+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Oficialismo y oposición: unos no podrán gobernar sin los otros

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+ Entrega-recepción: proceso debe ser ajeno a manipulaciones

Los trabajos de entrega-recepción entre las administraciones saliente y entrante al gobierno estatal, deben tener un límite en cuanto a su manipulación con fines de golpeteo político. Tanto la gestión priista del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, como la coalicionista de Gabino Cué Monteagudo, en el marco de la racionalidad, están obligadas a comenzar a buscar puntos de coincidencia y, relativamente, equilibrios. Deben asumir que, por el momento, ninguno de los dos tiene la razón completa, y que, en el futuro, ninguno de los dos podrá seguir haciendo política sin interactuar civilizadamente con sus adversarios.

Se ha dicho hasta el cansancio, y se ha convertido en lugar común, el asegurar que Oaxaca es un laboratorio político tanto de los partidos como de las facciones que gobiernan, o pretenden gobernar al país. Esa afirmación, sin embargo, no sólo tiene validez en cuanto a los oscuros métodos electorales de los que se valieron todas las fuerzas políticas para competir “democráticamente”; sobre todo, lo que se ensayará en Oaxaca, son las nuevas formas de hacer política y gobierno, bajo los esquemas pragmáticos de coalición, oficialismo y oposición.

¿De qué hablamos? De que, justamente, Oaxaca es uno de los escenarios políticos más complejos que tiene el país, pero es también el primero en el que —por lo menos ahora es una promesa de las fuerzas de oposición— se intentará algo equiparable a un “gobierno de coalición”; en la contraparte, al ser ésta una de las plazas “emocionalmente” importantes para el priismo, aquí también habrá de ensayarse un modelo de oposición más eficaz —no visto hasta ahora en el PRI— que logre conseguir su propio reposicionamiento, pero sin condicionarlo necesariamente al fracaso estrepitoso de sus adversarios en el gobierno.

¿Por qué necesariamente debe ensayarse eso aquí en Oaxaca, y no en otra entidad? Porque, a la luz de los hechos, la nuestra es una de las entidades con mayores complejidades, pero también en la cual las fuerzas políticas han librado algunas de las más feroces batallas por el poder. Ambos bloques, el que ahora gobierna y quienes lo harán a partir de diciembre, deben comenzar a buscar formas menos violentas y más razonables para hacer política, porque de no hacerlo defraudarán —todos juntos— la expectativa de la ciudadanía respecto a que la democracia, el orden y el gobierno aún son viables, y provocarían nada menos que un nuevo, y mucho más violento, estallido social en contra del régimen, independientemente del partido o el grupo político a que éste pertenezca.

La misión, pues, no resulta sencilla. Sin embargo, hasta ahora las fuerzas políticas han mostrado poca capacidad de entendimiento, y más bien han apostado por las soluciones de fuerza que, en el corto plazo, les reportan cierta ganancia o posicionamiento, pero que no abonan al entendimiento que necesariamente debe haber entre ellos después de la transmisión de poderes, y el cambio de administración.

Oaxaca no se acaba, ni tampoco comienza, a partir del 1 de diciembre. Por esa razón, en todas las fuerzas políticas debía existir un poco más de prudencia. Nada gana el actual gobierno en mantener una actitud tímidamente burlona, llena legalismos y escamoteos, con quienes exigen que inicie y se establezca con pulcritud, el proceso de entrega-recepción.

Pero éstos, los integrantes de las fuerzas de oposición, tampoco ganan algo más que simple polémica inútil y tendenciosa —que no hace más que engañar a los ciudadanos—, cuando exigen al gobierno que tome decisiones e inicie el proceso de transmisión de poderes, sin ellos tener aún la calidad consolidada de gobierno electo, ni tampoco la legitimidad jurídica necesaria para recibir las cuentas de una administración, que se encuentra a cuatro meses de concluir.

“NI CONTIGO NI SIN TI”

Si los grupos políticos entrantes y salientes del poder, asumen una actitud madura, podrán darse cuenta que no les queda otra más que aprender a convivir, sin que esto sea sinónimo de connivencia o complicidades, pero tampoco de enfrentamiento y golpeteo permanente. Si el gobernador Ulises Ruiz —y los representantes de su grupo político, a los que dejará en las trincheras de lucha en la entidad— tiene visión de mediano plazo, tendrán que hallar la manera de no convertir esta derrota electoral en una guerra a muerte, que termine dañando a los otros, pero también a ellos, y haciendo víctima de su guerra a Oaxaca.

Pero, por el contrario, el gobernador electo, Gabino Cué, debe también asumir que, le guste o no, parte de una correcta actitud democrática implica la posibilidad de “hacerse cargo” de sus adversarios. Aunque el gabinismo esgrime como principal argumento para exigir acciones civilizadas al gobierno saliente, que “el pueblo ya eligió”, y que esa decisión popular debe ser respetada, también deben considerar con moderación, que el número de oaxaqueños que no votó por ellos fue alto, y que por tanto ambos grupos tienen, en el triunfo o la derrota, un grado similar de legitimidad para seguir teniendo presencia en la escena pública.

Gabino Cué debe asumir eso como una realidad, porque sin esos 600 mil electores, y sin la representación popular que, lo reconozca o no, tiene el PRI, no podrá gobernar la entidad. Abonar a la polarización, sólo lo llevará a profundizar las diferencias que ya existen entre ambos grupos, y llevarlas al punto de convertirlas en insalvables.

Si ello ocurre, y si los priistas no moderan también sus posiciones —aunque eso no signifique entreguismo, que sí sería una actitud indigna de un partido opositor— entonces pronto convertirán a Oaxaca en un nuevo escenario de guerra. Ambos grupos deben asumir que no tienen el futuro asegurado, y que en política, ninguna batalla está totalmente ganada, pero tampoco totalmente perdida. Sólo ellos saben si asumen correctamente esta circunstancia.

ESPERAR SENTADOS

Sí, así tendríamos que esperar los usuarios del transporte urbano, a que las líneas camioneras cumplan con los compromisos que pactaron en 2007, a cambio del incremento a la tarifa del pasaje. ¿Cuántos muertos ha habido, desde entonces, bajo las ruedas de esos autobuses? ¿Cuántos heridos? ¿Cuánto dinero en pérdidas materiales? Y vayamos a lo concreto: ¿Dónde está la modernización de la flota camionera? ¿Dónde el seguro del usuario? ¿Y la capacitación a los conductores? No se hagan: Eso, finalmente, no importará al momento de decretar el alza en la tarifa.

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