Reabrir caso 2006: GCM jugará con fuego

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+ Impunidad no debe ser imperativo cotidiano

El gobernador electo, Gabino Cué, debe estar seguro de lo que ofrece. Prácticamente desde que ganó los comicios, ofreció a los oaxaqueños una revisión a fondo de los posibles crímenes cometidos durante el conflicto magisterial y popular de 2006, para castigar a todos aquellos funcionarios que pudieran haber incurrido en responsabilidades administrativas o penales, y abatir la impunidad que, es innegable, tanto ha lesionado a la ciudadanía. Si esto llega a ocurrir, por donde se le vea, tendrá un efecto boomerang respecto a varios de sus aliados.

Hoy es más claro que nunca que Gabino Cué ganó la gubernatura un tanto por su trabajo político, otro por las buenas lides de la ingeniería electoral que lo acompañaron, pero también, en buena parte, por los errores y excesos cometidos por el gobierno saliente. Fue, por así decirlo, un triunfo electoral que en parte se construyó por exclusión. Y es que una de las actitudes que más lastimó a diversos sectores de la ciudadanía, fue que un episodio como el del 2006 hubiera quedado en la más aberrante de las impunidades.

En ese sentido, la ciudadanía cuestionó sistemáticamente al gobierno de Ulises Ruiz. Había razón innegable para ello: luego de concluida la fase violenta de la revuelta magisterial y popular de 2006, las partes directamente involucradas en la problemática decidieron sentarse a negociar lo que, en términos sencillos, fue un arreglo de impunidad. El gobierno estatal, por un lado, y la APPO junto con la Sección 22 del SNTE, por el otro, decidieron que el conflicto terminara a través de la subsistencia de todos los actores y de todas las demandas sociales y políticas, pero —paradójicamente— cancelando toda posibilidad de que se hiciera justicia.

¿Por qué? Porque sólo quien no vivió y padeció el día a día del conflicto magisterial, ni le dio seguimiento más allá de los fanatismos que abundaron, pudo darse cuenta que los excesos y los delitos se cometieron en todos los frentes; y que, por tanto, de hacerse justicia tendría también que hacerse no sólo investigando y persiguiendo a los de un bando, sino a todos.

Quien vio la revuelta social más allá de los apasionamientos, pudo corroborar que en nombre de la paz y el orden social, el Gobierno del Estado se ensució las manos de sangre, corrupción y abusos; pero que, también, en nombre de la lucha social y los postulados que se esgrimieron en el conflicto, los grupos que encabezaron la revuelta magisterial cometieron todo tipo de tropelías en contra de la ciudadanía, que se encontraba en medio de esa guerra civil, sin tener a nadie que le procurara el orden y la legalidad que tanto se deseaba recobrar.

Hoy, a la distancia, es evidente que lo único que parece haber subsistido de aquellos episodios negros de la historia de Oaxaca, es el propagandismo sobre la represión, y las verdades a medias sobre quién cometió delitos, y quién resintió todos los daños y las tropelías que se cometieron en aquel entonces.

Si, en ese sentido, el gobierno de Gabino Cué desea hacer justicia e investigar a fondo todo lo que ocurrió hace cuatro años durante la revuelta magisterial, entonces debe revivir todos los episodios y no sólo los que ahora le parezcan “políticamente correctos” o útiles sólo para quienes son sus aliados. Si las tropelías las cometieron todos, entonces todos deben enfrentarse a la justicia. Y al menos en este caso, quién sabe si eso le convenga ahora al nuevo gobierno.

EXPECTATIVA DE RIESGO

Fundamentalmente, el gobierno de Gabino Cué recogió de los grupos de lucha social, y del magisterio de la Sección 22, la demanda de reabrir los expedientes del 2006 y hacer justicia a fondo. El objetivo, claramente visible, es ir con todo en contra de aquellos que desde las responsabilidades del Gobierno del Estado cometieron abusos y represión en contra de quienes encabezaron el movimiento magisterial.

En ese sentido, también el objetivo parece perfectamente claro: Si los profesores de la Sección 22 constituyen una de las fuerzas políticas más influyentes de la vida pública de Oaxaca; y, junto a ellos, y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, representa una de las voces a las que —desde México y el extranjero— más se les toma en cuenta cuando se habla de la lucha social en la entidad, entonces la nueva administración estatal pretende sostenerse como principal aliada de esos grupos.

Esto, por al menos dos razones. En la primera de ellas, porque al ser esos grupos determinantes para la estabilidad social de la entidad, y para la legitimidad de un gobierno de alternancia, lo peor que podría hacer la administración gabinista es abrir un frente de batalla con esos grupos. Sin duda, dadas las condiciones sociales en que vive Oaxaca, de una disputa de ese tipo el gran perdedor sería el gobierno estatal.

En esa lógica, la segunda razón —no menos importante— tiene que ver con el grado de credibilidad que pretende construirse el régimen de Gabino Cué, como una administración progresista que recoge y encabeza las exigencias más sentidas de la población. Al menos por ello, buscaría ir tras de quienes han cometido delitos desde el poder público, en contra de los luchadores sociales.

¿Pero por qué esto sería un bumerang? Porque los agravios no sólo los sufrieron los integrantes de la Asamblea Popular o los de la Sección 22. Junto con ellos, fueron cientos o miles de oaxaqueños que padecieron los horrores de la sinrazón, y que fueron víctimas de los excesos que también, e innegablemente, se cometieron en nombre de la lucha social.

Así, al buscar hacer justicia, tendría también que procurar hacerlo parejo. Más de uno exigiría —no por defender a un gobierno insostenible e impresentable como el que terminará su gestión el próximo 1 de diciembre, sino por una simple cuestión de lógica—, que si se constituye una comisión de la verdad, se persiga a unos, pero también a los otros.

MANOS SUCIAS

De algún modo, todos los que participaron del conflicto salieron con las manos sucias. Es cierto que gran parte de ellos, aparecen aún hoy, o aparecieron, como funcionarios de la administración que termina; pero otros, invariablemente, hoy aparecen como parte del grupo que gobernará la entidad. Ojalá, por el bien de la justicia, que Gabino Cué termine con la impunidad que prevalece en general, y particularmente respecto al 2006. Pero ojalá que no sea, como lo ha prometido, faccioso a la hora de revisar las responsabilidades.

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