involucra a panistas, priistas, morenistas y ecologistas. 

Este episodio demuestra la indolencia de las autoridades del INE, que durante lustros han consentido no sólo la desvinculación y nula responsabilidad de los partidos con respecto a los personajes que llevan al poder, sino la descarada postulación de curtidos delincuentes.

A sólo unas horas del asesinato de Franco Lárraga fue detenido Manuel Aguilar Acuña, El Kippi, quien de 2009 a 2012 –cuando era líder nacional del panismo el michoacano Germán Martínez Cázares, alfil de Felipe Calderón, sucedido por el también michoacano y exsecretario particular de Calderón, César Nava– fue alcalde por el PAN, arrestado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Tal presunción, no obstante, en 2015 –bajo el liderazgo panista de Ricardo Anaya, a quien sucedió Gustavo Madero– El Kippi se convirtió en diputado local del blanquiazul y en su gestión fue detenido con un arsenal de 445 cartuchos calibre 223, usados para rifles AK47 y R15. Se dijo inocente y sin más recuperó su libertad.

En las elecciones de 2021, ya con Marko Cortés en la dirigencia, el PAN de nuevo postuló a El Kippi a la alcaldía. Fue derrotado por Gustavo Contreras Medina, en cuya administración –debe decirse– nadie perturbó la tranquilidad del panal Aguilar Acuña. 

Prueba de que la delincuencia está en todas partes no sólo en Morena, por el homicidio de Franco Lárraga también fue detenido José Guadalupe Aguilar Acuña, Pepelupe, hermano de El Kippi, en cuya casa las autoridades hallaron armas y un leopardo enjaulado.

Caciques inextirpables como cáncer del poder, al igual que El Kippi Pepelupe fue alcalde de Tancanhuitz (2012-2015), en su caso por el PRI, y su pareja, Limbania Martell Espinosa, es regidora por Morena en la capital potosina, mientras que el hijo de ambos, Alejandro Aguilar, está prófugo acusado junto con su padre y su tío del asesinato del munícipe morenista.

Tiene sentido, a la luz de este podridero, preguntarse cuántos casos similares a los de Tancanhuitz existen en nuestro país. 

Cómo explican las autoridades electorales la impunidad de políticos-delincuentes y la postulación de estos por los partidos.

Si en tiempos de la 4T seguirá siendo más difícil poner un puesto de chicles que registrar una asociación delictuosa con parapeto de partido.

Y, si en enero veremos a los políticos de siempre, a los amigos de Calderón, Zavala y García Luna, los Chuchos Zambrano y Ortega, los Acosta Naranjo, Ruiz Massieu y una punta de vividores de la política notificándoles a las autoridades su interés seguir en las mismas.

O, peor, si como siempre el enjambre de políticos hampones y sinvergüenzas –alcaldes, regidores, diputados, senadores, gobernadores—recuperará su libertad en los tribunales.

Porque en tal hipótesis, ni el Niño Dios podrá ayudarnos. 

RESCOLDOS

¿Quién le teme a Donald Trump? El presidente electo de Estados Unidos amenazó con imponerles aranceles a los 28 países de la Unión Europea. ¿La causa? Un déficit comercial gringo de 209 mil millones de dólares. La advertencia busca obligar a la UE elevar sus importaciones de combustibles de EU. Pero dibujó a un Trump más bien desquiciado, en pie de guerra contra el mundo; de China y Canadá a México y Europa toda…

Ver para creer. En el PAN se inició el proceso de reforma estatutaria tendiente a fortalecer este partido. Arrancó con una linda y memorable estampa: los jefes del Cartel Inmobiliario en el presídium. “Somos el PAN, siempre por la defensa de México”, expresó el dirigente Jorge Romero…

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a los remotos lectores de esta columna!

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.

Aurelio Ramos Méndez

Layda Sansores tiene que ser destituida del gobierno de Campeche de modo expedito. Algún procedimiento jurídico debe haber para que esto suceda –no es asunto de leyes sino de voluntad política–, ante la complicidad manifiesta de la mandataria con su secretario de Desarrollo Económico, el presidiario Jorge Luis Lavalle Maury, verdadero coleccionista de causas penales por corrupción, lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Incurren en lamentable error la Presidenta Sheinbaum y la lideresa de Morena, Luisa María Alcalde, entre otros funcionarios y dirigentes políticos que defienden la libertad sin taxativas de Sansores para nombrar a sus colaboradores, y eximen de responsabilidad al partido respecto al desempeño de los funcionarios emanados de sus filas.

En el colmo del desatino, tanto la Jefa del Ejecutivo como la dirigente morenista se han abstenido de ordenar una investigación, en sus respectivas esferas de competencia, acerca de los motivos del fichaje de un individuo con brazalete de geolocalización porque se halla bajo arresto domiciliario y se teme que escape de la justicia.

Resulta insuficiente y aun contradictorio y desconcertante que la Presidenta haya dicho que ella no hubiera invitado a Lavalle, pues también apuntó que el reclutamiento de este pájaro de cuentas involucrado por Emilio Lozoya en el caso Odebrecht y en la compra de senadores del PAN para apoyar la reforma energética de Peña Nieto “es una decisión de Layda”. 

Semejante deslinde fue un vigoroso apoyo a la palmaria cómplice del convicto. Apoyo al cual se sumó Alcalde, quien expresó que “la gobernadora es extraordinaria… Layda tiene toda la vida en Morena”. 

Consideró que la hija de quien fue líder nacional del PRI, Carlos El Negro Sansores, tomó la decisión del nombramiento “con la responsabilidad que conlleva”, aunque a la vez reafirmó “nuestro respaldo a nuestra gobernadora, que ha sido consecuente siempre”.

El espaldarazo fue inequívoco, si bien la exsecretaria de Gobernación tuvo el acierto de indicar un camino para evitar mayor daño al gobierno, Morena y la 4T toda. Hizo notar que dentro de Morena “existe la posibilidad de presentar un recurso de inconformidad a través de la Comisión de Honestidad y Justicia”.

Y hasta desbrozó el sendero:

“En caso de que alguna persona integrante del partido considere que la decisión va en contra de los estatutos, podría recurrir a la instancia para resolver la situación. Eso siempre ha sido lo mejor”.

Sobre Lavalle pesan graves acusaciones que de tan copiosas y verosímiles no necesitan cursar todas las instancias judiciales para ser validadas y, por consiguiente, punibles, tanto en su caso como en el de Sansores.

La sucesora de Alito en el gobierno de Campeche debe ser inducida a solicitar licencia de su cargo o, de mediar resistencia, destituida de plano vía el juicio político, y adicionalmente expulsada de Morena, merecida sanción política por el grave daño reputacional que su conducta ha causado.

Una de las acusaciones en contra del ahora alto funcionario campechano corrió por cuenta de quien fue su hombre de confianza en la Cámara alta, Rafael Caraveo, balconeado en 2020 mediante un video recibiendo un montón –no es figuración, es descripción– de fajos de billetes, en la penumbra de un estacionamiento. 

Al ser pillado, Caraveo confesó que cumplió encargos del entonces senador del PAN, quien habría ordenado que le fuesen entregadas en total ¡15 maletas con millones de pesos!

El caso Odebrechet y los archimillonarios sobornos a legisladores del blanquiazul para que votaran la hoy abrogada reforma energética son sólo dos de numerosos episodios de corrupción protagonizados por Lavalle.

Ringlera de delitos respecto a los cuales no se requiere perspicacia para presumir, con fundada razón, el involucramiento de la gobernadora, a juzgar por la ardorosa defesa que ella hace de su impresentable paisano.

Y que, por añadidura y con rigurosa concatenación, lleva a suponer si no complicidad sí responsabilidad política de la Presidenta y la dirigente de Morena, a menos que en vez de cohonestar pillerías contribuyan a remover el cochambre de la vida pública.

Lavalle ha sido exonerado de las acusaciones en su contra; es inocente, está cometiéndose con él un acto de injusticia, dictaminó mentirosamente la gobernadora, al término de un acto con trabajadores de limpieza del Senado. 

Ni una palabra dijo acerca de por qué si entre los requisitos de contratación para los burócratas más modestos, trabajadores de limpieza o auxiliares de oficina, está la presentación de constancia de antecedentes penales, ella contrató sin más a un individuo con fama de ladrón, sujeto a proceso, preso en su mansión y con brazalete de seguridad.

Sansores no puede refugiarse en las facultades de su cargo ni en la soberanía de su estado para proteger bajo el alero del gobierno a delincuentes, pillos que llevan sobre la espalda, como mochila con piedras, incontables causas penales.

La Presidenta, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el presidente del Senado –guardián del Federalismo—, Gerardo Fernández Noroña, y la dirigente de Morena no deberían soslayar su responsabilidad en la procuración de sanciones penales o políticas a los corruptos.

El desafío de Layda y la pasividad de la Jefa del Estado y la lideresa del partido en el gobierno constituyen una invitación a los deshonestos para esconderse en el sector público. 

Y, hacen añorar los tiempos en que los mandatarios estatales por lo menos reparaban en el fulminante poder presidencial antes de cometer tropelías.

BRASAS

El gobierno federal encubre al responsable del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva y construye una “verdad jurídica” en torno de ese hecho, la cual permitirá a las autoridades cerrar el caso.

Esta calenturienta aseveración fue publicada en El Financiero, del modo más ligero, sin la menor prueba, a propósito de que este domingo se cumplieron dos años del condenable ataque.

Semejante volada puede leerse empero como obvia alusión a una posible venganza de Carlos Salinas de Gortari, interesado –¡cómo no!– en crear un clima de inestabilidad y crisis política similar al que en 1994 sepultó a su gobierno. 

En la columna Estrictamente Personal se dijo que la responsabilidad de la agresión se ha limitado a los presuntos autores materiales, sin autor intelectual, y que la investigación conduce al Cartel Jalisco Nueva Generación, pero soslayando otras hipótesis.

La más importante, que no fue un atentado relacionado con el narcotráfico sino uno de carácter político por las críticas de Gómez Leyva al presidente López Obrador.

En una hilarante volada autorreferencial, el columnista cita dos hipótesis dejadas de lado:

Una investigación del Centro Nacional de Inteligencia, según la cual el atentado lo ordenó “un militante de Morena –en ese entonces diputado federal–, que actuó por iniciativa propia pensando que le haría un favor” a Amlo.

Este legislador –según la delirante elucubración– tenía conexiones con la Familia Michoacana, grupo que le facilitó los contactos de una célula criminal, la cual se habría encargado de hacer ese trabajo.

La otra hipótesis, surgida de “otras áreas de inteligencia civil”, apuntaba a “un sospechoso en el Senado”, donde “uno de los líderes de Morena, molesto por la indiferencia de López Obrador hacia él y la forma cómo después de utilizarlo lo marginó”, buscó crear “un clima de inestabilidad”, “una crisis política” que afectara al tabasqueño.

Inestabilidad y crisis de cuya instigación algo deben saber el Presidente 1988-94 y los suyos.

El senador –dijo el periodista– fue llamado a Palacio Nacional tiempo después y “salió con una docilidad insólita”.

No necesitó ponerle nombre y apellidos a su mafufada para dar a entender que tal “sospechoso” es zacatecano, preside la cámara baja y libra un pugilato con Adán Augusto López. 

La vileza del columnista no tiene límites. Llegó al extremo de sostener, sin la más tenue prueba, que en el mismo diciembre del ataque “López Obrador dio instrucciones de que no se investigara más el crimen”.

¡Y pensar que se dicen amigos de Ciro quienes propalan semejantes invenciones para enmarañar el caso! 

Como diría el periodista a quien lo salvó el blindaje 7 de su camioneta: “Eso no se le hace a un amigo”.

***

Como en el chiste sobre cretinos, malamente aplicado a los argentinos, el mejor negocio del mundo sería comprar al abonero Ricardo Salinas Pliego en lo que vale y venderlo en lo que cree que vale.

Este “empresario”, cuyo mayor orgullo es creerse insuperablemente rico y burlarse de los pobres, está viendo desplomarse su imperio económico debido a sus trácalas en México y Estados Unidos.

El destino empresarial de Salinas Pliego a nadie le importaría, de no ser porque, despreciado en el mundo de los negocios, se ha tomado en serio la idea de que puede convertirse en el Milei mexicano.

“Ya nadie quiere hacer negocios con él”, dijo, refiriéndose al concesionario de TV Azteca, el influenciador Jorge Gómez Naredo, que se ganó así una catarata de improperios de quien en realidad es sólo artífice de tejemanejes al amparo del poder público.

En un solo día, la semana pasada, el saldista perdió la mitad del patrimonio –quedó en cuatro mil millones de dólares—que ha forjado como testaferro de otros Salinas, el expresidente Carlos y su hermano narco, Raúl, entre otras bellas personas.

Sin la formación económica ni la vena política, la capacidad retórica y la audacia del presidente argentino, nuestro Milei ya enseñó el cobre.

En el choque con Gómez Naredo exhibió su condición de ladrón del talento ajeno, plagiador de ideas políticas, imitador del ultraderechista gaucho.

Ajeno a la certeza de que Milei hay sólo uno, saturó un mensaje suyo con el rosario de insultantes frases autoría del huésped de la Casa Rosada:

“¡Zurdos de mierda!”, “¡Comunistas!”, “puñito de feos fracasados…” Y se ufanó de que “las fuerzas del cielo me favorecen”.

También radicalizó su discurso: 

“Ser socialista, comunista, colectivista es vivir en la obscuridad. Son seres malignos en carne y hueso, resentidos, fracasados, atormentados, inútiles; incapaces de generar dinero, simpatía o algo bueno para el mundo (…) Resentidos socialistas a los que me he propuesto a sacar (sic) a patadas y regresarlos a donde pertenecen”.

¡Debería cobrarle derechos de autor el Milei real al impostor mexicano! Porque a éste sólo le faltó empuñar a modo de metralleta una motosierra, como hace su patético arquetipo.

RESCOLDOS

Convicto de ¡34 delitos! y con fama de rufián, Donald Trump fue declarado Personaje del Año por la revista Time. La justificación fue un sofisma: ganó la elección presidencial. Deplorable exaltación de los peores antivalores y la degradación del ser humano por un medio de comunicación que debería ser luz y faro de la extraviada sociedad norteamericana…

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista.