Costumbrismo: máscara de los abusos en Oaxaca

+ Actos ilegales y excesos: constante de autoridades

Desde que la diputada Eufrosina Cruz Mendoza llegó al Congreso del Estado, trató de poner a debate no sólo la estructuración, sino también la permanencia del reconocimiento de los usos y costumbres, como forma de determinación política de más de cuatrocientas comunidades indígenas en Oaxaca.

La legisladora local, icónica por el abuso de que fue objeto al no dejársele participar en la elección de autoridad municipal en su natal Quiegolani, ha sacado a la luz sólo una vertiente —la política— de las desviaciones prácticas que actualmente presenta ese sistema. Y aún cuando son visibles y perceptibles muchos otros abusos cometidos por las autoridades municipales directamente contra los particulares, en nombre de los usos y costumbres, parece que existe un temor o resistencia profunda a señalarlos tan sonoramente, como debía hacerse.

Un ejemplo de ello, que además impacta en la posibilidad de desarrollo económico de las comunidades y del Estado, es lo que ocurre entre una empresa privada y la autoridad municipal de Rojas de Cuauhtémoc, en el distrito de Tlacolula. Éste caso, apenas alcanza a ser uno de muchos otros que ahora mismo ocurren en territorio oaxaqueño. ¿De qué hablamos?

El pasado 26 de febrero, la empresa Procesadora de Pétreos Abasolo S.A., localizada en el ejido de Santa Rosa Buenavista, municipio de San Sebastián Abasolo, hizo pública en TIEMPO una relación de hechos, en la que se ha visto involucrada con la autoridad municipal de Rojas de Cuauhtémoc.

A grandes rasgos, lo que ha ocurrido es que el edil de esa comunidad, Felipe Díaz Romero, y sus antecesores, determinaron cobrar “derecho de peaje” a la empresa, para permitir que los camiones que transportan el producto que comercializa la Procesadora, puedan circular a través de la comunidad. El asunto se vuelve vital, porque en Rojas de Cuauhtémoc se encuentra la única vía de acceso al sitito donde se encuentran las instalaciones de esa empresa.

Este asunto va más allá de un simple lío entre particulares. Además de que el cobro por derecho de paso en vías federales está expresamente prohibido para cualquier persona, esto resulta mucho más grave cuando quien realiza tal conducta es una autoridad. Y es claro que para ninguna empresa seria, es atractivo asentarse en sitios en donde lejos de facilitarles el desarrollo económico, se le ponen todo tipo de trabas, que luego se convierten en abiertos actos de extorsión.

En este caso en particular, sin ningún rubor, el edil de Rojas de Cuauhtémoc, Felipe Díaz Romero, no sólo reconoció cobrar “peaje” a esa empresa, sino que, por acuerdos de la Asamblea Comunitaria, lo hace con los vehículos de todas las empresas que comercializan productos en esa comunidad.

Así, en nombre de los usos y costumbres, pasa por alto las garantías otorgadas por la Constitución a los particulares, hace pedazos los límites que tienen impuestas las autoridades municipales para el ejercicio de sus funciones, y además establece un discurso alarmante que debería escandalizar tanto a los ámbitos de gobierno, como a una sociedad oaxaqueña que, por mucho, se dice democrática.

ABUSOS E ILEGALIDAD

En una entrevista concedida a un portal electrónico, publicada el pasado viernes, el edil Díaz Romero reconocía abiertamente la existencia de un “convenio”, a través del cual la empresa comercializadora de material pétreo, se obligaba a pagar la cantidad de 15 mil pesos por “peaje”.

Aseguraba que al fenecer dicho acuerdo, la asamblea comunitaria decidió que para dejar pasar a los camiones, el cobro mensual ascendiera a 25 mil pesos, además de la reparación de algunos puentes.

Y por si fuera poco, el Munícipe de Rojas de Cuauhtémoc aseguraba que “Solo (sic) cobran un impuesto a los vendedores que llegan al pueblo, a las gaseras, y los recursos que se capten no serán para la tesorería municipal sino se entregarán íntegros para las escuelas del pueblo porque no se tiene recursos para darles mantenimiento.”

Esto debía ser inconcebible para una entidad federativa en la que se supone que prevalece el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque, en primer término, el artículo 11 de la Constitución General de la República establece el derecho de libre tránsito de las personas.

Además, porque el numeral 117, fracción III, de ese mismo Ordenamiento establece que las entidades federativas no pueden, en ningún caso, “gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio”. Interpretando en sentido contrario ese precepto, frente al principio general del derecho que establece que “quien puede lo más, puede lo menos”, podemos entender que si esto se encuentra prohibido para las entidades federativas, también lo está para los municipios.

Y por si algo faltara, una razón más: un cobro de este tipo, para ser constitucional y legal, debe estar contemplado en la Ley de Ingresos Municipal correspondiente. Frente a ello, ¿el Congreso del Estado habrá tenido la osadía de autorizar un impuesto derivado de una conducta como el libre tránsito, que ninguna autoridad municipal o estatal puede prohibir, y ni siquiera regular?

Pero además: ¿El Congreso es copartícipe de estas flagrantes violaciones al orden constitucional federal? ¿O simplemente desconoce que este tipo de conductas a todas luces ilegales, se repiten en innumerables comunidades oaxaqueñas y se convalidan por los “acuerdos de asamblea” a los que llegan las autoridades en nombre y manipulación de los usos y costumbres?

Aspectos como estos, que ocurren a diario pero a los que nadie parece poner atención, hacen impresentables a muchísimas comunidades oaxaqueñas, como sitios en los que se pueden desarrollar nuevas empresas. ¿Cómo pretenden detonar el desarrollo, si lejos de facilitar el comercio, se establecen este tipo de trabas prohibidas por la ley?

ABUSOS Y COSTUMBRES

Por todo eso, es claro que más allá de la vertiente política, los verdaderos abusos que se dan a partir del costumbrismo, se encuentran en su relación con los particulares. ¿Qué nadie le pondrá un alto al edil Díaz Romero, para que cese en sus conductas contrarias a la ley? ¿Y qué los particulares que son objeto de ese tipo de abusos, seguirán quedándose callados frente a estos aberrantes actos que sobrepasan cualquier ley, orden y supremacía de las leyes constitucionales? Esto es lo que debían atender con urgencia, tanto desde el Congreso local, como desde el Gobierno del Estado. ¿O qué la autoridad no existe?

¿Qué despertó el conflicto magisterial de 2006?

 

AM Histórico

+ Gobierno no es verdugo, pero tampoco salvador


No sorprende que ante cualquier gesto de beligerancia de la Sección 22 del SNTE, propios y extraños se asusten y crean que en cualquier momento podría ocurrir una repetición del conflicto magisterial de 2006. Aunque el sindicato magisterial en Oaxaca fue uno de los actores fundamentales de aquel episodio, es claro que en términos objetivos, aún con una posible beligerancia magisterial hoy no existen, ni cercanamente, las condiciones para un nuevo episodio de sinrazón e inconformidad en Oaxaca.

Varios son los factores que llaman la atención. Por un lado, resulta particularmente llamativo que se intente explicar la imposibilidad de que ocurra un nuevo conflicto magisterial, solamente a partir de las manos en que se encuentra el gobierno estatal, y la legitimidad electoral del gobernador Gabino Cué Monteagudo. Aunque es cierto que por sí solo ese es un factor de distención, también lo es que este no es el único elemento que verdaderamente podría distender, o inhibir, la formación de una nueva revuelta social.

En la contraparte, sin embargo, también hay aspectos que son particularmente llamativos. Uno de ellos, es el alimento que, para el ego y la capacidad presión y amague de la Sección 22, constituye el miedo ciudadano y el alarmismo de algunos medios de información.

En los primeros, es perfectamente comprensible: luego de haber vivido siete meses de un conflicto violento, que parecía no tener fin, y que afectó y aterrorizó a todos por igual, cualquier ciudadano de cualquier ciudad del mundo viviría con el temor de que una circunstancia similar, desatara una crisis social de las mismas dimensiones.

Empero, en los segundos, parece claro que todo resulta ser un elemento de conveniencia e incluso de manipulación. Pocos como algunos medios de la capital del país, ayudaron tanto a la Sección 22 y los grupos que en 2006 se rebelaron contra el gobierno estatal.

Y es que si en aquellos momentos algunas empresas informativas fueron copartícipes del conflicto al remarcar la información sobre la violencia, sobre los actos de represión y sobre los enfrentamientos, con tal de ganar y sostener morbosamente a su audiencia, hoy más de uno de esos medios se pregunta si podrían renovarse aquellos episodios, con tal de sacar ellos sus propias ganancias.

Todo eso, en realidad, no hace sino incrementar la capacidad de amague y presión de la Sección 22. Es claro que, en esa lógica, hoy el sindicato magisterial esgrime la amenaza sobre una revuelta popular cada que no se le cumple una promesa o capricho, como lo hace una mamá frente a su hijo con el “coco”, cada vez que éste no obedece una orden o cumple con alguna de sus responsabilidades.

El problema, en realidad, es que la gran mayoría en Oaxaca hoy vive asustada con el “coco” de la Sección 22. Si bien es cierto que ellos fueron una fuerza determinante para encabezar y sostener el conflicto popular de 2006, también lo es que la revuelta popular de aquel año fue mucho más que la demanda o el amague del magisterio, y que por esa razón resulta un engaño, un engrandecimiento malamente inmerecido, e incluso una autoflagelación de los oaxaqueños, el asumir a pie juntillas que fue sólo la Sección 22 la que encabezó y sostuvo el movimiento social de hace cinco años, y no toda la amalgama de grupos, intereses, aversiones y rencores, locales y nacionales, que en realidad se conjuntaron en aquel momento para hacer de Oaxaca una explosión conjunta de todos los males.

CAUSAS OBJETIVAS

Para atender aquella vieja consigna de no olvidar, habría que hacer un sencillo ejercicio de retrospectiva, para entender que el conflicto de 2006 no nació de la nada, ni fue sólo obra de la Sección 22 del SNTE. Además de las diferencias internas y las pugnas en el grupo gobernante, hubo una serie de elementos que poco o nada han sido analizados, y que en realidad constituyen un punto de partida fundamental para entender la crisis de hace seis años.

Ulises Ruiz Ortiz no se ganó, en Oaxaca, el mote de autoritario, insensible o “dictador” con el conflicto magisterial. Ese hecho, en todo caso, no fue sino la constatación de diversos rasgos que desde los primeros momentos de su gobierno ya había dejado ver a los oaxaqueños. Pero, ¿si no fue el conflicto magisterial lo que reveló en Ruiz ese talante autoritario, y la inconformidad en la sociedad no magisterial, entonces qué fue?

Tendríamos que remontarnos a 2005, y recordar las condiciones en que fue llevada a cabo la remodelación del zócalo citadino. Si bien se tiene memoria, entonces habrá de recordarse que dicha obra fue ejecutada del peor modo, y con el peor consenso social posible.

El entonces entrante gobierno estatal, dispuso tal obra sin contar con un proyecto claro; sin el aval de los más elementales grupos de especialistas en las materias relacionadas; sin consultar a la ciudadanía; sin tener claridad sobre el monto de dinero público que ahí se habría de invertir; e incluso sin tener una idea clara sobre el valor estimativo que se tenía a esa zona de la capital oaxaqueña, independientemente de que ésta necesitará o no, a juicio de los pragmáticos, una “mano de gato”.

Si aquello constituyó una afrenta para los oaxaqueños (que fueron ignorados y despreciados por completo, por un gobierno que decidió no verlos ni escucharlos), todo se constató cuando, producto de las obras, en abril de 2005 cayó un Laurel de la India que se encontraba plantado desde hacía un siglo atrás justo frente a Palacio de Gobierno. Ahí fue donde la inconformidad ciudadana llegó a su punto clímax. Y ahí fue donde, en realidad, comenzó a gestarse el conflicto que estallaría justo un año después.

MÚLTIPLES FACTORES

En realidad, la inconformidad magisterial, y su capacidad de movilización, fueron un elemento más que, aunque determinante, no fue el único que nutrió el conflicto. Sin el apoyo de las organizaciones sociales inconformes por la decisión oficial de no darles más recursos; sin el respaldo ciudadano que emergió de la inconformidad genuina; sin el apoyo de las estaciones de radio (como Radio Plantón, Radio Universidad y las estaciones que tomaron después); y sin el particular ingrediente que en ese momento era la elección presidencial que se encontraba en puerta, el conflicto magisterial de 2006 en Oaxaca no habría sido lo que finalmente fue. Así, los maestros fueron parte, pero no causa de fondo de la inconformidad social. No debíamos olvidar, ni confundirnos.

 

Oaxaca: verdades a medias de la “prensa nacional”

+ ¿Quién respaldaba realmente a maestros en 2006?

Ayer, en un artículo publicado en el periódico El Universal, de la Ciudad de México, la periodista Denise Maerker trataba de demostrar que las manifestaciones magisteriales en contra del gobernador Gabino Cué, hoy tienen un efecto distinto al que en su momento tuvieron con su antecesor, Ulises Ruiz. ¿Es esto cierto?

Maerker inicia asegurando que “quienes piensan que pueden actuar igual frente a Gabino Cué como lo hicieron con Ulises Ruiz están equivocados”. Y, refiriéndose particularmente a la Sección 22 del SNTE, a los hechos del pasado 15 de febrero, y al condicionamiento lanzado al gobernador Cué, señala que:

“En Oaxaca hay varios grupos que parecen estar en esa situación. Actúan como siempre, presionan como siempre y quieren lo de siempre. El problema es que sí ha habido cambios y no son menores: ya no gobiernan los mismos y sobre el nuevo gobierno pesan expectativas muy distintas. A Gabino Cué Monteagudo lo observan, lo apoyan y le exigen grupos muy diversos y opuestos a los que respaldaban a Ulises Ruiz Ortiz…

“Entonces, cuando un grupo de maestros de la sección 22 —está probado que fueron ellos— se lanza violentamente contra la Policía Federal y denuncia represión, no es tan fácil que reciban el apoyo ni el beneficio de la duda de amplios sectores de la sociedad oaxaqueña y nacional como hace cinco años; todo lo contrario, despiertan una inmediata desconfianza. No es lo mismo rebelarse contra un gobierno que torpemente intentó por la fuerza desalojarlos del centro de Oaxaca, como lo hizo Ulises Ruiz el 14 de junio de 2006, que hacerlo contra un gobierno recién electo, que no ha hecho nada en su contra y que goza de una legitimidad excepcional porque derrotó, gracias a una gran alianza, a quienes detentaban el poder desde hacía décadas.”

Maerker asegura que frente a los hechos del 15 de febrero, y la molestia y los amagues de la Sección 22 al gobierno de Cué, “sabiamente” la mayoría en la Asamblea Estatal de la 22 decidió “enfriar” la situación, antes que seguir el plan de acción que proponía el secretario General, Azael Santiago Chepi, para hacer bloqueos, paros y cerrar carreteras en presión al Gobierno del Estado.

Señalaba que el único punto que prevaleció, fue el exigir la renuncia de Irma Piñeyro y Bernardo Vásquez Guzmán, por ser cercanos a la profesora Elba Esther Gordillo. Y que, en el fondo, estos movimientos tendían no a presionar al gobernador Cué, sino a reforzar el control económico que la 22 ejerce sobre el sector educativo en Oaxaca.

Pareciera que más que analizar una situación delicada y tan llena de aristas como la que prevalece en Oaxaca, lo que Maerker pretendía era “apartar” al gobierno de Oaxaca de la percepción de que el magisterio lo puso contra la pared.

No se equivoca cuando dice que los equilibrios de fuerzas son distintos, que la imagen y el grado de legitimidad del gobernador Cué nada tienen que ver con los de su antecesor, y que incluso ciertas prácticas en el poder son distintas.

Sin embargo, es claro que ni entiende por completo la lógica de la Sección 22, ni tampoco toma en cuenta algunos de los factores que verdaderamente fueron el detonador del conflicto magisterial vivido aquí hace casi cinco años.

 

¿APOYO POPULAR?

Para todo aquel que vive y conoce Oaxaca, está claro que si existe aquí un factor de poder que nunca considera, ni tiene sensibilidad alguna respecto a lo que la sociedad opina de ellos, ese es la Sección 22 del SNTE.

En razón de ello, queda claro que antes y ahora sus acciones han sido abiertas. Y que aún en contra de lo que se pretende justificar, la 22 nunca necesita ni aparentar ni tomar acciones desesperadas para mantener el control de sus trabajadores, que ejerce plenamente a pesar de todos sus adversarios políticos en Oaxaca y el país.

En un primer momento, es claro que la exigencia de renuncia no de dos, sino de cuatro funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado, por donde le vea constituye un golpe certero a la estabilidad y la autoridad de cualquier régimen, y que es una demostración implacable del grado de influencia que puede llegar a manifestar un poder fáctico como en Oaxaca lo es la Sección 22.

Contrario a la percepción, la 22 sí puso al gobierno estatal contra la pared, porque un resolutivo de su Asamblea Estatal adquiere, por esa sola razón, la calidad de irrenunciable e innegociable. Es decir, que la renuncia de Piñeyro, Vásquez, Marco Tulio López y Benjamín Robles, ya no están, ni estarán, sujetas a negociación. Y llegado el momento, el magisterio hará todo lo necesario para hacer valer dicho acuerdo. Si ese no es un golpe brutal para cualquier gobierno —aún un ampliamente legitimado como el del gobernador Cué—, entonces no sabremos qué tendría que ocurrir para de verdad tambalearlo.

Pero además, en lo relativo al respaldo social, es claro que ese y otros análisis omiten innumerables elementos que desencadenaron la crisis magisterial hace cinco años. Es cierto que en 2006 la decisión del desalojo tomada por Ulises Ruiz fue torpe y mal planeada. Pero también es cierto que el conflicto alcanzó magnitudes alarmantes, sólo cuando inconscientemente la sociedad oaxaqueña fue involucrada a través de la manipulación propalada desde las estaciones de radio ocupadas por el magisterio, por los amplios espacios dados por ciertos medios informativos, y por todos los factores políticos, económicos y sociales que en ese momento se conjuntaron tanto para reforzar los objetivos de la 22, como para destruir al rancio grupo priista que entonces gobernaba.

 

¿QUIÉN CAMBIÓ?

En realidad, antes como ahora, el grueso de la sociedad oaxaqueña no ha visto con buenos ojos las acciones del magisterio. Su radicalismo ha provocado incuantificables quebrantos económicos, rezago educativo, violencia e inestabilidad. Y todas esas facturas las ha pagado, siempre, la sociedad. Más bien, lo que ha cambiado es el partido y las personas que detentan el poder. Antes, cuando el impresentable Ulises Ruiz era gobernador, para amplios sectores de la llamada “prensa nacional” la lucha magisterial era justa y tenía total respaldo social. Sólo que ahora, cuando la circunstancia política es distinta, pero la lucha magisterial es la misma de siempre, entonces sí deciden poner en entredicho la legitimidad de las causas, el respaldo de la sociedad oaxaqueña, e incluso los intereses de fondo por los que luchan. Está claro, pues, qué cambió y qué no en Oaxaca.

 

Oaxaca: con la seguridad no se debe jugar

+ SSPE, debe adecuarse a las circunstancias

Como si fuera una reedición del pasado, la actual administración del Gobierno del Estado está cometiendo los mismos errores de sus antecesores, al plantear los esquemas de seguridad pública. Así como ocurrió en el pasado, hoy el Ejecutivo estatal actúa en ese rubro en base a criterios eminentemente políticos, y no a las necesidades reales de la entidad en esa materia.

¿Por qué decir que todo esto parece una reedición del pasado? Porque hace seis años, cuando se renovó la administración estatal y Ulises Ruiz asumió la gubernatura, decidió los nombramientos de la entonces Secretaría de Protección Ciudadana, y de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, en base a criterios políticos. Hoy ocurre exactamente lo mismo.

¿Qué pasó entonces? Hace seis años, el recién asumido gobernador Ruiz decidió sostener a los mandos policiacos estatales (José Manuel Vera Salinas, Manuel Moreno Rivas y Aristeo López Martínez, principalmente) en las tareas operativas tanto del gobierno estatal, como del municipal de Oaxaca de Juárez que en aquellos momentos también se encontraba en manos de priistas.

Fue visible que esa decisión, junto con el nombramiento de Juan José González Davar al frente de la Seproci, fue tomada con fundamentos puramente políticos. La permanencia en el cargo de los mandos operativos, era parte del pago de favores que el gobernador Ruiz hacía al grupo político que lo impulsó para la gubernatura.

Y el nombramiento de González Davar en la Seproci, en realidad obedecía al otro criterio que reinó en la pasada administración —también ajeno a las razones prácticas y de operatividad—, respecto a que para ostentar un cargo de primer nivel, era más fuerte la inercia de ser amigo cercano del Gobernador, que ser un experto en las tareas públicas que se encomendaban.

Así fue como quedó integrado, inicialmente, el grupo que tenía a su cargo las tareas de la seguridad pública hace seis años. Unos por pago de compromisos políticos, otros por vínculos de amistad, e incluso por las decisiones arbitrarias de quienes fueron los beneficiarios de la delegación del poder (esto último, por el nombramiento de Alma López en Seproci, que impulsó Jorge Franco cuando apenas cumplía un año la administración de Ruiz), lo cierto es que nadie era verdaderamente experto y conocedor de los retos que estaban por venir. Y el costo que pagó Oaxaca por eso, fue extremadamente alto.

¿Qué ocurría? Que todos esos personajes, estaban acostumbrados a ver la función de seguridad como parte de una tarea política. Oaxaca entonces no tenía problemas graves de inseguridad, y tampoco conocía la beligerancia de grupos radicales. Así, los policías se dedicaban no sólo a preservar el orden, sino también a vigilar, a espiar, a obtener información y a ser sombra de personajes cómodos o incómodos para el régimen. Pero, a la luz de los hechos, nadie estaba preparado para el 2006.

En efecto, si en aquel año el conflicto magisterial tuvo un punto de inflexión, éste ocurrió cuando los mandos policiacos actuaron erróneamente, y esto se combinó con las deficiencias y los errores de cálculo y visión de los operadores políticos del gobierno estatal.

El desalojo fallido, en particular, fue lo que le dio a aquella administración estatal la pauta para regresar a la escena, a aquellos mandos policiacos que en otros tiempos trajeron a raya los movimientos sociales y estudiantiles de los años setentas y ochentas. Esa fue la razón por la que fueron traídos a la escena, personajes como Pedro Ismael Díaz Laredo, o Daniel Camarena Flores.

Luego, ante los duros cuestionamientos por los abusos policiacos ocurrieron nombramientos de “defensores de los derechos humanos”, como Sergio Segreste Ríos y Evencio Nicolás Martínez Ramírez.

Y fueron no decisiones políticas, sino pragmáticas —por la explosión de inseguridad en que se vio inmersa Oaxaca a partir de 2008—, las que orillaron al gobierno estatal a contratar los servicios del vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, junto con la llegada de “los chilangos” Javier Rueda Velázquez, Alan Peña y Jorge Alberto Quezadas Jiménez.

EL MISMO CAMINO

Dicho recuento parecería hasta ocioso, si no fuera porque parece que ahí están, perfectamente visibles, las huellas de las decisiones que está tomando, y que tomará, el gobierno de Gabino Cué respecto a la seguridad pública.

Hoy, como en el pasado, sus decisiones están encaminadas a satisfacer intereses políticos. Pero eso, seguramente, cambiará con las circunstancias. Y ojalá que para entender eso, no tenga que pagar un costo tan alto como el que pagaron sus antecesores, y el pueblo de Oaxaca, con hechos como el del 2006, y la ola de ejecuciones y presencia criminal, que ocurrió aquí en los dos años siguientes al conflicto magisterial.

El secretario Marco Tulio López Escamilla, tiene tatuado el nombre de Roberto Pedro Martínez Ortiz desde el ángulo en que se le vea. La decisión de nombrarlo a él, fue una de las varias recomendaciones que hizo al gobernador Cué el ex Procurador de Justicia en los tiempos del gobernador Diódoro Carrasco, y que tiene que ver, más que con un tema de eficiencia y conocimiento de esa labor, con un simple pago de cuotas.

López Escamilla ya demostró que no es diestro en conocimientos respecto a lo que necesita Oaxaca. ¿Qué necesita? Nuestra entidad requiere de una policía capacitada para enfrentar no sólo los retos naturales de la seguridad pública frente al crimen organizado, sino también para poder hacer frente de manera eficaz a las agitaciones sociales que aquí ocurren con recurrencia.

Hasta ahora, parece haber quedado claro que eso último no es una de las fortalezas de los actuales mandos. Y sobre el combate a la delincuencia, también está en entredicho frente a los delitos de alto impacto que se han cometido en las últimas semanas.

¿Tendrá el gobierno de Oaxaca que resentir lecciones graves —como fue en el pasado— para aprender que la seguridad pública no es un tema político, sino de operatividad? ¿Se tomarán decisiones oportunas? Ojalá que no pretendan seguir los pasos de sus antecesores, porque ello equivaldría a tapar el pozo sólo después de que apareció el niño ahogado.

 

¿INNOVACIÓN?

Por cierto, anuncian como un descubrimiento la elaboración de una Ley para el Uso Racional de la Fuerza. ¿Sabrán en el gobierno estatal que dicho esquema ya se encuentra en el Programa Preliminar de Gobierno, y que además esa es ya una propuesta harto perfeccionada? No saben. O no quieren reconocerlo.

S-22: ¿Con quién negoció el Gobierno del Estado?

En círculos cercanos a las instancias de negociación política del Gobierno del Estado, aseguran que, contrario a lo que se dice, tanto desde la Dirección del IEEPO, como desde la Oficina del Gobernador, se tuvo interlocución oportuna con la dirigencia de la Sección 22 del SNTE para evitar que la gira del presidente Felipe Calderón por la entidad tuviera contratiempos. En apariencia todo marchaba sin dificultades, hasta que algo pasó. ¿Qué fue?

En efecto, como bien lo han manifestado diversos actores políticos que en distintos momentos han tenido en las manos las tareas de gobierno, es parte de algo así como una “tradición”, y también un asunto de seguridad, que ante cada hecho o decisión importante que toma el gobierno estatal, uno de los primeros factores reales de poder en enterarse es justamente la Sección 22. Esta operación política, además, toma cauces de mucha mayor relevancia, cuando lo que se tiene en juego es una visita presidencial.

Aseguran que, en este sentido, lo que ocurrió no fue que el gobierno de Gabino Cué desatendiera la necesidad de “avisar” a la Sección 22 no sólo de la gira del presidente Calderón, sino de todos sus detalles.

Aseguran que derivado de aquella comunicación, se obtuvo el acuerdo por parte de la dirigencia estatal y el Gobierno del Estado, en el sentido de que aquellos sí realizarían una manifestación en los alrededores, y que incluso tratarían de mostrar sus inconformidades al mandatario, a cambio de que la administración estatal les permitiera realizar sus actividades, en la periferia de Palacio de Gobierno, donde se llevaría a cabo uno de los actos en el que estaría presente el Gobernador del Estado.

Esa parece ser una razón coherente y lógica, que justifica que a las afueras de Palacio de Gobierno no hubiera representantes de la Oficina de la Gubernatura, de la General de Gobierno, o del IEEPO, manteniéndose pendientes que las actividades pactadas con la Sección 22 sin contratiempos. Se supone que todos sabían perfectamente qué es lo que pasaría, y que por tanto no habría ninguna dificultad.

Del mismo modo, eso parece explicar que, en un momento dado, fuera el secretario de Seguridad Pública Estatal, Marco Tulio López Escamilla, quien tratara de salir al paso de los rijosos que trataban de romper el cerco policiaco que mantenían los elementos federales dispuestos por el Estado Mayor Presidencial.

Podría entenderse que, en ese mismo marco, los grupos que se habían salido de control y que atacaban a los elementos de la Policía Federal que resguardaban el zócalo citadino, ni eran parte de la Sección 22 del SNTE, y tampoco serían respaldados por ésta ante una posible respuesta violenta por parte de los efectivos policiacos.

Sin embargo, pareciera que el escenario que enfrentaron fue el peor: la violencia se desbordó, los protagonistas fueron maestros; los negociadores del gobierno estatal no tuvieron capacidad de actuar. La fuerza policiaca estatal fue ninguneada. Y al final, los supuestos negociadores de la Sección 22 con quienes habían hecho un pacto días antes, fueron quienes finalmente anunciaron que exigirían el cese de cuatro funcionarios, así como la suspensión de cualquier diálogo con el Gobernador del Estado.

Lo que pareciera a simple vista, es que hubo una traición por parte de la Sección 22 a los negociadores del Gobierno del Estado. No obstante, también habría que atender algunos factores internos del sindicato magisterial, sus propias pugnas, ver al interior quiénes representan a sus factores reales de poder y cómo se reparte éste; y cuáles fueron los errores reales del gobierno estatal a la hora de interceder frente al llamado “magisterio democrático”.

 

NEGOCIADOR EQUIVOCADO

Desde el principio, el director del IEEPO, Bernardo Vásquez Guzmán, decidió que negociaría únicamente con la Sección 22 del SNTE. Derivado de ello, desde sus primeros días de gestión al frente de ese Instituto, desconoció como interlocutora a la disidente Sección 59; y manifestó expresamente que a partir de ahora sólo los “democráticos” serían los escuchados y atendidos por el gobierno estatal.

Vásquez tomó la decisión de declarar lo anterior, no motivado por convicciones firmes respecto al liderazgo o la capacidad de entendimiento y acuerdo de la Sección 22; más bien, lo hizo como una muestra de buena voluntad, y como parte de su búsqueda de fortalezas ante la circunstancia indudablemente adversa en que se encontraba.

Vásquez sabía que sus propias debilidades, debían llevarlo a echarse en los brazos de sus contrapartes más poderosos, para así buscar la convalidación y legitimación que por sí mismo no tenía (por carecer de experiencia en el ramo educativo, por no tener capacidad de interlocución con la 22, por sus nexos con la profesora Elba Esther Gordillo, e incluso por no tener antecedentes respecto a sus habilidades como negociador político) y que le era urgente tener para acallar los señalamientos negativos en su contra, que le brotaban por todos lados.

Sólo que Vásquez cometió un error elemental: entendió que podía negociar directamente con Azael Santiago Chepi, y que éste tomaría acuerdos en nombre de toda la Sección. Ingenuamente, consideró que neutralizándolo a él, también conjuraría cualquier tipo de inconformidades. Este error, convalidado por todos los demás negociadores del gobierno estatal, les costó nada menos que el problema que se generó a raíz de la visita presidencial.

¿Por qué? Porque desde hace tiempo, dentro de la Sección 22 existen señalamientos serios en contra de Santiago Chepi por su entreguismo y posible corrupción. Porque, además, los verdaderos líderes de la 22 son las alrededor de 15 corrientes que controlan la Asamblea Estatal. Y porque es con ellos, y no con el disminuido Secretario General de los maestros oaxaqueños, con quienes debieron negociar y acordar desde el principio.

 

PREBENDAS, A LA BASURA

Vásquez le dio todo a Chepi a cambio de no generar conflicto. Sólo que esto no gustó a los 15 dirigentes reales del magisterio, quienes finalmente generaron la violencia para reventar sus acuerdos. Por eso, Chepi finalmente fue presionado para ser él quien anunciara los resolutivos. Y que lo entiendan bien: las renuncias de Irma Piñeyro, Bernardo Vásquez, Marco Tulio López y Benjamín Robles son irremediables. Al ser acuerdo de Asamblea, ya no están sujetas a negociación. Caro paga el Gobernador los errores y la ingenuidad de sus negociadores.


Represión: gobierno hace la guerra en dos bandas

+ Movimiento social desenmascara a sus aliados

A través de una peligrosa jugada en dos bandas, el Gobierno del Estado por un lado pretende desactivar la situación de confrontación en que entró con la Sección 22 del SNTE a raíz del enfrentamiento del martes pasado; y por el otro pretende iniciar formalmente el ajuste de cuentas con sus adversarios políticos del PRI. Las señales enviadas hasta ahora, así lo demuestran.

El enfrentamiento entre integrantes de la Sección 22 del SNTE y elementos de las Policías Estatal y Federal, reveló en toda su magnitud la forma real de interacción entre los grupos que encabezan ese amasijo denominado “movimiento social” en Oaxaca, y el Gobierno del Estado.

Quedó claro que a pesar de los acuerdos firmados entre unos y otros para la realización de protestas pacíficas en el marco de la gira presidencial, rápidamente la civilidad quedó rebasada por el radicalismo de algunos grupos, y esto obligó al gobierno a decidir frente a la disyuntiva de utilizar a la fuerza pública, o permitir que el sindicato magisterial los vapuleara.

En realidad, a la opinión pública no le quedó duda de lo que pasó. Esto porque más allá de cualquier interpretación, o del descubrimiento de “elementos ocultos” en aquellos hechos, lo que ocurrió no fue más que un simple desbordamiento de los ánimos magisteriales, combinados con una errónea coordinación y actuación de las fuerzas del orden.

Así, a nadie le quedó duda que el enfrentamiento fue motivado porque un grupo de profesores e integrantes radicales de la Sección 22, fueron a provocar a los elementos federales que resguardaban las inmediaciones del Palacio de Gobierno, donde se realizaría uno de los eventos donde estaría presidente el presidente Felipe Calderón.

Asimismo, a nadie le quedó duda de que, ante la agresión, los elementos policiacos no sólo no permitieron que se rompiera el cerco de seguridad, sino que también agredieron a los manifestantes.

Nadie duda que, en esa misma lógica, fueran recíprocas las agresiones y los excesos, tanto de policías como de maestros. Y que todo quedara enmarcado por la patética actuación del secretario de Seguridad Pública Estatal, Marco Tulio López Escamilla, quien lejos de contribuir a la preservación del orden, pronto se convirtió en el elemento central de la confrontación.

Nadie tiene dudas al respecto. Sin embargo, tratando de contrariar la lógica común y la percepción habida entre los oaxaqueños, el gobierno estatal pretendió hacer un control de daños a partir de la inclusión de elementos políticos extraños a la responsabilidad de los hechos, para tratar tanto de evadirse de la parte de culpa que les toca, como también (y de manera sorprendente) para exculpar a quienes agredieron a los agentes policiacos.

Esa estrategia, poco creíble, consistió en tratar de culpar a sus adversarios políticos del PRI, por la infiltración de la manifestación, por la generación de las condiciones de violencia y caos; y por tratar de confrontar y enrarecer una relación que hasta ahora había sido civilizada y fluida entre la administración estatal y la dirigencia de la Sección 22 del SNTE.

DOBLE JUGADA

¿Por qué esta parece ser un estructurado intento de hacer una “jugada doble”? Porque es claro que al tratar de responsabilizar a sus adversarios partidistas por estos hechos, el gobierno estatal pretende evadir su responsabilidad por los errores cometidos, y también pretende exculpar a la Sección 22 por la agresión que indudablemente protagonizaron algunos de sus integrantes.

En el fondo, lo que parece querer el gobierno estatal, es no enviar señales de confrontación con el magisterio, e incluso excusarlos a priori de los hechos. Esto no sólo para no seguir abonando al clima de inestabilidad que se generó el martes con la Sección 22, sino también, y sobre todo, para tratar de recomponer su imagen de aliado de las causas populares y del movimiento social, que esos mismos hechos pusieron en entredicho, y por lo que ha sido duramente cuestionado por la población y por la opinión pública estatal y nacional.

Esta estrategia parece tener alcances superiores a los solos señalamientos vertidos en los últimos días. Seguramente, en las semanas por venir ocurrirán señalamientos y acusaciones importantes en contra de algunos de los principales integrantes del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz; se anunciará la conclusión de investigaciones, e incluso existe la posibilidad de que se formulen acusaciones formales ante los órganos jurisdiccionales.

Seguramente, en más de un caso habrá responsabilidades objetivas, e inobjetables, que perseguir. Pero todo esto ocurrirá no por un deseo genuino de hacer justicia y perseguir a quienes cometieron actos de corrupción en la gestión pública, sino de reconstruir su imagen y su relación con factores reales de poder como la Sección 22. Por ello, a sus adversarios les endosará no sólo sus facturas judiciales, sino que también les hará cargar con el costo político de los errores del nuevo régimen.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que desde varios flancos a los que el gobierno estatal ha tratado de exculpar, ya brotan señalamientos que lo llaman a no tratar de engañar a los oaxaqueños, y aceptar la parte de culpa que les corresponde. Independientemente de los llamados del Gobernador del Estado, la Sección 22 anunció ayer que reitera su exigencia del cese de cuatro funcionarios estatales, señalados como responsables de los hechos del martes.

Incluso, desde sectores más radicales del movimiento social, como las FARP, también se han hecho señalamientos corrosivamente implacables. Este grupo armado, en un comunicado difundido el pasado jueves, señala que “Quedó evidenciada la falta de capacidad política para evitar se saliera de los cauces legales la manifestación, algo tan natural en Oaxaca y que debía preverse.” Y sentencia que “argumentar que hubo infiltrados del priismo o grupos radicales (anarquistas) y que fueron los responsables de lo que sucedió, es una burla a la inteligencia humana.”

SALDOS DEMOCRÁTICOS

Dicen las FARP que “Creer que la democracia formal terminará con los ancestrales problemas es un graso error. Vender la idea a un pueblo consciente y organizado, de que la democracia y la pluralidad llegaron, no es rentable y a mediano plazo traerá consecuencias irreversibles.” Hoy, esos primeros saldos ya pueden verse. Al gobierno le urge eficacia en su labor. Una cosa fue la proeza electoral del 4 de julio, y otra querer justificar en otros, sus errores actuales.