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Sin voluntad y trabajo, las campañas en Oaxaca quedarán eclipsadas ante la carrera presidencial

Es una paradoja que en la elección más amplia y compleja de la historia de nuestro país, haya también un fenómeno de autofagia entre sus propios procesos electorales. Toda la atención nacional se encuentra puesta en la carrera por la Presidencia de la República, pues ello implica la decisión más importante que tomaremos los ciudadanos en las urnas el próximo 1 de julio. No obstante, la concurrencia entre procesos electorales y la poca solidez ciudadana genera el riesgo de que esa elección termine anulando —políticamente hablando— a las demás. A estas alturas, ¿merecemos los oaxaqueños, y los mexicanos, a representantes populares electos por arrastre y no por convencimiento?

En efecto, el pasado 30 de marzo inició el periodo de campañas para quienes buscarán puestos de elección popular en el ámbito federal. Tanto los candidatos presidenciales, como quienes aspiran a diputaciones federales y senadurías se dijeron listos para iniciar los trabajos proselitistas. A pesar de ello, al menos en Oaxaca ninguno de los candidatos a diputados federales y senadores, ha podido sustraerse de la tentación de subirse en las campañas de los candidatos presidenciales de sus mismos partidos, como una forma de poder navegar en el mar turbulento que siempre significa un periodo de proselitismo electoral.

Esa tentación es perfectamente explicable: el coste económico de una campaña proselitista, la que sea, es alto cuando el trabajo y la inversión se hace en solitario. En un periodo en el que hay campañas concomitantes, existe la posibilidad de aprovechar el impulso de algunos candidatos para mantenerse en la arena electoral. No obstante, ello sería positivo si a pesar del provecho mutuo del impulso de algunos, todos se mantuvieran en el ánimo de proponer y trabajar ante la ciudadanía, y no sólo de simular el trabajo de campaña esperando que la ausencia de voto diferenciado haga en automático el trabajo de convencimiento que ellos no quisieron hacer.

En Oaxaca ese es un riesgo mayor. Por ejemplo, entre los candidatos al Senado de la República tendría que haber un sentido, nutrido y consistente, de propuestas y compromisos concretos en algunos de los temas más relevantes para el país. Hasta ahora, sin embargo, los candidatos a Senadores por las tres principales coaliciones se han limitado a tratar de explicar por qué son candidatos, sin establecer para qué quieren llegar a la Cámara Alta.

El escenario nacional implica retos formidables que se resuelven en el Senado. Por ejemplo, una de las primeras tareas de relevancia para la próxima camada de senadores, será el nombramiento del Fiscal General de la República, la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción; lo que le corresponda al Senado —como representante de las entidades federativas ante la federación— respecto a temas torales como las decisiones sobre la continuación o cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto, de las reformas educativa y energética, o el futuro de los incentivos económicos que desbordadamente están ofreciendo los candidatos presidenciales.

De hecho, es de entrada ominosa la posición que han asumido los candidatos al Senado en Oaxaca, de simplemente ser repetidores de las propuestas y los planteamientos de sus candidatos presidenciales, sin imprimirle a ello su impronta, sus consideraciones y los ofrecimientos concretos que deberían ya estarle haciendo a la ciudadanía sobre los asuntos nacionales, que son los que finalmente se resuelven en el Senado.

Lamentablemente, todos prefieren ofrecer la faceta de ‘gestor’, cuando queda claro que esa no es la tarea sustantiva de un legislador, y sí es fuente de mucha de la corrupción y opacidad en la asignación de obra, presupuestos y beneficios sociales, que hoy ahoga la reputación de los diputados y senadores, y los exhibe justamente como lo que la gente rechaza de la clase política.

CAMPAÑAS ANULADAS

Aún cuando hubiera un sentido elevado de responsabilidad en los candidatos, de todos modos hay un riesgo que subsiste: que el aluvión de las campañas electorales termine arrastrando y nulificando a los candidatos a todos los demás cargos públicos. En Oaxaca, por ejemplo, junto con los presidenciables, se definirá también la integración de las respectivas bancadas en las dos cámaras federales; la integración del próximo Congreso local, y más de cien presidencias municipales que se rigen por el sistema de partidos políticos.

¿Qué va a pasará si nadie escucha a esos candidatos; si ellos prefieren no hablar y sólo montarse en las otras campañas, o si finalmente todo se resuelve por el voto no diferenciado, independientemente de lo que hayan hecho? Las preguntas no son ociosas. En el mejor de los casos, cada voto cautivado por un candidato debía ser producto de su trabajo, de su convencimiento y de su capacidad de interactuar con la ciudadanía.

El problema es que en nuestro escenario electoral doméstico, ese anhelo es intercambiado, primero, por el convencimiento a través de dádivas o mecanismos de coacción o compra de votos; y segundo, por la confianza en el arrastre de las campañas mayores sobre las menores. En ello, es evidente que queda anulado todo sentido de responsabilidad y trabajo entre los candidatos, y que todo queda supeditado a la decisión tomada por la cúpula de los partidos que dispone de la postulación de candidatos.

Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, en Oaxaca de Juárez hay un candidato que tiene amplias posibilidades de ganar, a pesar de que no ha hecho campaña, no es proactivo, no es propositivo y tampoco tiene arraigo ciudadano ni identidad con la fuerza política que lo postula. Se trata de Oswaldo García Jarquín, quien será el candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez.

Quizá García Jarquín llegue a ser edil citadino, a pesar de que no ha trabajado de manera consistente; de que tampoco tiene arraigo propio entre la gente de la capital, y de que tampoco ha sido promotor del voto como sí lo han sido otros militantes de su propio partido. Ese ejemplo, más común de lo que podríamos suponer, en realidad es reflejo de lo poco que se ha entendido el ejercicio de la política, y de lo mucho que debería trabajar cada uno de los candidatos para convencer a sus propios electores.

TRISTE DESTINO

Finalmente, dejar todo en manos del destino de las campañas mayores, es como resignarse a que la simulación y el conformismo sigan siendo la moneda de cambio para un país que ahora más que nunca, necesita respuestas y compromisos de quienes aspiran a cargos de elección popular.

El gobierno federal usa a la PGR como desecho; dar paso a nueva Fiscalía: momento iniciático del nuevo Presidente

El gobierno federal utiliza a la Procuraduría General de la República (PGR) como un artículo de desecho. Lo hace, sacrificándolo, porque sabe que la estructura constitucional y orgánica actual de la actual PGR hace mucho tiempo terminó su vida útil, y porque asume que la entelequia que hoy subsiste en la procuración de justicia no aguantará más allá del final del presente año. El escándalo en el que está involucrado el Ministerio Público Federal por la investigación que desahoga en contra del candidato Presidencial del frente PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, no es sino el clavo que faltaba al ataúd de la PGR.

En efecto, hay un entendible clima de polarización por el caso PGR-Anaya. Por un lado, se encuentra el hecho incuestionable de que el gobierno federal, vía su órgano de procuración de justicia, ya logró meter al Candidato de la Coalición “Por México al Frente” en la dinámica de gastar su tiempo —porque ello no constituye una inversión— de proselitismo como Abanderado Presidencial en aclarar los supuestos manejos financieros relacionados con la compraventa de una nave industrial, por los que habría incurrido en el delito de lavado de dinero al triangular recursos para tratar de disimular su origen, y formalizar un negocio realizado a precios exorbitantes, que no corresponden a los valores de mercado de una transacción de ese tipo.

Anaya está defendiéndose, pero eso no quita el problema en el que se encuentra la PGR. Al mismo tiempo que Anaya se defiende, y sin que nadie meta las manos al fuego por él —ni siquiera los de su propio partido que, en su mayoría, ahora lo ven con más recelo que al principio de la precampaña—, diversos grupos de intelectuales y políticos han exigido al gobierno federal que detenga la utilización de la Procuraduría General de la República como un órgano ministerial de consigna que, ex profeso, tiene la misión de perseguir y encarcelar a un Candidato Presidencial que es competitivo en esta campaña proselitista, que es decisiva para el país.

Incluso, hay quienes han tratado de equiparar la persecución de la PGR en contra de Anaya, a lo que en 2005 ocurrió entre el mismo Ministerio Público Federal y Andrés Manuel López Obrador. Aunque pudieran parecer asuntos similares, en realidad existen diferencias sustanciales que, apenas se escudriña un poco en la contrastación de ambos asuntos, salen a la vista. Por ejemplo, a López Obrador intentaron procesarlo, y de hecho lo desaforaron, a partir del incumplimiento a una sentencia de amparo relacionada con el predio El Encino, en cuyo terreno, expropiado irregularmente por el Gobierno de la Ciudad de México antes del periodo de gobierno del tabasqueño, se había construido una vialidad importante por el rumbo de Santa Fe.

Luego, a López Obrador nunca se le comprobó que el incumplimiento de dicha sentencia hubiera ocurrido por una orden directa de él como servidor público. Quizá su grado de responsabilidad nacía a partir de la imposibilidad material de devolver a sus dueños, un predio expropiado irregularmente pero en el que ya existían las vialidades denominadas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández.

Aún así, en 2004 la PGR solicitó el desafuero de AMLO para procesarlo judicialmente. Esto ocurrió a inicios de 2005, cuando ya era evidente que había una consigna política del gobierno federal panista, en contra de quien llevaba la delantera en la carrera por la candidatura presidencial del PRD. Finalmente, con el escándalo encima, la PGR de Vicente Fox se desistió del ejercicio de la acción penal, y por ende el juez federal que conocía del juicio de desacato por el que se le intentaba procesar, dejó sin efectos dicho expediente.

¿Cuál es la diferencia de este asunto con el que ahora protagoniza Ricardo Anaya? Simple: que mientras a López Obrador siempre se le consideró como perseguido político, sobre Anaya sí pesa una sospecha fundada de que pudo haber incurrido en actos ilícitos. La PGR no ha logrado ser contundente en la acusación; pero Anaya diariamente pierde terreno en la arena política al gastar el tiempo en la articulación de una defensa que, hasta ahora, no ha convencido ni siquiera a sus partidarios.

LA PGR, EN EL LODO

Desde entonces, desde 2005 cuando ocurrió el asunto del desafuero a López Obrador, la PGR se ha mantenido sumergida en el lodo. Su actuación como órgano de consigna en la procuración de justicia, se ha repetido en casos como el de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo y otros muchos en los que finalmente no ha podido acreditar la comisión de los delitos que inicialmente le imputó a varios de los adversarios del régimen. Cada vez que la PGR fue usada para esos fines, se le sumergía más en un fango del que ya no podrá salir bajo ninguna circunstancia.

Frente a eso, un problema importante radica en que, hasta ahora, ninguno de los partidos representados en el Congreso federal —cámaras de Diputados y de Senadores— ha tenido la voluntad y la fuerza suficiente como para lograr la transición que se pactó de la PGR sometida al Ejecutivo federal, a una Fiscalía General de la República como órgano constitucionalmente autónomo, y por ende no comprometido en su actuación con los intereses de algún grupo en concreto.

De hecho, los partidos actualmente han contribuido a la consolidación de este ente abominable que ahora repudian. Primero, al desconocer el acuerdo que ellos mismos habían tomado, de que el Procurador en turno se convertiría en Fiscal General, una vez que ocurriera la emisión de la legislación necesaria para el funcionamiento del nuevo órgano de procuración de justicia; y luego, al reventar —literalmente— la gestión del procurador Raúl Cervantes Andrade, bajo la acusación de que con él se perpetuaría transexenalmente el grupo del presidente Enrique Peña Nieto, para brindarse protección y cuidarse las espaldas a partir de la inamovilidad del Fiscal, y los actos perseguibles judicialmente, en los que habrían incurrido varios integrantes del régimen federal saliente.

En el fondo, todos ayudaron a que la PGR terminara en esta situación. Teniendo como ingrediente de fondo la desconfianza mutua, y ofreciéndose recelo unos a otros, terminaron alimentando la generación de un vacío que vino a llenar el actual encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que llegó de rebote a una ocupar una titularidad de segunda en la Procuraduría, y que está obedeciendo todo lo que ocurre.

INVERSIÓN INICIÁTICA

Al final, eso es tan trágico como la situación de Anaya. Y por eso mismo, lo primero que tendrá que ocurrir, como una especie de iniciación para el nuevo Presidente —sea quien sea—, será invertir su capital político de arranque de sexenio en la consolidación de la nueva Fiscalía General, y empujar el nombramiento en el Senado de un Fiscal que, por la sola presión social vista hasta ahora, tendrá que garantizar en serio su autonomía y su desempeño, alejado de los intereses partidistas y, sobre todo, del régimen.

Es indispensable reglamentar los gobiernos de coalición para evitar los frentes electorales sin sustento

Para nadie debiera ser una buena noticia, que en la conformación del Frente Ciudadano por México haya temas sociales de fondo, que hayan sido vetados por los partidos que buscan integrar dicha coalición electoral. Esa es una pésima noticia porque, si bien ya sabemos que las coaliciones electorales sólo sirven para ganar elecciones sin asumir compromisos de mediano plazo, también es cierto que hoy existe ya la figura de los gobiernos de coalición. Al no haber una reglamentación de éstos, pareciera que entonces la propia Constitución sigue alentando las riesgosas coaliciones sin derroteros.

En efecto, a pesar de que parece ir bastante avanzada la negociación entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano para la conformación del Frente Ciudadano por México, hay temas en su discusión que siguen vedados, y prácticamente eliminados de cualquier posibilidad de abordaje. Esos son temas de índole social tales como la discusión sobre el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, el establecimiento constitucional del derecho a la vida desde el momento de la concepción, y otros que si bien no son determinantes para definir el rumbo de una elección, sí son importantes por la trascendencia social que revisten.

En esa lógica, a estas alturas la pregunta ya no tendría que ser si en realidad el PAN o el PRD están dispuestos a transigir —a pesar de la supuesta distancia ideológica que existe entre ellos— sobre temas tan importantes como los antes mencionados, en un momento políticamente tan complejo, como lo es la conformación de una coalición electoral del tamaño y la importancia del Frente Ciudadano por México, sino si en realidad eso mismo harían en el supuesto de que llegaran a ganar la elección presidencial.

Pues es claro que hoy, una coalición de corte electoral es insuficiente, e incluso riesgosa, si se toma desde la perspectiva de que en México ya tenemos innumerables experiencias relacionadas con las coaliciones electorales que terminan siendo desastres de gobierno. ¿Por qué ocurre así? Por un lado, porque las coaliciones electorales no han sido conformadas con la seriedad que revisten las circunstancias, y porque éstas tampoco han venido acompañadas de compromisos concretos que bien podrían traducirse en lo que hoy se conoce como un programa de gobierno, o más concretamente en un gobierno de coalición como los que ya contempla la Constitución.

Más bien, las experiencias conocidas son las de coaliciones electorales que prácticamente se deshacen al día siguiente de que ocurren los comicios, o que se mantienen vigentes únicamente como mecanismos de reparto de las parcelas gubernamentales o de los espacios de poder. Hasta ahora, en ningún caso las coaliciones electorales han evolucionado en programas de gobierno concretos, e incluso tampoco en espacios institucionales y legitimados de concertación entre las fuerzas políticas que, juntas, primero ganaron una elección, y luego también juntas deban afrontar las responsabilidades del gobierno.

Así, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, queda claro que la coalición PAN-PRD que el sexenio pasado llevó a Gabino Cué a la gubernatura, sólo se mantuvo activa en la medida en la que se repartieron algunas de las cuotas de poder de la administración de Cué, y finalmente decidieron dejarlo solo, en una oprobiosa apuesta en la que ni ellos le disputaban más poder del que él les había dado; y por el otro, Cué ejercía el poder sin preguntarle ni consensar con las fuerzas coaligadas porque como éstas ya habían recibido su pago, nada tenían que cuestionarle al entonces gobernador.

 

CASOS OMINOSOS

En esta lógica, vale otro ejemplo. En mayo de 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso un paquete de iniciativas para reconocer el matrimonio igualitario a nivel nacional, y establecer diversas disposiciones relativas al estado civil de las personas que son conexas a la figura del matrimonio. Esta decisión presidencial, abrió una polémica que en realidad tenía varios frentes. Uno era el relacionado estrictamente con la necesidad de discutir esos temas tan importantes y sensibles para la sociedad mexicana; el otro, hacía blanco en el imperativo de que tanto la ciudadanía como los partidos políticos demostraran, ante discusiones como las antes mencionadas, el nivel de civilidad y tolerancia que practicamos y demostramos todos en nuestras relaciones cotidianas.

La iniciativa presidencial era formidable. De acuerdo con aquella fallida iniciativa el matrimonio quedaría definido como “la unión libre de dos personas mayores de edad con la intención de tener una vida en común, procurándose ayuda mutua, solidaridad, respeto e igualdad”.

Con respecto al derecho a adoptar menores por parte de parejas del mismo sexo —cuestión nodal que provoca mayores resistencias y desconfianzas que el matrimonio en sí mismo, lo que refleja clara y flagrantemente la homofobia social porque, se piensa, se pone en riesgo el buen desarrollo del infante, por lo que este derecho suele excluirse de las figuras de “uniones civiles”— la argumentación se apoyaba en lo sentenciado por la SCJN, en el sentido de que negar el derecho a ser adoptado a un niño o una niña por el sólo hecho de la orientación sexual de las personas adoptantes, deriva en una conducta discriminatoria, tanto para ellas, como para el propio niño o niña que pretende ser adoptado, pues se les desconoce su derecho a tener una familia, en el sentido más amplio posible de este concepto, tal como lo ha sostenido nuestro máximo Tribunal en el caso de la adopción por parte de matrimonios del mismo sexo.

Como puede verse, dicha reforma era una de las más trascendentes del sexenio —socialmente hablando— pero fracasó. Fue así porque los partidos opositores no fueron capaces de deponer sus argumentos más radicales para adentrarse en un tema que requería tolerancia, civilidad y capacidad de entendimiento mutuo para sacar adelante una reforma que al menos nos hiciera avanzar parcialmente como sociedad. No hubo forma, y por eso el Presidente claudicó totalmente en la posibilidad de entrar a la discusión de fondo de ese tema.

 

SÓLO DEMAGOGIA

Si esta es una experiencia previa, ¿un posible gobierno de coalición, derivado del Frente Ciudadano por México, tendría los espacios políticos y la civilidad necesaria para una discusión tan trascendente como esa? Queda claro que no. Y ahí comenzarían los fracasos. Por esa razón es importantísimo que exista una reglamentación concreta para los gobiernos de coalición, que tenga como fondo el establecimiento de compromisos mutuos concretos en temas no sólo políticos o electorales, sino en cuestiones ideológicas y sociales tan concretas y emocionales como esas. Mientras no ocurra, todo seguirá siendo demagogia y alianzas para ganar elecciones. Es decir, seguir dando vueltas en círculos sin llegar a nada.

El voto útil panista será clave para la derrota de Anaya (y de López Obrador)

Margarita Zavala se fue sola del Partido Acción Nacional, y eso no debería sorprender a nadie. En descargo de Ricardo Anaya, hoy se sostiene que la renuncia al partido blanquiazul de la esposa del ex presidente Felipe Calderón no implica más que un salto al vacío en sus aspiraciones presidenciales, y que de todos modos el panismo seguirá articulando la considerable estructura electoral que planea combinar con la del PRD. Lo que no toman en cuenta, es que en el umbral de la jornada electoral nadie como los panistas se enfrentarán al dilema del voto útil. Ello, a partir de algunos antecedentes, podría ser lo que cambie el ambicioso destino de Anaya, y del paso el de Andrés Manuel López Obrador.

En efecto, en nuestra entrega anterior apuntábamos que Ricardo Anaya Cortés es al PAN lo que Roberto Madrazo Pintado fue al PRI en 2006. Lo decíamos en lo relativo a cómo en la construcción de la candidatura presidencial priista de aquel año, Madrazo se dedicó a menospreciar, segregar y golpear a todos demás aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido, y cómo al final todos esos factores se terminaron alineando en su contra cuando se tuvo el dilema de la orientación del voto útil, que en la fase previa al día de la elección se establece ya no para la congruencia, sino para llevar al triunfo a alguien, o para provocar que cierto candidato pierda.

Eso fue lo que pasó en 2006 con Madrazo Pintado y el efecto que eso tuvo sobre la primera candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En aquellos años, Madrazo golpeó a prácticamente todos los factores de poder al interior del PRI que intentaban hacerle contrapeso. Madrazo consideraba que a pesar de eso, contaría con el respaldo de los gobernadores emanados del PRI bajo la premisa de que ellos serían los primeros beneficiados de volver a tener un presidente emanado de su propio partido, como era en el pasado.

Quizá Madrazo nunca consideró que ese escenario de la verticalidad priista había muerto en el año 2000 y que por ende no volvería nunca. Por esa razón, cuando llegó el umbral de la jornada electoral —la semana previa—, y los factores de poder al interior del priismo se dieron cuenta que sería imposible ganar, orientaron su voto útil hacia Felipe Calderón. En ello hubo, ciertamente, una razón de pragmatismo político.

Pero también fue producto de una venganza, de un castigo —y del rechazo— de la clase gobernante priista en las entidades federativas, en contra de las prácticas caciquiles, totalizadoras, segregadoras y de sometimiento bajo las cuales, en un contexto de profunda inequidad, el propio Madrazo había construido su candidatura presidencial desde la dirigencia nacional del PRI, torpedeando desde ahí a los demás grupos y haciéndose un traje estatutario a modo de sus necesidades y ambiciones presidenciales.

Acaso, el razonamiento de los gobernadores priistas era simple: teniendo un presidente de su propio partido, ellos mismos terminarían de forma voluntaria con los amplios márgenes de maniobra y de poder que les dejó la alternancia del año 2000. Ellos no serían los que se auto infligirían dicho castigo. Y menos lo harían con un presidente que, como candidato y como dirigente partidista, demostró no tener congruencia, ni honor, ni capacidad de inclusión, pluralidad y autocrítica.

Por eso, en el año 2006 fue la mayoría de los gobernadores priistas quienes impulsaron con mayor ahínco el voto útil orientado a sumarle votos a Felipe Calderón —que hasta unos días antes de la elección presidencial tenía un margen mínimo de desventaja sobre el tabasqueño— y así evitar que ganara el entonces Candidato Presidencial del PRD que era —ya desde entonces— un enemigo común del centro y la derecha en México.

Eso explica en gran medida el resultado electoral de aquel año. Y tiene que ver mucho con lo que podría pasar ahora.

MARGARITA Y EL PAN

Margarita Zavala se fue sola, y dejó al PAN en manos de un Ricardo Anaya que ha demostrado ser un político sin honor, sin palabra y sin capacidad de interactuar con quienes no están de acuerdo con él ni se pliegan inopinadamente a su voluntad. A partir de eso, es cierto que Margarita tendrá que comenzar desde cero la construcción de su propia plataforma política y su estructura electoral, y que eso no le resultará nada fácil. Mientras, Anaya seguirá controlando al Partido (que desde hace años tiene una militancia elitista, que tiene varios lustros sin crecer ni renovarse) y quizá pueda conseguir su codiciada candidatura presidencial. El quiebre vendrá cuando se acerque el momento de la jornada electoral. ¿Por qué?

Porque si el PRI impulsa a José Antonio Meade Kuribreña como candidato presidencial, éste tendrá como misión natural fungir como una bisagra entre el priismo y el panismo que gobernó en los años previos —con él en los gabinetes legales y ampliados, en los tres sexenios—, y como un factor de estabilidad para el sistema político, del cual son actores centrales los gobernadores de todos los partidos.

Ahí es donde Anaya se enfrentará a los demonios que está creando: sin embargo, ya para entonces será muy complicado que logre hacer permear —él, o quien sea su candidato presidencial— una imagen de certeza, inclusión y cumplimiento de compromisos —aspectos que sí garantiza Meade— en medio de la historia a partir de la cual se habría de la candidatura presidencial a través de actos de segregación, de exclusión y de porrismo al interior de su partido.

Por eso, será ahora el panismo quien se enfrente al dilema del voto útil: votar a favor de Meade que representa un punto de equilibrio entre las dos fuerzas, y ofrece certeza en el cumplimiento de los compromisos, y no de un liderazgo anodino y totalitario como el que hasta ahora ha representado Ricardo Anaya. Ese será el verdadero punto de rompimiento de las estructuras panistas, y muy probablemente esa sea la ruta a partir de la cual se desmorone la “estructura electoral” que ahora mismo dice Ricardo Anaya que no se fue con Margarita Zavala.

En el fondo, los procesos electorales no escapan a las circunstancias. Y en México, en las tres últimas elecciones presidenciales, ha quedado claro lo poderoso que puede llegar a ser la orientación de estructuras y el llamado al voto útil.

 

ADVERSARIO COMÚN

¿Qué tiene que ver AMLO en todo esto? Casi nada: Que, de nuevo, el voto útil jugaría en su contra. Como ha sido antes, y como —no hay razón para no pensar— que así será ahora.

Coalición PAN-PRD: vean el desastre de Oaxaca, por alianzas sin contenido

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+ Gobiernos de coalición, necesario normarlos luego de reestructurar al poder

Con toda candidez, las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional, y del de la Revolución Democrática, comienzan a esbozar la posibilidad de generar una coalición electoral rumbo a los comicios presidenciales del año próximo. Lo están haciendo como movimientos internos, pero también lo están haciendo a la vieja usanza. Es decir, pensando sólo en el proceso electoral y no en el programa de gobierno. Por eso, parece que siguen dando pasos sin ver que, al menos en las experiencias estatales, las coaliciones electorales en México han sido, recurrentemente, desastrosas.

En efecto, luego del resultado electoral en el Estado de México, Acción Nacional y el PRD no piensan en otra cosa que la posibilidad de una coalición. El resultado de la votación en aquella entidad, combinados con los resultados de los otros procesos electorales, parecieron dejarles —a las dirigencias de ambos partidos— la idea de que sólo unidos podrán ser competitivos en la elección federal de 2018.

A ello se unieron otros elementos, como el hecho de que el PRD recuperó terreno electoral en espacios que pensaba irremediablemente perdidos gracias a la frescura de su candidato en el Estado de México; o como que comenzaran a circular las primeras versiones sobre la buena competitividad que tendría el PAN si Margarita Zavala fuera su candidata. En cualquiera de los casos, parece que la única ruta que les queda disponible para cuando menos pensar en la posibilidad de hacer un papel decoroso en la elección presidencial, es la de la coalición.

En todo esto hay varios problemas que ya se vislumbran. El primero de ellos es la falta de criterios homogéneos, al interior de esos partidos, para impulsar las alianzas. Otro problema importante es que las respectivas rutas que están impulsando las dirigencias de los partidos no pasan por un proceso previo de la reforma al sistema político para poder hacer viables los gobiernos de coalición. Y un tercer problema, concomitante al anterior, radica en que tampoco están hablando de cuál sería el contenido de esos gobiernos de coalición que estarían impulsando al hablar de alianzas electorales, para poder ir al siguiente nivel de cómo han sido hasta ahora las alianzas electorales en México.

Para entender todo esto, es necesario ir por partes. Pues aunque en el primero de los temas hay declaraciones de las dirigencias nacionales al menos visualizando la posibilidad de alianzas, lo cierto es que esos están lejos de ser criterios homogéneos. En el caso del PRD, por ejemplo, hay más voces discordantes con el Comité Ejecutivo Nacional, que las que están de acuerdo con ellos. Básicamente hay dos razones: la primera, que es la menos recurrida, es la ideológica: hay muchos militantes del PRD que siguen viendo —con toda lógica— la unión con el PAN como una alianza contranatura, y que por ende se pronunciarán en rechazo prácticamente ante cualquier circunstancia.

La segunda razón es la electoral, a partir de la cual no parecen tener claro cuáles son sus espacios naturales para ser competitivos: el PRD estaría sacrificando la candidatura presidencial a cambio de pelear en la Ciudad de México con un candidato propio, acaso desconsiderando a Miguel Ángel Mancera que, con todo lo cuestionado que ha sido, es el mejor prospecto político que hoy tiene el perredismo, y ponderando el escenario del Estado de México, en el que Andrés Manuel López Obrador les ha dado sobradas muestras de ser quien en realidad tiene el control de los niños de votación en la capital del país.

En esa lógica, el panismo tendría un escenario mucho más cómodo, ya que “sacrificarían” a la Ciudad de México —donde tienen una presencia meramente testimonial, que incluso riñe con la casi desaparecida presencia del PRI en la capital del país— a cambio de la candidatura presidencial quizá con Margarita Zavala, que parece la mejor posicionada en las encuestas. Aunque hoy perredistas y panistas digan misa, lo cierto es que la ecuación es a todas luces desigual y desventajosa en diversos puntos para ambos partidos. Y por eso la construcción de una alianza electoral tendría que ser mucho menos simplista y reduccionista de cómo hoy la quieren presentar a la sociedad mexicana.

REFORMAR AL PODER

Hay, además, aspectos aún más complejos. Por ejemplo, para hacer realmente operantes a las coaliciones, antes tendría que haber una reforma profunda al poder para quitarle los candados que hoy tiene respecto a los gobiernos concentrados y de minoría. A nivel estatal, muchos gobernadores han sido electos por coaliciones, que luego no logran sostener un programa de gobierno por la falta de estructuras institucionales para el cumplimiento de esos compromisos conjuntos, tanto respecto a ellos mismos y frente a la sociedad.

Si acudimos al ejemplo de Oaxaca podremos ver que los partidos que llevaron a Gabino Cué al gobierno, intentaron construir un gobierno de coalición que terminó en un desastre. No ha sido el único caso en el país. ¿Por qué fue un fiasco? Porque los compromisos fueron meramente potestativos y porque nadie asumió realmente la necesidad de que esos gobiernos de coalición fueran algo más que las poses que sirven para las fotos y para los discursos sobre los “momentos históricos”.

Es decir, esos “programas de gobierno” no eran sino documentos potestativos e irrealizables, y su falta de cumplimiento no implicaba sanción alguna tanto para los partidos como para los integrantes del gobierno. Por eso, volviendo a Oaxaca, una vez que Gabino Cué llegó a la gubernatura, tomó la ruta fácil de convertir a la administración estatal en un gobierno de parcelas, que discrecionalmente entregó a sus aliados para que ellos hicieran lo que quisieran, mientras él continuó gobernando sobre una estructura vertical e inamovible que le permitió no cumplir la gran mayoría de sus compromisos políticos y democráticos, y aún así tener la posibilidad de terminar cómodamente su administración a pesar de haberse quedado sin el apoyo de sus antiguos aliados, y con una debilitada mayoría legislativa que sólo respondía a sus intereses cuando les era conveniente.

¿Qué tendría que cambiar? Primero, que el propio poder lograra quitarse por lo menos algunos de los visos del sistema presidencial que hace fuerte al Poder Ejecutivo y lo convierte en un espacio de poder inamovible, independientemente de las circunstancias. Como los partidos de coalición no forman parte del gobierno, y éste no depende o de la mayoría, o de la confianza, de los partidos de coalición, entonces los espacios que se les entrega a las fuerzas coaligadas se convierten en verdaderas parcelas. Ahí está el caso de la Secretaría del Trabajo en Oaxaca, fue entregada por Cué como una parcela su aliado, el Partido del Trabajo, y su titular, Daniel Juárez López, incurrió en cualquier cantidad de prácticas indebidas sin consecuencia alguna.

Luego tendrían también que normarse de manera específica los programas y los gobiernos de coalición, para quitarles el velo de lo potestativo y lo no vinculante, y establecer entonces los mecanismos para el establecimiento de compromisos obligatorios y por ende necesarios de cumplir para la permanencia del gobierno de Coalición.

SÓLO SUEÑOS

Por eso, para no hablar sólo de pragmatismo y de coaliciones que sólo tienen como objeto un triunfo electoral, tendríamos que hablar de una verdadera reforma al poder público, como el paso previo a la construcción de candidaturas. Mientras, todos los ensayos no dejan de ser demostraciones concretas de ambición por el poder, y de ganas de sólo ganar elecciones independientemente de cuál sea el precio —o las consecuencias funestas— de éstas.

Con la elección de Edomex se confirma el agotamiento del sistema actual

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+ Deben buscar vías alternas al modelo electoral y a la organización política

A pesar de los números, los triunfalismos y las resistencias, es claro que en la elección del Estado de México sólo hubo perdedores: perdieron los partidos, porque con la descarnada competencia sólo lograron demostrar la ineficacia de las complejas y costosas instituciones y las normas electorales que ellos mismos crearon; perdió el sistema político, porque de nuevo se constató la incapacidad actual para sobrellevar el modelo electoral y de gobierno bajo las condiciones actuales; y una vez más perdió el sistema representativo porque al margen de los “ganadores”, todos los nuevos gobernantes fueron electos por agobiantes minorías. Y sobra decir que también perdió la ciudadanía.

En efecto, en los comicios del Estado de México, Coahuila y Nayarit hubo un común denominador: la baja competitividad real de los candidatos ante el universo total de ciudadanos votantes, y la complicada forma de lograr una victoria en un ambiente polarizado y atomizado, en el que cada vez es más difícil creer en la legitimidad de los resultados, gracias al enorme abuso de las prácticas ilegales para influir en el resultado de la elección.

En esa lógica, habrá que repensar bajo qué lógica se intentará realizar la elección presidencial de 2018 a partir de varios modelos que, al mismo tiempo, están alarmantemente agotados. Uno de ellos, es el modelo de la democracia representativa bajo la lógica del voto universal, libre, secreto y directo como mecanismo de elección de las autoridades; otro, es el del modelo presidencial en sus condiciones actuales; uno más radica en el modelo sexenal bajo el cual gobiernan los presidentes y gobernadores en México; y uno más, es el identificado con la partidocracia, que se sigue revelando como el núcleo insaciable que no respeta los límites ni las normas que ellos mismos crearon para definir los procesos democráticos.

Ante todo ello, queda claro que el agotamiento del modelo es sistemático en México. Pareciera, pues, que todo el sistema camina bajo rieles llenos de inestabilidad y riesgos de descarrilamiento a partir de la resistencia a algunas formas que ya deberían estarse discutiendo. Una de ellas, por ejemplo, tendría que estar encaminada a revisar la actual inestabilidad de los gobiernos de minoría, que ha habido en México durante los últimos tres sexenios.

Pues resulta que esa, que es una característica básica de todo sistema presidencial, en México no ha logrado sino generar parálisis y problemas de gobernabilidad y civilidad entre las fuerzas políticas. Los últimos tres presidentes mexicanos han gobernado con Congresos que no tienen una mayoría definida —es decir, que son plurales—, y que aún teniendo una mayoría simple —como ha sido el caso de Peña Nieto en las dos Legislaturas de su gestión— son insuficientes para dotar de certidumbre al gobernante para llevar a cabo su programa de gobierno —en el caso de tenerlo.

En México tendría que haber una discusión sería no sólo con relación a la segunda vuelta electoral como un mecanismo de legitimación de los gobernantes, sino sobre todo respecto a la necesidad de normar y llevar a la práctica los gobiernos de coalición, incluso si con ello tuviera que virar el modelo hacia un sistema semi parlamentario en alguno de sus rasgos. ¿Por qué es importante esto?

Porque a diferencia de las coaliciones electorales —de las que hemos visto muchas en México, y que sabemos perfectamente que no sirven para nada más que para ganar elecciones, aunque después se conviertan en un caos y se vuelvan contraproducentes a los resultados esperados por la ciudadanía—, las coaliciones de gobierno implican el establecimiento de compromisos y programas por cumplir.

El mecanismo que falta por establecer en la Constitución —porque la figura de los gobiernos de coalición ya existe, aunque en un marco muy laxo aún— es el relativo a qué se gana o se pierde al cumplir o incumplir con los compromisos del gobierno de coalición. En los sistemas parlamentarios, la ruptura de un gobierno de coalición trae como consecuencia la pérdida de mayoría parlamentaria al gobernante, y el riesgo de tener que convocar a nuevas elecciones.

Sin embargo, por la naturaleza misma del sistema presidencial, el Presidente goza de estabilidad en el cargo independientemente de que tenga mayoría o minoría legislativa, incluso como ha sido el caso de los tres últimos presidentes mexicanos que han gobernado con congresos mayoritariamente opuestos a su causa política.

SISTEMA AGOTADO

Todo eso revela que podría estar agotado el modelo del sufragio directo para elegir gobernantes. Esto es, que para elegir sólo se vota una vez y no hay posibilidad de convalidación para que el gobernante asuma con una mayoría definida. Es tal el caso de la segunda vuelta.

No obstante, lo que ocurre en México —y que quedó claro con la elección del domingo— es que cada vez votan menos personas —en el caso del Estado de México la votación fue de alrededor del 62 por ciento del universo votante—, y que de ese número relativo de votos todavía son menos los que terminan eligiendo a un gobernante. Así, por ejemplo, Alfredo del Mazo fue electo con menos de tres de cada diez votos posibles en la entidad que ahora gobernará. Y lo que eso revela es que paulatinamente se van haciendo minorías más concentradas las que eligen a un gobernante, dejando tras de sí una estela natural de ilegitimidad y enojo entre la ciudadanía, porque fueron más los que en conjunto votaron en contra que quienes terminaron eligiendo al gobernante.

Esa situación hace que también esté agotado el modelo sexenal, que irremediablemente debería cambiar en el corto o mediano plazo, pero que es de lo que menos aguanta del actual modelo. Pues tanto en el caso de Fox, como de Calderón y hoy de Peña Nieto, queda claro que su ilegitimidad electoral de origen rápido se combina con el desgaste natural de su gobierno, y por eso llegan a las elecciones intermedias sólo a perder la escasa comodidad legislativa que pudieron tener —en el mejor de los casos— en la primera mitad de su gobierno.

A partir de entonces, los tres presidentes se han dedicado a ser casi cadáveres políticos que se dedican únicamente a sumar pasivos políticos, descrédito, inconformidad ciudadana y, lo más importante, incapacidad para seguir gobernando dentro de los márgenes aceptables. Por eso, en el caso más reciente, Peña Nieto lleva dos años pululando únicamente administrando la crisis de su gobierno. Y mientras no cambie el modelo, quien sea el Presidente seguirá padeciendo exactamente de los mismos problemas, porque a estas alturas queda claro que el problema no sólo es el gobernante —y sí, aceptémoslo, Peña Nieto ha sido un Presidente desastroso, incluso a pesar de que de sus dos últimos antecesores no se puede decir algo muy distinto— sino que sobre todo el problema es el modelo.

RELEGITIMAR LA DEMOCRACIA

Por eso, con seriedad habría que pensar en mecanismos alternos para relegitimar la democracia, que se sigue desgastando aceleradamente por la falta de moderación de los propios partidos. Los mecanismos ya existen. No se trata de descubrir el hilo negro. Sólo falta que exista la voluntad de la partidocracia para deponer su voracidad y prestarse al cambio urgente que necesita el poder público para renovar su viabilidad.