Transparencia: los diputados eligen a oscuras

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+ Paradójico, que sea una elección discrecional

 

Aunque pasará casi desapercibido por la vorágine del Segundo Informe de Gestión del gobernador Gabino Cué Monteagudo, hoy los diputados elegirán también a los tres integrantes del Consejo General de la nueva Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales, que vendrá a sustituir al Instituto que encabeza Genaro Vásquez Colmenares. Paradójicamente, los diputados elegirán en base a todos los criterios posibles, menos el de la transparencia. Y ese es un problema grave de nuestra Constitución, pero sobre todo de nuestra incipiente y poco respetada democracia.

En efecto, con la elección de hoy de esos tres Consejeros, a todos los oaxaqueños —sociedad y gobierno— debía quedarnos claro que más allá de las posiciones pretenciosas y maniqueas, que aseguran que la reintegración de los órganos constitucionalmente autónomos fue a través de actos democráticos e independientes, debiera haber una revisión profunda a esas formas de elección e integración que hoy se encuentran discrecionalmente en manos de los diputados. En todas las ocasiones ha quedado claro que éstos no tienen el compromiso y la independencia suficiente para actuar de verdad en base a criterios de Estado, y no en función de sus intereses particulares o sometidos a las imposiciones del gobierno en turno. Seguramente, esta no será la excepción.

Y es que si revisamos la forma en que fueron integrados tanto el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior, la Defensoría para los Derechos Humanos, e incluso tribunales como el Electoral, el Contencioso Administrativo y las vacantes del propio Tribunal Superior de Justicia, nos daremos cuenta que en todos los casos la decisión que tienen los legisladores es esencialmente discrecional, y también notaremos que quienes fueron electos para integrar esos órganos, todos, traían aparejado cierto interés político específico, independientemente de que fueran o no los mejores candidatos a encabezar esas responsabilidades.

En el caso de los tribunales (los especializados y las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia), la propia Constitución establece mecanismos a través de los cuales primero deben presentar exámenes a través de los cuales acreditar los conocimientos específicos de la materia de la responsabilidad a la que aspiran.

Luego pasan por el filtro del Poder Ejecutivo, que en base al análisis de la trayectoria y los resultados que le presenta el órgano encargado de la primera fase del proceso —así lo ha manifestado el Gobernador del Estado en las comunicaciones que en esos casos entabla con el Congreso para presentarle sus propuestas—, integra las respectivas ternas que luego son sometidas a la consideración de los diputados. Y finalmente, éstos eligen aunque al margen de cualquier criterio o explicación que no sea su sola voluntad. ¿Es esto sano para nuestra democracia?

En otro escenario la respuesta debía ser afirmativa. Si se supone que los diputados son un todo que representa la voluntad popular, y que esa voluntad va siempre encaminada a tratar de satisfacer lo que más conviene y necesita la mayoría, entonces los diputados no tendrían que explicar las decisiones que toman. El problema es que en Oaxaca esa decisión queda sujeta a todo tipo de intereses —muchos de ellos inconfesables, ilícitos y abyectos— que nada tienen que ver con lo que más conviene a la mayoría, o al correcto funcionamiento del Estado.

 

DISCRECIONALIDAD TOTAL

En el caso de la elección de integrantes de los tribunales judiciales, los diputados tienen una limitada capacidad para hacer lo que les venga en gana. De hecho, cuando la decisión llega hasta ellos ya va “filtrada” por la demostración de conocimientos (que en más de una ocasión ha sido también un requisito que sólo determina de forma relativa quién continúa y quién no dentro del proceso) y por la decisión del Ejecutivo. No obstante, en la última elección de un integrante de un Tribunal (Maribel Mendoza Flores), la decisión del Legislativo tuvo por objeto secundar un interés del Ejecutivo, y no ponderar las cualidades profesionales de quienes integraban la terna.

Y si aún con esos filtros existen estos titubeos y decisiones inexplicables, lo cierto es que en el caso de la integración de los órganos autónomos los diputados han caído en excesos incomprensibles e inadmisibles. ¿Por qué? Porque si se supone que toda democracia busca tener órganos autónomos fuertes para hacer contrapeso al poder del Ejecutivo, en Oaxaca el Congreso en la presente Legislatura, ha designado a personajes débiles, sin probidad, sin capacidades profesionales y académicas comprobables, y que por tanto carecen de la posibilidad de conformar los órganos fuertes que se supone que debían existir en una entidad que se dice inmersa en la democracia y en la pluralidad de fuerzas.

El problema en esos casos, radica en buena medida en que los diputados tienen un amplísimo marco de acción, que no está regulado por nada. Nadie sabe, por ejemplo, por qué razón fue electo Alberto Alonso Criollo como consejero presidente del IEEPC; exactamente lo mismo puede decirse de Carlos Altamirano Toledo en la ASE, y qué decir del impresentable Arturo Peimbert, que aún con todos sus antecedentes e insuficiencias, y en una competencia en la que había varios personajes de calidad moral, preparación académica y antecedentes intachables, fue electo quién sabe por qué por unos diputados que sólo votaron sin explicar (como sí debería ocurrir en la “democracia” en la que según vivimos) por qué lo hicieron en ese sentido, y sin permitir que hubiera claridad respecto a la forma en cómo negociaron, qué acordaron con cada uno de los designados, y qué recibieron a cambio de su voto.

 

CONTRA LA DEMOCRACIA

Los resultados de cada uno de esos procesos hablan de decisiones discrecionales que no sólo no benefician a la democracia, sino que atentan contra ella y contra la estabilidad de las instituciones. Sólo han buscado saciar sus intereses y actuar en función de lo que quieren los que sí de veras tienen poder. Por eso, y porque no existen visos de que el compromiso democrático real de los diputados pueda surgir en el futuro cercano, la forma de elección debía cambiar para verdaderamente garantizar la independencia, la claridad y la rendición de cuentas que hasta ahora a los diputados les ha importado tanto como un cacahuate.

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