¿El Congreso está diseñando el modelo de gobierno que se necesita?

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+ Deben ir tras lo sustancial; las poses demagógicas deben desaparecer


Hay quien acusa a la LXII Legislatura le está haciendo un “traje a la medida” al nuevo gobierno. Más que eso, todos debiéramos preguntarnos si el Congreso está contribuyendo a generar la administración pública que necesita Oaxaca y con la que sí podría obtener resultados positivos el gobernador electo, Alejandro Murat Hinojosa, una vez que asuma su cargo. A estas alturas ya no parece útil establecer posiciones a favor o en contra, sino al menos tener la certeza de que los instrumentos legales que está planteando el Poder Legislativo para el nuevo gobierno, sean también útil —y sobre todo— para Oaxaca.

En efecto, en las últimas semanas el Congreso del Estado ha aprobado diversas reformas constitucionales y legales que reflejan la intención de dotar al gobierno entrante de las herramientas jurídicas y el modelo administrativo que desea. En ese paquete de modificaciones se aprobaron reformas para ajustar los periodos de presentación del presupuesto del gobierno entrante; se eliminó la “irreductibilidad” del presupuesto legislativo; los diputados se quitaron también la facultad de los administradores municipales; se modificó la composición de las secretarías del gobierno estatal; y se pretende también eliminar la ratificación de funcionarios por el Poder Legislativo, entre otras reformas.

Hay voces que critican tales medidas. Particularmente, hay quienes —con razón— señalan la doble moral con la que la LXII Legislatura ha actuado, primero para dotarse de facultades (la irreductibilidad presupuestal, o la facultad de nombramiento de los administradores, entre otras) para oponerse al gobierno saliente, que ahora de forma voluntaria está entregando al Ejecutivo pero con reformas postfechadas para entrar en vigor el 1 de diciembre —cuando ni ellos, ni el Gobernador actual, estén en sus cargos.

Aunque en esos señalamientos hay sobrada razón, los oaxaqueños debíamos preguntarnos si la existencia de otras facultades, como la de la ratificación de los integrantes del gabinete, tuvo alguna utilidad práctica o si sólo sirvió para la connivencia y el chantaje institucionalizado entre poderes, y como trabas a la ejecución de las funciones que cada poder tiene bajo su responsabilidad. Concretamente, aunque la ratificación de funcionarios fue presentada como una forma democrática de gobierno, hoy vemos que sus contradicciones constitucionales, y sus vicios, pudieron más que la intención loable con la que se supone que fue instituida.

RATIFICACIÓN, INÚTIL

¿De qué hablamos? De que, según la experiencia de los últimos seis años, esta disposición ni funciona, ni aporta a la democracia, ni ha hecho efectivo el supuesto equilibrio entre poderes que se supone que debe procurar. Las razones son materiales, pero también tienen que ver con la inadecuada ingeniería constitucional aplicada a la ley en Oaxaca. Pues el solo hecho de establecer mecanismos relativamente cercanos al parlamentarismo, en un modelo de predominancia del Ejecutivo, resulta inadecuado y hasta riesgoso para el funcionamiento del poder público.

Pues resulta que Oaxaca ha seguido el modelo constitucional federal, en donde se procura la existencia de un Poder Ejecutivo con atribuciones relativamente acotadas, pero con amplias capacidades para ejercer las que sí se encuentran en su ámbito de competencia. Un ejemplo de ello, es el hecho de que en el modelo federal son muy pocos los funcionarios que deben pasar por la ratificación del Congreso.

Esto responde al modelo clásico presidencialista, en el que el Titular del Ejecutivo puede nombrar y remover libremente a sus colaboradores, porque él es el depositario único de la función administrativa. La contraparte de esta libertad, radica en que el buen o mal resultado de la gestión del gabinete, es responsabilidad directa del titular del Ejecutivo, que es quien al final responde por las acciones de gobierno ante el Poder Legislativo.

Lo opuesto a ese modelo tendría que ser alguno de los tipos de predominancia parlamentarista, en donde el Congreso tiene una participación de corresponsabilidad con el Ejecutivo en las tareas de gobierno, y también comparte los resultados de esa función pública. El problema es que, en este caso, en los sistemas en los que predomina la potestad del Ejecutivo, sus decisiones relacionadas con la administración pública y el nombramiento de sus subordinados, no pasa por el Congreso; y en los sistemas parlamentarios, resulta que los integrantes de los gabinetes de gobierno son también integrantes del parlamento, porque el mismo titular del Ejecutivo emanó de una decisión parlamentaria.

Evidentemente, el modelo de ratificación intentado en Oaxaca fue un Frankenstein, que parecía tener una intención democrática y una finalidad relacionada con la acotación del poder del Gobernador, en realidad se convirtió en una herramienta de chantaje. Vimos reiteradamente cómo los diputados —en solitario, o como fracciones parlamentarias— vendían, “cabildeaban” o intercambiaban abiertamente su voto en la ratificación de funcionarios.

CONTRADICCIONES

Incluso se llegó a casos extremos como el de Alberto Esteva Salinas cuando fue nombrado titular de la SSP, que primero fue rechazado por los legisladores al descubrirse sus antecedentes penales, y después —quién sabe cómo— fue ratificado ipso facto por los mismos legisladores que lo habían repudiado. Por eso, en el fondo esta revisión del modelo de relación Legislativo-Ejecutivo debe versar no sólo en qué quiere el nuevo gobierno, sino en qué necesita Oaxaca.

Terminación anticipada de mandato: nuevo revés de la Corte

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+ LXII Legislatura tropieza de nuevo con sus excesos y errores


Nuevamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enderezó un revés a la LXII Legislatura del Congreso local, al declarar inconstitucional la figura de la terminación anticipada de mandato de los ayuntamientos regidos por el régimen de sistemas normativos internos. Esa decisión la tomaron los ministros al corroborar que el Congreso no consultó de manera previa a municipios de poblaciones indígenas sobre ese apartado, relativo a la Asamblea General Comunitaria.

En efecto, de acuerdo con la información los ministros de la Corte invalidaron el artículo 65 Bis de la Ley Orgánica Municipal, la cual sólo tendrá efecto en los municipios que promovieron las controversias, ya que no se alcanzaron los ocho votos que establece la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la declaratoria de inconstitucionalidad tenga efectos generales. No obstante, esto representa un precedente sobre la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y exhibe —otra vez— al Congreso por su desaseo y falta de cuidado al emitir normas contrarias a la Constitución. Pues resulta que, por unanimidad, los ministros consideraron que para la aprobación de los preceptos antes mencionados, el Congreso oaxaqueño no respetó el derecho de consulta previa varios municipios indígenas.

Ahora bien, como antecedente vale la pena recordar que el año pasado en la reforma político-electoral se estableció la figura de la terminación anticipada de mandato, en el artículo 113 de la Constitución local. Dicho artículo establecía que la reglamentación de esa figura estaría contenida en la Ley Orgánica Municipal. Sólo que, deliberadamente, los legisladores locales metieron esa figura en la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (LIPPEO) que en octubre de 2015 fue declarada inconstitucional por la Corte. Luego de esto, la Legislatura local reformó la Ley Orgánica Municipal para establecer ahí la terminación anticipada de mandato.

¿Qué decía el texto de la LIPPEO? El artículo 282 establecía que para la terminación anticipada del mandato de un ayuntamiento indígena había que recorrer un largo e intrincado camino legal, y cumplir un conjunto complejo de requisitos ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE), únicamente para que éste autorizara la celebración de la asamblea en la cual se decidiría, mediante votación de las dos terceras partes del total del padrón de ciudadanos del municipio o comunidad, si se declaraba la terminación anticipada del mandato de sus autoridades. El resultado de dicha asamblea debía ser revisado por el TEE, quien resolvería la procedencia de la determinación y, en caso de tratarse de municipios, lo remitiría al Congreso.

Únicamente en este punto, el Congreso conservaría la facultad de continuar nombrando a los administradores municipales y autorizando la celebración de nuevos comicios. Pero básicamente perdía todo el control respecto al manejo político de los conflictos municipales, entregándolo al TEE, cuyos integrantes ya no serán designados por el Poder Judicial del Estado, sino por el Senado, y por ende ya no responderían a los intereses del régimen o los diputados en turno, y tampoco estarían sujetos a sus conocidas medidas de presión o chantaje.

FALLO TRASCENDENTE

Esta resolución es trascendente, a pesar de que los ministros ni siquiera entraron a la revisión del fondo del asunto. ¿Qué regula el artículo 65 bis, que fue declarado inconstitucional? Dicho numeral, establece que la terminación anticipada procederá únicamente cuando lo solicite el 30 por ciento del número de integrantes de la Asamblea que eligió a las autoridades, y no el 20 por ciento del total de la ciudadanía reconocida conforme al sistema normativo del municipio.

Es decir, que el Congreso redujo drásticamente el número de personas que se necesitan para pedir la revocación, para establecer que se necesita únicamente un porcentaje del número de personas que participaron en la Asamblea, independientemente de que éstas hubieran participado o no en la asamblea electiva.

Otra diferencia notable es que eliminaron completamente la participación del TEE, para remitirla al IEEPCO. Ahora será éste, y no el Tribunal y su nueva autonomía, quienes substanciarán el procedimiento y declarar su procedencia para que se realice la Asamblea.

Todo ese procedimiento, sin embargo, no sirve para decidir la terminación anticipada. Ésta únicamente ocurrirá cuando el Congreso determine, por mayoría simple, emita un decreto declarando la terminación anticipada. Y entonces sí, el Congreso nombrará al administrador municipal y —cosa que no ocurre hoy en día— “autorizará” al IEEPCO a que convoque a la Asamblea para elegir a sus nuevas autoridades.

EL CONGRESO, DE NUEVO EXHIBIDO

Es una pena que esta Legislatura esté teniendo tantos desencuentros con la Suprema Corte. En lo que va de la LXII Legislatura, el Alto Tribunal les declaró inconstitucional la reforma sobre la residencia mínima para ser candidato a Gobernador; sacó del orden jurídico prácticamente toda la legislación secundaria de la reforma electoral; declaró también inconstitucional la Ley del Consejo de Sistemas Electorales Indígenas; y ahora ocurre esta nueva declaratoria. Lo más alarmante es que nadie en el Congreso asume su responsabilidad. Ni quienes tienen el deber técnico de cuidar la constitucionalidad de lo que legislan, y ya ni pensar en quienes tienen algún tipo de responsabilidad política. Vergonzante.

En el Congreso viven las peores paradojas de la política oaxaqueña

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+ Por torpezas y omisiones, subsiste posibilidad de otro “palo” de SC


Si el Congreso local está lleno de contradicciones y paradojas, todas quedaron de manifiesto con la atropellada aprobación de la ley educativa estatal. Resulta que para aprobar dicho instrumento legal, los aliados del gobierno fueron los no convocados; sus supuestos adversarios fueron los más diligentes y, entre ellos, resulta que unos terminaron pareciéndose a sus enemigos por defender los postulados a los que aquellos fustigaron. En este enredo vale la pena analizar las contradicciones que hoy tienen en el total descrédito a los partidos y sus bancadas.

En efecto, la noche del sábado se aprobó la reforma educativa en una sesión legislativa relámpago, a la que asistieron sólo 28 de los 42 diputados de la LXII Legislatura, y en la que hubo un trámite legislativo que no sólo deja dudas sobre su constitucionalidad, sino que además abre las mismas puertas que, hace pocos meses, llevaron a la declaración de inconstitucionalidad a la reforma político electoral, aprobada en condiciones muy parecidas a la ley educativa. ¿De qué hablamos?

De que un aspecto toral en el que claramente falló el Congreso al llevar a cabo esta reforma es en el relacionado con la verdadera función deliberativa del pleno del Poder Legislativo. Pues igual que como ocurrió en la aprobación fast track de la Ley General de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales —cuyo decreto fue declarado inconstitucional en octubre del año pasado por la Suprema Corte—, en este caso tampoco hubo actividad deliberativa corroborable por parte de los diputados.

Si verdaderamente hay impugnaciones, y la Corte decide entrar a la revisión exhaustiva del procedimiento llevado a cabo para la aprobación de la ley educativa, fácilmente podrá advertir que no habría habido deliberación, entendiendo ésta como la actividad en la que los diputados públicamente analizan, debaten, discuten y clarifican los puntos contenidos en la iniciativa. La ausencia de esa actividad deliberativa fue una de las razones de fondo por las que el 5 de octubre del año pasado la Corte invalidó el Decreto 1290; esa es la razón por la que todo esto se convierte en una referencia clara sobre las inconsistencias en esta nueva actividad legislativa que podrían llevar a una nueva declaratoria de inconstitucionalidad por las fallas en el procedimiento legislativo.

En ese sentido, el Congreso del Estado debe ser muy firme en la forma en cómo debe concebir la actividad del Oficial Mayor. Es lamentable que durante toda la presente Legislatura, quienes han ocupado el cargo de Oficial Mayor —primero Juan Enrique Lira Vásquez, y ahora Igmar Francisco Medina Matus que, además enfrenta la vicisitud (que no impedimento legal) de no ser abogado— han actuado como meros subordinados de las decisiones y caprichos de las fracciones parlamentarias, pero se olvidaron que la función fundamental del Oficial Mayor consiste justamente en velar porque se cumpla en todo momento con la legalidad y con los postulados básicos de la Constitución.

En buena medida, la invalidación por parte de la Corte de la reforma político electoral ocurrió porque no se siguieron escrupulosamente las reglas constitucionales para la emisión de una norma, siendo esa una responsabilidad directa del Oficial Mayor, que con toda su estructura administrativa tiene la función, al margen de sus débitos partidistas, de velar porque se respete y se cumpla con la Constitución, cosa que evidentemente no ha ocurrido en estas situaciones y que ya fue demostrado —para vergüenza de Oaxaca— en la invalidación no sólo del Decreto que contenía las leyes reglamentarias de la reforma político electoral, sino de varias otras normas que no han logrado superar la revisión constitucional de la Suprema Corte.

CONTRADICCIONES

Junto a las fallas legales hay contradicciones políticas que también vale la pena resaltar. ¿No es actualmente el PRD el partido del Gobernador? ¿No es, además, el PRD la fuerza política a través de la cual el grupo gobernante lanzó a quien pretende que sea su sucesor en la titularidad del Ejecutivo estatal? ¿No es el PRI su principal adversario? ¿Y no la defensa de los intereses gremiales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es una bandera de Morena —no del PRD— y que eso motivó hasta un acuerdo entre el magisterio y Andrés Manuel López Obrador?

Nos preguntamos todo eso porque la aprobación de la reforma educativa sacó a flote muchas contradicciones de las que nadie en los partidos quiere hablar. Por ejemplo, resulta que el PRI fue el partido más colaborativo en la aprobación de una iniciativa —la que presentó el Gobernador en agosto de 2014— que durante 20 meses se dedicó a descalificar y bloquear. Junto a eso, resulta que el PRD terminó siendo el partido “aliado” de la Sección 22, cuando se supone que quienes estaban decididos a defender los intereses magisteriales están en otros partidos. De ser así, ¿entonces diputados como Jesús López Rodríguez deben seguir en el PRD, o son militantes de facto de Morena?

INCONGRUENCIAS

¿Cómo explicarle a las personas que el partido del Gobernador fustigó la iniciativa de ley educativa del Gobernador, pero que al mismo tiempo está impulsando a quien pretende ser el sucesor del Mandatario? ¿Cómo explicar, además, que unos sí colaboraron y otros no, con un postulado que no es de nadie? Por revoltijos como estos es que la ciudadanía sabe que los partidos y los políticos, hoy, tienen intereses y no convicciones.

Congreso no tenía necesidad de aprobar así la ley educativa

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+ Trabajo legislativo a hurtadillas; ¿podrían ir ante la Corte?


El Congreso del Estado no tenía necesidad de aprobar la Ley Estatal de Educación en la forma en que lo hizo. Ello los pone más en la situación de pensar en que hicieron cosas buenas que parecen malas, que en la posibilidad de que hayan cumplido con el mandato constitucional que habían pospuesto al menos 20 meses. No había razón para realizar una sesión subrepticia; tampoco de no convocar a casi la mitad de los legisladores. No había necesidad de pasar un proyecto sin discusión. Y mucho menos de evidenciar que a los diputados no les importa no cumplir con su función deliberativa. Aún en la aprobación, este es el peor escenario posible.

En efecto, la noche del sábado se supo que los diputados llevaron a cabo una sesión dentro del periodo ordinario, con el único punto en el orden del día de discutir la iniciativa de Ley Estatal de Educación. Cumplieron con esa tarea en unos cuántos minutos, porque los legisladores tenían la urgencia de no caer en el desacato a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que tenían que aprobar una ley educativa antes de que terminara este periodo de sesiones, que concluye el 15 de abril. Con eso, asestaron un madruguete a la Sección 22, que no estaba preparada para resistir en dicho momento.

El problema, frente a todo eso, está en la forma. Pues resulta que a los pocos minutos de consumada esa tarea, el diputado Jesús López Rodríguez —nada menos que presidente de la Comisión Permanente de Educación de la LXII Legislatura— denunció que los diputados de su bancada no habían sido convocados a dicha sesión. Él mismo, como presidente de una de las comisiones unidas de las que se supone que salió el dictamen, particularmente dijo no haber sido convocado a la sesión. ¿Qué hizo el Congreso entonces?

Eso es, básicamente, un secreto. Hasta la tarde de ayer no se había dado a conocer el contenido de la ley que fue aprobada. Tampoco se supieron detalles de cuál pudo haber sido el mecanismo mediante el cual aprobaron dicha norma. Es posible prever que pudieron haber sido dos posibles rutas, a saber: primera, que las Comisiones Unidas encargadas de elaborar un dictamen, lo hubiesen presentado al Pleno para su aprobación, y que éste haya dispensado toda discusión para pasar de inmediato a la aprobación del dictamen en lo general y lo particular.

La segunda posibilidad —forma legal que quizá hayan utilizado— radicaría en que un diputado habría presentado una iniciativa nueva al Pleno de la Legislatura; que el Pleno, al dar cuenta de la iniciativa, hubiera recibido de algún diputado la petición de que a dicha iniciativa se le diera el tratamiento de “obvia resolución”, que según el artículo 55 de la Constitución local, tiene como efecto que a una iniciativa se le reduzcan o dispensen los trámites de admisión y discusión —efectos de la “urgencia notoria—, pero también que se le pueda dispensar la elaboración del dictamen de comisión correspondiente.

Lo único que se supo es que fue una sesión a la que acudieron 28 diputados, y que 26 de ellos votaron a favor de la iniciativa. Se entiende también que dejaron fuera a los legisladores que, como López Rodríguez, habrían tratado de reventar la sesión, o anticipando a los profesores de lo que iban a hacer, o generando disturbios al interior del recinto legislativo para tratar de que no se llevara a cabo la sesión y/o la discusión de la iniciativa.

OPOSICIÓN REAL

Pronto se sabrá si los diputados que no fueron convocados a esa sesión, según por ser aliados de la Sección 22, tienen de verdad convicciones sobre la inconstitucionalidad de la norma que fue aprobada el pasado sábado. La ruta jurídica que aún tienen abierta es una Acción de Inconstitucionalidad, en la que podrían alegar no sólo las posibles violaciones de fondo a la Constitución de la República, sino también alegar los vicios de forma.

Para ello necesitarían agruparse en una minoría de cuando menos 14 diputados, que corresponderían al 33% de la integración de la Legislatura local. En ello podrían alegar, por ejemplo, la falta de convocatoria, la ausencia de discusión, las irregularidades en el procedimiento legislativo y en el cumplimiento a lo que establecen la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, y todo el cúmulo de irregularidades que normalmente cometen los legisladores y de los cuales ya tiene antecedentes el Alto Tribunal, porque fue por esos mismos errores que el 5 de octubre del año pasado le invalidó el Decreto número 1290, que contenía la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca.

En ese sentido, no es probable que los diputados vayan a una acción de inconstitucionalidad, porque ha quedado claro que las convicciones de muchos legisladores locales es algo sobre lo que precisamente no puede confiarse. Es muy posible que se hayan inconformado más por una posición políticamente correcta frente al magisterio de la Sección 22, que por estar verdaderamente convencidos de que no tenía por qué pasar la ley educativa.

DESAFÍO

Finalmente, muchos de los diputados no comen lumbre y saben que en una cuestión tan delicada como esa no sería fácil enfrentarse a una ley armonizada con la Constitución federal. Lo que sí subsistirá, y será ampliamente impugnable —si hay voluntad política— son los posibles vicios de forma. La Legislatura, en el fondo, de nuevo falló en demostrarle a la ciudadanía que puede hacer su trabajo sin la ventaja de la sorpresa, o de la posibilidad de legislar a hurtadillas, como innecesariamente lo hicieron el pasado sábado.

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¿Qué pasa si LXII Legislatura no armoniza la ley educativa?

Ley Estatal de Educación

+ Vencimiento del plazo, generaría sanción moral, no jurídica


Es entendible que exista la idea de que si los diputados de la LXII Legislatura no cumplen con la armonización de las normas educativas locales con la Constitución federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les retire la inmunidad constitucional que los protege, y los consigne ante la autoridad judicial. Es entendible sólo en la medida en que la situación en que se encuentra Oaxaca respecto a la armonización educativa reviste un grado importante de complejidad y particularidades que no son comunes. Es por eso que vale la pena entender qué puede pasar en realidad si los diputados llegan al 15 de abril —fecha límite que les dio la Corte para armonizar— sin emitir una nueva ley educativa local, acorde con la legislación federal.

En efecto, hace casi dos años, el 14 de abril de 2014, el Presidente de la República presentó ante la Suprema Corte sendas controversias constitucionales por la aplicación indebida de la reforma educativa en cuatro entidades: Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Sonora. El rasgo común —se informaba en aquellos momentos— es que los congresos locales y/o el gobernador han autorizado beneficios para el sindicato de la educación, particularmente lo que se refiere a la evaluación de los maestros.

“En los estados en donde el Ejecutivo acusa omisiones y excesos para la aplicación de la reforma hay una importante actividad de los maestros que se opusieron a esta enmienda constitucional, especialmente Oaxaca, Chiapas y Michoacán, bastiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”, informaba una nota de La Jornada de aquella fecha, al tiempo que remarcaba: “En el caso de Oaxaca el Ejecutivo subrayó que hay una ‘omisión total’ para armonizar la legislación local a los preceptos constitucionales en la materia”.

“En caso de que los ministros le den la razón al Ejecutivo, Oaxaca deberá emitir las leyes locales de inmediato acorde a la reforma constitucional, y en los tres estados se ordenaría la expedición de normas que cumplan con el mandato de la Carta Magna”. La controversia constitucional presentada en contra del estado de Oaxaca fue abordada por la Corte en el mes de septiembre del año pasado, resolviendo en términos general en el sentido de que el Ejecutivo y el Congreso del Estado de Oaxaca eran responsables por la omisión de emitir la legislación correspondiente. Junto a eso, la Corte les dio un plazo de seis meses —que vence dentro de 14 días— para emitir la legislación.

Frente a este conjunto de hechos y acciones judiciales surgen dos preguntas importantes: primera: ¿Es de verdad posible, en términos jurídico-constitucionales, que en México el sistema jurídico y político den la posibilidad de que la federación obligue a una entidad federativa a emitir una norma?; y segunda: ¿Cuál es la ruta jurídico-constitucional para sancionar una misión legislativa, como la que prevalece en el estado de Oaxaca respecto a la legislación educativa federal?

RUTA JURÍDICA

El Poder Judicial de la Federación estableció, en una tesis aislada, que para declarar la inconstitucionalidad por omisión legislativa, el juzgador deberá revisar que: a) exista un mandato normativo expreso (de la Constitución, de un tratado internacional o de una ley), luego de la declaración en la norma “programática”, en la que se establece un derecho fundamental dotado de contenido y alcance, requiera de complementación “operativa” en las leyes o acciones conducentes; b) se configure la omisión del cumplimiento de tal obligación por parte del legislador o funcionario competente de cualquiera de los órganos públicos; y, c) la omisión produzca la violación de un derecho o garantía. (Registro: 2005186).

Esto es exactamente lo que ocurre en el caso de la armonización educativa en Oaxaca. ¿Qué sanción amerita? En otras tesis jurisprudenciales, la Suprema Corte ha resuelto que la no armonización de las leyes locales al contenido de una disposición constitucional federal constituye una omisión legislativa de carácter absoluto en el desempeño de una facultad o competencia de ejercicio obligatorio, lo que genera una violación directa a la Constitución Federal que subsiste, mientras el Congreso local no haya subsanado la omisión.

Ahora bien, regresemos a algunas palabras clave enunciadas en líneas anteriores, para tratar de hallar una ruta a la aparente imposibilidad de control constitucional que traería aparejada la omisión legislativa: violación directa a la Constitución Federal. ¿Cómo se sanciona esto?

Dice el último párrafo del artículo 110 de la Constitución de la República: “los gobernadores de los estados, diputados locales (…) solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen (…) pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas locales para que (…) procedan como corresponda”.

Es particularmente importante lo que dice en la última parte: que un posible juicio político llevado a cabo por el Poder Legislativo federal en contra de los diputados locales, tendría únicamente efectos declarativos. Y en el caso que nos ocupa sería improbable, y quizá hasta imposible, primero, que se les iniciara juicio político a los 42 diputados juntos; y segundo, que una vez declarada su responsabilidad ante el Congreso federal —y comunicada al Poder Legislativo local, que es integrado por ellos mismos—, los diputados locales oaxaqueños determinaran su propia destitución e inhabilitación, con lo que además se estaría en la situación de facto de la disolución de uno de los poderes del Estado.

Todo esto, sin considerar el hecho de que antes de ver todo eso, habría que revisar si la omisión legislativa puede considerarse como una violación grave a la Constitución individualizada para cada diputado, cuando según el artículo 59, fracción I, de la Constitución de Oaxaca, es facultad colegiada del Congreso del Estado, y no de cada diputado, “dictar leyes para el gobierno interior del Estado…”.

LA RUTA: RESPONSABILIDAD

Esto nos da una idea clara: la Corte no puede desaforar, ni consignar a los diputados si no armonizan. No puede hacerlo porque la ruta para ello es a través del juicio político, que está en manos del Congreso federal, y no de la Corte. Por eso, más que sanciones, lo que hay que exigir es responsabilidad de los diputados para hacer lo que les corresponde.

Las comparecencias ya no sirven ni para el show legislativo

 

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+ La glosa servía para informar; ahora ya es sólo un monólogo


Se le llama “glosa” al desdoblamiento y análisis del informe de gobierno por parte del Poder Legislativo. Se supone que la glosa sirve para que una vez que el Ejecutivo haya presentado el informe de labores del ejercicio anual, el encargado de cada una de las áreas del gobierno acuda ante el Poder Legislativo al “acto republicano” —derivado del  informe— de escuchar a los representantes del pueblo (los legisladores), explicarles la razón y los alcances de la labor realizada, e incluso aclarar sus inquietudes o cuestionamientos. Para eso según sirve la glosa. Pero hoy en Oaxaca no sabemos cómo debiera calificarse a las comparecencias, que ya perdieron hasta su naturaleza interpelativa y la calidad de vodevil político que tuvo hasta el año pasado.

En efecto, han acudido al Congreso diversos funcionarios, y contrario a lo que ha ocurrido en otros años, ahora ya no hubo ni glosa, ni cuestionamientos, ni show legislativo, ni nada. Básicamente, lo que hasta ahora ha ocurrido es la presencia de los titulares de las dependencias estatales, prácticamente a hacer monólogos en los que ya nadie los interpela, les cuestiona o los critica.

Quedaron lejos aquellos años en los que había un verdadero debate sobre el ejercicio público o las metas alcanzadas. Y de hecho, parece que también quedaron atrás los tiempos en los que la glosa servía para que los diputados les reventaran la burbuja de soberbia en la que vivían los colaboradores del Gobernador en turno. Más bien, hoy parecen trabados en un estado de codependencia que no beneficia a nadie. ¿De qué hablamos?

De que prácticamente todos los funcionarios que han comparecido ante el Congreso del Estado, han sido recibidos con el más sospechoso desdén por parte de los legisladores locales. Contrario a lo que ocurría en otros años, pareciera que los legisladores ya encontraron la forma de “domar” a los funcionarios de la administración estatal: quién sabe si lo hicieron a través de dádivas o del hecho de que de verdad ya no les importe lo que deben ir a informar, y que entonces por eso ya ni siquiera tengan interés en cuestionarles sus funciones. Lo que no han entendido es que, domando a los funcionarios, los legisladores se terminaron domando a sí mismos. ¿Por qué?

Porque la naturaleza del informe y de la glosa, es justamente la de la rendición de cuentas. Al informar sobre el estado que guarda la administración, se supone que el Ejecutivo le está haciendo saber al Legislativo —los “representantes del pueblo”— en qué se ocuparon tanto el poder popular como los recursos aportados por todos a través de los impuestos. Y la glosa constituye —valga la expresión— el desglose de toda la información contenida en el informe.

Por eso, cuando los legisladores han tenido voluntad de verdaderamente glosar el contenido del informe, han puesto a trabajar a sus asesores, han corroborado cifras y confrontado los dichos con los hechos. Pero al no hacer nada, y dejar que las comparecencias sean prácticamente monólogos, lo que están haciendo fácticamente es dejarle el camino libre al Ejecutivo para que prácticamente haga lo que se le antoje.

Y si bien hay áreas del gobierno en las que existe un trabajo aceptable, hay otras en las que la función es nula; pero independientemente de eso, resulta que este año a nadie se le ha cuestionado ni interpelado, y lo que finalmente está ocurriendo es que ya ni siquiera fueron los funcionarios, sino los propios legisladores, quienes lisa y llanamente le dieron el primer jalón a la cortina con la que dentro de pocos meses buscarán cerrar la administración. Quizá haya, apretadamente, algunas comparecencias en el marco de la glosa del sexto informe. Pero eso ya ocurrirá ante la siguiente Legislatura.

FORMATO INSERVIBLE

Frente a todo esto, queda claro que el problema del formato actual del informe y su glosa, no sólo radica en el hecho de que las comparecencias sean un auténtico circo, sino sobre todo en el hecho de que éstas no tienen impacto alguno en la evaluación del trabajo realizado, o en el establecimiento de compromisos sobre las deficiencias en el ejercicio de la administración pública. No. Porque en realidad las comparecencias sirven sólo para que los diputados se luzcan señalando, cuestionando y descalificando a los servidores públicos; para que éstos vayan e informen lo que les viene en gana; o, como ocurrió este año, para que unos hablen y otros escuchen, pero sin ningún tipo de diálogo efectivo.

Ahí existe un problema de fondo que, deliberadamente, no ha sido atacado. Pues desde que ocurrió el establecimiento de las comparecencias de secretarios de despacho ante el pleno del Congreso del Estado, se han ido anidando un conjunto de prácticas que hoy hacen no sólo inviables las comparecencias como una forma de rendir cuentas, sino que incluso las convierten en un ejercicio nocivo porque lo que se hace año con año es refrendar las prácticas de connivencia que no debían existir en algo a lo que muchos insisten en llamar como “democracia”.

Y es que a la distancia se ha podido corroborar que la fragilidad de ese mecanismo de rendición de cuentas, y las amplias libertades que permite tanto para quienes comparecen, como para quienes examinan, permite que en realidad las comparecencias se hayan convertido ya en un auténtico “toma y daca” de negociaciones, prebendas y hasta extorsiones, en las que diputados y funcionarios se reúnen previamente para negociar no los compromisos, sino la cordialidad o dureza con la que serán tratados. Lo grave es que en esas “negociaciones” lo que se pone sobre la mesa es impunidad, recursos económicos, prebendas y “colaboraciones en conjunto”, que en realidad no son sino una forma de institucionalización de muchos de los negocios turbios que siguen existiendo en el ejercicio del poder público.

Hasta hoy, los diputados han omitido de forma deliberada revisar el formato de las comparecencias. En el inicio de la LXII Legislatura, los legisladores aparentaron estar metidos en la ingenuidad que escondía la voluntad porque las cosas no cambiaran; y hoy sólo parecen buscar el provecho de su silencio.

NO HAY CONSECUENCIAS

Ese es el problema: que no hay consecuencia ni compromiso alguno derivado de las comparecencias. Por eso todos van a prometer lo que quieren, y a cumplir lo que pueden o que se les antoja. Y los diputados siguen voluntariamente atados de manos dejando de lado la posibilidad de que este sea un ejercicio provechoso para Oaxaca.