Cargos legislativos: ¿sinónimo de libertinaje?

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+ Fuero constitucional: inmunidad e impunidad


Adrián Ortiz Romero Cuevas

Sin ningún rubor, el diputado federal del PRI, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva denunció públicamente, el lunes pasado, la existencia de videos y grabaciones que revelan presuntos actos de corrupción en los que se ven involucrados connotados integrantes del Partido Acción Nacional y otras fuerzas políticas que buscan integrar una coalición opositora en Oaxaca; al día siguiente, uno de los probables involucrados, el también legislador federal panista, Guillermo Zavaleta Rojas, increpó a sus señaladores. Sólo que cuando ofrecía una conferencia de medios, fue agredido verbal y físicamente por las diputadas Margarita Liborio Arrazola y Sofía Castro Ríos.

Ante hechos como los antes señalados, necesariamente tendríamos que preguntarnos qué clase de legisladores tenemos en Oaxaca. Si bien es cierto que todos cuentan con la inmunidad que la Constitución federal les otorga, tal parece que no todos alcanzan a comprender con exactitud cuáles son sus tareas, cuáles sus obligaciones legislativas y políticas, y cuáles sus limitaciones.

El asunto no es menor: en general, el mexicano común —como cualquiera de nosotros— profesa particular aversión y desconfianza a los cuerpos policiacos y a los diputados. ¿Por qué? Los primeros, porque en muchos casos son la encarnación viva de los excesos, la brutalidad y la corrupción velada; y los segundos no por corruptos ni por excesivos, sino justamente porque no parecen tener las capacidades plenas para servir al país en la medida que éste lo necesita.

Ejemplos de lo anterior —y que tienen nada que ver con trifulcas partidistas como las que han protagonizado particularmente los legisladores oaxaqueños, o las agresiones verbales y físicas como las del pasado martes— existen a borbotones en la escena nacional: la Cámara de Diputados se ha convertido en un dique y no en una promotora del ejercicio de la política, la democracia y los acuerdos entre fuerzas políticas.

Y sí, en este sentido, los diputados federales podrían asegurar que lo antes dicho es una percepción negativa de algo que es diferente. Podrían hablar, incluso, de los logros que ellos han alcanzado en el ejercicio de sus funciones, de los puntos de acuerdo que han impulsado para dar cauce a temas importantes, o de las gestiones realizadas. Lo grave de todo esto, es que muy poco de ello parece reflejarse en la percepción del ciudadano y, sobre todo, que cualquier logro se eclipsa ante episodios vergonzantes como los ocurridos al inicio de la semana.

¿Estamos errados cuando le ponemos el calificativo de “vergonzantes” a los hechos antes descritos? Seguramente los señores legisladores asegurarían que sí —y también dirían que este es un asunto de interés partidista para ellos, que están en su derecho y que son libres para utilizar su fuero su alta investidura política para lo que consideren más conveniente. El problema, en el fondo, no son ellos: es la fama pública que, todos, se están forjando ante los ojos de los electores, de los oaxaqueños en general, y de la nación.

FUERO, ¿PARA QUÉ?

¿Por qué fue un integrante de la diputación federal del PRI por Oaxaca quien develó y denunció públicamente la existencia de esos videos? ¿Por qué se atrevió a hacer señalamientos directos en contra de integrantes de la oposición? ¿E, incluso, por qué fue capaz de condicionar la presentación pública de esos videos al acercamiento de la dirigencia nacional panista? Todo se explica en el fuero constitucional, en la inmunidad que tienen los legisladores para expresar opiniones en el ejercicio de su encargo, y sobre todo en la ausencia total de mecanismos que hagan distinguir a los diputados y senadores, sus tareas políticas, sus deberes legislativos, y sus intereses partidistas.

Las preguntas planteadas en el párrafo anterior se responden únicamente por el entendimiento que se le da, en México, a la inmunidad constitucional. Ésta se da, justamente, por la necesidad de proteger a los legisladores de los embates políticos de sus posibles adversarios a través de la persecución política, administrativa o judicial; y para garantizar que el debate legislativo tuviera todas las libertades posibles, sin verse coartado por limitaciones que, incluso en una persona no investida con el cargo de legislador, podrían llegar a constituir delitos del fuero común y federal.

Por ello no fue la dirigencia estatal priista, ni servidores públicos, ni simples militantes del partido tricolor, los que dieron a conocer los señalamientos que reiteradamente se han comentado: fue un legislador que tiene garantías constitucionales plenas, de que no enfrentará ninguna contrariedad derivada de esas revelaciones. Sólo que eso, en el sentido contrario, puede también entenderse como una libertad que lo mismo puede dar certeza de la no recriminación judicial, que de la acusación excesiva e infundada sustentada legalmente en la inmunidad constitucional.

Finalmente, sólo los involucrados saben de la certeza y alcances reales de los videos y grabaciones antes mencionados; y sus señalados saben si en realidad fueron parte de esos abominables actos de corrupción que fuertemente se denunciaron. Lo que, en el fondo, también debería preocuparles, y mucho, es la imagen que se siguen forjando y la preeminencia de la diputación federal oaxaqueña sobre temas estrictamente políticos, sobre los legislativos.

Este, en realidad, no es un asunto de denuestos ni de menosprecio al trabajo de unos u otros legisladores. Es cierto que son los más indicados para encabezar esas tareas partidistas que el excepcional momento político marca para Oaxaca. Pero, sin duda, deberían también preocuparse por lo que dejan ver hacia fuera. Digan lo que digan, y les guste o no, son conocidos nacionalmente como una fracción ruda, como “el Bronx” y por hechos como el que protagonizaron las diputadas Castro y Liborio. Pero muy poco por el trabajo estrictamente legislativo —no las gestiones ni las comisiones ni sus atribuciones materiales— que tendrían que realizar para aportar algo trascendente a nuestro país.

EVALUACIÓN

Aunque ha pasado poco tiempo desde que los actuales diputados federales comenzaron sus funciones (escasos cinco meses), no estaría de más comenzar a hacer una evaluación minuciosa de su trabajo legislativo. Es decir, de las propuestas, las iniciativas y los puntos de acuerdo que han presentado, y el seguimiento que les han dado a las mismas. No es por intrigar, pero la diputación federal priista de Oaxaca no se ha caracterizado por ser la más productiva. ¿Y la oposición es el ejemplo? Todo menos eso. Abundaremos.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

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