+ Congreso del Estado: un ente sin rumbo definido
Los diputados de la LX Legislatura del Congreso del Estado, bien podrían ser como aquel personaje de la televisión que “como dice una cosa, dice otra”. Hace apenas cinco meses, el bloque de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, y Acción Nacional, movidos no se sabe por qué grupo fáctico de poder, votaron una reforma constitucional que “consolidaba” el derecho a la vida. Hoy, sin embargo, pretenden modificar otro artículo de la Constitución local, el 29, para establecer entre los principios de la organización política, que Oaxaca es un estado “laico”, y hacer enmendar su “casta” juarista.
Esas decisiones, tomadas desde el Congreso y respaldadas por el Ejecutivo, lejos de dar muestra de patriotismo, laicismo, de vocación por la vida o de preocupación por la reafirmación del principio histórico de la separación de la Iglesia y el Estado, lo único que denota es su falta de sustento como legisladores, la dominación de decisiones “políticamente correctas” como esa y muchas otras que han tomado en los últimos dos años, y la ausencia de un rumbo definido —que por el momento se encuentra en sus manos— para el Estado. Sus incongruencias, y su desfachatez, no tienen límites.
Hace apenas cinco meses, el 9 de septiembre de 2009, la LX Legislatura del Estado aprobó, por una amplia mayoría, una reforma al artículo 12 de la Constitución local, en la que se estableció que en Oaxaca “se protege y garantiza el derecho a la vida”, y que “todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural”.
¿Qué significaba esa reforma? Fue, sin dudas, el establecimiento de un candado para que en la entidad no se legisle en materia de despenalización del aborto; y también fue un claro mensaje de rechazo a diversas políticas y proyectos legislativos a través de los cuales el PRD y las fuerzas de izquierda, han tratado de cambiar algunos de los paradigmas más conservadores en entidades como el Distrito Federal, y que podrían reproducirse en el interior de la República.
Sin embargo, es bien sabido dentro del Congreso del Estado, que dicha reforma al artículo 12 constitucional, fue lograda gracias al arreglo habido entre el grupo gobernante y ¡la Iglesia Católica!, no sólo para tratar de atajar el camino a las fuerzas de izquierda, sino también —en el caso del grupo gobernante— para congraciarse con los grupos eclesiásticos que antes habían criticado duramente las decisiones del Gobierno del Estado, y habían simpatizado con los grupos políticos y de lucha social, opositores al PRI y al gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
El problema es que el encargado de materializar dicho pacto, fue el Congreso del Estado. Eso fue lo que hicieron el miércoles 9 de septiembre, cuando la diputada panista Perla Woorlich Fernández presentó en tribuna, una iniciativa de reforma constitucional que había sido elaborada por los asesores de la bancada priista. Esa propuesta contenía la modificación del artículo 12 en los términos antes señalados. Y al votarse, en la fracción priista no aceptaron ninguna disidencia, y todos, azules y tricolores, se pronunciaron a favor de esa modificación que, en realidad, fue pactada entre el Estado y la Iglesia Católica.
¿MUY JUARISTAS?
Así, ¿cómo queda quien ayer pactó con Dios, y ahora quiere refrendar su vena juarista? Queda, por decir lo menos, como un mentiroso. Y, sobre todo, como un obtuso. Son los mismos diputados, de la misma Legislatura que ayer coronaron un deseo de la Iglesia Católica, los que hoy pretenden “consolidar”, de nuevo, una reforma que refrende el laicismo del Estado en Oaxaca y que haga manifiesta la separación de la Iglesia y el Estado.
¿Cómo puede tomarse esto? Primero, como la más absurda de sus incongruencias, dados los antecedentes inmediatos de lo que ha realizado, en ese sentido, la presente Legislatura. Y, segundo, como una reiteración meramente coyuntural, que es innecesaria, y que revela la mezquindad de los legisladores y del grupo político al que pertenecen. Veamos por qué.
Hace unas cuantas semanas, las fracciones parlamentarias de los partidos de izquierda en la Cámara de Diputados federal, presentaron una iniciativa de reforma al artículo 40 de la Constitución de la República, para establecer la laicidad del Estado mexicano; para sustentar su propuesta, argumentaron la excesiva injerencia que hoy tiene la Iglesia en los asuntos políticos del país, y la necesidad de remarcar los límites que el Estado impone a las organizaciones y grupos religiosos. Citaron como ejemplo, justamente la injerencia católica en las reformas constitucionales antiaborto, que han ocurrido en por lo menos 18 entidades federativas, incluyendo Oaxaca.
Es evidente que, si tomamos en cuenta esto, lo que hoy están tratando de hacer los diputados oaxaqueños, es seguir un asunto meramente coyuntural. Sólo que carecen de toda calidad moral para siquiera abordar un asunto de ese tipo: ellos mismos, parecen estarse imponiendo candados y reprobaciones, por lo que hicieron hace cinco meses. ¿Muy laicos? Digan lo que digan “a favor de la vida”, esa laicidad no la demostraron hace cinco meses, cuando atendieron el interés de la Iglesia por reformar el artículo 12 de la Constitución local.
Además, una reforma de ese tipo sería innecesaria: la laicidad, aún en la Constitución federal, está garantizada por los artículos 3, 24 y 130, que tienen observancia en toda la República mexicana, que garantizan la no injerencia de la religión en los asuntos del Estado, y que imponen a al poder público como un ente superior a cualquier organización de tipo religioso. Además, la legislación de esa materia es exclusiva del orden federal.
Así, los diputados de Oaxaca podrán establecer, si quieren, la laicidad entre los principios en que se funda la organización política del Estado. Sólo que ni eso, ni ningún otro acto de simulación, será suficiente para garantizar la independencia del Estado, mientras ellos mismos sigan respondiendo con sumisión a intereses y decisiones que, sólo demuestran lo disminuido de su juarismo e independencia como legisladores.
¿LEGISLAR POR PACTOS?
Las reformas antiaborto eran una demostración del pacto PRI-PAN a nivel nacional. ¿Estas nuevas iniciativas pro laicidad son signo del divorcio entre esas dos fuerzas políticas? Es altísimo el riesgo de legislar a nivel constitucional en base a pactos e intereses mezquinos, como los que demuestran nuestros representantes populares.
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