+ Las instituciones no deben pagar por las personas
El gobierno de Gabino Cué Monteagudo debe valorar con serenidad si es conveniente que las instituciones democráticas del Estado paguen por los errores o el origen de quienes las integran. Dentro del paquete de reformas que envió al Congreso, existen dos que deberían ser motivo de un análisis profundo, para evitar caer en simples revanchismos que no hagan más que minar la vida pública e institucional del estado: la primera, es la propuesta de desaparecer la Auditoría Superior del Estado; y la segunda, de crear una instancia distinta al Instituto Estatal de Acceso a la Información, como órgano garante del derecho a saber de los particulares.
Es claro que en Oaxaca, como en el país, las instancias de fiscalización superior, así como los órganos que garantizan el acceso a la información pública gubernamental de los particulares, no nacieron como consecuencia de una mera concesión graciosa por parte de quienes detentaban el poder. Ambas instancias, como varias otras que hoy tienen peso importante en la vida política y funcionamiento del gobierno y el país, nacieron a partir de las luchas y los espacios de democratización que fueron ganando las fuerzas políticas que remontaron su condición minoritaria y de exclusión, y consiguieron exigir al gobierno claridad y certeza en la función pública.
El caso de Oaxaca fue más o menos el mismo: el Gobernador del Estado, como concentrador esencial de todas las potestades públicas de la entidad, se resistió hasta el último momento posible a ser revisado, fiscalizado e incluso cuestionado por su actuación. Así, la nuestra fue una de las últimas entidades de la República en las que se crearon órganos de fiscalización como la Auditoría Superior, o el Instituto de Acceso a la Información.
Desde un inicio, en ambas instancias se cuestionó válidamente la integración de las mismas, por considerar que las personas designadas para las responsabilidades no garantizaban por completo la certeza e imparcialidad que requerían esas instancias. En el caso de la ASE, fue nombrada como titular una cercana colaboradora del entonces gobernador Ulises Ruiz, y en el IEAIP, también fueron designadas tres personas con relaciones y compromisos evidentes con el gobierno en turno.
Hasta ahora, sin embargo, ese ha sido el argumento de fondo para cuestionar el trabajo de esas instancias. Distraídos por la sonoridad de los nombres, de las cercanías con el poder, y de las sospechas que eso genera, poco se ha reparado en la calidad del trabajo de esas instancias, así como las formas efectivas, y con validez constitucional, a través de las cuales esos órganos pueden mejorar.
Es claro que el gobierno de Gabino Cué pretende desaparecer esas instituciones, sin antes ponerlas a prueba en su forma actual, y sobrepasando lo que debería hacerse en un gobierno verdaderamente democrático que respeta la ley. Habría que juzgar a la ASE y al IEAIP en razón de sus resultados tangibles y comprobables, y no someterlos a un proceso de sacrifico a partir de su integración.
TRIBUNAL DE CUENTAS
Vayamos específicamente al caso del órgano de fiscalización que se pretende crear. Hace unos días, el gobernador Cué envió al Congreso un proyecto de reforma a la Constitución del Estado, a través de la cual pretende crear una Contraloría Superior del Estado con características que, en sí mismas, transgreden los lineamientos establecidos por la Constitución General de la República para ese tipo de instancias.
Veamos el asunto a detalle: la Contraloría Superior del Estado tendría una titularidad colegiada, integrada por tres personas. Tendría la obligación de sesionar públicamente. Sus miembros serían designados por el Congreso, y durarían cuatro años en sus encargos, con la posibilidad de ser reelectos por un periodo más. Y se eliminarían los principios de posterioridad y anualidad, a través de los cuales un órgano de fiscalización sólo puede actuar revisando los periodos anuales ya concluidos en el ejercicio público, y no en cualquier momento como se pretende
Esto, que aparentemente daría mayor equilibrio y legitimidad popular al órgano de fiscalización, no sólo se equipara a un simple acto de populismo, sino que también viola los principios establecidos en la Constitución federal. ¿Por qué?
Porque el artículo 116 constitucional obliga a todas las entidades federativas a contar con órganos de fiscalización que sean unipersonales, que sean parte de los Poderes Legislativos locales y que cuenten con autonomía técnica y de gestión, que respondan a los principios de anualidad y posterioridad; que el titular del organismo sea electo por mayoría calificada en el Congreso (es decir, dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión en que es electo el Auditor).
La Constitución federal establece también que el Titular de ese órgano debe durar por lo menos siete años en el cargo, y que cuente con cinco de experiencia en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. Y bajo esos principios, es como están integradas las Auditorías Superiores de los 31 estados y el Distrito Federal.
Es cierto que Oaxaca es un estado libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior; pero también es claro, y básico, comprender que al ser parte integrante de la Federación se encuentra sujeta a los principios que marca la Constitución de la República. Y como se ve, la inconstitucionalidad de ese proyecto de reforma, es evidente.
TENTACIONES DEL PODER
Pero lo más grave de todo, es que por querer remover a la auditora Caña Cadeza (a quien consideran, no del todo equivocadamente, parte del antiguo régimen), lo que pretenden hacer es destruir una institución creada a partir de bases constitucionales federales. Y al crear la Contraloría Superior, también se corre el riesgo de que la titularidad colegiada fuera asimismo repartida por cuotas partidistas, abriendo nuevamente la posibilidad de que el resultado de las auditorías fuera sometida a negociaciones políticas. ¿El nuevo gobierno ya revisó seriamente los resultados de una instancia como la ASE? ¿Ya habrá visto lo hasta ahora realizado, más allá de sus propias fobias políticas? ¿A poco no sabe que las autoridades municipales hasta ahora más sancionadas han sido las de origen priista? Hoy tienen en las manos la posibilidad de una auténtica transición a la democracia. Pero también de hacer de esa promesa, un engaño y una vacilada.
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