Reforma electoral en Oaxaca: la doble moral, a todo lo que da.

Reforma

+ “Empatar calendarios” es eliminar de facto la batalla electoral

 

Todos los que están interesados en una reforma que empate el calendario electoral de Oaxaca con el federal, tienen otros intereses que no les permiten ver que juegan con fuego. Éstos van desde los ingenuos de veras interesados en empatar los tiempos electorales locales y federales, hasta los que buscan tender tapetes a quienes quieren que sean sus candidatos a Gobernador en 2016. El problema es que no ven que esa es una reforma frívola, innecesaria y peligrosa para nuestra menguada democracia.

En efecto, desde hace algunas semanas varios personajes, facciones y partidos políticos, han venido mencionando con insistencia el supuesto “deber legal” de una reforma a la Constitución local para empatar los calendarios electorales. Todos, en realidad, están preocupados por lo que pueda pasar en los comicios estatales de 2016, y en las respectivas posibilidades de cada uno de los prospectos para ser postulados como candidatos a Gobernador. La preocupación es, pues, no por la ley sino por las personas y —como siempre en este país— están tratando equivocadamente de adecuar las instituciones a sus intereses, a pesar de los riesgos y contradicciones que esto implica.

¿De qué hablamos? De que, en primer término, no existe deber constitucional ni legal para el ajuste de los calendarios. Esta ha sido una tendencia nacional para generar una supuesta economía en los procesos electorales, adecuando los calendarios estatales al federal para —según— ahorrar recursos económicos, a través de la organización de un solo proceso y jornada electoral en el que se desahoguen las dos elecciones, y no cada una por separado, como hasta ahora ocurre. Esa es una fórmula aparentemente correcta, pero no en una democracia adolescente como la nuestra.

Las razones son evidentes: primera, porque nunca ha sido un tema de real preocupación el del dispendio de recursos públicos que se utilizan para organizar y financiar las campañas electorales. Segunda, porque en Oaxaca los comicios no han podido llegar a tener un comportamiento maduro, que dé signos de independencia a través del voto razonado, el voto diferenciado o de procesos electorales en los que la definición del resultado la haya dado el voto de los ciudadanos que sin presiones ni previsiones, salieron a votar (más bien, aquí el común sigue siendo lo contrario). Y tercera, porque empatar los tiempos sería tanto como inhibir la lucha electoral local, y delegarla en los resultados nacionales de las jornadas electorales.

Todo esto es evidente, además de que si éstas son algunas de las razones sustantivas de por qué no es necesaria una armonización de calendarios en materia electoral, inmediatamente habría que revisar cuál es la intención de fondo, real, del inusitado interés de los partidos y actores políticos locales por realizar una reforma electoral justamente ahora en que el Congreso le debe tantos temas importantes a la ciudadanía y, sin haberlos resuelto, dice que sí va por una reforma electoral.

 

ANÁLISIS INHIBIDO

Evidentemente, el gobierno y los partidos políticos tienen mucho interés en realizar esta reforma, porque lo que parecen querer en realidad es un gobierno de transición, que permita configurar una disputa distinta por el poder en la entidad. ¿Qué parece? Que en estos años ningún partido político ha construido un liderazgo sólido en la entidad, y que por esa razón pretenden que la contienda electoral se dirima a través de la elección federal. El problema es que si es así, entonces en automático va a ganar el Candidato a Gobernador que pertenezca al partido, y tenga el apoyo, del Candidato Presidencial que a su vez gane los comicios federales.

La intención es evidente: por décadas, a nadie le ha preocupado el dispendio económico que significa la organización de los procesos electorales, y ninguna de las reformas constitucionales federales orientadas a normar los comicios, ha tenido como intención disminuir el costo de las elecciones. Tan es así, que por eso el empate de los calendarios electorales ha sido una tendencia encomiable pero no un mandato constitucional expreso; y por eso mismo ni en las agendas de las recurrentes reformas electorales nacionales, ni el gobierno ni los partidos nacionales han marcado este tema como uno de los de primera importancia para el país.

Por esa razón, lejos de insistir en ver el beneficio económico, lo que habría que ver es el enorme daño que esta decisión le haría a la ya de por sí pingüe lucha electoral que existe en la entidad. Digámoslo sin vueltas: en Oaxaca no hay madurez electoral; no hay voto diferenciado; los partidos no logran despertar interés en los electores autónomos para que masivamente salgan a votar, y lo hagan por uno de ellos.

Asimismo, es abrumador que en Oaxaca los comicios se sigan resolviendo a través de la compra y coacción del voto; y que la única tendencia de aparente arrastre y participación masiva (si es que al 60 por ciento del padrón que sí sale a votar, se le puede calificar como “participación masiva”) sea la que ocurre cuando hay comicios presidenciales, que son los únicos que sí generan cierta participación ciudadana, pero en la que siempre vemos —en Oaxaca— que el resultado de la elección presidencial sólo se traslada a los resultados de las elecciones de diputados federales y senadores, sin que haya en ello mayor variación que refleje algún interés específico por los candidatos, y confirmando que el voto diferenciado es prácticamente nulo.

Si esto ocurre en todas las elecciones presidenciales respecto a los integrantes del Congreso federal, no hay una sola razón para suponer que sería distinta la lucha o el resultado electoral, en caso de que en esa misma jornada se desahogara la elección de gobernador y diputados locales. Y eso, evidentemente, no abonaría, sino desalentaría, la búsqueda de una democracia más legitimada por la participación ciudadana.

 

MÁS RECENTRALIZACIÓN

Así, en esas condiciones, lo que parece es que se quiere una reforma político electoral que empate el calendario electoral local con el federal, para finiquitar la lucha política en Oaxaca, y darle una vuelta más a la tuerca de la recentralización de los temas trascendentes de nuestra sociedad. Casi todos los interesados, hoy confunden la utilidad con la practicidad, pero pasan por alto que esta posible reforma impactaría gravemente con la competencia electoral y la democracia a la que —según— todos los oaxaqueños aspiramos.

Resultado electoral, a pesar de todo no tiene credibilidad

+ Competitividad: paradójico lastre para nuestra democracia

Más que el resultado de la jornada electoral —del cual, en las primeras horas del lunes ya deben existir referencias claras—, a los oaxaqueños debía causarnos preocupación el nivel tan bajo al que hemos llevado el ejercicio más básico de la democracia, que es el sufragio. Prácticamente todos los elementos que, en otro escenario democrático, harían de una competencia electoral un ejercicio altamente perfeccionado, en nuestro medio resultan ser lastres. En cada jornada electoral, corroboramos los vicios del sistema político, pero no valoramos los avances democráticos que se minimizan, se vulneran y se soslayan.

En general, la jornada electoral de ayer podría ser considerada como un ejercicio de alto perfeccionamiento, si es que se toman en cuenta sólo los elementos objetivos. Es decir, que en esta contienda hubo pluralidad de opciones políticas; que las campañas se realizaron conforme a normas electorales modernas y consensadas; que las instancias encargadas de regular y organizar los comicios pudieron lograrlo sin mayores contratiempos; y que en el desarrollo de la jornada, los ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla y observadores, tuvieron un papel determinante para constatar la limpieza y respeto habido a la decisión ciudadana expresada en votos. Al sólo tomarse en cuenta estos elementos, es que se asegura que la democracia electoral mexicana es de las más avanzadas del mundo.

Sin embargo, es necesario considerar también los elementos subjetivos. Es decir, todas las cuestiones de hecho que menguan la limpieza, independencia y certeza en la realización de la jornada electoral, y que menoscaban el derecho de los ciudadanos a emitir su voto con entera libertad, secrecía y universalidad. Es claro que frente a cada uno de los avances logrados en nuestro sistema electoral, se ha creado una antítesis basada en mañas, prácticas indebidas y transgresiones a la ley, que son las que siguen haciendo cuestionable cualquier resultado electoral, que sea distinto al triunfo aplastante de una fuerza política sobre otra.

En una democracia civilizada y moderna, alejada de los vicios electorales que aquejan a nuestro país, sería un signo claro de “salud política” que frente a la elección de nuevos representantes populares, hubiera un alto nivel de competencia; que entre las fuerzas políticas que luchan por el poder, en el poder o contra el poder, hubiera alianzas sólidas que plantearan esquemas de gobierno unificados, y que como opción de gobierno brindaran desarrollo y gobernabilidad a los electores.

Sería, además, un signo indiscutible de civilidad que, como ocurre en México, la jornada electoral fuera organizada por ciudadanos: es decir, que éstos fueran quienes encabezaran las casillas, recibieran y contaran los votos, y que fueran los encargados de vigilar que éstos se sumaran con claridad al conteo final de sufragios, para garantizar la efectiva participación ciudadana. E incluso, no tendría que ser dañino que la decisión final fuese revisada por tribunales jurisdiccionales especializados en materia electoral, para corroborar no sólo un correcto procesamiento y conteo de los votos, sino que también pudieran verificar el cumplimiento de los principios mínimos de legalidad que se deben cumplir en el proceso electoral.

Toda esta enumeración sería, en otra democracia, una garantía de perfeccionamiento, civilidad y certeza. En la nuestra, más bien parece un lastre del que no hemos encontrado la fórmula para superar.

SIGNOS PREOCUPANTES

Veamos el caso de Oaxaca. Aquí, en la jornada electoral de ayer, se cumplieron prácticamente con todos los requisitos democráticos antes enumerados. Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde, diversos grupos políticos —como algunos grupos radicales de la Sección 22— discutían a nivel interno la posibilidad de iniciar protestas por un posible fraude electoral, a pesar de que no se había reportado aún ninguna cifra preliminar confiable sobre las tendencias del voto.

Antes de que eso ocurriera, ya se había puesto en duda la confiabilidad del Instituto Estatal Electoral; se había cuestionado el funcionamiento del Programa de Resultados Preliminares; emergieron acusaciones sobre el uso de recursos públicos para cooptar o condicionar el voto; se denunció la presencia de operadores dispuestos a comprar o coaccionar los sufragios; se descubrió a grupos de personas que, presuntamente, trataban de generar violencia, robar urnas, quemar boletas, o simplemente encender los ánimos de una población que fácilmente se puede tornar enardecida.

Incluso, era previsible que ante cualquier imperfección, se acusara nuevamente el relleno de urnas, el “mapacheo” de casillas, o aquel fatídico lugar común relacionado con el fraude a través de “la caída del sistema”, como solía ocurrir cuando regían reglas electorales anticuadas, que en nada se parecen a las actuales.

Además, para mal de esta maltrecha democracia, todas las tendencias recogidas hasta las primeras horas de la tarde de ayer, apuntaban a que estos comicios estatales que fueron competidos, participativos, ríspidos y trepidantes, posiblemente terminarían en lo que comúnmente se conoce como un “empate técnico”; es decir, en una diferencia de votos tan mínima, que sería necesario contar todos los sufragios antes de saber quién obtuvo el triunfo.

Si este vaticinio se cumple, ¿cuál será el escenario? Seguramente, de inconformidades, protestas, posibles acciones de resistencia civil, e incluso de confrontación violenta. Ninguna de las garantías de certeza en estos comicios cumple con su cometido, porque han sido los propios partidos y sus operadores, quienes han creado un vicio a partir de cada virtud, y porque somos las personas quienes no parecemos estar preparados para afrontar civilizadamente los resultados de una contienda altamente compleja y competitiva.

¿DEMOCRACIA APLASTANTE?

Para tener certeza de los resultados, se supone comúnmente, la votación tendría que ser aplastante a favor de un candidato. Esto no ocurrirá en Oaxaca. Y como no será así, lo tenemos enfrente es un escenario seguro de más convulsión. Será la constatación de que somos las personas, y no el sistema, lo que resulta un lastre para nuestra democracia electoral.

Twitter: @aortizromero

Blog: almargenoaxaca.wordpress.com

Guerra sucia: cáncer de procesos electorales

El pasado lunes, fuentes desconocidas hicieron llegar al programa radiofónico de la periodista Carmen Aristegui, cuatro grabaciones de conversaciones telefónicas entre el gobernador Ulises Ruiz con algunos personajes de su grupo político. Estas revelaciones, se sumaron a otras que previamente se habían realizado, con el mismo modus operandi, respecto al gobernador de Veracruz, y otros mandatarios de entidades federativas en las que se desarrollan procesos electorales.

Ante esta nueva fase de filtraciones y golpeteos derivados de las guerras entre grupos de poder, bien vale la pena preguntarnos: ¿A quién beneficia la guerra sucia en los procesos electorales? Porque lejos de ser una herramienta “dura” para revertir tendencias, esto más bien parece un cáncer que arrasa con todo lo que se cruce en el camino.

En un primer momento, estas filtraciones llevaron inmediatamente a la reedición de varias discusiones antiguas que, sin embargo, no dejan de ser actuales por el choque entre los idealismos y la realidad prevaleciente entre quienes ejercen el poder: la primera de ellas, tiene que ver con las actitudes, lenguajes y posibles cuestiones en las que se encuentran involucrados todos aquellos que aparecen en las filtraciones.

Pero junto a eso, existen otros puntos de debate no menos importantes: ¿Quién tiene la capacidad de transgredir de modo tan flagrante las leyes vigentes, y ejecutar una de las acciones que se encuentran expresamente prohibidas por la Constitución y las leyes ordinarias? ¿Esto se realiza desde el Estado? E incluso: ¿Debemos dar validez plena a contenidos que se revelan para cumplir con un fin eminentemente político-electoral, y desestimar el origen ilegal de las mismas? Son aspectos que no sólo tienen que ver con la contienda política actual, sino con las formas mismas en las que se está delineando nuestra democracia actual.

Además, aún cuando eso podría parecer lo determinante, existe más. Esto es, qué pasará con la relación institucional entre las fuerzas que hoy están chocando frontalmente, luego de que ocurran los comicios, alguien gane y alguien pierda, y todos juntos tengan que regresar a la nada sencilla labor de ejercer las diferentes funciones y modalidades del trabajo público. El asunto no es menor. El futuro inmediato del país no depende solamente de lo que ocurra el 4 de julio en las urnas, sino del modo en que puedan entenderse los diversos ámbitos de gobierno, y de cómo en esa medida puedan o no ponerse de acuerdo para generar dinamismo o, en sentido contrario, el inmovilismo que tanto daña a la nación.

En la medida que respondamos a esos cuestionamientos, podremos ver cómo no es una apreciación errada, la relativa a que la guerra sucia electoral ni beneficia ni construye, sino que más bien es un cáncer que rompe y enturbia todo lo que encuentra a su paso. Como bien lo dice el refranero: cuando la perra es brava, hasta a los de la casa muerde. Así funciona la guerra sucia con fines electorales.

FIN POLÍTICO

El argumento principal de las fuerzas políticas con el que presentaron las grabaciones, era el relativo a que su validez es incuestionable por el contenido de las mismas. Aseguraban que en esas intercepciones telefónicas, se escuchaba al gobernador Ulises Ruiz inmiscuyéndose en asuntos electorales, sosteniendo conversaciones en las que disponía de recursos oficiales –como la televisión del Estado- para beneficiar al candidato de su partido, o revelando ciertas cooptaciones relativas al órgano electoral.

Lo cierto, en todo esto, es que si nos guiáramos sólo por los argumentos opositores, en efecto, los priistas involucrados no tendrían ninguna excusa para escabullirse de las responsabilidades que se les endilgan. No obstante, si nos atenemos a un principio estrictamente legal, es evidente que más allá de lo inmoral o antiético que pudiera desprenderse de las conversaciones, ninguno de los involucrados estaba cometiendo lo que expresamente puede considerarse como un delito.

Sin embargo, es evidente que lo que se buscó es el impacto político. Para fines estrictamente jurídicos, toda prueba obtenida por métodos que transgreden la ley, carecen de toda fuerza probatoria. Es decir, que aún cuando los involucrados estuviesen cometiendo delitos, éstos no podrían acreditarse a través de las grabaciones no autorizadas de comunicaciones privadas porque éstas se encuentran expresamente prohibidas, para los servidores públicos y para los particulares, por la Constitución federal y las leyes ordinarias del país.

Ese es, seguramente, uno de los puntos álgidos de toda esta discusión. Las grabaciones obtenidas por vías ilegales, están, por ese solo hecho, completamente desacreditadas como un medio de prueba ya ante los tribunales jurisdiccionales, ya frente al juicio implacable de la opinión pública. Pero esto último, es algo que los opositores no revelan de su sedicente moral y calidad ética, y prefieren centrar todos sus argumentos en el contenido de las grabaciones.

CHOQUE DE FUERZAS

La difusión de grabaciones provocó otro irremediable choque entre el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional. A los azules se les acusa de recibir apoyos y de utilizar el aparato gubernamental federal no sólo para promocionar el voto a su favor, sino también para realizar todo tipo de tareas, incluidas las ilícitas. Todo parte de que el panismo hoy tiene el control del gobierno de la República.

Pero los panistas acusan a sus pares tricolores de lo mismo, sólo que en las entidades federativas. Para ellos, los mandatarios estatales no son más que virreyes que ejercen poder a plenitud, sin contrapesos y con pocas capacidades de ser fiscalizados o frenados en la disposición de los recursos públicos a su alcance.

Lo cierto es que en ambos frentes se cometen excesos. El gobierno federal se convirtió rápidamente en el principal sospechoso de interceptar las conversaciones de los mandatarios tricolores, de realizar las grabaciones, y de utilizar los canales y recursos oficiales para hacerlas públicas.

Pero desde el gobierno federal se acusa de algo parecido a los tricolores. En el caso particular que nos ocupa, ellos manifestaron que las filtraciones pudieran tener un origen y finalidad distinta a la que hoy se sospecha. Desde el panismo, acusaron al gobierno del Estado de México, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, de ser el orquestador de esta campaña sucia.

En este contexto, casi al finalizar la semana el gobernador Ulises Ruiz acusó directamente al presidente Felipe Calderón de ser el responsable de estas acciones. Ayer viernes, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reprochó al mandatario por sus acusaciones y deslindó al gobierno de la República de la responsabilidad por esas acciones. Lo cierto es que, al final, nadie cree fehacientemente los dichos y los deslindes de cada uno de esos y todos los personajes involucrados, y esta guerra sucia los está afectando gravemente a todos por igual.

¿’BAJAR LA CORTINA’ DEL PAÍS?

Quizá unos y otros no reparan en que el panismo detenta el poder federal, pero que el priismo tiene también en sus manos nada menos que el control del Congreso de la Unión. A nivel presupuestal, son los tricolores, y no el presidente ni sus aliados, quien tiene la última palabra en la Cámara de Diputados. Esta afrenta, irremediablemente, habrá de enturbiar y enrarecer la relación entre ambos bloques. Y el país, les guste o no, es mucho más que las guerras electorales, que los partidos políticos, que los procesos comiciales, e incluso que las personas y los intereses que están hoy puestos en juego.

El gobierno federal, y los priistas, olvidan que el país no se detiene, y que México enfrenta grandísimos retos que no pueden esperar a que los partidos y los grupos de poder se pongan de acuerdo. Existen reformas legales importantísimas, que hoy mismo se dan como canceladas no porque sean inviables, sino porque son los instrumentos de venganza entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso.

Así, si los azules golpean a los tricolores, éstos amagan con “no dejar pasar sus leyes”. Como si la regulación y el marco legal fuera propiedad, victoria o rango de aplicación para un solo partido o grupo de poder.

Queda claro, entonces, que el país no se detiene. Pero tal parece que todos están ya “bajando la cortina” de los procesos políticos, de la interlocución legislativa, de la administración pública consensada, y de la concordia entre grupos de poder. Esta guerra sucia electoral pareciera que está cancelando el futuro y la construcción de acuerdos en nuestro país. Si las cosas siguen como hasta ahora, lo que podremos esperar de aquí al 2012, es más inmovilismo, más trabas y menos acuerdos.

Finalmente nadie más pierde que el país y los mexicanos. Las afrentas políticas, la falta de acuerdos, los incorrectos ejercicios de la “pluralidad política”, y las vendettas entre grupos, llevan poco más de una década de ejercicios duros de política que no han redundado en ningún beneficio para el país. Puede ser que el país tenga un poco más de democracia; pero de nada nos sirve que esta democracia no nos sirva para ponernos de acuerdo, para eliminar las prácticas ilegales en los procesos electorales, o para ponernos a trabajar, todos juntos, alrededor de un solo proyecto de nación.

La revelación de grabaciones conseguidas ilegalmente, sólo confirma una guerra sucia, que finalmente destruirá todo lo que toque, incluyendo a sus orquestadores. Nadie ganará más de lo que todos juntos perdamos.

PRI: ¿en qué radica su confianza sobre triunfo electoral?

+ Factor territorial, ¿punto esencial que imitará oposición?

Ayer domingo, Eviel Pérez Magaña rindió formalmente protesta como candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional. Al evento realizado en la Alameda de León, en la capital oaxaqueña, asistieron gobernadores, líderes políticos, diputados, senadores y aspirantes del tricolor a gubernaturas de otras entidades. Existe, dicen, confianza en ganar holgadamente los comicios de julio próximo, a pesar de que los resultados de las encuestas no les han dejado de ser adversas. ¿En qué basa su confianza el priismo de Oaxaca?

Según la lógica del priismo, este no es un asunto de efervescencias políticas ni de romanticismos democráticos, sino de una simple y fría relación numérica sobre la efectividad de las estructuras electorales. Para ellos, el asunto de las encuestas, más bien tiene que ver con percepciones establecidas fundamentalmente en las zonas urbanas, que no necesariamente se reflejan en las poblaciones rurales, que es en las que ellos obtienen más amplios márgenes de votación.

Así, un priista conocedor del alcance de sus estructuras y de la influencia que tiene la ingeniería electoral en un proceso comicial como el que ocurre en Oaxaca, más que a las encuestas, acude a los números. ¿De qué hablamos? De que, para ellos, es esencial el control territorial que tiene su partido —a través de sus representantes populares,  autoridades municipales y delegados partidistas—, de la geografía estatal, y en base a ello sostienen sus posibilidades de triunfo.

Existen por lo menos dos factores esenciales. Primero, que independientemente de la popularidad o aceptación que pudiera tener su candidato, el priismo se funda en una estructura electoral que funciona lo mismo por el clientelismo, que por la compra o coacción del voto, e incluso hasta en ciertos tipos de corporativismo en el llamado “voto rural” o “voto verde”. El segundo de esos factores, es que las más recientes reformas electorales (que eliminaron la preponderancia de los medios de comunicación como eje de toda campaña proselitista), devolvieron a los procesos electorales la territorialidad que habían perdido.

Si se toman en cuenta estos dos factores, es posible ver que, en efecto, quien tenga el control de más porciones de territorio, tendrá más posibilidades de trabajar electoralmente a favor de su partido. Si vemos el asunto independientemente de lo legal o ilegal —o moral o ético o legítimo— que esto pudiera ser, habríamos de darnos cuenta que por eso, aún en contra de las encuestas, el PRI sostiene no sólo su verticalidad, sino también el avasallamiento en sus decisiones internas, y sobre todo —y para sorpresa o decepción de muchos— sus posibilidades de triunfo.

Visto así, por tanto, el asunto parece simple. En el razonamiento priista, ellos tienen el control de más de cien municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos. Esto, además de los 25 distritos electorales estatales y los 11 federales, con los que tienen igual número de diputados locales y federales. Sus programas sociales, unos o todos, cubren la geografía estatal. Y tienen una estructura de votación que, por sí sola, aporta un número determinante de votos al proceso electoral, independientemente de quién sea el candidato o si éste tiene un alto margen de popularidad y aceptación entre los votantes.

Por eso, dicen, a pesar de que las encuestas hoy arrojan resultados adversos para su causa, ellos ganarán los comicios mayores contratiempos.

¿COPIA OPOSITORA?

Un dato “revelador” que dan los priistas de cepa, sobre la predominancia de su partido, se encuentra en los municipios que controla la oposición. Dicen que son sólo dos los ayuntamientos en los que gobierna el Partido Acción Nacional. Que son menos de 15 los que tiene en su poder el Partido de la Revolución Democrática, y nada lo que tiene el Partido Convergencia y el del Trabajo. Sin embargo, ante la lógica priista, habría que ir más allá.

Evidentemente, las fuerzas opositoras no vienen a Oaxaca predispuestas a la derrota, y tampoco vienen a ver si por la sola unión de membretes pueden hacer el milagro. En realidad, lo interesante de estos comicios locales, radica justamente en que todas las fuerzas políticas vendrán a medir sus potencialidades electorales visibles, pero también a poner en práctica, todas las dotes de la alquimia electoral que, a su modo, ellos también practican.

Confiadamente, el priismo desestima cualquier posibilidad de que en el territorio oaxaqueño la oposición haya construido estructuras de votación. Y dicen que, por eso, aún cuando el gobierno federal pudiera invertir grandes cantidades de dinero en el proceso electoral, no podrán derrotarlos. ¿Y qué hay de los recorridos que hizo Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de más de un año, por los 570 municipios del Estado?

Evidentemente, el tabasqueño no vino a constatar la pobreza, la marginación o la falta de servicios básicos que enfrenta la gran mayoría de la población en el Estado. López Obrador hizo presencia en Oaxaca para establecer contacto directo con quienes habrían de ser sus operadores en las redes ciudadanas que, en 2006, casi lo llevan a la presidencia de la República. En su momento, hace uno o dos años, se desestimaban los intentos del tabasqueño por la creación de una estructura electoral, que entonces no tenía posibilidad de ser alimentada económicamente.

Hoy, sin embargo, la alianza que establecieron los partidos de izquierda con quienes controlan el gobierno federal, abre las posibilidades —como lo hemos establecido reiteradamente— de que se combinen no los membretes, sino las estructuras de votación y la operación electoral que controlan los primeros, con el acceso a grandes cantidades de dinero y recursos en especie que tienen los segundos. Por eso, aún cuando ese conjunto de partidos opositores parecen tener una mera posición representativa en Oaxaca, ellos también sostienen con seguridad que pueden ganar los comicios. Así, no será la democracia lo que se ponga a prueba, sino las mejores prácticas de la ingeniería electoral.

¿ELECCIÓN DE TRÁMITE?

Esta, es cierto, puede ser una elección de trámite para el priismo. Pero si éstos confían todo a su estructura, desestiman los efectos mediáticos que envuelven a la contienda, y minimizan el trabajo opositor, es evidente que podrían llevarse sorpresas.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Candidatos: sólo garantía de lealtad, pero no de gobierno

+ Democracia: ¿Quién es responsable por atraso prolongado?

A nadie sorprende hoy que los grupos políticos y los partidos, definan a sus candidatos a cargos públicos en función de su popularidad, o de aspectos como la lealtad, la cercanía o los intereses en común. Pero en realidad, existe una preocupación mínima porque las garantías de continuidad y triunfo en las urnas, sean también certezas relacionadas con el ejercicio del poder. Mientras predominen los intereses personales, será imposible que, en el futuro cercano, una democracia como la de Oaxaca evolucione.

Hasta hoy, la historia ha sido repetitiva en cuanto al modo en cómo se definen los candidatos a cargos públicos. Es una práctica común, que la designación de abanderados esté determinada sólo por dos aspectos: las definiciones propias de los grupos dominantes en los partidos políticos, y los números que arrojan los sondeos de opinión. En esto, como puede verse, quedan fuera todos los demás factores. Y lo riesgoso de todo este asunto, es que un candidato con altos niveles de popularidad, o arropado por los grupos de poder, no necesariamente garantiza que será un buen gobernante.

¿De qué hablamos? De que, es cierto, todo representante popular —Presidente, Gobernador, Munícipe o Legislador—, tiene como punto de partida el aspecto estrictamente electoral. Sin embargo, es evidente que más allá de lo que dictan las urnas, todo aquel que presta un servicio al Estado debe de garantizar mucho más que votos o aceptación del electorado. Debe haber, por lo menos, certeza mínima de que éste contribuirá de buen modo al desarrollo, al gobierno incluyente y sensible, y a consolidación de la democracia.

Para más de uno, esto es un idealismo. Dicha consideración, podría sostenerse si vemos el ejercicio de la política a ras de tierra. Este, en Oaxaca y en el país, lejos de ser un escenario en el que se debaten argumentos y proyectos de gobierno, es más bien una auténtica arena política, en la que las preocupaciones primordiales se centran en la construcción y sostenimiento económico de las estructuras electorales, en el convencimiento al electorado a través de ideas fatuas, y en los mecanismos a través de los cuales podrán tomar ventaja de modo indebido en el proceso electoral.

¿Alguien se ha preguntado si en realidad los candidatos que hoy tenemos ante nosotros, y los que tendremos, tanto para la gubernatura del Estado, como para las Alcaldías y diputaciones locales, son los mejores prospectos de los partidos? La pregunta puede ser contestada, desde ahora, afirmativamente, si todo se mira desde la simple lógica electoral. Pero más allá de eso, ¿existe cierta presunción de que los actuales e inminentes abanderados son, de a de veras, lo mejor que se puede proponer?

La respuesta es incierta. Y es así porque el mismo sistema democrático, y la predominancia de los intereses de grupo, han impedido que se valoren más aspectos que los estrictamente relacionados con los intereses y con las encuestas. Es imposible saber si, en esto, los candidatos, Gabino Cué Monteagudo o Eviel Pérez Magaña son en realidad las mejores cartas con las que sus respectivas fuerzas políticas pretenden acceder o mantenerse en el poder.

Es imposible porque, independientemente de que hayan sido ellos, o cualquiera otros los postulados, se habría tomado en consideración algún otro aspecto que no fueran los estrictamente relacionados con los aspectos de grupo, o los eminentemente electorales. Así, podemos tener expectativas positivas en muchos aspectos. Pero no necesariamente en lo que tiene que ver con la modificación, para bien, de la práctica del poder.

¿DEMOCRACIA IMPOSIBLE?

Podría argumentarse que estamos esencialmente equivocados, y que se peca de ingenuidad o idealismo, cuando se habla de la democratización del poder. Frente a cualquier señalamiento de esa naturaleza, tendríamos que comenzar por preguntarnos si hoy es igual el ejercicio del poder público a nivel federal, a como era hace dos décadas. En la pregunta misma, está la respuesta.

Evidentemente, el ejercicio del poder hoy no es el mismo que el de hace 20 años en el ámbito federal. Hoy podemos corroborar que no existe un presidente omnipotente que ejerce su poder ilimitadamente; que controla por completo al Poder Legislativo; o que es el factor determinante en las definiciones políticas respecto a su propia sucesión.

Más bien, hoy vemos casi todo lo contrario: existe un partidismo fuerte, que ha limitado el marco de acción del Jefe del Poder Ejecutivo; las cámaras legislativas tienen una pluralidad cambiante, y grupos opositores fuertes. Y, en el contexto histórico, y aún con las enormes fallas que representan hoy las concentraciones de poder en manos de los partidos, éstos han contribuido de manera determinante a la democratización de muchas de las instituciones y procesos políticos del país.

¿Qué necesita ocurrir, entonces, en un escenario como el de Oaxaca? Primero, que exista la voluntad para comprender que las concentraciones —y ambiciones— actuales de poder, no pueden ser eternas (porque esto sólo conduce a los estallidos sociales). Teniendo esta visión, habría de ser previsible el comienzo de un proceso paulatino de apertura democrática y búsqueda de equilibrios en las tareas de gobierno.

Para esto, sin embargo, es necesario lo mismo la actuación inteligente de quienes ejercen el gobierno, como de quienes encabezan las fuerzas de oposición. En una lógica real, nadie cede el poder sólo porque sí, como tampoco se logra algo sustancial cuando se tiene una voluntad opositora que sólo es aparente.

Así, ¿tienen claro esto quienes detentan el poder en Oaxaca? Tal pareciera que no. Por eso, todo lo centran en el aspecto electoral y en la preservación de los grupos de poder. ¿Y en la oposición? Tampoco. Porque ésta ha sido una auténtica desgracia, que nunca ha podido ubicarse en un sitio medianamente digno. En gran medida, las concentraciones de poder son tan altas, porque los que tienen la legitimación política para oponerse, son en realidad comparsas y títeres de sus contrapartes.

ASPECTO OLVIDADO

Con toda seguridad, si el electorado tomara en consideración aspectos como estos, razonaría mucho más su voto. El problema es que la situación es tan adversa en lo económico y social, que una parte importante de los electores, prefiere cambiar cualquier razonamiento por unos pesos, por una despensa, o por una promesa inalcanzable.

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Infraestructura y desarrollo… ¿sin democracia?

+ Urge debatir las expectativas de gobernabilidad

Está equivocado quien considera que sólo con carreteras o empleos, se logra de verdad el desarrollo de una comunidad. Esa idea es tan errónea, como quien considera que la democracia se consolida cuando el derecho voto es respetado. Ante ello, ¿qué podemos esperar en Oaxaca, cuando estamos en la víspera de una reñida contienda electoral en la que, sin embargo, hasta ahora es nada lo que se ha hablado sobre el verdadero desarrollo democrático que requiere nuestra entidad?

El asunto no es menor. Porque aún cuando Oaxaca ha sido un icono —cuando menos en la última década— de las llamadas “formas alternativas de organización popular” y del respeto a las formas de autodeterminación política de los pueblos y comunidades indígenas, lo cierto es que nuestro desarrollo democrático real no ha cambiado prácticamente en nada: las estructuras institucionales son las mismas, la organización del gobierno, y las atribuciones y alcances del poder público no han variado; y la práctica avasalladora del poder no sólo no se ha frenado, sino que tal pareciera que se ha acentuado.

Ante las circunstancias, esto es harto preocupante. Oaxaca, como ninguna otra entidad de la República, ha atravesado por procesos sociales y políticos intensos, que no por ello han sido determinantes. Sin entrar en mayores detalles y datos, el conflicto magisterial y popular ocurrido aquí en 2006, es el mejor ejemplo de esto. La de aquel año, fue una incomparable crisis institucional que, sin embargo, no logró hacer un solo cambio sustancial en la estructura y en la forma de ejercer el poder, como tampoco en la forma de hacer lo que verdaderamente debería entenderse como oposición.

Esta situación, que está totalmente evadida y desatendida, más bien debería provocar alarma entre los ciudadanos. El ejercicio del poder, el gobierno, los partidos políticos y la oposición que hoy tenemos, es la misma, o peor, de la que teníamos hace una década. Esto porque hace una o dos décadas, quienes ejercían el poder eran los mismos, con la diferencia de que antes no se engañaban —ni trataban de timar a la ciudadanía votante— con discursos democráticos o ideales de cambio. Y si esta cuestión la hacemos pasar por el tamiz de los conflictos y las supuestas luchas sociales —y el costo real que ha tenido cada una de éstas—, podremos corroborar que Oaxaca ha pagado mucho a cambio de nada.

Esto porque aún cuando, supuestamente, somos un icono nacional e internacional en cuanto a la revuelta social, a las formas ciudadanas de organización, a la inconformidad, e incluso respecto a la rebelión ante los abusos del poder, lo cierto es que ningún actor, fuerza política o grupo organizado ha sido capaz, o ha tenido la voluntad, de transferir esa fuerza popular a cambios institucionales reales y palpables.

El resultado de todo esto, es que aquí seguimos abrevando esas formas anticuadas de organización, estructuración y ejercicio del poder, que desde la ciudadanía son reiteradamente repudiadas, pero que quienes detentan el poder —o aspiran a hacerlo— aprovechan por el desdén y la inacción que tiene la sociedad civil para modificarlas o transformarlas de forma definitiva.

El resultado de todo esto, se puede ver en la realidad de hoy, en la que unos y otros pretenden vender ideas de democracia a partir de la confusión con el ejercicio del gasto público. ¿No es obligación de todo gobierno invertir en infraestructura y desarrollo? ¿Y no sería un verdadero acto de voluntad política el plantear la transformación del poder? Todos se quedan con la primera de las cuestiones: pretenden construir y gastar mucho, para que el pueblo esté contento momentáneamente, aunque en el fondo el poder se siga ejerciendo como hasta ahora.

¿Y LOS PARTIDOS?

¿Qué ha dicho al respecto la coalición entre el Partido Verde Ecologista y el Revolucionario Institucional? Nada. ¿Y qué ha dicho la alianza Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática, PT y Convergencia? Lo mismo. Es decir, nada. Prefieren guardar silencio porque, en sus conveniencias, pretenden que el ejercicio del poder siga siendo exactamente el mismo.

En este sentido, podría tomarse como un idealismo el querer que éstos transformen, para disminuirse y acotarse, un poder que hoy ejercen con toda plenitud y prácticamente sin ninguna limitación. Más allá de los nombres, lo cierto es que hoy los gobernadores de los estados en el país, tienen un margen de influencia altísimo al que no se le ha podido hacer contrapeso alguno. Pero, en esto, ¿no es justamente esa transformación democrática lo que, en teoría, llevó a cohesionar a las fuerzas opositoras en Oaxaca?

Lo que es evidente, es que todos pretenden vender a la ciudadanía un cúmulo de ideas equivocadas. Los tricolores, porque en su lógica pretenden continuar en el ejercicio de un poder que hoy tienen a plenitud, a través de las promesas de transformación en infraestructura. Esta es, sin duda, la visión de lo que, eufemísticamente, podríamos considerar como un “priismo clásico”.

¿Por qué? Porque el intercambio de la democracia por el desarrollo y la estabilidad, es la idea básica que durante décadas llevó a los gobiernos priistas a invertir sumas importantes en el gasto público, para que la ciudadanía no tuviera inconformidades y a ellos los dejaran ejercer el poder sin cortapisas. ¿No es esa la idea central cuando todo se centra en el desarrollo en infraestructura, pero nada en los cambios democráticos que le urgen a la entidad?

El caso de la oposición no es mejor. Éstos pretenden, como propuesta democrática, desempolvar algunos de los postulados democráticos que fueron el eje central del movimiento magisterial y popular de 2006, pero que en los hechos fueron simplemente intransitables ante cualquier proceso legislativo.

¿MUY DEMOCRÁTICO?

Por citar un ejemplo: ¿Qué hace Gabino Cué hablando nuevamente de la revocación de mandato? Es la misma demagogia de siempre, pero con temas del pasado. Porque en la oposición tampoco parece haber un proyecto democrático sólido y creado como consecuencia de la unión de los partidos. ¿Por qué retomar hoy la cuestión, cuando los legisladores de su partido —incluido él mismo— tuvieron años para plantearlo, y prefirieron no hacerlo para privilegiar las polémicas de coyuntura? En realidad esto es una simple bandera. No les interesa.

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