¿Seremos capaces de sostener el cambio que estamos provocando?

Primera Dama 1


Un abrazo solidario y respetuoso para el director de TIEMPO,

Wenceslao Añorve, ante la lamentable pérdida de su señor padre.†

+ Rechazar corrupción, excesos y opulencia es comienzo; ¿Qué sigue?

Una pregunta que todos los ciudadanos debemos hacernos es si de verdad estamos dispuestos a sostener la exigencia del cambio de actitud por parte de quienes ejercen el poder, para traducirla en definiciones políticas distintas. Este es un asunto que no debemos dejar en el cajón del olvido, pues la indignación que provocan los excesos que se cometen desde el poder, debe venir acompañada de la capacidad de castigar efectivamente esos excesos y provocar cambios en todos los niveles. Si no lo hacemos, entonces nada de lo que estamos haciendo tiene sentido.

En efecto, el último escándalo político —hay uno cada semana, desde hace meses— del país lo está protagonizando por tercera ocasión la esposa del Presidente. Medios de información de los Estados Unidos la captaron en un exclusivo centro comercial de la zona de Beverly Hills, en Los Ángeles, California, realizando compras acompañada de varias personas. De inmediato, la prensa mexicana reprodujo las imágenes —que en la Unión Americana tenían una intención inicial de exaltar a la llamada “prensa del corazón” — acompañadas de un aluvión de cuestionamientos, la gran mayoría de ellos razonables.

La prensa mexicana comenzó preguntándose, por ejemplo, en qué tipo de aeronave —si oficial o privada— se transporta la esposa del Presidente a destinos internacionales, y con qué frecuencia lo hace. Otros se fueron por la vertiente de cuántos elementos del Estado Mayor Presidencial la resguardan en esos viajes. E incluso hubo quienes —en un tono más frívolo y poco serio— decidieron preguntarse si el dinero que gastaba en su día de “shopping” era de origen público.

Acaso lo más relevante de las imágenes de la Primera Dama y su familia en Beverly Hills, se centra nuevamente no en el hecho de cuánto habría costado su viaje o si el dinero que gastaba es del erario, sino en la circunstancia misma de que esa es una representación de la desigualdad que existe, entre la esposa de un político que accede a privilegios de ese tipo a partir de una elección ciudadana, en medio de un país en el que más de la mitad de la población vive en situación de pobreza extrema, y en donde alrededor de dos terceras partes de la población vive en alguna condición de marginación.

Frente a esto uno podría argumentar —como lo ha hecho ella misma, y mucha gente en su defensa— que la señora Angélica Rivera gasta el dinero que ella ganó como actriz y que por eso no tiene el deber de reportarle a nadie el destino de sus recursos y las decisiones que toma. El problema es que si bien ella es una persona común porque no ostenta ningún cargo público, sí tiene un deber moral y político de guardar prudencia en su conducción como persona a partir de que ella es la esposa del Presidente, y que por ende debiera tener una actitud sensible y solidaria frente a la realidad nacional, y no de displicencia frente las condiciones sociales del país, en momentos en los que además hay una fuerte crispación por la poca sensibilidad que demuestra el propio gobierno frente a hechos específicos como el de los normalistas desaparecidos en Iguala, o las revelaciones de corrupción de él mismo y de varios de sus más cercanos colaboradores.

CERCAR LA CORRUPCIÓN

Ese es, de hecho, uno de los casos más relevantes pero, desgraciadamente, no el único. Si revisamos sólo lo ocurrido en las semanas previas. Sólo por citar dos ejemplos más, se encuentra el uso indebido de un helicóptero de la Comisión Nacional del Agua, por parte de su director, David Korenfeld, para trasladarse junto con su familia de los alrededores de su domicilio al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, para realizar un viaje privado, o las distintas revelaciones que han salido a la luz sobre la forma poco precisa en que el gobierno federal pretende perseguir la corrupción, más como una cuestión de decoro que como una convicción.

Esto, aunque el gobierno y la clase política intenten negarlo, sí está impactando en la forma en cómo ellos deben entender el ejercicio público a partir de ahora. Una cosa es que ese tipo de excesos siempre haya ocurrido, y otra que puedan seguir ocurriendo. La sociedad está enviando el mensaje de que esto ya no puede seguir siendo de esta forma. Si el gobierno registra correctamente esa lectura, se verá obligado a cambiar. Y si eso ocurre, entonces los ciudadanos tendríamos que darle la siguiente vuelca a la tuerca de la democracia ya no sólo repudiando ese tipo de hechos, sino rechazándolos y castigándolos justamente donde más le duele al gobierno: en las elecciones.

Eso es lo que idealmente tendría que ocurrir: que el costo político este tipo de excesos se convirtiera en un costo electoral, facturado y cobrado el día de los comicios. Es el imperativo siguiente, para que partidos y gobierno asuman cabalmente que el cambio que exige la ciudadanía es de fondo. Si no ocurre entonces estaremos frente a un sonoro fracaso que sólo hará más fuertes a quienes hoy, cuestionados desde la sociedad, se encuentran en una posición débil.

DE MAL EN PEOR

Por mero trámite, orillados por la presión de la sociedad y los medios de comunicación, a los integrantes de la Comisión Instructora del Congreso local no les quedó más remedio que llamar a comparecer a los tres impresentables consejeros de la Cotaipo, Esteban López José, Eréndira Fuentes Robles y Gema Sheyla Ramírez Ricárdez. En la más absoluta opacidad comparecieron los Consejeros de Transparencia, a puerta cerrada, sin testigos incómodos, bloqueando la entrada a los representantes de los medios de comunicación. Al amparo de María Luisa Matus, Natividad Díaz y Vilma Martínez todo estuvo “planchado” para que nada incomodara o levantara suspicacias contra los cuestionadísimos funcionarios que siguen sin rendir cuentas claras.

A cambio de la impunidad los Consejeros cedieron plazas de mandos medios a los recomendados de los actuales diputados, esa fue la cuota para negociar su permanencia y sin auditoría. Teniendo como únicos argumentos sus intereses personales, los diputados se afanan por sostener lo insostenible y dicen desconocer los abusos al interior de la Cotaipo. ¿Pasarán por alto los diputados las iniciativas para reintegrar la Cotaipo, además de las fallas y el sonoro reclamo ciudadano ante la incapacidad de los consejeros actuales?