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+ Oaxaca, ante una guerra de soberbia y fuerza
Más allá de las confianzas y los catastrofismos, queda claro que el Gobierno del Estado sigue sin entender la lógica de la Sección 22 del SNTE. Consecuencia de aquel “martes negro” en el que un grupo de profesores se enfrentó con elementos federales en el marco de la primera visita presidencial a Oaxaca, ambos grupos entraron en una disputa que hoy se desenvuelve en varias bandas. Sólo que este es un diálogo de sordos, en el que todos degeneran todo lo que dicen sus interlocutores.
La relación actual del Gobierno del Estado y la Sección 22 está hoy marcada por los enredos. Por un lado, la administración estatal asumió que con la sola negociación con la dirigencia seccional del magisterio, tendría controladas todas las situaciones, y que particularmente podría mantener el control de situaciones tan trascendentales como una visita del Presidente de México a nuestra entidad.
Eso fue exactamente lo que hizo el gobierno estatal, a través de la intervención del director del IEEPO, Bernardo Vásquez Guzmán. Éste, desde el inicio de la administración, tomó diversas medidas tendientes a congraciarse con la dirigencia seccional de la Sección 22.
Por esa razón manifestó un expreso desconocimiento a la Sección 59 del SNTE, aceptó la integración al programa de trabajo del magisterio del llamado “plan educativo alterno” frente al rechazo de la Alianza por la Calidad de la Educación, y comenzó a sostener intenso diálogo con el secretario General de la 22, Azael Santiago Chepi.
En su lógica, Vásquez Guzmán supuso que el Líder magisterial era por sí mismo quien tenía el control de todos los hilos del gremio educativo, y que en verdad él era el fiel de la balanza en cuanto a las determinaciones que tomara la 22 frente a hechos políticos trascendentales.
Nunca tomó en cuenta que aún cuando parece un eufemismo, en realidad el control del Sindicato magisterial en Oaxaca sí es colegiado, y que en éste son mucho más fuertes los factores reales de poder, que los formales. En realidad, el control de la 22 lo tienen los líderes de las alrededor de 15 corrientes internas, que son quienes tienen el control total de la Asamblea Estatal, que es en la que se toman todos los resolutivos y se confeccionan las estrategias de lucha del magisterio oaxaqueño.
Así, el resultado no podía ser otro más, que el ocurrido en el marco de la gira presidencial. El Gobierno del Estado consideró que únicamente negociando y acordando con los líderes visibles de la Sección 22, encabezados por Santiago Chepi, podría mantener el control y la gobernabilidad durante la visita del presidente Felipe Calderón, y que ningún sector magisterial habría de manifestarse o salirse del “script” que ya habían consensuado con aquellos que más que dirigentes, eran meros representantes del sindicato magisterial sin poder de decisión.
REACCIÓN MAGISTERIAL
En nuestra entrega del pasado 22 de febrero apuntábamos que: “Vásquez Guzmán le dio todo a Chepi a cambio de no generar conflicto. Sólo que esto no gustó a los 15 dirigentes reales del magisterio, quienes finalmente generaron la violencia para reventar sus acuerdos. Por eso, Chepi finalmente fue presionado para ser él quien anunciara los resolutivos. Y que lo entiendan bien: las renuncias de Irma Piñeyro, Bernardo Vásquez, Marco Tulio López y Benjamín Robles son irremediables. Al ser acuerdo de Asamblea, ya no están sujetas a negociación. Caro paga el Gobernador los errores y la ingenuidad de sus negociadores.”
Hubo quien, ante esa lectura nuestra de los hechos del llamado “martes negro” (15 de febrero), las reacciones posteriores de la Asamblea Estatal del magisterio, y el repudio del que era objeto Santiago Chepi por sus determinaciones no consensadas con la base magisterial, dijo que nuestra interpretación de los hechos era errónea, descontextualizada, o sacada de la realidad. El tiempo, sin embargo, nos da la razón.
Hay quienes hoy ven radicalismo en las acciones de la Sección 22. Quienes aseguran lo anterior, no comprenden que en el núcleo de ese sindicato se encuentran las bases más radicales, que son las que en buena medida deciden y encauzan el rumbo de las acciones de lucha. Y que frente a circunstancias como las actuales, esos grupos radicalizados ya habrían decidido tomar acciones mucho más contundentes de lo que hasta hoy han sido.
Dentro de la 22, hoy ocurre una intensa discusión interna no por tratar de derrocar al gobierno de Cué ni mucho menos. En realidad, los debates de fondo tienen que ver con su urgencia por demostrar que en realidad su dirigencia está vendida a cambio de favores al gobierno estatal, y que por esa razón deben accionar con más contundencia para dejar claro que ellos y su lucha, se encuentran más allá de las prebendas y los beneficios que un funcionario le pueda dar a uno de sus representantes.
Así, el escenario es complejo. El Gobierno del Estado pretende mantener su dignidad e imagen de fuerza, al no ceder al magisterio la destitución de ninguno de los funcionarios antes señalados. Esa actitud tiene, también, ciertos rasgos de soberbia que se manifiestan en su voluntad por minimizar la fuerza real y la capacidad de movilización de los trabajadores de la educación.
Pero la 22 está en una posición exactamente similar. Ellos, por encima del interés educativo y del aprovechamiento y de sus resultados en el campo de la docencia, pretenden mantener a salvo, cueste lo que cueste, esa misma dignidad, la percepción de fuerza que siempre han tenido, y el “respeto” que debe tenerle el gobierno estatal como un auténtico poder fáctico en la entidad.
Unos no parecen comprender a cabalidad la percepción de los otros. Y esto es igual en el sentido contrario. Así, lo que queda claro es que no necesitan que nadie más les venga a enturbiar el escenario. Ellos solos se han encargado de revolver una relación que no tendría por qué estar en este nivel de confrontación, que en cualquier momento puede reventar.
PAVEL: ¿POR QUÉ ATACA?
El diputado local perredista, Pavel López Gómez no se cansa de exigir el cese de los principales funcionarios de la Auditoría Superior del Estado, e incluso la desaparición de éste órgano. ¿La razón? Que la ASE le está requiriendo cuentas al ex edil de Juchitán, Mariano Santana López Santiago sobre los ejercicios 2009 y 2010. ¡Y éste, es papá del diputado! Algo no cuadra, dicen, en esas cuentas. Por eso tanto “interés” en ir contra el órgano de fiscalización estatal.
