+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Xoxocotlán, “El Amarillo” y Mario Emilio: ¿ninguna relación?

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+ Desvío de atención, para apartar de escándalo a GCM

Flavio Méndez Santiago, alias “El Amarillo”, sí trabajó como agente de la Policía Municipal en Santa Cruz Xoxocotlán; sí le fue conferida la titularidad de la Dirección de Seguridad Pública de esa demarcación; y, según sus propias declaraciones, y las presunciones de la PGR, sí fue fundador de un temido grupo delictivo que opera en todo el país. Sin embargo, esos hechos, personas y momentos hoy son objeto de un intento claro de manipulación, en aras de proteger al gobierno de Gabino Cué de un nuevo escándalo.

El pasado 21 de enero, el periódico Noticias señalaba lo siguiente: “Flavio Méndez Santiago (…) trabajó como guardia personal del ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Roberto Efrén Molina Hernández, quien luego lo nombró como jefe operativo de la policía de ese municipio.

“Cuando le revocaron su mandato a Molina Hernández, ‘El Amarillo’ pasó a ser director de Seguridad Pública Municipal, durante el periodo que ocupó la presidencia Sandra Eugenia Ramírez Flores, según revelaron fuentes y ex funcionarios del municipio que prefirieron reservar su identidad.” ¿Por qué asegurar lo anterior?

En efecto, consta en documentos oficiales que, en efecto, Méndez Santiago sí fue agente policíaco en Santa Cruz Xoxocotlán, y que incluso sí tuvo bajo su responsabilidad no sólo la dirección de Seguridad Pública, sino que antes fue también subdirector de esa área. No obstante, lo que se pretende seguir manipulando es el tiempo y la forma, y gracias a quién en realidad se dieron estos nombramientos.

En efecto, Roberto Molina Hernández fue presidente municipal de Xoxocotlán; y es cierto que durante su periodo constitucional, ocurrieron todos los hechos que involucran a El Amarillo como agente policiaco de esa localidad.

Sin embargo, es también necesario precisar el momento exacto en que éste fue suspendido de su cargo, y las personas a las que se les encargó concluir esa administración municipal. Para ello, debemos tomar en cuenta por lo menos tres momentos precisos, para trazar con exactitud una correcta línea del tiempo.

El primero de ellos es el siguiente: Molina Hernández fue suspendido de su cargo edilicio el 17 de marzo de 2006, acusado por la LIX Legislatura de un desvío de recursos públicos por un monto 38 millones de pesos, que finalmente nunca se le pudo comprobar.

El segundo que, de acuerdo con documentos oficiales de ese municipio que obran en poder de esta columna, por acuerdo unánime de Cabildo tomado el 25 de noviembre de 2005, el mando tanto de la Dirección de Seguridad Pública, como de la Policía Municipal, se encontraba a cargo del entonces síndico Procurador, Mario Emilio Zárate Vásquez.

Y el tercero, que a partir del 18 de marzo de 2006, la presidencia Municipal quedó interinamente en manos de la doctora Sandra Eugenia Ramírez Flores, pero que todas las demás disposiciones y delimitación de funciones de los funcionarios y concejales de esa administración, continuaron siendo las mismas que hasta entonces.

 

DESVIAR LA ATENCIÓN

Cada quincena, el Director de Seguridad Pública Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, enviaba a la Dirección de Administración de ese Ayuntamiento, una relación del personal adscrito a la corporación con grado, nombre y cantidad que percibían en sus salarios.

En la relación de agentes de la primera quincena del mes de mayo de 2006, es en donde aparece por primera vez el nombre de Méndez Santiago, ya con el grado de subdirector. Dicho documento, fechado el 10 de mayo de ese año, presenta la firma del teniente coronel Lucio Mendoza Ángel ya como titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ya que junto con el edil Molina, también había sido removido su director de Seguridad Pública, Emilio Constantino Esteva Ruiz, para evitar cualquier tipo de resistencia o amotinamiento en protesta por la defenestración del Presidente Municipal.

En otro documento oficial —también en poder de este espacio—, fechado el 20 de julio de 2006, y firmado por la ya para entonces presidenta Municipal Interina, Sandra Ramírez Flores, se le conmina al ex director Esteva Ruiz que “haga entrega en el acto de recepción del presente oficio de todos los bienes, documentación y todo tipo de recursos de la Dirección de Seguridad Pública de este municipio al C. Flavio Méndez Santiago, Subdirector de Seguridad Pública de este municipio, con el apercibimiento que en caso de hacer caso omiso (sic) a la presente se procederá conforme a las leyes correspondientes”.

Todo lo que ocurrió después, es ya del conocimiento de todos. El teniente coronel Lucio Mendoza Ángel fue sustituido un mes después por Méndez Santiago en la Dirección de Seguridad Pública, y se mantuvo apenas unos tres meses en ese cargo. Su separación voluntaria de la Dirección ocurrió, según refieren fuentes cercanas al asunto, justo en días previos a la realización de un examen antidoping, obligatorio, para todos agentes y mandos policiacos de esa demarcación.

Dos cuestiones quedan en el fondo de este asunto: primera, que antes y después de la suspensión del mandato del edil Molina Hernández, quien tuvo legalmente bajo su responsabilidad a la Dirección de Seguridad Pública de Santa Cruz Xoxocotlán, fue el ahora director Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, y entonces síndico Procurador de esa demarcación, Mario Emilio Zárate Vásquez.

Y segunda: Que para tratar de apartar al gobierno de Gabino Cué de un nuevo escándalo por culpa de sus funcionarios, el periódico Noticias se apresuró a responsabilizar a Molina Hernández de la contratación y las responsabilidades que tuvo El Amarillo en la Policía Municipal de esa localidad. Sólo que, a la luz de la realidad, no cuadran ni las fechas, ni los tiempos ni las personas señaladas.

Es claro que, ante ello, no sólo por un deber legal, sino también por un imperativo ético y político del gobierno para el que trabaja, Mario Emilio Zárate debía solicitar su separación temporal del cargo, y ponerse a disposición de las autoridades competentes para que deslinden responsabilidades. Eso es lo que debería hacer un funcionario comprometido, en un gobierno democrático en el que de verdad prevaleciera el Estado de Derecho.

“ACOMPAÑANTES”

¿Será cierto que en varias direcciones, como la Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, han sido contratadas algunas mujeres para sólo fungir como “acompañantes” de los funcionarios? Que le pregunten a Zárate Vásquez. Alguna referencia podrá dar del asunto.

 

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