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CONTRAFUEGO || Español, defensa a las patadas

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CONTRAFUEGO || Español, defensa a las patadas

Aurelio Ramos Méndez

Menos de cien horas bastaron para que los aficionados al futbol y el sector comercial y de servicios nos demostraran a todos los mexicanos, en particular al gobierno federal, que sí es posible sacudirnos el humillante colonialismo lingüístico, reflejado en el uso y abuso del idioma inglés, que ha copado todos los ámbitos de la vida nacional.

Al despejarse el miércoles la incógnita de que Inglaterra sería el rival de México en el partido de ayer domingo, octavos de final del Mundial 2026, en las redes cundió una iniciativa identificada como #noinglés, orientada a dejar de emplear al menos por unos días el idioma de Shakespeare como señal de apoyo al seleccionado mexicano. 

Parece obvio que la idea fue iniciada con intención jocosa, sin más propósito que ganar vistas y “me gusta”, o tratar de hacer de la rivalidad deportiva una oportunidad de negocio. En horas prendió como chispa en prado seco y adquirió visos de seriedad.

Decenas, o quizá centenares de empresas grandes y pequeñas, nacionales y extranjeras, se sumaron a la campaña y anunciaron la modificación de la denominación de sus productos y hasta de su nombre o razón social, y el asunto se viralizó y pasó del humor digital al genuino reclamo social.

“En América Eagle informamos que de aquí al lunes nos unimos al operativo “noinglés”. Por ello hemos decidido actualizar temporalmente nuestro vocabulario. Los outfits, serán atuendos. El denim, mezclilla. Y los jeans, pantalones vaqueros. Vamos México”, publicó la famosa tienda de ropa.

La cafetería de origen canadiense, hoy estadunidense, Tim Hortons, avisó a sus clientes: “Nos unimos al movimiento noinglés por apoyar a Team Mexico. A partir de este momento nos pueden llamar Timoteo Hortiz, evitando el uso de palabras en inglés. Atentamente, Timoteo Hortiz (la H es muda)

Lo propio hizo la transnacional 7-Eleven, que invitó a acudir por “una Grande Dona, una Gran Mordida, un seis de cerveza, un Café Selección”, y otros productos hasta horas antes denominados en inglés. E invitó a ser referida como 7 Once.

El restaurante Buffalo Wild Wings pidió ser llamado Búfalo Alitas Salvajes y Pastes Kiko’s notificó: “Sabemos que nuestro amado producto tiene herencia británica, pero ante el próximo encuentro futbolístico Pastes Kiko’s ha tomado una decisión contundente para apoyar a los nuestros y sumarnos al “noinglés”.

“A partir de este comunicado y hasta finalizar el partido, suspendemos el uso del apóstrofe y la “s” final, ya que responden a una estructura gramatical del idioma inglés; oficialmente los esperamos en nuestras sucursales de “Los pastes de Francisco” para disfrutar de cada jugada.

“¡Porque el verdadero sazón se grita en español!”, exclamaron, con escasa fortuna, los publicitas de la firma comercializadora de pastes. Se entiende el desatino, a la luz del lejano origen británico de las sabrosas empanadas; pero si “sazón” es sustantivo femenino, le corresponde el artículo del mismo género: La sazón.

El caso es que contra el avasallamiento del inglés se manifestó hasta el changarro Simipet Care, el cual informó que “mientras juegue México”, en esos establecimientos “sólo les hablaremos en español a todas las razas inglesas. Aquí no es “woof” ni “sit”, aquí es guau y sentado.

No se requiere de una percepción aguda para percatarse de que, en no pocos casos, se trata de mensajes festivos cuya única finalidad consiste en sumarse a las tendencias de las redes para tratar de aumentar ventas. 

En el lance chusco, sin embargo, quedó claro que es perfectamente posible y de manera ultra rápida la traducción al español del lenguaje comercial infestado de inglés, que muchas veces resulta incomprensible aun para empleados y hasta propietarios de establecimientos mercantiles.

Del gobierno federal –las secretarías de Gobernación, Educación, Economía, el IMPI y otros entes oficiales—, así como de los organismos empresariales, las instituciones de educación superior, las asociaciones de profesionales –publicistas, locutores, periodistas– la Academia de la Lengua, y otras instancias depende que esta campaña sea permanente. ¡Sí se puede!

El abuso en el empleo del inglés está la vista de todos, propiciado por empresarios, publicitas y locutores que absurdamente suponen que venderán más si nombran en inglés los productos y servicios que anuncian, aun cuando existen palabras en español que pueden describir con mayor precisión tales productos.

Autoridades de Gobernación y otras dependencias han consentido el uso abusivo de extranjerismos con la peregrina justificación de que las grandes y poderosas firmas transnacionales abanarían el país, con graves perjuicios en el empleo y la economía en general,  si se las obligara a emplear el castellano no sólo en sus catálogos de productos sino en sus nombres comerciales, tal como se ha hecho en otras latitudes. Quebec y Montreal, en Canadá; en Barcelona, España, y en Italia, Francia, Chile, y otras naciones, por ejemplo.

En el Este de Canadá se vende Pollo Frito Kentucky, no Kentucky  Fried Chicken, y se puede comprar café no en Starbucks Coffe, sino en la Cafetería Starbuck, y ningún corporativo global ha abandonado esas ciudades o países, a pesar de que se trata de mercados infinitamente menores en valor y dimensión que el mexicano.

Cuesta trabajo creer que una empresa global puede desdeñar y salirse de un mercado de 130 millones de mexicanos, si en el francófono Quebec, de sólo ocho millones de habitantes, acató la exigencia de poner nombres en francés, y en catalán en Barcelona.

En todo caso, el mundo futbolístico mexicano ya puso la muestra de que el cambio es factible. Lo que falta es voluntad de la 4T para defender el idioma nacional, así sea por conveniencia política frente a Estados Unidos, potencia ésta que el Mundial en curso ha podido ver de qué color pinta el verde.

En el inicio del Campeonato, como se recuerda, directivos de la FIFA que suelen asearle el calzado a Donald Trump acataron la orden de prohibir el uso del español en el torneo, a pesar de que se trata de la lengua nacional de uno de los países anfitriones, México. La realidad acabó por imponerse.

Aficionados al fut y comerciantes ansiosos de ganancias han demostrado que, cuando de vender se trata, sí es posible sacudirse el avasallante inglés que –sin hipérbole– ha dejado incomunicados a vastos núcleos de mexicanos.

BRASAS

¿Quiénes son los cinco futbolistas de la selección de Ecuador que habrían sido amenazados por un cartel del narcotráfico mexicano, con el fin de que se dejaran ganar en el partido contra “la verde”, el martes pasado en el Azteca?”.

La “revelación” de tales amenazas fue propalada el jueves (2) con absoluta irresponsabilidad, nulo rigor profesional y por encargo quien sabe de quién, por el periodista argentino de Radio Mitre, Eduardo Feinmann, uno de los más abyectos lacayos del presidente Javier Milei.

La maloliente especie inundó las redes, sin que Feinmann se sintiera con la obligación ética de precisar los datos del chisme que había esparcido, con base en el cual lanzó, a modo de conclusión, un parecer asaz infame:

“Me parece que los narcos quieren a toda costa que México salga campeón del Mundial”.

La versión de las amenazas, según los patiños del comunicador, habría trascendido –vaya uno a saber de dónde– la víspera, el miércoles 1, al día siguiente de la derrota del seleccionado ecuatoriano.

Y fue difundida un día después por Feinmann, justo en el aniversario 32 del asesinato en Medellin, Colombia, del muy querido futbolista Andrés Escobar, dos días después de que éste regresara del Mundial de Estados Unidos, en el cual Colombia se había quedado afuera en la primera ronda.

En el partido contra el anfitrión EU, Escobar había anotado un autogol, el cual marco el fin de la participación colombiana en el campeonato; pero lo que resultó más peligroso, malogró apuestas de narcos que se cobraron con la vida del deportista.

El periodista dio la “noticia” de las amenazas en estos términos:

“El tema del mundial es bastante complicado… porque parece que está confirmado que hubo amenazas por parte de un cartel de México para los jugadores ecuatorianos.

“Se comunicaron con cinco jugadores, con datos específicos sobre su familia en Ecuador y en México. Impresionante…”.

Otro de sus colaboradores hizo la observación de que en México juegan varios ecuatorianos, de quienes puede ser fácil conocer datos tales como “donde viven, donde juegan, donde paran, su familia, sus hijos…”.

Así, a partir de pareceres y vaguedades –“parece que está confirmado”, “me parece que los narcos quieren a toda costa”, “se comunicaron con cinco (quien sabe cuáles)”— soltó el chisme que luego inundó las redes.

Pero de los cinco, nada

Feinmann es, junto con Jonatan Viale, Luis Majul, Antonio Laje, y yutuberos e influenciadores como el Gordo Dan, Nicolás Márquez, y algunos más, uno de los comunicadores más cercanos y favorecidos por Milei, lo cual impone el interrogante de si el ultraderechista y muy corrupto gobierno argentino tiene algo que ver en esta patraña.

Duda que se acrecienta ahora que otro gobierno de la derecha trumpista, el de Ecuador, ya elevó el caso a la FIFA “solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido -incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad de nuestra hinchada y jugadores.

RESCOLDOS

No tiene límites la ruindad de la dirigencia del PAN y sus compinches en los medios. Pretenden lucrar políticamente con la muerte de cuatro personas en festejos por el triunfo del equipo mexicano. Un mínimo de decencia debería obligarlos a no montarse en la tragedia; pero ya se sabe que los olmos no dan peras. Y luego se quejan porque no votan por ellos…

Ahora fue el periodista Ciro Gómez Leyva quien mandó al diablo a las instituciones, y sus contlapaches le aplauden. Entrevistó a Israel Vallarta, que pasó veinte años de su vida en la cárcel acusado de secuestrador, pero fue exonerado en el caso Casez. Ciro insiste en llamarlo secuestrador “porque la verdad histórica no siempre coincide con la verdad jurídica”. Algo así como “estas son mis verdades, si no les gustan, tengo otras”.

 aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Hugo Aguilar y la hora indígena

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Hugo Aguilar y la hora indígena

Por: Antonio Gutiérrez Rodríguez

“Los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres”.

Marc Bloch nos recuerda el proverbio árabe.

En el horizonte de los pueblos y comunidades indígenas de México asoma, como una constelación de nuevas estrellas, la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

El Protocolo del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada que dará sustento al diálogo para su aprobación, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de junio de 2026. Con ello inicia una etapa que podría marcar un antes y un después en la relación entre el Estado mexicano y los pueblos que habitan este territorio desde mucho antes de la fundación de la República.

Vamos, pues, rumbo a la consulta previa, libre e informada, en busca de colocar en el lugar que les corresponde derechos históricos que, pese a su legitimidad y vigencia, permanecen insuficientemente comprendidos por amplios sectores de la sociedad. No se trata de derechos nuevos; son derechos largamente postergados por más de dos siglos de construcción estatal edificada, en gran medida, bajo una lógica homogeneizadora.

Durante más de doscientos años prevalecieron las normas y estructuras jurídicas del Estado como único referente legítimo de organización social. Sin embargo, los pueblos indígenas mantuvieron viva la memoria de sus propios sistemas normativos, de sus formas de gobierno, de sus mecanismos de resolución de conflictos y de sus principios comunitarios. 

La continuidad de estas instituciones constituye una de las expresiones más notables de resistencia cultural y de permanencia histórica en México.

La convocatoria delineada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y respaldada por la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no representa únicamente un procedimiento legislativo. También abre una oportunidad excepcional para colocar en el centro del debate nacional conceptos fundamentales sobre los que podría edificarse un diseño institucional más incluyente, plural y acorde con la diversidad cultural del país.

Comunidad, ley, autoridad, autonomía, libertad, derechos humanos, territorio y justicia son apenas algunos de los conceptos que merecen ser revisados con rigor intelectual y sentido crítico. La discusión no es menor. De la manera en que estas nociones sean comprendidas y articuladas dependerá, en buena medida, la construcción de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas y afromexicanos.

En este ejercicio de reflexión conviene recordar la observación del sacerdote y erudito francés Richard Simon, retomada por Marc Bloch en su célebre Introducción a la historia. La crítica, escribió, es una “especie de antorcha que nos ilumina y nos conduce por las rutas oscuras de la Antigüedad, haciéndonos distinguir lo verdadero de lo falso”. Esa misma actitud crítica será indispensable para analizar los alcances de la iniciativa, reconocer sus fortalezas, identificar sus limitaciones y contribuir a que el debate público se traduzca en instituciones más justas y democráticas.

Reconocer la legitimidad de las normas consuetudinarias y nombrarlas por lo que son —verdaderos sistemas jurídicos construidos por generaciones enteras— no ha sido una tarea sencilla. Detrás de este proceso se encuentran miles de mujeres y hombres indígenas que durante décadas han defendido sus conocimientos, sus formas de organización, sus principios éticos y sus modos de entender la justicia y la vida comunitaria.

Resulta imposible mencionar en unas cuantas líneas a todas las personas que han contribuido a esta transformación. Sin embargo, no deja de ser significativo que este momento histórico coincida con la presencia de profesionistas indígenas en espacios estratégicos de decisión pública. Como si distintas trayectorias individuales convergieran para abrir una nueva etapa en la vida institucional del país.

Entre quienes se autoadscriben como indígenas y que hoy ocupan cargos de alta relevancia, destacan Adelfo Regino Montes, al frente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; Camelia Gaspar Martínez, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Norma González Jiménez, en la Fiscalía General de la República; Víctor Leonel Juan Martínez, en la Dirección General de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte; y, de manera particularmente significativa, Hugo Aguilar Ortiz, jurista mixteco y actual Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y como es de conocimiento público, la Corte no legisla, por eso la Convocatoria dice que participa como OBSERVADORA. 

La presencia de un indígena mixteco al frente del máximo tribunal constitucional del país posee una dimensión que trasciende lo biográfico. Representa el reconocimiento de una larga lucha colectiva y simboliza la posibilidad de que las instituciones nacionales comiencen a dialogar, en condiciones más equitativas, con las realidades jurídicas y culturales de los pueblos originarios.

Existen, desde luego, innumerables mujeres y hombres indígenas, dentro y fuera de México, aportando desde la academia y desde los pueblos y comunidades, el servicio público, la investigación, la judicatura y la organización comunitaria, nuevos contenidos para fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural. Gracias a ese trabajo persistente, los sistemas normativos indígenas dejan de ser vistos como una curiosidad antropológica para asumirse como parte sustancial de la vida jurídica y política de la nación.

La consulta que hoy comienza no sólo discutirá una ley. También pondrá a prueba la capacidad del Estado mexicano para reconocerse plenamente como lo que la Constitución afirma desde hace décadas: una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Tal vez por ello, más que una reforma legislativa, lo que tenemos enfrente es una oportunidad histórica para reconciliar la memoria de los pueblos con el futuro de las instituciones.

División de poderes revisitada

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División de poderes revisitada

Alberto Benítez Tiburcio

Decía Lord Acton que «el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente». Hay frases que sobreviven al paso del tiempo porque describen una constante de la condición humana. La de Acton no habla de un gobernante específico ni de una ideología determinada; habla del poder mismo. Durante siglos pensamos que el gran problema de la política consistía en encontrar buenos gobernantes. Con el tiempo descubrimos que esa era la pregunta equivocada. Incluso los mejores gobiernos cambian, las mayorías se transforman y los partidos desaparecen. Lo único que permanece es una realidad incómoda: el poder tiende naturalmente a expandirse. Nunca considera suficientes las facultades que posee y siempre encuentra razones plausibles para justificar otras nuevas. La verdadera pregunta de la política nunca ha sido quién debe gobernar, sino cómo impedir que quien gobierna termine ejerciendo un poder sin límites.

Ésa es la idea fundacional del constitucionalismo y, probablemente, una de las aportaciones más importantes de la civilización occidental. El constitucionalismo y el republicanismo modernos surgieron como respuesta al absolutismo monárquico que dominó buena parte de Europa durante los siglos XVII y XVIII, cuando la concentración del poder en la figura del rey prácticamente no reconocía límites jurídicos. Solemos imaginar que una Constitución sirve para organizar el Estado y distribuir competencias. Todo eso es cierto, pero no constituye su finalidad principal. Las constituciones modernas nacieron, sobre todo, para limitar al poder. En su esencia expresa desconfianza hacia el poder. Parte de una premisa sencilla, pero profundamente realista: ningún ser humano debería disponer de facultades suficientes para imponer su voluntad sin encontrar límites institucionales.

Esta distinción resulta indispensable porque con frecuencia confundimos democracia con constitucionalismo, como si ambas palabras fueran sinónimos. No lo son. La democracia responde a una pregunta decisiva: ¿quién tiene derecho a gobernar? Su respuesta es el voto ciudadano. El constitucionalismo responde otra todavía más importante: ¿qué NO puede hacer ese gobernante una vez que obtuvo legítimamente el poder? La democracia crea poder político; el constitucionalismo lo contiene. La primera otorga legitimidad para gobernar; el segundo garantiza que esa legitimidad no se convierta en arbitrariedad. Una mayoría puede decidir quién gobierna, pero no puede decidir que desaparezcan la libertad de expresión, el debido proceso o la igualdad ante la ley. Precisamente porque existen derechos fundamentales que el poder no puede vulnerar, también deben existir instituciones capaces de protegerlos incluso frente a las mayorías.

Aquí aparece el verdadero significado de la división de poderes, una idea que con demasiada frecuencia reducimos a una explicación escolar sobre las funciones del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esa descripción es correcta, pero superficial. La división de poderes no existe para distribuir tareas administrativas; existe para distribuir el poder mismo. Su lógica consiste en impedir que una sola autoridad acumule suficientes atribuciones para convertirse en juez de sus propios actos. Los pesos y contrapesos no representan un obstáculo para gobernar; constituyen la condición indispensable para que el gobierno permanezca sujeto al derecho.

No deja de ser paradójico que, justamente cuando las democracias contemporáneas han alcanzado los mayores niveles de desarrollo constitucional de su historia, haya resurgido la tentación demagógica de presentar esos límites como un problema. Con creciente frecuencia se afirma que los tribunales obstaculizan las transformaciones, que los órganos constitucionales autónomos son prescindibles, que la prensa crítica desestabiliza o que la oposición simplemente bloquea el mandato de las mayorías. El argumento parece atractivo porque promete eficacia. Si el gobierno dejara de enfrentar controles, podría actuar con mayor rapidez. Sin embargo, la experiencia histórica enseña exactamente lo contrario. El poder sin límites puede ser más veloz, pero también es mucho más peligroso. La eficiencia nunca puede ser un sustituto de la libertad.

Los estudios contemporáneos sobre la erosión democrática coinciden en una conclusión inquietante. Las democracias ya no suelen desaparecer mediante golpes de Estado ni por la suspensión abierta de las constituciones. Se deterioran gradualmente desde el interior de sus propias instituciones. Poco a poco, el problema deja de ser el abuso del poder y pasa a ser la negación misma de los límites al poder. Ése es el momento en que una democracia comienza a confundirse con la simple concentración del poder.

Conviene recordar entonces para qué fueron creados los derechos humanos. No constituyen una concesión generosa del Estado ni un catálogo de aspiraciones morales. Representan un espacio de autonomía que el poder no puede invadir. Son la frontera jurídica que protege la dignidad de las personas frente a cualquier autoridad, incluso frente a aquella que llegó legítimamente mediante el voto. Por eso los derechos humanos y el constitucionalismo son inseparables. Los derechos carecerían de eficacia sin instituciones independientes que los hicieran valer, y esas instituciones perderían sentido si dejaran de existir derechos que proteger. La división de poderes, en consecuencia, no es un fin en sí mismo; es el mecanismo mediante el cual las libertades dejan de depender de la buena voluntad del gobernante y pasan a descansar en la fuerza del derecho.

Quizá el mayor error de nuestro tiempo consista en pensar que las instituciones fueron diseñadas para facilitar el ejercicio del poder. En realidad fueron creadas para limitarlo. Por eso los pesos y contrapesos no protegen a los poderes públicos; protegen a los ciudadanos frente a los poderes públicos. Ésa es la diferencia entre un Estado constitucional y un régimen autoritario donde el poder termina respondiéndose únicamente a sí mismo.

En el fondo, la división de poderes es una convicción profundamente democrática: ningún gobernante, por popular que sea, puede colocarse por encima de la Constitución porque la Constitución, antes que un pacto entre quienes ejercen el poder, es un pacto para proteger la libertad, la dignidad y los derechos de las personas. Ésa es la razón por la que las democracias constitucionales siguen siendo la mejor herramienta que hemos construido para convivir en libertad: permiten que el pueblo decida quién gobierna, pero impiden que cualquier gobernante, incluso aquel elegido por el propio pueblo, pueda convertirse en dueño del poder. Porque el poder sólo es verdaderamente democrático cuando encuentra límites; cuando deja de tenerlos, tarde o temprano deja también de servir a la libertad.

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

CONTRAFUEGO || Ken, el narcoembajador

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CONTRAFUEGO || Ken, el narcoembajador

Aurelio Ramos Méndez

El exembajador Ken Salazar debe estar hoy muerto de miedo, escondido en el paraje más remontado de su rancho en Colorado, rogándole a Malverde que obre el milagro de hacerlo invisible para el Pentágono, la DEA, el FBI y la CIA, de manera que no pueda ser arrestado y quizá confinado en la cercana penitenciaría ADX Florence, la más segura de Estados Unidos, el Alcatraz de las Rocallosas, acusado de narco.

Nada de suposiciones gratuitas. Es deducción derivada de versiones propaladas por sedicentes expertos en la relación México-EU, quienes le han puesto el dedo en la frente señalándolo de complicidad con el expresidente López Obrador, a quien esos mismos especialistas ya imputaron como traficante de drogas en la mira de la prístina justicia gringa, y hasta enjuiciaron y sentenciaron.

Al diplomático le atribuyen “haber sido cómplice de la política criminal del obradorismo” en materia de seguridad pública y seguridad nacional, en especial el combate al tráfico de substancias ilícitas, “en la cual, por omisión, es responsable de sus consecuencias”. 

Más claro: Al igual que Raúl Salinas de Gortari, Genaro García Luna, El Chapo, El Mayo, Caro Quintero o El Señor de los Cielos, es responsable de la intoxicación –y aun la muerte– de millones de drogadictos gringos, muchos a las puertas de la Casa Blanca, quienes –seamos sinceros—deambulan dichosos en su mundo mientras México se ahoga en un baño de sangre.

Salazar fue embajador de junio de 2021 a enero de 2025, tres años y siete meses durante los cuales “cerró los ojos cuando debía haber prendido las alarmas” acerca de lo que sucedía en nuestro país. Fingida ceguera producto –afirman– de que AMLO “facilitó negocios a cercanos” del personero de la administración Biden.

¿Qué fue –según quienes supuestamente tienen el pulso de la realidad binacional—lo que por cegato o conveniencia no vio el hoy empavorecido embajador? Que en ese tiempo floreció la estrategia de abrazos, no balazos, creció el tráfico de fentanilo ilegal de Los Chapitos, se relajó el combate a los cárteles…

Tampoco vio “la cercanía de López Obrador con la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, la corrupción de sus hijos (del Peje) y la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

¡Suficiente para prisión perpetua, o inyección letal, electroejecución, cámara de gas, pelotón de fusilamiento o ahorcamiento, las cinco modalidades de pena de muerte todavía vigentes en EU, en pleno siglo XXI!

Entre quienes afirman que el diplomático “comía de su mano” (del de Macuspana) y le achacan haber defendido no los intereses de su país sino los del Presidente de México, y que en su complicidad “tenía resuelta la relación (del capo AMLO) con la Casa Blanca”, se cuentan, hilarante paradoja, conocidos apátridas, y arquetipos de entreguismo, desnacionalización, colaboracionismo y traición a la Patria.

Además de empavorecido Salazar debe estar arrepentido. La jauría mediática que acosa al exmandatario volteó a mirarlo tan pronto se conoció un adelanto de su libro Fronteras: mi lucha por un Estados Unidos incluyente, en el cual refiere el chismarajo que dizque le habría confiado un empresario con cercanía para “susurrarle al oído” al tabasqueño.

Según el cuentazo del real o ficticio machuchón, tras el secuestro de El Mayo Zambada El Peje acusó preocupación por lo que este narcotraficante pudiera declarar en EU respecto a los vínculos de la 4T, específicamente el propio AMLO, con el narcotráfico. 

El diplomático nada diplomático sino más bien proclive al chismorreo, se reservó la identidad del infidente, pero la rumorología le puso a este nombre, apellidos y signos de interrogación: ¿Alfonso Romo? ¿Carlos Slim? ¿Miguel Rincón? ¿Ricardo Salinas Pliego por aquel entonces chupamedias del mandamás? 

El caso es que la habladuría sobre el supuesto desasosiego del expresidente se convirtió en la pepita de oro del libro de Ken Salazar, colmilludo político que logró hacerse amigo del Presidente y hasta llegó a tener derecho de picaporte en el Palacio Nacional.

Escupió para arriba, sin embargo, pues con los dichos plasmados en su obra ciertamente se incriminó y quedó bajo los reflectores, en riesgo de ser atrapado en su rancho como un conejito asustado y acorralado.

Si hemos de creerles a tales sedicentes expertos en la relación bilateral, el exembajador ya tiene un pie en la cárcel. Puede ser el primer pez mediano, y blanco, anglosajón, protestante (WASP) en ir a prisión o a la pena capital desde que Nixon inició la guerra contra las drogas, hace más de medio siglo.

Nada para celebrar. Aunque, sí, implicaría un ligero cambio, pues hasta ahora a EU la presbicia sólo le ha permitido ver narcos entre los pobres y las minorías raciales o migratorias: negros, musulmanes, salvadoreños, haitianos, colombianos, bolivianos, mexicanos. 

Güeros no hay, esos son santos, incorruptibles, constitutivamente inmaculados.

No nos dejemos engañar. Estamos ante una compilación de mentiras diplomáticas, estridencia político-electoral, propaganda de derecha, vasallos desnacionalizados y un gobierno imperial, ya sea republicano o demócrata, al cual el fenómeno de las drogas sólo le ha interesado como pretexto intervencionista.

O, que lo digan Maduro, Evo, Petro, Ernesto Samper, Rafael Correa, y hasta Juan Orlando Hernández, el hondureño condenado a 45 años de prisión a quien Trump indultó con tal de avanzar en la derechización latinoamericana.

Mueve a risa, en este contexto, el descubrimiento -¡ah, oh!– realizado a socaire del libro de Salazar por voceros del salinato, respecto a la dizque configuración en EU de “una suerte de explicitación del consenso bipartidista”, con objeto de “evidenciar la formación en México de un narco-Estado”.

Y para demostrar que tal narco-Estado “constituye una amenaza a la seguridad de la superpotencia vecina”, celebró el jefe y mecenas de dicho grupo político, José Carreño Carlón, quien de paso develó sin sonrojarse su irrisoria noción de la soberanía.

La presidenta Sheinbaum, según el vocero de Carlos Salinas, arropa a los narcopolíticos del régimen en nombre de “un percudido concepto de soberanía nacional”. 

Lacayismos aparte, no existe en EU configuración de consenso alguno sobre un narco-Estado mexicano. Son bobadas. Desde hace 200 años sabemos de la argamasa que une a todo –todo– el gringaje, la doctrina que preconiza América para los americanos. 

Y sabemos también de las modernas estrategias de comercialización y mercadotecnia política, las cuales han establecido que, más allá de diferencias cosméticas, entre demócratas y republicanos existen las mismas diferencias que entre la Coca y la Pepsi. ¿Cuál consenso?

BRASAS

“La próxima intervención militar estadounidense en México”, ocurrirá dentro de los siguientes veinte días, antes del 19 de junio, o a más tardar en un lapso posterior similar, hasta el 8 de agosto. 

Será “antes o después de que termine el Mundial de Futbol”. La decisión ya esta tomada en Washington, lo que resta es determinar la fecha. 

El aviso fue notificado por un periódico digital de notable nacionalismo, admirador de Trump hasta la rendición y deseoso de que nuestro gobierno se ponga a bailar al son que el magnate le toca chasqueándole los dedos.

El medio aludido acusa nuestra Jefa de Estado de “llevar al país a la colisión con Estados Unidos por su postura inflexible de no entregar a altos mandos políticos vinculados a los cárteles del narcotráfico”.

Recrimina, escandalizado, que en su reclamo la potencia “exige resultados rápidos y contundentes y no los ve”, y concluye insidioso:

Para EU la negativa de Sheinbaum es “un signo claro de que con Morena en Palacio Nacional no hay manera de entenderse con México”. Le faltó agregar “regresemos el reloj hasta 1988”.

La notificación indicó que la intervención militar será “antes o después” de que termine el Mundial, lo que significa que si el final será dentro de veinte días –el 19 de junio—se antoja razonable un lapso similar para la hipótesis de que sea después de este evento futbolero, hasta el 8 de agosto.

Avisados estamos.

RESCOLDOS

¡Dieciocho y medio millones de piezas de medicamentos del Hospital Infantil de México Federico Gómez caducaron entre 2020 y 2024! En el desperdicio estaban incluidos centenares de miles de oncológicos. Sí, justo aquellos por los cuales padres de niños con cáncer y políticos sin escrúpulos protestaron por aquellos días ante el desabasto. De acuerdo con información que ahora se conoce, el director saliente en 2024, Jaime Nieto Zermeño, se abstuvo de notificarle a su sucesor la existencia del lote de insumos médicos. Una infamia…

De nuevo se propalan, sin una sola prueba al canto, mentiras en el sentido de que “desde el gobierno se extorsiona a dueños de medios de comunicación para que corran a periodistas”. Ni un solo nombre de dueño o concesionario. Y se afirma también que “casi la totalidad de los medios tradicionales se han puesto del lado del gobierno”. Por fortuna el desempeño de los medios es público, está ahí, a la vista de todos; valórenlo las audiencias…

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Inicia la Comisión para la implementación del CNPCyF del Poder Judicial de Oaxaca con Segundo Foro Nacional

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Inicia la Comisión para la implementación del CNPCyF del Poder Judicial de Oaxaca con Segundo Foro Nacional
  • El objetivo es situar a Oaxaca en el centro del análisis nacional sobre la justicia cotidiana y convocar al Estado y a la sociedad a emprender una tarea histórica de transformación para fortalecer el acceso a la justicia.

Oaxaca, Oax., 01 de Julio de 2026.- En Miahuatlán de Porfirio Díaz, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a través de la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que preside el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, inició el Segundo Foro Nacional en la materia, bajo la temática “Dos realidades, un mismo reto, reflexiones sobre la implementación. Disparidades entre entidades federativas”, que toma como punto de partida la pluriculturalidad de la entidad.

El objetivo es situar a Oaxaca en el centro del análisis nacional sobre la justicia cotidiana y convocar al Estado y a la sociedad a emprender una tarea histórica de transformación para fortalecer el acceso a la justicia. En este marco, se puso en marcha este ejercicio mediante un esquema de regionalización del foro ya que además de Miahuatlán tendrá como sede Santa Cruz Huatulco, este jueves 2 y Salina Cruz, el viernes 3 de julio, para abarcar la Sierra Sur, la Costa y el Istmo.

Durante la ceremonia inaugural, realizada en el Paraninfo de la Universidad de la Sierra Sur, la magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez reconoció el trabajo de la Comisión para la Implementación del Código Nacional, encabezada por el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza e integrada por magistradas y juezas, quienes impulsan espacios de reflexión y profesionalización para fortalecer la transición hacia el nuevo modelo de justicia.

Señaló que la implementación del Código Nacional representa una transformación histórica para la impartición de justicia en México, al incorporar esquemas de oralidad, herramientas digitales y procedimientos más ágiles y transparentes. Sin embargo, subrayó que el reto principal es lograr que esta reforma responda a las necesidades reales de cada comunidad y garantice un acceso efectivo a la justicia.

Por su parte, el magistrado Díaz Carranza destacó que Miahuatlán concentra la mayor cantidad de asuntos jurisdiccionales en la región de la Sierra Sur, lo que da relevancia a que este Distrito Judicial sea el punto de arranque de la ruta de regionalización del debate sobre el Código Nacional.

Ante la rectora Sandra Karina Ramírez y la diputada Analy Peral Vivar, presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, entre otras personalidades, subrayó que este cuerpo normativo es de gran trascendencia, ya que regulará los procedimientos de la justicia cotidiana: conflictos patrimoniales, familiares, contractuales y sucesorios, por lo que requiere adecuaciones y capacidades institucionales para su correcta implementación.

“Estamos situando a Oaxaca en el centro del análisis nacional. Requerimos que el Estado y la sociedad en su conjunto emprendamos esta histórica tarea que viene a transformar para bien la justicia cotidiana, entendida como la más común y concurrente en la sociedad. Una justicia que llega tarde debilita la confianza en las instituciones, mientras que una justicia eficaz fortalece el Estado de derecho”, puntualizó.

En Miahuatlán de Porfirio Díaz, se impartió una conferencia, se realizó una simulación de audiencia en materia civil y un panel de análisis sobre las disparidades entre Oaxaca, Baja California y la Ciudad de México en la aplicación del CNPCyF, con la participación de la magistrada Karina Acosta Dueñez, integrante de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Baja California; el doctor Yaopol Pérez Amaya Jiménez y el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza.

Poder Judicial impulsa el fortalecimiento municipal para la paz social

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Poder Judicial impulsa el fortalecimiento municipal para la paz social
  • La magistrada presidenta Erika Rodríguez entregó el “Manual del Alcalde 2026” a autoridades de la región Costa

Como parte del compromiso de fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales y consolidar una atención más cercana a la ciudadanía, el Poder Judicial del Estado participó en la presentación de la estrategia interinstitucional “Fortalecimiento Municipal y Seguridad Ciudadana”, realizada en San Pedro Mixtepec, una iniciativa coordinada con dependencias estatales, cuerpos de seguridad y autoridades municipales. 

En el evento, realizado en el Centro de Bienestar de Puerto Escondido, la magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez entregó el “Manual del Alcalde 2026”, una guía práctica dirigida a fortalecer el desempeño institucional de las autoridades municipales. La entrega simbólica se realizó a la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Zoila Lenin García Jiménez.

En su intervención, la titular del Poder Judicial destacó que la justicia comienza desde lo local y que el fortalecimiento de las instituciones municipales permite ofrecer respuestas más eficaces a la ciudadanía, mediante una estrecha coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Como parte de esta estrategia, servidoras y servidores públicos participaron en una jornada de capacitación orientada a fortalecer la atención que se brinda, desde la primera línea de contacto, a mujeres en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar una atención integral, digna, oportuna y con perspectiva de derechos.

Por parte del Poder Judicial, la directora de la Escuela Judicial, Jessica Maribel Arango Bravo, impartió el tema “Manual del Alcalde 2026”; la directora de Derechos Humanos, Sheila Sánchez López, desarrolló la conferencia “Órdenes de protección”; la directora del Centro de Justicia Alternativa, Yadira Piedad Saavedra López, presentó el programa “#MASComunidad” y el juez Modesto Isaías Santiago Martínez, del Juzgado Primero Mixto de Pochutla, abordó el tema “Primer respondiente y capacitación a policías”.

Poder Judicial del Estado y SCJN promueven reflexión sobre historia, justicia y memoria colectiva 

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Poder Judicial del Estado y SCJN promueven reflexión sobre historia, justicia y memoria colectiva 
  • Como parte del programa al programa “Expedientes a través de la historia”, fortalecen lazos de colaboración para el análisis de documentos que forman parte del archivo judicial

Oaxaca, Oax., 24 de junio de 2026.- Con el panel “Justicia y Memoria Histórica: Los Mártires de Cajonos” y Presentación del contexto histórico y jurídico del expediente 738/1867, Criminal contra Cura por varios hechos, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca se sumó al programa “Expedientes a través de la historia”, impulsado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la Casa de los Saberes Jurídicos, espacio dedicado al análisis de documentos históricos que forman parte del patrimonio judicial.

La magistrada presidenta Erika María Rodríguez Rodríguez, acompañada del director de la Casa de los Saberes Jurídicos en Oaxaca, Reynaldo López Martínez, encabezó el evento, en el que se destacó la importancia de los archivos judiciales como fuentes para el estudio de la historia, la preservación de la memoria colectiva y la evolución de las instituciones de justicia.

En su intervención, la titular del Poder Judicial indicó que este encuentro permitió analizar un episodio de gran relevancia para la entidad desde su contexto histórico y jurídico, al destacar el valor de los archivos judiciales como patrimonio documental. A su vez, el director de la Casa de los Saberes Jurídicos en Oaxaca resaltó la relevancia de acercar estos temas a la comunidad jurídica, académica y a la ciudadanía.

En el panel, por parte del Poder Judicial del Estado participaron el encargado de la Dirección de Archivo, Bibliotecas y Boletín Judicial, Israel Garrido Esquivel, y la jueza especializada en Justicia para Adolescentes, Irina Cabrera Girón, quienes abordaron la trascendencia histórica y jurídica del caso de Los Mártires de Cajonos, como referente de una etapa significativa en la historia de Oaxaca.

Asimismo, la presentación del contexto histórico y jurídico del expediente 738/1867, “Criminal contra Cura por varios hechos”, pieza clave para comprender este episodio histórico, estuvo a cargo del historiador Jorge Osbaldo Zúñiga Cárdenas y de la especialista Ana Lilia García Ramírez, ambos de la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CONTRAFUEGO || País “sin control”, Mundial airoso

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CONTRAFUEGO || País “sin control”, Mundial airoso

Aurelio Ramos Méndez

Los primeros diez días del Mundial de Futbol han transcurrido en todo el territorio nacional, pero en especial en las tres sedes –CDMX, Guadalajara y Monterrey–, en un ambiente general de paz y orden, sin incidentes de gravedad, muy cerca de lo que el lugar común denomina una fiesta. 

Sorprende que así sea, si se repara en que el organizador de este lucidor evento ha sido, según el despreciable Donald Trump y sus lacayos autóctonos, un gobierno que ha perdido el control del país.

Si hasta podría decirse “¡qué buen organizador de mundiales es el narco!”, fenómeno éste gestado, promovido, manipulado y usufructuado por EU desde hace más de medio siglo, pues según el mandatario gringo y sus vasallos en México “los cárteles dirigen” nuestro país.

En su discurso ante el G-7, el pasado miércoles (17) y para regocijo de sus compinches de este lado de la frontera, quienes celebran sus sandeces como un gol de final de campeonato mundial, Trump expelió: 

“México ha perdido el control de su país, los cárteles dirigen México y es triste. La presidenta es muy buena, pero es una mujer muy asustada”.

A estas alturas hasta las piedras conocen el estilo hiperbólico, o más bien cínico y disparatado de la retórica de Trump, si bien por estos días su accionar a tontas y locas se explica porque anda con el santo de espaldas.

Deambula derrotado en Irán, desafiado por Robert de Niro, ridiculizado por su aliada italiana Giorgia Meloni y reconvenido con razón y dureza por la “muy asustada” presidenta Sheinbaum.

Esta penosa coyuntura, a la que deben agregarse los intereses electoreros que lo inducen a la soberbia y la pretendida superioridad e infalibilidad en busca de votos, en modo alguno es excusa para el agravio y el insulto, menos aún contra un vecino, socio comercial y aliado geopolítico.

El terror del barrio encontró en la jefa del Estado la horma de su zapato. Ella tomó aquellos dichos como provenientes de uno de esos loquitos inofensivos que vociferan incoherencias a la salida de misa.

“Yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar… No hay que engancharse en cada declaración. El pueblo de México sabe que estamos trabajando, que es lo que a mí me importa”, expresó la mandataria, y señaló que en materia de seguridad su gobierno está dando resultados, aunque Trump no conoce la realidad de nuestro país.

Dijo más y con más energía. “No está bien informado él, se lo he dicho personalmente. Y esto no es algo que yo lo diga por primera vez: ¡el Estado mexicano existe!”.

Luego dribló al deslenguado ocupante de la Casa Blanca. “Nosotros no vamos a entrar, no queremos ni debemos entrar en un debate personal con el presidente Trump. Defendemos nuestras posiciones y buscamos siempre la mejor relación posible, con nuestros principios, defendiéndolos. Esa ha sido mi posición y creo que es la correcta”.

En la guerra que azuzado por Benjamin Netanyahu libra contra Irán, el presidente norteamericano ha sufrido, por donde se mire, una humillante derrota. 

Y el domingo antepasado (14) Robert de Niro, una de las voces más respetadas en la potencia vecina, en especial entre la comunidad artística, le asestó un golpe demoledor, digno del legendario peso mediano Jake LaMotta, Toro Salvaje.

Sin eufemismos, con tono crudo –único que reconoce el presidente convicto de 34 delitos–, De Niro dijo estar cerca de ser un fundamentalista de la libertad de expresión, “así que cuando oigo algo que no me gusta, recurro a mi propia libertad de expresión para responder”. 

Habló en un evento denominado “Levántense, canten: concierto por la Primera Enmienda”, y respondió:

“Cuando oigo a Trump decir, como hizo hace unos días, ‘no pienso en la situación económica de los estadounidenses, ni siquiera un poco’, yo digo: ¡Cállate la puta boca!”.

El actor principal de El Francotirador, prosiguió:

“Me duele decirlo, pero amar a nuestro país empieza a sonar como una persona maltratada que dice que quiere a quien la maltrata… No puedo querer a un país que inicia guerras estúpidas e inhumanas que matan a miles de inocentes y causan indirectamente la muerte y el sufrimiento de millones más.

“No puedo querer a un país que deja sin asistencia sanitaria a millones de personas y utiliza ese dinero para enriquecer a sus amigos de la clase de Trump y Epstein.

“No puedo querer a un país que envía milicias enmascaradas a disparar contra ciudadanos en las calles, torturar a nuestros vecinos y separar familias. 

“No puedo querer a un país dirigido por un tirano racista, misógino y xenófobo. Y voy a decirlo claramente: no puedo querer al país dirigido por Donald Trump y su Congreso servil”.

Y concluyó el protagonista estelar de Taxi Driver: “Quiero volver a amar a mi país. Quiero recuperar mi país”.

Ni con sus más cercanos puede Trump sostener relaciones respetuosas y civilizadas. En la cumbre del G-7, en Evian, Francia, lo confrontó y ridiculizó la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, luego de que en declaraciones a medios él mintió con descaro acerca de una entrevista que ambos sostuvieron.

“Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!”, dijo con esperpéntico relente sietemachero.

La respuesta tardó en llegar en video menos de lo que dura una futbolera pausa de hidratación. “Ni yo ni Italia suplicamos nunca”, le reviró Meloni, quien dijo estar atónita por aquellos dichos, los cuales tildó de “un invento”.

Calificó de “graves y ofensivas” las palabras de Trump, y le ordenó a su canciller que suspendiese la visita que este funcionario tenía prevista por estos días a la Casa Blanca.

Se entiende que en una semana de perros el presidente gringo buscara rivales más cercanos y menos potentes, y volteara a ver México. Lo que no se entiende más que como traición a la Patria es que sólo nuestra pestilente derecha le hiciera el caldo gordo al desquiciado.

Apoyada en los dichos de Trump y sus achichincles JD Vance, Pete Hegseth y Marco Rubio, el combo mediático empeñado en colgarle el sambenito de narco al gobierno federal como estrategia para lavarle la cara a los narco-gobiernos de Carlos y Raúl Salinas y de Calderón y García Luna, reanudó su embestida.

Tras un brevísimo mutis luego de su fracaso en el empeño de emboscar políticamente a la Presidenta en el Azteca, y sabotear el Mundial, este combo –a la vez azuzador y vocero oficioso del vecino hostil– sirvió con algarabía de caja de resonancia a los despropósitos del magnate.

Avaló las amenazas y, feliz, las reprodujo hasta la exasperación.

En esas anda, mientras la fiesta continúa y el balón sigue rodando en paz, orden, control y gobernanza, aunque le resta un mes a la euforia futbolera. Cuidado. Vienen provocaciones.

BRASAS

Está en puerta una nueva andanada opositora contra el gobierno federal, so pretexto de la supuesta imposibilidad técnica de separar la información de la opinión en los medios, en particular en el periodismo electrónico. 

La Corte ya recibió una nueva leguleyada de Ricardo Salinas Pliego, la impugnación al artículo 250, fracción V, de la Ley de Telecomunicaciones, que este potentado considera inconstitucional porque exige a los concesionarios facilitar elementos para distinguir entre información y opinión.

El tema ya fue materia de amplio debate, primero en el Congreso –la ley fue promulgada el 16 de julio de 2025– y luego, con aturdidora estridencia, en los medios. 

Una alharaca descomunal consiguió que cobrara carta de naturalización la “dificultad” para hacer lo que históricamente había hecho el periodismo: dar la noticia con objetividad, icástica, sin artificio alguno, y por separado opinar lo que le viniera en gana.

Esta sana práctica, de la que fue destacado cultor Jacobo Zabludovsky, ahora les parece imposible aun a los pupilos de este respetado periodista.

Se comprende que comunicadores convencidos de que los hechos son “más noticiosos” si se dan a los gritos –sobre todo para defender al patrón–, consideren imprescindible editorializar, Con honestidad intelectual, no existe ni la menor dificultad para dar la nota y opinar luego de manera tan ecuánime o rabiosa como aconseje la ética.

Zabludovsky solía opinar –cuando todavía vibraba el eco de la nota no en un coctel vomitivo a la mitad de ésta– con un gesto apenas perceptible, una ceja alzada, un rictus, una mueca, un monosílabo y hasta un silencio, nada que ver con las peroratas que hoy saturan el ambiente radio-televisivo.

En manos del ministro Irving Espinosa Betanzo esta la responsabilidad de elaborar el dictamen que discutirá el pleno. 

Por el bien de todos, confiemos en que confirmará la constitucionalidad de la ley, que cursó sin contratiempos el trámite legislativo, y sea avalado por el pleno. Restará después la voluntad política para aplicar las disposiciones, pero esa es otra historia.

El paso por la Corte de la artimaña jurídica del rábula del Ajusco puede ser el inicio de una muy necesaria sanitización de la atmósfera mediática.

RESCOLDOS

La SEP optó por cebar al monstruo, en lugar de aniquilarlo cuando éste ya daba muestras de debilitamiento. Destinará 800 millones de pesos a la atención de compromisos institucionales, administrativos y laborales con maestros de la CNTE en Oaxaca, la sección 22 del SNTE. Huele a pago por servicios prestados. Y a soborno. O, a indemnización, pues la dirigencia centista aceptó la realización de una consulta escuela por escuela para recoger demandas y replantear acuerdos laborales y educativos. ¿El principio del fin de la perniciosa y costosa intermediación de la disidencia del SNTE? Veremos.

aurelio.contrafuego@gmail.com

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Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura o el pensamiento de “Al Margen”. La empresa periodística se deslinda de cualquier comentario o punto de vista emitido en este texto, ya que estos corresponden al criterio personal del articulista. 

Reafirman PJEO y Defensoría Pública alianza institucional en favor del acceso a la justicia

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Reafirman PJEO y Defensoría Pública alianza institucional en favor del acceso a la justicia
  • En reunión de trabajo, la magistrada presidenta Erika María| Rodríguez y el director Marcelo Merino refrendaron su compromiso de continuar estrategias conjuntas

Oaxaca, Oax., 20 de junio de 2026.- Con el propósito de fortalecer las acciones que contribuyan a garantizar un acceso efectivo a la justicia para las y los oaxaqueños, la titular del Poder Judicial del Estado, magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con el director de la Defensoría Pública del Estado, Marcelo Merino García. 

Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre la importancia de mantener una coordinación permanente entre las instituciones encargadas de la administración e impartición de justicia, a fin de consolidar estrategias que permitan brindar servicios más ágiles, eficientes y cercanos a la ciudadanía.

La titular del Poder Judicial del Estado destacó que la colaboración interinstitucional representa una herramienta fundamental para fortalecer los mecanismos de atención y respuesta a las necesidades de las personas usuarias del sistema de justicia, privilegiando siempre el respeto a los derechos humanos y a las garantías del debido proceso.

En el marco de la reunión, ambas instituciones reafirmaron su compromiso de continuar sumando esfuerzos y construir rutas de trabajo comunes que permitan fortalecer el acceso a la justicia en el estado, en beneficio de la sociedad, principalmente de los grupos en situación de vulnerabilidad. 

Supervisa magistrada Erika Rodríguez el funcionamiento del Juzgado Mixto de Santa María Huatulco

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Supervisa magistrada Erika Rodríguez el funcionamiento del Juzgado Mixto de Santa María Huatulco
  • La visita permitió dar seguimiento a observaciones de la Visitaduría, atender denuncias de la ciudadanía y fortalecer la operatividad del juzgado 

Oaxaca, Oax., 17 de junio de 2026.- En el marco de las acciones para fortalecer la impartición de justicia en la región de la Costa, la titular del Poder Judicial del Estado, magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez realizó una visita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santa María Huatulco, donde sostuvo una reunión con el personal jurisdiccional con el objetivo de dar seguimiento a diversas denuncias y quejas ciudadanas.

Como parte de esta atención, se emitieron observaciones orientadas a mejorar los procesos internos, además de determinar cambios de adscripción con el fin de optimizar la calidad del servicio. Esta visita tuvo como antecedente una revisión previa realizada por la Visitaduría, en la cual se detectó un rezago en la atención de los procesos judiciales.

Ante ello, la Magistrada Presidenta refrendó el compromiso institucional de que la región Costa no puede seguir esperando una justicia tardía.

Durante el recorrido, también se supervisaron las condiciones del Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM) adscrito a dicho juzgado, con especial atención a la protección y bienestar de niñas y niños, ya que el espacio fue reubicado en un lugar más adecuado, lo que garantiza la supervisión adecuada de las convivencias por parte del personal jurisdiccional, en beneficio de las familias usuarias.

La magistrada presidenta reiteró que el Poder Judicial mantendrá un seguimiento permanente a las acciones emprendidas en Huatulco, con nuevas visitas de supervisión y evaluación, para asegurar una justicia pronta, transparente y libre de corrupción en beneficio de la población de la región Costa.

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