+ Integración: ¿legitimidad y permanencia?
La transparencia, ha sido en Oaxaca un ejercicio de claroscuros. A pesar de haber sido una de las últimas entidades federativas en emprender las tareas propias para garantizar el libre ejercicio del derecho a la información por parte de los ciudadanos, en poco tiempo se integró un órgano que ha comenzado a dar certidumbre sobre los resultados que puede dar en el mediano plazo. Sin embargo, queda claro que el principal obstáculo para legitimar tanto el trabajo del Instituto de Acceso a la Información, como los principios y derechos que consagra la ley respectiva, se encuentra en las decisiones que se toman desde el poder.
Desde este espacio, se ha tratado siempre de estar al tanto de saber y reseñar, más allá del chisme cotidiano, qué ocurre con la transparencia. Consideramos que esa es una causa de avanzada entre los ciudadanos, que además debe ser ejercida con responsabilidad y energía por todos los que deseamos un gobierno más eficaz y claro en su ejercicio, y que por tanto debe ser vigilada y analizada con detalle para evitar distracciones que afecten la estabilidad de ese derecho, así como las vías para ejercerlo.
Esa atención al rubro, nos ha llevado recurrentemente a asumir posturas críticas. Así lo establecimos, desde el momento en que se aprobó la ley vigente de Acceso a la Información, y sobre todo cuando se dio a conocer la integración inicial del órgano de transparencia. Denunciamos aquí, desde mayo de 2008, que no era correcto ni legítimo, que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, se hubiera integrado en base a criterios estrictamente políticos, y que con ello se hubieran dejado de lado los perfiles profesionales y la posibilidad de dejar en manos de expertos el funcionamiento de ese instituto autónomo, que es fundamental para la vida democrática actual. Aseguramos incluso, que ello ponía en una situación de sometimiento al ejercicio de la transparencia en Oaxaca.
Una vez que, en julio de ese año, entró en vigencia tanto la reforma constitucional al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ella la Ley Estatal de Acceso a la Información, comenzó también a funcionar el Instituto de Transparencia (IEAIP), que nació con el objeto de servir como puente entre los sujetos obligados (órganos del Estado) y los ciudadanos (solicitantes), para garantizar que los primeros entregaran la información que les solicitaran los primeros, y que ante una negativa de acceso, hubiera no intolerancia, sino equidad y razones legales para hacerlo.
Quien quisiera ver fatalismos en ese ejercicio, se equivoca. Del mismo modo, quien pretendiera decir que de entonces a la fecha todos los sujetos obligados (dependencias estatales y municipales, así como todos aquellos que reciben recursos económicos por parte del erario estatal) han cumplido cabalmente con sus funciones, también está equivocado.
En los últimos dos años, los funcionarios estatales encargados de las unidades de enlace y comités de información, más que garantizar el derecho a la información y de verdad vincularse con los ciudadanos, se han vuelto expertos en el “chicaneo” de todas las solicitudes que de algún modo exigen información de carácter público que, sin embargo, puede poner en riesgo o exhibir a algún funcionario. Su labor ha sido la de “cansar” o desanimar al ciudadano en cuanto a seguir ejerciendo su derecho de preguntar a la autoridad o solicitar información para corroborar que la función pública se lleva a cabo de manera legal y correcta.
MALAS DECISIONES
Sin embargo, hubo total firmeza para denunciar que la integración inicial del IEAIP no era la más adecuada. Dejar la conducción de un órgano de tal magnitud e importancia para la vida democrática del estado, en manos de tres personajes (Genaro Vásquez Colmenares, Alicia Aguilar Castro y Raúl Ávila Ortiz) estrechamente vinculados con el grupo gobernante estatal, era tanto como negar la trascendencia tanto del órgano, como de ese valor poco asumido respecto a la autonomía de sus funciones. En el peor de los casos, con esa integración pro gobiernista, desde el poder se trató de engañar a la sociedad… corriendo el riesgo de que más bien todo pudiera quedar en un autoengaño.
Poco a poco se fue clarificando que esa integración inicial no era ni totalmente buena, pero tampoco totalmente inadecuada. Emprender las tareas relativas a la transparencia, así como estructurar el Instituto a partir de nada, seguramente no debió haber sido una tarea fácil. Hoy, en aspectos como el funcionamiento de su portal de Internet, y la posibilidad de presentar solicitudes, darles seguimiento y ahora también hacer valer los recursos de defensa, así como en el establecimiento de criterios y puntos de referencia en cuanto al ejercicio del derecho a la información, el IEAIP ha sido reconocido nacionalmente por sus avances.
Empero, tal pareciera que desde el mismo poder se siguen empeñando en soslayar los avances que, de algún modo, ellos mismos han procurado. Todo lo bueno que hasta ahora se hubiera podido lograr con el IEAIP —y que además constituye un reposicionamiento positivo luego de los fuertes cuestionamientos iniciales que generalizadamente se le hicieron desde la opinión pública—, nuevamente quedan en entredicho con la designación de su nueva integrante, Soledad Rojas Walls.
Al igual que con la integración inicial, para designar a Rojas no prevalecieron los criterios técnicos, profesionales o de conocimiento de la materia, sino únicamente una decisión pura y llanamente política y de facción. La ahora ex Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado se ganó el puesto gracias a su cercanía con el poder, y no por sus conocimientos o experiencia en materia de transparencia.
¿DESMANTELAMIENTO?
Las fuerzas de oposición que ganaron los comicios en julio pasado, han lanzado fuertes cuestionamientos tanto al IEAIP como a la ASE, por considerar a sus integrantes justamente como “gobiernistas”. Lo más saludable sería que el nuevo gobierno, y la nueva Legislatura pusiera a prueba esos órganos, antes de descalificarlos y desmantelarlos. Sin embargo, es claro que este tipo de decisiones en nada ayudan a la estabilidad del órgano de transparencia, y tampoco a sus integrantes, aún cuando pudieran tener una verdadera convicción —como seguramente es— de cumplir cabalmente con sus funciones.
