Sección 22: sólo les queda el pataleo

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+ Si gobierno cede, sólo ahondará crisis

 

Hoy que la reforma educativa es Norma Constitucional, a secciones magisteriales como la 22 de Oaxaca sólo les queda inconformarse ante lo que se entiende ya como un hecho consumado. Los nuevos criterios constitucionales, son inversamente proporcionales a las conquistas y los privilegios que hoy tiene el magisterio. Y sólo quedan dos caminos: o los profesores se ciñen a la reforma, o en los acuerdos estatales el Estado hace más grande y riesgosa la bomba de tiempo que significa el sostenimiento deliberado de los privilegios del magisterio oaxaqueño.

En efecto, el pasado lunes el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Constitucional y ayer mismo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. En los artículos transitorios del decreto promulgatorio se establece que las modificaciones entran en vigor a partir de hoy, 27 de febrero; que en un plazo no mayor a 60 días se constituirá el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); y que en un término no mayor a seis meses deberán ser aprobadas tanto la Ley del INEE como las reformas a la Ley General de Educación, para adecuarlas al nuevo texto constitucional.

En particular, la fracción II del Quinto Transitorio de la Reforma es frontal con los maestros que se resisten a la evaluación. Pues ahí se dispone el uso de la evaluación del desempeño docente “para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional docente”. Y además dispone: la evaluación de los maestros debe tener, como primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional.

¿Qué significa esto? En términos sencillos, que además de la creación de un Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa (para que la autoridad tenga, en una sola plataforma, los datos necesarios para la operación del sistema educativo), se dispone el establecimiento de la tan temida evaluación a todo el personal educativo del país. Y claramente se advierte (ver el párrafo anterior) que a esto quedará sujeto el servicio profesional docente, del cual se entiende (porque esa es la esencia del servicio de carrera en cualquier área) quedarán sujetos la admisión, permanencia, evaluación y separación de las funciones de todos los maestros del país.

Eso es justamente lo que no quieren los profesores —o más bien, la dirigencia magisterial— en Oaxaca. A partir de la evaluación docente están anclando todas sus protestas. Desde el pasado lunes los normalistas, que fueron los primeros afectados por la reforma, comenzaron un conjunto de movilizaciones que a partir de hoy serán secundados por los profesores en activo de la Sección 22.

Aunque el objetivo formal (de lograr la derogación de la reforma educativa) es prácticamente imposible de lograr, en realidad lo que intentarán hacer es doblegar nuevamente al Gobierno del Estado para que, aún a costa de la bomba de tiempo que significa la deuda educativa, y el fantasma de la revuelta social, decidan desconocer de facto la reforma constitucional y mantener los privilegios económicos, laborales y políticos, de los trabajadores de la educación. Veamos si no.

 

EL FANTASMA DEL 2006

A partir de hoy los maestros tratarán de presionar al Gobierno del Estado en varias rutas. Primero, le exigirán que cumpla sus exigencias a partir del hecho de que fueron aliados y que el trabajo electoral de la Sección 22 también fue útil para que la coalición de partidos opositora al PRI ganara los comicios de 2010. Segundo, podrían llegar al paro indefinido de labores. Tercero, tratarán de espantar con el fantasma de la crisis popular y con los actos de ingobernabilidad. Y quizá hasta intenten hacer escalar su movimiento hacia algo regional, si es que los acuerdos entre el gobierno federal y el SNTE no fructifican en aspectos que disipen el conflicto regional que sí podría ocurrir.

Sin embargo, el caso de Oaxaca es particular. Aquí, por ejemplo, se ha mantenido la contratación automática de todos los normalistas que egresan, independientemente de que desde hace varios años la federación no destina recursos para la creación de esas nuevas plazas, y de que nadie tiene certeza sobre la formación académica real que tienen esos nuevos trabajadores de la educación (porque ni siquiera les son expedidos documentos oficiales como normalistas, y porque desde hace años ninguno de los egresados de las Escuelas Normales, ninguno, ha logrado titularse como profesor de educación primaria). Por eso, por un acuerdo político, tomado cada año en las negociaciones del mes de mayo, el gobierno cede a la creación de esas nuevas plazas, que son soportadas únicamente por la presión de la Sección 22 y por el pasivo económico que tiene el Gobierno del Estado en el ámbito educativo.

Eso es lo que pretende potenciar la Sección 22: la presión al Gobierno del Estado para que éste sea quien sostenga sus logros, conquistas e impunidad laboral, a costa de endeudarse, de recortar otros programas sociales para destinar los recursos al gasto educativo, o de que sea éste quien presione a la federación para el otorgamiento de dinero extra, pero únicamente sobre la base de la amenaza por el potencial conflicto social que implicaría el no ceder a las presiones y chantajes de la Sección 22, y no por el cumplimiento a las nuevas normas constitucionales relacionadas con la educación.

El objetivo es bastante claro. La 22 pretende llegar a ese momento, porque ha visto con toda claridad que el gobierno ha estado siempre dispuesto a hipotecar el futuro (y aquí aludimos textualmente al director testimonial del IEEPO, Antonio Iturribarría) con tal de “no rascarle los huevos al tigre” hoy mismo, para cumplir lo que, les guste o no, es norma constitucional. Si siguen ahondando la deuda seguramente resolverán el problema en el corto plazo. El problema es que nadie de los funcionarios y gobernantes actuales estará en funciones cuando esa bomba explote. ¿Entonces, dónde queda la responsabilidad?

 

LÁGRIMAS Y RISAS

Algunos en el PRI estatal, ayer, tenían unas caras inusitadamente largas ante el cambio de dirigencia. Otros sonreían en pleno. A unos se les cayó el proyecto. Otros vinieron de la nada. ¿Qué no debe ocurrir? Un nuevo avasallamiento, o una nueva ruptura de los equilibrios. Es, quizá, lo que aún no alcanzan a ver.

 

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