+ Autores del crimen: ¿delincuentes con forma de subversivos?
Enviada como una prueba más de vida, pero también del secuestro brutal de que es objeto, la tarde del pasado lunes fue dada a conocer una nueva imagen del abogado y político mexicano Diego Fernández de Cevallos en cautiverio, por un grupo delincuencial que se hace llamar “Los misteriosos desaparecedores”. Casi de inmediato, fuentes cercanas a la inteligencia civil y militar del gobierno federal, nuevamente deslizaron la posibilidad de que este secuestro en particular, sea obra de un grupo guerrillero y no de una banda criminal. Aunque en un primer momento esa presunción podría estar sustentada con razones, parece claro que más bien todo es producto de una confusión que bien podría ser deliberada.
Para entender los dos polos de este asunto, es necesario ir por partes. En primer término, es necesario dilucidar y entender las razones por las que el gobierno federal sospecha, o aparenta sospechar, de algún grupo guerrillero. Prácticamente desde el surgimiento de las principales organizaciones subversivas en México —ocurrido entre finales de la década de los sesentas, y principios de la siguiente—, éstas se valieron, como una de sus principales fuentes de financiamiento, presencia, y presión política al gobierno, de la ejecución de secuestros de alto impacto.
En dichas acciones, las organizaciones armadas no sólo lograban poner en jaque al gobierno —porque, en la mayoría de los casos, era imposible dar con los captores, y porque las células guerrilleras actuaban con un alto grado de eficiencia en la preservación de sus propias condiciones de seguridad—, sino que, además, los grupos que perpetraban esas acciones de alto impacto, obtenían dividendos políticos y grandes sumas de dinero para continuar su lucha.
Así, en un primer momento, este parece ser el caso del secuestro del llamado Jefe Diego. Visto desde esa óptica primaria, este hecho reuniría todas las características que antes se han mencionado. Por ser un político de gran calado dentro del Partido Acción Nacional, ex senador de la República y ex candidato presidencial, además de un hombre que ha litigado algunos de los casos más redituables del país para cualquier abogado, Fernández de Cevallos parecería ser el blanco perfecto de uno de esos secuestros de alto impacto que en antaño perpetraban algunas organizaciones armadas.
Por si eso fuera poco, en sí mismo el secuestro fue perpetrado con un alto grado de eficacia. Tanto en la ejecución inicial, consistente en privar de la libertad al individuo, como en toda la logística y acciones posteriores, consistentes en la preservación con vida y relativa salud del secuestrado, en un lugar seguro e infranqueable, y a salvo todos de cualquier posibilidad de detección por parte de los órganos de inteligencia civil y militar del gobierno federal, este secuestro reuniría todas las características de una acción orquestada desde la guerrilla.
Esta versión podría ser correcta en todas sus vertientes, salvo por algunas cuestiones. Una de ellas, la principal, es que en los casi 80 días que han transcurridos desde el pasado 14 de mayo, cuando Fernández de Cevallos desapareció, la organización guerrillera del país que aparecía como principal sospechosa de la acción (el Ejército Popular Revolucionario, por ser el mejor articulado y el que tendría mayor capacidad para perpetrar una acción de esta envergadura), se ha deslindado reiteradamente de los señalamientos. Al contrario: ha condenado el hecho, ha manifestado solidaridad con la víctima, y ha puntualizado en innumerables ocasiones, que desde hace una década ellos tienen descartado el secuestro como una forma de financiamiento para sus operaciones insurgentes.
Además, hasta ahora no ha habido un solo pronunciamiento formal de tipo político respecto al plagio. Las organizaciones de tipo subversivo, además de las exigencias económicas que podrían realizar a los familiares de un secuestrado, también tendrían como una prioridad el establecer un marco de exigencias o de reivindicaciones respecto a la acción que estarían perpetrando. El secuestro del abogado, sin embargo, no reviste hasta el momento ninguna de las características antes señaladas.
GRUPO MIMETIZADO
Es probable que un hecho no tenga nada que ver con otro. Pero si se recuerda, entre junio y septiembre de 2007, los hermanos Cerezo Contreras recibieron por lo menos tres cartas vía correo electrónico, en las que un supuesto grupo contrario les demostraba, con un lenguaje mordaz, altisonante e irónico, que ellos eran los responsables por la desaparición de los militantes eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
Es probable, como decimos, que no haya ninguna conexión entre aquellas cartas y el boletín que recientemente envió el grupo “Misteriosos desaparecedores” como carta de presentación a las pruebas de vida del abogado Fernández de Cevallos. Sin embargo, la ironía y sagacidad de unos y otros, bien podría llevar a pensar que alguna referencia existe entre ellos.
Pero también puede ser algo más, que sería mucho más grave. Esto es, que el secuestro de Fernández de Cevallos en realidad fuera la prueba que el Estado estaba esperando para corroborar que, en efecto, existen grupos que pasaron de la ideología política a la acción criminal, o que éstos últimos ya aprendieron las técnicas perfeccionadas de la guerrilla para cometer sus ilícitos. Es decir, que éstos podrían ser guerrilleros metidos a bandoleros, o criminales que ya ocupan técnicas perfeccionadas de guerrilla.
En todo esto, el gobierno parece cumplir con sus obligaciones al no meterse en las pesquisas. Con su silencio, en realidad, evade una responsabilidad de fondo, que radica en la mimetización de los grupos que azotan y cometen delitos en contra del país.
SE ENGAÑAN SOLOS
A los priistas oaxaqueños no les gustó que el secretario General del CEN del PRI, Jesús Murillo Karam, dijera algo que no es del todo falso: que las derrotas sufridas el 4 de julio tuvieron como telón de fondo una incorrecta selección de sus candidatos. ¿A poco Eviel Pérez Magaña cree que él es el centro de todo? Al menos en Oaxaca, la derrota tricolor se fraguó no sólo porque él fuera un mal candidato, o por los factores externos, sino porque sus “leales” eligieron mal a los candidatos a diputados y presidentes municipales. ¿No cuentan la venta, extorsiones e imposiciones de candidaturas? Por favor.
