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Como parte de la doble titulación -europea y mexicana-, de la maestría en Derecho Judicial que imparte actualmente el Poder Judicial del Estado en conjunto con la Universidad de Perugia, Italia,  los estudiantes realizarán en septiembre de este año una estadía profesional en esa casa de estudios, una de la instituciones más antiguas y prestigiosas de Europa, fundada en el año 1308. 

En entrevista, el doctor Roberto Cippitani, presidente del Comité Académico de la maestría, profesor y titular de la cátedra Jean Monnet, informó que además de conocer personalmente a los catedráticos, los alumnos intercambiarán experiencias no solo en el ámbito académico sino profesional con visitas a la Escuela de la Magistratura italiana y otros tribunales para que puedan conocer mejor cómo funciona el sistema judicial italiano, señaló.

El investigador asociado al Consejo Nacional de Investigación de Italia y autor de innumerables obras, quien estuvo en Oaxaca durante una semana para impartir una conferencia magistral, clases presenciales como docente del módulo “Derecho, Ciencia y Tecnología” y tener encuentros con estudiantes, resaltó los resultados positivos que ha obtenido la maestría. 

“Los jueces son operadores del derecho, son los intérpretes más importantes, más calificados, deben tener una capacitación especializada y actualizada en otros temas que les puedan servir como el respeto a los derechos humanos”, indicó.

Detalló que otros los docentes, entre ellos Stefania Stefanelli y un importante historiador impartirán próximamente cátedra en la entidad, dentro del plan de estudios de la maestría que hoy es una realidad por iniciativa del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, en su interés de formar a una nueva generación de juzgadores y convertir a Oaxaca en el centro de referencia internacional de derecho judicial.

Estos estudios de posgrado garantizarán la estabilización profesional a las y los egresados, les dotará de una visión internacional de la problemática que implica la impartición de justicia y una sensibilidad más desarrollada.

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Las medidas cautelares tienen como objetivo que la persona imputada, es decir quien se encuentra en medio de algún proceso penal o bien una investigación, no evada a la justicia, asista a sus audiencias, no obstaculice los procedimientos, ni ponga en riesgo a la víctima o víctimas, así como a las pruebas, informó la maestra Martha Elena Castillejos Sánchez, visitadora en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.  

Explicó que Código Nacional del Procedimientos Penales establece 14 medidas cautelares distintas, entre ellas la prisión preventiva, la cual consiste en privar de forma temporal a un individuo de su libertad y se aplica en ciertos delitos que así lo ameritan y solo en los casos en que es necesario, cuando ya no hay otra medida que pueda garantizar los riesgos procesales.  

En entrevista para el programa de televisión “Son mis derechos”, una producción del Poder Judicial del Estado, en coordinación con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), en el cual se abordan temas de relevancia relacionados con el acontecer actual de la justicia, la jueza de Control y Enjuiciamiento con licencia, resaltó que llevar un proceso penal en libertad no significa que el imputado no vaya a ser sentenciado. 

“Como jueces debemos respetar el principio de presunción de inocencia y los derechos humanos hasta que se compruebe su culpabilidad ante un tribunal en juicio oral y se declare firme la sentencia”, puntualizó tras indicar que las y los juzgadores al imponer una o varias de las medidas cautelares deben realizar un análisis de cada asunto, antes de determinar la aplicación de la prisión preventiva.

La maestra Martha Elena Castillejos Sánchez señaló que las y los jueces tienen la obligación de respetar los derechos de las partes, los principios constitucionales y los principios del Sistema Acusatorio; por lo cual, las medidas cautelares son instrumentos jurídicos que garantizan la efectividad de las decisiones judiciales.  

Con la participación de magistrados, magistradas, jueces, juezas, facilitadores, directores de área y académicos, el programa “Son mis derechos”, se transmite los días miércoles, de manera quincenal, de 19:00 a 20:00 horas por el canal 9.1 de la CORTV, con repeticiones el martes a las 17:00 horas y sábado a las 12:00 horas.

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Toda persona que tenga en trámite algún asunto jurisdiccional y dudas de los servicios que brinda el Poder Judicial del Estado respecto a juzgados o áreas administrativas, puede dirigirse al Centro de Respuesta Inmediata, Justiciatel, al número telefónico 800 719 22 32, donde personal especializado le dará atención y seguimiento a su caso, afirmó el director de esa área, licenciado César Martín Cervantes Hernández. 

Señaló que Justiciatel ha sido de gran apoyo durante la contingencia sanitaria ya que además de otorgar orientación, los ciudadanos pueden reportar situaciones como afectaciones en el desarrollo de los procesos, rezago en la fecha de audiencias o para dictar sentencia y hasta irregularidades en los procedimientos o trato poco digno. 

“En el caso de estos temas que son complejos se llevan un poco de tiempo, pero en general la mayoría de las llamadas se resuelve en el mismo día, explicó Cervantes Hernández tras enfatizar que esta área se encuentra trabajando de manera ininterrumpida para la atención de la sociedad como lo ha establecido el titular del Poder Judicial, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez.

De acuerdo con estadísticas del área, en los meses de enero y febrero de este año se ha dado atención a 497 asuntos y entre los casos tramitados con mayor frecuencia se encuentran: guarda y custodia, alimentos, régimen de convivencia, recuperación de menor, separación de cónyuges, divorcio incausado, equiparación a la violación, abuso sexual, homicidio y lesiones.

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El titular del Poder Judicial del Estado, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, tomó protesta como integrante del Consejo Estatal para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, organismo que conforman un conjunto de dependencias públicas y organizaciones civiles, comprometidas a colaborar en la construcción de un Oaxaca libre de violencia en los hogares.

Entre las acciones prioritarias a desarrollar por este Consejo, está el de establecer las bases y procedimientos para la asistencia y prevención de la violencia familiar en la entidad, a través de acciones que permitan salvaguardar la vida, la libertad, la integridad personal, psicológica, sexual y patrimonial de la familia, mediante la prevención, atención y tratamiento de la violencia familiar y favorecer el establecimiento de medidas de tratamiento y rehabilitación a personas generadoras de la misma.

Frente a la inminencia del riesgo en las situaciones de violencia, las órdenes de protección representan una estrategia para evitar daños mayores a la integridad y seguridad personal de las mujeres, y en su caso, de las y los hijos.  Son una herramienta jurídica que se utilizó por vez primera en los Estados Unidos de Norteamérica en 1979 y que representó una solución inmediata para mujeres víctimas de violencia, principalmente en el ámbito familiar.

Actualmente, diversos instrumentos normativos prevén las órdenes de protección, entre ellos destaca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus similares en las entidades federativas; así como en Códigos Civiles, familiares y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras.

Como parte de su labor y con el propósito de articular las acciones y políticas institucionales en materia de igualdad, el Poder Judicial del Estado, a través de la Unidad de Igualdad de Género, ha desarrollado acciones para conocer el proceso de emisión, seguimiento, así como la obligatoriedad de las Órdenes de Protección, registrándose estas en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim). 

 El Consejo Estatal para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar fue instalado recientemente por el gobernador Salomón Jara Cruz. 

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La Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), única en el país, cumple este uno de marzo siete años de funcionamiento y de tutelar los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades originarias, ya que al ser Oaxaca un estado multicultural, como parte de sus atribuciones conoce de los asuntos relacionados con las resoluciones de las autoridades e inconformidades que deriven de los sistemas normativos internos.

Al participar con una ponencia en el Segundo Encuentro del Observatorio Latinoamericano de Sistemas Normativos Indígenas, el presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, puntualizó desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha reconocido a las localidades como sujetos con personalidad jurídica y derechos para avanzar en la construcción de una verdadera equidad y justicia social. 

Desde esta interpretación, explicó, se abordan asuntos como la autonomía hacendaria; la obtención del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), que marcó un importante precedente en el país; los límites de la justicia indígena para no vulnerar los derechos humanos e inconformidades que se susciten en los procesos de consulta, entre otros. 

En su ponencia, donde estuvieron presentes autoridades municipales de Santiago Matatlán, San Bartolomé Quialana, Santa Cruz Papalutla, Santiago Tlazoyaltepec, San Juan Guelavía y representantes de la Universidad Politécnica de Nochixtlán, así como representantes de instancias en materia electoral, el presidente de la Sala de Justicia Indígena, compartió algunas experiencias de la Sala en diferentes casos.

El magistrado Cordero Aguilar resaltó que el tema del derecho al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas es uno de los que ha arropado la Sala de Justicia Indígena en el marco jurídico y que ha colocado en la agenda judicial del más alto nivel, al igual que la falta de diseños normativos suficientes y políticas públicas para que se responda al principio de la pluriculturalidad, ya que, a pesar de los avances, México sigue actuando como un país monocultural, enfatizó.

El Poder Judicial del Estado, es la única institución en el país, incluso en toda Latinoamérica que cuenta con una Sala de Justicia Indígena, lo que ha fortalecido la legitimidad constitucional con la que cuentan los pueblos originarios y la vigencia del pluralismo jurídico.

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Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 28 de febrero de 2023.-En el marco del Séptimo Aniversario de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado y como parte del Seminario Permanente “En los surcos de la justicia indígena local y global”, el Poder Judicial del Estado invita a la presentación del libro “Los múltiples rostros de la ciudadanía”, de la autoría del doctor Víctor Leonel Juan Martínez, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología (CIESAS Pacífico Sur).

La actividad se realizará este miércoles uno de marzo del año en curso, a las 10:30 horas, en la Casa de la Ciudad, ubicada en la calle Porfirio Díaz número 115, esquina con Morelos, en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez. 

El texto, será comentado por el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, presidente de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado; la académica maestra Gloria Zafra, del Instituto de Investigaciones Sociológicas UABJO (IISUABJO) y el especialista Miguel Ángel Vásquez de la Rosa, de la asociación civil Servicios para una Educación Alterativa A.C. (Educa).

“Los múltiples rostros de la ciudadanía”, narra la presencia de múltiples culturas en México, que reflejan una diversidad de identidades, políticas, culturales, sociales y territoriales, que a la vez generan una pluralidad de sistemas jurídicos para regular a la vida en comunidad, reflejando como la ciudadanía tiene múltiples rostros: indígena/colectivo/comunitaria; individual/liberal; agraria/comunal. 

El Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en la administración del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, ha mantenido un importante vínculo con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, lo cual genera sinergias en temas de trascendencia para el estudio del Derecho desde sistemas de deconstrucción monista.