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Para cualquier gobierno democrático, uno de sus imperativos fundamentales —si no es que el más importante— es que los ciudadanos crean en sus instituciones, y en las instancias encargadas de velar por el cumplimiento de los fines del Estado. Una de esas finalidades esenciales, es la de la procuración de justicia, porque es la base de todas las nociones sobre la seguridad jurídica de que —se supone— gozan los ciudadanos. Ante los resultados, es evidente que en este rubro la ya agonizante administración estatal saliente entregará pésimos resultados.
Bien dicen que en la política, como en la administración pública, e incluso en la vida, no sólo hay que ser, sino también parecer. Y lo que es evidente, es que la administración del gobernador Ulises Ruiz falló en cuando menos en uno de esos imperativos… si no es que en ambos.
La mejor evidencia de todo, se encuentra en el hecho de que la Procuraduría General de Justicia del Estado no sólo ha fallado en la tarea de perseguir los delitos y esclarecer ciertos hechos delictivos que revisten particular relevancia para la sociedad oaxaqueña; lo más grave es que hoy, independientemente de que esa instancia investigue o no, o tenga o no la capacidad de llegar a resultados concretos, de todos modos la sociedad lo que le profesa es incredulidad y descrédito.
En ese sentido, parece claro que, en el mejor de los casos, una instancia de procuración de justicia debería de tener la capacidad de perseguir y esclarecer todos los delitos que ocurriesen en la demarcación en la que tiene competencia. Evidentemente, como la sociedad perfecta no existe, tampoco hay razón para suponer que existiera una Procuraduría con esas características. No obstante, entre ese estadio ideal, la realidad de una instancia de procuración eficiente, y lo que la desgracia que ha sido ese rubro en Oaxaca, existe un trecho seguramente insuperable.
¿Por qué? Porque en Oaxaca nunca ha existido —y seguramente nadie espera que exista—, una Procuraduría ideal. En ese sentido, con el inicio de cada administración se renueva cierta expectativa de que las tareas de procuración de justicia y persecución del delito mejorarán a favor de las personas. Pero, entre esos dos extremos se encuentra el caso de Oaxaca, en el que la PGJE difícilmente tiene la capacidad de investigar a fondo un caso y llegar a resultados concretos; e independientemente de que eso se lleve a cabo, de todos modos la sociedad tiene poca capacidad y confianza para creer que la Procuraduría está haciendo su trabajo.
Esto —como lo decimos en líneas iniciales— para cualquier gobierno democrático sería gravísimo. ¿Cómo pensar en un gobierno que presume de cumplir con sus funciones, cuando tiene una instancia nada menos que de procuración de justicia, a la que nadie le cree? ¿Cómo presumir de sus buenos resultados, cuando lo que está a la vista es que ha sido incapaz de resolver desde los más mínimos delitos comunes, hasta los crímenes de más alto impacto que han ocurrido en la entidad?
Por si esto fuera poco: ¿Cómo querer convencer a la sociedad de un trabajo eficiente, cuando lo que se han vertido son sólo promesas de “no fallaré”, y lo que se han entregado son sólo justificaciones respecto a “lo difíciles” que son las tareas de procuración de justicia? De estos últimos argumentos, sin duda, puede dar particular cuenta puntual el incompetente ex Procurador, que hoy funge como Secretario General de Gobierno.
INCREDULIDAD JUSTIFICADA
Coincidentemente, con sólo una semana de diferencia fueron ejecutados en diversos puntos de la entidad oaxaqueña, el líder del Comité de Defensa Ciudadana, Catarino Torres Pereda, y el dirigente máximo del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, Heriberto Pazos Ortiz. Por la naturaleza de esos delitos, de los respectivos homicidios tomó conocimiento y ha conducido las investigaciones la PGJE.
Pareciera también coincidencia, que prácticamente al mismo tiempo las dos organizaciones sociales que respectivamente encabezaban los personajes ultimados a tiros, manifestaran expresamente sus dudas sobre las investigaciones que conduce la Procuraduría Estatal. Por un lado, y de acuerdo con información de la Agencia Quadratin, el nuevo dirigente del MULT, Uriel Díaz Caballero consideró que la diligencia de reconstrucción de hechos en el sitio donde fue Pazos fue ultimado “es una faramalla de la Procuraduría, otra más”, y cuestionó la falta de interés de la PGJE al no citar a los testigos y la falta de elementos en la escena del crimen como una motocicleta similar a la que usó el sicario.
Casi en el mismo sentido, a través de un comunicado, el Codeci manifestó sus dudas sobre las investigaciones de la Procuraduría, y cuestionó la “coincidencia” de que el mismo día que organizaron una manifestación masiva en la región de la Cuenca del Papaloapan para exigir celeridad en las investigaciones, la PGJE presentara a un sospechoso de haber fungido como el autor material de dicho crimen.
En ambos casos, que son meros ejemplos tomados de entre tantos otros que existen, el común denominador es la resistencia a creer que la Procuraduría Estatal realiza tareas apegadas a derecho y que tienen posibilidad de llegar a resultados concretos. Aunque la PGR está hoy encaminada a otras labores, el MULT dijo que solicitaría la intervención de esa instancia federal para reforzar las investigaciones, y el Codeci manifestó su confianza en que la próxima administración estatal sí dará con los responsables del homicidio de su compañero.
Lamentablemente, en todos los casos anteriores la PGJE ha sido incapaz de ofrecer resultados concretos, no sólo que demuestren que tienen verdaderas capacidades para hacer su trabajo, sino también para generar que la ciudadanía crea en ellos. Por eso, el descrédito que hoy enfrentan se acumula no sólo en el ser, sino también en el parecer. Nadie cree en ellos. Y eso es grave, para un gobierno que se califica como “democrático”.
DESÁNIMO
Quienes integraron las mesas de trabajo para elaborar el plan de gobierno de Gabino Cué, se encuentran en un estado de incertidumbre que ya se equipara al desánimo. ¿La razón? Que el gobernante electo sólo les dio las gracias, y les dijo que “hará llegar” las propuestas a quienes se encarguen las tareas del nuevo gobierno. Así, si sólo los utilizaron, qué mal. Y si no, deberían enviar las señales respectivas a quienes ya se sienten desplazados.
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