+ Juanito, ahora priista; ¿Esperan ganar algo con lastres?
Han pasado exactamente cuatro años, desde que el gobierno estatal realizó aquel fallido operativo de desalojo, que desató la furia magisterial y provocó un conflicto social y político de grandes magnitudes en Oaxaca. Para mal de todos, la oportunidad de cambio que significó aquella crisis, se perdió en medio de una cadena interminable de intereses que, en conjunto, buscaban el inmovilismo. Sin embargo, esa pasividad no podrá ser eterna, y desde ahora, quienes aspiran a cargos públicos, deben entenderse no sólo como representantes populares, sino como potenciales agentes políticos de cambio.
¿De qué hablamos? De que, dejando de lado los simplismos, parece claro que el conflicto magisterial y popular de 2006 significó no sólo la escalada de violencia y choque entre grupos políticos, sino también una oportunidad inmejorable, a partir de la cual se pudieron haber sentado las bases de un cambio sólido en las estructuras jurídicas y sociales en que se fundamenta el ejercicio del poder.
Sin embargo, éste último parece un tema vedado entre quienes hoy buscan cargos públicos en la entidad. Todos, hoy, en medio del proceso electoral se lanzan recíprocas acusaciones respecto a la responsabilidad por el conflicto magisterial, por las escaladas de violencia, y por los desmanes y destrozos que se provocaron al calor del enfrentamiento; todos, en realidad cargan con la responsabilidad de los cambios políticos y jurídicos que se negaron a provocar en Oaxaca.
Si se recuerda, hace cuatro años, los grupos que encabezaron la revuelta, exigieron al gobierno federal, y al de Oaxaca, el cese de las prácticas antidemocráticas, del ejercicio excesivo del poder, de la opacidad en el manejo de los recursos, y de la falta de rendición de cuentas; y argumentaron, también, que era urgente la necesidad de que las leyes locales contemplaran mecanismos más eficaces para controlar al poder y los gobernantes, y para hacer más democráticas y consensadas las decisiones gubernamentales que afectarían a la mayoría. Eran, en resumen, banderas que exigían democracia, equilibrios, transparencia, rendición de cuentas, y causas más específicas, como la inclusión del referéndum, el plebiscito y otras figuras de control, en el marco jurídico local.
Todos esos cambios democráticos bien pudieron haber ocurrido al calor del 2006. Fue entonces, como nunca antes, que la sociedad no sólo oaxaqueña, sino de todo el país, se encontraba altamente concientizada sobre la urgencia de esos cambios democratizadores en una entidad tan atrasada como la nuestra.
Habría sido ese el momento perfecto para que los grupos que encabezaban la revuelta social, se lanzaran también a consolidar esos cambios en el marco jurídico, y dejarlos no sólo como la consolidación de un triunfo presente, sino también como un legado trascendental para el futuro.
Incluso, el propio grupo gobernante en Oaxaca pudo haber sido el impulsor real de algunas de estas banderas. Y si algo como eso hubiere ocurrido, se habría consolidado en la entidad una suerte de transición democrática, que no necesariamente tendría que haber pasado —porque no es una regla, y tampoco es un requisito indispensable— por la alternancia de partidos en el ejercicio del poder.
Lamentablemente, este no fue el interés real del conflicto magisterial y popular de 2006. A pesar de todos los argumentos de la Sección 22, éste sindicato se replegó una vez que consiguió sus demandas salariales; la APPO nunca tuvo el potencial como para articular una propuesta seria de reformas legales; y el gobierno estatal no hizo más que tomar la bandera para “cumplirla” sólo en el marco de lo aparente.
Hoy, la llamada “reforma del Estado” no es sólo más que una apariencia dizque democrática, a través de la cual el grupo gobernante simplemente congeló la discusión sobre los cambios necesarios. Sin embargo, como lo apuntamos al principio, el inmovilismo no puede ser eterno. Y por eso, si los hoy aspirantes a diputados desean adquirir un compromiso verdadero con Oaxaca y dejar de lado la demagogia que los envuelve, deberían tener en su conciencia algo más que las propuestas fatuas de siempre.
¿POSIBILIDAD DE CAMBIO?
Salta a la vista, el predominante bajo perfil de quienes aspiran a integrar la próxima Legislatura del Congreso del Estado. Se ha vuelto una práctica común, que casi en la totalidad de los casos, los partidos políticos prefieren los liderazgos sociales a los cuadros preparados, en el momento de plantear sus postulaciones. Salvo unas cuantas excepciones de candidatos ordenados y bien preparados, el Poder Legislativo del Estado corre el riesgo de continuar siendo una entidad gobernada por los asesores, por las injerencias del Poder Ejecutivo, y por las estruendosas reyertas entre diputados, que son escandalosas, pero que aportan nada al verdadero debate legislativo.
Ese parece ser el caso del priismo, que tendrá mayoría en la próxima Legislatura. Porque al hacer la revisión puntual de cada uno de sus 25 candidatos a diputados locales, podremos encontrar que, salvo uno o dos casos, los abanderados tienen poquísimas posibilidades de aportar seriedad y altura al Poder Legislativo.
Seguramente, los dos polos se encuentran en César Rivera Beltrán y Martín Mathus Alonso; porque mientras el primero tiene una dudosísima reputación, y una carrera política basada en la compra de cargos y postulaciones, el segundo es, sin duda, un sólido cuadro priista —el único de los candidatos con grado de doctor, y vasta experiencia en el sector público— que ha hecho una campaña ordenada y basada en propuestas. Seguramente, ambos llegarán al Congreso aunque con distintos grados de conciencia sobre la importancia de su labor legislativa.
Todos deberían tener claridad sobre su potencial como agentes de cambio. Es lamentable que el Legislativo sea un poder domado, carente de propuesta y sentido, y predominantemente entendido como un órgano de “levantadedos”. En ellos está la responsabilidad de generar las condiciones de una transición. ¿Tendrán conciencia, o seguirán siendo parte, todos, de la demagogia? Pronto lo sabremos.
LAMENTABLE
¿A quién se le habrá ocurrido el disparate de traer a Rafael Acosta Ángeles, Juanito, a pronunciarse a favor del PRI y su candidato a Gobernador? Un personaje exhibido, obtuso y vilipendiado, para nadie decoroso es una buena compañía. No se ayudan.
almargen@tiempoenlinea.com.mx
almargenoaxaca.wordpress.com
Yo creo que mas que cuatro años, es toda su lucha desde hace mas de veinte…