+ Reemplacamiento: ¿era para abatir criminalidad?
Desde hace unos días, el gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, reiteradamente ha cuestionado el estado en que se encuentran algunas tareas relacionadas con la seguridad pública, que dependen del Gobierno del Estado. Primero acusó un supuesto subejercicio presupuestal, y luego denunció rezagos importantes en el proceso de certificación de la confiabilidad de los agentes policiacos estatales. Tal parece que más allá de esos señalamientos, existen otros que el gobierno saliente debería responder sobre su posible falta de resultados, no a la nueva administración, sino a los oaxaqueños.
Es claro que en Oaxaca el problema no es sólo de seguridad, o de inseguridad, sino sobre todo de cuánto se invierte en ese rubro, y cuál es el destino que han tenido esos recursos económicos. Independientemente de que sea el adecuado o no, el actual modelo de seguridad pública que se aplica en Oaxaca tuvo el aval del gobierno federal, y uno de sus principales avances fue el de establecer mecanismos de control de confianza, tanto para los mandos como para el personal de tropa de las corporaciones estatales. Ese proceso inició desde cero, pues hasta 2008 no había mecanismo alguno de confiabilidad en las policías estatales.
Desde el principio, la puesta en marcha tanto del modelo policiaco, como de los procesos de control de confianza, fueron cuestionados por el alto costo económico y la poca claridad que existía en cuanto a su aplicación. Independientemente de lo que costara el establecimiento del Centro de Control de Confianza, y la reorganización administrativa y operativa de las corporaciones estatales, así como la conversión de la Secretaría de Protección Ciudadana en Secretaría de Seguridad Pública, todo el actual esquema policiaco fue comprado a un despacho particular, propiedad del ahora director de la Policía Federal Ministerial, Wilfrido Robledo, a un costo que nunca fue revelado —y que también implicó los cargos de primer nivel que hoy ocupan tanto el secretario Javier Rueda Velázquez, como el comisionado de la Policía Estatal, Jorge Alberto Quezadas Jiménez, y el coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, Alan Loren Peña Argueta, entre varios otros funcionarios que fueron enviados a Oaxaca desde ese despacho de asesores.
Independientemente de que ese punto inicial tuviera o no una explicación posible, el nuevo esquema policiaco comenzó a aplicarse justo cuando se desató el escándalo por el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí, junto con la corrupción policiaca y la impunidad que, ante ese artero crimen, se revelaron. Cuando el gobierno federal llamó a todos los actores políticos nacionales a firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a finales de agosto de 2008, el gobierno de Oaxaca ya tomaba ciertas medidas y reformas legales para emprender sus procesos de control de confianza.
De entonces a la fecha, el gobierno de Oaxaca siempre ha dicho que se están cumpliendo en tiempo y forma las tareas de control y supervisión de la confiabilidad de sus agentes. Un problema serio, sin embargo, surge ante el cuestionamiento de la falta de depuración de las corporaciones policiacas, y los resabios que aún quedan sobre la doble función de policías y ladrones que ejercían algunos agentes, lo cual que quedó demostrado con hechos particulares, como el asalto a una terminal camionera en mayo del año pasado, el cual fue perpetrado por dos elementos —Juan Armando Medina Gutiérrez, placa 356, y Javier Martínez López, o Alejandro Lázaro, el primero armado con una subametralladora R 15 y el segundo con una pistola 9 milímetros, ambas propiedad de la corporación—, adscritos a la Agencia Estatal de Investigaciones, y que tenían a su cargo la custodia del subprocurador Netolín Chávez Gallegos.
Hasta hoy, es prácticamente nada lo que se sabe hacia fuera de la Secretaría de Seguridad Pública, respecto a una posible “limpia” de malos elementos en las corporaciones policiacas. Todo eso deja ver que, en efecto, o no se ha realizado un proceso eficiente de selección y saneamiento entre quienes integran las fuerzas policiacas estatales; o que aún teniendo conocimiento de quiénes son los agentes con posibles vínculos criminales, o que no cumplen con los parámetros para permanecer en las corporaciones, deliberadamente se les ha mantenido en las filas policiacas estatales.
¿Y EL REEMPLACAMIENTO?
Justamente el año pasado, el Gobierno del Estado determinó que era momento de llevar a cabo un nuevo reemplacamiento del parque vehicular que circula y tiene registro en el Estado.
Las protestas ciudadanas no se hicieron esperar. Y frente a todos los argumentos ciudadanos de que esta medida no tenía fundamento en asuntos de seguridad, sino que era una mera estrategia de fines alevosamente recaudatorios, la administración estatal —a través justamente de la Secretaría de Seguridad Pública— defendió tal decisión, primero argumentando que la renovación de placas para los vehículos de motor formaba parte de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Luego dijeron, justamente, que los recursos recaudados servirían para financiar algunas medidas de fomento a la economía y el empleo, pero que también servirían para redoblar los esfuerzos en materia de seguridad pública. Se supone que si existen aportaciones federales y recursos estatales, éstos debieron nutrirse con los fondos extraordinarios obtenidos con esa medida.
Ante ello, hoy tendríamos que preguntarnos qué ocurrió con esos recursos. Es cierto que volver al tema del reemplacamiento es tanto como querer machacar el pasado. Sin embargo, todo eso adquiere legitimidad, cuando lo que se pone en juego son recursos que los ciudadanos entregaron a las arcas públicas para, según, ser bien utilizados y repercutir en el fomento al bien común, que resulta ser el fin último de todo Estado democrático.
QUE EXPLIQUEN
Si el Gobernador Electo asegura que existen rezagos, debe también decir, con datos duros, cuáles son y, lo que es lógico, cómo los va a corregir. En tanto, la administración saliente —no sólo el Secretario de Seguridad Pública, sino también los involucrados en las decisiones políticas y el manejo de las finanzas— deben informar puntualmente cómo fueron utilizados esos recursos que, sin otra explicación más que la avidez de dinero fresco, le arrancaron a la ciudadanía.
