+ Ratificaciones: descrédito viene de los coaligados
Hoy parece real, lo que al principio fue tomado como un mero lugar común. En su toma de protesta como gobernador Constitucional del Estado, Gabino Cué Monteagudo, aseguró que a partir de ahora las distintas fuerzas políticas en el Congreso del Estado, trabajarían y decidirían libres de cualquier tipo de coacción o exigencia por parte del Titular del Poder Ejecutivo. Ante las decisiones y actitudes que en estos últimos días han tomado los integrantes del Poder Legislativo del Estado, tal parece que esa promesa del Gobernador ha sido cumplida… aún con los riesgos que conlleva un entendimiento erróneo de las relaciones institucionales y políticas entre poderes.
Un señalamiento que ha sido reiterado incluso desde antes de que se instalara la LXI Legislatura, y que Gabino Cué asumiera la gubernatura del Estado, era que los partidos que integraron la alianza opositora (PAN, PRD, PT Y Convergencia) continuaban instalados por completo en sus discursos de oposición, y reparaban poco en que en los días siguientes asumirían tanto las labores legislativas como de gobierno, pero ahora teniendo ellos la responsabilidad de conducir la gestión pública para responder a las demandas de la sociedad.
La permanencia de todo tipo de señalamientos en tono crítico, parecía chocar con la alianza legislativa que esas fuerzas ya habían trabado en el Congreso del Estado; y también parecieron contrastar cuando, ya como Gobernador, Gabino Cué conformó su gabinete de trabajo privilegiando la cesión de espacios de poder a cada uno de los partidos políticos que lo apoyaron, para llevar a cabo su promesa de conjuntar un equipo de gobierno plural, incluyente y pluripartidista.
Por esa razón, los oaxaqueños fuimos sólo testigos de la conformación de un gabinete variopinto, en el que lo mismo “conviven” —aunque quién sabe si verdaderamente puedan hacerlo— connotados personajes del panismo, perredismo, petismo y convergentes, que en realidad no tienen intereses o ideologías en común, y que tampoco parecen estar identificados, comprometidos, o cuando menos estar verdaderamente al tanto del proyecto de gobierno que encabeza el gobernador Cué.
El problema de esa falta real de identidad, del reparto de cuotas, e incluso de la improvisación de supuestos mecanismos “democráticos” y de eficiencia para la conformación del gabinete, rápido los está llevando a dar sus primeros tumbos. Tal y como lo marcan la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como la de la Procuraduría General de Justicia, varios hombres y mujeres designados por Gabino Cué para cargos públicos, debían ser ratificados por el Congreso local. Ahí comenzaron los problemas.
LÍOS INNECESARIOS
Particularmente, tanto la designación del Procurador General de Justicia, como la ratificación de la Secretaria General de Gobierno, han causado más problemas dentro de las fuerzas coaligadas en el Congreso local, que frente a los opositores del PRI. Y esto se ha agudizado por la falta de una operación política efectiva, realizada desde el Gobierno del Estado. Pero vayamos por partes.
Por un lado, la elección del Procurador General de Justicia se enredó y complicó innecesariamente, no sólo por una posible oposición priista, sino fundamentalmente por la falta de oficio y preparación tanto de los nuevos diputados locales, como de quienes tienen a su cargo la Oficialía Mayor del Congreso del Estado. ¿Por qué?
Porque el procedimiento para la elección del Procurador está contemplado por la misma Constitución del Estado, que marca los pasos a seguir. Quizá por falta de experiencia, es en algún sentido explicable que los diputados de la LXI Legislatura no tuvieran claridad respecto a ese proceso; pero es inadmisible que la Oficialía Mayor —que es el órgano técnico del Poder Legislativo, y que la encabeza el mismo personaje (Rafael Mendoza Kaplan) que apenas hace unos meses, en la LX Legislatura, fue responsable de fondo de que la Suprema Corte invalidara reformas a la Ley Orgánica del Congreso por vicios de forma— tampoco supiera cómo conducir dicho asunto, que por su propia naturaleza siempre será de urgente resolución para el Estado. Lo peor, en ese sentido, es que los traspiés de unos y de otros, generó la riesgosa y errónea idea de que al Procurador de Justicia no lo respaldaban ni los partidos que llevaron al gobierno a Gabino Cué Monteagudo.
El caso de Irma Piñeyro Arias es aún peor. La Constitución local establece en su artículo 83 los requisitos para ocupar el cargo de Secretario General de Gobierno. Dice la norma que para ello se requiere ser ciudadano mexicano, tener por lo menos 25 años de edad, estar en pleno ejercicio de sus derechos, no haber sido condenado por delitos intencionales; y tener un modo honesto de vivir. El texto constitucional, como se ve, no menciona títulos ni cédulas profesionales. Entonces, ¿cuál es el problema?
Este es, primero, un enorme error de cálculo, además de un problema de improvisación, e incluso una demostración de falta de operación política. Es improvisación, porque a la nueva Secretaria de Gobierno se le debió exigir, internamente y como requisito previo, el cumplimiento de todo lo que para ese cargo requiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que ellos mismos propusieron al Congreso.
En un segundo término, este es un enorme error de cálculo, porque si con el requerimiento de cédula y título profesional lo que querían es iniciar un proceso de profesionalización de la Administración Pública desde sus titulares, lo que debieron hacer es reformar justamente ese artículo 83 constitucional. Jerárquicamente esa es la norma superior, y por tanto tiene capacidad de invalidar a la inferior. Y si la leen bien, los requisitos que ahí se establecen son extensivos a todos los que ocupan cargos de ese tipo, en la Administración Pública del Estado.
FUERZAS DISIPADAS
Tanto el gobierno de Cué, como los diputados de los partidos coaligados, deben entender algo: que una cosa es que unos y otros sean autónomos, y otra muy distinta que —se supone— hoy la mayoría legislativa y la administración estatal compartan el mismo proyecto político y de gobierno. Qué bueno que eliminaron las imposiciones. Pero qué mal que no parecen tener comunión ni en los asuntos más obvios. Es un error enorme de operación política, que ya la pagan con el descrédito anticipado, e innecesario, que ellos mismos están dando a algunos de los nuevos funcionarios.
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Me temo que las espectativas están sobrevaloradas en cuánto al nuevo gobierno.por lo pronto han quedado revalidados los impuestos de tenencia vehicular y habrá que darle seguimiento al destino y resultados que haya al respecto´pero me parece exagerado celebrar por anticipado…tiempo al tiempo…