Represión: gobierno hace la guerra en dos bandas

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+ Movimiento social desenmascara a sus aliados

A través de una peligrosa jugada en dos bandas, el Gobierno del Estado por un lado pretende desactivar la situación de confrontación en que entró con la Sección 22 del SNTE a raíz del enfrentamiento del martes pasado; y por el otro pretende iniciar formalmente el ajuste de cuentas con sus adversarios políticos del PRI. Las señales enviadas hasta ahora, así lo demuestran.

El enfrentamiento entre integrantes de la Sección 22 del SNTE y elementos de las Policías Estatal y Federal, reveló en toda su magnitud la forma real de interacción entre los grupos que encabezan ese amasijo denominado “movimiento social” en Oaxaca, y el Gobierno del Estado.

Quedó claro que a pesar de los acuerdos firmados entre unos y otros para la realización de protestas pacíficas en el marco de la gira presidencial, rápidamente la civilidad quedó rebasada por el radicalismo de algunos grupos, y esto obligó al gobierno a decidir frente a la disyuntiva de utilizar a la fuerza pública, o permitir que el sindicato magisterial los vapuleara.

En realidad, a la opinión pública no le quedó duda de lo que pasó. Esto porque más allá de cualquier interpretación, o del descubrimiento de “elementos ocultos” en aquellos hechos, lo que ocurrió no fue más que un simple desbordamiento de los ánimos magisteriales, combinados con una errónea coordinación y actuación de las fuerzas del orden.

Así, a nadie le quedó duda que el enfrentamiento fue motivado porque un grupo de profesores e integrantes radicales de la Sección 22, fueron a provocar a los elementos federales que resguardaban las inmediaciones del Palacio de Gobierno, donde se realizaría uno de los eventos donde estaría presidente el presidente Felipe Calderón.

Asimismo, a nadie le quedó duda de que, ante la agresión, los elementos policiacos no sólo no permitieron que se rompiera el cerco de seguridad, sino que también agredieron a los manifestantes.

Nadie duda que, en esa misma lógica, fueran recíprocas las agresiones y los excesos, tanto de policías como de maestros. Y que todo quedara enmarcado por la patética actuación del secretario de Seguridad Pública Estatal, Marco Tulio López Escamilla, quien lejos de contribuir a la preservación del orden, pronto se convirtió en el elemento central de la confrontación.

Nadie tiene dudas al respecto. Sin embargo, tratando de contrariar la lógica común y la percepción habida entre los oaxaqueños, el gobierno estatal pretendió hacer un control de daños a partir de la inclusión de elementos políticos extraños a la responsabilidad de los hechos, para tratar tanto de evadirse de la parte de culpa que les toca, como también (y de manera sorprendente) para exculpar a quienes agredieron a los agentes policiacos.

Esa estrategia, poco creíble, consistió en tratar de culpar a sus adversarios políticos del PRI, por la infiltración de la manifestación, por la generación de las condiciones de violencia y caos; y por tratar de confrontar y enrarecer una relación que hasta ahora había sido civilizada y fluida entre la administración estatal y la dirigencia de la Sección 22 del SNTE.

DOBLE JUGADA

¿Por qué esta parece ser un estructurado intento de hacer una “jugada doble”? Porque es claro que al tratar de responsabilizar a sus adversarios partidistas por estos hechos, el gobierno estatal pretende evadir su responsabilidad por los errores cometidos, y también pretende exculpar a la Sección 22 por la agresión que indudablemente protagonizaron algunos de sus integrantes.

En el fondo, lo que parece querer el gobierno estatal, es no enviar señales de confrontación con el magisterio, e incluso excusarlos a priori de los hechos. Esto no sólo para no seguir abonando al clima de inestabilidad que se generó el martes con la Sección 22, sino también, y sobre todo, para tratar de recomponer su imagen de aliado de las causas populares y del movimiento social, que esos mismos hechos pusieron en entredicho, y por lo que ha sido duramente cuestionado por la población y por la opinión pública estatal y nacional.

Esta estrategia parece tener alcances superiores a los solos señalamientos vertidos en los últimos días. Seguramente, en las semanas por venir ocurrirán señalamientos y acusaciones importantes en contra de algunos de los principales integrantes del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz; se anunciará la conclusión de investigaciones, e incluso existe la posibilidad de que se formulen acusaciones formales ante los órganos jurisdiccionales.

Seguramente, en más de un caso habrá responsabilidades objetivas, e inobjetables, que perseguir. Pero todo esto ocurrirá no por un deseo genuino de hacer justicia y perseguir a quienes cometieron actos de corrupción en la gestión pública, sino de reconstruir su imagen y su relación con factores reales de poder como la Sección 22. Por ello, a sus adversarios les endosará no sólo sus facturas judiciales, sino que también les hará cargar con el costo político de los errores del nuevo régimen.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que desde varios flancos a los que el gobierno estatal ha tratado de exculpar, ya brotan señalamientos que lo llaman a no tratar de engañar a los oaxaqueños, y aceptar la parte de culpa que les corresponde. Independientemente de los llamados del Gobernador del Estado, la Sección 22 anunció ayer que reitera su exigencia del cese de cuatro funcionarios estatales, señalados como responsables de los hechos del martes.

Incluso, desde sectores más radicales del movimiento social, como las FARP, también se han hecho señalamientos corrosivamente implacables. Este grupo armado, en un comunicado difundido el pasado jueves, señala que “Quedó evidenciada la falta de capacidad política para evitar se saliera de los cauces legales la manifestación, algo tan natural en Oaxaca y que debía preverse.” Y sentencia que “argumentar que hubo infiltrados del priismo o grupos radicales (anarquistas) y que fueron los responsables de lo que sucedió, es una burla a la inteligencia humana.”

SALDOS DEMOCRÁTICOS

Dicen las FARP que “Creer que la democracia formal terminará con los ancestrales problemas es un graso error. Vender la idea a un pueblo consciente y organizado, de que la democracia y la pluralidad llegaron, no es rentable y a mediano plazo traerá consecuencias irreversibles.” Hoy, esos primeros saldos ya pueden verse. Al gobierno le urge eficacia en su labor. Una cosa fue la proeza electoral del 4 de julio, y otra querer justificar en otros, sus errores actuales.

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