¿Cuándo volverá Gabino Cué a Oaxaca?

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Si la inercia de las preferencias electorales en Oaxaca continúa su curso, no pasará mucho tiempo antes de que veamos el regreso —personal y político— de Gabino Cué Monteagudo. Aunque hoy todos lo disimulan, lo cierto es que indirectamente Cué fue uno de promotores protagónicos de la fundación y crecimiento del ahora partido gobernante denominado Morena. Por eso, de ganar el morenismo la gubernatura, no será raro que en los años siguientes —2024 es el checkpoint electoral más cercano— volvamos a ver al exgobernador incluso regresando a la vida pública y a la política activa. 

En efecto, hasta ahora ni el candidato morenista a la gubernatura del Estado Salomón Jara, ni el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pueden negar —y no lo han hecho— que en la entidad el movimiento social convertido en partido político guinda fue estimulado desde el poder oaxaqueño. En aquel entonces —en el año 2014, cuando se fundó Morena— el gobierno y los recursos estatales estaban en manos de Cué Monteagudo como Gobernador, y éste dio su anuencia para que desde la esfera gubernamental se fomentaran los trabajos relacionados con la obtención del registro como partido político. 

De hecho, hoy en día se le ha tratado de cuestionar a Salomón Jara por su gestión como titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa) durante los primeros años de la gestión de Cué como Gobernador. Las acusaciones por presuntos desvíos de recursos en Sedafpa durante la gestión de Jara, detectados por los órganos de fiscalización estatal y federal, por un monto superior a mil millones de pesos, se han utilizado más con fines políticos que con verdadero sustento legal.

Y es que independientemente de las intenciones políticas negativas contra Jara —a las que incluso se montó la ex contralora de extracción panista Perla Woolrich Fernández, argumentando que ella renunció a ese cargo cuando el entonces Gobernador Cué le pidió omitir investigaciones en contra del ahora abanderado morenista por el manejo presupuestal en Sedafpa—, lo cierto es que más allá de las acusaciones verbales, hasta el día de hoy ninguno de los candidatos a Gobernador ha podido comprobar que existe aún alguna investigación abierta tanto en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, como en la Auditoría Superior de la Federación, que tenga conclusiones incriminatorias en contra de Jara, como posible responsable de la malversación que se acusa.

Y lo cierto es que, tanto desde el oficialismo federal, como de la actual administración estatal, el trato a Gabino Cué ha sido discretamente de privilegio. A pesar del atropellado final de su administración —y de que entre sus propios ex aliados en Oaxaca se le acusa de haber “entregado” a varios funcionarios de su administración, a cambio de que el gobierno de Alejandro Murat no lo molestara a él y a su primer círculo, entre los que figuraban Jorge Castillo Díaz y Alberto Vargas Varela, entre otros—, lo cierto es que durante los cinco años y medio del gobierno que lo sucedió —el actual, que está a escasos meses de terminar—, a Cué no se le ha involucrado en asunto judicial alguno. 

Acaso el único asunto judicial por el que fue llamado a declarar ante el Ministerio Público Federal fue por el operativo de Nochixtlán de junio de 2016; y ello fue consecuencia de la eficaz defensa jurídica de algunas de las víctimas del operativo, pero no de una acción emprendida por la Fiscalía o autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca. Pero fuera de eso, a Cué no se le ha tocado ni con una foja de alguna carpeta de investigación, y se prefirió dejar impune toda su gestión gubernamental, que socialmente sigue siendo por demás cuestionada.

LEALTAD PRESIDENCIAL 

Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser leal con quienes lo ayudaron. Sólo a través de esas lealtades se entiende el empecinamiento presidencial por convertir en Gobernador de Puebla a Miguel Barbosa Huerta, o de impulsar al llamado “toro sin cerca” Félix Salgado Macedonio como Gobernador de Guerrero, e incluso maniobrar para la postulación de su hija cuando la autoridad electoral le retiró el año pasado la candidatura por omitir reportes relativos a sus gastos de precampaña. Si lo vemos con perspectiva, Gabino Cué fue otro de los personajes que, igual que Salgado, Huerta y varios más, respaldaron la creación de Morena cuando pocos creían que AMLO podía recuperar su popularidad y ganar una tercera elección presidencial. Incluso, la relación con Cué va más allá de todo eso. ¿Por qué? 

Porque la relación personal y política de AMLO y Gabino Cué es mucho más añeja que con algunos de los personajes que hoy ha encumbrado el morenismo en varias entidades federativas. Cué perdió su primera elección de Gobernador en agosto de 2004, y comenzó un movimiento de resistencia social en la entidad que hoy es visto como un vestigio arqueológico de lo que luego emprendió López Obrador en 2006 en la capital del país, cuando acusó que Felipe Calderón y el PAN le habían robado el triunfo en la elección presidencial. 

Luego de retirar el plantón que instaló en Paseo de la Reforma y el zócalo de la Ciudad de México como actos de resistencia civil pacífica, López Obrador se refugió durante un largo tiempo en Oaxaca. ¿Qué hizo? Comenzó, acompañado por Gabino Cué, su primera gira por los 570 municipios de la entidad. En aquellos años, eso fue visto desde el arrogante oficialismo ulisista, como una forma compartida de Cué y AMLO de rumiar sus respectivas derrotas. En realidad, uno y otro estaban comenzando el proceso de sembrar comités y representaciones políticas en cada uno de los municipios de la entidad oaxaqueña. Pero esa fue una de las causas primigenias del triunfo electoral arrasador que Cué le asestó al abanderado priista Eviel Pérez Magaña en los comicios estatales de 2010. 

El priismo de aquel entonces —igual que la oposición de ahora— no alcanzaban a entender por qué Cué había ganado de la forma en que lo hizo. Entonces y ahora, el priismo (ahora acompañado del PAN y del PRD) no entendió que el movimiento social que entonces emprendieron fue para decirle a la gente, hasta sus comunidades, que los perdedores de siempre —los campesinos, la gente de las comunidades olvidadas a las que no llegaba ningún servicio ni beneficio social— sí podían ganar, y que podían arrebatarle el poder a quienes los habían utilizado para servirse ellos, haciendo campañas de opulencia en la que sólo se servían del voto verde, del voto popular y de la coacción para ganar ellos a costa de los pobres. En aquel entonces, y ahora, esa es la explicación de los triunfos arrasadores que consiguieron, y que siguen consiguiendo, AMLO y sus aliados a pesar de tener un proyecto de gobierno tan falto de ideas, y tan lleno de contradicciones y extravíos.

Por eso, AMLO nunca ha renegado de Cué y, al contrario, cuando lo ha mencionado en sus conferencias mañaneras lo ha hecho hasta con aprecio y añoranza por las vivencias compartidas. Esa lealtad es la misma que convirtió a Salomón Jara en candidato a Gobernador contra viento y marea. Y por eso nada impide que, una vez colocado Jara en la gubernatura, y enfriados los recelos de Cué por su gestión como Gobernador, lo pueda revivir sin mayor problema como un actor político activo, precisamente como retribución a sus aportes al movimiento, antes y durante su gestión —a través de la Sedafpa con Jara como titular, siendo uno de los fundadores de Morena en la entidad— como mandatario oaxaqueño.

EPITAFIO 

La gobernabilidad es un problema que puede seguir escalando. Debería haber más claridad en qué sucede en realidad entre algunas organizaciones gremiales y sus relaciones con el gobierno. ¿A qué vinieron a Oaxaca varios cientos de elementos de la Guardia Nacional que arribaron la tarde del sábado vía aérea a la capital oaxaqueña? El asunto parece más complejo de lo que se puede ver a simple vista. Abundaremos.

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Nochixtlán no fue estrategia de nadie: fue un desastre para todos

Nochixtlán

+ Ni alguno de los grupos locales, ni Federación, sacó una ganancia


A lo largo de los casi 75 días que han pasado desde el desastre de Nochixtlán, han corrido innumerables versiones sobre el origen de esta tragedia, sobre el supuesto móvil de los hechos, sobre las motivaciones políticas que habrían generado el enfrentamiento, y sobre la “ganancia” que alguno de esos grupos obtendría de este clima de incertidumbre. A una distancia razonable, puede verse que ningún cálculo posible puede hoy darse por válido, y que por más que algún grupo político haya querido beneficiarse, esto pudiera hoy verse como algo posible.

En efecto, Nochixtlán el 19 de junio fue una cadena incalculable de errores y desgracias, que no puede entenderse sin la combinación de la dejadez y la ineptitud de todos los que participaron en la planeación y ejecución del operativo. A la luz de los hechos, queda claro que no hubo orquestadores oscuros ni planeaciones perversas. Todo fue producto de una terrible combinación de circunstancias que, al final, terminaron alcanzando a todos, y desmontando cualquier teoría posible relacionada con un complot o una “planeación política” de corto, mediano o largo plazo. Cualquier teoría posible cae por su propio peso, y sólo hace falta revisar los escenarios para comprobarlo.

Por ejemplo, hubo quien dijo que Nochixtlán era producto de una planeación federal para “exterminar” al magisterio de la Sección 22. Tal aseveración es tan inverosímil como los hechos mismos posteriores al 19 de junio. La Sección 22 no sólo no fue exterminada –ni por las maniobras políticas del gobierno federal ni por las balas de las corporaciones policiacas— sino que esa fue la vía por la que revivió políticamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tenía por lo menos un año exigiendo diálogo con la federación, sin ningún resultado.

Hubo otra versión, que decía que esa era la “venganza” del gobierno estatal contra el gobierno federal priista, por la derrota electoral del siete de junio. Esto es hoy imposible de creer, porque nadie en su sano juicio se daría un disparo en cada pie sólo para parecer muy valiente. Los hechos del 19 de junio en Nochixtlán le generaron al gobierno estatal —y al régimen gobernante, en particular— la última gran ruptura con los grupos que aún eran sus aliados. Si el gobernador Gabino Cué ya tenía una relación distante con la Sección 22, por el enfrentamiento de Nochixtlán se rompieron las relaciones que quedaban.

Esto mismo ocurrió con otras organizaciones sociales —como la de Flavio Sosa, entre varias otras—, que fueron aliadas del gobierno estatal desde el inicio de la gestión pero que respaldaron a la 22 en sus acciones recientes, y que fueron señaladas directamente por el gobierno estatal como corresponsables de los hechos de violencia ocurridos en esa ocasión. El gobierno estatal, ahí, perdió a varios de los pocos aliados que le quedaban. Y por eso tampoco habría forma de que, por una acción premeditada, el gobierno estatal hubiera decidido haber pagado tal costo sólo para cobrarle una factura política al gobierno federal a través de la crisis magisterial.

NO HAY CÁLCULOS, SÓLO PÉRDIDAS

Hubo también quien comentó que la crisis magisterial del presente año era un ajuste de cuentas entre grupos políticos afines al régimen gobernante en Oaxaca. Muchas miradas apuntaron hacia Puebla y hacia el gobernador Rafael Moreno Valle, que habría invertido —vía su secretario de gobierno, el ex gobernador oaxaqueño Diódoro Carrasco— un importante capital a favor de José Antonio Estefan Garfias. Ante ello, ¿alguien que no tiene capacidad de maniobra nacional, puede generar un conflicto de tales dimensiones, cuando de antemano sabe que sus aspiraciones presidenciales son un simple sueño pero sin ningún futuro?

Incluso, en ese tenor hubo quien dijo que todo era una maniobra del gobierno electo para demostrarle a la ciudadanía la diferencia entre un gobierno desastroso —según, el actual— y un gobierno eficaz —según, el siguiente—. No hay forma sostenible de argumentar algo así. De nuevo: nadie incendiaría el estado sólo para llegar el 1 de diciembre con un extintor. Ya como gobernador, Alejandro Murat enfrentará en el asunto magisterial el mayor de sus problemas políticos y sociales, y a éste tendrá que dedicarle largos meses, o años de trabajo, al menos para tratar de recomponer una relación en la que hoy está involucrado ya no sólo el magisterio, sino toda la ciudadanía por todos los agravios sufridos en los últimos años. Así, resulta insostenible cualquier posibilidad de suponer que todo fue una treta de algún grupo local para generar percepciones. La próxima administración estatal dependerá en gran medida de la estabilidad del gobierno federal, y por eso resulta impensable que uno u otro pudieran haber generado una situación de esta naturaleza.

ESTULTICIA COMÚN

Por eso, lo único que queda en el fondo es la percepción clarísima de que sólo fue una terrible cadena de ineptitudes, mandos cruzados, errores y deficiencias operativas, las que generaron este desastre. Todos han perdido: el gobierno federal que no encuentra cómo manejar el problema; el gobierno estatal que fue rebasado por completo por esta situación; los grupos políticos que no tendrían ninguna ganancia de este desastre; ni el gobierno electo, que llegará a enfrentar los mismos problemas que su par saliente, con el añadido de que tendrá que cumplir sus promesas de campaña. Así, no hay forma de que esto fuera algo planeado. Y si lo fue, resultó un desastre.

¿Qué autoridades estatales deberían ser cesadas por Nochixtlán?

Culpables

+ Galindo Ceballos no es el único que debía pagar con destitución


De cara al cese del Comisionado General de la Policía Federal, una de las cuestiones que hasta el momento no ha sido abordada en la dimensión requerida es la participación de las fuerzas estatales en el desastroso operativo de Nochixtlán, el domingo 19 de junio, ni la investigación —y el deslinde de responsabilidades— que debió quedar en manos del Ministerio Público Estatal. Junto con Enrique Galindo Ceballos, debían también responder varios funcionarios estatales que son corresponsables por estos hechos, pero que ignominiosamente se han aprovechado de que la atención ha estado puesta únicamente en las fuerzas federales.

En efecto, la noche del lunes se anunció el cese de Galindo Ceballos de la Policía Federal, y aunque en el anuncio el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong no se refirió en particular al operativo de Nochixtlán, sí señaló que la remoción de Galindo tenía como origen “los hechos recientes”, así como una instrucción presidencial directa sobre la separación del cargo del ahora ex funcionario.

Esos “hechos recientes” implican la revelación por parte de la CNDH del informe sobre el operativo en Tanhuato —en el que más de veinte personas fueron presuntamente ejecutadas a mansalva por elementos federales y luego se aparentó un enfrentamiento—, pero de manera relevante el fracaso del operativo federal en Nochixtlán, el cual tuvo un fuerte impacto en la gobernabilidad del sureste del país, y en la relación del gobierno federal con la CNTE.

En ese sentido, uno de los elementos que no debe perderse de vista es que, por un lado, el operativo policiaco del domingo 19 de junio en Nochixtlán, fue planteado como una coordinación de fuerzas entre la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y que, por el otro, hubo total incapacidad por parte de las dependencias estatales —la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y la Fiscalía General del Estado— para brindar certeza sobre los alcances de la investigación y el deslinde de responsabilidades.

En ese marco, hay que considerar varios elementos: primero, que la misma noche del 19 de junio, fueron los mandos del operativo conjuntos quienes salieron a dar la cara y a ofrecer información sobre el saldo —que no resultado— del enfrentamiento; segundo, que desde entonces ningún mando o autoridad estatal en materia de seguridad pública, ha asumido ningún tipo de responsabilidad por el enfrentamiento, transfiriendo toda la responsabilidad y el costo del enfrentamiento a las fuerzas federales.

Y tercero, que inicialmente la investigación sobre los acontecimientos de Nochixtlán habían quedado en manos de la Fiscalía General del Estado, que derivó la investigación al Ministerio Público federal como si los saldos de Nochixtlán fueran un asunto del gobierno de la República y no un tema de la mayor relevancia a nivel estatal, por encima incluso de los intereses y responsabilidades que debiera enfrentar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

MANDOS ESTATALES, AGAZAPADOS

Ayer el periodista Ciro Gómez Leyva dio a conocer un video, presuntamente del enfrentamiento en Nochixtlán, en el que se observa a elementos de la Policía Estatal realizando disparos con armas de alto poder aparentemente en contra de manifestantes. ¿Por qué decir que “aparentemente”? Porque lo único que habría que establecer es que verdaderamente dicho video corresponde al enfrentamiento del 19 de junio en Nochixtlán, y que quienes disparan son elementos estatales.

Sin embargo, al margen de la veracidad de dicho video, en Oaxaca tendría que haber más compromiso en cuanto al deslinde de responsabilidades. Pues, por un lado, algún día tendrá que haber resultados de la investigación ministerial que ahora realiza la Procuraduría General de la República, para determinar quién disparó, a qué corporación pertenecen quienes accionaron sus armas de fuego, y qué mando —estatal o federal— dio la orden de abrir fuego en contra de manifestantes, y bajó qué premisas ocurrió esa autorización.

En ese sentido, incluso antes del deslinde sobre los muertos, los heridos y el saldo rojo del enfrentamiento, debía precisarse quiénes fueron los mandos estatales que, por acción u omisión, contribuyeron a que el operativo derivara en un desastre. A nivel estatal, desde hace mucho tiempo debieron ocurrir los respectivos ceses y puesta a disposición de la autoridad competente de diversos funcionarios, comenzando por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ruiz Martínez y el comisionado de la Policía Estatal, Froylán Carlos Cruz. Ellos tienen el mismo grado de responsabilidad —social, política, operativa— que Galindo Ceballos por los saldos de Nochixtlán.

¿Y EL FISCAL?

Del mismo modo, tanto el Ejecutivo como la LXII Legislatura debieron ser más responsables frente a la actuación del fiscal General del Estado que, como si fuera un subordinado del Ejecutivo, y como si Oaxaca estuviera supeditada a la voluntad federal, entregó la investigación a la PGR como si fuera una bomba a punto de estallar, y despreciando lisa y llanamente que esos acontecimientos ocurrieron en Oaxaca; que hubo participación de fuerzas estatales, que —independientemente del bando en el enfrentamiento— los caídos fueron oaxaqueños, y que por ende la ciudadanía del Estado es la primera y más interesada en un deslinde correcto de responsabilidades. Al final, parece que en Oaxaca a nadie le importó demasiado eso. A pesar de que las consecuencias las paguemos a diario con la multiplicación exponencial de la impunidad y la violencia.

En el uso de la fuerza, gobierno federal no se evalúa ni reconoce sus fracasos

Fuerza

+ Galindo Ceballos, insostenible por ser responsable del desastre de Nochixtlán


Lejos de ser una muestra de voluntad para el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o una concesión a la CNDH por los señalamientos de Tanhuato, la Secretaría de Gobernación debería precisar que la separación de Enrique Galindo Ceballos como comisionado General de la Policía Federal, era la consecuencia de las importantes fallas operativas demostradas por esa corporación en acciones decisivas para la gobernabilidad del país, como el operativo de Nochixtlán, que echó a perder al menos un año y medio de trabajo en la relación con el magisterio disidente, y que puso en grave riesgo la reforma educativa, que era la insignia de esta administración federal.

En efecto, la noche del lunes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong anunció que Galindo Ceballos, había sido separado de su cargo “en el marco de hechos recientes y por instrucciones del Presidente de la República”.

En un mensaje a medios, Osorio no precisó si la decisión fue producto de la controvertida actuación de la Policía Federal en Nochixtlán, el 19 de junio, o por la recomendación emitida el 18 de agosto por la CNDH sobre el caso Tanhuato, en la que se responsabiliza a la corporación de ejecutar a civiles “de manera arbitraria”.

Osorio anunció que el relevo de Galindo Ceballos será Manelich Castilla Craviotto, y dijo que la instrucción presidencial es a continuar y profundizar el esfuerzo de capacitación permanente de todos los elementos en materia de derechos humanos y —lo que parece más relevante— a impulsar “la formación y adopción de los protocolos de uso de la fuerza”, así como estrechar la colaboración con organismos públicos nacionales e internacionales, y con organizaciones y representantes de la sociedad civil para continuar fortaleciendo “la confianza en esta noble institución”.

Pues resulta que, por un lado, la Policía Federal atraviesa por una importante crisis de confianza en la ciudadanía, derivada no sólo de los excesos de fuerza sino de las enormes fallas operativas demostradas en operativos de contención social como el de Nochixtlán, el 19 de junio. Son tan evidentes esas grietas, que Nochixtlán se convirtió en un cisma no sólo para la seguridad y las organizaciones sociales, sino también para la gobernabilidad del país y el Estado de Derecho.

En ese sentido, es evidente que Nochixtlán no representó ni el mayor ni el primer desafío que enfrenta la corporación federal en su relación con las manifestaciones sociales. De hecho, el operativo del 19 de junio era más bien una acción casi rutinaria que, sólo ante la realidad, demostró su falta de preparación, su incapacidad de previsión y su aporte a la ingobernabilidad.

DESASTRE OPERATIVO

Sin aquel desastre no se explicaría por qué el gobierno federal volvió al punto de inicio de la negociación con la CNTE (esa discusión en la que el magisterio quería la abrogación de la reforma educativa, y el gobierno federal dijo que daba cualquier otra cosa, pero no eso); por qué hoy el mismo secretario Osorio parece cada vez menos sostenible, y por qué era urgente el relevo, no como una concesión a grupo social u organismo público alguno —incluido el ombudsman nacional— sino como una forma de rescatar lo poco que le queda de credibilidad.

Así, no era necesario ser experto en seguridad o en operativos antimotines, y tampoco en la previsión de las consecuencias que genera un desastre como el de Nochixtlán, para prever que Galindo Ceballos era insostenible.

Por eso, en este espacio apuntamos hace dos meses (Al Margen 01.07.2016) que la separación del cargo de Galindo era sólo cuestión de tiempo. Sorpresas puede haber en contingencias, en hechos fortuitos y hasta en acciones espontáneas —apuntamos en aquel momento. En donde las sorpresas no son aceptables es cuando éstas sobrevienen —en apariencia— en actos calculados y planeados. Y una de las premisas fundamentales de toda fuerza de seguridad pública en la contención de disturbios y manifestaciones sociales, es justamente la previsión basada en información, en planeación y en la creación de escenarios.

Nada de eso ocurrió en Nochixtlán. A decir del comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, los 800 elementos estatales y federales que fueron al operativo del domingo 19 de junio, fueron “sorprendidos” por una turba de más de dos mil personas que salieron a defender el bloqueo en el entronque con la autopista Oaxaca-Cuacnopalan. Todo esto lo dijo el Comisionado como preámbulo a la cadena de medias verdades que ha venido ofreciendo sobre el operativo, sobre la presencia de elementos federales armados, sobre la balacera que se desató, y sobre las causas reales de este fracaso.

CAÍDA, PREVISIBLE

Todo eso, resulta ser causa sobrada —dijimos aquel 1 de julio, previendo el impacto en la gobernabilidad (hoy por demás preocupante) que traería el desastre del 19 de junio en Nochixtlán— para que el Comisionado hubiera sido ya separado de su cargo, no como una concesión a las organizaciones que piden castigo a los responsables de las muertes (la renuncia o cese del Comisionado no ha sido parte de las exigencias) de los manifestantes en Nochixtlán, sino como una cuestión básica de responsabilidad por parte de la Secretaría de Gobernación, frente a un operativo que no sólo no logró sus fines, sino que provocó muertes (algo que se supone que no debe ocurrir cuando una policía es profesional en tareas de contención) e impactó directamente en la gobernabilidad, al provocar —por el fracaso del operativo— un efecto bumerang que puso de rodillas a amplios sectores de la población del sureste del país.

¿Dónde quedó la Comisión de Mediación en el diálogo Gobernación-CNTE?

Mesa

+ Hay descontrol en la negociación magisterial; alas radicales ganan terreno


Luego del desastre de Nochixtlán, el 19 de junio, el gobierno federal sólo tardó tres días en sentar a representantes de la CNTE, en una mesa de diálogo al más alto nivel con la Secretaría de Gobernación. Esto fue logrado, en gran medida, gracias a la intervención de un grupo de intelectuales que ofrecieron su mediación en este conflicto, y que fueron los que generaron las condiciones iniciales de entendimiento entre la Coordinadora y el gobierno federal. a la luz de los hechos más recientes, debemos preguntarnos dónde está hoy ese grupo de intelectuales que generaban la idea de certidumbre sobre el entendimiento y los resultados de esa negociación.

En efecto, el 21 de junio, dos días después del enfrentamiento de Nochixtlán entre la Policía Federal y trabajadores de la educación afiliados a la Sección 22, la Comisión Nacional de Mediación —que ha participado en otros temas relevantes, como las gestiones ante la Secretaría de Gobernación respecto a temas como la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario en 2007— anunció su intervención en el diálogo que se vislumbraba entre el gobierno federal y la CNTE.

Ese grupo —dice una nota informativa del periódico La Jornada (http://bit.ly/2aZ4fpp), fechada el 21 de junio—, está integrado por “ocho reconocidos académicos, abogados, magistrados y defensores de derechos humanos, como Miguel Álvarez Gándara, Pietro Ameglio, Jorge Fernández Souza, Magdalena Gómez, Enrique González Ruiz, Dolores González Saravia, Gilberto López y Rivas y Pablo Romo Cedano”.

Según la nota, los derechos humanos, la distensión del conflicto magisterial y justicia serían los primeros tres ejes centrales de la negociación entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la comisión única de negociación de la CNTE en las oficinas centrales de la dependencia. Un punto que dijeron desde entonces que sería incluido en el tema de distensión, es el relacionado con la liberación de los dirigentes magisteriales detenidos, entre ellos Rubén Nuñez Ginés y Francisco Villalobos, líderes de la sección 22 de Oaxaca.

Luego de las primeras rondas de negociación, se supo que dicho grupo de intelectuales había tenido una participación particularmente eficaz, al conseguir acuerdos como el relacionado a que la Sección 22 de Oaxaca se desistiera de llevar a cabo el bloqueo a las festividades de la Guelaguetza; participaron también en la construcción del acuerdo que permitiera la liberación de la carretera que comunica a la Refinería de Salina Cruz con las demás vías de comunicación; o que, en general, el conflicto y las acciones de protesta del magisterio no escalaran al nivel que se preveía al menos en la semana siguiente al enfrentamiento de Nochixtlán.

Incluso se llegaron a mencionar posibles negociaciones secretas entre funcionarios de Gobernación y líderes de la CNTE —que en alguna medida habrían sido propiciadas, facilitadas y presenciadas por esa Comisión Nacional de Mediación— para acordar algunas de las acciones de mayor impacto que hemos visto en los dos meses siguientes a la detención de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, y de haber ocurrido el enfrentamiento de Nochixtlán.

No obstante, ante los hechos, hoy cobra fuerza la pregunta de dónde se encuentra esa Comisión de Mediación, ahora para ver ya no sólo por la Sección 22 o el interés gubernamental, sino por los oaxaqueños que quedamos en medio del conflicto.

¿QUIÉN DESATIENDE?

Una Comisión de Mediación del tamaño, la legitimidad, y la capacidad de interlocución, que representan los ocho académicos antes mencionados, funda su fuerza justamente en el respaldo social que congregan, y en el reconocimiento a sus capacidades para intervenir en asuntos en los que es requerida una voz ciudadana que equilibre las posiciones entre partes en conflicto, como actualmente en el caso de la Coordinadora y el gobierno federal, que llegaron al punto del enfrentamiento violento.

En ese sentido, fue bienvenida la intervención de esa Comisión cuando era necesario hallar puntos de entendimiento entre las partes en conflicto, e incluso las decisiones recientemente tomadas por el gobierno federal —como poner en libertad a todos los dirigentes magisteriales detenidos en el último semestre— serían aceptadas por su utilidad en un contexto en el que la Coordinadora magisterial también demostrara poner de su parte para generar mejores condiciones sociales y de gobernabilidad.

Por eso resulta un despropósito que, o Gobernación esté ahora marginando a esa Comisión de Mediación en el diálogo efectivo que tanto se necesita, y que por eso estén predominando las posiciones de los grupos más radicales de la Coordinadora; o que, por el contrario, la propia CNTE haya desacatado los posibles acuerdos construidos con la mediación de ese grupo de intelectuales, para recibir el cumplimiento por parte del gobierno federal pero faltando a un posible compromiso asumido por ellos mismos para no seguir lastimando a la ciudadanía y la gobernabilidad en Oaxaca.

VELAR POR LA GENERALIDAD

En este caso hay un problema de fondo: el magisterio oaxaqueño está endureciendo sus posiciones a menos de una semana de que arranque el ciclo escolar 2016-2017. Quiere forzar al gobierno federal al cumplimiento de más compromisos, a cambio del arranque del ciclo. ¿Y los oaxaqueños que estamos en medio? En eso, o no pensó la Comisión de Mediación, ¿o es que quedó rebasada? Por eso es importante saber cuál es su función actualmente en este proceso de diálogo.

Nochixtlán: las disculpas sólo pueden llegar cuando se sepa la verdad

Campa

+ Para llegar a la verdad debe haber investigaciones ordinarias y serias


La práctica de que el Estado se disculpe, a través de sus funcionarios, por la comisión de algún delito en contra de los derechos humanos, se ha venido reiterando a partir de la conciencia de que las violaciones a derechos humanos agreden a toda la especie humana, y que el reconocimiento de la responsabilidad, y las disculpas, son una parte determinante del resarcimiento al que tienen derecho todos aquellos que fueron víctimas de una transgresión de ese tipo. En ese marco, ¿debía disculparse el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, a nombre del Estado mexicano, ayer que se encontró con los afectados de Nochixtlán?

En efecto, esta resulta ser una pregunta muy actual a la luz de varios sucesos relacionados con el enfrentamiento de Nochixtlán, y las consecuencias arrojadas por un acontecimiento como ese. Pues resulta que subidos en la posición que les dio el resultado del conflicto, los deudos y los afectados por el enfrentamiento de Nochixtlán, anticiparon le pedirían al Subsecretario federal que, como punto de partida para cualquier tipo de diálogo, les ofreciera una disculpa pública a nombre del gobierno federal por los muertos y heridos ocasionados por la refriega del domingo 19 de junio en la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan.

En ese mismo contexto, se anunció que la Procuraduría General de la República había ejercido su facultad de atracción de los legajos de investigación que abrió la Fiscalía General del Estado en Oaxaca, para llevar a cabo los peritajes e indagatorias relacionadas con ese enfrentamiento.

El Ministerio Público de Oaxaca inició investigaciones sobre las causas y móviles de los decesos ocurridos en el enfrentamiento, y por las lesiones que sufrió más de un centenar de personas. Paralelamente a ello, la PGR inició sus propias averiguaciones previas por los delitos federales cometidos —entre ellos, por el de uso de armas de fuego y explosivos. De esta forma, la PGR concluyó que como eran investigaciones relacionadas, atraía la investigación para deslindar responsabilidades y saber exactamente qué ocurrió el domingo 19 en Nochixtlán.

Este anuncio, particularmente, fue importante porque desde el mismo día del enfrentamiento, la Fiscalía estatal denunció que tanto pobladores de Nochixtlán, como profesores de la Sección 22, habían obstaculizado el inicio de las investigaciones, y el acceso a objetos, escenarios y datos probatorios que permitieran deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido.

De hecho, varios días después del enfrentamiento, el Ministerio Público estatal anunció que tenía los primeros elementos relacionados con la investigación. Pero ésta irremediablemente tendrá que llegar al punto de deslindar exactamente quiénes dispararon, quiénes le provocaron las lesiones a todos los heridos —incluyendo a varios policías heridos de bala, independientemente de los afectados por piedras, golpes o explosiones de cohetes—; y quiénes deben responder ante la justicia por esos actos.

¿OFRECER DISCULPAS?

El Estado mexicano sólo ha hecho públicas sus disculpas frente a delitos de orden internacional relacionados con derechos humanos, cometidos por agentes del Estado, y con base en sentencias dictadas por tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Radilla Pacheco es, en ese sentido, parte aguas en cómo el Estado mexicano se vio obligado a asumir esa conducta como parte de la concepción de la reparación del daño que han construido los tribunales internacionales, contemplando no sólo el resarcimiento económico, sino también el moral, como resulta ser una disculpa pública.

Incluso, fuera de esos casos contenciosos —contadísimos—, la única ocasión en la que un servidor público federal voluntariamente ha ofrecido una disculpa pública, a nombre del Estado, por una conducta de ese tipo, fue hace unos meses cuando el General Secretario de la Defensa Nacional, reconoció la responsabilidad de integrantes del Ejército mexicano en la tortura a una mujer en Guerrero, y ofreció disculpas a la sociedad mexicana por tal conducta, y ofreció investigaciones a fondo y castigos contundentes.

Considerando todo eso, ¿el subsecretario Campa debía ofrecer una disculpa por los hechos de Nochixtlán? Muy seguramente sí, pero no en este momento. No, porque no se han concluido las investigaciones. No, porque aún no hay certeza jurídica sobre qué ocurrió exactamente en Nochixtlán en aquel enfrentamiento. No, además, porque así como se debe saber quién disparó las armas que hirieron y mataron a varios manifestantes en aquel bloqueo carretero, también se debe saber quién disparó las armas que hirieron a una decena de elementos estatales y federales, y quién ocasionó las lesiones a todos los descalabrados.

En el fondo, es necesario entender que tanto los policías como los manifestantes son personas, con los mismos derechos e imperativos, y que el punto de partida para que el Estado se disculpe, es que se conozca toda la verdad sobre esos hechos, y que también quien deba enfrentar responsabilidad penales —policías o civiles— sean presentados en las mismas circunstancias ante las autoridades jurisdiccionales competentes.

PATRAÑAS

Se debe desterrar el propagandismo que habla de conformar una comisión de la verdad —oooootra— para conocer qué pasó en Nochixtlán. Deben ser las autoridades regulares las encargadas de la investigación, pero sí bajo una estricta y equilibrada supervisión ciudadana. En el fondo, las comisiones de la verdad a modo, son tan nocivas como los tribunales de esas características. Y en Oaxaca ya hemos tenido demasiado de eso como para seguir insistiendo en esas patrañas.