¿Llegó la hora de la transición en la UABJO?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Existen indicios claros de que se avecina un cambio de circunstancias políticas en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. En ese contexto, vale la pena considerar algunas claves determinantes para entender su situación actual, así como la posibilidad de un acuerdo político que logre garantizar la viabilidad de la Máxima Casa de Estudios en el mediano y largo plazo.

En efecto, el repentino cambio de medida cautelar —que pasó de prisión preventiva justificada, a prisión domiciliaria— impuesta al ex rector, Eduardo Martínez Helmes, respecto a la acusación penal que le formuló la hacienda pública oaxaqueña por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal equiparada, pareció ser el banderazo de salida para un intento de transición en la conducción académica, política y administrativa de la UABJO. A la par de la excarcelación de Martínez Helmes, comenzaron a sonar nombres y expresiones tanto universitarias como gubernamentales, que abren la posibilidad de la construcción de un acuerdo político para el cambio en la Rectoría. Al respecto, estas son algunas de las claves que es necesario considerar:

  1. La UABJO vive una crisis líquida y de liquidez. Presupuestalmente, la Universidad está ahogada y en ese aspecto su capacidad de maniobra actual no sólo es nula: es deficitaria. Esa circunstancia no le genera mayor preocupación a los ámbitos de gobierno federal y estatal sino hasta el momento en que esa circunstancia le genera una crisis política. Y por eso, paralelamente al ahogo presupuestal, la UABJO vive una crisis de dilución, porque sus condiciones sociales y políticas están marcadas por lo inestable y dúctil que siempre resulta el interés gubernamental ante ella. Sólo se le voltea a ver en la crisis, pero se le desatiende en todas las circunstancias que no resultan de su interés o ganancia política.
  2. La llamada “Familia Real” —los Martínez Helmes, comandados por su patriarca Abraham Martínez Alavez— llegó al límite de su poder, y se convirtió en un elemento pernicioso para la sostenibilidad de la vida universitaria. Tuvieron tanto poder que, igual que como le ocurre a los virus más letales, terminaron matando al organismo huésped antes de poderse replicar, por lo que hoy ya les resulta imposible transmitir su linaje. 
  3. El cambio de medida cautelar al ex rector Eduardo Martínez Helmes, sí constituye el campanazo de salida para la búsqueda de un arreglo consensado entre los universitarios. Los delitos por los que se le persigue actualmente, nada tienen que ver con su actuación —también escandalosa, a decir de los propios universitarios— como Rector de la UABJO. Lo bueno o lo malo, que haya hecho durante los cuatro años de su rectorado, no son la razón por la que hoy enfrenta procesos judiciales. Y ese no es un elemento menor, frente a todo lo que está ocurriendo alrededor de la UABJO.
  4. La renovación de la Rectoría por la vía de la elección universal —en la que participan normalmente trabajadores administrativos, personal académico, y alumnos universitarios—, está anclada a un regreso a actividades presenciales que luce imposible, al menos en todo lo que resta del presente año. ¿Cómo, quién, y a qué costo, podrían generar un consenso entre la diversidad de sindicatos para reabrir la Universidad? Y por ende, es indispensable reactivar la vida presencial universitaria para que primero haya clases, e inmediatamente después pueda organizarse y realizarse el proceso electoral. Todo esto, claro, tendría que lograrse dentro de los 80 días siguientes, porque de acuerdo con la determinación actual del Consejo Universitario, debe haber un nuevo rector antes de que concluya la primera quincena de mayo próximo.
  5. Ante la imposibilidad de una elección definida por votación universal —los tiempos simplemente no dan—, queda claro que el proceso de designación de un nuevo Rector está en manos del Consejo Universitario. Éste es el único órgano colegiado con la posibilidad y la legitimidad para impulsar y afianzar un gran acuerdo político a favor de la Universidad, antes que terminar reaccionando a una injerencia abierta —un manotazo, pues— de factores externos.
  6. Lo que está en juego no es sólo la academia, también la gobernabilidad de la Universidad. A ese último, no sólo deben abonar los actores universitarios, sino también los gobiernos estatal y federal. El problema es que todos han guardado silencio. Los únicos que han hecho manifestaciones, con más candidez que convencimiento, son dos de los seis sindicatos universitarios, que están más preocupados por sus intereses que por respaldar al rector Eduardo Bautista en sus cada vez más complicados esfuerzos por mantener a flote la institucionalidad universitaria. No habrá arreglo alguno si no hay manifestaciones políticas claras tanto de los ámbitos de gobierno en la aportación —económica y política— a la gobernabilidad universitaria, pero en el marco del respeto a su autonomía académica y presupuestal. 
  7. Existen antecedentes concretos de que los consensos a favor de la Universidad sí son posibles. En 1978 fue impulsado como Rector el hoy extinto Ildefonso Zorrilla Cuevas, a través de un acuerdo político impulsado desde el gobierno federal, y avalado por el Gobierno del Estado y los grupos universitarios. De aquel momento de crisis, ocurrido en el contexto del conflicto y la ruptura entre universitarios ocurrida en 1977, surgió un rectorado de consenso —que llegó a buen término en 1983— en el que pesó más el reencauzamiento de la Universidad que los recelos entre los grupos y sindicatos de la Máxima Casa de Estudios.
  8. ¿Héctor Anuar Mafud sería un elemento de consenso? Él ha asumido sus limitantes frente a lo que dicta la Ley Orgánica de la Universidad, pero no se ha descartado. Parece entender con toda claridad que la decisión final sobre el futuro de la Universidad está en las manos del Consejo Universitario, y así lo ha manifestado al tiempo de remarcar que han sido voces dentro y fuera de la Universidad las que lo han mencionado como un posible elemento de transición, pero que él sólo exploraría la posibilidad de asumir esa responsabilidad, de existir una definición pacífica y civilizada para la UABJO, y para Oaxaca.
  9. Lamentablemente, todos los que representan facciones de poder al interior de la Universidad, han sido parte de su panorama actual. Para los propios universitarios es difícil hallar un liderazgo al interior de la UABJO que genere consenso. La larga lucha entre los mismos factores universitarios hace que unos y otros se descarten y descalifiquen recíprocamente. Lograr unidad entre ellos, que han sido aliados y adversarios crónicos en los acomodos de cada cuatrienio, parece una labor imposible dado que todos han sido parte del mismo juego. 

EPITAFIO 

La transición en la Universidad es necesaria y, muy probablemente, impostergable. El primer paso, obligado, en cualquier transición, será eliminar el voto universal y empujar con toda la fuerza del Estado una nueva Ley Orgánica para la Universidad. ¿Serán capaces los universitarios de ponderar el interés general por encima de sus posiciones particulares? En el corto plazo, lo comprobaremos.

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Desaparecer la ASE: pésima opción democrática

+ Las instituciones no deben pagar por las personas

El gobierno de Gabino Cué Monteagudo debe valorar con serenidad si es conveniente que las instituciones democráticas del Estado paguen por los errores o el origen de quienes las integran. Dentro del paquete de reformas que envió al Congreso, existen dos que deberían ser motivo de un análisis profundo, para evitar caer en simples revanchismos que no hagan más que minar la vida pública e institucional del estado: la primera, es la propuesta de desaparecer la Auditoría Superior del Estado; y la segunda, de crear una instancia distinta al Instituto Estatal de Acceso a la Información, como órgano garante del derecho a saber de los particulares.

Es claro que en Oaxaca, como en el país, las instancias de fiscalización superior, así como los órganos que garantizan el acceso a la información pública gubernamental de los particulares, no nacieron como consecuencia de una mera concesión graciosa por parte de quienes detentaban el poder. Ambas instancias, como varias otras que hoy tienen peso importante en la vida política y funcionamiento del gobierno y el país, nacieron a partir de las luchas y los espacios de democratización que fueron ganando las fuerzas políticas que remontaron su condición minoritaria y de exclusión, y consiguieron exigir al gobierno claridad y certeza en la función pública.

El caso de Oaxaca fue más o menos el mismo: el Gobernador del Estado, como concentrador esencial de todas las potestades públicas de la entidad, se resistió hasta el último momento posible a ser revisado, fiscalizado e incluso cuestionado por su actuación. Así, la nuestra fue una de las últimas entidades de la República en las que se crearon órganos de fiscalización como la Auditoría Superior, o el Instituto de Acceso a la Información.

Desde un inicio, en ambas instancias se cuestionó válidamente la integración de las mismas, por considerar que las personas designadas para las responsabilidades no garantizaban por completo la certeza e imparcialidad que requerían esas instancias. En el caso de la ASE, fue nombrada como titular una cercana colaboradora del entonces gobernador Ulises Ruiz, y en el IEAIP, también fueron designadas tres personas con relaciones y compromisos evidentes con el gobierno en turno.

Hasta ahora, sin embargo, ese ha sido el argumento de fondo para cuestionar el trabajo de esas instancias. Distraídos por la sonoridad de los nombres, de las cercanías con el poder, y de las sospechas que eso genera, poco se ha reparado en la calidad del trabajo de esas instancias, así como las formas efectivas, y con validez constitucional, a través de las cuales esos órganos pueden mejorar.

Es claro que el gobierno de Gabino Cué pretende desaparecer esas instituciones, sin antes ponerlas a prueba en su forma actual, y sobrepasando lo que debería hacerse en un gobierno verdaderamente democrático que respeta la ley. Habría que juzgar a la ASE y al IEAIP en razón de sus resultados tangibles y comprobables, y no someterlos a un proceso de sacrifico a partir de su integración.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Vayamos específicamente al caso del órgano de fiscalización que se pretende crear. Hace unos días, el gobernador Cué envió al Congreso un proyecto de reforma a la Constitución del Estado, a través de la cual pretende crear una Contraloría Superior del Estado con características que, en sí mismas, transgreden los lineamientos establecidos por la Constitución General de la República para ese tipo de instancias.

Veamos el asunto a detalle: la Contraloría Superior del Estado tendría una titularidad colegiada, integrada por tres personas. Tendría la obligación de sesionar públicamente. Sus miembros serían designados por el Congreso, y durarían cuatro años en sus encargos, con la posibilidad de ser reelectos por un periodo más. Y se eliminarían los principios de posterioridad y anualidad, a través de los cuales un órgano de fiscalización sólo puede actuar revisando los periodos anuales ya concluidos en el ejercicio público, y no en cualquier momento como se pretende

Esto, que aparentemente daría mayor equilibrio y legitimidad popular al órgano de fiscalización, no sólo se equipara a un simple acto de populismo, sino que también viola los principios establecidos en la Constitución federal. ¿Por qué?

Porque el artículo 116 constitucional obliga a todas las entidades federativas a contar con órganos de fiscalización que sean unipersonales, que sean parte de los Poderes Legislativos locales y que cuenten con autonomía técnica y de gestión, que respondan a los principios de anualidad y posterioridad; que el titular del organismo sea electo por mayoría calificada en el Congreso (es decir, dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión en que es electo el Auditor).

La Constitución federal establece también que el Titular de ese órgano debe durar por lo menos siete años en el cargo, y que cuente con cinco de experiencia en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. Y bajo esos principios, es como están integradas las Auditorías Superiores de los 31 estados y el Distrito Federal.

Es cierto que Oaxaca es un estado libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior; pero también es claro, y básico, comprender que al ser parte integrante de la Federación se encuentra sujeta a los principios que marca la Constitución de la República. Y como se ve, la inconstitucionalidad de ese proyecto de reforma, es evidente.

 

TENTACIONES DEL PODER

Pero lo más grave de todo, es que por querer remover a la auditora Caña Cadeza (a quien consideran, no del todo equivocadamente, parte del antiguo régimen), lo que pretenden hacer es destruir una institución creada a partir de bases constitucionales federales. Y al crear la Contraloría Superior, también se corre el riesgo de que la titularidad colegiada fuera asimismo repartida por cuotas partidistas, abriendo nuevamente la posibilidad de que el resultado de las auditorías fuera sometida a negociaciones políticas. ¿El nuevo gobierno ya revisó seriamente los resultados de una instancia como la ASE? ¿Ya habrá visto lo hasta ahora realizado, más allá de sus propias fobias políticas? ¿A poco no sabe que las autoridades municipales hasta ahora más sancionadas han sido las de origen priista? Hoy tienen en las manos la posibilidad de una auténtica transición a la democracia. Pero también de hacer de esa promesa, un engaño y una vacilada.

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Transición en Oaxaca: una oportunidad real

+ Capital político: útil y valioso, ahora o nunca

Una vez investido el cargo de gobernador Constitucional del Estado, Gabino Cué Monteagudo tiene una oportunidad única en México para generar una auténtica ruta de la alternancia de partidos en el poder, a la transición a la democracia. Los primeros signos de su gobierno, así como las condiciones políticas de la entidad en las que se enmarca el cambio de gobierno, apuntan a una enorme posibilidad que debe ser conducida con prudencia y firmeza, para dejar en claro que sí tienen viabilidad y utilidad práctica las tan cuestionadas alianzas electorales.

Por principio de cuentas, necesariamente debemos preguntarnos qué entendemos por transición a la democracia; y por qué aseguramos que el gobernador Cué Monteagudo tiene una oportunidad única ahora en Oaxaca. De la respuesta a esos dos cuestionamientos, podremos entender bien esta posibilidad de transición democrática que no debe ser desaprovechada tanto por el nuevo gobierno estatal, como por los partidos que tienen representación en el Congreso del Estado. Por ello, es necesario ir por partes.

En un primer momento, y aunque parece un tema agotado, tenemos que preguntarnos con seriedad qué entendemos hoy por transición a la democracia. Aunque en México ese asunto lleva por lo menos una década en discusión (el mismo tiempo que el PRI ha estado fuera del poder presidencial), es evidente que bien a bien, todavía hoy no tenemos una idea precisa de qué es, y cómo debe delinearse esa transición a la democracia.

En ese sentido, a lo más que hemos llegado en el país, es a construir algunas propuestas que, sin embargo, no se han podido materializar por la polarización política, por la debilidad y las imprudencias presidenciales, y por la ingobernabilidad y la falta de acuerdos que ha prevalecido en las recientes legislaturas federales.

Así, la idea más reciente y cercana que tenemos sobre una propuesta de transición a la democracia —           que, evidentemente, no es ni la única, ni la mejor, y mucho menos un planteamiento de reforma total o de fondo—, es la que hace un año presentó el presidente Felipe Calderón Hinojosa al Congreso federal, para comenzar a democratizar y modernizar ciertas instituciones e instrumentos políticos y de gobierno que, por su obsolescencia, ineficacia o desuso, no permitían una construcción de acuerdos que diera como resultado el mejoramiento en la democracia o la calidad de vida de las personas.

Ese decálogo de propuestas de reforma política, sin embargo, hasta hoy continúa durmiendo el sueño de los justos. El gran problema al que se han enfrentado las dos administraciones del gobierno federal, en sus intentos por llevar a cabo cualquier tipo de reforma política de fondo, radica en que no han contado con mayoría suficiente en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, en que los mismos Mandatarios se han encargado de golpear y atizar a sus enemigos, antes de conciliar y construir acuerdos con ellos en temas de fondo; y en que los partidos de oposición han preferido el golpeteo y las ganancias políticas de corto plazo, a la posibilidad de comenzar a construir una gran reforma política que replantee al Estado en cuanto a sus mecanismos democráticos y tareas de gobierno.

En razón de ello, en los últimos diez años tanto la administración del presidente Vicente Fox Quesada, como la actual del presidente Felipe Calderón Hinojosa, han sido incapaces de construir una verdadera agenda democrática, que tenga viabilidad gracias a posibles acuerdos políticos. Ese, sin embargo, no es el caso del gobernador Cué en Oaxaca. De ahí que frente a los ofrecimientos y anuncios de propuestas de reforma presentadas ayer mismo al Congreso, necesariamente deba demostrar que tiene mucho más que retórica bien construida, respecto a la necesidad de comenzar a reformar las estructuras del poder y el gobierno en Oaxaca.

 

REFORMAS POSIBLES

Ayer, en su primer mensaje a los oaxaqueños, el gobernador Cué hizo una serie de planteamientos importantísimos para la vida política y gubernamental de la entidad. Punto por punto, delineó una serie de propuestas de reforma para reorganizar tanto el Poder Ejecutivo y replantear por completo los esquemas de integración, funcionamiento y alcances del Poder Judicial; reiteró su voluntad por mantenerse ajeno a la vida democrática del Congreso; dijo que replanteará los mecanismos de acceso a la información, y que hará propuestas para llevar a la práctica los mecanismos de participación ciudadana directa, tales como el plebiscito y el referéndum, así como para que exista en Oaxaca la posibilidad de iniciativa preferente.

Estos planteamientos, entre varios otros que hizo el gobernador Cué en el mensaje que dirigió a los oaxaqueños desde el Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan, bien podrían ser la punta de lanza para una verdadera reforma política e institucional, que comience a dar visos de una auténtica transición a la democracia. Una vez hechos esos ofrecimientos, ahora lo que necesita quedar fehacientemente demostrado, es que tiene la suficiente fuerza, determinación y voluntad política para llevar a cabo esas reformas que, en general, comenzarían por limitar el poder que tiene él como Gobernador del Estado.

Es claro que difícilmente tendrá obstáculos legislativos. A diferencia de las Cámaras federales, el Gobernador de Oaxaca hoy tiene el apoyo expreso de la mayoría de las representaciones políticas en el Congreso local; con el PRI, incluso, ha dado señales iniciales de una relación serena y prudente. Y todo esto queda reforzado por el importante momento político por el que pasa, en el que su aceptación y legitimidad son lo suficientemente fuertes como para terminar de arropar y sustentar cualquier propuesta que haga al Poder Legislativo.

Si el gobernador Cué logra llegar a la meta de convertir en ley sus propuestas de reforma, entonces no sólo estará demostrando que el cambio prometido era mucho más que simple retórica: estará dejando pautas claras de que las alianzas electorales sí tienen una viabilidad práctica. Pero mientras, hacer o no la reforma, es un asunto de poder, que sólo se encuentra en sus manos.

 

RECONOCIMIENTO

La ratificación de Andrés Webster Henestrosa como secretario de Cultura del Gobierno del Estado, es un reconocimiento contundente a una labor discreta pero constante realizada en esa área durante los últimos años. Enhorabuena por esa distinción, que parece haber sido construida muy lejos de las grillas, y muy cerca del trabajo.

Reformas institucionales: cambio, no utopías

+ Pasar de alternancia a transición, ¿un ideal?

Finalmente, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, comenzó a dar pautas concretas sobre cuál será su proyecto democratizador y de modernización de la administración pública. Recientemente, dijo que su agenda se centrará en cinco ejes temáticos. A saber: Gestión Pública, Relación Ejecutivo-Legislativo, Fortalecimiento del Poder Judicial, Organismos Autónomos e Instrumentos de Democracia Directa. Es necesario que a esa agenda, el equipo de transición agregue un elemento subjetivo determinante: la voluntad política para hacer realidad esos anhelos.

A través de un comunicado, el Gobernador Electo asegura que “estos cambios pretenden hacer cumplir  lo que ofrecimos en campaña (sic) que es transitar de un régimen autoritario a uno democrático que contemple un verdadero equilibrio entre los tres poderes del estado…”. Es evidente que, atendiendo a la expectativa sobre el cambio de régimen y la alternancia de partidos, en un primer momento el gobierno de Cué Monteagudo está haciendo eco de un sentir ciudadano, que sin embargo pronto se convertirá en exigencia.

¿Qué contempla esa agenda de cinco ejes? En el relativo a gestión pública, de acuerdo al comunicado, propondrán la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente. Entre otros temas,  “la reducción salarial y tope a remuneraciones; la eliminación de gastos de representación y vehículos oficiales de servidores públicos; reducción de secretarios particulares, auxiliares y asesores; escolta sólo para  gobernador y servidores públicos de procuración de justicia y seguridad pública; y homologación y compactación de horarios.” Es decir, cambios que, teóricamente, además de generar ahorros, también modifiquen la percepción de lejanía, excesos y prepotencia, que la ciudadanía tiene hoy respecto a los servidores públicos.

En cuanto a los mecanismos de democracia directa, el gobierno de Gabino Cué asegura que propondrá la creación de figuras como la del referéndum, plebiscito, revocación de mandato,  audiencia pública y cabildo abierto. Esto, sin entrar en grandes detalles, lo que pretende es acercar de nuevo el gobierno a la ciudadanía, y también poner a disposición de ésta diversos instrumentos para exigir mejores resultados a los gobernantes, así como reprimendas —como la de la separación del cargo, en las formas que se establezcan—, cuando no se cumplan las expectativas.

En la relación Ejecutivo-Legislativo, se propone la ratificación del gabinete, control y fiscalización del Congreso, reconducción presupuestal, entre otros temas. En Fortalecimiento al Poder Judicial se plantea la autonomía presupuestal y designación de magistrados, así como nuevos órganos: Consejo de la Judicatura, Salas Especializadas y Tribunales Autónomos.

En ese sentido, habrá que poner particular atención a los puntos que tocan a la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como lo tocante al Poder Judicial y los órganos autónomos.

En el primero de los puntos, es claro que temas como el de la ratificación del gabinete, deben ser analizados a la luz no sólo del momento político, sino también de la viabilidad estructural y organizativa, que pueda tener el hecho de que se decida transitar de un modelo en el que existe un Poder Ejecutivo con ciertas fortalezas, a otro en el que gran parte de las decisiones administrativas —como lo es el la ratificación de los servidores públicos de primer nivel que encabezarán la gestión gubernamental— quede en manos del Poder Legislativo.

Habrá que analizar con detalle el contenido y la viabilidad a mediano y largo plazo de cada una de las propuestas. Pero es evidente que más allá de los cambios de forma —como varios de los que se pretenden hacer en el rubro de gestión pública—, lo que debe tener el nuevo gobierno, y que habrá de manifestar a partir del 1 de diciembre próximo, es una enorme disposición a lograr que, en la práctica, cambien las cosas.

 

CAMBIO DE ACTITUD

Hoy, es común que los diputados de oposición —que pasarán a ser de algún modo “oficialistas”, a partir del 1 de diciembre— se quejen de que sus compañeros del Partido Revolucionario Institucional, actúen a la sombra y bajo el mandato supremo del Gobernador del Estado. Y es cierto, los legisladores priistas actúan no como representantes populares dotados de un mandato ciudadano, sino como meros empleados subordinados por completo a la figura de su Jefe Político, que es quien manda y decide, desde fuera, todo lo que pasa y se decide en la Cámara de Diputados.

Pues bien, si nos atenemos a ese ejemplo, será un asunto de voluntad del gobernador Cué ya en funciones, que eso cambie. Si la necesidad de ejercer el poder y tener el control de lo que ocurre en el Legislativo, lo lleva a asumir a los diputados no como parte de un ente soberano, sino como sus agentes (y éstos permiten y alientan que se les trate así), entonces a nivel legal o constitucional se podrán hacer las reformas que deseen, pero en realidad todo continuará siendo igual que como hasta ahora.

Por esa razón, si desean que los cambios sean de fondo, deben comenzar por modificar las formas de hacer política y, sobre todo, de hacer el gobierno. Independientemente del análisis detallado de cada una de las propuestas, que iremos haciendo paulatinamente por razones de tiempo y espacio, es claramente visible que no sirve de nada que se legisle una reforma que limite y reduzca el salario de los funcionarios de mando medio y superior, cuando en los altos niveles se sostengan los privilegios que hasta ahora existen.

El gobierno de Cué debe comprender que los cambios necesitan ir más allá de las apariencias. Siguiendo el ejemplo, es claro que al continuar con la idea de tener una burocracia desigual y mal pagada —desde el personal de base, hasta los mandos medios tienen salarios muy por debajo de la media nacional, mientras que los funcionarios de alto nivel tienen prerrogativas envidiables para cualquiera de otra entidad federativa— lo llevará a tener resultados de simple apariencia, pero no de cambios sustanciales.

¿FANTASÍA O REALIDAD?

Pasar de la alternancia a la transición, es una tarea titánica. Y lo primero que el gobernador Cué tendrá que demostrar, es que tiene voluntad y una actitud distinta a la que ha predominado hasta ahora por quienes han tenido en sus manos el gobierno. Hacer los cambios a la ley, y respetarlos, llevará a un auténtico proceso de democratización. De lo contrario, todo será simple demagogia.

La crispación innecesaria, puede llevar los ánimos políticos al límite

+ Confrontación entre Ulises y Gabino, ya parece innecesaria

Hoy en Oaxaca, parece innecesaria una confrontación abierta entre adversarios políticos, cuando la más importante de las batallas, la electoral, está prácticamente definida, y los riesgos de la violencia, asimismo conjurados. En efecto, una vez que pasó lo más álgido del proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado, parecen estar resurgiendo y avivándose los ánimos de confrontación entre el gobernador Ulises Ruiz, y el mandatario electo, Gabino Cué Monteagudo. En ambos grupos, y en ambos personajes, debe caber la mesura y el entendimiento, porque si antes no lo fue, éste tampoco debe ser momento para la riña.

El proceso electoral actual, comenzó no sólo entre signos claros de inestabilidad entre las fuerzas políticas, sino que, sobre todo, éste arrancó amenazado por el fantasma de la inconformidad y la violencia. Desde el inicio, entre los grupos de oposición, se alinearon diversos factores que en otro momento encarnaron la violencia, y se hicieron de un discurso en el que aseguraban que en esta ocasión no permitirían “un nuevo robo” del triunfo que les pertenecería; y que, por tanto, habrían de defenderlo no sólo a través de las vías institucionales, sino también de la movilización social.

Por el lado del oficialismo, el fantasma de la violencia también parecía latente. No por sí, sino a través de otros grupos paralelos, en más de una ocasión se amagó con la siembra de la incertidumbre entre la población, a partir de métodos como la colocación de artefactos explosivos que eran hallados antes de detonar, o las amenazas de que si resurgían grupos como la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, se contrarrestarían sus acciones a través de los mismos métodos que ellos ocuparan.

Era también común escuchar entre los oficialistas, la versión de que ante una inminente derrota, buscarían “reventar” la elección. Es decir, provocar un conflicto violento que hiciera imposible la celebración de los comicios. En aquella lógica, esto daría más tiempo al priismo para replantear su estrategia y buscar conseguir un triunfo que no habría logrado en el primer intento.

Como esas, versiones corrieron en grandes cantidades en el escenario político local, antes y durante los meses de campañas proselitistas. En algunos momentos, ocurrieron confrontaciones violentas entre grupos de militantes de fuerzas políticas distintas, o en ámbitos paralelos al del proceso electoral formal. Finalmente, ninguno de los vaticinios achacados a la oposición y el oficialismo en Oaxaca se cumplió, y ocurrió una contienda electoral marcada por una civilidad que por momentos parecía hasta increíble.

El ánimo violento que se esperaba de ciertos grupos de oposición, nunca ocurrió. Del mismo modo, aquellos vaticinios que aseguraban que el priismo buscaría reventar la elección, también resultaron ser falsos. Incluso, el día de la jornada electoral hubo un clima predominante de calma, que permitió que los votantes tuvieran la confianza de acudir a las urnas.

Lo más increíble de todo, y para bien de Oaxaca, es que una vez conocido el resultado de los comicios, el candidato ganador, es decir, Gabino Cué Monteagudo, remarcó una actitud de prudencia frente a la tendencia que le era favorable; en esa misma lógica, fue ejemplar el modo en cómo Eviel Pérez Magaña demostró su vocación democrática y de civilidad, al reconocer, pocas horas después de los comicios, que sus posibilidades de triunfo eran inalcanzables.

Había, incluso para el día y la noche de la jornada electoral, temores por una posible explosión de la violencia, generada por una inconformidad en los resultados. Pero los mismos números conjuraron cualquier posibilidad de confrontación. Pero hoy, cuando todos los riesgos importantes de inestabilidad habrían sido superados con éxito, los grupos de poder parecen estar elevando, innecesariamente, su nivel de confrontación.

RIESGO INNECESARIO

Apenas unos días después de haber ocurrido la jornada electoral, el candidato ganador, Gabino Cué Monteagudo, comenzó a lanzar dardos, que quizá habrían sido innecesarios, a la administración estatal. En uno de sus mensajes, aseguró que su gobierno no se hará cargo de ninguna obra que no esté concluida y que presente irregularidades; en otra, aseguró que el gobierno estatal preparaba una basificación masiva de unos cinco mil trabajadores de confianza, para provocar un daño a las finanzas estatales futuras; la cuestión más compleja —más allá de los nombres de los integrantes y las tareas encomendadas a cada uno de ellos— tiene que ver con la conformación de su llamado “equipo de transición”, con el que pretendía comenzar con el proceso de entrega-recepción de la administración gubernamental estatal.

El problema, en este asunto, no está en la enumeración de errores, en la denuncia, o en los intentos por comenzar la “mudanza” entre administraciones. No. El problema está en que esos puntos han sido puestos con poca mesura en la escena local, y están sirviendo para generar confrontación en donde no debería existir. Veamos dos de los tres casos que mencionamos en líneas anteriores.

La denuncia sobre la basificación masiva de trabajadores de confianza, generó ya un foco de inestabilidad, que lo mismo puede ser genuino que inventado. Anteayer mismo, unos doscientos trabajadores de las Unidades Móviles para el Desarrollo, bloquearon los accesos al estado Benito Juárez, en demanda del otorgamiento de 200 bases, a través de las cuales ellos tuvieran estabilidad laboral.

Aseguramos que lo mismo es una protesta real, que algo orquestado desde el oficialismo, porque tal protesta resulta de un señalamiento vertido por quienes están tratando de tomar acciones sobre una administración que, les guste o no, aún no está en sus manos. Tal protesta, en esa lógica, podría ser una “constatación” al público de que la imprudencia genera una inestabilidad social, y protestas, que ya nadie desea.

TRANSICIÓN RETARDADA

En esa lógica, está también generando fricciones los llamados a iniciar el proceso de entrega-recepción. Independientemente de que cualquiera de las partes tenga o no razón, lo que parece claro es que cada una, por su lado, debe comenzar los preparativos para las tareas que les corresponde. Esa cuestión, no debe ser motivo para la trifulca. El gobierno saliente debe poner en orden la entrega; y el entrante, establecer las prioridades, el plan de desarrollo, sus políticas públicas y mucho, mucho, antes de la entrega-recepción.

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Gabino Cué: el reto social de Oaxaca no tiene precedentes

+ No dar la razón a gobiernos endebles: el mayor de sus retos

El domingo, Gabino Cué Monteagudo recibió su constancia de mayoría, que formalmente lo acredita como gobernador electo de Oaxaca. En dicho documento, se asienta que fue respaldado por alrededor del 54 por ciento del total de votantes que acudieron a las urnas. Es decir, que unos 730 mil electores lo favorecieron con su voto. Ante el triunfo inobjetable de su causa política, y la legitimidad que le brinda un triunfo de esas características, dos preguntas son fundamentales de responder ante el planteamiento de su programa de gobierno: ¿cómo diferenciarse, para bien, de las gestiones anteriores? Y sobre todo, ¿cómo cumplir las expectativas que generó su candidatura, y su propuesta democrática y de gobierno?

De acuerdo con las cifras registradas en la jornada electoral del pasado 4 de julio, resulta evidente que Gabino Cué obtuvo el triunfo debido no sólo al trabajo electoral —limpio y sucio— que el bloque de partidos de oposición pudiera haber realizado para apuntalar su candidatura, sino también porque un sector determinante del electorado (el llamado voto volátil, o indeciso) resolvió sí salir a votar el día de los comicios. Más allá del llamado “voto duro” que trabajó cada una de las fuerzas políticas, fue claro que esa franja de electores fue la que marcó la diferencia en el resultado electoral.

En este sentido, aseguran quienes conocen el comportamiento de los procesos electorales, que de acuerdo con la experiencia internacional, cuando en un régimen se disputan el poder la continuidad frente a la posibilidad de un cambio, y la franja de electores indecisos resuelve acudir a las urnas, normalmente éstos votan a favor de la alternancia, y son quienes determinan el sentido del resultado. Eso fue lo que, en una de las vertientes, ocurrió en Oaxaca. Es lo que ha pasado en otros escenarios de México y varios países de América Latina, en los que se llega a la alternancia a través de los cauces institucionales, y no de la violencia como ocurría en el pasado.

No obstante, más allá de ese comportamiento de un sector del electorado, tendríamos que preguntarnos por qué los indecisos deciden votar por la alternancia. La respuesta está lejos de ser un descubrimiento: la gran mayoría de ese voto volátil llegó a esa categoría, luego de desencantarse del partido gobernante, y tomar conciencia de que los cambios son saludables, cuando existen opciones alternativas viables.

El problema, en realidad, no llega cuando el votante no comprometido con cierta causa política, decide votar por una alternancia que en realidad no está bien sustentada. En la experiencia mexicana y latinoamericana, se tienen registros precisos de que el agotamiento de los regímenes alineados a los llamados “designios estadounidenses”, a las políticas económicas internacionales, y a los modelos más identificados con los partidos de centro y de derecha, fue lo que abrió la puerta a gobiernos de alternancia, pero que no por ello fueron mejores que los anteriores.

Así, en innumerables casos el desencanto con esos gobiernos permitió que sus adversarios vendieran ilusiones irrealizables, a través de promesas de gobiernos de izquierda no alineados, que en realidad explotaron exitosamente el desánimo y la inconformidad del electorado con sus gobiernos, y se convirtieron en opciones políticas exitosas a través del uso del populismo como herramienta de legitimación. En el ámbito internacional, el caso de Venezuela, con el presidente Hugo Chávez, acaso es el mejor ejemplo de esta situación. Y en México, existen también no pocos casos de gobiernos de alternancia que, por la preservación de sus vicios e ineficacia, resultaron ser mucho más nefastos que sus antecesores.

GOBIERNO DIFERENTE

En Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo tendrá la nada sencilla tarea de cumplir con las expectativas que generó como candidato a Gobernador, pero sin caer en los extremos antes mencionados. No deberá convertir su administración en una copia al carbón de las anteriores, pero tampoco aferrarse a posiciones populistas, que lejos de resolver los rezagos, en realidad generen más problemas sociales y políticos de los que ya existen en la entidad.

En ese sentido, deben ser claras y precisas las respuestas que brinde a los ciudadanos. Por citar un ejemplo, si el Gobernador electo ya se comprometió a que su gobierno estará integrado por los hombres y mujeres mejor calificados que tiene la entidad para la gestión pública, debe dar pasos sustanciales no sólo para establecer reglas y requisitos claros para realizar esas nuevas contrataciones, sino también para regular la situación laboral de los miles de trabajadores de confianza que hoy tiene la administración estatal.

Veamos el asunto a detalle. Aquí, cualquier persona que ha laborado en alguna dependencia municipal y estatal, sabe que los requisitos de contratación son esencialmente discrecionales, en cuanto a los trabajadores de confianza. Es decir, que independientemente de que existan algunos criterios, esto, en todas las dependencias estatales, queda casi por completo al arbitrio del titular de la misma.

Esto genera, por un lado, un alto grado de inestabilidad laboral para esos trabajadores, que conservan su trabajo muchas veces en función de circunstancias ajenas a su desempeño laboral; y por el otro, esa discrecionalidad también alimenta algunas de las prácticas que tanto reprueba la sociedad no sólo en Oaxaca, sino en el país. Es decir, que las personas sean contratadas por amistad o por compromiso, pero no por tener experiencia y capacidad probada en las tareas públicas a desempeñar.

Así, en Oaxaca debería existir un servicio profesional de carrera que regulara toda esa situación. Y, sobre todo, debería existir un compromiso firme del nuevo Gobierno para cumplir cabalmente con esas regulaciones. El mejor ejemplo de que por sí solo el establecimiento del mecanismo no funciona, se encuentra en el gobierno federal, en el que el presidente Felipe Calderón está rodeado, en los más altos cargos del gobierno federal, no de los mexicanos más eficientes y preparados, sino de sus mejores amigos.

RESPUESTAS CLARAS

Las expectativas deben ser satisfechas con respuestas claras y puntuales, no con espejismos. Un gobierno diferente sólo se logrará con la materialización de las promesas hechas en campaña. Es decir, que esas promesas se conviertan en leyes y prácticas. Si no, del tamaño de la expectativa habrá de ser el fracaso.

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