+ Educación: ejemplo de preocupación e inmovilidad
El viernes pasado concluyó el periodo en el que comparecieron diversos funcionarios estatales ante el Congreso del Estado, para explicar y detallar los avances logrados en el último año en sus respectivos ámbitos de trabajo. Con excepción del secretario Martín Vásquez Villanueva, todos los demás servidores públicos que intervinieron en la glosa del informe fueron, paradójicamente, aprobados por el oficialismo pero reprobados por la oposición. ¿Qué es eso?
Dice el principio lógico de la contradicción que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Sin embargo, tal parece que las maravillas políticas del Congreso y la política partidista en Oaxaca rompen con ese esquema. Los responsables de la educación, desarrollo e infraestructura, seguridad pública, procuración de justicia, obras, gobernabilidad y demás, fueron duramente cuestionados por los legisladores de oposición; pero la mayoría priista calificó de responsables todas las actuaciones.
Nada de esto parecería raro, si se observa desde la “tradición” parlamentaria de Oaxaca en la que el oficialismo priista manda, y la oposición simulada sostiene su dignidad como tal… aunque en realidad hace poco —o nada— para verdaderamente afianzarse como el bloque fiscalizador y de contención a los errores, deficiencias y excesos que pudieran cometerse desde el Poder Ejecutivo.
Sólo que esta visión, aunque perdurable en nuestro entorno, es errónea, dañina e ineficiente para una democracia y un Estado que pretenden elevar sus niveles de eficiencia. Suponemos, en todo esto, que Oaxaca tiene una clase política y una sociedad que en general buscan esos anhelos. Suponemos. Empero, a la luz de los hechos, es muy poco lo que se hace para lograrlo. ¿Por qué?
Porque en realidad, mecanismos como el de las comparecencias ante el Poder Legislativo, de los servidores públicos encargados de las principales actividades de un gobierno, busca establecer fiscalización, cuestionamientos y controles, justamente para que éstos tengan el deber de realizar un mejor desempeño. Sólo que en Oaxaca —y en el país— la estipulación de las comparecencias de funcionarios ante los legisladores rápidamente se ha degenerado y, sin duda, se ha convertido en un circo que únicamente simula la democracia. Veamos si no.
A lo largo de las dos últimas semanas, vimos cómo los diputados de oposición cuestionaron duramente la labor del secretario Javier Rueda Velázquez, independientemente de los resultados positivos y los fallos que éste reconoció en su comparecencia. Cómo prácticamente ignoraron al procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, cuando su comparecencia era una de las más trascendentales ante los graves problemas de impunidad que se viven en Oaxaca.
Y cómo, sospechosamente, el coordinador de Coplade, Bulmaro Rito Salinas se ganó el silencio de la oposición y la sorpresa del oficialismo, en el manejo de una importante instancia gubernamental a la que sólo atiende como actividad complementaria a sus labores de campaña anticipada. Y cómo a todos éstos, como a varios otros funcionarios, los “reprobaron”, mientras que la fracción parlamentaria del tricolor les dio, a todos, una salida holgada que les permitió hacer balances positivos finales de la glosa del V Informe del Gobernador del Estado.
Al final, parece que nadie se toma en serio las comparecencias. Prácticamente todas, fueron seguidas por los legisladores del tricolor como una mera formalidad democrática en la que tenían el deber de “cuidar” a los colaboradores y los resultados entregados por el Gobernador del Estado.
Y, en todas, los diputados de oposición encontraron la ocasión perfecta para descalificar, vociferar y llevar asuntos y afrentas personales a la tribuna legislativa. Pero nadie, hasta ahora, ha hecho señalamientos precisos acompañados de propuestas de solución, para los problemas más graves por los que, según ellos, los funcionarios están reprobados.
¿Y LA EDUCACIÓN?
Pongamos un ejemplo en específico: durante su comparecencia ante el Congreso local, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Abel Trejo González, fue acusado por la oposición de no resolver el conflicto entre la Sección 22 y la 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; de no hacer lo suficiente por satisfacer las demandas de profesores, padres de familia, normalistas y demás que casi a diario se manifiestan en la capital oaxaqueña por cuestiones educativas.
Lo descalificaron, además, por utilizar en forma deficiente los recursos destinados a la educación; y hasta le recriminaron por no haber aplicado aún la Alianza por la Calidad de la Educación, que impulsa el gobierno federal y la líder nacional del Sindicato, Elba Esther Gordillo Morales. Sólo faltaba que le reprocharan la venta de comida chatarra en las cooperativas escolares. Y también lo hicieron.
Es evidente que Trejo González no ha sido, ni será, el mejor director que ha tenido el IEEPO. Varios de los temas que le plantearon los legisladores son de su entera responsabilidad. Sin embargo, pareciera también que la crítica legislativa fue más bien protagónica y de simple retórica, porque ningún legislador estableció al menos una ruta de solución a los problemas que plantean.
Lo que parece es que, al final, a los diputados les interesan poco las soluciones de fondo de los problemas públicos que se presentan en el Estado. Y si a unos les provoca sorna, tal parece que otros simplemente no sabrían cómo plantear las soluciones a los problemas que sí identifican. Un círculo vicioso.
INDAGAN CORRUPCIÓN
En absoluta confidencialidad, desde la semana pasada la PGJE inició una investigación por posibles actos de corrupción, falsificación de documentos y firmas, y tráfico de influencias, en el otorgamiento de patentes de fedatario público. Las órdenes de indagar el asunto fueron emitidas, aseguran, desde el más alto nivel, al tener conocimiento de que los “Fiats” habrían sido vendidos en cantidades millonarias de dinero. En esto podrían estar involucrados por lo menos dos altos funcionarios del Gobierno del Estado, que desde el pasado 15 de diciembre fueron “invitados” a presentarse ante un Agente del Ministerio Público, para declarar sobre el asunto. Entre los notarios, dicen, este era un secreto a voces que varias veces pretendió ser denunciado. Sin embargo, los intentos se frenaban ante la amenaza de esos dos funcionarios, de revocar las patentes a los fedatarios revoltosos.
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