¿Dónde quedaron las responsabilidades por el 2006?

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+ Herencia de impunidad: saldo de revuelta magisterial

Días después del 26 de noviembre de 2006, cuando ocurrió el choque más violento entre elementos de la entonces Policía Federal Preventiva e integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), se creó un Comité de Liberación, auspiciado por el pintor Francisco Toledo, que se encargaría de brindar apoyo económico y asesoría jurídica, para que los detenidos en aquel episodio recobraran su libertad. Hoy, cuando ese organismo civil anunció su disolución, y cuando los episodios de 2006 parecen más lejanos que nunca, habría que preguntarnos qué pasó con los delitos y quebrantos ocasionados durante aquel periodo aciago de la historia reciente de nuestro estado.

La pregunta no es ociosa. Porque si bien es cierto que un organismo civil como el Comité de Liberación “25 de noviembre”, creado específicamente para salvaguardar los derechos humanos y la integridad de quienes fueron aprehendidos, encuentra su finalidad en conseguir la libertad absoluta de esas personas, también lo es que tras de ello lo que queda es una estela de impunidad que no necesariamente debe abarcar a quienes ya fueron absueltos en los procesos judiciales que se les seguían, sino a todos los que, por acción u omisión, estimularon que la impunidad ganara en todo lo concerniente al conflicto magisterial. Expliquémonos.

En un primer momento, es necesario entender la causa del Comité de Liberación “25 de noviembre”. Éste, como bien se sabe, se creó para brindar ayuda, obtener recursos para el pago de fianzas, y proporcionar asesoría legal, a los familiares de las 149 personas que fueron aprehendidas durante los disturbios ocurridos en la misma fecha del nombre del Comité.

Gracias a ese organismo, la mayoría de las personas obtuvo el dinero necesario para garantizar el pago de la reparación de los daños, y gastos procesales, por los actos que se les imputaban. El Comité de Liberación, además, fue quien coordinó el trabajo de un grupo de abogados que condujeron los procesos judiciales, que lograron la excarcelación de los detenidos, y que lograron probar la no participación de cada una de esas personas durante los disturbios de aquella fecha.

Por esa razón, según un comunicado difundido el fin de semana, el Comité decidió disolverse “al tener resuelta la liberación de las y los presos” de la APPO, a causa del conflicto político social iniciado en el 2006, y cuya finalidad, desde entonces, fue la de enforcar “sus esfuerzos prioritariamente a la defensa y acompañamiento de los procesos legales de los presos políticos, la atención a sus familiares y la denuncia estatal, nacional e internacional de las múltiples violaciones a los derechos humanos”,

¿Qué significa esto, en términos sencillos? Que los 149 detenidos en aquella ocasión, alcanzaron ya un fallo judicial que los exime de toda responsabilidad. Por eso el Comité de Liberación cumplió su objetivo, y por eso declaró su disolución. En ese mismo sentido, y más allá de lo que específicamente ocurrió el 25 de noviembre, es claro que en relación a todos los demás hechos relacionados con el conflicto magisterial, nadie enfrenta hoy a la justicia, ni de lado de quienes encabezaron las acciones de resistencia, ni tampoco de quienes, desde el sector oficial, emprendieron tareas para combatir a quienes calificaban de insurrectos.

IMPUNIDAD CAMPANTE

No se trata de que esto fuera una cacería de brujas, ni mucho menos. Pero en el otro extremo, resulta altamente preocupante que luego de toda una larguísima estela de quebrantos, derechos menoscabados, excesos, represión, comisión de delitos comunes, y demás, nadie sea responsable, de nada, en relación a lo ocurrido en 2006. Tanto un extremo, como el otro, lo que dejan ver es a un gobierno incapaz, carente de voluntad para hacer justicia, y volcado por completo a dejar en el pasado una serie de acontecimientos en los que también tiene un altísimo grado de responsabilidad.

La disolución del Comité de Liberación es un botón claro de muestra sobre lo que aquí se dice. Si cada uno de los 149 detenidos fue declarado inocente de las acusaciones que se le imputaban, es porque tuvo la capacidad de demostrar ante la ley que, en efecto, no había participado de los disturbios o que, en su caso, no había tenido responsabilidad alguna en los quebrantos que se le imputaban. Si la ley y la justicia los declararon inocentes, nadie es quién para calificarlos como lo contrario.

Pero también dejemos las cosas en claro: el conflicto magisterial no duró un día, sino casi siete meses. En todo ese tiempo se cometieron una serie interminable de delitos, que lo mismo agraviaron a quienes encabezaban o eran parte de la resistencia popular, como también lesionaron gravemente los derechos de la ciudadanía. Ya fuera por acciones emprendidas por agentes del gobierno, o por quienes en la defensa de sus postulados de lucha popular, lo cierto es que la ciudadanía fue gravemente lesionada en sus intereses, derechos y pertenencias. Y a ésta, a la sociedad, nadie nunca le respondió por nada.

Por eso, el legado que se deja es simplemente de impunidad. Hoy parece más claro que nunca, que el Gobierno del Estado lo único que trató de hacer con los expedientes judiciales, fue ajustar cuentas con quien consideró que tenía pendientes, pero no para verdaderamente hacer justicia. De ahí que algunos líderes sociales fueran aprehendidos y encarcelados hasta los límites legalmente posibles, y que en episodios como el del 25 de noviembre se iniciaran averiguaciones cargadas de delitos, para generar la apariencia de que se les estaba juzgando con firmeza a quienes habían incendiado y agraviado a la capital oaxaqueña.

ADIÓS PASADO

Hoy es evidente todo lo contrario. La voluntad real por la justicia nunca existió. Por eso se están cerrando todos los expedientes relativos al 2006. Cualquiera que, desde el lado oficial o desde la resistencia popular, en ese tiempo haya cometido un delito quedará impune. Pero también quedará en la más completa de las impunidades, todo aquel que resintió la comisión de un delito —desde el robo más simple, hasta el homicidio de una persona cercana—, y que pacientemente sigue esperando la acción de la justicia. Ésta no existió, ni existirá, porque lo que interesa no es privilegiar la justicia y el Estado de Derecho, sino simplemente dejar el pasado atrás.

 

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