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CONTRAFUEGO || Gobernadores y reos sin nombre

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Aurelio Ramos Méndez

Analizado como “caso central” para la elaboración del polémico Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el estado de violencia inaudita registrado en Coahuila entre 2009 y 2016 exige del gobierno federal –al margen de la aceptación o no del reporte— investigación a fondo y sin el menor resquicio para la impunidad.

Exige indagar, sobre todo, el rol de los gobernadores sucesivos de 2005 a 2017 de esa entidad federativa, los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdez, concretamente en la desaparición de unas 2 mil 210 personas.

El imperativo de investigación deriva de afirmaciones –por su boca muere el pez– formuladas por el actual coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, el 3 de febrero de 2015, en Ginebra, ante el Comité contra la Desaparición Forzada, de la ONU.

Ese día el mandatario presentó al Comité la Ley de Ausencia por Desaparición Forzada, entonces recién aprobada por el congreso coahuilense. “En esta reunión de trabajo Coahuila dejó una grata impresión”, se ufanó ese mismo día en un boletín de prensa de su gobierno.

Informó que la administración del presidente Enrique Peña Nieto impulsaba una ley de alcance nacional sobre desaparición forzada, la cual contendría un capítulo relativo al concepto de “declaración de ausencia”, semejante al de Coahuila, estado “que avanzó mucho en ese sentido”.

Indicó que en la norma coahuilense “no se quiso eliminar la posibilidad de que una persona estuviera en una prisión cuando se le mantiene como desaparecida”, y al explicar la causa, develó lo que por lo visto fue una anomalía ordinaria aquellos años y hoy motiva una catara de interrogantes.

“Porque en México no existe cédula de identidad… Entonces, cuando una persona es detenida en flagrancia puede dar otro nombre y puede que nadie de su familia sepa que está presa”, dijo Rubén Moreira.

De cara al informe del Comité de la ONU –atinadamente rechazado por el gobierno federal “por tendencioso y falto de rigor jurídico”, y cuya intención ultima es darle oxígeno a la enclenque oposición doméstica, a costas de la imagen internacional de México— y lo dicho por Moreira, van algunas preguntas:

¿Cuántos “detenidos en flagrancia”, que dieron otro nombre, fueron encarcelados durante su gobierno, y de paso el de su hermano Humberto? 

¿Por la comisión de cuáles delitos habrían sido detenidos en flagrancia, robo famélico de un bolillo, narcotráfico, secuestro, robo a banco, homicidio?

¿Qué previsiones tomaron los gobiernos de los Moreira para evitar que fiscales o policías corruptos consignaran a inocentes, bajo la falsa pero inapelable acusación de la detención en flagrancia?

¿Era de verdad complejo y costoso, una misión imposible para el gobierno de Moreira, indagar la identidad de los detenidos bajo nombre falso, antes de que fueran sentenciados o remitidos a esa especie de fosa común penitenciaria que es la prisión preventiva, en la que se hallan sin sentencia, muertas en vida, decenas de miles de personas en todo el país?

¿Cuántos de esos “desconocidos”, detenidos “en flagrancia”, corrieron peor suerte y fueron entregados a grupos delictivos, en calidad de reclutados para el sicariato o trabajos forzados, o peor aún fueron asesinados por agentes corruptos del estado o por francos delincuentes? 

Y, ¿cuántos detenidos en tales condiciones siguen en la cárcel veintiún años después de que iniciaron los sucesivos gobiernos de los hermanos, en 2005? ¿Cuántos y quiénes pasaron del separo a la tumba?

Si Rubén Moreira inició una ley y hasta llevó este asunto a la ONU, es obvio que conoció del tema y que se trató no de uno o dos casos, sino de un fenómeno extendido en la entidad que él gobernaba… 

¿Qué hizo para evitar que personas “anónimas”, sin identidad comprobada, terminaran en cárceles estatales o municipales, en fosas o simplemente “desaparecidas”, y qué hicieron los gobiernos federales?

¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Sabían de esta aberración los alcaldes y funcionarios estatales, ministerios públicos, jueces y magistrados, y las autoridades federales?

Y, lo más preocupante, ¿en cuántos y cuáles otros estados los gobernadores han incurrido en prácticas semejantes a las que Rubén Moreira –y presumiblemente su hermano Humberto—consintieron u ordenaron ejecutar en Coahuila?

Para la elaboración del informe que, entre odas a la colaboración, el estado de derecho y los compromisos internacionales, desliza la amenaza de llevar el tema a la Corte Penal Internacional –y poner a México en el ojo de un escándalo mediático mundial–, fueron “analizados” los casos de otros ocho estados:

Jalisco –puntero nacional en desapariciones–, Guanajuato, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Morelos. Real muestrario de pluralidad partidista.

Coahuila, sin embargo, tiene un cogollo por demás interesante: 

A la explicación del Comité acerca de cómo policías estatales y municipales ejecutaron detenciones arbitrarias –¡secuestros!– y entregaron las víctimas a la delincuencia organizada, se añade la revelación del entonces gobernador sobre la factibilidad de que las prisiones estén llenas de presos sin nombre o con identidad enigmática.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas estima que entre 2010 y 2021 en ese estado ocurrieron 3 mil 683 desapariciones, 60 por ciento de las cuales –los 2 mil 210 referidos—habrían sucedido en el lapso analizado por el comité de la ONU; es decir, entre 2012 y 2016.

O sea, durante los gobiernos sucesivos de los hermanos Moreira, incluido el interinato de once meses, enero-noviembre de 2011, de Jorge Torres López. Todos priistas.

Las restantes mil 473 desapariciones –40 por ciento del referido total de 3 mil 683– habrían acaecido en 2010 y 2011—con Humberto Moreira en la gubernatura y Felipe Calderón en la Presidencia—, no comprendidos en el lapso materia de estudio del comité. Y en 2017 –Rubén Moreira y Enrique Peña Nieto–, tampoco incluido en el análisis de aquel grupo de trabajo.

Una parte residual de ese 40 por ciento, habría sucedido durante los gobiernos estatales de los priistas Miguel Ángel Riquelme y Manolo Jiménez, sexenio de López Obrador y lo que va del mandato de la presidenta Sheinbaum.

Remanente éste que, desde luego, también tiene que ser investigado como una obligación del Estado mexicano, sin que ello implique atender ni hacerle el caldo gordo al parcializado Comité del organismo internacional.

BRASAS

Una sucesión de gobiernos pusilánimes en varios estados ha privado durante medio siglo a los niños y jóvenes de esas entidades –destacadamente Oaxaca– del cabal derecho a la educación. ¿Cómo? Dándole indebida prioridad sobre este derecho a la libertad –impunidad—sindical, en perjuicio de los más pobres.

De cara a esta realidad, que además afecta a Guerrero, Chiapas, la Ciudad de México y Michoacán, y en menor medida Veracruz, Hidalgo, Zacatecas y otras entidades, el lema cuatroteísta Por el bien de todos, primero los pobres, debería ser matizado.

La cercanía del Día del Maestro y el inminente arranque del proceso para la renovación de 17 gubernaturas en 2027, ha detonado el pernicioso activismo de la CNTE –formada a finales de los 70—, que por añadidura trastorna la vida y la economía de ciudades enteras.

Los derechos, entendidos como herramientas para progreso social, han perdido razón de ser en el campo de la educación, donde priman los intereses corporativos del magisterio.

Una corporación que –por cierto–, en 50 años no ha alcanzado su objetivo original de democratizar el SNTE, y en cambio se ha convertido en jugoso modus vivendi de sus dirigentes, quienes han ocupado alcaldías, diputaciones, senadurías, puestos burocráticos estatales y federales, y otros suculentos huesos… 

El derecho a la educación está en la Constitución pero no cabalmente en la realidad. Y, en esencia, debería servir para la movilidad social de los sectores más vulnerables, excluidos del desarrollo por la pobreza. No ha sido así. 

El sindicalismo como negocio y la debilidad y pusilanimidad gubernamental han sido factores adicionales –tras de gordo, hinchado– que acentúan la pobreza, contribuyen al deterioro educativo y revictimizan a los pobres. 

Están enteramente normalizados los paros, marchas y mítines, el ausentismo de maestros vía abusivas prestaciones que incluyen cursos, talleres, días festivos, jornadas políticas, campañas electorales, eventos gremiales… 

¿Consecuencia? El cumplimiento a la mitad o menos del calendario escolar, para no hablar de la calidad de la enseñanza.

La prioridad otorgada a la CNTE ha sido elemento que ha contribuido al grave deterioro educativo. ¿Hasta cuándo?

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¿Si hay un potentado periodista que usa el pseudónimo de El abogado del pueblo, el cual a la luz de su ejercicio profesional le queda inmensamente grande, por qué Lenia Batres no podía registrar y usar, si le calza como un guante, el apelativo de La ministra del pueblo?

¡Bien por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa! Por medio de su Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual le enmendó la plana al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El Tribunal revirtió la resolución que le impedía a Batres registrar el sobrenombre con el cual, de manera legítima, desea ser reconocida.

Está por verse –le restan 13 años en el cargo– si el pueblo al que apela le adjudica, con aval jurídico o sin él, el remoquete; pero es imposible sostener que carece de derecho para registrar tal denominación.

Mal podía el IMPI negar la inscripción como marca de la autodesignación de Batres, si ha validado apodos tales como “Máynez Presidente de México”, “Yúnez Mi Senador”, “Diputado en línea”, o “Presidente”, el destilado que algunos tienen por alusivo a Felipe Calderón.

Agravia la memoria de Louis Brandeis –el original Abogado del Pueblo— el periodista que se hace llamar como el célebre juez de la Corte estadunidense defensor de las causas sociales, pues el título le queda más holgado que al cosplayer Calderón su camisola de militar.

Batres, en cambio, hasta ahora ha honrado la memoria del famoso juez promotor de la transparencia y defensor de la libertad de expresión –“el mejor desinfectante es la luz del sol”–, a quien no sólo el pueblo sino hasta The Economist le encasquetó una corona de laureles al considerarlo Un Robin Hood de la ley.

RESCOLDOS

Muy bien le fue a la presidenta Sheinbaum en Barcelona, donde participó en el encuentro de Movilización Progresista Mundial. Pronunció un discurso que fue bien recibido –el aplausómetro dio la medida–, en el cual, acendradamente juarista, abogó por la paz y el respeto entre las naciones. No quedó bien –al parecer tampoco lo buscaba—con la oposición, que criticaba a López Obrador porque era un mandatario de cabotaje, y a ella la critica por haber acudido a un encuentro dizque ni fu ni fa. En clave de chilena: “no hay silla que te acomode/ni reata que te detenga”.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

El derecho a incomodar

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Alberto Benítez Tiburcio

El fin de semana del 11 al 12 de abril de 2026, en Ciudad Juárez, dos artistas pintaron un mural satírico del alcalde. Una caricatura incómoda, exagerada, hiriente. Nada fuera de lo común en una democracia. La sátira siempre ha sido así: provoca, incomoda, irrita al poder.

La reacción fue inmediata. Detención. Borrado. Corrección. Los artistas salieron libres tras la presión pública. El mural desapareció. La explicación llegó después. El alcalde Cruz Pérez Cuéllar no negó lo ocurrido; lo ordenó dentro de una idea: “La libertad de expresión tiene un límite”.

La frase suena razonable. Justamente por eso inquieta. Los límites existen, pero no se construyen desde la incomodidad del poder, y menos desde la irritación de un presidente municipal. En una democracia constitucional, los fija la Constitución, que no está para proteger a quien gobierna, sino para limitar al poder y garantizar derechos fundamentales.

La libertad de expresión no es un adorno del sistema. Permite cuestionar, exhibir, incomodar. No fue diseñada para agradar, sino para tensar. Sus restricciones son excepcionales y responden a daños reales, no a molestias políticas. La burla, la exageración y la sátira forman parte de ese lenguaje incómodo que mantiene viva a una democracia.

Tiene, además, una doble dimensión que suele olvidarse: protege el derecho de quien se expresa, pero también el derecho de la sociedad a recibir información, a conocer críticas y a formarse una opinión libre sobre el poder. Cuando se limita la expresión incómoda, no solo se silencia a quien habla; se empobrece la conversación pública.

El problema aparece cuando el poder decide intervenir o acotar ese lenguaje, cuando intenta separar la crítica válida de la crítica intolerable. Ahí comienza el desgaste. Las democracias no caen de un día para otro. Se erosionan en silencios pequeños, en actos que parecen aislados, en decisiones que se justifican con facilidad. Primero se borra una imagen. Luego se inhibe la palabra. Después, la crítica comienza a marchitarse.

Ese es el verdadero riesgo: no el exceso de la crítica, sino la tentación de controlarla. Quien ejerce poder público no solo gobierna; se convierte en objeto de escrutinio, no por capricho, sino por necesidad democrática. La sociedad necesita vigilar al poder, y la libertad de expresión es el mecanismo que lo hace posible sin romper el orden.

Sin libertad de expresión no hay ciudadanía crítica. Sin ciudadanía crítica, no hay democracia. Porque cuando la libertad de expresión deja de incomodar, el poder deja de tener límites.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Impulsan PJEO y Fundación 100 X Oaxaca alianza institucional en favor de una justicia incluyente

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* Formalizaron Convenio de Colaboración para la organización de eventos académicos, congresos, seminarios, cursos de capacitación y la difusión de buenas prácticas 

Oaxaca de Juárez, Oax.,15 de abril de 2026.- Con el objetivo de impulsar acciones conjuntas que acerquen la justicia a la ciudadanía, especialmente a los sectores en situación de vulnerabilidad, la titular del Poder Judicial del Estado, magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez firmó un Convenio de Colaboración con la Fundación 100 X Oaxaca, representado por Ramón Velásquez Chagoya. 

El acuerdo contempla el desarrollo de programas y actividades orientadas al fortalecimiento del sistema de justicia, entre ellas la organización de eventos académicos, congresos, seminarios y cursos de capacitación; la difusión de información y buenas prácticas; así como la generación de convenios específicos que permitan brindar atención a quienes más lo necesitan. 

Durante el acto protocolario, en el que le acompañó la directora de la Escuela Judicial, Jessica Maribel Arango Bravo e integrantes de esta organización juvenil especializada en la formación profesional y la creación de proyectos sociales, la Magistrada Presidenta subrayó la importancia de sumar esfuerzos con la sociedad civil organizada para ampliar el alcance de los servicios institucionales y atender de manera más cercana a la población. 

Las autoridades coincidieron en que la justicia no puede construirse de manera aislada, sino que requiere la participación activa de la sociedad civil, el compromiso institucional y el trabajo coordinado. 

Artemisa y comunicación

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Carlos R. Aguilar Jiménez

Después que Estados Unidos ganara la carrera espacial contra los comunistas e impusiera en la luna su bandera en nombre de toda la humanidad, porque no creo haya alguna persona que no asuma como suyo, como humano, ese logro, al cumplirse la última misión del Apolo XVII, transcurrió más de medio siglo para que de nuevo una tripulación humana circunvolara la luna, y, si bien no alunizó porque el plan, la misión, era probar la nave, cohetes, instrumental y equipo, la NASA desde sus inicios ha sido transparente y sus sistemas de comunicación con el público están hasta en plataformas: Netflix, Amazon Prime o YouTube al alcance de todos, sin exageraciones, ideologías o adulaciones, describiendo únicamente lo que sucede y vemos, los hechos, obviamente guardando información tecnológica o de ingeniería avanzada.

Así, mientras la NASA informó al público de todo el mundo lo que hace, casi como lo realiza y muestra imágenes en vivo, a diferencia, el gobierno de México que lejos de comunicar, portarse serio e informar verídicamente lo que hace es atiborrar y saturar a todos con propaganda, publicidad y alabanzas a las instituciones oficiales, funcionen o no, porque de lo que se trata es de manipular el pensamiento de la gente a lo que les conviene, proclamando que México es el mejor país porque regala dinero a adultos y a mucha gente; tenemos los mejores Derechos Humanos, abasto suficiente de medicamentos, un aeropuerto mejor que los de Ámsterdam o Madrid y un sistema de salud superior al de Dinamarca, siendo en realidad un sistema tan inhumano que cuando me accidenté tuve que atenderme en hospital privado, sabiendo, por tristes experiencias anteriores, del burocrático servicio que ofrecen, que no es culpa de médicos ni enfermeras, sino de la falta de medicamentos y especialistas, laboratoristas, que atienden miles de pacientes.

Una mentira, si se repite millones de veces, es mentira, igual que el número de anuncios del gobierno por radio, plataformas y TV, no se convierte en verdad, porque una sola demostración objetiva que lo que se dice es mentira, se derrumba y, como sabemos, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, porque aunque algunos digan que la Tierra es plana, una sola imagen de la nave Artemisa demuestra su redondez, y así con hechos, cualquier enfermo que acuda a un hospital público puede desmentir la propaganda oficial o cualquier asaltado o extorsionado, lo mismo, igual que la gasolina no vale diez pesos, la carretera al Istmo, colapsada por un misero túnel, y una lista extensa de diferencia entre comunicación y propaganda, entre el ejemplo de lo que informa NASA y lo que pregona el gobierno.

La publicidad y propaganda, como saben los mercadólogos, no dice la verdad o realidad, sino argumentos para convencer a los clientes, ciudadanos, votantes o quien sea, que lo que ellos venden, ofrecen o dicen, es la verdad y nada más que la verdad y, cualquier que no esté de acuerdo debe ser excluido, condenado y enviado a la horca, como la inquisición, soviéticos, chinos, cubanos, coreanos y….     

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

CONTRAFUEGO || Odisea y barbarie

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Aurelio Ramos Méndez

La coyuntura no puede ser más absurda, descorazonadora y a la vez indignante.

Mientras parte del mundo festejaba la hazaña del sobrevuelo sobre la órbita de la luna por cuatro astronautas que a bordo de la cápsula Orión alcanzaron la mayor distancia de la Tierra jamás lograda por el hombre, el orate gobernante de la mayor potencia mundial amenazaba con aniquilar en una noche, en Irán, a una civilización entera.

Y en una circunstancia más cercana, igualmente exasperante y desmoralizante, la belicosa potencia se ufanó de otro hito asombroso, tristemente develado mientras los mexicanos seguían con el alma en vilo los esfuerzos de 350 rescatistas abocados a localizar e intentar salvarles la vida a cuatro trabajadores atrapados en el derrumbe de una mina de oro, en Sinaloa.

El gobierno del mandatario estadunidense consiguió ubicar –y luego rescatar– a un militar lanzabombas extraviado en Irán, en un desierto de mil kilómetros cuadrados cercado por inmensas montañas, mediante una herramienta secreta nunca antes usada, denominada Ghost Murmur –murmullo fantasma–, por el solo latido de su corazón.

“Si tu corazón late, te encontraremos”, es el lema de los creadores y operadores del referido instrumento de inteligencia, el cual –según el diario New York Post— utiliza la tecnología hasta ahora secreta llamada magnetometría cuántica para detectar desde kilómetros pulsaciones del corazón humano.

Explicaciones de científicos al rotativo detallan que la inteligencia artificial filtra las señales del corazón, los latidos, del ruido de fondo, hasta el punto de asemejarlos a “oír una voz en un estadio”. 

Oficial de sistemas de armas, el militar era uno de los dos tripulantes de uno de dos aviones gringos derribados por iraníes. En su rescate intervinieron, en diferentes tareas, 155 aviones.

El segundo tripulante del abatido caza F-15E Estrike Eagle era el piloto, quien había sido recuperado sólo unas horas después del derribo, en una operación en que participaron 21 aeronaves.

Refiriéndose al oficial de sistemas que estuvo 48 horas perdido y fue hallado por los solos tumbos de su corazón muerto de miedo, Donald Trump, escribió en las redes un mensaje rocambolesco:

“Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más con el paso de las horas, pero nunca estuvo realmente solo…

“En una impresionante demostración de habilidad y precisión, letalidad y fuerza, el ejército de Estados Unidos descendió sobre el área, la verdadera área, enfrentó al enemigo, rescató al oficial varado, destruyó todas las amenazas y salió del territorio iraní sin sufrir bajas de ningún tipo”. 

Refocilándose en este obsceno alarde de recursos para la muerte, señaló que el éxito de la misión dependió del subterfugio: aeronaves sobrevolaron de manera simultánea ¡siete ubicaciones distintas! para engañar a las fuerzas iraníes sobre el lugar real de la búsqueda.

Todo esto y más dijo el gringo deschavetado, como emulando al engañabobos de cantina del tango As de Cartón, aquel que para beber gratis narraba como propias hazañas y fenomenales combates ajenos, en los que él siempre jugaba un rol principal; pero en cuyo prontuario su mayor audacia consistía en haber sido ladrón de gallinas.

Trump afirmó que durante la misión el ejército estadunidense destruyó algunas de sus propias aeronaves, atascadas en la arena, en lugar de abandonarlas intactas. El propósito fue no arriesgarse a que Irán obtuviera información técnica.

“Las hicimos volar en pedazos porque teníamos equipos en los aviones que, francamente, nos habría gustado recuperar, pero no creo que valiera la pena pasar otras cuatro horas allí para retirarlos. Así que no queríamos que nadie supiera que tenemos el mejor equipo del mundo”, dijo.

Desde esta posición de fuerza y sobreabundancia de recursos bélicos, llevado quizá por su experiencia de negociante inmobiliario convencido de que para construir hay que derruir, amenazó con acabar en una noche todo vestigio de la civilización persa, no dejar piedra sobre piedra del imperio que Ciro II levantó hace más de 2500.

Tan preciso y avasallante fue el operativo, según Trump, que resulta incomprensible el temor de permanecer la eternidad de “otras cuatro horas allí”, y menos la amenaza de encarcelar a periodistas que publicaron detalles de la operación rescate, con el cuento de que pusieron en peligro la misión pues alertaron a los iraníes.

Su gobierno, anticipó, buscará al que filtró la información, y para ello detendrá periodistas para obligarlos a revelar sus fuentes o atenerse a ser encarcelados. “Tenemos que encontrar a ese filtrador, porque es una persona enferma”, dijo. 

Cualquiera que haya sido la realidad en el teatro de operaciones, ¡qué útil hubiera sido emplear los prodigiosos avances tecnológicos que envanecen a Trump en el heroico rescate de los cuatro trabajadores de la mina Santa Fe, atrapados 300 metros bajo tierra, en lugar de orientarlos al extermino y la aniquilación de una civilización!

El 25 de marzo una grieta en una presa de jales provocó una avalancha que llenó de piedras y agua los túneles de la mina. Veintiún trabajadores lograron salir y cuatro quedaron atrapados. Hasta el sábado pasado dos habían sido rescatados con vida y uno ya fallecido, y las brigadas de protección civil hacían esfuerzos denodados para salvar al cuarto minero…

En cuanto al regreso del hombre a la luna después de 53 años y el vertiginoso y exitoso retorno de la cápsula Orión a la tierra –tan sólo trece minutos, a más de 41 mil kilómetros por hora, montada en una bola de fuego con temperatura cercana a 3000 grados– sólo cabe el asombro.

El contaste de este viaje alucinante no puede ser más absurdo, indignante y aterrador, frente a los fines en última instancia bélicos de las misiones espaciales de EU. 

Y, peor aún, con las pulsiones más primitivas del troglodita gobernante de la primera potencia, a quien no lo maravilla la apertura de nuevos mundos y horizontes para la vida sino el exterminio. 

BRASAS

Merece aplausos atronadores el Papa León XIV, que sin aspavientos ha hecho valer ante su paisano el presidente de EU la abismal diferencia de representatividad de cada uno, y no se ha dejado amedrentar ni siquiera por el Pentágono.

Con su posición frente al furor bélico del mandatario norteamericano, el Pontífice, de paso, ha puesto en un predicamento tanto a la jerarquía católica como a la derecha ultramontana de nuestro país, que en su mayoría admiran a Trump hasta la adoración.

El martes pasado (3) el primer Papa nacido en Estados Unidos declaró que las amenazas de su gobierno a Irán son “inaceptables”, la guerra contra esa nación, injusta, y atacar infraestructuras civiles contrario a las leyes internacionales. 

Fue un franco desafío al huésped de la Casa Blanca, quien en enero ya había amenazado al vicario de Cristo por medio del Pentágono.

De acuerdo con el medio digital El Español, el subsecretario de Defensa de EU, Elbridge Colby, convocó a una reunión privada al cardenal Christophe Pierre, entonces nuncio apostólico en EU, para expresarle el malestar de su gobierno ante la posición de León XIV frente a la política exterior trumpista.

Según el diario, Colby le advirtió a su interlocutor que EU “dispone del poder militar que le permite hacer lo que quiera en el mundo”, y deslizó que a la Santa Sede “más le vale” alinearse con Washington.

León XIV había formulado una serie de declaraciones contrarias a medidas del mandatario, desde su ascensión al pontificado, en mayo de 2025. 

El martes, tras la delirante advertencia de Trump de que aniquilaría a una civilización entera, alzó la voz para señalar:

“Hoy, como todos sabemos, ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto verdaderamente no es aceptable: aquí hay claramente cuestiones de derecho internacional y mucho más.

“Y quisiera invitar a todos a pensar, con el corazón, verdaderamente, en tantos inocentes —tantos niños, tantos ancianos—, totalmente inocentes, que serían ellos también víctimas de esta escalada bélica.

“Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes ante la muerte de miles de personas. Ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos. 

La Conferencia de Obispos Católicos de EU, por medio de su presidente Paul S. Coakley, también interpeló a Trump, en línea con el jefe máximo del catolicismo:

“Hago un llamado al presidente Trump para que se aleje del precipicio de la guerra y negocie una solución justa en aras de la paz y antes de que se pierdan más vidas”, pidió el prelado.

¿Se atreverá Trump, desde su exiguo 38 por ciento de aceptación en las encuestas, a ningunear al líder de 1400 millones de almas?

Por lo pronto, de la iglesia católica mexicana no se ha escuchado ni una sola palabra en los medios ni en el púlpito sobre los desafueros del mandamás gringo. ¿Será que a diferencia del Papa y como el grueso de nuestra primitiva derecha, respalda el frenesí bélico de este magnate desquiciado?

RESCOLDOS

No cayó bien entre la comentocracia la manifestación de la presidenta Sheinbaum relativa a que, “pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México”. Ni modo, mala tarde. Porque tiene razón la jefa del Estado. Habló al anunciar en Morelos que el gobierno federal ha realizado condonaciones de deuda y quitas sobre créditos de vivienda del Fovissste y el Infonavit, en beneficio de cinco millones de familias. Familias que cayeron en insolvencia porque “créditos de 70 mil pesos se convirtieron en créditos de 700 mil”, dijo la mandataria. La contratación de esos créditos fue hecha de tal manera que cinco millones de familias tienen este problema, los adquirieron de buena fe y se convirtieron en deudas impagables”.

¿Dónde están los organismos de defensa de los derechos humanos de las mujeres? ¿Se habrá percatado alguno de estos membretes de la grosera, irrespetuosa y altanera crítica del escritor y líder de la derecha, Héctor Aguilar Camín, a la ministra de la Corte María Estela Ríos, a propósito de un comprensible lapsus que le impidió explicar aspectos relacionados con el derecho a la propiedad? Cuando se trata de servidoras públicas del gobierno cuatreísta, ¿todo vale?

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Salomón Jara: El hijo ingrato de Oaxaca

Carlos Eduardo Martínez Vigil

Hay carreras políticas que se explican por la vocación de servicio. Otras, por la disciplina y el mérito.Luego está la de Salomón Jara: una biografía construida en la fricción, en el chantaje como método y en la protesta como forma de vida. Durante años, su oficio no fue gobernar, ni legislar, ni siquiera proponer. Fue bloquear carreteras, cerrar oficinas, presionar gobiernos. Un gestor del conflicto que aprendió, como tantos en Oaxaca, que el desorden también paga, siempre que se administre con suficiente descaro y persistencia.

Ese fue su origen político y terminó definiendo su destino. Antes de su paso por el Senado, Jara transitó por cargos partidarios sin mayor brillo. Siempre en la misma lógica: operación política rudimentaria, control territorial, lealtades construidas a partir de la presión y no de la confianza. No hay en su trayectoria una sola política pública relevante, una sola iniciativa de fondo, una sola evidencia de capacidad técnica. Solo sobrevivencia.

En el Senado y en la Cámara de Diputados, la historia no cambió. Fue una presencia marginal, un legislador sin agenda, sin voz y sin resultados. Un asiento ocupado, nada más. Mientras otros construíanperfiles, él acumulaba silencios. Sin embargo, ese vacío fue suficiente en una época donde la cercanía al poder central vale más que cualquier hoja de vida.

Su paso por el gobierno estatal, en la administración de Gabino Cué, fue más revelador. Ahí comenzaron a acumularse críticas serias: subejercicio presupuestal escandaloso, sospechas de peculado, señalamientos por desvios de recursos públicos con fines personales. Un patrón que no era nuevo, pero que empezaba a volverse inocultable. No se trataba de errores administrativos: era una forma de entender el poder. El dinero público como herramienta de control y patrimonio personal, no como instrumento de desarrollo.

Pero en la política mexicana contemporánea, la lealtad es la moneda de mayor valor. Jara supo administrarla mejor que nadie. Su cercanía con Andrés Manuel López Obrador por azares del destino, le abrió la puerta que su trayectoria y capacidad nunca habría justificado. Así, un operador de conflictos terminó gobernando uno de los estados más complejos del país.

El resultado es exactamente el que cabía esperar. La administración de Salomón Jara es, en esencia, un gobierno de ocurrenciasUn aparato público sin brújula, donde la improvisación sustituye a la planeación y el impulso reemplaza a la estrategia. No hay política pública: hay reacción. No hay rumbo: hayimprovisación. En un estado como Oaxaca, eso no es solo ineficiencia, es negligencia criminal.

Los síntomas están por todas partes. Crisis en el abastecimiento de agua, deterioro evidente en la seguridad, política interna colapsada, carreteras en ruinas, nulas obras públicas de envergadura, serviciospúblicos destruidos, una economía que no

despega. Cada problema estructural del estado parece haber encontrado en esta administración no una solución, sino un agravante.

Pero el rasgo más inquietante no es la incapacidad —que ya sería suficiente para condenarla— sino la lógica interna del poder. Jara ha construido un gobierno a su imagen y semejanza: pequeño, desconfiado, profundamente limitado. Un círculo cerrado donde predominan familiares, operadores sin preparación, figuras cuestionadas y lealtades personales por encima de cualquier criterio técnico. No es un error de diseño: es un reflejo de carácter. Un liderazgo con complejo de inferioridad que solo puede afirmarse rodeándose de perfiles aún más débiles.

El nepotismo no es una anomalía: es la columna vertebral del régimen. Decenas de familiares con influencia directa o indirecta en la toma de decisiones. Hermanos, hijos, sobrinos, allegados convertidos en factores de poder, interviniendo en áreas estratégicas, incidiendo en contratos, supervisando obras, operando como intermediarios informales de un gobierno que ha perdido la vergüenza y confundido lo público con lo doméstico.

El mensaje es devastador: el poder no es una responsabilidad, es una herencia. A esto se suma unapercepción cada vez más extendida de corrupción. Finanzas bajo el mando de un evasor fiscal, decisiones opacas, procesos administrativos diseñados más para beneficiar que para resolver. La narrativa de la “honestidad” convertida en un eslogan vacío, repetido mientras los problemas se acumulany las soluciones no llegan.

Porque si algo define a esta administración es su incapacidad estructural. Incapacidad para entender el estado que gobierna, para articular un equipo competente, para ejecutar políticas públicas mínimamente eficaces. Incapacidad, en suma, para gobernar. Oaxaca no necesita ocurrencias: necesita dirección. Hoy tiene exactamente lo contrario.

El desgaste político es evidente. Más allá de cualquier cifra maquillada, el ánimo social se ha movido. Enlos centros urbanos —donde se forma la opinión pública y se mide el pulso político real— el rechazo escreciente. La distancia entre gobierno y ciudadanía ya no es una percepción: es una experiencia cotidiana. Cuando un gobierno pierde la confianza, pierde lo esencial.

La curva de poder de Jara ya empezó a caer. No por factores externos, sino por su propio peso. Por la acumulación de errores, por la incapacidad de corregir, por la soberbia de un proyecto que nunca entendió sus propias limitaciones. La política, implacable como es, no perdona la incompetencia sostenida.

Sin embargo, lo más grave no es el fracaso administrativo. Es la traición simbólica. Porque Salomón Jara representaba algo más que un nombre: representaba una posibilidad: un Oaxaca profundo que llegaba al poder, la de un origen humilde convertido en oportunidad histórica. Era, en teoría, la prueba de que el sistema podía abrirse y renovarse.

Pero lo que hizo fue reproducir —con menos talento y más torpeza— los peores vicios del viejo régimen. Clientelismo, opacidad, concentración del poder, uso patrimonialista del gobierno. Todo envuelto en una retórica de cambio (primavera oaxaqueña) que nunca se materializó.

Ese es, quizá, su mayor fracaso. No haber sido distinto. Hoy, Oaxaca enfrenta un escenario preocupante: instituciones debilitadas e infiltradas por la corrupción y el crimen organizado, tejido social fracturado, inseguridad, una calidad cívica en deterioro y un gobierno que no estuvo a la altura del desafío. Un estadocon enorme potencial, atrapado en la mediocridad de quienes lo administran.

En el centro de todo, una figura que sintetiza el problema. Un político menor, producto de la coyuntura,sin estatura para el cargo que ocupa. Un gobernador que llegó sin proyecto y gobierna sin dirección. Un liderazgo que, lejos de transformar, ha profundizado el atraso.

Por eso, cada vez es más difícil evitar la conclusión. El gobierno de Salomón Jara es un gobierno fallido. No se trata solo de un mal gobierno. Se trata de un ejemplo acabado de cómo el poder, en manos equivocadas, no solo no resuelve: destruye.

Un hijo ingrato que lo tuvo todo —historia, oportunidad, respaldo— y eligió usarlo para lo de siempre: servirse a sí mismo, a su familia y a una élite política menor, resentida y voraz.

Oaxaca, otra vez, tendrá que recoger los pedazos y volver a empezar.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Capacitación de la comunidad jurídica, eje para la implementación del nuevo Código en materia civil y familiar

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  • Concluyeron las actividades del Foro Nacional “Código Nacional de Procedimientos
  • Civiles y Familiares. Avances y Coyunturas. ¿Estamos listos para su implementación”

San Bartolo Coyotepec, Oax.- La capacitación de la comunidad jurídica y la coordinación de los tres poderes del Estado, serán ejes fundamentales para garantizar una justicia efectiva con la entrada en vigor del nuevoCódigo de Procedimientos Civiles y Familiares, afirmó la titular del Poder Judicial, magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez, en el marco de la clausura del Foro Nacional en este tema
que reunió a especialistas, académicos y operadores.
Acompañada del presidente de la Comisión para la Implementación, magistrado Juan Carlos
Diaz Carranza e integrantes de la misma; así como del rector de la Benemérita Universidad de
Oaxaca (BUO), David Zabdiel Martínez Pérez y de ponentes, enfatizó que este cambio de
paradigma en la impartición de justicia, implica una transformación estructural que ya está en
marcha y que requiere acciones concretas para su consolidación.
Asimismo, destacó que este foro representa el inicio de una etapa permanente de formación y
profesionalización y reconoció que el éxito de este proceso dependerá del trabajo conjunto
entre instituciones públicas, academia, comunidad jurídica y sociedad para avanzar hacia una
justicia más efectiva, incluyente y cercana a la ciudadanía.
En su oportunidad, el Magistrado Juan Díaz Carranza destacó que la capacitación no se limitará
a la capital del estado, sino que se llevará a cabo también en distintas regiones de la entidad,
con el fin de garantizar el acceso a formación especializada a las y los operadores del sistema.
La declaratoria formal de clausura del evento con sede en el teatro “Macedonio Alcalá”, estuvo
a cargo del rector de la BUO quien subrayó la importancia de fortalecer el vínculo entre la
academia y las instituciones públicas.
Las conferencias del Foro Nacional “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Avances y Coyunturas. ¿Estamos listos para su implementación”, se encuentran disponibles
para consulta en el enlace: https://www.facebook.com/TSJOAX

Cuando los derechos estorban al poder

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Alberto Benítez Tiburcio

La afirmación de la ministra Lenia Batres en sesión de la Suprema Corte del día 8 de abril de este año, según la cual “todos los fines del Estado merecen protección constitucional y cualquier afectación a esos fines debe ser punible”, no es simplemente una provocación retórica ni un exceso discursivo propio del fragor de una deliberación judicial. Es algo más profundo y, por ello mismo, más inquietante: la expresión nítida de una concepción premoderna del poder que el constitucionalismo contemporáneo se ha esforzado durante más de dos siglos en desmontar. Lo verdaderamente alarmante no es la frase en sí, sino el universo conceptual que la hace posible. Porque para sostenerla es necesario asumir, consciente o inconscientemente, que el Estado ocupa un lugar central y casi sacralizado en el orden jurídico, y que los individuos, en lugar de ser titulares de derechos frente al poder, son potenciales obstáculos frente a los fines que ese poder se propone realizar.

Esa forma de pensar remite a un momento anterior al nacimiento mismo del constitucionalismo. Antes de las revoluciones modernas, el poder político se concebía como una instancia superior que organizaba la vida social conforme a fines propios. El tránsito hacia la modernidad jurídica implicó precisamente la ruptura con esa lógica: la afirmación de que existen esferas de libertad indisponibles, que no pueden ser sacrificadas en nombre de ningún objetivo estatal. Desde entonces, la Constitución dejó de ser un instrumento del poder para convertirse en límite al mismo y garantía de los derechos fundamentales. Por eso resulta tan perturbador escuchar, en pleno siglo XXI y desde el máximo tribunal de un país, una formulación que invierte ese principio fundacional y devuelve al Estado a una posición de primacía normativa.

No se trata de una discusión académica. Las ideas tienen consecuencias, y en el ámbito constitucional las consecuencias son estructurales. Si los fines del Estado se colocan como objeto de protección constitucional, entonces la Constitución deja de operar como una barrera frente al poder y comienza a funcionar como su instrumento deprotección. El desplazamiento es sutil en apariencia, pero devastador en sus efectos: transforma al derecho en un mecanismo de legitimación del poder en lugar de un sistema de control de la autoridad. Bajo esta lógica, ya no es el Estado el que debe justificar sus acciones frente a los ciudadanos, sino los ciudadanos quienes deben justificar que sus conductas no interfieren con los objetivos estatales. La carga de la legitimidad se invierte y con ella, se invierte también la lógica de la libertad.

Más grave aún es la consecuencia punitiva que se desprende de esta concepción. Sostener que cualquier afectación a los fines del Estado debe ser punible implica abrir la puerta a un derecho orientado no a la protección de derechos fundamentales, sino a la defensa del poder. En ese escenario, prácticas esenciales de una democracia constitucional, como la crítica pública, la libertad de expresión, la protesta social oel periodismo de investigación, pueden ser reinterpretadas como formas de interferencia con los objetivos estatales y por tanto deben ser castigadas. 

Aquí es donde la noción de regresión autoritaria deja de ser una metáfora y se convierte en una categoría analítica. Las democracias contemporáneas no suelen colapsar mediante rupturas abruptas o golpes espectaculares. Se erosionan desde dentro, a través de desplazamientos conceptuales que alteran progresivamente el sentido de las instituciones como lo vimos en los regímenes totalitarios del siglo XX. La historia muestra con claridad cómo sistemas formalmente democráticos pueden vaciarse de contenido cuando el lenguaje jurídico comienza a reconfigurarse en torno a la protección del poder en lugar de la protección de los derechos fundamentales. 

La afirmación que aquí se analiza encaja con inquietante precisión en ese patrón. No porque declare abiertamente un proyecto autoritario, sino porque normaliza una forma de razonar que lo hace posible. Presenta como razonable la idea de que el Estado debe ser protegido frente a la sociedad, cuando el constitucionalismo contemporáneo se construyó precisamente sobre la premisa contraria. Sugiere que los fines estatales tienen una dignidad normativa que los acerca a los derechos fundamentales, cuando en realidad esos fines son siempre contingentes, discutibles y, sobre todo, subordinados a los límites de los derechos humanos.

Lo que está en juego, en última instancia, no es la corrección o incorrección de una frase, sino la orientación del sistema constitucional. Cuando el Estado comienza a concebirse a sí mismo como sujeto de protección frente a la ciudadanía, el equilibrio se rompe. La Constitución deja de ser un instrumento de limite al poder y garantía de derechos, para convertirse en una herramienta de protección al estado. En ese desplazamiento, que puede parecer abstracto, se incuban transformaciones muy concretas: la reducción del espacio cívico, la deslegitimación de la crítica y la expansión de mecanismos de vigilancia y control.

Las democracias constitucionales no están blindadas contra este tipo de derivas. Su fortaleza depende, en buena medida, de la claridad conceptual con la que sus actores —y en particular sus jueces— comprenden el papel que les corresponde desempeñar. Cuando esa claridad se pierde y el lenguaje del derecho comienza a adoptar categorías propias de una concepción autoritaria del poder, la advertencia debe ser tomada en serio. No porque el colapso sea inminente, sino porque los procesos de erosión suelen ser graduales, casi imperceptibles, hasta que sus efectos se vuelven irreversibles.

Por eso, más que una polémica pasajera, lo que esta afirmación pone sobre la mesa es una pregunta de fondo: si seguimos entendiendo la Constitución como un límite al poder o si estamos dispuestos, quizá sin advertirlo plenamente, a convertirla en un instrumento al servicio de sus fines. Entre una y otra opción no hay un punto intermedio estable. Hay, más bien, dos modelos de organización política incompatibles. La historia ha sido suficientemente clara respecto de las consecuencias de elegir el segundo.

 

“Diálogo entre justicias”, y la otra cara de la luna

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Antonio Gutiérrez

A tono con los acontecimientos humanos del momento, diremos que en México los pueblos y comunidades indígenas están dejando de ser la cara oculta de la luna.

Como un acto de justicia es preferible no olvidarlo, la aparición de la otra cara de la luna inició el 1 de enero de 1994 y nos sorprendió su gran esplendor durante la “Marcha del Color de la Tierra” en el año de 2001.

La “Marcha del Color de la Tierra”, cargada de esperanzas, nos mostró los rostros indígenas que vinieron caminando sobre el suelo de México, su suelo; y desde entonces se inició un diálogo formal entre nosotros, y de ellos con los demás habitantes de la faz de la Tierra. 

Por eso, Diálogo entre justicias no es otra cosa, sino la continuación de un diálogo que inició por iniciativa de los pueblos y comunidades de México, hace ya mucho tiempo, sólo que ahora, a diferencia de los viajes a la luna, aquí y ahora estamos pasando del mero reconocimiento, de la simple coexistencia, a la realización de acciones concretas. 

Con los diálogos entre justicias convocados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estamos presenciando el renacer de nuevas y verdaderas relaciones sociales entre la población general y los pueblos indígenas, a través de la conversación entre operadores de justicia del Estado y operadores de justicia de los sistemas normativos indígenas.  

Para ilustrar el hecho, basta un esbozo. Durante el cuarto “Diálogo entre justicias” realizado en San Cristóbal Suchixtlahuaca el pasado 20 de marzo de 2026, dichos operadores se reencontraron y entraron en amena conversación. 

Y es que como ha dicho el Ministro Presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, “nuestro origen nos marca”. 

Volvemos pues a la comunicación tradicional cara a cara y de boca en boca, hasta que las formas de justicia lleguen a estar en boca de todas y todos, para que juntos mejoremos nuestras formas de sociabilidad. 

Ilustran la renovación de estas viejas formas de sociabilidad la presencia y participación de las magistradas y magistrados: Mónica Zárate Apak; Celia Aspiroz García; Rocío Chong Velázquez; Brisa Albores Medina; Luz Idalia Osorio Rojas; Jahaziel Reyes Loaeza; Víctor Hugo Sibaja, ellas y ellos, con sus intervenciones, aquel día dejaron de ver la justicia indígena como un horizonte y sentaron, tal vez sin proponérselo, un nuevo precedente. 

Operadores de justicia de los sistemas normativos indígenas y operadores de justicia del Estado empezaron a reconocerse cada vez más, tras dialogar sobre un tema concreto que nos es común: la justicia vista por ambos.   

Lo mismo hicieron los jueces federales aquel día: Guadalupe Patricia Juárez Hernández; Guadalupe Servando Quiroz Ayuso; Álvaro Niño Cruz; Ulises Cuauhtémoc Reyes Martínez; Irán Francisco Vázquez Hernández; de modo que la conversación y el intercambio de experiencias entre operadores de justicia en Suchixtlahuaca fue como un sacudimiento de las indiferencias y el renacer del interés general sobre el tema de la justicia indígena entre las y los participantes. 

El doctor Víctor Leonel Juan Martínez, Director General de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Corte, ha diseñado una metodología para que en las mesas de trabajo rápidamente los participantes caigan en la cuenta de que la justicia es un elemento común que nos une y que la comunidad indígena es el lugar preferido por todas y todos para el aprendizaje del bien común.  

Destaca el hecho de que a Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Corte, y a su equipo de trabajo, las comunidades indígenas los reciben con efusividad y los escuchen con atención, tal vez porque los reconocen como sus iguales, o quizá porque los pueblos indígenas están experimentando una modificación profunda en sus percepciones a partir de que en la Constitución se les reconoció como sujetos de derecho público.  

El gesto festivo y efusivo con que los pueblos y comunidades reciben a las y los operadores de justicia del Estado, se debe también, en gran medida, a que a los pueblos y comunidades no les queda la menor duda de que el Ministro Presidente de la Corte no niega que es portador de una herencia prehispánica y que sus funciones actuales son producto de una elección, de ahí su prestigio y su legitimidad.  

En la nueva Corte mexicana saben de la importancia de palpar las realidades de los pueblos indígenas si en verdad se busca reestructurar el aparato de justicia de México. 

Lo saben también la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez y los jueces y magistrados de la entidad.

Palpar es, literalmente: “Emplear el sentido del tacto para orientarse en la oscuridad”, el Diccionario dixity mirar la otra cara de la luna. 

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Oaxaca abre el debate jurídico sobre la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

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  • En Foro Nacional, especialistas, autoridades y academia intercambian perspectivas para fortalecer la implementación del nuevo modelo 

Oaxaca de Juárez, Oax, 9 de abril de 2026.- En el contexto de transformación del sistema de justicia en México, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca dio inicio al Foro Nacional “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Avances y Coyunturas. ¿Estamos listos para su implementación.”, el cual reúne a actores clave del ámbito jurídico para debatir los desafíos que implica la entrada en vigor de este nuevo ordenamiento. 

En el emblemático teatro Macedonio Alcalá, presidieron el acto inaugural la magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez, acompañada del gobernador Salomón Jara Cruz; del presidente de la Comisión para la Implementación, magistrado Juan Carlos Diaz Carranza; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Oaxaca, diputada Eva Diego Cruz; del comandante de la Octava Región Militar, Ernesto Zapata Pérez y del rector de la Benemérita Universidad de Oaxaca, David Zabdiel Martínez Pérez. 

Durante su intervención, la Magistrada Presidenta destacó que este proceso representa una transformación de fondo del sistema de justicia, al transitar de esquemas tradicionales, largos y complejos, hacia un modelo más ágil, accesible y centrado en las personas. 

Explicó que el modelo privilegia la oralidad, la conciliación y los mecanismos alternativos de solución de controversias, con el objetivo de ofrecer procesos más rápidos, cercanos y eficaces, especialmente para sectores en situación de vulnerabilidad. 

No obstante, reconoció que su implementación implica desafíos significativos en materia de infraestructura, capacitación y adaptación institucional, por lo que destacó la importancia de generar espacios de diálogo como este foro para construir soluciones colectivas. 

En su intervención, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, señaló que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares constituye un parteaguas en la evolución del sistema jurídico mexicano, al establecer un modelo homologado que busca garantizar el acceso efectivo a la justicia en todo el país. 

En tanto, el Magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la Comisión para la Implementación del CNPCyF del PJEO, reconoció que el proceso de implementación del compendio legal, enfrenta desafíos significativos. 

Las conferencias se pueden seguir en el enlace: https://www.facebook.com/TSJOAX