Sin voluntad y trabajo, las campañas en Oaxaca quedarán eclipsadas ante la carrera presidencial

Es una paradoja que en la elección más amplia y compleja de la historia de nuestro país, haya también un fenómeno de autofagia entre sus propios procesos electorales. Toda la atención nacional se encuentra puesta en la carrera por la Presidencia de la República, pues ello implica la decisión más importante que tomaremos los ciudadanos en las urnas el próximo 1 de julio. No obstante, la concurrencia entre procesos electorales y la poca solidez ciudadana genera el riesgo de que esa elección termine anulando —políticamente hablando— a las demás. A estas alturas, ¿merecemos los oaxaqueños, y los mexicanos, a representantes populares electos por arrastre y no por convencimiento?

En efecto, el pasado 30 de marzo inició el periodo de campañas para quienes buscarán puestos de elección popular en el ámbito federal. Tanto los candidatos presidenciales, como quienes aspiran a diputaciones federales y senadurías se dijeron listos para iniciar los trabajos proselitistas. A pesar de ello, al menos en Oaxaca ninguno de los candidatos a diputados federales y senadores, ha podido sustraerse de la tentación de subirse en las campañas de los candidatos presidenciales de sus mismos partidos, como una forma de poder navegar en el mar turbulento que siempre significa un periodo de proselitismo electoral.

Esa tentación es perfectamente explicable: el coste económico de una campaña proselitista, la que sea, es alto cuando el trabajo y la inversión se hace en solitario. En un periodo en el que hay campañas concomitantes, existe la posibilidad de aprovechar el impulso de algunos candidatos para mantenerse en la arena electoral. No obstante, ello sería positivo si a pesar del provecho mutuo del impulso de algunos, todos se mantuvieran en el ánimo de proponer y trabajar ante la ciudadanía, y no sólo de simular el trabajo de campaña esperando que la ausencia de voto diferenciado haga en automático el trabajo de convencimiento que ellos no quisieron hacer.

En Oaxaca ese es un riesgo mayor. Por ejemplo, entre los candidatos al Senado de la República tendría que haber un sentido, nutrido y consistente, de propuestas y compromisos concretos en algunos de los temas más relevantes para el país. Hasta ahora, sin embargo, los candidatos a Senadores por las tres principales coaliciones se han limitado a tratar de explicar por qué son candidatos, sin establecer para qué quieren llegar a la Cámara Alta.

El escenario nacional implica retos formidables que se resuelven en el Senado. Por ejemplo, una de las primeras tareas de relevancia para la próxima camada de senadores, será el nombramiento del Fiscal General de la República, la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción; lo que le corresponda al Senado —como representante de las entidades federativas ante la federación— respecto a temas torales como las decisiones sobre la continuación o cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto, de las reformas educativa y energética, o el futuro de los incentivos económicos que desbordadamente están ofreciendo los candidatos presidenciales.

De hecho, es de entrada ominosa la posición que han asumido los candidatos al Senado en Oaxaca, de simplemente ser repetidores de las propuestas y los planteamientos de sus candidatos presidenciales, sin imprimirle a ello su impronta, sus consideraciones y los ofrecimientos concretos que deberían ya estarle haciendo a la ciudadanía sobre los asuntos nacionales, que son los que finalmente se resuelven en el Senado.

Lamentablemente, todos prefieren ofrecer la faceta de ‘gestor’, cuando queda claro que esa no es la tarea sustantiva de un legislador, y sí es fuente de mucha de la corrupción y opacidad en la asignación de obra, presupuestos y beneficios sociales, que hoy ahoga la reputación de los diputados y senadores, y los exhibe justamente como lo que la gente rechaza de la clase política.

CAMPAÑAS ANULADAS

Aún cuando hubiera un sentido elevado de responsabilidad en los candidatos, de todos modos hay un riesgo que subsiste: que el aluvión de las campañas electorales termine arrastrando y nulificando a los candidatos a todos los demás cargos públicos. En Oaxaca, por ejemplo, junto con los presidenciables, se definirá también la integración de las respectivas bancadas en las dos cámaras federales; la integración del próximo Congreso local, y más de cien presidencias municipales que se rigen por el sistema de partidos políticos.

¿Qué va a pasará si nadie escucha a esos candidatos; si ellos prefieren no hablar y sólo montarse en las otras campañas, o si finalmente todo se resuelve por el voto no diferenciado, independientemente de lo que hayan hecho? Las preguntas no son ociosas. En el mejor de los casos, cada voto cautivado por un candidato debía ser producto de su trabajo, de su convencimiento y de su capacidad de interactuar con la ciudadanía.

El problema es que en nuestro escenario electoral doméstico, ese anhelo es intercambiado, primero, por el convencimiento a través de dádivas o mecanismos de coacción o compra de votos; y segundo, por la confianza en el arrastre de las campañas mayores sobre las menores. En ello, es evidente que queda anulado todo sentido de responsabilidad y trabajo entre los candidatos, y que todo queda supeditado a la decisión tomada por la cúpula de los partidos que dispone de la postulación de candidatos.

Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, en Oaxaca de Juárez hay un candidato que tiene amplias posibilidades de ganar, a pesar de que no ha hecho campaña, no es proactivo, no es propositivo y tampoco tiene arraigo ciudadano ni identidad con la fuerza política que lo postula. Se trata de Oswaldo García Jarquín, quien será el candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez.

Quizá García Jarquín llegue a ser edil citadino, a pesar de que no ha trabajado de manera consistente; de que tampoco tiene arraigo propio entre la gente de la capital, y de que tampoco ha sido promotor del voto como sí lo han sido otros militantes de su propio partido. Ese ejemplo, más común de lo que podríamos suponer, en realidad es reflejo de lo poco que se ha entendido el ejercicio de la política, y de lo mucho que debería trabajar cada uno de los candidatos para convencer a sus propios electores.

TRISTE DESTINO

Finalmente, dejar todo en manos del destino de las campañas mayores, es como resignarse a que la simulación y el conformismo sigan siendo la moneda de cambio para un país que ahora más que nunca, necesita respuestas y compromisos de quienes aspiran a cargos de elección popular.

“Perdonar a los que generan violencia”, o cómo seguir engañándonos con las palabras

Una de las cosas que generalmente dicen los extranjeros que nos caracterizan a los mexicanos, es nuestra excesiva capacidad de buscar formas aparentemente comedidas para evitar llegar de manera directa a lo que en realidad queremos decir. Tal pareciera que eso es lo que todo un sector de la sociedad mexicana intenta frente a la propuesta del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador de “perdonar a los que generan violencia”. Esa es una forma cándida de evitar una afirmación tajante. Y eso mismo provoca desde interpretaciones bien intencionadas, hasta lo que pudieran ser considerarse como verdaderas apologías de lo inaceptable.

En efecto, hoy es ampliamente conocida la afirmación hecha el fin de semana en Guerrero por el Líder Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional, en el sentido de que analizaba otorgar el perdón a todos los que generan violencia, asegurando que en esa consideración podría incluir a la delincuencia siempre que las víctimas estuvieran de acuerdo. Esta declaración, ambigua en sí misma, ha demostrado que la polarización que genera un proceso electoral en las circunstancias actuales del país, puede llevar un conjunto de palabras a cualquier cantidad de interpretaciones. Lo cierto es que, en realidad, poco se ha atendido a la literalidad y el sentido de las palabras, y se han privilegiado las posiciones políticas a favor y en contra del tabasqueño.

Pensemos: qué es el perdón. Según el diccionario, perdonar significa olvidar (por parte de una persona) la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y no guardarle rencor ni castigarla por ella, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Amnistía, por su parte, equivale al perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de delitos, generalmente políticos.

Violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. No toda la violencia es legítima: sólo el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de ella; cualquier otro acto violento es ilegal, porque implica la comisión de un delito, que a su vez es una acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena grave

De todo eso, ¿qué podemos deducir? Que el perdón implica dejar atrás ciertos actos o cuestiones que lastiman física, emocional o moralmente a un conjunto de personas; que la amnistía es ese perdón, pero institucionalizado y reconocido legalmente por el Estado; y que lo que se puede hacer susceptible de perdón o amnistía, según resulte, son las consecuencias de un acto violento y, en este caso, ilegal, por constituir la comisión de un acto penado por las leyes vigentes.

¿Por qué acudir a este recuento de palabras? Porque queda claro que aquellos que ejercen violencia, en general, están cometiendo delitos. Cuando esto lo hacen con un fin eminentemente lucrativo o para obtener un provecho indebido, estamos frente a actos delincuenciales comunes u organizados, que al consumar esas conductas dañan los derechos y la integridad de las demás personas.

Por esa razón, en la sola literalidad de las palabras, no parece algo posible ni aceptable la decisión de perdonar institucionalmente —es decir, conceder la amnistía— a quienes han cometido delitos, porque ello significaría deponer a la ley a la voluntad de los delincuentes, y por eso mismo someter al Estado a la acción impune de quienes cometen delitos.

 

DELINCUENTES COMUNES Y DE CUELLO BLANCO

Está de más hacer juicios de valor sobre las palabras y las intenciones de López Obrador. Sus vaguedades son tales que por eso prácticamente cada persona interesada está en posibilidad de sacar sus propias conclusiones. No obstante, quedan algunas cuestiones que sí vale la pena revisar porque son parte de la forma en cómo muchos satanizan o justifican inopinadamente al líder tabasqueño.

Por un lado, hay quienes afirman que cualquier posibilidad de acercamiento entre “quienes generan violencia” y un candidato, significaría en automático un pase al “narco estado” que, por distintas razones, muchos quisieran ver. En el otro extremo, hay quienes ven una luz de esperanza en esa posibilidad, que al otro extremo simplemente le aterra. En esa polaridad no debemos confundir a unos delincuentes con otros.

Por ejemplo, hay quienes dicen que lo único que haría visible López Obrador, son los acuerdos que siempre han existido entre gobernantes y delincuentes. Eso pudiera ser cierto, aunque en realidad un cambio de fondo para la obtención de un verdadero Estado de Derecho tendría que consistir en que esos pactos o acuerdos no existieran, y no en el hecho de “transparentarlos” o “hacerlos visibles” porque eso sería tan oprobioso como lo son los presuntos pactos secretos entre políticos y delincuentes.

Hay también quienes afirman que en realidad de quienes debemos preocuparnos son de los delincuentes de cuello blanco, y no de los que quiere perdonar López Obrador. Eso es parcialmente cierto. Aunque en realidad deberíamos temer y repudiar del mismo modo a unos y a otros, y no suponer que como los de cuello blanco son peores y hacen más daño por el dinero que se roban, la corrupción que promueven y el daño que le provocan a los más pobres, los delincuentes comunes y organizados —narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, rateros y demás— son blancas palomitas a las que se les debe tratar con consideración, y no con todo el peso de la ley. De nuevo: la intención correcta sería perseguirlos a todos y no suponer que la maldad de unos, disculpa o atempera la de los otros.

Al final, lo que parece es que la gran mayoría de las interpretaciones de las palabras del tabasqueño están sujetas al criterio político de quien las hace, y de quien las lee o escucha. Por eso, no resulta raro que cualquier afirmación en contra de dichas palabras sea tomada como una posición en contra del tabasqueño, y que lo mismo ocurra con quienes lo defienden con argumentos que muchas veces resultan limitados en el fondo y el sentido de lo que se pretende decir. Es un signo más de nuestro tiempo en el que, lo que sí debemos cuidar, es que esto no sea la caja de Pandora que lastime irremediablemente nuestra frágil democracia.

 

CONFUSIONES

Parte de esa rareza que vivimos está también en otros frentes: los de un partido que recurren a lo externo para aparentar que ya no son lo que todos saben que son y por lo que los rechazan; los frentes ciudadanos secuestrados por los partidos; o las minorías partidistas queriendo decidir el destino de las mayorías. Algo andamos haciendo mal.

En Oaxaca, con Jara, Erangelio y Los Pozoleros,  Morena y la Sección 22 buscan capitalizar el 2018

 

 

Luego del conflicto magisterial y popular de 2006, algunos sectores de la Sección 22 del SNTE y la APPO intentaron incursionar en la política estatal a través de la postulación de Zenén Bravo Castellanos como candidato a diputado local. Fue un intento incongruente, desafortunado e intrascendente, que en realidad dejó ver que los afanes por la frivolidad de los cargos públicos era superior a los supuestos principios ideológicos que se plantearon durante el conflicto magisterial. Hoy, a través de Morena, esos grupos pretenden volver al pasado.

En efecto, una especie de reedición de esas maniobras, es la que ahora intenta consolidar —con un mayor grado de peligrosidad— el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con la incorporación a sus filas de personajes como Erangelio Mendoza González e Irán Santiago, representante de la facción magisterial conocida como ‘los pozoleros’. En sendas imágenes difundidas el domingo a través de redes sociales, se podía apreciar cómo los dos integrantes de la Sección 22 estaban sonrientes y escoltados por el representante de Morena en Oaxaca, Salomón Jara Cruz durante un mitin político celebrado en al Ciudad de México con el líder nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador.

La presencia de ambos personajes revela algunas vertientes que hacen lógico el manejo de ciertos conflictos en la entidad, a la luz de las connotaciones políticas y electorales que son inminentes. Morena, por un lado, sabe que Oaxaca puede ser uno de sus semilleros más importantes de votos, y por esa razón estaría capitalizando algunos conflictos para enrarecer el ambiente y tratar de beneficiarse de ellos. En todo eso, es importante la participación de algunos grupos y sectores sociales que, aunque pareciera que tienen sus propias agendas y responden a circunstancias específicas, en realidad todo puede ser parte de una misma estructura. ¿De qué hablamos?

De que, aunque formalmente Morena y la Sección del SNTE no guardan ninguna relación, no se debe olvidar que, por un lado, Morena buscará la mayor participación posible en el proceso electoral del año próximo y no reparará en acciones y alianzas para tratar de conseguirlo; por el otro lado, no se debe dejar de considerar que la Sección 22 es una organización horizontal y plural, que alberga a distintas corrientes políticas —incluso las que simpatizan con el PRI—, y que dentro de sus postulados de fondo siempre ha estado el de participar en los procesos electorales pero a través de sus propios métodos de lucha. ¿Cuáles son? Los que ya perfectamente predecibles y conocidos en ellos: movilizaciones, marchas, plantones y acciones que no necesariamente buscan la lógica lineal de promoción del voto, sino la inducción del voto a través del miedo, el hartazgo, el descrédito y otros mecanismos ya bien conocidos.

Y, de hecho, en aquel primer intento en 2007, algunos partidos de izquierda como Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo ya intentaron capitalizar los resultados de la revuelta magisterial. Por eso postularon a Zenén Bravo Castellanos como candidato a diputado local por la vía de la representación proporcional, para tratar de congraciarse con algunos de esos sectores que habían participado en la APPO (Bravo era integrante de la Sección 22, y además fue consejero de la Asamblea Popular representando al FPR). No lo lograron porque rápidamente Bravo mostró su vocación de opositor orgánico al régimen, y casi de inmediato fue repudiado y desconocido por las organizaciones sociales a las que había representado.

MORENA-CNTE

Hoy todo parece ser parte de una estrategia más avanzada. Pues resulta que en conflictos como el ahora mismo protagonizan el Frente Popular 14 de Junio —herederos del Frente Popular Revolucionario en la región de Valles Centrales— y la agencia Vicente Guerrero, y los habitantes de la colonia González Guardado de la Villa de Zaachila, participan más o menos los mismos grupos que en otros tiempos fueron protagonistas de otros conflictos, y otros movimientos, con claras connotaciones electorales.

De hecho, el conflicto entre el Frente Popular 14 de Junio y las colonias de la Villa de Zaachila tiene como ingrediente de fondo no sólo la presencia de organizaciones periféricas a la Sección 22, por un lado; y por el otro, grupos que simpatizan con algunos de los sectores más radicales de Morena y de algunas organizaciones sociales de antecedentes de radicalidad bien conocidos. ¿Qué parecen buscar? El descrédito de sus adversarios comunes —los gobiernos del PRI— en los Valles Centrales, a través del desbordante problema de la basura, que no está en otras manos, más que en las de ellos mismos.

Ahí es donde cobra relevancia la presencia de Erangelio Mendoza González e Irán Santiago en las filas de Morena. El primero representa al núcleo más duro de quienes se oponen a la reforma educativa. De hecho, como dirigente de la Sección 22, fue Erangelio Mendoza quien logró que el entonces gobernador Heladio Ramírez López les reconociera institucionalmente la facultad de cogobernar en el ámbito educativo de la entidad, e indirectamente también le concedió a la 22 el reconocimiento como la organización de lucha social más importante de la entidad. Con él, Morena estaría buscando un polo de identidad con quienes se siguen resistiendo a la reforma educativa.

Por otro lado, Santiago representa al grupo de Los Pozoleros, que en el pasado reciente fue identificado como el brazo ejecutor magisterial, primero de los intereses del ex gobernador Ulises Ruiz, y luego de Gabino Cué al final de su gestión. Su acción conocida más reciente fue cuando intentaron boicotear los acuerdos preliminares —y la apertura de las escuelas— alcanzados entre el gobierno estatal y la Sección 22, luego de que se radicalizaran posiciones en defensa del acuerdo del 7 de diciembre.

En esa ocasión, a Los Pozoleros se les responsabilizó de incendiar la puerta de una escuela primaria en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, y de intentar enrarecer aún más la situación de tensión entre el magisterio y el gobierno. Por esa razón, al final Los Pozoleros son una especie de mercenarios dentro de la gremial que han ido buscando el acomodo a través de servir como ariete radical de diversos grupos políticos.

¿Qué buscan en Morena? Evidentemente, tratarán de ser el respaldo de acciones más radicales que impacten en los procesos políticos que están en puerta. 2018 será importantísimo para todos los grupos políticos, y al tratar Morena de sumar a esos sectores radicales tratará también de capitalizar el resultado de las acciones que formalmente emprenda el magisterio en el marco de la elección presidencial, que en Oaxaca resulta por demás trascendente por la reconfiguración de fuerzas en el Congreso local, y en las alcaldías, que todo eso implica.

Será muy complicado que, al final, Morena logre sumar votos extraídos de las acciones magisteriales. Existen diversas variables que no podrán controlar al interior mismo de la Asamblea Estatal; y seguramente se toparán con las acciones que emprenda el propio gobierno estatal para evitar que la situación se desborde. El problema es que mientras, Morena deja ver sus ganas de jugar rudo en Oaxaca.

Ojalá no sea preámbulo de un nuevo intento de convertir la gobernabilidad del estado en un laboratorio de organizaciones e intereses propios de los tiempos electorales.

DESACREDITADO

Nada garantiza ya la homogeneidad al interior de Morena. Ello quedó claro la semana pasada cuando los nueve diputados locales morenistas votaron a favor de una iniciativa —la de reforma a la Auditoría Superior— que el Representante de Morena en la entidad había reprobado horas antes. Parece que alguien ya no las trae todas consigo. Pronto veremos el resultado final de ese posible ajuste de cuentas.

Con la elección de Edomex se confirma el agotamiento del sistema actual

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+ Deben buscar vías alternas al modelo electoral y a la organización política


A pesar de los números, los triunfalismos y las resistencias, es claro que en la elección del Estado de México sólo hubo perdedores: perdieron los partidos, porque con la descarnada competencia sólo lograron demostrar la ineficacia de las complejas y costosas instituciones y las normas electorales que ellos mismos crearon; perdió el sistema político, porque de nuevo se constató la incapacidad actual para sobrellevar el modelo electoral y de gobierno bajo las condiciones actuales; y una vez más perdió el sistema representativo porque al margen de los “ganadores”, todos los nuevos gobernantes fueron electos por agobiantes minorías. Y sobra decir que también perdió la ciudadanía.

En efecto, en los comicios del Estado de México, Coahuila y Nayarit hubo un común denominador: la baja competitividad real de los candidatos ante el universo total de ciudadanos votantes, y la complicada forma de lograr una victoria en un ambiente polarizado y atomizado, en el que cada vez es más difícil creer en la legitimidad de los resultados, gracias al enorme abuso de las prácticas ilegales para influir en el resultado de la elección.

En esa lógica, habrá que repensar bajo qué lógica se intentará realizar la elección presidencial de 2018 a partir de varios modelos que, al mismo tiempo, están alarmantemente agotados. Uno de ellos, es el modelo de la democracia representativa bajo la lógica del voto universal, libre, secreto y directo como mecanismo de elección de las autoridades; otro, es el del modelo presidencial en sus condiciones actuales; uno más radica en el modelo sexenal bajo el cual gobiernan los presidentes y gobernadores en México; y uno más, es el identificado con la partidocracia, que se sigue revelando como el núcleo insaciable que no respeta los límites ni las normas que ellos mismos crearon para definir los procesos democráticos.

Ante todo ello, queda claro que el agotamiento del modelo es sistemático en México. Pareciera, pues, que todo el sistema camina bajo rieles llenos de inestabilidad y riesgos de descarrilamiento a partir de la resistencia a algunas formas que ya deberían estarse discutiendo. Una de ellas, por ejemplo, tendría que estar encaminada a revisar la actual inestabilidad de los gobiernos de minoría, que ha habido en México durante los últimos tres sexenios.

Pues resulta que esa, que es una característica básica de todo sistema presidencial, en México no ha logrado sino generar parálisis y problemas de gobernabilidad y civilidad entre las fuerzas políticas. Los últimos tres presidentes mexicanos han gobernado con Congresos que no tienen una mayoría definida —es decir, que son plurales—, y que aún teniendo una mayoría simple —como ha sido el caso de Peña Nieto en las dos Legislaturas de su gestión— son insuficientes para dotar de certidumbre al gobernante para llevar a cabo su programa de gobierno —en el caso de tenerlo.

En México tendría que haber una discusión sería no sólo con relación a la segunda vuelta electoral como un mecanismo de legitimación de los gobernantes, sino sobre todo respecto a la necesidad de normar y llevar a la práctica los gobiernos de coalición, incluso si con ello tuviera que virar el modelo hacia un sistema semi parlamentario en alguno de sus rasgos. ¿Por qué es importante esto?

Porque a diferencia de las coaliciones electorales —de las que hemos visto muchas en México, y que sabemos perfectamente que no sirven para nada más que para ganar elecciones, aunque después se conviertan en un caos y se vuelvan contraproducentes a los resultados esperados por la ciudadanía—, las coaliciones de gobierno implican el establecimiento de compromisos y programas por cumplir.

El mecanismo que falta por establecer en la Constitución —porque la figura de los gobiernos de coalición ya existe, aunque en un marco muy laxo aún— es el relativo a qué se gana o se pierde al cumplir o incumplir con los compromisos del gobierno de coalición. En los sistemas parlamentarios, la ruptura de un gobierno de coalición trae como consecuencia la pérdida de mayoría parlamentaria al gobernante, y el riesgo de tener que convocar a nuevas elecciones.

Sin embargo, por la naturaleza misma del sistema presidencial, el Presidente goza de estabilidad en el cargo independientemente de que tenga mayoría o minoría legislativa, incluso como ha sido el caso de los tres últimos presidentes mexicanos que han gobernado con congresos mayoritariamente opuestos a su causa política.

SISTEMA AGOTADO

Todo eso revela que podría estar agotado el modelo del sufragio directo para elegir gobernantes. Esto es, que para elegir sólo se vota una vez y no hay posibilidad de convalidación para que el gobernante asuma con una mayoría definida. Es tal el caso de la segunda vuelta.

No obstante, lo que ocurre en México —y que quedó claro con la elección del domingo— es que cada vez votan menos personas —en el caso del Estado de México la votación fue de alrededor del 62 por ciento del universo votante—, y que de ese número relativo de votos todavía son menos los que terminan eligiendo a un gobernante. Así, por ejemplo, Alfredo del Mazo fue electo con menos de tres de cada diez votos posibles en la entidad que ahora gobernará. Y lo que eso revela es que paulatinamente se van haciendo minorías más concentradas las que eligen a un gobernante, dejando tras de sí una estela natural de ilegitimidad y enojo entre la ciudadanía, porque fueron más los que en conjunto votaron en contra que quienes terminaron eligiendo al gobernante.

Esa situación hace que también esté agotado el modelo sexenal, que irremediablemente debería cambiar en el corto o mediano plazo, pero que es de lo que menos aguanta del actual modelo. Pues tanto en el caso de Fox, como de Calderón y hoy de Peña Nieto, queda claro que su ilegitimidad electoral de origen rápido se combina con el desgaste natural de su gobierno, y por eso llegan a las elecciones intermedias sólo a perder la escasa comodidad legislativa que pudieron tener —en el mejor de los casos— en la primera mitad de su gobierno.

A partir de entonces, los tres presidentes se han dedicado a ser casi cadáveres políticos que se dedican únicamente a sumar pasivos políticos, descrédito, inconformidad ciudadana y, lo más importante, incapacidad para seguir gobernando dentro de los márgenes aceptables. Por eso, en el caso más reciente, Peña Nieto lleva dos años pululando únicamente administrando la crisis de su gobierno. Y mientras no cambie el modelo, quien sea el Presidente seguirá padeciendo exactamente de los mismos problemas, porque a estas alturas queda claro que el problema no sólo es el gobernante —y sí, aceptémoslo, Peña Nieto ha sido un Presidente desastroso, incluso a pesar de que de sus dos últimos antecesores no se puede decir algo muy distinto— sino que sobre todo el problema es el modelo.

RELEGITIMAR LA DEMOCRACIA

Por eso, con seriedad habría que pensar en mecanismos alternos para relegitimar la democracia, que se sigue desgastando aceleradamente por la falta de moderación de los propios partidos. Los mecanismos ya existen. No se trata de descubrir el hilo negro. Sólo falta que exista la voluntad de la partidocracia para deponer su voracidad y prestarse al cambio urgente que necesita el poder público para renovar su viabilidad.

AMLO frente a la izquierdas: medra con sus carencias y eleva costo de negociación

 

AMLO

+ ¿Es posible la ruta de un independiente en un sistema dominado por los partidos?


A contracorriente de las tendencias internacionales, en México Andrés Manuel López Obrador busca llevar al límite la negociación con las izquierdas, como si él fuera el único candidato posible. Eso es lo que demuestra con las amenazas y el ultimátum que lanzó alrededor de la elección del Estado de México. Sin embargo, es también necesario pensar en la necesidad de una candidatura de equilibrio a pesar del contexto en el que pareciera que la propia partidocracia tiene como conjura autoprotegerse incluso a costa de ir a la inmolación.

En efecto, la sentencia de Andrés Manuel López Obrador respecto a la elección del Estado de México está lejos de ser fortuita. Cuando falta menos de un mes para que se celebren los comicios, López Obrador parece haber abandonado ya sus dos ideas iniciales, consistentes en: a) que los triunfos en las elecciones locales eran relativamente importantes siempre que el partido Movimiento de Regeneración Nacional pudiera sentar sólidamente las bases del activismo electoral rumbo a 2018; y b) que no contemplaba la posibilidad de celebrar alianzas con cualquier otra de las fuerzas de izquierda, porque su intención era presionarlas hasta menguarlas, pero sin negociar directamente con ellas.

¿Por qué López Obrador abandonó esas ideas iniciales? Primero, porque parece que ya se dio cuenta que contrario a lo que inicialmente, con Delfina Gómez sí tiene posibilidades de ganar la emocional elección del Estado de México, aunque no las suficientes con lo que ha conseguido hasta el momento. Ayer, por ejemplo, El Universal presentaba una encuesta relacionada con la elección mexiquense, en la que revelaba que a pesar de que parece existir un empate técnico entre Delfina Gómez y Alfredo del Mazo, el PRI mantiene una ventaja relativa pero determinante.

Es bien sabido que, en esos casos, aún hace falta sumar los factores no relacionados directamente con la intención del voto, sino los que tienen que ver con la movilización del día de la jornada con la que los priistas pretenden afianzar la ligera ventaja que revelan las encuestas, lo cual pondría a Delfina en la senda de la derrota en los comicios más importantes dentro de la antesala de la elección presidencial.

Pues según la encuesta que presentaba ayer El Universal, Del Mazo aventaja a la abanderada del partido Morena, Delfina Gómez, sólo por 1.6 puntos porcentuales, 19.1% frente a 17.5%. A lo largo de los distintos levantamientos, desde febrero Delfina Gómez alcanza más del 17% de las preferencias y sin mostrar adhesiones significativas de nuevos votantes potenciales.

Por su parte, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, ha quedado relegada al tercer lugar con una diferencia de casi siete puntos con Gómez y de casi nueve con Del Mazo. Tan sólo de febrero a la fecha, Vázquez Mota ha perdido por lo menos nueve puntos porcentuales que no se han repartido entre el resto de los candidatos, sino entre las personas que no manifiestan su preferencia electoral, que esta vez alcanzan el 30%. En cuanto a la consistencia de los votantes, conforme se desarrollan las campañas y se acerca la elección, las preferencias se consolidan. Si en febrero el 41.1% aseguró estar conforme con su decisión electoral, en mayo 47.9% indican que su voto no cambiará. El PAN continúa siendo la segunda opción de aquellos que podrían modificar su intención, con 10.9%, seguido del PRD, 9.4%, y Morena 9.0%.

DIEZMAR A LA IZQUIERDA

A estas alturas, López Obrador parece haber entendido que, emocionalmente, ganar la elección del Estado de México le pondrá un pie en la Presidencia de la República. Será el factor de indicación que le permitiría dar la imagen de que su partido no sólo puede ser competitivo en la creación de estructuras electorales, sino que ya es capaz de ganar elecciones por sí solo. No obstante, sabe que necesita por lo menos los votos del candidato del PRD para poder llevar a Delfina Gómez al gobierno del Estado de México y que, eventualmente, le ocurriría algo similar en la elección presidencial. Por eso parece haber cambiado la percepción respecto a las alianzas con los demás partidos.

Esto, a partir de que la idea inicial del tabasqueño consistía en ganar adeptos a partir del desmembramiento orgánico y voluntario del PRD y de las otras fuerzas de izquierda. Desde que se fundó Morena, comenzó un éxodo paulatino pero constante de las filas de otros partidos hacia la opción del tabasqueño, a partir de la sola idea de que la única opción de izquierda que sí podría ganar era la de Andrés Manuel.

Éste nunca ha negociado la incorporación de nadie, pero sí ha aceptado la desbandada desde el perredismo. No ha intentado la cooptación negociada porque sabe que eso significa ceder los espacios que él no está dispuesto a dar a menos que sea estrictamente necesario. Por eso, en su juego perverso incluso ha dejado ver la posibilidad de rechazar a las demás fuerzas de izquierda en un intento de demostrar que Morena es fuerte por sí mismo y que quien se sume tendrá que hacerlo sin pedir nada a cambio. Y ello, pues, ha implicado diezmar al perredismo que, por facciones, se ha ido sumando al tabasqueño en una merma que beneficia al tabasqueño más que a nadie, aunque éste no lo acepte.

Sin embargo, hoy las cosas parecen estar cambiando. López Obrador sabe que los necesita pero no cede. No lo hace para negociar una alianza de facto por la razón antes mencionada de que tendría que dar algo a cambio. Por ello, más bien está intentando asustar a las demás izquierdas —como dice la sabiduría popular— con el petate del muerto. ¿Por qué? Porque dice que de no haber alianza en el Estado de México, en la que el PRD se entregue por completo sin pedir nada a cambio, entonces tampoco habrá posibilidad de negociar ningún tipo de alianza para la elección presidencial de 2018.

Queda claro que este es un juego en el que él está apretando la negociación para ver hasta dónde consigue que llegue. El PRD a nivel nacional se encuentra menguado, aunque sabe que su candidato en el Estado de México no tiene posibilidades de ganar aunque sí de regatear los votos que Delfina Gómez necesita para ganar; y debería de saber que con todo y su desprestigio actual, aún puede ser el fiel de la balanza para una posible victoria de la izquierda en México con la figura de Andrés Manuel López Obrador.

Así que a partir de ahora, todo será un juego de fuerzas en el que unos y otros intentarán establecer sus propios parámetros de negociación y defenderlos hasta donde sea posible. Andrés Manuel está lucrando vilmente con las carencias políticas del PRD; y si éste no asume sus posibilidades reales de competitividad, terminará entregándose a cambio de nada en una negociación que desde el inicio se ha mostrado completamente desigual a favor del tabasqueño.

EL MACRÓN MEXI… ¿DE VERDAD?

Hay quien ahora intenta buscar un Emmanuel Macron mexicano, que es representante del establishment pero que no representa a ningún partido ni grupo de poder y que, al contrario, es la materialización del hartazgo social a la partidocracia en Francia. Pero, ¿de verdad eso podría ocurrir en un contexto como el nuestro en el que los partidos están dispuestos a ir juntos hasta la ignominia con tal de no perder el poder? Puede haber carisma, propuesta y contacto ciudadano. ¿Pero cómo luchar contra la maldita cifra negra de los costos electorales —esos que no se declaran porque se van en movilización, compra de votos, corrupción y demás, que casi siempre salen de las arcas públicas y de los compromisos indeseables de los políticos en campaña—, y las prácticas ilegales que son cosa común de los procesos electorales?

¿Ahora sí nos revelará Morena en qué consiste su alianza con el PRI?

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+ Radicalizar sus posiciones, es síntoma de la opacidad de los acuerdos


El diputado Irineo Molina ha asegurado en varias entrevistas, que su presencia en la toma de protesta del gobernador Alejandro Murat tuvo dos razones: primera, que él es el Presidente de la Junta de Coordinación Política y debía guardar compostura institucional; y segunda, que con él, o sin él, la ceremonia de todos modos habría ocurrido y que además él no tenía totalmente claro el contexto de lo que iba a ocurrir esa noche. Mientras eso ocurre, al interior de su bancada, y de Morena en Oaxaca, parece haber una auténtica —aunque  inexplicable— rebelión de diputados y dirigentes políticos.

En efecto, puede o no ser cierto lo que dice. Sin embargo, lo más importante es que ahora el diputado Molina le explique a la ciudadanía cuál es el contenido de la alianza política que trabó con el PRI, que le permitió ostentar el reconocimiento como segunda fuerza política representada en el Congreso local. El asunto es de la mayor relevancia porque esta primera rebelión en la bancada morenista refleja la opacidad, la discrecionalidad y las discrepancias en los acuerdos alcanzados.

¿De qué hablamos? De que la presencia del diputado Irineo Molina en la asunción del nuevo Gobernador, era lógica si se considera todo el respaldo que el Revolucionario Institucional le dio a Morena para pasar por encima del PRD y ser reconocido como la segunda fuerza política en el Congreso del Estado. Todo esto toma forma no sólo con el hecho de que el PRI hizo todo para que la bancada morenista tuviera más peso político que las demás, y para que el propio Molina —coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la LXIII Legislatura— se convirtiera en Presidente de la Junta de Coordinación Política. Por encima de todo eso, está la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para modificar el mecanismo de designación de la Presidencia de la Junta, que hoy ostenta Morena gracias justamente al PRI.

Dicha modificación a la Ley Orgánica, tuvo como intención eliminar la disposición sobre la titularidad de la Junta de Coordinación Política, que establecía que cuando no hubiera mayoría simple de un partido, la Junta iba a ser encabezada, año con año y de forma descendente, por el coordinador de la bancada que tuviera más diputados. En la nueva redacción de la ley se establece el mecanismo denominado “de voto ponderado”, a través del cual la definición del orden en que será rotada la Presidencia de la Junta, se da justamente por el consenso entre sus integrantes. Esa reforma la impulsó el PRI —todavía en la Legislatura anterior— para que Morena pudiera tener margen de maniobra y ser la segunda fuerza electoral, aliada, en la LXIII Legislatura.

En ese sentido, vale recordar que tanto Morena como el PRD tienen el mismo número de diputados, y que por ende su representación legislativa es la misma. El PRI ha justificado su respaldo a Morena para ser reconocida como la segunda fuerza política, por encima del PRD, a partir del argumento de que Morena tuvo más votos que el PRD en los últimos comicios. Ello ha sido una forma de justificación, porque dicho reconocimiento es un tema eminentemente político, que lo mismo le pudo haber aplicado al PRD —en su contexto, como por ejemplo porque tiene más diputados de mayoría que Morena— si con ellos se hubiera trabado la alianza que tiene el PRI con Morena.

ALIANZA VOLUBLE

Esto que escribimos el 15 de noviembre en este espacio, cobra particular importancia ante la rebelión morenista y su alianza voluble con el PRI. Es evidente que Morena no está —al menos por ahora— en la posibilidad de cogobernar con el PRI en Oaxaca —apuntamos en aquel momento. No, porque este primer tercio del gobierno, será el del bono democrático de Alejandro Murat como gobernante, emanado de una amplia mayoría electoral. Pero por eso mismo, si hay acuerdos iniciales, éstos deberían ser llevados concretamente a las instituciones para ser verificables, para ser confiables, y para ser políticamente transparentes.

¿De qué hablamos? De que Morena y el PRI —dijimos entonces— tendrían que ser claros, y utilizar la Constitución, para establecer los albores de un gobierno de coalición, en el que no sólo Morena, sino cualquier partido que trabe un acuerdo con el oficialismo, tenga también una corresponsabilidad por los efectos positivos o negativos de las decisiones que se tomen, y que se respalden. El eslabón más perfeccionado de esa cadena sería el establecimiento de un gobierno de coalición, como sí lo contempla la Constitución local, a partir del establecimiento de una agenda, de posiciones administrativas, y de un programa conjunto de gobierno. Pero, por ahora, iniciarían bien estableciendo al menos algunos compromisos conjuntos para generar un mejor panorama para Oaxaca.

QUE ABRAN LOS ACUERDOS

La rebelión en Morena demuestra que sus diputados no tienen claridad sobre los acuerdos alcanzados con el PRI, ni entienden la importancia de mantener una alianza. Ello, además, estaría revelando que, o Irineo Molina no fue claro con sus compañeros sobre lo que implica comprometerse para recibir algo a cambio, o los diputados de Morena no saben sostener sus acuerdos. En cualquier caso, lo que Oaxaca requiere es que el contenido de ese, y todos los demás acuerdos políticos, se abran a la ciudadanía. De no ser así, entonces estaríamos frente a la reedición de la misma política aldeana de siempre.