+ Revisión de delitos cometidos en 2006, también los implicaría
Al cumplirse cuatro años del homicidio de José Jiménez Colmenares, ocurrido durante una marcha del magisterio y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca en agosto de 2006, la dirigencia estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, anunció que presentará una denuncia penal colectiva en contra del gobernador Ulises Ruiz y varios otros servidores públicos que tuvieron participación durante el conflicto social de ese año. Además de buscar un efecto político a través del uso de la vía judicial, los profesores democráticos debían reparar en que la justicia no puede ser selectiva. Y que si en algo llegase a variar el estado de impunidad en que se encuentran los hechos del 2006, también ellos tendrían que ser llamados a cuentas.
Por principio de cuentas, es evidente que, en teoría, a los profesores de la Sección 22 no les falta razón. De hecho, anunciar la presentación de sendas denuncias penales por los delitos cometidos durante la revuelta magisterial, parece ser un medio alternativo ante la potencial simulación de un juicio político, que estarían en vías de perpetrar la mayoría de los diputados que integran la LX Legislatura del Estado en Oaxaca.
Si puramente entendemos estas denuncias en el ánimo del “deber ser”, entonces podríamos asumir que seguramente tales acusaciones penales en sí no buscarían un fin específico, sino que más bien serían parte de los actos previos —o actos preparatorios— para acciones de índole política posteriores. Es decir, que buscando condenas de ese tipo posteriores al 1 de diciembre, ellos estarían recopilando todos los elementos que previamente pudieran dejar constancia de que, en efecto, existe la presunción, en base a las denuncias, de que se hubieren cometido delitos y que fueron denunciados en su tiempo debido.
¿Por qué buscar estos fines a través de denuncias penales? Porque establece el artículo 115 de la Constitución del Estado, que el Gobernador sólo puede ser responsable por la comisión de delitos graves del orden común, y la violación a las atribuciones, límites y prohibiciones que le señala la propia Ley Fundamental.
¿Qué significa esto? En términos sencillos, que el Gobernador del Estado no puede ser acusado de haber cometido otro tipo de faltas o delitos durante el tiempo de su encargo. Su marco de responsabilidades queda, entonces, ampliado respeto a un sinnúmero de faltas sobre las cuales no se le puede establecer acusación formal, y al mismo tiempo reducido en las cuestiones, por las que sí puede ser señalado como responsable de haber cometido durante el tiempo en que se desempeñó en ese cargo.
En esa lógica, una denuncia penal por la comisión de un delito grave del orden común (como podría ser el secuestro, el homicidio, y los demás que enumeran las normas procesales locales y federales), al menos deja un precedente de que sí pudo haberse cometido la falta o el delito que se señala. De ese modo, de haber un seguimiento puntual, entonces sí se le podría establecer responsabilidades penales cuando ya no ostentara el cargo y la inmunidad que confiere la titularidad del Poder Ejecutivo.
El problema, para la Sección 22, es que si de verdad se encuentra en la determinación de lograr un castigo ejemplar para quienes ellos consideran como responsables de la persecución, y el hostigamiento a los luchadores sociales durante el conflicto magisterial, tendrá entonces que vincular cada uno de los hechos a la responsabilidad personal última del Mandatario, y de los demás servidores a quienes denunciarán. Ahí es donde se encontrarán con algunos problemas importantes.
Aún cuando la Suprema Corte señaló responsabilidades, lo cierto es que en sus documentos probatorios ellos no pudieron vincular relación directa entre algunos de los hechos violentos y constitutivos de delitos, con la decisión inicial del titular del Ejecutivo. Seguramente, esa relación podría sí existir; pero, frente a ello, es muy distinta la posibilidad de que esa conexión causal pudiera establecerse en contra o a favor de alguien. En todo caso, sentaría precedente que los abogados de la Sección 22 sí pudieran lograrlo.
JUICIO PARA TODOS
En algunos momentos, el gobierno electo de Gabino Cué Monteagudo ha ofrecido hacer una revisión puntual de los hechos más relevantes que ocurrieron durante el conflicto magisterial y popular de 2006. En ese sentido, la creación de un ente equiparable a lo que comúnmente se conoce como “comisión de la verdad”, marcaría un hito en la historia reciente de la entidad, y abriría la posibilidad de que se revisaran prácticamente todos los hechos ocurridos durante la crisis social. Todos los involucrados —los propios de funcionarios, y los que fueron responsabilidad de los grupos inconformes— tendrían, en realidad, algún tipo de responsabilidad en ese episodio drásticamente extraordinarios.
La Sección 22 no puede sustraerse a esta realidad. Una verdadera exigencia de justicia debería implicar que todos los implicados en la posible comisión de un delito, fueran castigados independientemente del grupo o corriente política a que pertenecieran. El fin último, en ese sentido, habría de ser la protección de los derechos de las mayorías, y no la satisfacción de los intereses de unos cuantos.
¿Los profesores democráticos estarán dispuestos a que se revisen también los hechos que los involucran? ¿Estarán dispuestos a legitimarse como persecutores de la justicia, con esas exigencias tan necesarias, pero también tan parciales respecto a quiénes deben ser juzgados, y quiénes no?
En realidad, no se trata de procurar impunidad completa, como tampoco de un suicidio colectivo. Pero ante la imposibilidad de que esas y otras acciones lleguen al puerto que se espera, unos y otros deberían comenzar a tomar acciones, tales como evitar que tanto el gobierno estatal, como la Sección 22, gobiernen y sigan decidiendo negociar teniendo siempre la ley y la justicia, como eficaces y únicas monedas de cambio.
ACCIÓN SOLIDARIA
La Fundación Carmen Vive, organiza una colecta para apoyar a los niños de las comunidades de Santos Reyes Yucuná y San Pedro Ixtlahuaca. Los niños necesitan ropa, zapatos, útiles escolares y juguetes en buen estado. El centro de acopio se encuentra en la tienda “Qué rico es Oaxaca”, ubicada en la calle 20 de Noviembre #212 esquina con Trujano a un lado del Hotel Francia, en el Centro Histórico. ¡Participe!
