AL MARGEN || Alejandro Murat: la ruta posible después del 30 de noviembre

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Más que para ser candidato presidencial, Alejandro Murat Hinojosa tiene marcada la ruta rumbo a la dirigencia nacional del PRI, una vez que termine su periodo como Gobernador de Oaxaca. Las circunstancias políticas nacionales, las de su partido y las del oficialismo morenista, parecen estarle generando un panorama favorable para consolidarse como un impulsor del diálogo nacional que, hoy, está ávido de consensos pero que está inundado de polarización y señalamientos. El Mandatario tendrá que jugar sus cartas con habilidad e inteligencia para no terminar avasallado por las discordias que hoy empantanan a la política en México.

En efecto, Murat Hinojosa terminará su periodo como Gobernador el 30 de noviembre, pero entre el domingo próximo —día de la jornada electoral— y esa fecha pueden ocurrir muchas cosas. En el escenario local, la elección de su sucesor marcará la recta final de su administración. Gane quien gane, Murat tendrá que comenzar formalmente el proceso de desincorporarse del poder público en la entidad, y de preparar la entrega de la administración estatal. Lo que aquí en Oaxaca pueda ocurrir en términos electorales ha sido largamente previsto, y por eso un resultado electoral atípico sería casi imposible. Más bien, lo que Murat no parece dejar de ver es el escenario nacional, que cada vez luce más enrarecido y con menos posibilidades de consensos entre los actores actuales.

En ese sentido vale la pena revisar lo que pasa no sólo en el priismo nacional, sino también en las principales fuerzas opositoras al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en Morena mismo. Vayamos por partes. Pues en el lado del tricolor, es evidente que el escenario se le descompone cada día más al dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas. No sólo por el hecho de que no parece posible que gane una sola de las seis gubernaturas que estarán en juego el domingo próximo, sino porque si alguna vez tuvo algún acuerdo con el presidente López Obrador, éste quedó atrás. 

Hoy, además de no tener un escenario electoral halagüeño —y recordemos que siempre las evaluaciones de los líderes partidistas son los resultados electorales—, Moreno Cárdenas sufre una metralla sostenida de ataques y filtraciones provenientes de su natal Campeche pero que tienen como evidente origen el gobierno federal. La gobernadora Layda Sansores se ha dedicado a lo largo de las últimas semanas a exhibir grabaciones de conversaciones —obtenidas ilegalmente— entre Moreno Cárdenas y diversos personajes, en donde habla de extorsiones a proveedores, de cómo obtener financiamiento ilegal para campañas electorales e incluso de “cómo se debe tratar” a los periodistas.

La razón es evidente, igual que la ya conocida venganza presidencial: Moreno Cárdenas encabezó la oposición tajante que mandó al basurero la iniciativa de reforma constitucional relativa a la industria eléctrica, y ante la presión lopezobradorista endureció sus posiciones. El todavía Dirigente Nacional del PRI dejó la postura tradicional de centro izquierda del PRI y en los últimos meses ha venido coincidiendo y transitando al lado de las posiciones más intransigentes de la ultraderecha mexicana, que son las que se encuentran en la posición exactamente contraria a los ultramorenistas que cada día ganan más presencia e influencia política en el ánimo presidencial.

A ese polo de la ultraderecha se tuvo que ceñir Alejandro Moreno para hacerse fuerte en su oposición a las reformas del Presidente. No queda claro si al hacerlo verdaderamente rompió algún pacto previo con López Obrador; o si en el afán de generarse una imagen de líder opositor terminó perdiendo la posición intermedia que siempre había tenido el priismo respecto a todas sus fuerzas políticas contrarias. 

Lo cierto es que independientemente de cuál sea la razón, hoy Moreno Cárdenas se ve más cerca de la oposición más pertinaz a la que, valga decirlo, el Presidente ubica no en el PRI sino en el PAN, y a la que está decidido a no darle tregua. Y a la par de eso, perdió toda capacidad de interlocución con todas las demás fuerzas y posiciones que no están en los extremos de la polarización nacional.

ABRIR EL DIÁLOGO 

Es muy probable que Movimiento Ciudadano transite solo hasta la elección presidencial. Tratará de cultivar la imagen del alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas para convertirlo en candidato presidencial; y justamente intentará ser la fuerza política que aglutine a todos sectores de la política y de la población en general, los que no están ni a favor de las posiciones radicales del Presidente, pero que tampoco coinciden con la ultraderecha, que hoy parece estarle ganando la partida a las posiciones moderadas dentro del PAN. 

Ese mismo es el reto que tendrá Alejandro Murat, pero desde la sede priista, si finalmente Moreno Cárdenas no pasa la aduana del 5 de junio como dirigente, y termina de perderse entre la ira presidencial y su descrédito como interlocutor con todas las fuerzas políticas y no sólo con el PAN. A diferencia de Moreno Cárdenas, Murat ha sido constante y cuidadoso en el llamado permanente al diálogo entre todas las fuerzas políticas. No se cerró ante la posibilidad de dialogar respecto a la iniciativa de reforma eléctrica y ha evitado chocar frontalmente con el Presidente incluso cuando han tenido posiciones discordantes. Sabe que vale más como interlocutor y como ente dialogante, que asumiendo una posición como la que hoy tiene al país sumergido en el desencuentro permanente.

A Murat se le va a combinar el escenario catastrófico de su partido —que quedará sólo con dos gobernadores priistas— con la posibilidad de pervivir en la política para los próximos años como dirigente nacional. No quedan tantas cartas al interior del priismo como para pensar en un abanico de posibles sucesores. Y en la política activa no quedan muchos priistas que puedan devolver a ese partido al centro izquierda del que inopinadamente lo sacó Moreno, para tratar de sortear —fallidamente— la turbulencia a la que está siendo sometida su dirigencia, y a los malos resultados electorales que se le auguran.

Por eso, casi por exclusión, el destino más asequible para Murat Hinojosa será el de asumir la presidencia nacional de su partido, quién sabe si después del 30 de noviembre, o antes. Es un priista que, al igual que el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, mantiene una interlocución sana con el Presidente; es un personaje al que la edad —46 años— le juega a favor; y que está llegando al final de su periodo como Gobernador en una coyuntura que muy probablemente le permita seguir activo en la vida política. Tendrá que cuidar el final de su administración, y orientar sus posiciones políticas hacia un diálogo alejado de los extremos y los ultras que tanto enrarecen día a día el panorama político nacional.

EPITAFIO 

Ayer le gritaron “Presidente”. Y lo será, pero de su partido, para construir desde ahí la ruta priista hacia el 2024… porque Roberto Madrazo legó al priismo en 2006 el imperativo de que nunca más una candidatura presidencial fuera construida desde la presidencia nacional del Partido. 

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AL MARGEN || Aún con un posible triunfo de Morena Oaxaca seguirá en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hoy se cumplen 15 años de la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sin que hasta el momento existan indicios sobre su paradero y los autores del hecho. Aunque es un acontecimiento que hoy pasa casi inadvertido por el largo silencio que han guardado los movimientos armados en los últimos años, Oaxaca sigue representando un punto relevante en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad. 

En efecto, el contexto de los movimientos sociales no sólo no ha mejorado en los últimos años en Oaxaca y en el país sino que discretamente empeora; y no importa quién gane la gubernatura, porque de todos modos el clima nacional de polarización jugará en contra de cualquiera que se convierta en Gobernador de Oaxaca.

Y es que hoy vemos una carrera por la gubernatura en la que los partidos y candidatos parecen completamente ajenos a los movimientos sociales. Apenas en 2006, Oaxaca sufrió una enorme explosión de inconformidades sociales en las que se combinaron diversos factores, organizaciones y movimientos que dieron como resultado la creación de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, así como a largos y aciagos meses en los que la gobernabilidad quedó en manos de los grupos inconformes. 

En aquel movimiento participó toda una pléyade de organizaciones, las cuales fueron desde el magisterio de la Sección 22 del SNTE hasta organizaciones armadas como el Ejército Popular Revolucionario en su faceta —y así reconocieron la participación de los dos eperristas desaparecidos, en un comunicado fechado en el estado de Hidalgo el 12 de junio de 2007— de luchadores sociales. 

Hoy habría que preguntarse hacia dónde se han movido esos grupos de presión en los últimos 15 años. Pues si bien hay algunos —como el magisterio oaxaqueño— que hoy gozan de redituables acuerdos políticos y económicos con el gobierno lopezobradorista, también es cierto que otro amplio conjunto de organizaciones más radicales no sólo no ha tenido acuerdos con el gobierno, y que incluso se han alejado cada día más de la simpatía hacia López Obrador. La cordialidad que hubo en otro tiempo entre el eterno candidato de la izquierda mexicana y las organizaciones más contestatarias se rompió cuando el hoy Presidente decidió anclar su gobierno a la predominancia de las fuerzas armadas. Y el problema es que muchas de esas organizaciones tienen su asiento, o cuando menos una presencia importante en Oaxaca.

El EPR es ejemplo de ello. Aunque no es una organización armada con origen en Oaxaca, su presencia en la entidad sí ha sido determinante en las últimas tres décadas para sus acciones armadas. Desde los ataques en La Crucecita y los Valles Centrales en la década de los noventa, hasta su participación en la revuelta popular de 2006, el EPR ha dejado ver su interés constante en Oaxaca porque varios de sus fundadores son de origen oaxaqueño, y comenzaron su actividad política —antes de pasar a la clandestinidad— en hechos como el conflicto universitario de la UABJO en 1977, aunado a que Oaxaca siempre ha tenido una conflictividad social que roza la posibilidad de conformación de movimientos armados. 

A la par, no se debe pasar por alto que aquí conviven, con distancias naturales, organizaciones potencialmente armadas con otras de vocación por lucha social que tienen diversas finalidades e ideologías, y que no todas —de hecho, muy pocas de ellas— siguen los intereses del sector aparentemente mayoritario en el movimiento popular, representado por el magisterio de la Sección 22. 

TOMAN DISTANCIA 

En el más reciente número de El Insurgente (Año 26/No. 216/mayo 2022), órgano de análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, se hace un duro análisis en contra del régimen federal actual, que concluye con la idea de que el escenario de impunidad en contra de acontecimientos como la desaparición de los eperristas, no cambiará en el gobierno de López Obrador.

“Desde el Estado mexicano —apunta el EPR— siempre se ha establecido la tesis de que en el fenómeno de la desaparición forzada en México la delincuencia organizada es la responsable, bajo dicho argumento en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se justificó el terrorismo de Estado. En la actual administración es el mismo argumento, con ello se justifica y se da carta blanca para el cometido de más crímenes de lesa humanidad, éstos tienen hoy la expresión de prácticas del terrorismo de Estado por todo el país”.

Y frente a la realidad de que la estabilidad del gobierno de AMLO está afianzada en las fuerzas armadas, el análisis eperrista concluye: “La lógica del proceder de la actual administración es fácil de comprender, en tanto que el ejército es la columna vertebral del Estado mexicano, será muy difícil que su cúpula estratégica y el mando táctico sean enjuiciados por crímenes de lesa humanidad (…) Si se parte de que la presente administración se autopresenta como progresista y defensora del pueblo ¿Por qué se asume la política de gobierno que da continuidad a la violencia de clase contra el pueblo? Miles de víctimas de dicha violencia aun esperan justicia, por lo visto ésta no llegará en esta administración.”

Hasta hoy, todos los que participan en política parecen ajenos a este problema, a pesar de que esto representa una realidad ineludible: las organizaciones de la lucha social más codiciosos se fueron a pactar con López Obrador. La Sección 22, y su desmovilización actual, son prueba plena de ello. 

Pero los grupos más radicales no sólo no están coincidiendo con el gobierno federal; más bien se están alejando de él. Y eso constituye un problema de gobernabilidad para los años futuros para la entidad, que siempre ha sido un epicentro natural y caja de resonancia de las organizaciones sociales.

¿Salomón Jara o Alejandro Avilés podrían gozar de la gobernabilidad y la aparente paz social que ha habido en Oaxaca en los últimos años? Evidentemente, no. Los años de gracia que las organizaciones y el movimiento popular le han dado al gobierno de López Obrador se están agotando. No en vano éste incrementa todos los días la capacidad de fuego de las fuerzas armadas —con el ejército en las calles, disfrazado de una Guardia Nacional civil— y radicaliza sus posiciones para agradar a sus bases, aunque con ello termine dejando fuera a los grupos más radicales.

La desaparición de los dos eperristas en el contexto de la continuada lucha social en la región sureste del país, debería ser al menos un recordatorio de que en la entidad no sólo no hay nada resuelto, sino que quien asuma la gubernatura para los próximos años tendrá que enfrentar, in situ, el resultado de la olla de presión en la que hoy están sumergidas las organizaciones sociales que se sienten defraudadas por el régimen lopezobradorista.

EPITAFIO 

¿Uso de servidores públicos en campañas electorales? Del lado local muchos lo hacen con atribulados servidores públicos de confianza que hoy sirven como matraqueros, obligados por la presión del condicionamiento del empleo. Del otro, viene el mismísimo Secretario de Gobernación a hacer campaña. Unos no justifican a los otros. Todos juntos, al final, pisotean los principios mínimos de la equidad electoral.

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¿Cuándo volverá Gabino Cué a Oaxaca?

Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Si la inercia de las preferencias electorales en Oaxaca continúa su curso, no pasará mucho tiempo antes de que veamos el regreso —personal y político— de Gabino Cué Monteagudo. Aunque hoy todos lo disimulan, lo cierto es que indirectamente Cué fue uno de promotores protagónicos de la fundación y crecimiento del ahora partido gobernante denominado Morena. Por eso, de ganar el morenismo la gubernatura, no será raro que en los años siguientes —2024 es el checkpoint electoral más cercano— volvamos a ver al exgobernador incluso regresando a la vida pública y a la política activa. 

En efecto, hasta ahora ni el candidato morenista a la gubernatura del Estado Salomón Jara, ni el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pueden negar —y no lo han hecho— que en la entidad el movimiento social convertido en partido político guinda fue estimulado desde el poder oaxaqueño. En aquel entonces —en el año 2014, cuando se fundó Morena— el gobierno y los recursos estatales estaban en manos de Cué Monteagudo como Gobernador, y éste dio su anuencia para que desde la esfera gubernamental se fomentaran los trabajos relacionados con la obtención del registro como partido político. 

De hecho, hoy en día se le ha tratado de cuestionar a Salomón Jara por su gestión como titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa) durante los primeros años de la gestión de Cué como Gobernador. Las acusaciones por presuntos desvíos de recursos en Sedafpa durante la gestión de Jara, detectados por los órganos de fiscalización estatal y federal, por un monto superior a mil millones de pesos, se han utilizado más con fines políticos que con verdadero sustento legal.

Y es que independientemente de las intenciones políticas negativas contra Jara —a las que incluso se montó la ex contralora de extracción panista Perla Woolrich Fernández, argumentando que ella renunció a ese cargo cuando el entonces Gobernador Cué le pidió omitir investigaciones en contra del ahora abanderado morenista por el manejo presupuestal en Sedafpa—, lo cierto es que más allá de las acusaciones verbales, hasta el día de hoy ninguno de los candidatos a Gobernador ha podido comprobar que existe aún alguna investigación abierta tanto en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, como en la Auditoría Superior de la Federación, que tenga conclusiones incriminatorias en contra de Jara, como posible responsable de la malversación que se acusa.

Y lo cierto es que, tanto desde el oficialismo federal, como de la actual administración estatal, el trato a Gabino Cué ha sido discretamente de privilegio. A pesar del atropellado final de su administración —y de que entre sus propios ex aliados en Oaxaca se le acusa de haber “entregado” a varios funcionarios de su administración, a cambio de que el gobierno de Alejandro Murat no lo molestara a él y a su primer círculo, entre los que figuraban Jorge Castillo Díaz y Alberto Vargas Varela, entre otros—, lo cierto es que durante los cinco años y medio del gobierno que lo sucedió —el actual, que está a escasos meses de terminar—, a Cué no se le ha involucrado en asunto judicial alguno. 

Acaso el único asunto judicial por el que fue llamado a declarar ante el Ministerio Público Federal fue por el operativo de Nochixtlán de junio de 2016; y ello fue consecuencia de la eficaz defensa jurídica de algunas de las víctimas del operativo, pero no de una acción emprendida por la Fiscalía o autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca. Pero fuera de eso, a Cué no se le ha tocado ni con una foja de alguna carpeta de investigación, y se prefirió dejar impune toda su gestión gubernamental, que socialmente sigue siendo por demás cuestionada.

LEALTAD PRESIDENCIAL 

Andrés Manuel López Obrador ha demostrado ser leal con quienes lo ayudaron. Sólo a través de esas lealtades se entiende el empecinamiento presidencial por convertir en Gobernador de Puebla a Miguel Barbosa Huerta, o de impulsar al llamado “toro sin cerca” Félix Salgado Macedonio como Gobernador de Guerrero, e incluso maniobrar para la postulación de su hija cuando la autoridad electoral le retiró el año pasado la candidatura por omitir reportes relativos a sus gastos de precampaña. Si lo vemos con perspectiva, Gabino Cué fue otro de los personajes que, igual que Salgado, Huerta y varios más, respaldaron la creación de Morena cuando pocos creían que AMLO podía recuperar su popularidad y ganar una tercera elección presidencial. Incluso, la relación con Cué va más allá de todo eso. ¿Por qué? 

Porque la relación personal y política de AMLO y Gabino Cué es mucho más añeja que con algunos de los personajes que hoy ha encumbrado el morenismo en varias entidades federativas. Cué perdió su primera elección de Gobernador en agosto de 2004, y comenzó un movimiento de resistencia social en la entidad que hoy es visto como un vestigio arqueológico de lo que luego emprendió López Obrador en 2006 en la capital del país, cuando acusó que Felipe Calderón y el PAN le habían robado el triunfo en la elección presidencial. 

Luego de retirar el plantón que instaló en Paseo de la Reforma y el zócalo de la Ciudad de México como actos de resistencia civil pacífica, López Obrador se refugió durante un largo tiempo en Oaxaca. ¿Qué hizo? Comenzó, acompañado por Gabino Cué, su primera gira por los 570 municipios de la entidad. En aquellos años, eso fue visto desde el arrogante oficialismo ulisista, como una forma compartida de Cué y AMLO de rumiar sus respectivas derrotas. En realidad, uno y otro estaban comenzando el proceso de sembrar comités y representaciones políticas en cada uno de los municipios de la entidad oaxaqueña. Pero esa fue una de las causas primigenias del triunfo electoral arrasador que Cué le asestó al abanderado priista Eviel Pérez Magaña en los comicios estatales de 2010. 

El priismo de aquel entonces —igual que la oposición de ahora— no alcanzaban a entender por qué Cué había ganado de la forma en que lo hizo. Entonces y ahora, el priismo (ahora acompañado del PAN y del PRD) no entendió que el movimiento social que entonces emprendieron fue para decirle a la gente, hasta sus comunidades, que los perdedores de siempre —los campesinos, la gente de las comunidades olvidadas a las que no llegaba ningún servicio ni beneficio social— sí podían ganar, y que podían arrebatarle el poder a quienes los habían utilizado para servirse ellos, haciendo campañas de opulencia en la que sólo se servían del voto verde, del voto popular y de la coacción para ganar ellos a costa de los pobres. En aquel entonces, y ahora, esa es la explicación de los triunfos arrasadores que consiguieron, y que siguen consiguiendo, AMLO y sus aliados a pesar de tener un proyecto de gobierno tan falto de ideas, y tan lleno de contradicciones y extravíos.

Por eso, AMLO nunca ha renegado de Cué y, al contrario, cuando lo ha mencionado en sus conferencias mañaneras lo ha hecho hasta con aprecio y añoranza por las vivencias compartidas. Esa lealtad es la misma que convirtió a Salomón Jara en candidato a Gobernador contra viento y marea. Y por eso nada impide que, una vez colocado Jara en la gubernatura, y enfriados los recelos de Cué por su gestión como Gobernador, lo pueda revivir sin mayor problema como un actor político activo, precisamente como retribución a sus aportes al movimiento, antes y durante su gestión —a través de la Sedafpa con Jara como titular, siendo uno de los fundadores de Morena en la entidad— como mandatario oaxaqueño.

EPITAFIO 

La gobernabilidad es un problema que puede seguir escalando. Debería haber más claridad en qué sucede en realidad entre algunas organizaciones gremiales y sus relaciones con el gobierno. ¿A qué vinieron a Oaxaca varios cientos de elementos de la Guardia Nacional que arribaron la tarde del sábado vía aérea a la capital oaxaqueña? El asunto parece más complejo de lo que se puede ver a simple vista. Abundaremos.

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La Comisión de la Verdad debe indagar la desaparición de eperristas

DESAPARECIDOS

+ No hacerlo demostraría su fin electoral, no la búsqueda de la verdad


 

La semana pasada, la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario envió una carta a los integrantes de la Comisión de la Verdad en Oaxaca (CVO), en la que les ofrece toda la información que poseen sobre la detención-desaparición de sus integrantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Esto lo hacen en el contexto de la investigación que realiza la Comisión sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas entre 2006 y 2007 en Oaxaca. Para demostrar que su finalidad es conocer la verdad, y ser parte del maniobreo electoral, necesariamente la CVO debe pasar por la investigación de la desaparición de los eperristas y la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz en ello.

En efecto, durante la revuelta magisterial, y su secuela el año siguiente, ocurrieron diversos hechos que podrían constituir violaciones graves a derechos humanos —materia propia de la CVO—; pero sólo existen dos acontecimientos que generan, de forma incontrovertible, una responsabilidad ineludible para el Estado en Oaxaca. El primero de ellos es la muerte de Lorenzo San Pablo Cervantes, y el segundo, la desaparición de los dos eperristas.

¿Qué pasó con San Pablo? A finales de mayo de 2006, los maestros habían estallado su paro indefinido de labores, y el plantón; el 14 de junio el gobierno de Ulises Ruiz intentó fallidamente desalojarlos, y ello desató una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Así, ante las circunstancias, el Gobierno del Estado decidió acuartelar a los elementos de todas sus corporaciones policiacas. Por ese hecho, los integrantes de la Sección 22 del SNTE y de la APPO eran libres de ejecutar toda clase de hechos en las calles de la capital oaxaqueña.

En aquel momento —agosto de 2006— los inconformes, ya habían tomado conciencia de la importancia de tener bajo su dominio las principales radiodifusoras locales; habían venido ocurriendo una serie de agresiones y auto ataques que, a través del despojo y la violencia, les habían permitido hacerse —como nunca antes había ocurrido en México— de todas las señales radiofónicas de la capital oaxaqueña. Y ante ese hecho, el gobierno había reaccionado enviando convoys policíacos (las llamadas “caravanas de la muerte”) para tratar, aparentemente, de “limpiar” las calles y despojar a los inconformes de las señales usurpadas.

En ese contexto murió Lorenzo San Pablo Cervantes, el 22 de agosto de 2006. Ese individuo, que era empleado de la Secretaría de Obras Públicas, tuvo la desafortunada idea de atender el llamado appista —hecho a través de la radio— para resguardar las instalaciones de la empresa radiofónica RPO, que entonces se encontraba bajo su poder. Al paso del convoy policiaco hubo un enfrentamiento con los inconformes. Y al accionar uno y otro grupo las armas con las que contaban, quien cayó muerto fue el mencionado sujeto. A pesar de que son muchos los acontecimientos relacionados con el conflicto magisterial que le generan una responsabilidad al Estado en Oaxaca, el homicidio de Lorenzo San Pablo es el más evidente crimen que se cometió formalmente a manos de agentes estatales y terminó en el cajón de la impunidad.

Ahora bien, en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, existe una amplia documentación del posible contexto en que se dio su desaparición. Distintas versiones sostienen, por ejemplo, que fueron aprehendidos en el Hotel del Árbol, en la Calzada Madero de la capital oaxaqueña; y otras que en realidad fueron detenidos en un sitio no identificado plenamente de ese mismo rumbo de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

En lo único que sí hay coincidencia entre las versiones, y que ha sido aceptado públicamente por el Ejército Popular Revolucionario, es que tanto Reyes Amaya como Cruz Sánchez habían tenido participación en el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca el año previo; y dentro de las versiones se sostiene que en realidad al momento de su detención, estos dos individuos no se encontraban en el Hotel del Árbol, sino que momentos antes habían sido dejados en un sitio cercano al Hotel del Magisterio, y que se dirigían a ese lugar para sostener una reunión con personas ligadas al magisterio y a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que aún se mantenían activos en temas relacionados con el conflicto popular del año previo.

 

LLAMADO EPERRISTA

Lorenzo San Pablo murió a manos de agentes estatales, que participaban en las llamadas “caravanas de la muerte”. La existencia de esos convoys policiacos está plenamente documentada, y también existen las evidencias de la circunstancia específica en la que falleció ese individuo. Así, no hay forma de que el Estado se desentienda de ese crimen, que fue el único que sin ninguna duda se cometió por agentes del Estado en una acción oficial que no tiene ninguna atenuante, explicación ni justificación.

En el caso de los eperristas, recientemente ese grupo armado afirmaba: “Oaxaca al igual que otros estados está lleno de fosas clandestinas donde se configura el testimonio del cometido de los crímenes de lesa humanidad fundamentalmente por motivos políticos. Denuncia popular que es sofocada y tergiversada desde las instituciones gubernamentales, funcionarios públicos y medios masivos de comunicación progobiernistas al presentar estos crímenes como delitos del fuero común entre seres desalmados, que nada tienen que ver con el aparato represivo, ni mucho menos con motivaciones políticas.

Dentro de esas denuncias que surgen desde diferentes fuentes populares se habla de los lugares donde fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del terrorismo de Estado, en los años 2006-2007, como ‘en la parte norte del basurero que se encuentra en la colonia El Manantial, perteneciente al municipio de Zaachila en colindancia con San Bartolo Coyotepec’”.

 

DEBER INELUDIBLE

La detención-desaparición de los dos eperristas es un hecho ampliamente documentado, que en las circunstancias actuales no puede negarse o menospreciarse. Por esa razón, la Comisión de la Verdad está obligada a ir a fondo en esa investigación y la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz en ello. Finalmente se trata de saber qué pasó y qué responsabilidades existen en torno a quienes sí fueron blanco de violaciones graves a derechos humanos. En el pináculo de esa investigación tendrían que estar los eperristas y Lorenzo San Pablo. Con eso, la CVO demostraría que tiene fondo y que no es un mero instrumento de golpeteo electoral.

REIVINDICAR

Carlos R. Aguilar Jiménez


Reivindicar es exigir o defender aquello a lo que se tiene derecho, recuperando o reclamando lo que por razón de dominio u otro motivo nos pertenece. Y, normalmente es la historia la que absuelve o reivindica, porque en la dinámica social o política en que la supuesta verdad la escriben los vencedores, son estos quienes se enaltecen, glorifican y aplauden, manipulando datos, sucesos y acontecimientos para que su comportamiento y desempeño quede establecido como heroico o memorable, difamando a los vencidos.

Oaxaca 2006

2006 fue terrible para los oaxaqueños, el conflicto social que protagonizo la APPO y la SS22 del magisterio contra el gobierno estatal, derivo casi en guerra fratricida entre dos o tres bandos beligerantes dejando en medio a los ciudadanos que nada teníamos que ver con sus mezquinos intereses, pero que fuimos afectados en todo sentido, culpándose desde entonces, porque la historia la escriben los vencedores, al gobierno del estado, quedando casi establecido que las acciones y operaciones de la autoridad en turno fueron criminales, despóticas y dictatoriales, hasta ahora, cuando el otro protagonista del conflicto, quien no tenía posibilidad en los medios o la sociedad de expresar su “verdad” o versión de los hechos, que además desde un principio fueron condenados e inculpados por quienes se dicen ofendidos, hoy publica un libro donde expone una versión diferente de los acontecimientos, con explicaciones y razonamientos distintos de la Gestapo magisterial y de la asamblea de pueblos, que servirán para que quienes vivimos el conflicto y fuimos testigos de los hechos, moderemos nuestros juicios y en función de lo que vimos y padecimos, tengamos una visión más nítida de lo que realmente sucedió, sin el fanatismo y necedad de ninguna de las partes. Quienes no vivieron el conflicto de 2006 ni sus antecedentes previos por vivir en otro lugar, juzgan de oídas, pero quienes fuimos testigos sabemos que es lo que sucedió y quizá por qué. Al final quizá nunca sabremos la realidad de los hechos, pero es justo que también sepamos la otra versión para así tener un mejor juicio y no solo el de satanización, destierro y condena del magisterio y sus aliados contra el gobierno, especialmente ahora que se está descubriendo tanta podredumbre y corrupción que había en el IEEPO y que pretenden continuar los líderes de la SS22 manipulando conciencias y criterios         

      

En nueve años, el movimiento popular minó su respaldo ciudadano

Conflicto 2006

+ En 2006 la gente salió a defender a maestros; hoy disimula su enojo


Es curioso cómo apenas nueve años después de ocurrido el conflicto magisterial, en un nuevo episodio de militarización de la capital oaxaqueña y diversos municipios importantes de la entidad, nadie salió a reclamar ni a repudiar a las fuerzas federales. Es curioso porque ello revela el nivel de respaldo ciudadano que tiene hoy el movimiento popular, frente al que tenía al desatarse el conflicto magisterial en 2006.

En efecto, en las últimas semanas propios y extraños se han preguntado cómo pudo ocurrir ese inesperado y casi inexplicable revire del gobierno federal a la Sección 22 y la CNTE. En las semanas previas a los comicios, la Coordinadora había asumido ya una actitud soberbia frente al gobierno federal, a quien incluso orilló a posponer indefinidamente el inicio de la evaluación a los docentes a través del INEE. Parecía que el gobierno federal tenía muchas reservas sobre la reacción no de los maestros, sino de la población, frente a una posible acción de fuerza. Entidades como Oaxaca tienen una presencia magisterial fundamental y, según preveían, también un respaldo social —supuestamente— enorme.

Eso fue lo que el gobierno federal previó y midió a partir del envío de fuerzas federales a Oaxaca para resguardar los comicios. Lo hizo con mucha cautela, primero al evitar aceptar que la presencia de tropas federales era por las amenazas del magisterio; segundo, envió a casi 15 mil elementos para que la sola demostración de fuerza desmovilizara. Tercero, lo hizo de tal forma que, al arribar, los elementos no tuvieran ningún roce con la población; y cuarto, sabía que el choque entre policías-soldados con militantes de la Sección 22 sería inevitable, pero les interesaba ver qué tanto se involucraba la ciudadanía en esos posibles enfrentamientos.

Por todo eso, lo que en términos concretos vio la autoridad federal cuando llegó a Oaxaca —y le sirvió como base para cambiar la actitud frente a la Coordinadora— fue a una ciudadanía que si bien nunca confrontó a los maestros, tampoco los defendió. Encontró en Oaxaca a una población lastimada por las acciones de protesta del magisterio, y ya sin ningún motivo para continuar respaldando una lucha social, en la que la población no sólo no ha tenido ningún beneficio, sino que ha sido la gran damnificada por todas las situaciones por las que ha atravesado. Halló a una sociedad a la que pareciera que se le terminaron las ganas de que la siguieran relacionando con la lucha magisterial.

Ese es un elemento decisivo en el cambio de actitud federal frente a los maestros. Seguramente el gobierno federal tenía mucho recelo —y sólo podría ver la realidad ante un despliegue de fuerzas federales— de lo que pudiera hacer la ciudadanía para defender las posiciones o argumentos magisteriales. En 2006 la ciudadanía salió a marchar en una actitud de respaldo abrumador a los maestros; e incluso cuando las fuerzas federales llegaron a Oaxaca a finales de octubre de ese año, hubo muchísimos ciudadanos que espontáneamente salieron a repeler el avance de la Policía Federal Preventiva y a ayudar a los maestros a defender sus posiciones.

Nada de eso ocurrió en esta ocasión. Pareció que, en ese contexto, los maestros esperaban demostrar con el boicot, de qué tamaño era el respaldo social con el que contaban; pero de cara a los resultados quedó demostrado que ellos también fueron derrotados en esa medición. Es cierto, que gran parte de la ciudadanía no salió a aplaudir por la presencia del Ejército, la Marina y la Policía Federal en la entidad —de hecho, mucha gente tuvo miedo— tampoco salió a repudiarla.

En eso parece estar buena parte de la explicación de este cambio de actitud, y de la decisión inteligente de los mismos integrantes de la Sección 22 de no continuar asumiendo que tienen un respaldo ciudadano que la propia población ya no quiso demostrarles en un momento que para ellos era determinante.

14 DE JUNIO

Ayer se conmemoró el noveno aniversario de un conjunto de hechos con los que, independientemente de que estemos de acuerdo o no, nunca deben volver a ocurrir en Oaxaca. La madrugada del 14 de junio de 2006, y luego de 24 días de plantón en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, el Gobierno del Estado decidió desalojar a los integrantes de la Sección 22 del SNTE que se encontraban ahí, exigiendo el cumplimiento de su demanda de rezonificación salarial.

Aquel día, luego de varias horas de enfrentamiento, en el que se combinó la mala planeación del operativo con el mal cálculo de a cuántas personas se enfrentarían, los elementos de la entonces Policía Preventiva, se toparon con un bien agrupado, y numeroso, contingente de profesores, que defendieron los espacios que mantenían ocupados hasta replegarlos por completo.

Así, los 700 elementos dispuestos para la tarea, fueron dispersados por los varios miles de manifestantes con quienes se enfrentaban. Y por eso, al final de la jornada, el gobernador Ulises Ruiz ya no sólo enfrentaba la demanda económica de la Sección 22, sino que ya también se le exigía tanto su renuncia como la de varios de sus funcionarios, y el magisterio se hermanaba con otras organizaciones sociales que también se decían agraviadas por el gobierno estatal, para juntas exigir la salida del régimen gobernante.

Fue a partir de entonces, que la Sección 22 inició el proceso de creación de un organismo que agrupara a todas las organizaciones y grupos ciudadanos que entonces les mostraron adherencia, y estableció un catálogo de demandas cuyo común denominador era la democratización del estado, el arribo de un régimen de gobierno respaldado por la ciudadanía, y la realización de reformas para garantizar que hubiera democracia, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio público.

Así, del primero de los procesos surgió la APPO; y del segundo surgió la exigencia de una nueva legislación que diera cauce a las demandas democráticas del movimiento magisterial y popular, y que se materializara en una legislación y un gobierno con verdadero apego al interés de la ciudadanía.

TIEMPO PERDIDO

Lamentablemente muy poco ha cambiado de entonces a la fecha, y mientras la ciudadanía ha pagado un costo muy alto por todo lo ocurrido. No hay un marco más democrático ni más justo; no tenemos organizaciones comprometidas con la gente; no tenemos un magisterio comprometido con su función. Muchas han sido palabras, pero más ha sido el tiempo perdido.