La Comisión de la Verdad debe indagar la desaparición de eperristas

DESAPARECIDOS

+ No hacerlo demostraría su fin electoral, no la búsqueda de la verdad


 

La semana pasada, la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario envió una carta a los integrantes de la Comisión de la Verdad en Oaxaca (CVO), en la que les ofrece toda la información que poseen sobre la detención-desaparición de sus integrantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Esto lo hacen en el contexto de la investigación que realiza la Comisión sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas entre 2006 y 2007 en Oaxaca. Para demostrar que su finalidad es conocer la verdad, y ser parte del maniobreo electoral, necesariamente la CVO debe pasar por la investigación de la desaparición de los eperristas y la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz en ello.

En efecto, durante la revuelta magisterial, y su secuela el año siguiente, ocurrieron diversos hechos que podrían constituir violaciones graves a derechos humanos —materia propia de la CVO—; pero sólo existen dos acontecimientos que generan, de forma incontrovertible, una responsabilidad ineludible para el Estado en Oaxaca. El primero de ellos es la muerte de Lorenzo San Pablo Cervantes, y el segundo, la desaparición de los dos eperristas.

¿Qué pasó con San Pablo? A finales de mayo de 2006, los maestros habían estallado su paro indefinido de labores, y el plantón; el 14 de junio el gobierno de Ulises Ruiz intentó fallidamente desalojarlos, y ello desató una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Así, ante las circunstancias, el Gobierno del Estado decidió acuartelar a los elementos de todas sus corporaciones policiacas. Por ese hecho, los integrantes de la Sección 22 del SNTE y de la APPO eran libres de ejecutar toda clase de hechos en las calles de la capital oaxaqueña.

En aquel momento —agosto de 2006— los inconformes, ya habían tomado conciencia de la importancia de tener bajo su dominio las principales radiodifusoras locales; habían venido ocurriendo una serie de agresiones y auto ataques que, a través del despojo y la violencia, les habían permitido hacerse —como nunca antes había ocurrido en México— de todas las señales radiofónicas de la capital oaxaqueña. Y ante ese hecho, el gobierno había reaccionado enviando convoys policíacos (las llamadas “caravanas de la muerte”) para tratar, aparentemente, de “limpiar” las calles y despojar a los inconformes de las señales usurpadas.

En ese contexto murió Lorenzo San Pablo Cervantes, el 22 de agosto de 2006. Ese individuo, que era empleado de la Secretaría de Obras Públicas, tuvo la desafortunada idea de atender el llamado appista —hecho a través de la radio— para resguardar las instalaciones de la empresa radiofónica RPO, que entonces se encontraba bajo su poder. Al paso del convoy policiaco hubo un enfrentamiento con los inconformes. Y al accionar uno y otro grupo las armas con las que contaban, quien cayó muerto fue el mencionado sujeto. A pesar de que son muchos los acontecimientos relacionados con el conflicto magisterial que le generan una responsabilidad al Estado en Oaxaca, el homicidio de Lorenzo San Pablo es el más evidente crimen que se cometió formalmente a manos de agentes estatales y terminó en el cajón de la impunidad.

Ahora bien, en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, existe una amplia documentación del posible contexto en que se dio su desaparición. Distintas versiones sostienen, por ejemplo, que fueron aprehendidos en el Hotel del Árbol, en la Calzada Madero de la capital oaxaqueña; y otras que en realidad fueron detenidos en un sitio no identificado plenamente de ese mismo rumbo de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

En lo único que sí hay coincidencia entre las versiones, y que ha sido aceptado públicamente por el Ejército Popular Revolucionario, es que tanto Reyes Amaya como Cruz Sánchez habían tenido participación en el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca el año previo; y dentro de las versiones se sostiene que en realidad al momento de su detención, estos dos individuos no se encontraban en el Hotel del Árbol, sino que momentos antes habían sido dejados en un sitio cercano al Hotel del Magisterio, y que se dirigían a ese lugar para sostener una reunión con personas ligadas al magisterio y a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que aún se mantenían activos en temas relacionados con el conflicto popular del año previo.

 

LLAMADO EPERRISTA

Lorenzo San Pablo murió a manos de agentes estatales, que participaban en las llamadas “caravanas de la muerte”. La existencia de esos convoys policiacos está plenamente documentada, y también existen las evidencias de la circunstancia específica en la que falleció ese individuo. Así, no hay forma de que el Estado se desentienda de ese crimen, que fue el único que sin ninguna duda se cometió por agentes del Estado en una acción oficial que no tiene ninguna atenuante, explicación ni justificación.

En el caso de los eperristas, recientemente ese grupo armado afirmaba: “Oaxaca al igual que otros estados está lleno de fosas clandestinas donde se configura el testimonio del cometido de los crímenes de lesa humanidad fundamentalmente por motivos políticos. Denuncia popular que es sofocada y tergiversada desde las instituciones gubernamentales, funcionarios públicos y medios masivos de comunicación progobiernistas al presentar estos crímenes como delitos del fuero común entre seres desalmados, que nada tienen que ver con el aparato represivo, ni mucho menos con motivaciones políticas.

Dentro de esas denuncias que surgen desde diferentes fuentes populares se habla de los lugares donde fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del terrorismo de Estado, en los años 2006-2007, como ‘en la parte norte del basurero que se encuentra en la colonia El Manantial, perteneciente al municipio de Zaachila en colindancia con San Bartolo Coyotepec’”.

 

DEBER INELUDIBLE

La detención-desaparición de los dos eperristas es un hecho ampliamente documentado, que en las circunstancias actuales no puede negarse o menospreciarse. Por esa razón, la Comisión de la Verdad está obligada a ir a fondo en esa investigación y la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz en ello. Finalmente se trata de saber qué pasó y qué responsabilidades existen en torno a quienes sí fueron blanco de violaciones graves a derechos humanos. En el pináculo de esa investigación tendrían que estar los eperristas y Lorenzo San Pablo. Con eso, la CVO demostraría que tiene fondo y que no es un mero instrumento de golpeteo electoral.

REIVINDICAR

Carlos R. Aguilar Jiménez


Reivindicar es exigir o defender aquello a lo que se tiene derecho, recuperando o reclamando lo que por razón de dominio u otro motivo nos pertenece. Y, normalmente es la historia la que absuelve o reivindica, porque en la dinámica social o política en que la supuesta verdad la escriben los vencedores, son estos quienes se enaltecen, glorifican y aplauden, manipulando datos, sucesos y acontecimientos para que su comportamiento y desempeño quede establecido como heroico o memorable, difamando a los vencidos.

Oaxaca 2006

2006 fue terrible para los oaxaqueños, el conflicto social que protagonizo la APPO y la SS22 del magisterio contra el gobierno estatal, derivo casi en guerra fratricida entre dos o tres bandos beligerantes dejando en medio a los ciudadanos que nada teníamos que ver con sus mezquinos intereses, pero que fuimos afectados en todo sentido, culpándose desde entonces, porque la historia la escriben los vencedores, al gobierno del estado, quedando casi establecido que las acciones y operaciones de la autoridad en turno fueron criminales, despóticas y dictatoriales, hasta ahora, cuando el otro protagonista del conflicto, quien no tenía posibilidad en los medios o la sociedad de expresar su “verdad” o versión de los hechos, que además desde un principio fueron condenados e inculpados por quienes se dicen ofendidos, hoy publica un libro donde expone una versión diferente de los acontecimientos, con explicaciones y razonamientos distintos de la Gestapo magisterial y de la asamblea de pueblos, que servirán para que quienes vivimos el conflicto y fuimos testigos de los hechos, moderemos nuestros juicios y en función de lo que vimos y padecimos, tengamos una visión más nítida de lo que realmente sucedió, sin el fanatismo y necedad de ninguna de las partes. Quienes no vivieron el conflicto de 2006 ni sus antecedentes previos por vivir en otro lugar, juzgan de oídas, pero quienes fuimos testigos sabemos que es lo que sucedió y quizá por qué. Al final quizá nunca sabremos la realidad de los hechos, pero es justo que también sepamos la otra versión para así tener un mejor juicio y no solo el de satanización, destierro y condena del magisterio y sus aliados contra el gobierno, especialmente ahora que se está descubriendo tanta podredumbre y corrupción que había en el IEEPO y que pretenden continuar los líderes de la SS22 manipulando conciencias y criterios         

      

En nueve años, el movimiento popular minó su respaldo ciudadano

Conflicto 2006

+ En 2006 la gente salió a defender a maestros; hoy disimula su enojo


Es curioso cómo apenas nueve años después de ocurrido el conflicto magisterial, en un nuevo episodio de militarización de la capital oaxaqueña y diversos municipios importantes de la entidad, nadie salió a reclamar ni a repudiar a las fuerzas federales. Es curioso porque ello revela el nivel de respaldo ciudadano que tiene hoy el movimiento popular, frente al que tenía al desatarse el conflicto magisterial en 2006.

En efecto, en las últimas semanas propios y extraños se han preguntado cómo pudo ocurrir ese inesperado y casi inexplicable revire del gobierno federal a la Sección 22 y la CNTE. En las semanas previas a los comicios, la Coordinadora había asumido ya una actitud soberbia frente al gobierno federal, a quien incluso orilló a posponer indefinidamente el inicio de la evaluación a los docentes a través del INEE. Parecía que el gobierno federal tenía muchas reservas sobre la reacción no de los maestros, sino de la población, frente a una posible acción de fuerza. Entidades como Oaxaca tienen una presencia magisterial fundamental y, según preveían, también un respaldo social —supuestamente— enorme.

Eso fue lo que el gobierno federal previó y midió a partir del envío de fuerzas federales a Oaxaca para resguardar los comicios. Lo hizo con mucha cautela, primero al evitar aceptar que la presencia de tropas federales era por las amenazas del magisterio; segundo, envió a casi 15 mil elementos para que la sola demostración de fuerza desmovilizara. Tercero, lo hizo de tal forma que, al arribar, los elementos no tuvieran ningún roce con la población; y cuarto, sabía que el choque entre policías-soldados con militantes de la Sección 22 sería inevitable, pero les interesaba ver qué tanto se involucraba la ciudadanía en esos posibles enfrentamientos.

Por todo eso, lo que en términos concretos vio la autoridad federal cuando llegó a Oaxaca —y le sirvió como base para cambiar la actitud frente a la Coordinadora— fue a una ciudadanía que si bien nunca confrontó a los maestros, tampoco los defendió. Encontró en Oaxaca a una población lastimada por las acciones de protesta del magisterio, y ya sin ningún motivo para continuar respaldando una lucha social, en la que la población no sólo no ha tenido ningún beneficio, sino que ha sido la gran damnificada por todas las situaciones por las que ha atravesado. Halló a una sociedad a la que pareciera que se le terminaron las ganas de que la siguieran relacionando con la lucha magisterial.

Ese es un elemento decisivo en el cambio de actitud federal frente a los maestros. Seguramente el gobierno federal tenía mucho recelo —y sólo podría ver la realidad ante un despliegue de fuerzas federales— de lo que pudiera hacer la ciudadanía para defender las posiciones o argumentos magisteriales. En 2006 la ciudadanía salió a marchar en una actitud de respaldo abrumador a los maestros; e incluso cuando las fuerzas federales llegaron a Oaxaca a finales de octubre de ese año, hubo muchísimos ciudadanos que espontáneamente salieron a repeler el avance de la Policía Federal Preventiva y a ayudar a los maestros a defender sus posiciones.

Nada de eso ocurrió en esta ocasión. Pareció que, en ese contexto, los maestros esperaban demostrar con el boicot, de qué tamaño era el respaldo social con el que contaban; pero de cara a los resultados quedó demostrado que ellos también fueron derrotados en esa medición. Es cierto, que gran parte de la ciudadanía no salió a aplaudir por la presencia del Ejército, la Marina y la Policía Federal en la entidad —de hecho, mucha gente tuvo miedo— tampoco salió a repudiarla.

En eso parece estar buena parte de la explicación de este cambio de actitud, y de la decisión inteligente de los mismos integrantes de la Sección 22 de no continuar asumiendo que tienen un respaldo ciudadano que la propia población ya no quiso demostrarles en un momento que para ellos era determinante.

14 DE JUNIO

Ayer se conmemoró el noveno aniversario de un conjunto de hechos con los que, independientemente de que estemos de acuerdo o no, nunca deben volver a ocurrir en Oaxaca. La madrugada del 14 de junio de 2006, y luego de 24 días de plantón en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, el Gobierno del Estado decidió desalojar a los integrantes de la Sección 22 del SNTE que se encontraban ahí, exigiendo el cumplimiento de su demanda de rezonificación salarial.

Aquel día, luego de varias horas de enfrentamiento, en el que se combinó la mala planeación del operativo con el mal cálculo de a cuántas personas se enfrentarían, los elementos de la entonces Policía Preventiva, se toparon con un bien agrupado, y numeroso, contingente de profesores, que defendieron los espacios que mantenían ocupados hasta replegarlos por completo.

Así, los 700 elementos dispuestos para la tarea, fueron dispersados por los varios miles de manifestantes con quienes se enfrentaban. Y por eso, al final de la jornada, el gobernador Ulises Ruiz ya no sólo enfrentaba la demanda económica de la Sección 22, sino que ya también se le exigía tanto su renuncia como la de varios de sus funcionarios, y el magisterio se hermanaba con otras organizaciones sociales que también se decían agraviadas por el gobierno estatal, para juntas exigir la salida del régimen gobernante.

Fue a partir de entonces, que la Sección 22 inició el proceso de creación de un organismo que agrupara a todas las organizaciones y grupos ciudadanos que entonces les mostraron adherencia, y estableció un catálogo de demandas cuyo común denominador era la democratización del estado, el arribo de un régimen de gobierno respaldado por la ciudadanía, y la realización de reformas para garantizar que hubiera democracia, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio público.

Así, del primero de los procesos surgió la APPO; y del segundo surgió la exigencia de una nueva legislación que diera cauce a las demandas democráticas del movimiento magisterial y popular, y que se materializara en una legislación y un gobierno con verdadero apego al interés de la ciudadanía.

TIEMPO PERDIDO

Lamentablemente muy poco ha cambiado de entonces a la fecha, y mientras la ciudadanía ha pagado un costo muy alto por todo lo ocurrido. No hay un marco más democrático ni más justo; no tenemos organizaciones comprometidas con la gente; no tenemos un magisterio comprometido con su función. Muchas han sido palabras, pero más ha sido el tiempo perdido.

Reabrir caso 2006: GCM jugará con fuego

+ Impunidad no debe ser imperativo cotidiano

El gobernador electo, Gabino Cué, debe estar seguro de lo que ofrece. Prácticamente desde que ganó los comicios, ofreció a los oaxaqueños una revisión a fondo de los posibles crímenes cometidos durante el conflicto magisterial y popular de 2006, para castigar a todos aquellos funcionarios que pudieran haber incurrido en responsabilidades administrativas o penales, y abatir la impunidad que, es innegable, tanto ha lesionado a la ciudadanía. Si esto llega a ocurrir, por donde se le vea, tendrá un efecto boomerang respecto a varios de sus aliados.

Hoy es más claro que nunca que Gabino Cué ganó la gubernatura un tanto por su trabajo político, otro por las buenas lides de la ingeniería electoral que lo acompañaron, pero también, en buena parte, por los errores y excesos cometidos por el gobierno saliente. Fue, por así decirlo, un triunfo electoral que en parte se construyó por exclusión. Y es que una de las actitudes que más lastimó a diversos sectores de la ciudadanía, fue que un episodio como el del 2006 hubiera quedado en la más aberrante de las impunidades.

En ese sentido, la ciudadanía cuestionó sistemáticamente al gobierno de Ulises Ruiz. Había razón innegable para ello: luego de concluida la fase violenta de la revuelta magisterial y popular de 2006, las partes directamente involucradas en la problemática decidieron sentarse a negociar lo que, en términos sencillos, fue un arreglo de impunidad. El gobierno estatal, por un lado, y la APPO junto con la Sección 22 del SNTE, por el otro, decidieron que el conflicto terminara a través de la subsistencia de todos los actores y de todas las demandas sociales y políticas, pero —paradójicamente— cancelando toda posibilidad de que se hiciera justicia.

¿Por qué? Porque sólo quien no vivió y padeció el día a día del conflicto magisterial, ni le dio seguimiento más allá de los fanatismos que abundaron, pudo darse cuenta que los excesos y los delitos se cometieron en todos los frentes; y que, por tanto, de hacerse justicia tendría también que hacerse no sólo investigando y persiguiendo a los de un bando, sino a todos.

Quien vio la revuelta social más allá de los apasionamientos, pudo corroborar que en nombre de la paz y el orden social, el Gobierno del Estado se ensució las manos de sangre, corrupción y abusos; pero que, también, en nombre de la lucha social y los postulados que se esgrimieron en el conflicto, los grupos que encabezaron la revuelta magisterial cometieron todo tipo de tropelías en contra de la ciudadanía, que se encontraba en medio de esa guerra civil, sin tener a nadie que le procurara el orden y la legalidad que tanto se deseaba recobrar.

Hoy, a la distancia, es evidente que lo único que parece haber subsistido de aquellos episodios negros de la historia de Oaxaca, es el propagandismo sobre la represión, y las verdades a medias sobre quién cometió delitos, y quién resintió todos los daños y las tropelías que se cometieron en aquel entonces.

Si, en ese sentido, el gobierno de Gabino Cué desea hacer justicia e investigar a fondo todo lo que ocurrió hace cuatro años durante la revuelta magisterial, entonces debe revivir todos los episodios y no sólo los que ahora le parezcan “políticamente correctos” o útiles sólo para quienes son sus aliados. Si las tropelías las cometieron todos, entonces todos deben enfrentarse a la justicia. Y al menos en este caso, quién sabe si eso le convenga ahora al nuevo gobierno.

EXPECTATIVA DE RIESGO

Fundamentalmente, el gobierno de Gabino Cué recogió de los grupos de lucha social, y del magisterio de la Sección 22, la demanda de reabrir los expedientes del 2006 y hacer justicia a fondo. El objetivo, claramente visible, es ir con todo en contra de aquellos que desde las responsabilidades del Gobierno del Estado cometieron abusos y represión en contra de quienes encabezaron el movimiento magisterial.

En ese sentido, también el objetivo parece perfectamente claro: Si los profesores de la Sección 22 constituyen una de las fuerzas políticas más influyentes de la vida pública de Oaxaca; y, junto a ellos, y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, representa una de las voces a las que —desde México y el extranjero— más se les toma en cuenta cuando se habla de la lucha social en la entidad, entonces la nueva administración estatal pretende sostenerse como principal aliada de esos grupos.

Esto, por al menos dos razones. En la primera de ellas, porque al ser esos grupos determinantes para la estabilidad social de la entidad, y para la legitimidad de un gobierno de alternancia, lo peor que podría hacer la administración gabinista es abrir un frente de batalla con esos grupos. Sin duda, dadas las condiciones sociales en que vive Oaxaca, de una disputa de ese tipo el gran perdedor sería el gobierno estatal.

En esa lógica, la segunda razón —no menos importante— tiene que ver con el grado de credibilidad que pretende construirse el régimen de Gabino Cué, como una administración progresista que recoge y encabeza las exigencias más sentidas de la población. Al menos por ello, buscaría ir tras de quienes han cometido delitos desde el poder público, en contra de los luchadores sociales.

¿Pero por qué esto sería un bumerang? Porque los agravios no sólo los sufrieron los integrantes de la Asamblea Popular o los de la Sección 22. Junto con ellos, fueron cientos o miles de oaxaqueños que padecieron los horrores de la sinrazón, y que fueron víctimas de los excesos que también, e innegablemente, se cometieron en nombre de la lucha social.

Así, al buscar hacer justicia, tendría también que procurar hacerlo parejo. Más de uno exigiría —no por defender a un gobierno insostenible e impresentable como el que terminará su gestión el próximo 1 de diciembre, sino por una simple cuestión de lógica—, que si se constituye una comisión de la verdad, se persiga a unos, pero también a los otros.

MANOS SUCIAS

De algún modo, todos los que participaron del conflicto salieron con las manos sucias. Es cierto que gran parte de ellos, aparecen aún hoy, o aparecieron, como funcionarios de la administración que termina; pero otros, invariablemente, hoy aparecen como parte del grupo que gobernará la entidad. Ojalá, por el bien de la justicia, que Gabino Cué termine con la impunidad que prevalece en general, y particularmente respecto al 2006. Pero ojalá que no sea, como lo ha prometido, faccioso a la hora de revisar las responsabilidades.

Caso Emeterio: ¿la justicia fue una pantomima?

+ Agresores presos… y en huelga por su liberación

Desde hace varios días, un grupo de presos del penal estatal ubicado en la agencia Municipal de San Francisco Tanivet, en Tlacolula de Matamoros, se encuentra en huelga. El motivo aparente de la inconformidad, radica en algo así como el incumplimiento de una promesa que “alguien” les hizo cuando fueron encarcelados, hace más de tres años. ¿Qué tiene de relevante ese asunto?

Parece necesario echar atrás la mirada para comprender este asunto que, a primera vista, parecería irrelevante para efectos de la atención pública. Regresemos la memoria hasta aquel lejano lunes 16 de julio de 2007, y ubiquémonos en el contexto de las últimas secuelas violentas del conflicto magisterial y popular, ocurrido el año previo.

Como bien debe recordarse, uno de los sitios más álgidos y emblemáticos durante toda la resistencia popular encabezada por el magisterio oaxaqueño y demás grupos inconformes, fue el Auditorio Guelaguetza. Desde 2006, una de las victorias más sonadas que tuvo la entonces recién creada APPO en conjunto con la Sección 22 del SNTE, fue la cancelación de las Fiestas de los Lunes del Cerro.

En esa ocasión, lograron su objetivo gracias a la toma y ocupación permanente de que, en semanas previas, habían hecho objeto al recinto, y de la quema y destrucción de las mamparas, los templetes y todas las adecuaciones que ya para entonces se habían realizado al Auditorio. Los maestros y grupos inconformes no se movieron del lugar, hasta lograr la cancelación definitiva de la máxima fiesta de los oaxaqueños.

Un año después —cuando ya había pasado la fase más violenta del conflicto, y el Gobierno del Estado, con ayuda de la Policía Federal Preventiva, había retomado el control del orden y la gobernabilidad en la capital y municipios conurbados—, el magisterio de la Sección 22 y la APPO anunciaron que irían por un nuevo boicot a las fiestas del Lunes del Cerro, y exigieron que el Auditorio ubicado en el cerro Del Fortín les fuera prestado para la realización de su llamada “Guelaguetza popular”, que se realizaría justo ese vergonzoso 16 de julio.

Pero lanzaron su amenaza con tanta anticipación, que dieron tiempo al gobierno estatal para que organizara un amplio cerco policiaco en todos los accesos al recinto. Y ante una provocación de algunos grupos radicales de la APPO y la 22, se desató un enfrentamiento que perseguirá a sus responsables (de ambos bandos) hasta el fin de sus días.

¿Qué ocurrió entonces? Que aquel 16 de julio, al mismo tiempo que se celebraba la llamada “Guelaguetza popular” —una semana antes que la también llamada “Guelaguetza oficial”— en la Plaza de la Danza, un grupo de profesores e integrantes de la APPO decidió ir a ocupar el Auditorio Guelaguetza para lograr así el boicot a la celebración. Un grupo de unas 200 personas marchó hacia el cerro del Fortín, y en el entronque con la calzada Niños Héroes de Chapultepec, se hallaron con un fuerte cerco policiaco, compuesto por elementos estatales de diversas corporaciones.

El choque violento fue inevitable. A pesar del feroz ataque de los inconformes, las fuerzas estatales los rebasaron en número y capacidad de respuesta, y lo que comenzó siendo la mera contención de un ataque, terminó siendo una desmedida acción de fuerza por parte de las fuerzas estatales. Ante lo anunciado y previsible del enfrentamiento, representantes de prácticamente todos los medios informativos locales y de la capital del país que se encontraban en la capital oaxaqueña, se apersonaron en el lugar incluso antes de que los appistas llegaran e iniciaran el ataque.

LA SOMBRA DE EMETERIO

Todos los reporteros gráficos captaron los momentos de la ofensiva, de la resistencia policiaca, y luego de la respuesta de fuerza. En medio del enfrentamiento, fue captada una secuencia fotográfica completa de un individuo perteneciente a la ofensiva appista, que fue alcanzado por elementos policiacos, para luego ser sometido y subido a un vehículo policiaco para, según ser trasladado a los separos. Horas después, ese mismo individuo fue encontrado a la orilla de una carretera federal, en el sur de la ciudad, en un grave estado de salud producto de una brutal golpiza que había recibido. Era Emeterio Merino Cruz.

La tarde de ese 16 de julio, llamadas telefónicas alertaron sobre el hallazgo de ese individuo. Aunque inicialmente la entonces Dirección General de Seguridad Pública del Estado se deslindó tanto de su detención como de la agresión sufrida, pronto se supo que, en efecto, la persona moribunda que había sido localizada en la carretera a San Bartolo Coyotepec sí había estado presente en el enfrentamiento, y había sido detenido por fuerzas estatales. El periódico Noticias publicó la secuencia completa de imágenes, de cuando Merino Cruz fue sometido por completo a las afueras del hotel Fortín Plaza.

Fue hasta entonces, cuando ya el deslinde era ridículo e insostenible, que el Gobierno del Estado aceptó su responsabilidad por la brutal golpiza. Para tratar de “limpiar” la maltrecha imagen del gobierno estatal, el 31 de agosto de 2007 el entonces procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez anunció la aprehensión de cinco elementos de las policías Preventiva y Municipal de Oaxaca de Juárez, como presuntos responsables de la brutal golpiza que le propinaron a Merino Cruz.

Esos elementos eran Nemecio Vásquez Matus, Alejandro Franklin Ortiz, Alfredo Luis Santos, Eugenio Silva Santiago y Javier Díaz Miguel. Los mismos que hoy se dicen defraudados por la promesa de ser liberados antes de que terminara la actual administración, y que durante un tiempo recibieron privilegios y ayuda por parte del ahora extinto Aristeo López Martínez, y otros funcionarios estatales.

En nuestra entrega del miércoles 26 de septiembre de ese año, dimos cuenta de cómo el entonces Coordinador de Seguridad Pública Municipal disponía de vehículos y elementos para que estuvieran al servicio de los familiares de los efectivos de esa corporación que fueron encarcelados por la golpiza a Emeterio Merino.

¿JUSTICIA?

Sistemáticamente, Merino Cruz se negaba a acudir al llamado del Agente del Ministerio Público para dar declaraciones y ofrecer pruebas sobre el caso. Sin eso, es imposible llegar a una sentencia. Y todo se agrava ante la “revelación” de que hubo tratos entre “alguien” y los encarcelados, para ser puestos en libertad antes del fin de la administración. Parece que la simulación de justicia está a punto de aparecerse de nuevo.

¿Dónde quedaron las responsabilidades por el 2006?

+ Herencia de impunidad: saldo de revuelta magisterial

Días después del 26 de noviembre de 2006, cuando ocurrió el choque más violento entre elementos de la entonces Policía Federal Preventiva e integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), se creó un Comité de Liberación, auspiciado por el pintor Francisco Toledo, que se encargaría de brindar apoyo económico y asesoría jurídica, para que los detenidos en aquel episodio recobraran su libertad. Hoy, cuando ese organismo civil anunció su disolución, y cuando los episodios de 2006 parecen más lejanos que nunca, habría que preguntarnos qué pasó con los delitos y quebrantos ocasionados durante aquel periodo aciago de la historia reciente de nuestro estado.

La pregunta no es ociosa. Porque si bien es cierto que un organismo civil como el Comité de Liberación “25 de noviembre”, creado específicamente para salvaguardar los derechos humanos y la integridad de quienes fueron aprehendidos, encuentra su finalidad en conseguir la libertad absoluta de esas personas, también lo es que tras de ello lo que queda es una estela de impunidad que no necesariamente debe abarcar a quienes ya fueron absueltos en los procesos judiciales que se les seguían, sino a todos los que, por acción u omisión, estimularon que la impunidad ganara en todo lo concerniente al conflicto magisterial. Expliquémonos.

En un primer momento, es necesario entender la causa del Comité de Liberación “25 de noviembre”. Éste, como bien se sabe, se creó para brindar ayuda, obtener recursos para el pago de fianzas, y proporcionar asesoría legal, a los familiares de las 149 personas que fueron aprehendidas durante los disturbios ocurridos en la misma fecha del nombre del Comité.

Gracias a ese organismo, la mayoría de las personas obtuvo el dinero necesario para garantizar el pago de la reparación de los daños, y gastos procesales, por los actos que se les imputaban. El Comité de Liberación, además, fue quien coordinó el trabajo de un grupo de abogados que condujeron los procesos judiciales, que lograron la excarcelación de los detenidos, y que lograron probar la no participación de cada una de esas personas durante los disturbios de aquella fecha.

Por esa razón, según un comunicado difundido el fin de semana, el Comité decidió disolverse “al tener resuelta la liberación de las y los presos” de la APPO, a causa del conflicto político social iniciado en el 2006, y cuya finalidad, desde entonces, fue la de enforcar “sus esfuerzos prioritariamente a la defensa y acompañamiento de los procesos legales de los presos políticos, la atención a sus familiares y la denuncia estatal, nacional e internacional de las múltiples violaciones a los derechos humanos”,

¿Qué significa esto, en términos sencillos? Que los 149 detenidos en aquella ocasión, alcanzaron ya un fallo judicial que los exime de toda responsabilidad. Por eso el Comité de Liberación cumplió su objetivo, y por eso declaró su disolución. En ese mismo sentido, y más allá de lo que específicamente ocurrió el 25 de noviembre, es claro que en relación a todos los demás hechos relacionados con el conflicto magisterial, nadie enfrenta hoy a la justicia, ni de lado de quienes encabezaron las acciones de resistencia, ni tampoco de quienes, desde el sector oficial, emprendieron tareas para combatir a quienes calificaban de insurrectos.

IMPUNIDAD CAMPANTE

No se trata de que esto fuera una cacería de brujas, ni mucho menos. Pero en el otro extremo, resulta altamente preocupante que luego de toda una larguísima estela de quebrantos, derechos menoscabados, excesos, represión, comisión de delitos comunes, y demás, nadie sea responsable, de nada, en relación a lo ocurrido en 2006. Tanto un extremo, como el otro, lo que dejan ver es a un gobierno incapaz, carente de voluntad para hacer justicia, y volcado por completo a dejar en el pasado una serie de acontecimientos en los que también tiene un altísimo grado de responsabilidad.

La disolución del Comité de Liberación es un botón claro de muestra sobre lo que aquí se dice. Si cada uno de los 149 detenidos fue declarado inocente de las acusaciones que se le imputaban, es porque tuvo la capacidad de demostrar ante la ley que, en efecto, no había participado de los disturbios o que, en su caso, no había tenido responsabilidad alguna en los quebrantos que se le imputaban. Si la ley y la justicia los declararon inocentes, nadie es quién para calificarlos como lo contrario.

Pero también dejemos las cosas en claro: el conflicto magisterial no duró un día, sino casi siete meses. En todo ese tiempo se cometieron una serie interminable de delitos, que lo mismo agraviaron a quienes encabezaban o eran parte de la resistencia popular, como también lesionaron gravemente los derechos de la ciudadanía. Ya fuera por acciones emprendidas por agentes del gobierno, o por quienes en la defensa de sus postulados de lucha popular, lo cierto es que la ciudadanía fue gravemente lesionada en sus intereses, derechos y pertenencias. Y a ésta, a la sociedad, nadie nunca le respondió por nada.

Por eso, el legado que se deja es simplemente de impunidad. Hoy parece más claro que nunca, que el Gobierno del Estado lo único que trató de hacer con los expedientes judiciales, fue ajustar cuentas con quien consideró que tenía pendientes, pero no para verdaderamente hacer justicia. De ahí que algunos líderes sociales fueran aprehendidos y encarcelados hasta los límites legalmente posibles, y que en episodios como el del 25 de noviembre se iniciaran averiguaciones cargadas de delitos, para generar la apariencia de que se les estaba juzgando con firmeza a quienes habían incendiado y agraviado a la capital oaxaqueña.

ADIÓS PASADO

Hoy es evidente todo lo contrario. La voluntad real por la justicia nunca existió. Por eso se están cerrando todos los expedientes relativos al 2006. Cualquiera que, desde el lado oficial o desde la resistencia popular, en ese tiempo haya cometido un delito quedará impune. Pero también quedará en la más completa de las impunidades, todo aquel que resintió la comisión de un delito —desde el robo más simple, hasta el homicidio de una persona cercana—, y que pacientemente sigue esperando la acción de la justicia. Ésta no existió, ni existirá, porque lo que interesa no es privilegiar la justicia y el Estado de Derecho, sino simplemente dejar el pasado atrás.