democracia

Nombran a Marco Cuevas como secretario de organización del PRI en Oaxaca

En el marco de la renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca, Marco Antonio Hernández Cuevas, fue nombrado secretario de organización de este instituto político.

En este sentido, Hernández Cuevas, expresó que de manera inmediata se revisará la vigencia de todos los comités municipales, la operatividad de los sectores y organizaciones, para fortalecer el priismo en todo el territorio oaxaqueño.

«El objetivo es el fortalecimiento del comité y del priismo en el estado de Oaxaca, con miras al proceso electoral 2024, tenemos que fortalecer todos los sectores, y preparar las estrategias que se necesitan para ganar las elecciones», manifestó Marco Antonio.

Cabe mencionar, que Marco Antonio Hernández Cuevas fue nombrado como coordinador de Campaña del candidato del PRI a la gubernatura del estado, Alejandro Avilés Álvarez (AAA).

Cuenta con una gran experiencia en el ámbito político-electoral, fue también coordinador de campaña del Senador Raúl Bolaños Cacho Cué además de dos veces diputado local. Se caracterizó por sus seis años de trabajo como representante legislativo en el IEEPCO.

Cómo funcionario público, en el 2019 se desempeñó como Coordinador General de Atención Regional; en el 2017 como Director del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, en donde fue reconocido por sus resultados; mientras que del 2013 fue Gerente Estatal de Liconsa.

También se desempeñó como catedrático de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y fue subdirector del Instituto Oaxaqueño de atención al Migrante del Estado. A su extenso currículo se suma haber sido presidente del Frente Juvenil Revolucionario del PRI y del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP), ahora Instituto Reyes Heroles del PRI en donde se han forjado políticos, jóvenes responsables, comprometidos con el partido, conocedores de la realidad del país, creadores de propuestas, atentos a la ciudadanía y en constante capacitación para cada vez ser mejores.

AL MARGEN EXPRESS || Acerca Salomón Jara la posibilidad de un ejercicio real de la Revocación de Mandato

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Este 14 de diciembre el Gobernador Salomón Jara Cruz envió al Congreso del Estado una iniciativa en materia de revocación de mandato. Siguiendo una evidente lógica cuatroteísta, el Mandatario propuso al Poder Legislativo hacer más asequible a la ciudadanía a ejercer su derecho a revocar el mandato del Titular del Ejecutivo. Este mecanismo de democracia directa ya estaba comprendido en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, pero en parámetros que, como el propio Ejecutivo lo reconoce, eran inalcanzables para la ciudadanía. Y eso es lo trascendente de esta iniciativa.

En efecto, es claro que las implicaciones democráticas y políticas de esta iniciativa serán trascendentales no sólo para el Gobernador Jara —que al tercer año de su gestión seguramente alentará a la ciudadanía para que solicite al órgano electoral una consulta sobre si se le revoca el mandato a él como Mandatario— sino para los gobernantes siguientes.

Acercar este mecanismo de democracia directa a la ciudadanía, mal utilizado puede ser un instrumento de populismo. Pero si la ciudadanía oaxaqueña se empodera —como debería ocurrir—, entonces esta será una herramienta democrática fundamental para exigirle a los gobernantes un mejor y más eficiente ejercicio de gobierno, so pena de revocarle el mandato si no cumple con los imperativos de la ciudadanía.

Vale la pena observar cómo define, y qué requisitos establece la Ley de Participación Ciudadana vigente para la revocación de mandato, y cuáles propone el Gobernador Jara. En su artículo 28, la norma vigente establece que “la revocación de mandato es el mecanismo de consulta a la ciudadanía del Estado, a fin de que este se pronuncie mediante sufragio libre, directo, secreto y universal, sobre la destitución del cargo público del Gobernador del Estado con anterioridad a la terminación del periodo para el cual fue electo.”

Luego, en el artículo 29 señala los requisitos: “Procede la revocación de mandato del Gobernador del Estado cuando se presenten los supuestos y se cumplan los requisitos que a continuación se enuncian:

“I. Se formule la solicitud por escrito y la suscriban cuando menos veinte por ciento de los ciudadanos oaxaqueños inscritos en la lista nominal de electores del Estado, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; II. Haya transcurrido al menos la mitad del mandato del Gobernador del Estado;

“III. Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar la revocación del mandato por violaciones graves a la Constitución Estatal; IV. Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar la revocación del mandato por acciones atribuibles directamente al Gobernador del Estado que puedan ser consideradas como delitos de lesa humanidad; y

“V. Se presente la solicitud en la forma y términos que marque esta Ley ante el Instituto.”

LA INICIATIVA

Ahora bien, en la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Gobernador Jara se reconoce que, además de ser materialmente inalcanzables, los parámetros actuales de la revocación de mandato en Oaxaca desalientan la participación ciudadana.

Y por esa razón —entre otras modificaciones, entre las cuales se encuentra la emisión de una Ley de Revocación de Mandato, y la derogación de diversos artículos de la Ley de Participación Ciudadana—, propone una reforma a la fracción III del Apartado C del artículo 25 de la Constitución local para establecer lo siguiente: “…El proceso de revocación de mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: a) Será convocado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a petición de la ciudadanía, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos trece distritos electorales locales y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores en cada uno de ellos.”

Luego, la iniciativa señala que la propia ciudadanía puede recabar las firmas para solicitar la revocación; que ésta se realizará 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria, siempre que no coincida con la realización de comicios municipales o estatales; y que para ser válida se requiere la participación de por lo menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, procediendo sólo con mayoría absoluta.

Vale la pena recalcar la importancia y la trascendencia política de esta reforma: en el ámbito del deber ser, y en las circunstancias actuales —y si no ocurren acontecimientos extraordinarios durante la gestión del gobernador Jara—, es muy probable que este mecanismo sea poco riesgoso para el actual gobierno, porque durante un buen tramo del periodo seguirá gozando del voto de confianza que en general la ciudadanía le da a Morena —y más en Oaxaca a AMLO. Pero sin duda será un elemento de presión para los siguientes gobernantes oaxaqueños, a los que ya no les tocará la coyuntura de gobernar en el contexto del lopezobradorismo, y que se enfrentarán a una ciudadanía que, irremediablemente, seguirá en la senda de robustecer su participación en la vida democrática.

Hasta hoy, ningún Gobernador ha tenido el incentivo de estar presionado a hacer una gestión gubernamental correcta, porque no hay mecanismos para retirarlos del poder; y porque los que existen —como la revocación de mandato actual— son francamente imposibles de ejercer por los altísimos parámetros que establecen para su procedencia.

Ojalá que este no termine siendo un elemento más de propagandismo o de populismo, y que la administración del gobernador Jara tenga la determinación de dejar sembrado el mecanismo como una herramienta a favor de la ciudadanía para las futuras generaciones y los siguientes gobernantes —sean o no emanados de Morena—.

Veremos.

@ortizromeroc

@columnaalmargen

Reforma electoral en Oaxaca: la doble moral, a todo lo que da.

+ “Empatar calendarios” es eliminar de facto la batalla electoral

Todos los que están interesados en una reforma que empate el calendario electoral de Oaxaca con el federal, tienen otros intereses que no les permiten ver que juegan con fuego. Éstos van desde los ingenuos de veras interesados en empatar los tiempos electorales locales y federales, hasta los que buscan tender tapetes a quienes quieren que sean sus candidatos a Gobernador en 2016. El problema es que no ven que esa es una reforma frívola, innecesaria y peligrosa para nuestra menguada democracia.

En efecto, desde hace algunas semanas varios personajes, facciones y partidos políticos, han venido mencionando con insistencia el supuesto “deber legal” de una reforma a la Constitución local para empatar los calendarios electorales. Todos, en realidad, están preocupados por lo que pueda pasar en los comicios estatales de 2016, y en las respectivas posibilidades de cada uno de los prospectos para ser postulados como candidatos a Gobernador. La preocupación es, pues, no por la ley sino por las personas y —como siempre en este país— están tratando equivocadamente de adecuar las instituciones a sus intereses, a pesar de los riesgos y contradicciones que esto implica.

¿De qué hablamos? De que, en primer término, no existe deber constitucional ni legal para el ajuste de los calendarios. Esta ha sido una tendencia nacional para generar una supuesta economía en los procesos electorales, adecuando los calendarios estatales al federal para —según— ahorrar recursos económicos, a través de la organización de un solo proceso y jornada electoral en el que se desahoguen las dos elecciones, y no cada una por separado, como hasta ahora ocurre. Esa es una fórmula aparentemente correcta, pero no en una democracia adolescente como la nuestra.

Las razones son evidentes: primera, porque nunca ha sido un tema de real preocupación el del dispendio de recursos públicos que se utilizan para organizar y financiar las campañas electorales. Segunda, porque en Oaxaca los comicios no han podido llegar a tener un comportamiento maduro, que dé signos de independencia a través del voto razonado, el voto diferenciado o de procesos electorales en los que la definición del resultado la haya dado el voto de los ciudadanos que sin presiones ni previsiones, salieron a votar (más bien, aquí el común sigue siendo lo contrario). Y tercera, porque empatar los tiempos sería tanto como inhibir la lucha electoral local, y delegarla en los resultados nacionales de las jornadas electorales.

Todo esto es evidente, además de que si éstas son algunas de las razones sustantivas de por qué no es necesaria una armonización de calendarios en materia electoral, inmediatamente habría que revisar cuál es la intención de fondo, real, del inusitado interés de los partidos y actores políticos locales por realizar una reforma electoral justamente ahora en que el Congreso le debe tantos temas importantes a la ciudadanía y, sin haberlos resuelto, dice que sí va por una reforma electoral.

ANÁLISIS INHIBIDO

Evidentemente, el gobierno y los partidos políticos tienen mucho interés en realizar esta reforma, porque lo que parecen querer en realidad es un gobierno de transición, que permita configurar una disputa distinta por el poder en la entidad. ¿Qué parece? Que en estos años ningún partido político ha construido un liderazgo sólido en la entidad, y que por esa razón pretenden que la contienda electoral se dirima a través de la elección federal. El problema es que si es así, entonces en automático va a ganar el Candidato a Gobernador que pertenezca al partido, y tenga el apoyo, del Candidato Presidencial que a su vez gane los comicios federales.

La intención es evidente: por décadas, a nadie le ha preocupado el dispendio económico que significa la organización de los procesos electorales, y ninguna de las reformas constitucionales federales orientadas a normar los comicios, ha tenido como intención disminuir el costo de las elecciones. Tan es así, que por eso el empate de los calendarios electorales ha sido una tendencia encomiable pero no un mandato constitucional expreso; y por eso mismo ni en las agendas de las recurrentes reformas electorales nacionales, ni el gobierno ni los partidos nacionales han marcado este tema como uno de los de primera importancia para el país.

Por esa razón, lejos de insistir en ver el beneficio económico, lo que habría que ver es el enorme daño que esta decisión le haría a la ya de por sí pingüe lucha electoral que existe en la entidad. Digámoslo sin vueltas: en Oaxaca no hay madurez electoral; no hay voto diferenciado; los partidos no logran despertar interés en los electores autónomos para que masivamente salgan a votar, y lo hagan por uno de ellos.

Asimismo, es abrumador que en Oaxaca los comicios se sigan resolviendo a través de la compra y coacción del voto; y que la única tendencia de aparente arrastre y participación masiva (si es que al 60 por ciento del padrón que sí sale a votar, se le puede calificar como “participación masiva”) sea la que ocurre cuando hay comicios presidenciales, que son los únicos que sí generan cierta participación ciudadana, pero en la que siempre vemos —en Oaxaca— que el resultado de la elección presidencial sólo se traslada a los resultados de las elecciones de diputados federales y senadores, sin que haya en ello mayor variación que refleje algún interés específico por los candidatos, y confirmando que el voto diferenciado es prácticamente nulo.

Si esto ocurre en todas las elecciones presidenciales respecto a los integrantes del Congreso federal, no hay una sola razón para suponer que sería distinta la lucha o el resultado electoral, en caso de que en esa misma jornada se desahogara la elección de gobernador y diputados locales. Y eso, evidentemente, no abonaría, sino desalentaría, la búsqueda de una democracia más legitimada por la participación ciudadana.

MÁS RECENTRALIZACIÓN

Así, en esas condiciones, lo que parece es que se quiere una reforma político electoral que empate el calendario electoral local con el federal, para finiquitar la lucha política en Oaxaca, y darle una vuelta más a la tuerca de la recentralización de los temas trascendentes de nuestra sociedad. Casi todos los interesados, hoy confunden la utilidad con la practicidad, pero pasan por alto que esta posible reforma impactaría gravemente con la competencia electoral y la democracia a la que —según— todos los oaxaqueños aspiramos.

Resultado electoral, a pesar de todo no tiene credibilidad

+ Competitividad: paradójico lastre para nuestra democracia

Más que el resultado de la jornada electoral —del cual, en las primeras horas del lunes ya deben existir referencias claras—, a los oaxaqueños debía causarnos preocupación el nivel tan bajo al que hemos llevado el ejercicio más básico de la democracia, que es el sufragio. Prácticamente todos los elementos que, en otro escenario democrático, harían de una competencia electoral un ejercicio altamente perfeccionado, en nuestro medio resultan ser lastres. En cada jornada electoral, corroboramos los vicios del sistema político, pero no valoramos los avances democráticos que se minimizan, se vulneran y se soslayan.

En general, la jornada electoral de ayer podría ser considerada como un ejercicio de alto perfeccionamiento, si es que se toman en cuenta sólo los elementos objetivos. Es decir, que en esta contienda hubo pluralidad de opciones políticas; que las campañas se realizaron conforme a normas electorales modernas y consensadas; que las instancias encargadas de regular y organizar los comicios pudieron lograrlo sin mayores contratiempos; y que en el desarrollo de la jornada, los ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla y observadores, tuvieron un papel determinante para constatar la limpieza y respeto habido a la decisión ciudadana expresada en votos. Al sólo tomarse en cuenta estos elementos, es que se asegura que la democracia electoral mexicana es de las más avanzadas del mundo.

Sin embargo, es necesario considerar también los elementos subjetivos. Es decir, todas las cuestiones de hecho que menguan la limpieza, independencia y certeza en la realización de la jornada electoral, y que menoscaban el derecho de los ciudadanos a emitir su voto con entera libertad, secrecía y universalidad. Es claro que frente a cada uno de los avances logrados en nuestro sistema electoral, se ha creado una antítesis basada en mañas, prácticas indebidas y transgresiones a la ley, que son las que siguen haciendo cuestionable cualquier resultado electoral, que sea distinto al triunfo aplastante de una fuerza política sobre otra.

En una democracia civilizada y moderna, alejada de los vicios electorales que aquejan a nuestro país, sería un signo claro de “salud política” que frente a la elección de nuevos representantes populares, hubiera un alto nivel de competencia; que entre las fuerzas políticas que luchan por el poder, en el poder o contra el poder, hubiera alianzas sólidas que plantearan esquemas de gobierno unificados, y que como opción de gobierno brindaran desarrollo y gobernabilidad a los electores.

Sería, además, un signo indiscutible de civilidad que, como ocurre en México, la jornada electoral fuera organizada por ciudadanos: es decir, que éstos fueran quienes encabezaran las casillas, recibieran y contaran los votos, y que fueran los encargados de vigilar que éstos se sumaran con claridad al conteo final de sufragios, para garantizar la efectiva participación ciudadana. E incluso, no tendría que ser dañino que la decisión final fuese revisada por tribunales jurisdiccionales especializados en materia electoral, para corroborar no sólo un correcto procesamiento y conteo de los votos, sino que también pudieran verificar el cumplimiento de los principios mínimos de legalidad que se deben cumplir en el proceso electoral.

Toda esta enumeración sería, en otra democracia, una garantía de perfeccionamiento, civilidad y certeza. En la nuestra, más bien parece un lastre del que no hemos encontrado la fórmula para superar.

SIGNOS PREOCUPANTES

Veamos el caso de Oaxaca. Aquí, en la jornada electoral de ayer, se cumplieron prácticamente con todos los requisitos democráticos antes enumerados. Sin embargo, desde las primeras horas de la tarde, diversos grupos políticos —como algunos grupos radicales de la Sección 22— discutían a nivel interno la posibilidad de iniciar protestas por un posible fraude electoral, a pesar de que no se había reportado aún ninguna cifra preliminar confiable sobre las tendencias del voto.

Antes de que eso ocurriera, ya se había puesto en duda la confiabilidad del Instituto Estatal Electoral; se había cuestionado el funcionamiento del Programa de Resultados Preliminares; emergieron acusaciones sobre el uso de recursos públicos para cooptar o condicionar el voto; se denunció la presencia de operadores dispuestos a comprar o coaccionar los sufragios; se descubrió a grupos de personas que, presuntamente, trataban de generar violencia, robar urnas, quemar boletas, o simplemente encender los ánimos de una población que fácilmente se puede tornar enardecida.

Incluso, era previsible que ante cualquier imperfección, se acusara nuevamente el relleno de urnas, el “mapacheo” de casillas, o aquel fatídico lugar común relacionado con el fraude a través de “la caída del sistema”, como solía ocurrir cuando regían reglas electorales anticuadas, que en nada se parecen a las actuales.

Además, para mal de esta maltrecha democracia, todas las tendencias recogidas hasta las primeras horas de la tarde de ayer, apuntaban a que estos comicios estatales que fueron competidos, participativos, ríspidos y trepidantes, posiblemente terminarían en lo que comúnmente se conoce como un “empate técnico”; es decir, en una diferencia de votos tan mínima, que sería necesario contar todos los sufragios antes de saber quién obtuvo el triunfo.

Si este vaticinio se cumple, ¿cuál será el escenario? Seguramente, de inconformidades, protestas, posibles acciones de resistencia civil, e incluso de confrontación violenta. Ninguna de las garantías de certeza en estos comicios cumple con su cometido, porque han sido los propios partidos y sus operadores, quienes han creado un vicio a partir de cada virtud, y porque somos las personas quienes no parecemos estar preparados para afrontar civilizadamente los resultados de una contienda altamente compleja y competitiva.

¿DEMOCRACIA APLASTANTE?

Para tener certeza de los resultados, se supone comúnmente, la votación tendría que ser aplastante a favor de un candidato. Esto no ocurrirá en Oaxaca. Y como no será así, lo tenemos enfrente es un escenario seguro de más convulsión. Será la constatación de que somos las personas, y no el sistema, lo que resulta un lastre para nuestra democracia electoral.

Twitter: @aortizromero

Blog: almargenoaxaca.wordpress.com

Guerra sucia: cáncer de procesos electorales

El pasado lunes, fuentes desconocidas hicieron llegar al programa radiofónico de la periodista Carmen Aristegui, cuatro grabaciones de conversaciones telefónicas entre el gobernador Ulises Ruiz con algunos personajes de su grupo político. Estas revelaciones, se sumaron a otras que previamente se habían realizado, con el mismo modus operandi, respecto al gobernador de Veracruz, y otros mandatarios de entidades federativas en las que se desarrollan procesos electorales.

Ante esta nueva fase de filtraciones y golpeteos derivados de las guerras entre grupos de poder, bien vale la pena preguntarnos: ¿A quién beneficia la guerra sucia en los procesos electorales? Porque lejos de ser una herramienta “dura” para revertir tendencias, esto más bien parece un cáncer que arrasa con todo lo que se cruce en el camino.

En un primer momento, estas filtraciones llevaron inmediatamente a la reedición de varias discusiones antiguas que, sin embargo, no dejan de ser actuales por el choque entre los idealismos y la realidad prevaleciente entre quienes ejercen el poder: la primera de ellas, tiene que ver con las actitudes, lenguajes y posibles cuestiones en las que se encuentran involucrados todos aquellos que aparecen en las filtraciones.

Pero junto a eso, existen otros puntos de debate no menos importantes: ¿Quién tiene la capacidad de transgredir de modo tan flagrante las leyes vigentes, y ejecutar una de las acciones que se encuentran expresamente prohibidas por la Constitución y las leyes ordinarias? ¿Esto se realiza desde el Estado? E incluso: ¿Debemos dar validez plena a contenidos que se revelan para cumplir con un fin eminentemente político-electoral, y desestimar el origen ilegal de las mismas? Son aspectos que no sólo tienen que ver con la contienda política actual, sino con las formas mismas en las que se está delineando nuestra democracia actual.

Además, aún cuando eso podría parecer lo determinante, existe más. Esto es, qué pasará con la relación institucional entre las fuerzas que hoy están chocando frontalmente, luego de que ocurran los comicios, alguien gane y alguien pierda, y todos juntos tengan que regresar a la nada sencilla labor de ejercer las diferentes funciones y modalidades del trabajo público. El asunto no es menor. El futuro inmediato del país no depende solamente de lo que ocurra el 4 de julio en las urnas, sino del modo en que puedan entenderse los diversos ámbitos de gobierno, y de cómo en esa medida puedan o no ponerse de acuerdo para generar dinamismo o, en sentido contrario, el inmovilismo que tanto daña a la nación.

En la medida que respondamos a esos cuestionamientos, podremos ver cómo no es una apreciación errada, la relativa a que la guerra sucia electoral ni beneficia ni construye, sino que más bien es un cáncer que rompe y enturbia todo lo que encuentra a su paso. Como bien lo dice el refranero: cuando la perra es brava, hasta a los de la casa muerde. Así funciona la guerra sucia con fines electorales.

FIN POLÍTICO

El argumento principal de las fuerzas políticas con el que presentaron las grabaciones, era el relativo a que su validez es incuestionable por el contenido de las mismas. Aseguraban que en esas intercepciones telefónicas, se escuchaba al gobernador Ulises Ruiz inmiscuyéndose en asuntos electorales, sosteniendo conversaciones en las que disponía de recursos oficiales –como la televisión del Estado- para beneficiar al candidato de su partido, o revelando ciertas cooptaciones relativas al órgano electoral.

Lo cierto, en todo esto, es que si nos guiáramos sólo por los argumentos opositores, en efecto, los priistas involucrados no tendrían ninguna excusa para escabullirse de las responsabilidades que se les endilgan. No obstante, si nos atenemos a un principio estrictamente legal, es evidente que más allá de lo inmoral o antiético que pudiera desprenderse de las conversaciones, ninguno de los involucrados estaba cometiendo lo que expresamente puede considerarse como un delito.

Sin embargo, es evidente que lo que se buscó es el impacto político. Para fines estrictamente jurídicos, toda prueba obtenida por métodos que transgreden la ley, carecen de toda fuerza probatoria. Es decir, que aún cuando los involucrados estuviesen cometiendo delitos, éstos no podrían acreditarse a través de las grabaciones no autorizadas de comunicaciones privadas porque éstas se encuentran expresamente prohibidas, para los servidores públicos y para los particulares, por la Constitución federal y las leyes ordinarias del país.

Ese es, seguramente, uno de los puntos álgidos de toda esta discusión. Las grabaciones obtenidas por vías ilegales, están, por ese solo hecho, completamente desacreditadas como un medio de prueba ya ante los tribunales jurisdiccionales, ya frente al juicio implacable de la opinión pública. Pero esto último, es algo que los opositores no revelan de su sedicente moral y calidad ética, y prefieren centrar todos sus argumentos en el contenido de las grabaciones.

CHOQUE DE FUERZAS

La difusión de grabaciones provocó otro irremediable choque entre el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional. A los azules se les acusa de recibir apoyos y de utilizar el aparato gubernamental federal no sólo para promocionar el voto a su favor, sino también para realizar todo tipo de tareas, incluidas las ilícitas. Todo parte de que el panismo hoy tiene el control del gobierno de la República.

Pero los panistas acusan a sus pares tricolores de lo mismo, sólo que en las entidades federativas. Para ellos, los mandatarios estatales no son más que virreyes que ejercen poder a plenitud, sin contrapesos y con pocas capacidades de ser fiscalizados o frenados en la disposición de los recursos públicos a su alcance.

Lo cierto es que en ambos frentes se cometen excesos. El gobierno federal se convirtió rápidamente en el principal sospechoso de interceptar las conversaciones de los mandatarios tricolores, de realizar las grabaciones, y de utilizar los canales y recursos oficiales para hacerlas públicas.

Pero desde el gobierno federal se acusa de algo parecido a los tricolores. En el caso particular que nos ocupa, ellos manifestaron que las filtraciones pudieran tener un origen y finalidad distinta a la que hoy se sospecha. Desde el panismo, acusaron al gobierno del Estado de México, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, de ser el orquestador de esta campaña sucia.

En este contexto, casi al finalizar la semana el gobernador Ulises Ruiz acusó directamente al presidente Felipe Calderón de ser el responsable de estas acciones. Ayer viernes, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reprochó al mandatario por sus acusaciones y deslindó al gobierno de la República de la responsabilidad por esas acciones. Lo cierto es que, al final, nadie cree fehacientemente los dichos y los deslindes de cada uno de esos y todos los personajes involucrados, y esta guerra sucia los está afectando gravemente a todos por igual.

¿’BAJAR LA CORTINA’ DEL PAÍS?

Quizá unos y otros no reparan en que el panismo detenta el poder federal, pero que el priismo tiene también en sus manos nada menos que el control del Congreso de la Unión. A nivel presupuestal, son los tricolores, y no el presidente ni sus aliados, quien tiene la última palabra en la Cámara de Diputados. Esta afrenta, irremediablemente, habrá de enturbiar y enrarecer la relación entre ambos bloques. Y el país, les guste o no, es mucho más que las guerras electorales, que los partidos políticos, que los procesos comiciales, e incluso que las personas y los intereses que están hoy puestos en juego.

El gobierno federal, y los priistas, olvidan que el país no se detiene, y que México enfrenta grandísimos retos que no pueden esperar a que los partidos y los grupos de poder se pongan de acuerdo. Existen reformas legales importantísimas, que hoy mismo se dan como canceladas no porque sean inviables, sino porque son los instrumentos de venganza entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso.

Así, si los azules golpean a los tricolores, éstos amagan con “no dejar pasar sus leyes”. Como si la regulación y el marco legal fuera propiedad, victoria o rango de aplicación para un solo partido o grupo de poder.

Queda claro, entonces, que el país no se detiene. Pero tal parece que todos están ya “bajando la cortina” de los procesos políticos, de la interlocución legislativa, de la administración pública consensada, y de la concordia entre grupos de poder. Esta guerra sucia electoral pareciera que está cancelando el futuro y la construcción de acuerdos en nuestro país. Si las cosas siguen como hasta ahora, lo que podremos esperar de aquí al 2012, es más inmovilismo, más trabas y menos acuerdos.

Finalmente nadie más pierde que el país y los mexicanos. Las afrentas políticas, la falta de acuerdos, los incorrectos ejercicios de la “pluralidad política”, y las vendettas entre grupos, llevan poco más de una década de ejercicios duros de política que no han redundado en ningún beneficio para el país. Puede ser que el país tenga un poco más de democracia; pero de nada nos sirve que esta democracia no nos sirva para ponernos de acuerdo, para eliminar las prácticas ilegales en los procesos electorales, o para ponernos a trabajar, todos juntos, alrededor de un solo proyecto de nación.

La revelación de grabaciones conseguidas ilegalmente, sólo confirma una guerra sucia, que finalmente destruirá todo lo que toque, incluyendo a sus orquestadores. Nadie ganará más de lo que todos juntos perdamos.

PRI: ¿en qué radica su confianza sobre triunfo electoral?

+ Factor territorial, ¿punto esencial que imitará oposición?

Ayer domingo, Eviel Pérez Magaña rindió formalmente protesta como candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional. Al evento realizado en la Alameda de León, en la capital oaxaqueña, asistieron gobernadores, líderes políticos, diputados, senadores y aspirantes del tricolor a gubernaturas de otras entidades. Existe, dicen, confianza en ganar holgadamente los comicios de julio próximo, a pesar de que los resultados de las encuestas no les han dejado de ser adversas. ¿En qué basa su confianza el priismo de Oaxaca?

Según la lógica del priismo, este no es un asunto de efervescencias políticas ni de romanticismos democráticos, sino de una simple y fría relación numérica sobre la efectividad de las estructuras electorales. Para ellos, el asunto de las encuestas, más bien tiene que ver con percepciones establecidas fundamentalmente en las zonas urbanas, que no necesariamente se reflejan en las poblaciones rurales, que es en las que ellos obtienen más amplios márgenes de votación.

Así, un priista conocedor del alcance de sus estructuras y de la influencia que tiene la ingeniería electoral en un proceso comicial como el que ocurre en Oaxaca, más que a las encuestas, acude a los números. ¿De qué hablamos? De que, para ellos, es esencial el control territorial que tiene su partido —a través de sus representantes populares, autoridades municipales y delegados partidistas—, de la geografía estatal, y en base a ello sostienen sus posibilidades de triunfo.

Existen por lo menos dos factores esenciales. Primero, que independientemente de la popularidad o aceptación que pudiera tener su candidato, el priismo se funda en una estructura electoral que funciona lo mismo por el clientelismo, que por la compra o coacción del voto, e incluso hasta en ciertos tipos de corporativismo en el llamado “voto rural” o “voto verde”. El segundo de esos factores, es que las más recientes reformas electorales (que eliminaron la preponderancia de los medios de comunicación como eje de toda campaña proselitista), devolvieron a los procesos electorales la territorialidad que habían perdido.

Si se toman en cuenta estos dos factores, es posible ver que, en efecto, quien tenga el control de más porciones de territorio, tendrá más posibilidades de trabajar electoralmente a favor de su partido. Si vemos el asunto independientemente de lo legal o ilegal —o moral o ético o legítimo— que esto pudiera ser, habríamos de darnos cuenta que por eso, aún en contra de las encuestas, el PRI sostiene no sólo su verticalidad, sino también el avasallamiento en sus decisiones internas, y sobre todo —y para sorpresa o decepción de muchos— sus posibilidades de triunfo.

Visto así, por tanto, el asunto parece simple. En el razonamiento priista, ellos tienen el control de más de cien municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos. Esto, además de los 25 distritos electorales estatales y los 11 federales, con los que tienen igual número de diputados locales y federales. Sus programas sociales, unos o todos, cubren la geografía estatal. Y tienen una estructura de votación que, por sí sola, aporta un número determinante de votos al proceso electoral, independientemente de quién sea el candidato o si éste tiene un alto margen de popularidad y aceptación entre los votantes.

Por eso, dicen, a pesar de que las encuestas hoy arrojan resultados adversos para su causa, ellos ganarán los comicios mayores contratiempos.

¿COPIA OPOSITORA?

Un dato “revelador” que dan los priistas de cepa, sobre la predominancia de su partido, se encuentra en los municipios que controla la oposición. Dicen que son sólo dos los ayuntamientos en los que gobierna el Partido Acción Nacional. Que son menos de 15 los que tiene en su poder el Partido de la Revolución Democrática, y nada lo que tiene el Partido Convergencia y el del Trabajo. Sin embargo, ante la lógica priista, habría que ir más allá.

Evidentemente, las fuerzas opositoras no vienen a Oaxaca predispuestas a la derrota, y tampoco vienen a ver si por la sola unión de membretes pueden hacer el milagro. En realidad, lo interesante de estos comicios locales, radica justamente en que todas las fuerzas políticas vendrán a medir sus potencialidades electorales visibles, pero también a poner en práctica, todas las dotes de la alquimia electoral que, a su modo, ellos también practican.

Confiadamente, el priismo desestima cualquier posibilidad de que en el territorio oaxaqueño la oposición haya construido estructuras de votación. Y dicen que, por eso, aún cuando el gobierno federal pudiera invertir grandes cantidades de dinero en el proceso electoral, no podrán derrotarlos. ¿Y qué hay de los recorridos que hizo Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de más de un año, por los 570 municipios del Estado?

Evidentemente, el tabasqueño no vino a constatar la pobreza, la marginación o la falta de servicios básicos que enfrenta la gran mayoría de la población en el Estado. López Obrador hizo presencia en Oaxaca para establecer contacto directo con quienes habrían de ser sus operadores en las redes ciudadanas que, en 2006, casi lo llevan a la presidencia de la República. En su momento, hace uno o dos años, se desestimaban los intentos del tabasqueño por la creación de una estructura electoral, que entonces no tenía posibilidad de ser alimentada económicamente.

Hoy, sin embargo, la alianza que establecieron los partidos de izquierda con quienes controlan el gobierno federal, abre las posibilidades —como lo hemos establecido reiteradamente— de que se combinen no los membretes, sino las estructuras de votación y la operación electoral que controlan los primeros, con el acceso a grandes cantidades de dinero y recursos en especie que tienen los segundos. Por eso, aún cuando ese conjunto de partidos opositores parecen tener una mera posición representativa en Oaxaca, ellos también sostienen con seguridad que pueden ganar los comicios. Así, no será la democracia lo que se ponga a prueba, sino las mejores prácticas de la ingeniería electoral.

¿ELECCIÓN DE TRÁMITE?

Esta, es cierto, puede ser una elección de trámite para el priismo. Pero si éstos confían todo a su estructura, desestiman los efectos mediáticos que envuelven a la contienda, y minimizan el trabajo opositor, es evidente que podrían llevarse sorpresas.

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