+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Reemplacamiento: No traten de timar a los oaxaqueños

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+ Marco Tulio dice las mismas mentiras que su antecesor

Pareciera que los discursos de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los sacan de la misma chistera. Hace exactamente dos años, el entonces secretario Javier Rueda Velázquez trató de engañar a los oaxaqueños con el tema del reemplacamiento, y ahora pretendió imitarlo, con el mismo argumento, su sucesor, Marco Tulio López Escamilla. Si para algo se debe ser creativo en el sector público, es para convencer a la ciudadanía de que debe pagar impuestos.

¿Qué dijo el secretario López Escamilla hace apenas unos días respecto a los impuestos que deben pagar todos los propietarios de vehículos de motor en el estado? Dijo, de acuerdo con información del portal Libertad Oaxaca, que “es un hecho, a partir de la próxima semana automóvil que no cuente con placas de circulación será detenido y enviado al corralón, hasta que el propietario regularice su situación, no habrá prórroga, se aplicará puntualmente el reglamento.”

Y además justificó su advertencia con el siguiente argumento: “Para aquella persona que le roben el auto, debemos tener elementos de identificación, por lo que vamos a iniciar un operativo para que se regularice esta situación y que los ciudadanos paguen la tenencia, asimismo se van a dar las facilidades, es un hecho, sí tenemos que cargar nuestros vehículos con placas. Aquellas personas que no lo hagan se les va a aplicar la ley puntualmente, porque se trata de un esquema de seguridad traer nuestros carros emplacados”, indicó.

Este es exactamente el mismo argumento, sólo que actualizado, que hace dos años utilizó su antecesor Rueda Velázquez para justificar el reemplacamiento, y la exigencia de pago de la tenencia.

Como entonces, igual que ahora, el motivo de fondo era recaudar para tener recursos frescos pagando el menor costo político posible, en enero de 2009 el Titular de la SSPE igualmente dijo que la reposición de todas las placas de identificación de vehículos de motor, se hacía no por cobrar más impuestos, sino en base a un esquema de seguridad aplicable a todo el país. ¿A qué se refería?

A que, según él, el reemplacamiento había sido uno de los puntos pactados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en agosto de 2008 por quienes integran los tres órdenes de gobierno y los tres poderes en que funcionalmente se divide el poder público en nuestro país.

Sólo que ese supuesto acuerdo del reemplacamiento, en realidad no existía. Igual que ahora, al gobierno estatal le preocupaba tener una mayor recaudación para así disponer más recursos. Y entonces, como ahora, trataron de echar mano de los automovilistas —contribuyentes prácticamente cautivos— a los que sí pueden coaccionar y presionar en las calles, a través de operativos con agentes de tránsito, vigilancia, y el retiro de la circulación de vehículos de motor no que no cumplan con los esquemas de seguridad, sino que no hayan pagado los onerosos impuestos respectivos.

 

¿REEMPLACAMIENTO O TENENCIA?

Es claro que uno y otro son distintos. Mientras que el costo del reemplacamiento tiene que ver directamente con el registro, ante la base de datos del Gobierno del Estado, de todas las características de los vehículos de motor —y sus dueños o poseedores—, que circulan en territorio estatal, así como el suministro de láminas de identificación para ser colocada en la unidad registrada. La tenencia vehicular, por su parte, es un impuesto federal que paga el propietario de cada unidad de motor, calculado proporcionalmente al valor del vehículo, por el simple hecho de poseerlo.

Reiteradamente, las administraciones del gobierno estatal han tratado de hacernos creer que la motivación de fondo de las presiones a los dueños de vehículos es el reemplacamiento por motivos de seguridad, cuando en realidad lo que pretenden es avalar las razones por las que nos siguen cobrando, año con año, y puntualmente, el impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos de motor.

El asunto no podía ser más evidente, y lo sabemos todos los que tenemos un vehículo: para poder realizar cualquier trámite relativo al emplacamiento de una unidad, es indispensable presentar los comprobantes de pago del gravamen sobre la tenencia vehicular.

Esto es lo que ha frenado a miles de personas en todo el Estado, para poder registrar sus unidades ante el gobierno estatal, y así éste pueda tener actualizado el registro de las unidades de motor para ser utilizadas ante cualquier eventualidad.

Así, si lo verdaderamente importante para el gobierno de Gabino Cué es el reemplacamiento, lo que debería hacer es comenzar a aprovechar todas las ventajas de la inminente estatalización del impuesto sobre la tenencia, para emprender un gran programa de regularización de todos aquellos automovilistas que por alguna causa dejaron de pagar la tenencia en el pasado, que después decidieron no hacerlo por el cúmulo de anualidades pendientes de ese gravamen, y que por tanto sus unidades no tienen registros actualizados ante la autoridad estatal.

Un programa como el popularmente conocido de “borrón y cuenta nueva”, le permitiría al gobierno estatal elevar sustancialmente la recaudación fiscal en el presente año; atraería también a muchos de los automovilistas que han dejado de cumplir con sus obligaciones en el pasado, pero que sí desean hallar un mecanismo para regularizarse.

Además, cumpliría el propósito de actualizar el registro e incrementar la seguridad en todo aquello que tiene que ver con vehículos de motor. E incluso tendría toda la legitimidad para exigir a los morosos que pusieran al corriente su situación, a través del retiro de la circulación, y el traslado a corralones, de todas aquellas unidades que no tuvieran una situación regular.

Es claro que el hostigamiento, las mentiras y las amenazas, nunca podrán llevar a un gobierno democrático, al buen puerto al que siempre desea llegar. Si bien Gabino Cué no prometió eliminar la tenencia, sí podría hacer algo (y mucho) para quitarle las pesadas cargas negativas que tiene ese impuesto frente a la ciudadanía.

 

GOBIERNO SENSIBLE

En todo esto, el gobernador Cué parece sí tener un grado importante de sensibilidad. Ayer dio las primeras pautas sobre un programa de regularización vehicular sin cargos mayores para el ciudadano. Ojalá, pues, que esto no quede en el simple discurso. Es necesario que el gobierno demuestre que sí puede pasar del discurso a los hechos.

 

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