+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Tránsito del Estado: Dirección, a subasta

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+ Pondrán “a Iglesia en manos de Lutero”

 

Entre los integrantes de las corporaciones policiacas que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, comenzó a circular como un documento interno la convocatoria para seleccionar al próximo Director de Tránsito del Estado. Esta decisión, además de riesgosa, pone en claro la contradicción entre lo que dijeron al iniciar la administración y lo que hacen ahora, y el descuido que tienen los mandos policiacos estatales de una instancia tan importante como esa.

A grandes rasgos, la convocatoria referida establece, limitativamente, que sólo podrán competir por el cargo de Director de Tránsito del Estado, aquellos elementos pertenecientes a las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, que demuestren tener estudios de nivel medio superior, y que reúnan ciertas condiciones y exámenes de probidad y proximidad social, además de conocimiento de la labor que tiene encomendada realizar esa corporación.

Aunque de entrada esta pareciera ser una convocatoria democrática, incluyente, y que podría tomar en cuenta la experiencia de los mismos elementos, en realidad puede ser también un problema de alto riesgo para la ciudadanía.

Si el mismo secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, llegó hace apenas unos meses a Oaxaca preocupado porque las corporaciones estatales no están certificadas, porque tampoco han pasado todos los elementos por el proceso de control de confianza, y porque no hubo depuración de posibles malos elementos, no parece tener una explicación lógica el hecho de que hoy pretendan entregar la dirección de una corporación a elementos que no son del todo confiables, y que apenas si pueden demostrar preparación académica de nivel medio superior —es decir, preparatoria o bachillerato.

Pero además, si existe una corporación policiaca estatal que despierta dudas e recelo entre la ciudadanía, sin duda esa es Tránsito del Estado. Son viejas, y abominables, las historias de cómo ahí se ha anidado la corrupción; de cómo desde los mismos mandos policiacos se fomentaron prácticas “culturales” como la de la “mordida”, la renta de delegaciones regionales, el pago de cuotas semanales, y el establecimiento de tarifas para el uso de patrullas, motocicletas, o para la designación de zonas de la ciudad en las que es alta la incidencia de imposición de infracciones, o el cobro de “ayudas” para no sancionar a los automovilistas.

Si bien es cierto que mucho de todo esto fue generado por los mandos policiacos (directores, subdirectores, delegados regionales, etcétera), lo cierto es que lo que se creó fue una auténtica red de colaboración para la corrupción, en la que también los agentes fueron parte, y fungieron —o han fungido— como el eslabón ejecutor de esas conocidas cadenas de corrupción.

Por esa razón, ante la falta de mecanismos de control y de candados para evitar la corrupción, y ante la ausencia de instrumentos de certificación de confianza, y de una auténtica depuración interna entre los agentes, los mandos policiacos han cambiado —y ha habido ahí todo tipo de personajes, desde los que escalaron toda la cadena de subordinación hasta llegar a la dirección, hasta los que llegaron ahí por casualidad o por decisión arbitraria del Gobernador del Estado— pero las prácticas y la corrupción han seguido siendo exactamente las mismas.

(DES)CONFIABILIDAD

Dice la convocatoria, por ejemplo, que los aspirantes al cargo de Director de Tránsito del Estado, deben demostrar que tienen proximidad social. Es decir, que han interactuado favorablemente con la sociedad, y que ésta tiene posibilidad de reconocerlos como autoridad y como garante del orden en la labor que desempeñan.

¿Existe posibilidad de demostrar esa proximidad social? Tal parece que no. Y es así porque la proximidad social —es decir, la interacción entre el representante de la ley y el ciudadano— únicamente puede darse en seis momentos o lugares perfectamente definidos: en la casa, en el trabajo, en la escuela, en las calles, en las carreteras o en los sitios de esparcimiento.

De entrada puede preguntarse: ¿En algún momento, antes o ahora, los agentes de tránsito han participado en labores de prevención, de orientación y concientización, que den la pauta de que, en efecto, existe esta proximidad social? Incluso, ¿cómo podría demostrarse que la ciudadanía confía o reconoce la labor de los agentes de tránsito, cuando éstos tienen una ascendencia y una historia que apunta en un sentido exactamente contrario al que se pretende?

Más bien, lo que esa convocatoria parece ser, es una peligrosa balandronada que puede poner a Tránsito del Estado en manos de los peores. No se duda que dentro de la corporación existan elementos de valía que puedan hacer un trabajo efectivo. Sin embargo, más allá de la “proximidad social”, lo primero que debió haber habido fue un proceso escrupuloso de depuración, y de establecimiento de mecanismos de control de confianza, para verdaderamente tener certeza de que quienes son parte de la corporación tienen la capacidad, el conocimiento y el sustento de honorabilidad suficiente ya no digamos para actuar como mando, sino para generar confianza con la ciudadanía en el trato directo.

Finalmente, contrario a lo que se piensa, este no debe ser un asunto ni de falsa “democracia” ni autoengaños. Las decisiones deben ser lo suficientemente firmes y sustentadas porque lo que está en juego es la seguridad de los ciudadanos. Por eso mismo, las decisiones tomadas al respecto debían abarcar muchos más aspectos que los establecidos en la convocatoria.

En todo caso, si se pretende poner a consideración la designación de un mando policiaco, debía también abrirse a la sociedad, para que ésta tuviera un mayor rango de participación y de incidencia en la decisión.

Dejar esto en el rumbo que lleva hasta ahora, no significa más que echar una moneda al aire, y dejar a que sea el azar, o la suerte, la que determine algo que debía estar regido por el principio de que en esos cargos deben estar los mejores, y los más honestos y capacitados, hombres y mujeres que requiere un estado como el nuestro. Mucho cuidado con tomar decisiones aventuradas, o equivocadas.

OFICINA OLVIDADA

Se supone que el 1 de julio debe haber Director de Tránsito del Estado. Nada menos que ocho meses después de arrancada la administración. ¿Pensarán que este asunto no urge? ¿O será que la tardanza es reflejo de lo “mucho” que les importa esa Dirección? Ambas, son preguntas.

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