¿Dónde está la Sección 22?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Resulta pertinente la pregunta, porque desde el inicio de la pandemia —hace casi dos años— la Sección 22 del SNTE ha tenido una presencia prácticamente nula, tanto como grupo de lucha social que como gremio magisterial. Aunque el oficialismo intenta vender como logros suyos la aparente gobernabilidad y los ciclos escolares completos a pesar de la pandemia, lo cierto es que la dirigencia sindical del magisterio oaxaqueño tiene razones suficientes para estar desaparecida.

En efecto, en Oaxaca hoy existe gobernabilidad y trabajo del sector educativo en aparente calma. Desde hace más de dos años no han ocurrido movilizaciones masivas de los trabajadores de la educación y, a pesar de la pandemia, se dice que existe regularidad en el trabajo docente en todos los niveles educativos, pero particularmente en la educación básica y media básica, que se encuentran bajo la responsabilidad de la autoridad educativa estatal y de la Sección 22. 

Junto a ello, se presume que el buen manejo político y administrativo de la educación ha dado como resultado una relación de concordia entre el gobierno y el magisterio, y que por esto éste último no se ha movilizado ni ha suspendido labores a lo largo de los últimos ciclos escolares. 

¿Qué tan cierto es esto? Es evidente que la 22 no se ha movilizado en mucho tiempo; pero esta verdad no necesariamente está ligada con una gestión gubernamental eficaz, sino con el hecho de que el magisterio parece tener muy pocas ganas y motivos para continuar una jornada de movilizaciones. ¿La razón? Que, por un lado, tiene la gran mayoría de sus demandas laborales y políticas resueltas; y, por el otro, que tampoco tiene necesidad de hacer presencia política porque hoy son aliados de una administración federal cuyo partido —Morena— tiene eventualmente ganados todos los procesos electorales a los que acudirá este año y que —como el de Oaxaca— son de interés del sindicato magisterial.

Y es que en mayo de 2019, como si fuera el regalo del gobierno federal a la CNTE en el día del maestro de ese año, se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación un conjunto de reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución federal, que resultaron formidables para los intereses del llamado “magisterio democrático”, pues en ellas se declaró la muerte de todas las disposiciones relacionadas con la evaluación de la educación, con lo cual se convalidó el triunfo del magisterio, que siempre ha pretendido mantenerse ajeno a cualquier tipo de disposición que modifique su situación laboral y sus mecanismos de ingreso, siempre que éstos no les den una carta abierta a ellos. Y eso fue justo lo que lograron con la reforma educativa —contrarreforma— aprobada por el Congreso federal en 2019.

Básicamente, la nueva legislación federal elimina todos los requisitos relacionados con la evaluación de la educación; garantiza la subsistencia de las escuelas normales y la Universidad Pedagógica Nacional, así como la contratación de todos los egresados de ellas, y únicamente norma los mecanismos de ingreso y ascenso al servicio docente, pero elimina todo lo relacionado con la evaluación de la educación en sentido sancionador. Es decir, asciende y mejora su situación laboral quien cumple con ciertos requisitos. Y quien no, simplemente se queda en el espacio educativo que ya tiene ganado. Algo inmejorable para sus intereses.

GRAN REGALO 

El Decreto que contiene la reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2019 contiene la claudicación del Estado mexicano en favor del magisterio. Dice el transitorio segundo: “A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto.

“Hasta en tanto el Congreso expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (sic) —Ley publicada en el DOF el 30 de septiembre de ese mismo año—, queda suspendida cualquier evaluación ypermanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente. En la aplicación de este Decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros (sic), los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación.

Luego, los transitorios tercero y cuarto no dejan duda sobre la rendición del Estado frente al magisterio: “Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio (…) A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto.”

¿Qué significa? Que la 4T no dejó piedra sobre piedra respecto al antiguo sistema de evaluación, y les regaló un nuevo panorama en el que silenciosamente el sindicato magisterial ha ido retomando el control administrativo de la educación. Aunque formalmente nada dice sobre el reconocimiento de la presencia sindical en la gestión de la situación administrativa y laboral de los trabajadores de la educación, es evidente que volvió a poner al SNTE —y a la CNTE— en el pináculo de la política educativa nacional.

Luego, en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros —sí, así se llama—, garantiza el reabastecimiento constante de nuevos integrantes del sindicato magisterial, al formalizar la contratación de los egresados de las normales. El artículo 35 así lo constata: “Con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los Centros de Actualización del Magisterio, de acuerdo a (sic) las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente. Para tal efecto, la SEP, a través de su área competente, establecerá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas (…) de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas en términos de esta Ley…”

¿Qué significa? Que al menos la CNTE y la Sección 22 no tienen ya razones para mantenerse en la lucha. Fueron satisfechas todas sus demandas sustantivas. Todas. Y si eso no fuera poco, además tienen más de 40 diputados federales provenientes de todo el país. Y la pandemia les permite justificar el hecho de que ya ni siquiera se celebren asambleas seccionales. Así, tanto silencio no es producto de una buena gestión gubernamental estatal, sino resultado de la capitulación del Estado frente a sus demandas. 

EPITAFIO 

En ese contexto de derrota aplastante, ¿alguien sabe qué pasó con el llamado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca? Porque la reforma educativa de AMLO tampoco es lo que exigía el magisterio oaxaqueño. Lo raro es que ahora ya no dicen ni pio… 

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Caso Emeterio: ¿la justicia fue una pantomima?

+ Agresores presos… y en huelga por su liberación

Desde hace varios días, un grupo de presos del penal estatal ubicado en la agencia Municipal de San Francisco Tanivet, en Tlacolula de Matamoros, se encuentra en huelga. El motivo aparente de la inconformidad, radica en algo así como el incumplimiento de una promesa que “alguien” les hizo cuando fueron encarcelados, hace más de tres años. ¿Qué tiene de relevante ese asunto?

Parece necesario echar atrás la mirada para comprender este asunto que, a primera vista, parecería irrelevante para efectos de la atención pública. Regresemos la memoria hasta aquel lejano lunes 16 de julio de 2007, y ubiquémonos en el contexto de las últimas secuelas violentas del conflicto magisterial y popular, ocurrido el año previo.

Como bien debe recordarse, uno de los sitios más álgidos y emblemáticos durante toda la resistencia popular encabezada por el magisterio oaxaqueño y demás grupos inconformes, fue el Auditorio Guelaguetza. Desde 2006, una de las victorias más sonadas que tuvo la entonces recién creada APPO en conjunto con la Sección 22 del SNTE, fue la cancelación de las Fiestas de los Lunes del Cerro.

En esa ocasión, lograron su objetivo gracias a la toma y ocupación permanente de que, en semanas previas, habían hecho objeto al recinto, y de la quema y destrucción de las mamparas, los templetes y todas las adecuaciones que ya para entonces se habían realizado al Auditorio. Los maestros y grupos inconformes no se movieron del lugar, hasta lograr la cancelación definitiva de la máxima fiesta de los oaxaqueños.

Un año después —cuando ya había pasado la fase más violenta del conflicto, y el Gobierno del Estado, con ayuda de la Policía Federal Preventiva, había retomado el control del orden y la gobernabilidad en la capital y municipios conurbados—, el magisterio de la Sección 22 y la APPO anunciaron que irían por un nuevo boicot a las fiestas del Lunes del Cerro, y exigieron que el Auditorio ubicado en el cerro Del Fortín les fuera prestado para la realización de su llamada “Guelaguetza popular”, que se realizaría justo ese vergonzoso 16 de julio.

Pero lanzaron su amenaza con tanta anticipación, que dieron tiempo al gobierno estatal para que organizara un amplio cerco policiaco en todos los accesos al recinto. Y ante una provocación de algunos grupos radicales de la APPO y la 22, se desató un enfrentamiento que perseguirá a sus responsables (de ambos bandos) hasta el fin de sus días.

¿Qué ocurrió entonces? Que aquel 16 de julio, al mismo tiempo que se celebraba la llamada “Guelaguetza popular” —una semana antes que la también llamada “Guelaguetza oficial”— en la Plaza de la Danza, un grupo de profesores e integrantes de la APPO decidió ir a ocupar el Auditorio Guelaguetza para lograr así el boicot a la celebración. Un grupo de unas 200 personas marchó hacia el cerro del Fortín, y en el entronque con la calzada Niños Héroes de Chapultepec, se hallaron con un fuerte cerco policiaco, compuesto por elementos estatales de diversas corporaciones.

El choque violento fue inevitable. A pesar del feroz ataque de los inconformes, las fuerzas estatales los rebasaron en número y capacidad de respuesta, y lo que comenzó siendo la mera contención de un ataque, terminó siendo una desmedida acción de fuerza por parte de las fuerzas estatales. Ante lo anunciado y previsible del enfrentamiento, representantes de prácticamente todos los medios informativos locales y de la capital del país que se encontraban en la capital oaxaqueña, se apersonaron en el lugar incluso antes de que los appistas llegaran e iniciaran el ataque.

LA SOMBRA DE EMETERIO

Todos los reporteros gráficos captaron los momentos de la ofensiva, de la resistencia policiaca, y luego de la respuesta de fuerza. En medio del enfrentamiento, fue captada una secuencia fotográfica completa de un individuo perteneciente a la ofensiva appista, que fue alcanzado por elementos policiacos, para luego ser sometido y subido a un vehículo policiaco para, según ser trasladado a los separos. Horas después, ese mismo individuo fue encontrado a la orilla de una carretera federal, en el sur de la ciudad, en un grave estado de salud producto de una brutal golpiza que había recibido. Era Emeterio Merino Cruz.

La tarde de ese 16 de julio, llamadas telefónicas alertaron sobre el hallazgo de ese individuo. Aunque inicialmente la entonces Dirección General de Seguridad Pública del Estado se deslindó tanto de su detención como de la agresión sufrida, pronto se supo que, en efecto, la persona moribunda que había sido localizada en la carretera a San Bartolo Coyotepec sí había estado presente en el enfrentamiento, y había sido detenido por fuerzas estatales. El periódico Noticias publicó la secuencia completa de imágenes, de cuando Merino Cruz fue sometido por completo a las afueras del hotel Fortín Plaza.

Fue hasta entonces, cuando ya el deslinde era ridículo e insostenible, que el Gobierno del Estado aceptó su responsabilidad por la brutal golpiza. Para tratar de “limpiar” la maltrecha imagen del gobierno estatal, el 31 de agosto de 2007 el entonces procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez anunció la aprehensión de cinco elementos de las policías Preventiva y Municipal de Oaxaca de Juárez, como presuntos responsables de la brutal golpiza que le propinaron a Merino Cruz.

Esos elementos eran Nemecio Vásquez Matus, Alejandro Franklin Ortiz, Alfredo Luis Santos, Eugenio Silva Santiago y Javier Díaz Miguel. Los mismos que hoy se dicen defraudados por la promesa de ser liberados antes de que terminara la actual administración, y que durante un tiempo recibieron privilegios y ayuda por parte del ahora extinto Aristeo López Martínez, y otros funcionarios estatales.

En nuestra entrega del miércoles 26 de septiembre de ese año, dimos cuenta de cómo el entonces Coordinador de Seguridad Pública Municipal disponía de vehículos y elementos para que estuvieran al servicio de los familiares de los efectivos de esa corporación que fueron encarcelados por la golpiza a Emeterio Merino.

¿JUSTICIA?

Sistemáticamente, Merino Cruz se negaba a acudir al llamado del Agente del Ministerio Público para dar declaraciones y ofrecer pruebas sobre el caso. Sin eso, es imposible llegar a una sentencia. Y todo se agrava ante la “revelación” de que hubo tratos entre “alguien” y los encarcelados, para ser puestos en libertad antes del fin de la administración. Parece que la simulación de justicia está a punto de aparecerse de nuevo.

Toma de estaciones de radio: cuatro años

+ 21 de agosto: determinante para la APPO

Quizá esta sea ya una jornada para muchos intrascendente. Pero el 21 de agosto de 2006, resulta ser una fecha trascendental porque ésta fue la que marcó el antes y el después de las jornadas de lucha de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, y los profesores de la Sección 22 del SNTE en aquel año aciago de la revuelta magisterial y popular.

Hace exactamente cuatro años, un grupo de profesores que se encontraba resguardando las antenas de transmisión de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, fueron atacados por sujetos desconocidos. En respuesta, cuadrillas bien organizadas de profesores e integrantes de la APPO, ocuparon prácticamente todas las estaciones de radio de la capital oaxaqueña, primero en protesta por la agresión sufrida esa madrugada, pero sobre todo para poner en marcha una fase superior de su plan de acción, tendiente a masificar el conflicto, que entonces ya se encontraba en un relativo estado de estancamiento.

Hagamos memoria de qué pasaba en los últimos días del mes de agosto en Oaxaca. Los profesores e integrantes de la APPO, habían resistido estoicamente el paso de todo el periodo vacacional de verano, pero se encontraban en un dilema importante frente al inicio del nuevo ciclo escolar: tenían la opción de sostener su lucha, pero volver a las aulas, y así evitar que el gobierno estatal decretara la retención de sus salarios; la segunda opción, era la de sostener su lucha en términos de radicalización, y paro indefinido de labores, hasta lograr que los ámbitos de gobierno cedieran a sus demandas y les dieran respuestas satisfactorias. Una, pues, era la postura moderada, y la otra, la tradicional que ocupa el magisterio de poner contra la pared a sus adversarios, para iniciar desde ese punto las fases de negociación.

Si bien se recuerda, una asamblea estatal de la Sección 22 ocurriría apenas unos días después de aquel aciago 21 de agosto de 2006. En ella, había un claro encaminamiento a lograr destrabar el paro indefinido, y conseguir que por lo menos grupos representativos de profesores inauguraran el ciclo escolar 2006-2007, sin que esto significara que las escuelas reanudarían sus labores por completo, ni tampoco que todos los profesores abandonarían sus tareas sindicales para regresar a las aulas. Era, o parecía, un movimiento táctico para dar un aire a la intensa lucha política que libraban en contra del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

Sin embargo, a la par de esa postura moderada, se encontraba la de los sectores radicales del magisterio y la APPO, que llamaban a continuar el paro indefinido de labores, y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Eran quienes decían que no podía existir ningún margen de negociación, ni ninguna demostración de flaqueza por parte de los profesores democráticos frente al mal gobierno, y que por tanto había que sostenerse en sus posiciones hasta conseguir los objetivos planteados.

El caso es que, ante esas dos posturas, había una clara tendencia por privilegiar la primera. Sólo que, sospechosamente, ante el inminente inicio del ciclo escolar, comenzaron a ocurrir ciertos hechos que orillaron a los profesores democráticos a abandonar sus intenciones iniciales, y optar por el recrudecimiento de la lucha política.

Eso fue exactamente lo que ocurrió el 21 de agosto de aquel año. Independientemente de que tal ataque hubiese o no ocurrido, o que se hubiere perpetrado en la forma en que los democráticos dijeron que había sido, lo cierto es que eso marcó una tendencia irreversible en el magisterio a continuar en bloque frente a la lucha.

Ante el ataque, ellos no se podían permitir concesiones. Por eso, ese fue el día en que se canceló cualquier posibilidad de arreglo civilizado con los profesores, y se inició, con ayuda involuntaria de la radio, el periodo más violento y plagado de incertidumbre que ocurriera en Oaxaca durante el conflicto magisterial de 2006.

ARENGA NOCIVA

Desde la mañana de aquel 21 de agosto, los profesores de la Sección 22 tomaron todas las estaciones comerciales de radio, en protesta por el ataque sufrido. Junto con la agresión a balazos, ellos aprovecharon para protestar en contra de un cerco informativo del que se decían objeto.

Tomaron, en razón de ello, todas las frecuencias radiofónicas existentes en la capital oaxaqueña —sólo dejaron libre a la del empresario Humberto Lópezlena Cruz—, bajo el argumento de poder difundir su mensaje y su versión del conflicto magisterial. Hubo la expectativa de que las estaciones serían devueltas a la brevedad posible, o que, en su caso, intervendrían las instancias federales encargadas de las telecomunicaciones, para impedir que el uso indiscriminado de las señales se convirtiera en una tarea cotidiana.

El gobierno estatal se encontraba totalmente paralizado. No ejercía autoridad alguna sobre nadie en la entidad; y el gobierno federal hizo como que ese problema no existía, y que por tanto no tenía nada que hacer en la entidad. El problema es que mientras unos se decían incapaces, y los otros desinteresados, los grupos inconformes que se apoderaron de las frecuencias de varias estaciones, por más de tres meses, vertían mensajes poco mesurados sobre la necesidad de la participación del pueblo en la lucha del magisterio y la APPO, instrucciones sobre la colocación de barricadas y la autodefensa, e incluso la información, en tiempo real, de qué era lo que estaba ocurriendo en ciertos lugares álgidos, cómo tomar providencias, o cómo tendría que contrarrestarse algún intento policiaco de reacción frente a los grupos inconformes.

No hubo autoridad alguna que, en todo ese tiempo, se pronuncia por lo menos con preocupación por lo que ocurría en Oaxaca capital. Pero esas arengas constantes y accesibles hasta para el público menos pudiente, fueron determinantes para redimensionar el conflicto magisterial, y proporcionarle esas bases que fueron quienes le dieron fuerza a una lucha del magisterio que, por sí solo, no habría podido librar del todo.

ILEGALIDAD IMPUNE

Por esas usurpaciones en las estaciones de radio, debieron haber investigaciones ministeriales, y quizá detenidos. Se violaron, nada menos que estrictas leyes federales sobre radiodifusión, y sobre telecomunicaciones. Esta fue una demostración genuina de lo poco que le interesaba Oaxaca al gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada, y de la ignominia que fuimos capaces de cometer los ciudadanos, contra nosotros mismos.

2006-2010: distorsión tricolor de los conflictos sociales

+ Conspiración vs PRI: ahora ven fantasmas por todos lados

Junto con el periodo formal de campañas electorales, inició también un importante intento por enredar los antecedentes y las causas de hechos ocurridos en el pasado reciente. Temas como el conflicto magisterial y popular, la presencia de la guerrilla en la entidad, las reyertas entre partidos y grupos políticos, y las luchas electorales, son temas que hoy pretenden ser cocinados y mezclados en una sola olla. El objetivo, según parece, es el de establecer la existencia de una competencia electoral sin matices, en la que sólo se enfrentan buenos contra malos.

Hoy, son evidentes las estrategias políticas y mediáticas de las dos principales fuerzas políticas que se disputan la gubernatura del Estado. Por un lado, los partidos de oposición encontraron un motivo perfecto en el hecho de San Juan Copala, ocurrido hace unos días. En su lógica favorable, aquel hecho de violencia revela no sólo la deficiente labor oficial para garantizar la seguridad y la paz entre los pueblos, sino también un talante autoritario que hoy nuevamente se revela, pero que se mostró tal cual en las acciones de represión y persecución a grupos disidentes, antes, durante y después del conflicto magisterial de 2006.

En el otro extremo, el priismo pretende defenderse asimismo a través de la manipulación del pasado. En la lectura de la realidad que pretenden hacer pasar como válida, sostienen que las fuerzas opositoras que hoy le disputan la gubernatura, fueron las mismas que fabricaron el conflicto magisterial de hace cuatro años, que perversamente provocaron la represión y la violencia, que buscaron derrocar a un gobierno priista a través de la presión magisterial y la presencia de la guerrilla del EPR, y que ahora están tratando de revivir esos capítulos con hechos —también provocados— como el de Copala, para capitalizarlos electoralmente, a través de la confirmación de que aquí existe un gobierno que propicia, que tolera, o que cuando menos es incapaz de frenar la violencia.

Tal parece que ninguna de las dos visiones se ajusta por completo a la realidad. Hechos como el de San Juan Copala, bajo ninguna circunstancia pueden o deben desligarse tanto de la discusión sobre responsabilidad indirecta del gobierno estatal, como tampoco del proceso electoral que aquí ocurre.

Sin embargo, es evidente que la violencia ha azotado a la región triqui desde hace décadas; que el gobierno local ha sido incapaz de detenerla, porque en ella confluyen innumerables factores hasta ahora desatendidos; y que, al contrario, ha alimentado el encono con la tolerancia y la descontrolada provisión económica a los grupos de lucha social que ahí existen.

Así, para explicar hechos como el de la emboscada y los muertos habidos recientemente en San Juan Copala, el análisis debería ir mucho más allá de la explicación simplista de que éste fue un acto de provocación por parte de la oposición; o que, por el contrario, esta fue una demostración de la violencia que ejerce y tolera una autoridad estatal que gobierna a través del terror.

Hoy, no es ni remotamente cercana la posibilidad de que las fuerzas políticas en pugna, abonen a un debate serio sobre la ingobernabilidad, sobre la represión, sobre la violencia o sobre las provocaciones. Para cada uno de ellos, los hechos se convierten en herramientas que, a través de la manipulación, las utilizan para tratar de obtener beneficios políticos o electorales. Aunque al final, en el caso particular, aún después de los comicios, nadie sepa quién, cómo o por qué ocurrió la emboscada, y tampoco se hayan esclarecido los hechos.

PASADO, REVUELTO

Sin embargo, nada de esta revoltura manipulada de hechos y causas de lo ocurrido en el pasado reciente, debería sorprendernos. Desde el sector oficial, por ejemplo, se pretende hacer ver que el conflicto magisterial fue consecuencia de una conspiración perversa orquestada desde el poder federal, con la colaboración de la cúpula de poder del entonces candidato presidencial del PRD-PT-PC, Andrés Manuel López Obrador, y con la anuencia de grupos subversivos que vinieron a generar las estrategias más violentas sobre la autodefensa urbana.

Todos esos grupos o personajes pudieron haber sido responsables de la revuelta magisterial. Pero está fuera de toda lógica —y hasta constituye un acto de egolatría y delirio político abominable, que no corresponde a la realidad— suponer que cada uno de ellos conspiró en un acuerdo colectivo para derrocar al gobernador Ulises Ruiz Ortiz de su encargo.

Oaxaca en 2006, por si alguien lo ha olvidado, constituyó la suma de todos los males. Aquí se vinieron a conjuntar todas las discordancias político-partidistas que se generaron a partir de la alternancia en el poder federal, y que se conjuntaron en un escenario en el que todos pudieron materializar sus respectivas estrategias aún cuando cada uno de ellos era enemigo entre sí.

Formalmente, el adversario nacional formal del Gobernador de Oaxaca en aquel año no fue López Obrador, sino el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada. Éste fue quien, fundamentalmente, con su desatención permitió la profundización de un conflicto que inicialmente no tendría por qué haber alcanzado la intensidad que tuvo.

Era imposible, sin embargo, que el gobierno foxista tuviere acuerdos comunes con el magisterio de la Sección 22 del SNTE. Esencialmente, dicho gremio comulgaba con el abanderado presidencial de las fuerzas de izquierda, y por ello fue esa alianza —y no la del PAN— quien capitalizó las ganancias electorales del conflicto.

¿Podríamos pensar que la participación de grupos como el EPR se pactó en un acuerdo en el que participaban entonces archienemigos como el gobierno de Fox, López Obrador, la APPO y la Sección 22, entre otras? Esta posibilidad de acuerdo, en aquellos momentos de profunda algidez política por el escenario nacional, habría sido simplemente imposible.

NO HAY MATICES

Sin embargo, para efectos de la contienda electoral, todo está reducido a una obtusa visión —compartida por el oficialismo y la oposición— de que ésta es una competencia entre buenos y malos, en la que no existen ni los matices. Con poca imaginación, buscan aprovechar la manipulación y la desmemoria, reciente e histórica, para sus propios intereses.

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Violencia en México: cuando no es en el centro, no importa

+ Indiferencia y alarma federal: dos visiones de la realidad

A pesar de que entidades como Baja California, Chihuahua, y Sinaloa han sido escenarios de la prolongada ola de violencia y criminalidad que azota a esa región del país, no fue sino hasta cuando hubo una explosión de muerte, enfrentamientos y disputas entre el crimen y la autoridad en la ciudad de Monterrey —corazón económico del país—, que el gobierno federal se dio cuenta que en el norte había problemas. Este es un fenómeno harto parecido al que ocurrió hace casi cuatro años en Oaxaca. Ambos, son rasgos fundamentales de ese raro federalismo —si es que podemos llamarlo así— que subsiste en nuestro país.

Es necesario, en primer término, definir los tres aspectos a los que nos referimos. El primero de ellos, tiene que ver con el crecimiento exponencial de la violencia criminal, y el alto impacto que todo esto tiene en la imagen de México como país; el segundo de esos rubros, tiene que ver directamente con lo que podríamos denominar como la “contracara” de las formas como se puede trastocar la paz pública de un territorio: la violencia por motivos sociales. Y el tercero de esos aspectos, tiene que ver con las discordancias entre el tipo de gobierno y organización político-administrativa que supuestamente tenemos en nuestro país, y lo diametralmente distinto que ocurre en los hechos.

¿Qué sucede con el norte del país? Que todo lo que vemos hoy —con los constantes enfrentamientos entres las fuerzas federales y armadas contra gatilleros de las bandas dedicadas al crimen organizado—, no es ni un alarmante descubrimiento ni mucho menos el desbordamiento de una ola de violencia que antes no existía. De hecho, la gran mayoría de los muertos, el terror y la violencia, la han puesto las entidades norteñas de la República, en las que desde hace años se libra una interminable disputa por el control de los territorios, y en la que la población civil es quien ha pagado todos los daños colaterales.

Si esto es así, ¿entonces por qué antes el gobierno federal minimizó y dejó pasar la violencia en ciudades como Juárez y Monterrey, pero hoy son preocupaciones y prioridades de primer orden? Porque tal parece que a pesar del terror y la violencia sembrada en esos territorios, hasta hace muy poco el gobierno de la República sintió los efectos de una presión mediática —nacional e internacional—que desde hace dos o tres años existía, aunque no a los niveles actuales.

Tuvieron que suceder hechos verdaderamente preocupantes en Ciudad Juárez, como el homicidio de varias docenas de jóvenes en lo que pareció ser un ajuste de cuentas entre bandas criminales, o el homicidio de tres personas ligadas al consulado estadounidense en esa ciudad; o la multiplicación de los enfrentamientos en la capital económica de la República, para que el gobierno volteara a ver qué ocurre.

Ante esto, habría que preguntarse con más detalle por qué ahora sí hay preocupación, y antes no. La atención federal, en realidad, poco o nada tiene que ver con la violencia y los muertos en sí —es decir, las bajas que resiente la población civil de origen nacional—; más bien, esto se explica en el desgaste que está sufriendo la imagen internacional del país, y particularmente del gobierno, cuando entre los muertos se comienza a contabilizar a ciudadanos extranjeros, cuando los ataques incluyen a población sensible como niños y jóvenes y, sobre todo, cuando la violencia se incrusta en el sitio en el que los capitales y la inversión son un punto sensible que, al ponerse nervioso, amenaza con buscar escenarios menos problemáticos para asentarse.

OAXACA Y EL NORTE

¿No fue eso, más o menos lo mismo que ocurrió en Oaxaca en 2006? Hace cuatro años, nuestra entidad sufrió un problema harto parecido al del norte de la República, aunque motivado por circunstancias distintas. A diferencia de la violencia por razones estrictamente relacionadas con el crimen organizado, aquí lo que se desató fue una convulsiva revuelta social que lo mismo aterrorizó a la población, que reprodujo la violencia en las calles, para luego provocar bajas humanas —que hasta hoy permanecen en la impunidad—; que a larga alteró el orden y la imagen pública del estado y del país, y que finalmente fue atendida y remediada por el gobierno federal, sólo cuando se involucraron intereses ajenos a los locales.

Aunque parezca ya un ejercicio ocioso, traigamos nuevamente a la memoria los hechos de 2006 en Oaxaca. Aquí, a causa de un conflicto de orden social y político, se contabilizó más de una veintena de muertos, que sigue sin ser aclarada. Durante meses, la población civil vivió —vivimos— asolada por la incertidumbre de salir a las calles, por no poder tener garantías sobre la cotidianeidad de las actividades, de la tranquilidad y de la economía, y por estar a merced de grupos ajenos a la fuerza del Estado. Esto llevó un nivel de zozobra e inseguridad nunca antes visto, que sólo fue atendido y remediado, cuando en un enfrentamiento a balazos entre activistas y elementos policiacos, en el que cayó muerto un ciudadano norteamericano. No importaron las bajas nacionales; la dimensión internacional que dio ese hecho, fue lo que determinó la atención federal.

Ante circunstancias como esas, no estaría de más preguntarnos ¿qué tipo de federalismo se ejerce en nuestro país? Esta no es una discusión meramente teórica, sino que más bien cobra actualidad por la forma en cómo, fallidamente, se pretende abordar los problemas sólo cuando ya están desbordados, y no con una visión auténticamente federalista, que por lo menos tendría que ser global y sensible a lo que ocurre en todo el territorio nacional.

Los hechos que ocurren en el norte de la República, no alarmaron a la Federación por la puesta en riesgo del orden público y la seguridad, sino por el escándalo y el escarnio internacional. Sólo recuerdan que México es todo el territorio nacional, y no sólo el centro de la República, cuando el norte o el sur ya se convirtieron auténticos polvorines.

¿VERBORREA?

Oficialistas y opositores, ahora tratan de convertir en bandera las supuestas injerencias gubernamentales estatales y federales en el proceso electoral. ¿No están para eso los órganos jurisdiccionales locales y federales de la materia? Las acusaciones “políticas” son simple demagogia, cuando no vienen acompañadas de acciones legales que sustenten lo que se dice. Es justo lo que están haciendo ahora.

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Violencia, nuevo síntoma de descomposición social

+ Ejecuciones, bombas, linchamientos: ¿Qué ocurre?

A golpe de vista, la imagen publicada ayer lunes en la portada de TIEMPO, y en los principales medios impresos en Oaxaca —de un joven asaltante atado por pobladores a un poste y a punto de ser linchado en la agencia citadina de Pueblo Nuevo—, evocaba algunos de los más negros episodios del conflicto magisterial y popular ocurrido en 2006. Sólo que, a diferencia de entonces, en esta ocasión había un espeluznante elemento adicional: ahora sí, los enardecidos pobladores estaban dispuestos a golpear y prender fuego al presunto delincuente. ¿Qué pasa en Oaxaca?

Sin duda, las autoridades estatales —o de cualquiera de los tres ámbitos de gobierno— podrían asegurar que estos son hechos aislados. Sin embargo, es evidente que todo incremento de los índices de violencia debe analizarse de forma conjunta y sistemática. Si bien es cierto que es improbable establecer relación directa entre hechos ocurridos en momentos, circunstancias y lugares distintos, es claro que entre todos ellos sí existen ciertos nexos causales que no deberían desdeñarse.

¿De qué hablamos? De que quiera o no aceptarlo la autoridad, en las últimas semanas ha habido un incremento importante en los índices delictivos, y de violencia social en Oaxaca, que no sólo refiere a una mayor actividad del crimen organizado o la delincuencia común, sino que también constituyen un cuestionamiento ciudadano importante a la autoridad, e incluso una afrenta directa a quienes, se considera, no han cumplido con su deber respecto a los delitos que se cometen.

Así, en el recuento, sólo la semana pasada hubo dos enfrentamientos importantes entre presuntos miembros de la delincuencia organizada, y corporaciones policiacas estatales y municipales. En Acatlán de Pérez Figueroa ocurrió, al iniciar la semana previa, un choque violento en el que los criminales demostraron su libertad de actuación, su superioridad, la impunidad con la que operan, y su implacabilidad a la hora de cumplir con sus objetivos. Sólo de ese hecho, resultaron muertas 14 personas. Ninguna baja fue para el comando criminal que ejecutó a civiles y policías no en cuestión de minutos, sino en un operativo que duró varias horas y se desarrolló en diversos sitios.

Casi al mismo tiempo hubo otro hecho importante. Una patrulla de elementos de la Policía Estatal fue atacada por un grupo de sujetos, en un poblado del distrito de Etla, cuando intentó hacer una revisión de rutina. En el ataque, los atacantes sacaron a relucir armas de alto poder y destruyeron la unidad policiaca presuntamente al arrojar una granada de fragmentación que, además, lesionó gravemente a dos efectivos de las fuerzas regionales de la Policía Estatal.

A esto se sumó la colocación de un artefacto explosivo el pasado viernes en la zona conurbada del municipio de Oaxaca de Juárez. El pasado domingo, un grupo de pobladores intentó linchar a un delincuente en la agencia de Pueblo Nuevo. En ese hecho, particularmente, los pobladores no sólo golpearon al presunto delincuente, sino que también agredieron hasta lesionar gravemente a dos elementos de las fuerzas estatales, que intervinieron para intentar rescatar al individuo a quien pretendían prender fuego.

Por si fuera poco, hace dos semanas antes un grupo de enardecidos pobladores del municipio istmeño de Salina Cruz habían golpeado, hasta casi matar, a un individuo que presuntamente pertenecía a una banda de asaltantes. Al tenerlo moribundo, y ante la mirada expectante de la autoridad, el supuesto delincuente fue rociado con combustible y quemado vivo. Hace menos de un año, aquí en Oaxaca de Juárez, otros taxistas por poco asesinan a otro delincuente.

Ante tantas afrentas y demostraciones desproporcionadas de fuerza, por parte de la ciudadanía y de grupos desestabilizadores o violentos, no es excesivo preguntarnos: ¿qué pasa con la autoridad?

AUTORIDAD, SIN RESPETO

Desempolvamos de la memoria los episodios ocurridos aquí durante el conflicto magisterial de 2006 en relación a la delincuencia, porque ante las imágenes, son lo más cercano que tenemos. Hace cuatro años, la ciudadanía cazaba a los delincuentes y los ataba en postes de energía eléctrica ante la ausencia de representantes del orden. Sólo que entonces no existía el ánimo de lincharlos. Y ahora sí. ¿De nuevo estamos en presencia de un vacío de autoridad?

La pregunta no es ociosa. Porque, en realidad, ante lo que estamos es frente a los primeros visos de un hartazgo auténtico, y un desentendimiento del orden, que comienza a materializarse a través de acciones desafiantes a la ley. Otro ejemplo claro de lo anterior, ocurrió al día siguiente de los hechos de Acatlán y Telixtlahuaca, cuando un grupo de individuos realizó pintas en una patrulla de la Policía Estatal, que se encontraba estacionada en las inmediaciones del hospital general del Seguro Social, aquí en la capital oaxaqueña, resguardando a los involucrados en los hechos del día previo.

A plena luz del día, y teniendo a agentes policiacos a unos metros, alguien “rayó” con aerosol una camioneta oficial. ¿No es esta una demostración directa de cómo la autoridad es cada vez más relativa en la entidad? Todo esto deberían comenzar a cuestionárselo no sólo quienes tienen a cargo la labor directa de seguridad pública, sino todos los que se encuentran involucrados en la manutención de esa entelequia que hoy entendemos por “Estado de Derecho”.

Si las fuerzas del orden no pueden cumplir con el combate a la delincuencia común y organizada; si los órganos de procuración de justicia se encuentran desmembrados y cumplen únicamente en lo representativo; si la ciudadanía siente que no se le hace justicia; y si a ésta misma se le permite la violencia y la justicia por mano propia, entonces en Oaxaca tendremos que estar preparados para vivir nuevos episodios de violencia y exceso, que antes ya hemos vivido y que tienen como punto de referencia no sólo el desdén por la autoridad, sino sobre todo la pérdida de la noción de dónde terminan las potestades de los particulares, y hasta dónde éstos se exceden ante la ausencia y la ineficacia de la autoridad. Las afrentas están ahí. Sólo las instancias involucradas saben si lo reconocen o no.

¿COINCIDENCIA?

Quienes pretenden desestabilizar, también pretenden revivir otros episodios de 2006. Habrá que tomar con muchas reservas la versión que la bomba del pasado viernes y otras acciones, tienen como origen la APPO o el EPR. Es lo que, desde el poder, quisieran hacer creer a la población, para asustarla. Abundaremos.

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