+ Diagnóstico brutal de Comed; ¿qué hará Oaxaca?
Son brutales las conclusiones a las que llega la Comisión de Mediación, respecto a la desaparición en Oaxaca de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario, hace exactamente cuatro años, y sobre la actuación que ha demostrado el Estado mexicano en la investigación de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país en los últimos tiempos.
Como bien se sabe, en los primeros días de junio de 2007 la Comandancia General del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, denunció la desaparición de dos de sus integrantes en la capital oaxaqueña. En aquel entonces acusó a las fuerzas policiacas estatales, y al Ejército Mexicano, de haber participado en la operación, y dijo que sus compañeros se encontraban recluidos en alguno de los campos militares de la capital del país, en donde se torturaba física y psicológicamente.
A partir de entonces, el EPR definió como eje principal de sus demandas políticas, la de la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos. Luego, pasado apenas un par de meses desde entonces, decidieron emprender actos de sabotaje contra ductos petroleros e instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, para que sus demandas cobraran relevancia, y para obligar al gobierno mexicano a que les pusiera atención.
Durante todo el resto del año 2007, el EPR sostuvo que estaban dispuestos a perpetrar todas las acciones de fuerza que fueran necesarias, con tal de dar con el paradero de Cruz Sánchez y Reyes Amaya. Finalmente, en vísperas de que se cumplieran dos años de la desaparición de sus compañeros, decretaron una tregua unilateral, y demandaron la conformación de una Comisión de Mediación, para que realizara todas las gestiones necesarias ante los órganos del gobierno federal y de Oaxaca, en aras de localizar a los desaparecidos.
¿Qué actitud tuvo, y ha tenido, el gobierno mexicano durante todo este tiempo? Fundamentalmente, ha jugado con un evidente doble discurso. Por un lado, públicamente los gobiernos federal y de Oaxaca, manifestaron su preocupación e indignación por esos hechos, y aseguraron que realizarían todas las acciones a su alcance para dar con el paradero de los eperristas. Empero, en realidad, más allá de la retórica quedó claro que esos gobiernos nunca hicieron algo más para localizar a los guerrilleros, que prometer lo que no tenían ni voluntad ni ganas de cumplir.
El EPR tuvo siempre claro todo esto. Sin embargo, dos años después continúan con esa misma exigencia, previa declaración unilaterial de tregua. ¿Por qué? Esto, que podría tomarse como un intento de continuar “por la vía política” un asunto que bien podrían dirimir por la vía armada; o considerar que no actúan por falta de fuerza y capacidad de acción, en realidad tiene objetivos específicos, que no son nuevos.
Hace casi dos años, en nuestra entrega del miércoles 10 de junio de 2009, apuntamos lo siguiente: “Esta vía (la de la denuncia nacional e internacional), por sí sola implica una estrategia política de largo plazo y amplio alcance. El EPR sabe (…) que estos son tiempos en los que resulta tanto o más eficaz el diálogo combinado con la denuncia a nivel nacional e internacional (…) El EPR parece saber que su guerra política tiene posibilidades de hacer tanto o más daño a las oligarquías y grupos de poder que persigue, con el inicio de una bien delineada estrategia política basada en la denuncia. Poco a poco se están allegando de las armas para fortalecer esa estrategia. Pronto veremos cómo se desarrolla.”
DIAGNÓSTICO ATROZ
Esa ha sido la ruta seguida, y hoy las conclusiones de la Comed, luego de dos años de trabajo, así lo demuestran. En un documento denominado “Reflexiones”, dado a conocer ayer martes, los integrantes de la Comisión resuelven que, aún cuando el Estado mexicano ha manifestado voluntad por combatir y castigar la comisión de delitos de lesa humanidad, ha firmado todos los instrumentos internacionales respectivos, y que existen denuncias sobre presuntos actos de desaparición forzada de personas, “lo cierto es que nada de lo anterior ha sucedido y que en México no ha sido castigado un sólo delincuente de Lesa Humanidad. Tampoco se ha investigado de forma legal la desaparición forzada de Reyes Amaya y de Cruz Sánchez”.
Y, acto seguido, hacen señalamientos brutales para este y cualquier gobierno: “Conforme a los parámetros internacionales, la desaparición forzada de los militantes del PDPR–EPR está plenamente acreditada. En esas condiciones, resulta absurda la postura de la Procuraduría General de la República de no orientar sus indagaciones hacia ese delito, sino que dice estar esperando la conclusión de su tarea en este caso (sin fijarse plazos) para determinar si estamos o no ante ese ilícito. Da la impresión de que administra convenientemente el conflicto, para aprovechar la tregua que el grupo armado aceptó a propuesta de la Comed.
“El Estado mexicano se ha desvalorizado ante la Comunidad Internacional, pues ha sido puesto en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en seis ocasiones resultó condenado. Quienes lo representan en juicio no procedieron con honestidad profesional, pues intentaron confundir al Tribunal asegurando que las desapariciones forzadas son en México cosa del pasado, cuando el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez es del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.”
Tal parece que la estrategia comienza a ser contundente: el EPR ha mantenido la vía de la denuncia no sólo para demostrar la inmovilidad y la falta de voluntad del gobierno federal para hallar a sus desaparecidos, sino también para impedirle que, como cuando perpetraron actos de sabotaje, el presidente Calderón vuelva a calificarlos como “terroristas”. Mientras ellos despuntan en su lucha, el gobierno federal se queda sin argumentos para justificar su inacción respecto a los desaparecidos.
¿QUÉ HARÁ OAXACA?
En su misiva, la Comed sostiene, respecto al gobierno estatal lo siguiente: “El gobierno de Oaxaca avanza ante la oportunidad de aportar nuevos elementos que contribuyen a la solución de estos hechos. Esperamos que estas acciones pronto aporten los resultados esperados.” Ojalá que la voluntad mostrada por la administración estatal, sea coronada con hechos, y no haya sido sólo una declaración de oportunidad para congraciarse con ciertos sectores del movimiento popular. Ojalá.
Fue un favor que se le hizo a la gente honesta y pacifica que hayan desaparecido a estos vulgares asesinos, se lo merecian.