Ambulantes y violencia: consecuencias de gobierno descuidado

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+ Municipio citadino: las expectativas, convertidas en un fiasco

La mañana de ayer, un grupo de vendedores ambulantes se enfrentó con elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, que trataba de desalojarlos del zócalo y la alameda citadinos, por no contar con las autorizaciones correspondientes para expender sus productos. En el intento, los llamados “chachacuales” opusieron resistencia, convirtiéndose el operativo en un enfrentamiento violento, que dejó como saldo algunos lesionados, dos decenas de detenidos, daños en varios comercios, y la constatación de la imagen violenta que tiene nuestra ciudad frente al turismo. Y para colmo, esto ocurría mientras se desarrollaba la primera presentación de la fiesta de la Guelaguetza.

Además de la violencia, los hechos de ayer preocupan porque dejan ver, en toda su magnitud, el descuido en que se encuentra el gobierno de la capital oaxaqueña. Los vendedores que fueron desalojados, pertenecen al grupo que se instala recurrentemente en esa zona gracias al cobijo de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y la Sección 22 del SNTE. Esta, pues, no era la primera ocasión que estaban ahí, y tampoco son el único grupo de vendedores ambulantes que burla la ley, cuando quiere y como quiere, en Oaxaca de Juárez.

El argumento para el desalojo, en este caso, fue el de “la preservación del Estado de Derecho”. Bajo ese dicho, un grupo de elementos de la Policía Municipal inició el operativo, que no correspondía más que a una acción de fuerza poco articulada, y tardía, frente a un grupo de comerciantes ambulantes que de antemano se había pronunciado por la defensa violenta de sus espacios de comercio. Era, pues, un hecho previsible en prácticamente todas sus aristas. Y también era posible evitarlo. ¿Por qué?

Porque los vendedores ambulantes cobijados por las siglas de la Asamblea Popular no aparecieron como consecuencia de la generación espontánea, ni se instalaron con tal rapidez que fuera imposible detenerlos; porque el gobierno de Oaxaca de Juárez pudo haber tomado acciones no violentas para evitar su instalación; y porque la Policía Municipal ni siquiera fue capaz de contener la trifulca que ayer se desató en el zócalo citadino.

La reacción del gobierno municipal, una vez más, fue desatinada y tardía. Valerse de la fuerza pública para remediar un asunto que primeramente fue desatendido por las vías pacíficas, es tanto como querer imponer el orden, frente a la colectividad, a base de garrotazos. En más de una ocasión —todas menos importantes que el día cumbre de las fiestas de la Guelaguetza—, las fuerzas policiacas municipales y estatales han impedido pacíficamente la instalación de comercio ambulante en el primer cuadro de la capital, y se ha podido remediar esos intentos de transgresión del orden y la ley, a través de mecanismos menos estruendosos que el de la intervención policiaca.

El problema es que el gobierno municipal, que encabeza Miguel Ángel Bustamante Underwood, no sólo respondió incorrectamente a este problema, sino que además ha demostrado que su gobierno acumula fallos, y hace diferencias notables en el trato que da incluso a quienes transgreden la ley en prácticamente la misma forma que lo estaban haciendo, hasta ayer, los vendedores ambulantes en el zócalo citadino. Veamos si no.

DESGOBIERNO

Hace apenas unas semanas, otro grupo de vendedores ambulantes hizo algo parecido a los adheridos a la APPO que fueron desalojados ayer del Centro Histórico. En efecto, desde el 18 de junio pasado, el grupo de tianguistas que hasta hace unos meses se instalaba en el Paseo Juárez, y que luego fueron reubicados en una explanada al sur de la ciudad, volvió sin previo aviso, y sin autorización alguna, a instalarse cada viernes en el parque conocido como El Llano.

Ese grupo de ambulantes —que para efectos prácticos resultan cometer las mismas faltas que los de la APPO—, se instaló inesperadamente en el Paseo Juárez, argumentando que sus ventas habían disminuido drásticamente en el sitio donde habían sido reubicados, y volvían a su antiguo asiento, porque el gobierno municipal no había cumplido con las promesas a que se comprometió, cuando negociaron su retiro de esa plaza pública.

Todos eran argumentos poco serios. Ellos mismos, y la autoridad, reconocen que no necesariamente era el sitio lo que hacía exitoso dicho tianguis, que sus ventas no eran tan bajas como decían, y que no eran tan reales los incumplimientos que alegaban. De hecho, el sitio en que fueron reubicados, ofrecía mejores condiciones para sus clientes, y mayor espacio para la instalación de los puestos. Pero más que por necesidad o apremio, el regreso de los ambulantes al Parque Juárez fue una demostración de fuerza e impunidad a la que se prestó por completo la autoridad municipal.

Así, desde el 18 de junio pasado, no ha habido un solo viernes en que los ambulantes no se instalen en el parque El Llano. El gobierno de Oaxaca de Juárez ha ofrecido reiteradamente la voluntad al diálogo, han asegurado que tienen resuelto el retiro de los vendedores, e incluso han amagado con hacer valer sus determinaciones a través de la fuerza. Nada ha valido. Y es que, a diferencia de los desalojados ayer, los que instalan su tianguis cada viernes en el Parque Juárez, pertenecen a una organización identificada con el Partido Revolucionario Institucional, e incluso su dirigente (Israel Ramírez Bracamontes) fue parte de la planilla de candidatos a concejales citadinos por ese partido.

¿Por qué entonces, el gobierno de Oaxaca de Juárez sí aplica la ley a unos, y a otros no? No se trata de que apalee a todos, o de que a todos les permita violar la ley en la forma y plazos que les plazca, sino de que pudiera establecer un criterio uniforme para tratar a todos los que se dedican al comercio informal. La acción directa, es responsabilidad de Bustamante Underwood. Pero el fracaso rotundo del control al ambulantaje, es una más de las facturas que la ciudadanía citadina está cobrando al PRI, por los errores y las desatenciones del edil con licencia, José Antonio Hernández Fraguas.

AGRESIÓN REITERADA

De nada sirve que, como ayer, el comisionado de la Policía Estatal, Jorge Alberto Quezadas, ofrezca disculpas a los trabajadores de la información, ya que éstos fueron agredidos por sus elementos. ¿Qué es muy difícil distinguir a los fotórreporteros? ¿O es que el garrote y la sobada, son parte de la misma estrategia? Es pregunta.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

1 COMMENT

  1. Regresaron los ambulantes a Correo Mayor y toda la calle del Carmen en el Centro Histérico del D. F. con el permiso de autoridades corruptas y funcionarios policiacos como el comandante del sector mixcalco cuyo número celular es el siguiente 044 55 3638 1875 que nunca hace caso a las denuncias cel comercio establecido y vecinos de dichas calles, por lo que veo este comandante y muchos policías estan haciendo su año de Hidalgo en el bicentenario de la Revolución e Independencia de nuestro país, ¡¡¡¡viva la corrupción policiaca, viva la delincuencia!!!!

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