APPO

AL MARGEN || Aún con un posible triunfo de Morena Oaxaca seguirá en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Hoy se cumplen 15 años de la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sin que hasta el momento existan indicios sobre su paradero y los autores del hecho. Aunque es un acontecimiento que hoy pasa casi inadvertido por el largo silencio que han guardado los movimientos armados en los últimos años, Oaxaca sigue representando un punto relevante en la agenda nacional de riesgos para la gobernabilidad.

En efecto, el contexto de los movimientos sociales no sólo no ha mejorado en los últimos años en Oaxaca y en el país sino que discretamente empeora; y no importa quién gane la gubernatura, porque de todos modos el clima nacional de polarización jugará en contra de cualquiera que se convierta en Gobernador de Oaxaca.

Y es que hoy vemos una carrera por la gubernatura en la que los partidos y candidatos parecen completamente ajenos a los movimientos sociales. Apenas en 2006, Oaxaca sufrió una enorme explosión de inconformidades sociales en las que se combinaron diversos factores, organizaciones y movimientos que dieron como resultado la creación de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, así como a largos y aciagos meses en los que la gobernabilidad quedó en manos de los grupos inconformes.

En aquel movimiento participó toda una pléyade de organizaciones, las cuales fueron desde el magisterio de la Sección 22 del SNTE hasta organizaciones armadas como el Ejército Popular Revolucionario en su faceta —y así reconocieron la participación de los dos eperristas desaparecidos, en un comunicado fechado en el estado de Hidalgo el 12 de junio de 2007— de luchadores sociales.

Hoy habría que preguntarse hacia dónde se han movido esos grupos de presión en los últimos 15 años. Pues si bien hay algunos —como el magisterio oaxaqueño— que hoy gozan de redituables acuerdos políticos y económicos con el gobierno lopezobradorista, también es cierto que otro amplio conjunto de organizaciones más radicales no sólo no ha tenido acuerdos con el gobierno, y que incluso se han alejado cada día más de la simpatía hacia López Obrador. La cordialidad que hubo en otro tiempo entre el eterno candidato de la izquierda mexicana y las organizaciones más contestatarias se rompió cuando el hoy Presidente decidió anclar su gobierno a la predominancia de las fuerzas armadas. Y el problema es que muchas de esas organizaciones tienen su asiento, o cuando menos una presencia importante en Oaxaca.

El EPR es ejemplo de ello. Aunque no es una organización armada con origen en Oaxaca, su presencia en la entidad sí ha sido determinante en las últimas tres décadas para sus acciones armadas. Desde los ataques en La Crucecita y los Valles Centrales en la década de los noventa, hasta su participación en la revuelta popular de 2006, el EPR ha dejado ver su interés constante en Oaxaca porque varios de sus fundadores son de origen oaxaqueño, y comenzaron su actividad política —antes de pasar a la clandestinidad— en hechos como el conflicto universitario de la UABJO en 1977, aunado a que Oaxaca siempre ha tenido una conflictividad social que roza la posibilidad de conformación de movimientos armados.

A la par, no se debe pasar por alto que aquí conviven, con distancias naturales, organizaciones potencialmente armadas con otras de vocación por lucha social que tienen diversas finalidades e ideologías, y que no todas —de hecho, muy pocas de ellas— siguen los intereses del sector aparentemente mayoritario en el movimiento popular, representado por el magisterio de la Sección 22.

TOMAN DISTANCIA

En el más reciente número de El Insurgente (Año 26/No. 216/mayo 2022), órgano de análisis y difusión del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, se hace un duro análisis en contra del régimen federal actual, que concluye con la idea de que el escenario de impunidad en contra de acontecimientos como la desaparición de los eperristas, no cambiará en el gobierno de López Obrador.

“Desde el Estado mexicano —apunta el EPR— siempre se ha establecido la tesis de que en el fenómeno de la desaparición forzada en México la delincuencia organizada es la responsable, bajo dicho argumento en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto se justificó el terrorismo de Estado. En la actual administración es el mismo argumento, con ello se justifica y se da carta blanca para el cometido de más crímenes de lesa humanidad, éstos tienen hoy la expresión de prácticas del terrorismo de Estado por todo el país”.

Y frente a la realidad de que la estabilidad del gobierno de AMLO está afianzada en las fuerzas armadas, el análisis eperrista concluye: “La lógica del proceder de la actual administración es fácil de comprender, en tanto que el ejército es la columna vertebral del Estado mexicano, será muy difícil que su cúpula estratégica y el mando táctico sean enjuiciados por crímenes de lesa humanidad (…) Si se parte de que la presente administración se autopresenta como progresista y defensora del pueblo ¿Por qué se asume la política de gobierno que da continuidad a la violencia de clase contra el pueblo? Miles de víctimas de dicha violencia aun esperan justicia, por lo visto ésta no llegará en esta administración.”

Hasta hoy, todos los que participan en política parecen ajenos a este problema, a pesar de que esto representa una realidad ineludible: las organizaciones de la lucha social más codiciosos se fueron a pactar con López Obrador. La Sección 22, y su desmovilización actual, son prueba plena de ello.

Pero los grupos más radicales no sólo no están coincidiendo con el gobierno federal; más bien se están alejando de él. Y eso constituye un problema de gobernabilidad para los años futuros para la entidad, que siempre ha sido un epicentro natural y caja de resonancia de las organizaciones sociales.

¿Salomón Jara o Alejandro Avilés podrían gozar de la gobernabilidad y la aparente paz social que ha habido en Oaxaca en los últimos años? Evidentemente, no. Los años de gracia que las organizaciones y el movimiento popular le han dado al gobierno de López Obrador se están agotando. No en vano éste incrementa todos los días la capacidad de fuego de las fuerzas armadas —con el ejército en las calles, disfrazado de una Guardia Nacional civil— y radicaliza sus posiciones para agradar a sus bases, aunque con ello termine dejando fuera a los grupos más radicales.

La desaparición de los dos eperristas en el contexto de la continuada lucha social en la región sureste del país, debería ser al menos un recordatorio de que en la entidad no sólo no hay nada resuelto, sino que quien asuma la gubernatura para los próximos años tendrá que enfrentar, in situ, el resultado de la olla de presión en la que hoy están sumergidas las organizaciones sociales que se sienten defraudadas por el régimen lopezobradorista.

EPITAFIO

¿Uso de servidores públicos en campañas electorales? Del lado local muchos lo hacen con atribulados servidores públicos de confianza que hoy sirven como matraqueros, obligados por la presión del condicionamiento del empleo. Del otro, viene el mismísimo Secretario de Gobernación a hacer campaña. Unos no justifican a los otros. Todos juntos, al final, pisotean los principios mínimos de la equidad electoral.

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La Comisión de la Verdad debe indagar la desaparición de eperristas

+ No hacerlo demostraría su fin electoral, no la búsqueda de la verdad

La semana pasada, la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario envió una carta a los integrantes de la Comisión de la Verdad en Oaxaca (CVO), en la que les ofrece toda la información que poseen sobre la detención-desaparición de sus integrantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Esto lo hacen en el contexto de la investigación que realiza la Comisión sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas entre 2006 y 2007 en Oaxaca. Para demostrar que su finalidad es conocer la verdad, y ser parte del maniobreo electoral, necesariamente la CVO debe pasar por la investigación de la desaparición de los eperristas y la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz en ello.

En efecto, durante la revuelta magisterial, y su secuela el año siguiente, ocurrieron diversos hechos que podrían constituir violaciones graves a derechos humanos —materia propia de la CVO—; pero sólo existen dos acontecimientos que generan, de forma incontrovertible, una responsabilidad ineludible para el Estado en Oaxaca. El primero de ellos es la muerte de Lorenzo San Pablo Cervantes, y el segundo, la desaparición de los dos eperristas.

¿Qué pasó con San Pablo? A finales de mayo de 2006, los maestros habían estallado su paro indefinido de labores, y el plantón; el 14 de junio el gobierno de Ulises Ruiz intentó fallidamente desalojarlos, y ello desató una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Así, ante las circunstancias, el Gobierno del Estado decidió acuartelar a los elementos de todas sus corporaciones policiacas. Por ese hecho, los integrantes de la Sección 22 del SNTE y de la APPO eran libres de ejecutar toda clase de hechos en las calles de la capital oaxaqueña.

En aquel momento —agosto de 2006— los inconformes, ya habían tomado conciencia de la importancia de tener bajo su dominio las principales radiodifusoras locales; habían venido ocurriendo una serie de agresiones y auto ataques que, a través del despojo y la violencia, les habían permitido hacerse —como nunca antes había ocurrido en México— de todas las señales radiofónicas de la capital oaxaqueña. Y ante ese hecho, el gobierno había reaccionado enviando convoys policíacos (las llamadas “caravanas de la muerte”) para tratar, aparentemente, de “limpiar” las calles y despojar a los inconformes de las señales usurpadas.

En ese contexto murió Lorenzo San Pablo Cervantes, el 22 de agosto de 2006. Ese individuo, que era empleado de la Secretaría de Obras Públicas, tuvo la desafortunada idea de atender el llamado appista —hecho a través de la radio— para resguardar las instalaciones de la empresa radiofónica RPO, que entonces se encontraba bajo su poder. Al paso del convoy policiaco hubo un enfrentamiento con los inconformes. Y al accionar uno y otro grupo las armas con las que contaban, quien cayó muerto fue el mencionado sujeto. A pesar de que son muchos los acontecimientos relacionados con el conflicto magisterial que le generan una responsabilidad al Estado en Oaxaca, el homicidio de Lorenzo San Pablo es el más evidente crimen que se cometió formalmente a manos de agentes estatales y terminó en el cajón de la impunidad.

Ahora bien, en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, existe una amplia documentación del posible contexto en que se dio su desaparición. Distintas versiones sostienen, por ejemplo, que fueron aprehendidos en el Hotel del Árbol, en la Calzada Madero de la capital oaxaqueña; y otras que en realidad fueron detenidos en un sitio no identificado plenamente de ese mismo rumbo de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

En lo único que sí hay coincidencia entre las versiones, y que ha sido aceptado públicamente por el Ejército Popular Revolucionario, es que tanto Reyes Amaya como Cruz Sánchez habían tenido participación en el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca el año previo; y dentro de las versiones se sostiene que en realidad al momento de su detención, estos dos individuos no se encontraban en el Hotel del Árbol, sino que momentos antes habían sido dejados en un sitio cercano al Hotel del Magisterio, y que se dirigían a ese lugar para sostener una reunión con personas ligadas al magisterio y a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que aún se mantenían activos en temas relacionados con el conflicto popular del año previo.

LLAMADO EPERRISTA

Lorenzo San Pablo murió a manos de agentes estatales, que participaban en las llamadas “caravanas de la muerte”. La existencia de esos convoys policiacos está plenamente documentada, y también existen las evidencias de la circunstancia específica en la que falleció ese individuo. Así, no hay forma de que el Estado se desentienda de ese crimen, que fue el único que sin ninguna duda se cometió por agentes del Estado en una acción oficial que no tiene ninguna atenuante, explicación ni justificación.

En el caso de los eperristas, recientemente ese grupo armado afirmaba: “Oaxaca al igual que otros estados está lleno de fosas clandestinas donde se configura el testimonio del cometido de los crímenes de lesa humanidad fundamentalmente por motivos políticos. Denuncia popular que es sofocada y tergiversada desde las instituciones gubernamentales, funcionarios públicos y medios masivos de comunicación progobiernistas al presentar estos crímenes como delitos del fuero común entre seres desalmados, que nada tienen que ver con el aparato represivo, ni mucho menos con motivaciones políticas.

Dentro de esas denuncias que surgen desde diferentes fuentes populares se habla de los lugares donde fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del terrorismo de Estado, en los años 2006-2007, como ‘en la parte norte del basurero que se encuentra en la colonia El Manantial, perteneciente al municipio de Zaachila en colindancia con San Bartolo Coyotepec’”.

DEBER INELUDIBLE

La detención-desaparición de los dos eperristas es un hecho ampliamente documentado, que en las circunstancias actuales no puede negarse o menospreciarse. Por esa razón, la Comisión de la Verdad está obligada a ir a fondo en esa investigación y la responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz en ello. Finalmente se trata de saber qué pasó y qué responsabilidades existen en torno a quienes sí fueron blanco de violaciones graves a derechos humanos. En el pináculo de esa investigación tendrían que estar los eperristas y Lorenzo San Pablo. Con eso, la CVO demostraría que tiene fondo y que no es un mero instrumento de golpeteo electoral.

REIVINDICAR

Carlos R. Aguilar Jiménez

Reivindicar es exigir o defender aquello a lo que se tiene derecho, recuperando o reclamando lo que por razón de dominio u otro motivo nos pertenece. Y, normalmente es la historia la que absuelve o reivindica, porque en la dinámica social o política en que la supuesta verdad la escriben los vencedores, son estos quienes se enaltecen, glorifican y aplauden, manipulando datos, sucesos y acontecimientos para que su comportamiento y desempeño quede establecido como heroico o memorable, difamando a los vencidos.

2006 fue terrible para los oaxaqueños, el conflicto social que protagonizo la APPO y la SS22 del magisterio contra el gobierno estatal, derivo casi en guerra fratricida entre dos o tres bandos beligerantes dejando en medio a los ciudadanos que nada teníamos que ver con sus mezquinos intereses, pero que fuimos afectados en todo sentido, culpándose desde entonces, porque la historia la escriben los vencedores, al gobierno del estado, quedando casi establecido que las acciones y operaciones de la autoridad en turno fueron criminales, despóticas y dictatoriales, hasta ahora, cuando el otro protagonista del conflicto, quien no tenía posibilidad en los medios o la sociedad de expresar su “verdad” o versión de los hechos, que además desde un principio fueron condenados e inculpados por quienes se dicen ofendidos, hoy publica un libro donde expone una versión diferente de los acontecimientos, con explicaciones y razonamientos distintos de la Gestapo magisterial y de la asamblea de pueblos, que servirán para que quienes vivimos el conflicto y fuimos testigos de los hechos, moderemos nuestros juicios y en función de lo que vimos y padecimos, tengamos una visión más nítida de lo que realmente sucedió, sin el fanatismo y necedad de ninguna de las partes. Quienes no vivieron el conflicto de 2006 ni sus antecedentes previos por vivir en otro lugar, juzgan de oídas, pero quienes fuimos testigos sabemos que es lo que sucedió y quizá por qué. Al final quizá nunca sabremos la realidad de los hechos, pero es justo que también sepamos la otra versión para así tener un mejor juicio y no solo el de satanización, destierro y condena del magisterio y sus aliados contra el gobierno, especialmente ahora que se está descubriendo tanta podredumbre y corrupción que había en el IEEPO y que pretenden continuar los líderes de la SS22 manipulando conciencias y criterios

Reconstituir la APPO: una decisión equivocada de la Sección 22

+ El magisterio no ha reparado en cuántas alianzas sostiene Gabino Cué

Con mucha determinación, pero sin bases, la dirigencia de la Sección 22 del SNTE anunció formalmente la reactivación de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, “en apoyo a la gremial y la creación de una red de medios”. Quizá por la vorágine de acontecimientos, pareciera que el magisterio sigue sin reconocer que la situación política actual de la entidad no es ni siquiera parecida a la del 2006; y que el decreto de extinción del IEEPO no es la agresión que ellos quisieran para levantar al pueblo de Oaxaca. En esas condiciones, su anuncio de una nueva APPO, está destinado al fracaso.

En efecto, prácticamente desde el inicio de las acciones de rescate del IEEPO de las manos de la Sección 22, ésta previó que una de las acciones que tomaría sería la de la reconstitución de la Asamblea Popular. Dicho anuncio pareció de inicio una de las tantas ideas al aire que barajó la dirigencia magisterial en su intento por encontrar un argumento lo suficientemente fuerte que detuviera las acciones que ya había emprendido el gobierno de Oaxaca para quitarle de las manos el control del IEEPO.

Ayer, la dirigencia magisterial formalizó el anuncio de la reconstitución de la APPO, aunque de entrada reconoció —sin ofrecer nombres— que sólo son 70 organizaciones las que apoyarían este nuevo conglomerado, y que como no tienen aún definida ninguna acción formal de lucha, ocuparán su tiempo en hacer recorridos por el interior del estado para invitar a que más grupos se sumen a su lucha, y a realizar foros (sin detallar exactamente con qué objetivo). Incluso, más pareciera que el anuncio hecho este martes por sólo 10 personas en una escueta rueda de prensa en el edificio sindical, fue más en respaldo a la convocatoria lanzada el lunes por el dirigente Rubén Núñez, que porque haya certeza de que pueden lograr la reconstitución de la APPO.

Junto a esto, también parece quedar claro que el magisterio pasa por alto que hoy los equilibrios de fuerzas entre el gobierno estatal, el grupo que gobierna, y las más de 500 organizaciones sociales que existen en la entidad, son diametralmente distintos a los que existían en 2006 con el régimen del gobernador Ulises Ruiz.

Concretamente, si bien la APPO no fue producto de la generación espontánea, tampoco fue una creación pura de la Sección 22. Pues en la APPO se conjuntaron agravios comunes de grupos sociales organizados —a los que el gobierno de Ulises Ruiz les había cortado, de tajo, los llamados “techos financieros” para la manutención de sus estructuras—, una artera agresión policiaca del gobierno hacia el magisterio, un inusitado apoyo social a la causa magisterial y popular y, como ingrediente clave, una enorme permisividad del gobierno federal frente a la crisis social inminente, y frente al uso de estaciones radiofónicas para la propagación de sus mensajes y el llamado a la revuelta.

Hoy la situación no pasa por ese conjunto específico de circunstancias. En Oaxaca hay una fuerte presencia policiaca, pero no ha habido un solo conato de enfrentamiento entre éstas y el magisterio. Mucho menos ha ocurrido una agresión violenta unilateral por parte del gobierno a un movimiento pacífico. A la par de ello, la gran mayoría de las organizaciones sociales tiene una relación más o menos fluida con el gobierno estatal, ya que éste ha mantenido permanentemente abiertas las llaves del presupuesto estatal, para la compra y manutención de la paz social. Esto se enmarca en el milimétrico acompañamiento que el gobierno federal ha demostrado estar dando al gobierno estatal, en la toma de la decisión de recuperar el IEEPO, y en su implementación.

Y finalmente habrá que ver qué destino tiene una de las primeras acciones anunciadas por la Sección 22 en el marco de la aparente reconstitución de la APPO, respecto a “la creación de una red de medios”. Esa red de medios tendría que ver con la articulación de varias estaciones radiofónicas de las comunidades del interior del Estado, y quizá hasta de las instaladas en la zona conurbada a la capital oaxaqueña.

Y quién sabe si en las condiciones actuales, los mismos operadores de esas estaciones estén dispuestos a ofrecerle apoyo a la Sección 22, en un movimiento que sólo involucra sus intereses al tratar de defender sus posiciones en el IEEPO. Pues hoy muchas de esas estaciones se encuentran en medio de un largo y complejo proceso para la obtención de permisos de transmisión por parte de la autoridad federal en materia de telecomunicaciones; y las que no están intentando regularizarse, han evitado involucrarse en conflictos para no darle motivos a la PGR para la requisa de sus instalaciones y equipos.

¿QUIÉNES SON LOS

ADVERSARIOS DE GABINO CUÉ?

Es una pregunta que, con seriedad, tendrían que hacerse los maestros al repensar la construcción de una nueva APPO. Gabino Cué, es cierto, tiene muchos adversarios luego de cinco años de gobierno. Pero la parte fina que el magisterio parece no ver es que muchos de esos detractores, el Gobernador los ha venido forjando justamente por su resistencia a dar por terminados los pactos políticos con los grupos que lo ayudaron a allanar su ruta rumbo a la gubernatura.

Es público y notorio que una de las alianzas que más le generaba costos políticos al régimen gobernante, era justamente la que mantuvo durante cinco largos años con el magisterio, a cambio de nada. En estas condiciones, es lamentable que hoy en día la CNTE repudie de la forma que hemos visto, a un gobierno que estuvo dispuesto siempre a darle todo y que no recibió ningún beneficio a cambio.

La alianza con el magisterio, al gobernador Cué nunca le reportó un superávit en términos políticos. Y eso, de hecho, opacó siempre la relación de claroscuros que su gobierno ha mantenido con las demás organizaciones sociales que, en la sombra creada por el propio magisterio, se han dedicado como nunca a explotar la industria del chantaje.

EL DINERO HABLARÁ…

Al final, los recursos económicos provenientes del presupuesto público son los que determinarán las alianzas que pueda tener la Sección 22 para este nuevo intento de reconstitución de la APPO. ¿Quiénes serán sus aliados? Todos aquellos a los que el gobierno no los haya incluido en sus “inversiones sociales”. Será, de nuevo, una medición de fuerzas y de intereses, y no una lucha por la democracia y por “el pueblo de Oaxaca”, como deliberadamente el magisterio ha intentado presentarla para involucrar a los incautos que quieran intervenir en esta nueva aventura.

En nueve años, el movimiento popular minó su respaldo ciudadano

+ En 2006 la gente salió a defender a maestros; hoy disimula su enojo

Es curioso cómo apenas nueve años después de ocurrido el conflicto magisterial, en un nuevo episodio de militarización de la capital oaxaqueña y diversos municipios importantes de la entidad, nadie salió a reclamar ni a repudiar a las fuerzas federales. Es curioso porque ello revela el nivel de respaldo ciudadano que tiene hoy el movimiento popular, frente al que tenía al desatarse el conflicto magisterial en 2006.

En efecto, en las últimas semanas propios y extraños se han preguntado cómo pudo ocurrir ese inesperado y casi inexplicable revire del gobierno federal a la Sección 22 y la CNTE. En las semanas previas a los comicios, la Coordinadora había asumido ya una actitud soberbia frente al gobierno federal, a quien incluso orilló a posponer indefinidamente el inicio de la evaluación a los docentes a través del INEE. Parecía que el gobierno federal tenía muchas reservas sobre la reacción no de los maestros, sino de la población, frente a una posible acción de fuerza. Entidades como Oaxaca tienen una presencia magisterial fundamental y, según preveían, también un respaldo social —supuestamente— enorme.

Eso fue lo que el gobierno federal previó y midió a partir del envío de fuerzas federales a Oaxaca para resguardar los comicios. Lo hizo con mucha cautela, primero al evitar aceptar que la presencia de tropas federales era por las amenazas del magisterio; segundo, envió a casi 15 mil elementos para que la sola demostración de fuerza desmovilizara. Tercero, lo hizo de tal forma que, al arribar, los elementos no tuvieran ningún roce con la población; y cuarto, sabía que el choque entre policías-soldados con militantes de la Sección 22 sería inevitable, pero les interesaba ver qué tanto se involucraba la ciudadanía en esos posibles enfrentamientos.

Por todo eso, lo que en términos concretos vio la autoridad federal cuando llegó a Oaxaca —y le sirvió como base para cambiar la actitud frente a la Coordinadora— fue a una ciudadanía que si bien nunca confrontó a los maestros, tampoco los defendió. Encontró en Oaxaca a una población lastimada por las acciones de protesta del magisterio, y ya sin ningún motivo para continuar respaldando una lucha social, en la que la población no sólo no ha tenido ningún beneficio, sino que ha sido la gran damnificada por todas las situaciones por las que ha atravesado. Halló a una sociedad a la que pareciera que se le terminaron las ganas de que la siguieran relacionando con la lucha magisterial.

Ese es un elemento decisivo en el cambio de actitud federal frente a los maestros. Seguramente el gobierno federal tenía mucho recelo —y sólo podría ver la realidad ante un despliegue de fuerzas federales— de lo que pudiera hacer la ciudadanía para defender las posiciones o argumentos magisteriales. En 2006 la ciudadanía salió a marchar en una actitud de respaldo abrumador a los maestros; e incluso cuando las fuerzas federales llegaron a Oaxaca a finales de octubre de ese año, hubo muchísimos ciudadanos que espontáneamente salieron a repeler el avance de la Policía Federal Preventiva y a ayudar a los maestros a defender sus posiciones.

Nada de eso ocurrió en esta ocasión. Pareció que, en ese contexto, los maestros esperaban demostrar con el boicot, de qué tamaño era el respaldo social con el que contaban; pero de cara a los resultados quedó demostrado que ellos también fueron derrotados en esa medición. Es cierto, que gran parte de la ciudadanía no salió a aplaudir por la presencia del Ejército, la Marina y la Policía Federal en la entidad —de hecho, mucha gente tuvo miedo— tampoco salió a repudiarla.

En eso parece estar buena parte de la explicación de este cambio de actitud, y de la decisión inteligente de los mismos integrantes de la Sección 22 de no continuar asumiendo que tienen un respaldo ciudadano que la propia población ya no quiso demostrarles en un momento que para ellos era determinante.

14 DE JUNIO

Ayer se conmemoró el noveno aniversario de un conjunto de hechos con los que, independientemente de que estemos de acuerdo o no, nunca deben volver a ocurrir en Oaxaca. La madrugada del 14 de junio de 2006, y luego de 24 días de plantón en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, el Gobierno del Estado decidió desalojar a los integrantes de la Sección 22 del SNTE que se encontraban ahí, exigiendo el cumplimiento de su demanda de rezonificación salarial.

Aquel día, luego de varias horas de enfrentamiento, en el que se combinó la mala planeación del operativo con el mal cálculo de a cuántas personas se enfrentarían, los elementos de la entonces Policía Preventiva, se toparon con un bien agrupado, y numeroso, contingente de profesores, que defendieron los espacios que mantenían ocupados hasta replegarlos por completo.

Así, los 700 elementos dispuestos para la tarea, fueron dispersados por los varios miles de manifestantes con quienes se enfrentaban. Y por eso, al final de la jornada, el gobernador Ulises Ruiz ya no sólo enfrentaba la demanda económica de la Sección 22, sino que ya también se le exigía tanto su renuncia como la de varios de sus funcionarios, y el magisterio se hermanaba con otras organizaciones sociales que también se decían agraviadas por el gobierno estatal, para juntas exigir la salida del régimen gobernante.

Fue a partir de entonces, que la Sección 22 inició el proceso de creación de un organismo que agrupara a todas las organizaciones y grupos ciudadanos que entonces les mostraron adherencia, y estableció un catálogo de demandas cuyo común denominador era la democratización del estado, el arribo de un régimen de gobierno respaldado por la ciudadanía, y la realización de reformas para garantizar que hubiera democracia, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio público.

Así, del primero de los procesos surgió la APPO; y del segundo surgió la exigencia de una nueva legislación que diera cauce a las demandas democráticas del movimiento magisterial y popular, y que se materializara en una legislación y un gobierno con verdadero apego al interés de la ciudadanía.

TIEMPO PERDIDO

Lamentablemente muy poco ha cambiado de entonces a la fecha, y mientras la ciudadanía ha pagado un costo muy alto por todo lo ocurrido. No hay un marco más democrático ni más justo; no tenemos organizaciones comprometidas con la gente; no tenemos un magisterio comprometido con su función. Muchas han sido palabras, pero más ha sido el tiempo perdido.

Guelaguetza: ¿tiene razón de ser la “popular”?

+ Gobierno-Sección 22: sin pugna, cae el interés

En los últimos años, había quienes decidían ir a la representación de los Lunes del Cerro organizadas por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por compromiso político, por refrendar la alianza con “la lucha del pueblo”, o simplemente para manifestar su rechazo a la fiesta de la Guelaguetza organizada por el Gobierno del Estado.

Eran los tiempos de la pugna abierta y directa entre los “democráticos” y el gobierno priista. Y la fiesta magisterial tenía buena parte de su esencia en ese choque de bloques políticos. Hoy, cuando todo eso parece ser parte del pasado, debemos preguntarnos qué rumbo tiene esa manifestación alternativa, no a la luz de las tradiciones o la representación cultural, sino de lo que les cuesta esa expresión a los trabajadores de la educación, y al pueblo de Oaxaca.

Volvamos la memoria a lo ocurrido algunos años atrás, para comprender a cabalidad de qué hablamos. Si bien se recuerda, en 2006 ocurrió el conflicto magisterial, en el que la Sección 22 y un grupo de organizaciones —que después constituirían la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca—, se levantaron en contra del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, debido, entre otras razones, a que éste había dispuesto un operativo policiaco para disolver una serie de protestas que, a principios de junio de ese año, encabezaban los trabajadores de la educación en Oaxaca, exigiendo que se les otorgara el beneficio de la rezonificación salarial.

Al desatarse el conflicto, una de las primeras medidas de choque directo que emprendieron los profesores, fue el boicot a la fiesta de la Guelaguetza. Desde semanas antes, tomaron el Auditorio del Cerro del Fortín, y luego de fuertes actos de presión, lograron la suspensión de ésta. Sin embargo, a la par de eso, ellos organizaron por primera vez su “Guelaguetza popular”, tanto como una vía de escape a la cancelación de la festividad —desde entonces denominada como “oficial”—, como también para repudiar “la comercialización de las tradiciones populares” que, a su juicio, hacía el gobierno estatal.

En aquel año 2006, ante el anuncio de la organización de su propia Guelaguetza, y ante la amplísima respuesta social y política que tenían los llamados y las peticiones de la Sección 22, éstos recibieron un amplísimo apoyo para la organización del evento.

Para aquella primera edición, grupos folklóricos, luchadores sociales y organizaciones, hicieron patente su apoyo, y organizaron una celebración que, además, tuvo una concurrencia importante no sólo por su esencia, sino por el momento político que se vivía en Oaxaca: todos aquellos que estaban comprometidos, o al menos identificados, con la lucha de la Sección 22, fueron a hacer patente su apoyo, al menos asistiendo a la celebración.

En ese momento, pocos podían vislumbrar que esa celebración alternativa de los Lunes del Cerro persistiría. Y también, con el devenir del tiempo, muchos cerraron los ojos respecto a los apoyos económicos y la forma de financiamiento, ya ni tan populares, ni tan limpios, ni tan voluntarios por parte del “pueblo comprometido”, que tiene esa representación.

Veamos si no.

¿Y EL DINERO?

Ya para 2007, la pugna entre el Gobierno del Estado y la Sección 22 había disminuido notablemente. Éstos seguían teniendo una confrontación formal, que incluía el no reconocimiento de la 22 a Ulises Ruiz y su gobierno como interlocutores válidos, aunque en realidad ya negociaban ciertos temas relacionados con la educación, con el conflicto magisterial, y con algunos aspectos sociales que le interesaban al magisterio.

Aunque en privado ya se entendían, la persistencia de la declaratoria fáctica de pugna, nacía del hecho de que no se habían cumplido los extremos del conflicto magisterial. Es decir, ni la imposición de un gobierno popular, como inicialmente querían la 22 y la Asamblea Popular; ni se había logrado tampoco el derrocamiento del gobernador Ruiz.

En ese 2007, la Sección 22 anunció que nuevamente organizaría su Guelaguetza Popular. Sólo que ya para entonces, la respuesta popular que recibió a su llamado fue mucho menor, y entonces anunció que se financiaría de las aportaciones de los propios trabajadores de la educación. Nunca aceptó la dirigencia magisterial, aunque fue siempre cierto y sabido en las esferas gubernamentales, que independientemente de esa aportación económica dada por cada uno de los agremiados a la 22, el gobierno estatal habría financiado prácticamente todos los gastos operativos y de logística para ese evento. El gobierno estatal, por ejemplo, habría corrido con gastos de sillas, entarimados, sonido, luz, etcétera.

Desde entonces, cada año se le pide de “cooperación voluntaria” (aunque de eso último no tenga nada en realidad), una cantidad que ronda entre los 25 y 30 pesos. Si multiplicamos esa cantidad, por los más de 70 mil trabajadores de la educación que hay actualmente, obtendremos que la dirigencia seccional de la Sección 22 recauda una cantidad que ronda los dos millones de pesos, sólo para la organización del evento.

Hoy sería bueno que la dirigencia de la 22 le explicara a sus agremiados, y por qué no, también a la sociedad en general, varias cuestiones. Por ejemplo, cuánto realmente cuesta la organización de su Guelaguetza alternativa, y qué uso se le da al remanente de esa “recaudación voluntaria”. También, y más ahora que ya no existe pugna entre el gobierno y ellos, debieran explicar con toda honestidad, si reciben algún tipo de apoyo económico o en especie por parte del sector oficial, en qué consiste y cuánto dinero les ahorra.

Queda claro que lejos de limitarse, la Guelaguetza alternativa, como una forma más de expresión, debe continuar e incluso ser alentada. Esto, por la sencilla razón de que nada prohíbe que los maestros hagan su propia representación de las tradiciones de Oaxaca, y por tanto éstos debieran incluso formalizar sus representaciones y el significado de cada una de ellas.

CUENTAS CLARAS

Sin embargo, debiera quedar también claro si ese sigue siendo un acto de rebeldía o de oposición a las decisiones oficiales, si es una expresión puramente cultural (y por tanto debieran explicar su financiamiento y funcionamiento); o si, finalmente, eso se está convirtiendo también en un negocio del que, vaya paradoja, se estarían beneficiando sólo unos cuantos.

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