+ Urgen ideas de avanzada, no reduccionismos
Si de verdad existe ánimo y convicción por emprender un proceso de transición política y gubernamental en Oaxaca, sus principales protagonistas deben demostrar que tienen la suficiente amplitud de miras para conseguirlo. Pretender creer que la transición es un equivalente de la alternancia partidista en los cargos públicos, o que transición es asimismo una equiparación de las revanchas o la polarización de ideas, es una equivocación que le puede costar mucho a los partidos que integran, o que pretenden integrar, y nutrir al gobierno electo.
Esto una visión corta y sesgada de lo que es un verdadero proceso de transición, es lo que demuestran con sus afirmaciones tanto líderes panistas como del Verde Ecologista de México, con motivo de la resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que restituyó una diputación local al partido albiazul que, de acuerdo con el fallo del tribunal local de esa materia, debía corresponder al dirigente estatal del Verde, Rogelio Enríquez Palma. Les guste o no, y tengan o no representación en los órganos políticos, todos deberán participar de este proceso de reacomodos políticos en la entidad. Y por tanto, este asunto les atañe.
¿Qué ocurrió? Que hace tres días el tribunal electoral federal restituyó la diputación que le había sido retirada al panista Juan Mendoza Reyes. Con motivo de ello, tanto la dirigencia panista, como la del Partido Verde, acusaron motivaciones políticas en cada una de las resoluciones involucradas. Los azules, por ejemplo, en voz de su dirigente estatal, Carlos Moreno, no dudaron en afirmar que “esta resolución es simplemente justicia y nos confirma lo que dijimos desde el principio: que hubo consigna política en la resolución del TEE y que lo único que se vio sobre representado fueron los intereses de Ulises Ruiz Ortiz en la cabeza de Porfirio Sibaja Ilescas”
El Partido Verde, en ese sentido, peligrosamente fue mucho más claridoso que los panistas, al emitir calificativos que finalmente no demeritan ni a los tribunales ni a los procesos electorales, tanto como a la democracia y las instituciones jurisdiccionales mismas.
En una declaración atribuida a Rolando Elías Wismayer, comisionado Político del PVEM en Oaxaca, el Verde aseguraba que “pese a que varios juristas coincidieron en la legalidad de los argumentos del PVEM, la sentencia fue adversa, lo que evidencia que es un Tribunal que actúa por consigna y que responde a los intereses del gobierno federal y concretamente del Partido Acción Nacional, pasando por alto los ordenamientos legales que rigen nuestra vida democrática (…) Precisó que este atropello desestima la participación ciudadana en las urnas, representa un retroceso en la vida democrática del país y se convierte en un peligroso antecedente de lo que pueden hacer autoridades sin principios ni ética en el panorama electoral de México.”
¿Esto corresponde a un ejercicio correcto de la política? Evidentemente, no. Más bien, lo que parece es que unos y otros tergiversan la actuación de las autoridades jurisdiccionales, deforman el verdadero sentido de la justicia y de las acciones legales, y buscan confundir a la sociedad a través de argumentos con poco sentido y sustento real tanto en el ámbito de lo político, como en lo estrictamente jurídico y procesal.
Unos y otros descalifican gravemente a las instituciones que juzgan, debido a que, en uno y otro caso, éstas no actuaron en base a los criterios que ellos como particulares, y para su beneficio, consideraban correctos. En ambos casos, acusaron injerencias políticas en la emisión de las resoluciones. Y en los dos, endilgaron calificativos peyorativos tanto a los funcionarios como a las instituciones.
¿Qué no se supone que las segundas instancias, y demás recursos legales, se hicieron justamente para subsanar los errores de las jerarquías jurisdiccionales menores? Si el juzgador fuera infalible, entonces no habría necesidad de acudir a otros mecanismos legales para defenderse, y tampoco existirían los medios de control de la constitucionalidad. Por esa razón, asegurar que uno y otro fallo tienen tintes políticos, es tanto como negar que la justicia es falible, que es aplicada por personas que lo mismo fallan que aciertan, y que precisamente por esa razón los particulares tenemos garantizado el derecho a defendernos de esas decisiones que podríamos considerar como injustas.
VISIÓN CORTA
En declaraciones a la prensa, el Presidente estatal del PAN aseguraba que, en razón de las fallas que ya demostraron tener los integrantes del Tribunal Estatal Electoral en el desempeño de sus funciones, los diputados electos de su partido, y los que integran la Coalición legislativa que impulsará las propuestas del gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, propondrán la creación de un Consejo de la Judicatura del Estado “para someter a la justicia a los magistrados del TEE que en el desempeño de sus funciones excedan sus atribuciones y actúen bajo consigna política.” Qué bueno y, aunque parezca contradictorio, qué mal que el líder del albiazul haga públicos razonamientos como éste.
Qué bueno porque, en efecto, al Poder Judicial del Estado no sólo le falta, sino que le urge un órgano de esa naturaleza, no sólo que someta a la justicia a quienes cometen fallas o actúan presuntamente bajo consigna política. El Consejo de la Judicatura —u otra figura administrativa de características similares o más avanzadas— debe transparentar y establecer criterios claros para el ingreso, permanencia, vigilancia y separación de sus cargos, de todos los funcionarios judiciales. Es bueno que se impulse esa figura, porque hoy todas esas cuestiones se arreglan internamente, quedando en manos de la discrecional del pleno del Tribunal Superior de Justicia.
QUÉ MAL
Sin embargo, es lamentable que una supuesta visión de cambio esté determinada por la revancha. Si, en efecto, los panistas tienen pruebas de que el TEE actuó por consigna, deben no sólo exigir el castigo ante las instancias correspondientes, sino también hacer públicas esas pruebas para que la sociedad juzgue. Pero creer que todo un Consejo de la Judicatura servirá únicamente para enjuiciar a los magistrados sospechosos, y no para regir la vida administrativa del Poder Judicial, es tanto como reducir en alcances algo que será trascendental para la vida democrática del Estado.
compañero maestrante Adrian me parece correcto tu punto de vista respecto al consejo de la judicatura es una realidad de corte inevitable. por otro lado me da gusto saludarte.