+ IEAIP: el desprecio oficial los desacredita a todos
Desde la tarde del pasado miércoles, la oficina de prensa del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, hizo circular un comunicado en el que anuncian la presentación de un Juicio de Garantías en contra de una solicitud hecha por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, para que les sea devuelto el inmueble en el que desarrollan su labor.
Este parece ser el principio del fin de un órgano, y de una garantía constitucional, que en Oaxaca ha sido sistemáticamente soslayada y menospreciada no sólo por quienes en el régimen anterior se resistieron a ella, sino también por quienes dicen defenderla y honrarla en esta supuesta transición democrática.
Lamentablemente, en nuestro estado ha quedado fielmente demostrado que la actividad política sólo ha enturbiado, revuelto y despreciado cualquier posible voluntad real por la transparencia. Independientemente de cualquier trabajo —bueno o malo— que haya realizado el Instituto de Acceso a la Información, es claro que ninguna de las decisiones tomadas desde el poder ha sido en su beneficio. ¿De qué hablamos?
En términos sencillos, de que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz sólo honró la transparencia en los límites mínimos del decoro y las apariencias, pero sin demostrar nunca una voluntad real por fortalecer un órgano autónomo que, en estos tiempos, representa uno de los faros que alumbran y dan guía a los regímenes democráticos, y que bien pudo ser una bandera eficaz contra sus detractores.
Quedó siempre claro que a Ulises Ruiz lo último que le importaba era la transparencia. Por eso, no fue sino hasta cuando tenía encima el movimiento magisterial y popular de 2006, que forzado por las circunstancias impulsó una primera ley de transparencia que, sin haber entrado en vigor, fue sustituida por la que actualmente rige.
A la par de ello, creó un órgano (el IEAIP) al que él mismo desacreditó no necesariamente por la calidad moral o profesional de quienes lo integraron (Genaro Vásquez Colmenares, Raúl Ávila Ortiz y Alicia Aguilar Castro), sino porque éstos tenían inocultables relaciones de cercanía y compromiso con el poder gubernamental al que, se supone, iban a acotar.
Esa ha sido, esencialmente, la razón por la que el Instituto de Acceso a la Información en Oaxaca, nunca ha tenido la credibilidad y aceptación ciudadana que requiere un órgano de esa naturaleza. Aunque el trabajo formal del Instituto ha sido reconocido a nivel nacional por su estructuración y alcances, es claro que ni con eso el oaxaqueño promedio tiene confianza en él.
Todo eso pone en claro que el trabajo del IEAIP siempre ha sido cuesta arriba. Sus integrantes no sólo han tratado de que los sujetos obligados cumplan con lo que dice la ley de transparencia, sino esencialmente han luchado porque les crean que de verdad están haciendo el trabajo y la labor de contención democrática que dicen que hacen.
En todo esto, lo peor es que si en algún momento el antiguo régimen (de Ulises Ruiz) creyó posible “heredar” este órgano a sus sucesores, como una especie de cuña para contenerlos y desde ahí controlarlos, en los hechos no hizo sino todo lo contrario. ¿Por qué?
Porque quién sabe si antes de ser gobernador, Gabino Cué tenía algún grado de confianza en el Instituto. Pero con lo hecho por el entonces gobernador Ruiz en los últimos días de su gobierno, le dio la estocada final a la credibilidad y permanencia del IEAIP:
Nombró, a través de vías aparentemente democráticas, a Soledad Rojas Walls como comisionada en sustitución de Alicia Aguilar. Esa designación tuvo un fuerte cuestionamiento porque está basado más en razones personales, que en una verdadera ponderación del perfil profesional, la experiencia y el aporte a la transparencia que pudiera hacer la nueva Comisionada.
TRANSICIÓN, ¿ASÍ?
Todas esas maniobras de boicot a la transparencia, dejaron en claro que el futuro del IEAIP sería algo más que incierto frente al nuevo régimen del gobernador Gabino Cué Monteagudo. Aunque éste prometió honrar la transparencia y todo lo relativo al derecho a saber, más bien decidió tomarlo como una cuestión de su gobierno, desdeñando cualquier posible reforzamiento al órgano autónomo encargado de la materia.
Incluso, desde que ocurrió el proceso de entrega-recepción, aquí lo señalamos: tanto el gobierno de Ulises Ruiz, como el equipo de transición de Gabino Cué, ignoraron por completo al Instituto de Acceso a la Información, incluso como un mero actor testimonial de lo que estaban haciendo. A unos y a otros, les importó un comino la existencia de ese supuesto órgano legitimador de las democracias contemporáneas.
Luego, al tomar posesión Gabino Cué del gobierno, incluyó en las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría, todo lo relativo a la transparencia gubernamental. Prometió que a través de ella, el pueblo de Oaxaca podría estar al tanto de lo que hiciera y decidiera el gobierno, y podría asimismo tener certeza sobre su honorabilidad, legalidad y legitimidad. Y nuevamente soslayó la existencia tanto del mandato constitucional, como de la ley, y el órgano de transparencia.
Su razonamiento, para ello, ha sido sencillo: para el nuevo régimen, los tres comisionados responden al interés del gobierno anterior, y por esa razón deben ser ignorados y excluidos. Puede que tengan razón. El problema es que el gobierno de Gabino Cué, hasta hoy, ha hecho nada por abonar su propia credibilidad, y por demostrar que ellos sí tienen voluntad real por la transparencia.
Por citar un ejemplo, ¿a caso la Secretaría a cargo de Perla Woolrich ya aclaró por completo, y tomó las medidas pertinentes, para sancionar y ajustar al marco del derecho, todo lo relativo a la acreditación de los estudios profesionales de los miembros del gabinete de gobierno? ¿De verdad tienen ellos un proyecto real de transparencia, cuando esencialmente ésta debe ser garantizada por órganos autónomos y ajenos a las estructuras formales del poder?
HOSTIGAMIENTO INNECESARIO
Si el nuevo gobierno no confía en los integrantes del IEAIP, debería iniciar ya el proceso para sustituirlos. Dejarlos a la deriva, y hostigarlos, es tanto como ningunear el imperativo democrático relativo a la transparencia y el derecho a saber. En el fondo, el gobierno de Gabino Cué está tratando de esconder, con ese supuesto desprecio, el verdadero talante autoritario y antidemocrático que en su momento tanto denunció de sus adversarios políticos.
