¿Ley, o Protocolo de Protección a Periodistas?

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+ Protección efectiva: no tutelas ni paternalismos

La semana pasada la Asociación de Comunicadores de Oaxaca (ACO) emitió un posicionamiento frente a la posibilidad de que la LXI Legislatura aprobara una iniciativa de Ley de Protección al Ejercicio Periodístico que, además de tener un contenido poco útil para la seguridad de los periodistas, incluía el establecimiento de ciertas medidas que no sólo no eran útiles para el ejercicio periodístico, sino que en sí mismas generaban un estado de polarización inútil entre todos los actores periodismo en Oaxaca. Ante las posiciones, y las reacciones, urge un debate civilizado que evite absurdos de los que luego todos nos arrepintamos.
En efecto, la ACO emitió un posicionamiento en el que en esencia hace los siguientes planteamientos: a) se dice a favor del establecimiento de protocolos que garanticen la seguridad de periodistas y de los medios de comunicación, necesarios en una entidad como la nuestra.
b) Denuncia lo que califica como “un nuevo embate” hacia los medios de comunicación de nuestro estado, pues por segunda ocasión en menos de tres años se promueve en el Congreso de Oaxaca una iniciativa de ley que tiene que ver con medios de comunicación y periodistas, pero sin el consenso de los mismos medios de comunicación.
c) Señala que, al intentar convertir en ley esta iniciativa, la LXI Legislatura no sólo sería omisa al proceso de diálogo que debe fundamentar la creación de una ley, sino cometerían el error jurídico y legislativo de sobrerregular o intentar regular lo que ya está considerado en la Constitución y en diversas leyes federales; y,
d) La ACO manifiesta que actuará unida ante este embate y exige al Congreso abrir los espacios de diálogo para emitir normas consensadas y legitimadas pues no hacerlo, dice con razón, un peligro para la libertad de expresión y abre la puerta a grupos de personas con intereses particulares y extraperiodísticos alejados al bien de Oaxaca.
Las reacciones de los grupos parlamentarios no se hizo esperar, así como tampoco la de algunos sectores de los medios informativos que han sido engañados y utilizados por esos grupos de personas con intereses particulares y extra periodísticos a los que se refiere la ACO, para sacar adelante una norma que ni protege a los trabajadores de la información, ni es útil para tener un mejor ejercicio periodístico en la entidad.
¿Qué dijeron desde las fracciones parlamentarias? El coordinador de los diputados del PRI, Francisco García López aseguró que ninguna ley debe ser aprobada al vapor, sin escuchar las demandas y propuestas de los distintos segmentos sociales directamente involucrados con cada legislación, y por eso se pronunció porque grupo parlamentario del PRI sólo apoye una iniciativa consensada y legitimada.
De forma mucho más discreta, el diputado Juan Mendoza, de la fracción panista, dijo que la citada iniciativa “no será presentada al pleno legislativo hasta que se consense con todos los sectores involucrados”. Con resignación, Mendoza adelantó que antes de llevar al pleno la propuesta de Ley de Protección del Ejercicio del Periodismo en Oaxaca, se convocará a una mesa con todos los actores del sector periodístico para que enriquezcan la iniciativa.

QUEBRANTOS, ¿DÓNDE?
Algunos sectores de la prensa se mostraron dolidos por esta decisión. Sostenían, por ejemplo, que por la inexistencia de esa ley muchos compañeros se encuentran en la desprotección. Esto, en efecto, puede ser así en ciertos casos. Pero una ley como la que pretendían impulsar no terminaba con ninguno de esos problemas y, al contrario, generaría otros que ellos mismos ni siquiera vieron, y que manos ajenas al gremio periodístico introdujeron con fines distintos a los que nos interesan.
¿Por qué no termina con los problemas? Porque, en el caso de los derechos laborales de los trabajadores de la información, éstos deben cumplirse en base a las leyes que ya existen en materia laboral, de seguridad social, de vivienda y fiscales, y el no hacerlo constituye un incumplimiento que debe ser denunciado y atendido por las autoridades federales competentes. Quien no cuente, por ejemplo, con Seguro Social, debe denunciarlo ante esa instancia para que a la empresa se le sancione. El gremio periodístico no es un sector socialmente vulnerable, ni mucho menos, como para suponer que una ley especial deba constatar derechos que ya se encuentran en sus ordenamientos.
Ahora bien, en el caso de los ataques a periodistas, lo que debe hacerse es establecer, y exigir con todo el vigor posible, los protocolos para la actuación de la autoridad frente a hechos relevantes y para la protección de quienes dentro de la prensa realizan actividades de riesgo. Esos son temas programáticos que deben ser establecidos y puestos en marcha, y no cuestiones declarativas —y en la práctica, inservibles— como las que engañosamente pretendía la ley citada, los cuales no resolverían nada.
Algo que causa más alarma aún es el hecho de que en los entresijos de esa ley se establecieron temas como el de la “profesionalización” y la “capacitación” que buscaban beneficiar a otros. ¿Quién sería el encargado de “capacitar” y de “profesionalizar”? Porque queda claro que los recursos para hacerlo los pondría el Estado (cuestión que de sí es impropia). Incluso, ¿a quién le interesaba tanto que se institucionalizara esa veta de chamba para capacitar a los comunicadores, y que incluso se creara un organismo “rector” de las relaciones entre medios de comunicación y periodistas, que tuviera injerencia —y hasta querían que tuviera autoridad— entre unos y otros?

UTILIZADOS
Insistimos: deben establecerse mecanismos para salvaguardar la integridad de los trabajadores de la información y los derechos de todos —no sólo de los periodistas— contemplados en los artículos 6 y 7 de la Constitución federal. Pero ni la ONU, ni los organismos internacionales de la materia, ni nadie, considera que sea a través de los supuestos mecanismos que se contemplaban en la iniciativa que iba a ser aprobada. Por ello, el consenso debe ser amplio y debe aprobarse una ley que sea útil para los informadores y para la vida pública. Querer hacerle un traje a la medida a los oportunistas de siempre, que quieren dictar las reglas de los medios sin nunca haber sido parte de uno de ellos, ni haber ejercido el periodismo en alguna de sus nobles y variadas formas, es tanto como regalarles una oportunidad que ni merecen —pero que sí andan buscando con oportunismo y ventaja—, ni que los periodistas estamos para desperdiciar.

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